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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC514-2023
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos
por ambas partes frente a la sentencia de 11 de junio de
2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso
declarativo que Ruth Elizabeth Díaz Villareal promovió
contra la Cooperativa de Caficultores del Cauca (Caficauca).
I. EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar que el 21 de marzo de
2005 celebró contrato de agencia comercial escrito con la
Cooperativa de Caficultores del Cauca (Caficauca) para la
compra de café pergamino seco, el cual fue de adhesión porque
la convocada impuso las condiciones, o uno cuyo contenido fue
predeterminado por esa entidad, quien ejerció posición
dominante, abusó de su posición y se aprovechó de su
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condición de inferioridad en su estructuración, negociación y
celebración. Instó reconocer que la cláusula quinta es abusiva
y nula o, en su defecto, ineficaz y tenerla por no escrita y que,
en cualquier caso, los pagos de las comisiones no
constituyeron la solución anticipada de la cesantía comercial.
En adición, declarar que Caficauca incumplió ese
acuerdo por terminarlo unilateralmente y sin justa causa el 25
de septiembre de 2015 o, en su defecto, el 30 de noviembre de
2015, o, el 31 de diciembre de 2015 y que le adeuda: a).
$104’607.148 por las comisiones retenidas; b). $16’824.375
por el café entregado el 25 de septiembre de 2015; c).
$7’051.523 por cesantía comercial; y d). Intereses, de mora o
corrientes a la tasa máxima legal permitida, o indexación,
desde que debió sufragarlos hasta que los solucione.
1.2. Solicitó también declarar que en octubre de 2005
celebró con Caficauca un contrato de agencia comercial verbal
para la venta de fertilizantes (1ª pretensión principal) o, en su defecto,
de hecho, o de distribución o de suministro, o verbal (pretensiones
1ª, 2ª y 3ª subsidiarias a la primera principal), y que esta nunca le pagó
comisiones y le adeuda $2.121’748.134; que el 27 de julio de
2013 esa entidad lo terminó unilateralmente y sin justa, razón
por la que le debe, además, $171’835.306 por cesantía
comercial, más intereses de mora (pretensión 6ª de declarativa), o
corrientes o indexación (pretensiones subsidiarias de la anterior), desde
que debió satisfacer esas prestaciones hasta que le pague. En
consecuencia, condenarla a sufragarle $2.121’748.134 por
comisiones; $171’835.306 por cesantía comercial e intereses
de mora (pretensión 3ª de condena), o corrientes o indexación
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(pretensiones 1ª y 2ª subsidiarias de la anterior), desde que debieron ser
sufragados esos valores hasta que lo sean.
1.3. Declarar que Ruth Díaz y Caficauca celebraron, en
calidad de coarrendatarias, un contrato de arrendamiento de
local comercial con María del Mar Monteros Velasco, como
arrendadora, para el adecuado desarrollo de los negocios
concertados y que el dinero que ella invirtió para cubrir los
cánones hizo parte de su esfuerzo por acreditar la marca y
afianzar la clientela de la Cooperativa, en virtud de los
contratos de agencia entre ellas establecidos, o en virtud del
de compra de café pergamino seco; y condenarla a restituirle
el 100% de los valores sufragados por cánones, es decir,
$140’590.000, o, al menos, $70’295.000 que corresponden
al 50% de tal cantidad, así como $17’374.017 que pagó por
servicios públicos y $11’172.002, con indexación.
Para ello narró, en síntesis, que Caficauca es una
cooperativa sin ánimo de lucro con presencia en 24
municipios del Cauca, maneja recursos del Fondo Nacional
del Café que destina para adquirir café pergamino seco que
le venden los cafeteros, a través de agencias de compra
dirigidas por personas con quienes celebra contratos de
agencia comercial, producto que trilla, procesa y enajena a la
Federación Nacional de Cafeteros, lo cual le genera utilidades
que reinvierte, distribuye fertilizantes y otros insumos
químicos en su zona de influencia.
Dijo que el 21 de marzo de 2005, dicha entidad celebró
con Ruth Elizabeth Díaz Villareal, que es comerciante experta
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en comercializar productos agrícolas en su zona de
influencia, un contrato de agencia comercial para comprar,
por cuenta de aquella, café pergamino seco a los caficultores
de la región, con recursos la Cooperativa, quien lo procesaba
y comercializaba, a cambio de una comisión por arroba; ese
negocio se fijó hasta el 31 de diciembre de 2005, y era
prorrogable automáticamente por períodos de 12 meses.
El Fondo Nacional del Café le desembolsaba a Caficauca
el anticipo para la compra del café, y esta se lo entregaba a
Ruth Díaz, para que adquiriera el grano y se lo enviara a
cambio de una comisión resultante de la diferencia entre el
precio pagado al caficultor y el valor que la agenciada
costeaba por el producto; al efectuar la entrega, se hacían
estudios técnicos para determinar el rendimiento, que incidía
al liquidar la remuneración.
Se pactó exclusividad a favor de Caficauca e
independencia de la agente, se delimitó su área geográfica a
Popayán, en la agencia No. 2, razón por la cual Ruty asumió,
de forma autónoma y estable, el encargo de promover y
explotar los negocios de la convocada, en concreto, la compra
de café pergamino seco en la zona delimitada, sin que el
dinero o el café fueran en algún momento de su propiedad,
pues dependía de las instrucciones de Caficauca.
Caficauca realizó negocios directamente con los
productores en la zona prefijada, luego compitió con la
agente e incumplió lo acordado, tanto así que el 25 de
septiembre de 2015 esta le hizo la última entrega de café,
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pero no recibió el pago de la comisión y desde ahí no se le
volvió a suministrar fondos para nuevas adquisiciones, lo
que produjo la ruptura del negocio, pues el 30 de noviembre
de 2017 le hizo saber que no sería prorrogado, aunque le
debe $104’607.148 por comisiones y $16’824.375 por la
última entrega, la cesantía comercial e indemnización.
En octubre de 2005 las partes ajustaron, de forma
verbal, otro contrato de agencia comercial, con el fin de que
la agente vendiera en Popayán y sus alrededores fertilizantes
químicos producidos por Monómeros Colombo Venezolanos
S.A. y distribuidos por Caficauca, cuya primera entrega por
parte de la agenciada ocurrió el 30 de octubre de ese año, y
en virtud de ello Ruth Díaz asumió, de forma independiente
y estable, el encargo de promover y explotar ese negocio en
Popayán y el Cauca, a nombre de la Cooperativa, y recibía
instrucciones de venderle esos insumos a los productores de
café, a cambio de una comisión por bulto enajenado.
Caficauca era la dueña de los fertilizantes, tanto así que
las facturas llevaban impreso su logo, enviaba funcionarios
al local comercial de Ruth Díaz a hacer inventarios y el 100%
del dinero obtenido por esa labor ingresaba a su patrimonio,
además, daba instrucciones, luego no había compra para
reventa, sino agencia comercial, por cuya virtud Ruth Díaz
vendió más de 24.000 bultos de fertilizante, por valor
aproximado de $24.000’000.000, lo cual generó un
incremento exponencial de esos productos por parte de
Caficauca, y produjo su posicionamiento en el mercado y
conquista de clientela, pero no le pagó comisión.
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La Cooperativa incumplió, pues le vendió fertilizantes
directamente a los productores de la región prefijada con
Ruth Díaz, tanto así que el 27 de junio de 2013 terminó el
pacto sin justa causa y no le pagó la cesantía comercial, ni
indemnización por ruptura unilateral.
En el contrato de agencia comercial para la compra de
café se previó que Ruth Díaz debía ubicar la sede locativa de
la agencia a su cargo en una edificación que determinaría de
consuno con Caficauca y fijaría un anuncio que permitiera
establecer que allí era la agencia de compra de café de
Caficauca, exigencia hecha también, aunque de forma
verbal, en el acuerdo para la venta de fertilizantes.
Para acreditar la marca Caficauca, consolidar la compra
de café pergamino a los caficultores del sector, así como la
línea de fertilizantes, y penetrar en la zona, el 1 de abril de
2009 se celebró contrato de arrendamiento de local comercial
de la Calle 1 No. 14-41 de Popayán, por 2 años, en el que
ambas partes fueron coarrendatarias, pero se renovó varias
veces, cuyo costo sería asumido las dos pero desde 2013
Ruth Díaz pagó $140’590.000 por cánones y $17’374.017 por
servicios públicos, pues cuando Caficauca terminó el pacto
de agencia para la compra de café, el arrendamiento se había
renovado por un bienio más.
2. La convocada alegó «prescripción de las pretensiones
derivadas del supuesto contrato de agencia comercial para la
venta de fertilizantes», «inexistencia del contrato de agencia
comercial para la venta de fertilizantes entre la Cooperativa de
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Caficultores del Cauca y Ruth Elizabeth Díaz Villareal»,
«Simulación de contrato de agencia comercial para la compra de
café celebrado entre Ruth Elizabeth Díaz Villareal y la Cooperativa
de Caficultores del Cauca» e «Inexistencia de la obligación por
parte de la Cooperativa de Caficultores del Cauca» (fls. 223 a 276
c. 1.3).
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, en
sentencia de 17 de febrero de 2020, resolvió:
PRIMERO. Declarar no probabas las excepciones de mérito
interpuestas denominadas PRESCRIPCIÓN DE LAS PRETENSIONES
DERIVADAS DEL SUPUESTO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
PARA LA VENTA DE FERTILIZANRES, INEXISTENCIA DEL
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL PARA LA VENTA DE
FERTILIZANTES ENTRE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA Y LA
SEÑORA RUTH ELIZABETH DIAZ VILLAREAL, - SIMULACIÓN DEL CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL PARA LA COMPRA DE CAFÉ CELEBRADO ENTRE RUTH
ELIZABETH DIAZ VILLAREAL, Y LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DEL CAUCA, propuestas por la parte demandada COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL CAUCA CAFICAUCA.
SEGUNDO. - Declarar no probadas los reparos formulados en la etapa
de alegatos por el apoderado judicial de la COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL CAUCA CAFICAUCA al dictamen pericial,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Declarar que entre la COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DEL CAUCA CAFICAUCA y RUTH ELIZABETH DIAZ VILLAREAL.
Existió: a) un contrato de agencia comercial para la compra de café
desde el 21 de marzo de 2005 al 25 de septiembre de 2015, fecha de
su culminación y b) un contrato de agencia comercial para la venta de
fertilizante desde el 3 de octubre de 2005 al 27 de junio de 2013, fecha
de su culminación, y que estos contratos fueron terminados
unilateralmente por la demandada conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO. Declarar, que la señora RUTH ELIZABETH DIAZ VILLAREAL
identificada con cédula de ciudadanía N O 34.541.695 de Popayán,
tiene derecho a recibir de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL
CAUCA CAFICAUCA demandada las siguientes prestaciones:
I. Por concepto del no pago de la última entrega de café en el contrato
de agencia comercial para la compra de café, la suma de DIESISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS ($16.824.375.00) moneda legal
colombiana, valor nominal, junto con sus correspondientes intereses
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moratorios desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el pago total de
la obligación, de conformidad a lo previsto en el artículo 884 del Código
de comercio, de acuerdo con lo expresado en las motivaciones del fallo
y en consecuencia, condenarla a pagarla dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
II. Por concepto de comisiones retenidas en el contrato de agencia
comercial para la compra de café la suma de CIENTO CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS ($194.667.148) moneda legal colombiana, valor nominal, junto
con sus correspondientes intereses moratorios desde el 25 de
septiembre de 2015, hasta el pago total de la obligación, de
conformidad a lo previsto en el artículo 884 del Código de comercio, de
acuerdo con lo expresado en las motivaciones del fallo y en
consecuencia, condenarla a pagarla dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
III. Por concepto de comisión no pagada del contrato de agencia
comercial para la venta de fertilizantes, la suma de DOS MIL CIENTO
VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CIENTO
TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.121.748.134.00) moneda legal
colombiana, junto con sus correspondientes intereses moratorios de
conformidad a lo previsto en el artículo 884 del Código de comercio,
hasta el pago total de la obligación, de acuerdo con lo expresado en
las motivaciones del fallo y en consecuencia, condenarla a pagarla
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
QUINTO.- Declarar, que la señora RUTH ELIZABETH DIAZ VILLAREAL
identificada con cédula de ciudadanía N O 34.541.695 de Popayán,
tiene derecho a recibir de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL
CAUCA CAFICAUCA demandada la prestación equivalente a la
doceava parte del promedio de la utilidad recibida en los tres (3)
últimos años por cada uno de vigencia de la relación comercial para la
venta de fertilizante (artículo 1324 del Código de Comercio), CIENTO
SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS PESOS ($171.835.396) moneda legal colombiana, valor
nominal, junto con sus correspondientes intereses moratorios desde el
27 de junio de 2013 hasta el pago total de la obligación, de
conformidad a lo previsto en el artículo 884 del Código de comercio, de
acuerdo con lo expresado en las motivaciones del fallo y en
consecuencia, condenarla a pagarla dentro de los diez (16) días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
SEXTO. Denegar las restantes pretensiones incoadas en la demanda
relacionadas con la cesantía comercial para la compra de café
pergamino seco; así como los gastos en los que incurrió en el
desenvolvimiento contractual, tales como servicios públicos, y
arrendamiento del local comercial, toda vez que estos corresponde a la
agente en línea de principio, dada su autonomía e independencia
empresarial, asumir el costo de la distribución y los gastos de la
agencia en aplicación del artículo 1323 del Código de Comercio.
SEPTIMO. CONDENAR a la citada demandada a pagar a la
demandante las costas procesales generadas con el trámite del
proceso. LIQUIDENSE en su debida oportunidad por Secretaría.
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Fíjese como agencias en derecho el siete (7%) por ciento de las
pretensiones reconocidas en la sentencia de conformidad a lo previsto
en el artículo 365 del C.G.P. en concordancia con el numeral 1 artículo
5 del Acuerdo PSAA 16-16554 del 5 de agosto de 2616, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura.
4. El ad quem, al resolver la alzada propuesta por la
demandada, modificó el fallo, pues reconoció la excepción de
inexistencia del contrato de agencia comercial para la venta
de fertilizantes y revocó el literal b) del numeral tercero de la
parte resolutiva, así como el literal III) del numeral 4º.
En su lugar, reconoció la existencia de un acuerdo para
la venta de fertilizantes desde el 30 de octubre de 2005 hasta
el 27 de junio de 2013 y condenó a Caficauca a pagarle a
Ruth Díaz $2.121’748.134 por utilidad, valor que actualizó
desde el 24 de diciembre de 2013 hasta el 11 de junio de
2021 a $2.902’602.651, por lo que advirtió que sobre él se
causarán intereses de mora a la tasa máxima legal del Código
de Comercio, a partir de la ejecutoria del fallo; En lo demás,
confirmó el fallo y condenó en costas a la apelante.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En el contrato de agencia comercial para la compra de
café, celebrado entre las partes el 21 de marzo de 2005, y que
consta por escrito, la agente se obligó a adquirir café
pergamino seco para Caficauca, según los recursos que esta
le proveía y que procedían del Fondo Nacional del Café y
debía entregarlo en las instalaciones de aquélla o en el lugar
que le indicara dentro de los 6 días siguientes al giro del
dinero, según el precio convenido o informado, que incluía
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su margen de utilidad y un porcentaje como liquidación
anticipada de cesantía comercial. La agenciada podía
retener, deducir o compensar de la remuneración pendiente,
cualquier crédito o deuda a cargo de su agente. El pacto se
prorrogaría por periodos de 12 meses desde su vencimiento
y la encargada debía ubicar la sede locativa de la agencia a
su cargo en la edificación convenida y fijar un anuncio de que
allí funcionaba la agencia para compra de café de Caficauca.
Las cláusulas de ese contrato se entienden licitas y
validas, sin que ello haya sido desvirtuado, lo cual cierra la
discusión que buscó hacer ver que se trató de un acto de
adhesión. La convocada, al contestar la reforma a la
demanda, negó la deuda y dijo haber cruzado cuentas, pero
no allegó soporte contable. La misiva de 16 de mayo de 2018
muestra que Ruth Díaz se opuso a tal compensación por falta
de certeza sobre el pasivo a su cargo, sin que haya claridad
sobre tal obligación, a pesar de existir la carta de compromiso
y asunción de obligaciones suscrita por ella el 15 de febrero
de 2013 y el otro sí en los que aceptó pagar $614’083.733, ya
que los declarantes de Caficauca no se refirieron a una
cantidad puntual, sino que reconocieron que hubo
diferencias al respecto y que después de una revisión se
concluyó que la accionante debe $126’000.000. En todo caso,
si la agente tuviera deudas con la agenciada, sería imposible
compensarlas, ya que ello no se alegó (art. 282 del C.G.P.)
El contrato de agencia comercial para la compra de café
fue suscrito por Ruth Díaz, como agente, luego, carece de
asidero el reparo de que hubo simulación y que el verdadero
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contratante fue Augusto Ortiz, toda vez que nada se probó en
ese sentido; además, Juan Carlos Gañan Murillo admitió que
era ella la agente, lo que coincide con el dicho de Augusto
Ortiz y de Ever Trochez Larrahondo. Por tanto, aunque
Carlos Andrés Sarria Astaiza insinuó que Augusto Ortiz era
el gerente de Caficauca y agente a la vez, lo cierto es que
aclaró que Ruth Díaz era quien le pagaba los honorarios.
Edgar Meneses admitió que Ruth asistía a reuniones como
agente comercial para la compra de café y reconoció correos
electrónicos en tal sentido. Igualmente, ella firmaba las actas
de reunión de agentes y en comunicaciones cruzadas entre
los dependientes de Caficauca era considerada como agente
comercial de la agencia Popayán No. 2, tanto así que el 23 de
marzo de 2005 firmó un pagaré en blanco, en garantía para
la compra de café. Como nada se reparó frente a lo
reconocido por la última entrega de café ni su comisión,
sobre ello nada hay que decir.
Las partes disputan sobre el contrato de agencia
comercial para la venta de fertilizantes, pues Ruth Díaz pidió
declarar que existió desde el 30 de octubre de 2005 hasta el
27 de junio de 2013 y la convocada negó tal hecho. Empero,
el a quo lo reconoció y le ordenó a Caficauca pagarle
$2.121’748.134 por comisión, más intereses de mora y
$171’835.306 por cesantía comercial, luego se debe revisar
si ese negocio existió o no.
Al ser interrogada, la accionante indicó que desde 2005
fue designada como agente comercial de Caficauca para
vender fertilizantes, que empezó en octubre de 2005, con
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abono Nutrimon, hasta junio de 2013, previa concertación de
una comisión pactada con el gerente de la agenciada, quien
fijaba precios y ella hacía labores de promoción, tanto que se
capacitó y les daba asistencia a los campesinos productores.
El representante legal de Caficauca manifestó que ese
ente nunca ha celebrado contratos de agencia comercial para
la distribución de fertilizantes y que a Ruth Díaz se le
suspendió la entrega porque debía $614’000.000, tanto que
esta así lo admitió por escrito, pues ella se los compraba a
esa entidad, la cual se los vendía como a cualquier otra
persona, y que era empleada de Augusto Ortiz quien en 2005
ocupó la gerencia de la Cooperativa y decidió tomar el control
de la venta de los insumos. Agregó que el Consejo de
Administración autorizó abrir una bodega para
almacenarlos, pero no una agencia, relato coincidente con el
de Juan Carlos Gañan, Ary Quijano Pardo, Carlos Sarria,
Alex Astudillo y Ever Trochez Larrahondo, que fueron
tachados por la accionante y desmintieron la existencia del
contrato de agencia comercial para vender fertilizantes.
Entre las partes no hubo agencia comercial para la
venta de fertilizantes, pues los agentes podían venderlos
libremente y no había control de Caficauca sobre la reventa,
ni tampoco labores de publicidad, promoción y
posicionamiento en beneficio de esta. Con todo, no prospera
la tacha de sospecha propuesta por la actora, pues los
testigos dijeron lo que sabían, de ahí que haya falta de
coincidencia entre ellos sobre algunos aspectos.
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La declaración de Augusto Ortiz, decretada de oficio,
evidenció la relación laboral que aquel sostuvo con Caficauca
desde marzo de 2005 hasta el 7 de febrero de 2013. Además,
ese deponente aseveró que entre esa entidad y Ruth Díaz
hubo un contrato de agencia para la compra de café y otro
verbal para la venta de fertilizantes. Para ello, dijo que él,
cuando era gerente de la Cooperativa, le propuso a la
accionante ampliar su línea de negocios al comercio de los
fertilizantes que vendía a nombre de aquélla y que ello mejoró
en un 60% o 70% las ventas de esos insumos entre 2005 y
2009, cuyos precios eran fijados primero por Ary Quijano y
luego por Carlos Sarria, trabajadores de Caficauca.
Insistió en que este último negocio fue verbal y se
ratificó por el Consejo de Administración en acta No. 74 de
31 de agosto de 2006, que contiene la autorización para
vender equipos e insumos en la agencia No. 2 Popayán
ubicada en El Cadillal, los cuales eran enviados con una
remisión y que la factura se hacía a nombre de Caficauca;
aclaró que no era reventa, ya que la agencia de Cadillal hacía
promoción y publicidad a los fertilizantes. Afirmó que cuando
él se retiró de la gerencia, a Ruth se le debían las comisiones,
más el ahorro por la compra del café. Por tanto, decae la
tacha de sospecha que hizo la demandada sobre esa
declaración, pues este relato tiene respaldo en otras pruebas
y, además, será analizada según la sana crítica.
Dicho deponente no precisó los términos en que se
habría dado el contrato de agencia, de ahí que, como lo indicó
Juan Carlos Gañan Murillo, del contenido de la referida acta
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no es posible colegir que se haya aprobado una agencia
comercial para la venta de fertilizantes. Sin embargo, de los
testimonios se infiere que la venta de insumos incluía la de
fertilizantes, según se colige del relato de Carlos Andrés
Sarria, Augusto Ortiz y Ary Quijano Pardo, este último quien
era el encargado del manejo de tales productos desde 2005.
En la agencia Popayán 2 se fijó no solo una bodega de
fertilizantes, sino un punto de venta de insumos; con todo,
aunque los testigos Juan Carlos Gañan Murillo, Alex
Astudillo Ayala, Ary Quijano Pardo y Carlos Andrés Sarria
narraron que Ruth Díaz adquiría esos productos y los
revendía, sin ningún control de Caficauca, las demás
pruebas no confirman esa tesis. En efecto, Augusto Ortiz y
Ary Quijano Pardo indicaron que Caficauca hacía el pedido a
Monómeros, también que los insumos eran despachados
desde Barranquilla o Buenaventura hacía las distintas
agencias de la convocada, cuyo soporte lo era una guía de
remisión, según lo dicho por Juan Carlos Gañan, Carlos
Andrés Sarria y Ary Quijano Pardo, y que, una vez vendidos,
Ruth Díaz le facturaba al cliente en formatos distribuidos por
Caficauca, lo que coincide con el relato de la accionante.
El único documento que Caficauca le entregaba a Ruth
Díaz era un soporte de remisión, pues no emitía facturas,
aun cuando las reglas de la sana critica enseñan que al
vender un producto se expide factura; luego, si la accionante
compraba fertilizantes a su nombre era de esperarse que
hubiera factura. Ahora, en la diligencia de exhibición de las
facturas de venta de fertilizantes de Caficauca a su
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contraparte, el apoderado de aquélla indicó que el único
soporte era la remisión, lo que se tiene por demostrado.
Decae el argumento de los testigos de la convocada de
que Caficauca no incidía en la fijación de precios de venta de
los fertilizantes, pues Ary Quijano Pardo, al referirse al
documento que le remitió por correo electrónico a Ruth Díaz,
y que le fue puesto de presente, admitió que entre 2005 y
2006 Caficauca creó un programa de precios para asociados
y no asociados y le entregado a la accionante para que
enajenara insumos. Esa versión coincide con lo que expuso
la demandante y también Augusto Ortiz en cuanto a que era
Ary Quijano Pardo quien fijaba los precios de venta de
fertilizantes, así como con el acta No. 74 de sesión
extraordinaria del Consejo de Administración de 31 de agosto
de 2006, lo que devela que la Cooperativa intervenía en la
fijación de precios de la venta de fertilizantes.
Ruth Díaz dijo que entregaba el producto de las ventas
mediante consignaciones a cuentas indicadas por Caficauca
y ello coincide con el relato de Ary Quijano Pardo.
Igualmente, Carlos Andrés Sarria reconoció el correo
electrónico de “relación de despachos 2005 a 2008” que le
remitió a la demandante y que contiene una relación de
productos, cantidad de bultos despachados y un precio para
asociados y no asociados. Y aunque este testigo dijo que esa
“relación de precios” ninguna correspondencia tenía con el
costo al que aquella debía enajenar los fertilizantes, tal dicho
pierde credibilidad al ser contradictorio con el de Ary Quijano
Pardo, persona que laboró en Caficacua desde 1980 y quien
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desde 2005 hasta 2010 estuvo a cargo de los fertilizantes,
mientras que Sarria ingresó a la Cooperativa en 2007 y
trabajaba medio tiempo.
Las facturas que entregaba Ruth Díaz a los
compradores de insumos tenían el membrete de Caficauca,
lo que desvirtúa la reventa de fertilizantes, pues Ary Quijano
Pardo y Edgar Meneses aceptaron que la actora facturaba a
nombre de la Cooperativa. Ello concuerda con el e mail
remitido por Alex Astudillo Ayala a la demandante en el que
le indicó “estamos pendientes de la facturación de junio”, así como
con la respuesta de Ruth Díaz de que “Me permito informarle para
los fines pertinentes, las ventas de fertilizantes para la agencia Popayán
2 Cadillal, efectuó en junio del presente año ventas por valor de
$90’915.000”, en la que solicitó el reintegro de $172.000.
Aunque esto pudiera sugerir reventa de fertilizantes, ello se
desvirtúa pues Ruth Díaz facturaba a nombre de Caficauca
y consignaba el dinero según indicaciones de Ary Quijano
Pardo. Además, ese ente visitaba la agencia de aquélla y
verificaba la existencia de fertilizantes, proceder que, según
la sentencia de 1 de dic. 2011, pone en duda la
independencia del agente, que no logra identificarse como
persona distinta del agenciado, sino ligado a él.
El acta No. 74 de 31 de agosto de 2006 muestra que el
Consejo de Administración de Caficauca autorizó que en la
agencia de café Popayán 2 se destinara un lugar como bodega
de fertilizantes. Así lo admitió su representante legal Edgar
Meneses y también el testigo Ary Quijano. Luego, le asiste
razón a Augusto Ortiz en cuanto a que había instrucción de
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que, al acabarse los fertilizantes en la sede principal, Carlos
Sarria y Ary Quijano podían enviarle órdenes de salida de
inventario o de traslado a otras agencias o almacenes, ya que
los insumos ubicados en la agencia Popayán 2 eran de la
Cooperativa. Tales órdenes están soportadas, sin que Carlos
Sarria haya dado una justificación valida.
Asimismo, el acta No. 03 de 18 de enero de 2013, de
revisión de saldos de fertilizantes de las agencias, demuestra
que a la de Popayán 2 se le hizo una revisión y conciliación
de movimientos de fertilizantes y se detectaron situaciones
anómalas. Además, el 27 de febrero de 2013 el revisor fiscal
de Caficauca levantó acta de visita nº 01 para hacer arqueo
de fondos e inventarios de café y de fertilizantes. Allí
estableció un faltante de $309’899.128 y, después de
concluido el negocio de venta de esos insumos, el 5 de marzo
de 2014, el área de control interno -Ary Quijano- volvió a
hacer inventario de café y de existencia de fertilizantes en
agencia, así como un arqueo de fondos. Esas visitas
evidencian el control y la vigilancia que la Cooperativa ejercía
sobre los fertilizantes allí ubicados, excepto en esta última
fecha, posterior a la ruptura del contrato.
Entre las partes no hubo contrato para la reventa de
fertilizantes, pero tampoco de agencia comercial para esa
labor. Al efecto, se extraña el encargo como actividad del
agente, encaminado a promover, explotar y conquistar o
ampliar un mercado en beneficio del empresario. En tal
sentido, la accionante no probó que realizó labores de
promoción con el fin de abrir mercados, mantener los
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existentes o reconquistar los que estuvieran en decadencia,
para así hacer ver que logró posicionar los fertilizantes y que
Caficacua ejercía sobre ese producto un rol de intermediador,
pues eran producidos por Monómeros. Tampoco demostró la
exclusividad en su distribución por la agencia Popayán 2 El
Cadillal, ya que, según el interrogatorio de la accionante y el
testimonio de Augusto Ortiz, el propósito de este último era
impulsar la venta de fertilizantes, por lo que invitó a todos
los agentes de la Cooperativa a venderlos, de ahí que no eran
despachados de forma exclusiva a Cadillal, salvo algunas
excepciones, sino a los varios agentes, aunque estos vendían
poco y pagaban tarde, según lo dijo Augusto Ortiz.
La actora refirió que hizo una labor de promoción para
Caficauca y el testigo Augusto Ortiz declaró lo propio;
empero, este nada dijo respecto del mercadeo realizado por
aquélla y no hay pruebas de esa labor de promoción para
ampliar o fortalecer la clientela de los fertilizantes. Las
labores de capacitación, distribución de folletos y cartillas de
la Cooperativa y de Monómeros no colman tal exigencia, ya
que hacen parte de la actividad de quien se dedica a vender
fertilizantes, luego no implican promoción o explotación
propia de agencia comercial, sin que haya registro de las
capacitaciones que le dio la convocada, ni de las que indica
haber realizado a los agricultores.
Según Juan Carlos Gañan Murillo, Ever Trochez
Larrahondo, Ary Quijano Pardo y Alex Astudillo Ayala,
testigos de Caficacua, la impulsora no realizó gestiones de
promoción o explotación de fertilizantes, ni los posicionó en
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el mercado, ni gestionó publicidad como estrategia de
mercadeo, ya que Monómeros, que era el productor, tenía
promotores encargados de promoverlos. Ello coincide con lo
expuesto por el representante legal de la convocada. Aunque
Augusto Ortiz dice haber celebrado con Ruth Díaz contrato
de agencia para vender fertilizantes, nada precisó sobre los
términos y condiciones de ese pacto, pues de su dicho se
colige que su intención fue impulsar la venta de fertilizantes
a través de las agencias de compra de café.
Es más, Ruth Díaz admite que Augusto Ortiz les
propuso a todos los agentes de la Cooperativa impulsar la
venta de fertilizantes; y aunque ambos aducen que pactaron
una comisión, llama la atención por qué después de 8 años
la primera no elevó ninguna reclamación a Caficauca por tal
concepto, tanto así que solo lo exigió después de que, según
aduce, se terminó el contrato el 27 de octubre de 2013, pues
tales misivas datan de 22 oct. 2015, 11 nov. 2015, 2 mar.
2016 y 22 mayo de 2018.
Aunque Augusto Ortiz trató de justificar dicho contrato
cuando dijo que quiso pagarle a Ruth la comisión y anexó un
acta de reuniones de agentes comerciales de 16 de agosto de
2012, esta no comprende solo la agencia Popayán 2 con la
que él acepta haber celebrado el negocio. En adición, los
testigos de Caficauca desvirtúan su existencia, pues Ever
Trochez dijo que fue agente comercial para la compra de café
en Piendamó y que vendió fertilizantes en su agencia, sin
mediar ningún contrato. Además, el nivel de ventas de la
agencia Popayán 2 El Cadillal no prueba las labores de
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promoción, ni el posicionamiento de los fertilizantes, ya que
ese lugar funcionaba como bodega de Caficauca, sin que el
volumen de ventas allí realizadas desvirtúe lo anterior, pues
Alex Astudillo y Ary Quijano coinciden en que a esa sede se
despachaba la mayor cantidad de fertilizantes por
instrucción directa de Augusto Ortiz, quien, debido a su
amistad con Ruth Díaz, dispuso algunos privilegios para ella,
sin que ello acredite agencia comercial.
No hay certeza en torno al territorio en que Ruth Díaz
debía desplegar su labor, ni del tiempo de duración del
encargo, como tampoco de las labores de promoción,
explotación, de publicidad como estrategia de mercadeo, ni
de posicionamiento en el mercado de fertilizantes, lo que
genera la revocatoria del fallo apelado, en ese específico
punto.
Resulta novedoso el argumento de Caficacua de que se
configuró la prescripción de la acción sobre la agencia
comercial para la venta de fertilizantes, pues ello no fue
expuesto al fundar esa defensa. Empero, al no estar probado
ese negocio, el reparo es inane, sin que se haya configurado
esa forma extintiva, pues la demanda se presentó en tiempo
y se notificó a la convocada dentro del término previsto en el
artículo 94 del C.G.P., sin olvidar que ese fenómeno opera
desde que termina la agencia comercial, no antes. Igual
novedad tiene la crítica de que cualquier reclamo de comisión
en la compraventa de fertilizantes debió hacerse dentro de
los 3 años siguientes a su causación.
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Se descarta la agencia comercial de hecho para la venta
de fertilizantes, ya que Ruth Díaz no adelantó labores de
mercadeo, conquista o posicionamiento de mercados para
esos insumos, pues de ello ninguna prueba existe, pues los
vendía y facturaba a nombre de Caficauca, luego ello no se
dio de facto, lo que desvirtúa la autonomía e independencia
que se predican de un agente.
Tampoco se trató de un acto de distribución o
suministro que suponen la adquisición de los productos o
mercancías por el distribuidor, quien actúa por su cuenta y
riesgo, de ahí que asume las contingencias de la operación,
pues no se demostró que Ruth Díaz revendiera fertilizantes
por su propia cuenta y riesgo, ni que adquiría su propiedad.
Lo que sí hubo entre las partes fue un contrato para la
venta de fertilizantes, autorizado por el Consejo de
Administración de Caficauca en sesión de 31 de agosto de
2006, como lo expuso Ruth Díaz al ser interrogada y también
los testigos de la convocada, quienes admitieron que a la
agencia de aquella se despachaban fertilizantes para su
venta, previo diligenciamiento de una factura enviada por
Caficauca, la que fijaba los precios para asociados y no
asociados, según se infiere del relato de Ary Quijano y del
acta No. 074 de 31 de agosto de 2006, debiéndose concluir
que la Cooperativa sí interfería en la fijación de precios de
fertilizantes, como lo dijo Augusto Ortiz.
Se colige que Caficauca era la propietaria de los
insumos y fijaba precios, sin que ello haya variado. Al efecto,
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el perito en la fase de contradicción del dictamen rendido por
Ruth Díaz dijo que esta no percibió utilidad durante su
ejercicio comercial, ni ejecutaba una reventa porque todos los
dineros obtenidos los consignaba a la Cooperativa, lo cual
extrajo de las consignaciones hechas desde 2007 a 2013. Por
tanto, sí, como lo indicó el testigo Alex Astudillo, Caficauca
tenía el monopolio de los fertilizantes en el Cauca y por eso
las facturas llevaban su membrete, fluye nítido que Ruth
Díaz le rendía cuentas, como lo revela el e mail de 16 de julio
de 2013, en el que se le pidió informe de la facturación de
junio. Luego, como no hubo reventa de fertilizantes, se debe
fijar la remuneración de Ruth Díaz con base en el dictamen
que allegó al estar bien fundamentado y no haber otro medio,
ni soporte de que esa labor fue remunerada.
Ese peritaje tiene respaldo en las facturas de venta de
fertilizantes, pues coincide con el precio allí consignado;
además, da cuenta de la entrega de esos insumos entre 2005
a febrero de 2013 y se funda en documentos expedidos por
Caficauca. Al tasar la utilidad generada por la venta de tales
productos, el experto la justipreció en $2.121’748.134. Ello
porque, aunque el contrato rigió desde octubre de 2005 hasta
el 27 de junio de 2013, el ejercicio comercial derivado de esa
venta se extendió hasta el 23 de diciembre de 2013 cuando
Ruth le consignó a Caficauca el producto de los últimos
insumos enajenados, como lo extrajo el experto de los libros
de contabilidad de esta, hallazgo que no fue desvirtuado.
Entre las partes hubo un acuerdo verbal para la venta
de fertilizantes, sin que tal labor haya sido remunerada; se
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estableció el trato preferente que Ruth Díaz tuvo y que
condujo a una relación distinta a la que Caficauca tenía con
los demás agentes de compra de café. Se atenderá la tasación
hecha en el peritaje, pues es sólido, sus fundamentos no
fueron desvirtuados, además que explicó de forma clara y
contundente la manera como liquidó la utilidad generada a
favor de la accionante.
Por ello, se modifica el fallo para acoger la excepción de
«inexistencia de contrato de agencia comercial para la venta
de fertilizantes», declarar que entre las partes hubo un
acuerdo de venta de fertilizantes desde el 30 de octubre de
2005 hasta el 27 de junio de 2013 y reconocer
$2.902’602.651 por utilidad actualizada según el IPC, a
partir del fallo apelado hasta el de cierre, e intereses de mora
a la tasa máxima comercial desde que adquiera ejecutoria del
veredicto.
DEMANDA DE CASACION
Ambas partes recurrieron en casación. La accionante
planteó cinco cargos y la demandada, dos. Todos fueron
admitidos. Empero, como dos de aquella aducen yerros in
procedendo, por ellos iniciará el estudio la Corte. Luego,
analizará los de la demandada en el orden propuesto, toda
vez que buscan el quiebre total del fallo. Al final, según el
resultado del anterior laborío, proseguirá con el examen de
los restantes tres ataques de la accionante.
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DEMANDA DE RUTH ELIZABETH DÍAZ VILLAREAL
CARGO TERCERO
Al amparo de la causal quinta de casación, alega que el
fallo del Tribunal está viciado de nulidad por falta de
competencia funcional, toda vez que ese juzgador excedió la
atribución prevista en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso, ya que revocó la condena por intereses
de mora sobre las comisiones dejadas de percibir por la
actora en el contrato de venta de fertilizantes, sin advertir
que la demandada, única apelante, no cuestionó ese ítem.
Es patente el exceso del fallador porque, sin reparo de
la recurrente, se entrometió en un tema que se hallaba fuera
de discusión y, además, decretó indexación sin que este
último aspecto hiciera parte de la alzada, lo cual quebrantó
el artículo 29 superior y generó nulidad procesal.
CONSIDERACIONES
1. La causal quinta de casación se estructura si en el
curso del proceso se presenta alguno de los motivos de
nulidad consagrados de forma taxativa en la Ley 1564 de
2012, siempre que esa desviación no haya sido convalidada.
Al efecto, esta Corte ha advertido que «sólo la que genera
un grave traumatismo para el pleito por su importancia,
expresa consagración legal y ausencia de corrección, justifica
que se ordene la repetición de una o varias etapas que ya se
encuentran superadas» (CSJ SC 3918-2021).
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2. Las nulidades procesales son una sanción legal al
acto judicial realizado en contravía de los derechos de los
litigantes y procuran regularizar la actuación para defender
principios constitucionales, entre ellos el debido proceso y el
acceso al sistema de administración de justicia. Su función,
según Carnelutti1, es la de servir como «un remedio negativo»
que apunta hacia «la renovación del acto» siempre que esta
sea «necesaria y posible». Por ello, se asientan en los
principios de legitimación o interés, oportunidad, taxatividad
o especificidad (numerus clausus), trascendencia,
convalidación, saneamiento e interpretación -y aplicación-
restrictiva, pues la invalidación ha de ser la última ratio.
Al abordar su estudio, en CSJ SC3678-2021 se dijo que:
El Código General del Proceso contiene un catálogo de nulidades
en el artículo 133 y otras tantas diseminadas en diversos
preceptos (arts. 14, 16, 36, 38, 40 in fine, 107, 121, 164) siendo
insubsanables las de «proceder contra providencia ejecutoriada
del superior, revivir un proceso legalmente concluido, pretermitir
íntegramente la instancia» (parágrafo art. 136 ibid.), así como «la
falta de jurisdicción o de competencia funcional o subjetiva» que
afecta lo actuado después de ser declaradas, excepto que antes
se hubiera proferido sentencia, la que, en tal caso, será nula (art.
16 ejusdem).
En ese mismo pronunciamiento, se explicó que:
Las demás vicisitudes se entienden superadas si no se alegan a
tiempo, es decir, con la primera actuación del afectado, que es el
único habilitado para proponerlas, con la advertencia de que si
constituyen excepción previa deberán ser invocadas por esa vía,
so pena de no poderse plantear después porque el artículo 102
ejusdem, lo impide.
1 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo
III. Actos del Proceso. (Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y
Santiago Sentís Melendo). Uthea Argentina. Buenos Aires, 1944, pág. 579.
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3. Esas cortas reflexiones, en breve derrumban la
causal de casación estudiada, toda vez que no se apoya en
ninguno de los motivos de invalidación del acto procesal
previstos en el ordenamiento adjetivo civil, aun cuando solo
ellos tienen la virtualidad de anegar la validez del pleito, sin
que la simple alusión al artículo 29 constitucional colme tal
exigencia, ya que las nulidades procesales, al ser sanción,
son taxativas -numerus clausus- y de aplicación restrictiva.
Aunque el reproche está enmarcado en falta de
competencia funcional, ese encuadramiento no cambia la
conclusión, habida cuenta que la vicisitud generada por esa
situación solo se da si el funcionario que conoció el caso en
la respectiva instancia jurisdiccional carecía de tal
atribución, de lo contrario, es decir, si era el llamado a
asumirlo, no habrá nulidad.
Por tanto, para saber si hay invalidez procesal por falta
de atribución funcional, es suficiente con establecer si el juez
conocedor del caso tenía la facultad de tramitarlo, pues si la
respuesta es afirmativa, ello desvirtuará tal nulidad.
Bien distinto es que el juez de segunda instancia se
pronuncie por fuera de los reparos concretos sustentados por
el apelante, sin que tal desviación constituya causal de
nulidad por falta de atribución funcional, porque al ser el
competente para zanjar la pendencia en esa instancia, será
imposible cuestionar su atribución con estribo en que carecía
de ese poder jurisdiccional; además, porque se trata de
situaciones que son diferentes.
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Al efecto, en CSJ SC3918-2021 esta Sala expresó que,
… son institutos procesales disímiles la competencia funcional del
funcionario judicial de segunda instancia para conocer de un
determinado litigio, y la aplicación del principio tantum devolutum
quantum appellatum que prevé las potestades de que él está
investido al momento de dictar la sentencia de cara a las
alegaciones expuestas en el recurso de apelación.
De allí que sobre esta conducta esta Corporación tiene señalado
que la causal de nulidad «no puede confundirse con las deficiencias
o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen
relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la
razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema
relacionado con el fondo de la controversia». (CSJ SC4415 de 2016,
rad. 2012-02126).
En este evento, el cargo no cuestiona que la alzada
debía ser conocida por un ente jurisdiccional diferente a la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, pues aduce que esa sede sí tenía atribución para
zanjarla, pero la acusa de abordar temas ajenos a los reparos
esbozados por la única apelante, lo cual significa que el
embate no encuadra en el supuesto de hecho sobre el que se
edifica la falta de competencia funcional, desenfoque
argumentativo que hunde dicha arremetida, sobre todo
porque la causal de nulidad generada por ese defecto solo se
configura cuando el juzgador actúa en el proceso después de
declarar su falta de atribución (núm. 1 art. 133 C.G.P.).
En suma, se hunde la acusación, ya que el supuesto
estudio por el Tribunal de aspectos distintos a los reparos de
la apelante, no genera nulidad procesal por falta de
competencia funcional.
3. Por consiguiente, naufraga el ataque.
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CARGO CUARTO
Con apoyo en la tercera causal de casación, se denuncia
al fallo de segunda instancia de incongruente por ser mínima
o citra petita, toda vez que no contiene un pronunciamiento
sobre los intereses de mora o, en su defecto, corrientes sobre
la comisión, aunque esas pretensiones subsidiarias eran
consecuenciales a la que propendió porque se reconociera la
existencia de un contrato atípico para la venta de
fertilizantes, en contravía del artículo 280 procesal, y aunque
concluyó que el contrato finalizó en junio de 2013, reconoció
indexación a partir del 24 de diciembre de 2013, a pesar de
que era desde su terminación.
CONSIDERACIONES
1. El proceso civil forma una relación jurídico-procesal
que hace que la actividad de las partes y el campo de decisión
del juez queden vinculados a los términos de la demanda y
su contestación, ya que el artículo 281 del Código General
del Proceso delimita ese marco resolutivo al decir que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este Código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas, y hubieran sido alegadas si así lo exige
la ley. [N]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en ésta.
Por tanto, cuando el juez, salvo en el caso de las
facultades oficiosas, decide sobre puntos ajenos a la Litis o
deja de solucionar los temas objeto de la disputa, condena
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por más de lo pedido u omite proveer sobre alguna excepción
de mérito que debía resolver, así como cuando imagina o
inventa hechos, incurre en incongruencia.
En presencia de alguno de esos desafueros, el embate
en casación debe enderezarse a ajustar la decisión al cuadro
de las pretensiones, las excepciones y los hechos trazados
por las partes, según sea el defecto, porque si nada de eso
censura, de presentarse alguno de esos desperfectos, estos
no serían de la decisión en sí misma considerada, sino de su
estructura o fundamentos; o de fijación del contenido y
alcance del componente fáctico, lo que debería discutirse a
través de las causales primera o segunda de casación.
La doctrina procesalista anota que «[e]l principio de la
congruencia o consonancia, obliga también a no alterar o
variar sustancialmente las pretensiones de las partes y
respetar en absoluto los hechos procesales, sin cambiar la
causa petendi2».
Igualmente, en CSJ SC4127-2021, la Corte recordó que:
(…) al juzgador no le resulta dado pronunciarse en la sentencia sino
sobre lo que se le ha pedido por las partes, sin que pueda fallar en
asuntos que no le han sido demandados (extra petita), ni más allá
de lo solicitado (ultra petita), como tampoco puede abstenerse de
pronunciamiento alrededor de alguno de los extremos del litigio (citra
petita), pues, en los dos primeros casos habrá incurrido en exceso
de poder al ejercer la jurisdicción y, en el último, en defecto, que es
lo que en la doctrina ancestralmente se conoce como el fallo omiso o
diminuto (CSJ SC 4 sept. 2000, rad. 5602).
2 MORALES, MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte
General. 11ª Edición. Editorial ABC., Bogotá, 1991, pág. 521.
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Allí mismo enfatizó que:
[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que
la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del
juez y a que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba
circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los
fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de
las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando
aparecen acreditadas en el proceso (…) (CSJ SC 9 dic. 2011,
rad. 1992-05900).
En compendio, como la sentencia es el acto de Estado
que resuelve el conflicto intersubjetivo de intereses sometido
al escrutinio de la jurisdicción, tal pieza debe guardar
simetría con los contornos del litigio fijados por los
intervinientes y también con aquellos que de oficio deba
abordar el juez, so pena de ser enjuiciada de inconsonante a
través de la tercera causal de casación que prevé el artículo
336 del Código General del Proceso.
Para saber si hay incongruencia se debe cotejar la
demanda y su contestación con la decisión porque tal
contraste será el que revele o descarte el desacople. Además,
si la resolutiva no contiene mención expresa sobre un tema
de obligatorio pronunciamiento, se debe verificar si el aspecto
que se extraña fue abordado en la motiva porque de ser así
ninguna razón habrá para quebrar la sentencia, pues sus
partes considerativa y resolutiva forman una unidad
temática inescindible, al punto que una sustenta la otra y
ambas integran el silogismo judicial, razón por la que deben
ser vistas y analizadas sistemáticamente y no de forma
insular.
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Al respecto, en CSJ SC 25 ago. 2000, rad. 5377, y en
CSJ SC 29 jun. 2007, rad. 2000-00457-01, la Corte explicó
que «es posible que, no obstante haberse considerado
determinado tema en la parte motiva del fallo, éste sea omitido
en la que formalmente se entiende como parte resolutiva, sin
que tal circunstancia comporte una ausencia de decisión»,
pues es,
(…) claro que si la sentencia es un todo constituido por la parte
motiva y la resolutiva, las cuales conforman una unidad
inescindible, la ratio decidendi y por ende la fuerza vinculante de
la misma, debe verificarse en lo que lógicamente, no formalmente,
se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y
alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte
motiva o considerativa.
Igualmente, en CSJ SC2217-2021, la Sala reflexionó
así:
Con todo, en algunas ocasiones sucede que en el acápite resolutivo
se omite un tema de obligatorio pronunciamiento, sin que ello
autorice a fulminar de manera automática un dictamen de
incongruencia, pues por otra parte, atendiendo la presunción de
legalidad y acierto con que el proveído de mérito de segunda
instancia arriba a casación y en aplicación del principio de
conservación de los actos procesales, es menester interpretarlo
sistemáticamente, mirándolo como un todo en aras de establecer
la relevancia del defecto y si, en definitiva, es insuperable.
2. En este episodio, no se advierte la falta de
consonancia manifestada por la recurrente, pues la
sentencia resolvió en forma íntegra la controversia, guardó
concordancia con los hechos, las pretensiones y las
excepciones propuestas, como pasa a verse.
De entrada, observa la Corte que el Tribunal revocó lo
resuelto por el a quo respecto de la pretensión principal
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formulada frente a la venta de fertilizantes, es decir, la
agencia comercial; seguidamente, prosiguió con el estudio de
las súplicas eventuales, ante lo cual descartó un contrato de
agencia comercial de hecho para tal efecto, y tampoco halló
prueba de uno de suministro o de distribución mercantil, por
las razones que expuso y que no es del caso glosar ahora.
En esa línea, abordó el último pedimento subsidiario
declarativo y halló configurado un acuerdo atípico entre las
partes para la venta de fertilizantes, por lo que así lo
reconoció y estableció una comisión a favor de la accionante,
que fijó en $2.121’748.134, valor que indexó desde el 24 de
diciembre de 2013 hasta la sentencia de segunda instancia,
ante lo cual obtuvo $2.902’602.651.
Ese panorama descarta la inconsonancia que alega la
censora, ya que, al decaer la pretensión principal, el ad quem
estudió las súplicas subsidiaras, y aunque no efectuó un
pronunciamiento expreso frente a las que apuntaban por los
intereses de mora o corrientes (sexta principal y su primera
subsidiaria), ni respecto de las de condena por esos
conceptos (tercera principal y su primera eventual), las dio por
descontadas, es decir, hizo juzgamiento implícito cuando se
decantó por la de indexación (segunda subsidiaria de la sexta
declarativa, y segunda eventual de la tercera de condena) (fls.
138-192), toda vez que esta y las anteriores eran excluyentes,
según la forma como fueron planteadas.
Lo anterior porque indexó el valor de la comisión
reconocida a Ruth Elizabeth Díaz por la venta de fertilizantes
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a nombre de Caficauca, lo cual demuestra que sí abordó la
temática que extraña la censora, tanto así que la definió de
fondo al indizar su valor.
Es cierto que el Tribunal no hizo explicitas las razones
por las cuales dejó de lado las súplicas sobre intereses -de
mora o corrientes- y que pedían que fueran liquidados desde
cuando se terminó el negocio hasta que se produzca su pago,
y tampoco justificó por qué se inclinó por las declarativas y
de condena, todas subsidiarias, que apuntaban a que se
reconociera indexación sobre la comisión, por lo que en eso
tiene razón el cargo. Sin embargo, ello no constituye
incongruencia porque, como se anticipó, todas esas
pretensiones eran excluyentes entre sí, de ahí que, cuando
definió las que propugnaban por la actualización de las
sumas debidas, tácitamente dio por descontadas las demás
eventuales, lo cual significa que las juzgó implícitamente al
ser incompatibles con las que salieron airosas.
Se desvirtúa también la inconsonancia de la indexación
hecha a partir del 24 de diciembre de 2013 y no desde el 27
de julio de ese año3, sin que ello varíe por el hecho de que el
Tribunal haya actualizado la condena hasta su sentencia, ni
por haber anticipado que desde su ejecutoria hasta que se
salde la obligación se causarán intereses moratorios a la tasa
máxima legal comercial, ya que esas determinaciones fueron
justificadas a partir de razonamientos jurídicos y
3 Para ello el Tribunal dijo haberse demostrado que la operación
comercial concluyó el 23 de diciembre de 2013.
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probatorios, sin que sea este el espacio para discutir su
fortaleza, ni para evaluar el acierto o el error de las
reflexiones que los sustentan, por resultar ello ajeno a este
motivo de casación.
Ello porque la congruencia fija los linderos de la
decisión judicial, comoquiera que -dice Rodríguez Aguilera4-
«supone atenerse a lo pedido por las partes, y se concreta
y refiere a lo que se pide en el “suplico” de los escritos de
alegaciones, y a lo que se dispone en el “fallo” de las
sentencias, no a los razonamientos que las preceden» (se
resalta).
Al efecto, en CSJ SC4127-2021, la Sala reiteró que la
causal de inconsonancia,
(…) goza de autonomía y a la que la ley ha investido de autoridad
propia, ha de interpretarse en forma tal que no traspase su
específica finalidad ni altere su naturaleza. Sólo lo que está dentro
del concepto puramente formal de desarmonía entre lo demandado
y lo fallado es lo que puede estructurarla; consiguientemente, como
en forma constante lo ha expuesto la Corte, esta causal no autoriza
ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que
han servido al Juzgador como motivos determinantes de su fallo,
porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros
de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, “y a consecuencia
de ello resuelve de manera diferente a como se le solicitó, no comete
incongruencia sino un vicio in-judicando, que debe ser atacado por
la causal primera de casación (G.J. Tomo CXVI, pág. 84 y CSJ SC7
mar. 1997, rad. 4636)”.
3. En definitiva, se hunde el cargo.
4 RODRÍGUEZ AGUILERA, Cesáreo. La sentencia. Bosch, Casa
editorial S.A., Barcelona, 1974, pág. 54-55.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
35
DEMANDA DE CASACIÓN DE LA COOPERATIVA DE
CAFICULTURES DEL CAUCA- CAFICAUCA
CARGO PRIMERO
Acusa el quebranto indirecto de los artículos 822, 830,
863 y 871 del Código de Comercio; artículos 8 de la Ley 153
de 1887; artículo 1603 del Código Civil; artículos 83 y 95 de
la Constitución Política, como consecuencia de errores de
hecho manifiestos y trascedentes en que habría incurrido el
Tribunal y que lo llevaron a inaplicar la regla venire contra
factum propium not valet, que prohíbe ir contra los actos
propios, ya que ese juzgador:
Pretirió la prueba de que la actuación silente y
retrasada de la accionante, durante 8 años, le impedía
reclamar comisión, pues la teoría de los actos propios o
retraso desleal le prohíbe hacerlo, toda vez que generó
confianza legítima en Caficauca. Aunque el peritaje de Legal
Métrica hizo ver que la Cooperativa debía pagarle tal
prestación a Ruth Díaz por su labor comercial una vez recibía
la consignación junto con las facturas de venta, y que «las
operaciones mercantiles generan utilidades mensuales», ello
fue inadvertido por el fallador, a pesar de ser claro el
momento en que se hacían exigibles las comisiones y la
oportunidad en que podían ser reclamadas.
Pasó por alto el hecho de que Ruth Díaz, de haber
actuado de forma leal y transparente, como debía hacerlo,
desde la primera venta de fertilizantes efectuada, tendría que
haber exigido la liquidación y pago de la comisión a más
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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tardar cada mes, como lo refirió el perito, y no después de 2
años y 4 meses de terminado el acuerdo, que duró 8 años,
pues ello es contrario a la buena fe que impone a cada parte
el deber de informar a la otra los móviles con virtualidad de
constituir incumplimiento reiterado en el tiempo, sobre todo
al ser la remuneración un elemento esencial del contrato y
que, por tanto, habilitaba su cobro mensual.
La pasividad de la actora generó confianza legítima en
Caficauca, quien tenía otra convicción sobre la naturaleza del
convenio pactado con aquella. Luego, no puede ser ahora
sorprendida con un comportamiento tardío y contrario a la
buena fe, pues, el 15 de febrero de 2013, Ruth reconoció
deberle más de $600’000.000 y no reclamó utilidades.
Relegó la carta de compromiso y de asunción de
obligaciones de 15 de febrero de 2013 y el otro sí que la
modificó, suscritos por Ruth Díaz, a pesar de que acreditan
la confianza legítima que generó en Caficauca la conducta
silente e inactiva de aquélla en cuanto a que el derecho a
percibir comisiones no iba a ser ejercido o que nunca existió,
toda vez que en el primero de esos documentos admitió
deberle a la Cooperativa $616’219.233 por fertilizantes y
empaques a cargo, y asumió diversos compromisos para
saldar esa deuda en el plazo allí concedido (hasta el 20 de
marzo de 2013), y en el segundo aceptó modificar los plazos
para atender esos débitos.
No obstante, el fallador excluyó tales soportes a pesar
que revelan la confianza legítima que la inercia de la
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accionante produjo en la accionada, pues después de 7 años
de relación comercial reconoció una deuda y nada dijo en
torno al derecho de utilidad ahora reclamado, lo que hizo
suponer que era inexistente o no sería ejercitado, confianza
que resultó menguada cuando 2 años y 8 meses después de
haber admitido ser deudora empezó a enviarle misivas para
el pago de comisiones por la venta de fertilizantes y cuestionó
la obligación que años atrás había reconocido.
No tuvo en cuenta que, al ser interrogada, Ruth Díaz se
refirió a la deuda a su cargo por más de $600’000.000 y
expuso diversos reparos frente a tal pasivo, pero en ningún
momento planteó la existencia de un derecho a su favor por
la venta de fertilizantes, como debió haberlo hecho en virtud
de la lealtad y buena fe, de ahí que, con su silencio, generó
confianza legítima en Caficauca de que ninguna deuda por
tal concepto, si es que existía, haría valer, a pesar de ser
contadora pública. Si creía tener derecho a las comisiones,
resulta inexplicable por qué en la carta de compromiso que
firmó el 15 de febrero de 2013 aceptó expresamente deberle
a la Cooperativa más de $600’000.000 y guardó hermético
silencio respecto de la falta de liquidación y pago de tales
comisiones.
Inadvirtió que el peritaje estableció que no era extraño
que las partes realizaran cruce de cuentas en el desarrollo
del negocio para la compra de café, lo cual era un
procedimiento rutinario para la liquidación final de las
comisiones, por lo que, si una situación similar se
presentaba en la venta de fertilizantes, lo esperable era que
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se hiciera también cruce de cuentas, todo lo cual reafirma la
vulneración a la confianza legítima de Caficauca por parte de
la accionante.
Pretirió que el testigo Augusto Ortiz admitió que 6 meses
antes de firmar la carta de compromiso de febrero de 2013,
cuando aún era gerente de Caficauca, le dijo a Ruth Díaz,
con quien sostenía una relación de confianza y amistad, que
se sentarían a acordar la comisión por la venta de
fertilizantes a más tardar en la asamblea de la Cooperativa
que tendría lugar en marzo de 2013.
El error es patente porque si para marzo de 2013 no se
habían reconocido ni pagado comisiones y, por el contrario,
un mes antes -en febrero- Ruth Díaz admitió deberle más de
$600’000.000 a Caficauca, no resulta acorde con la lealtad y
la buena fe que 2 años y 1/2 después las haya exigido,
cuando era de esperarse que discutiera el tema frente a la
deuda que asumió tener con la demandada, o que, al menos,
dejara reserva de su intención de reclamar, nada de lo cual
hizo.
Aunque los testigos Alex Astudillo y Carlos Sarria,
funcionarios de Caficauca, quienes tenían responsabilidades
cercanas con la venta de fertilizantes, dijeron que la
accionante reconoció deberle a esa entidad más de
615’000.000, el juzgador relegó esos relatos, aun cuando
mostraron que en vigencia del contrato esta nunca pidió
comisiones.
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Dejó de analizar la carta de compromiso, el otro sí y el
pagaré en blanco de febrero de 2013 y su respectiva carta de
instrucciones suscritos por la accionante, a pesar que fueron
aportados por Alex Astudillo, y de darle sustento a su dicho
en cuanto a la deuda reconocida por aquélla y de que hizo
pagos de esa obligación, situación que tampoco fue valorada
aun cuando reafirma la confianza legítima que esa parte
generó en Caficauca respecto de su conducta encaminada a
no cobrar comisiones por la venta de fertilizantes, debiéndose
quebrar parcialmente la sentencia y negar las súplicas del
grupo b).
CONSIDERACIONES
1. La buena fe es el eje transversal que está ínsito en
todas las relaciones jurídicas, pues constituye la fuente de la
cual dimanan diversos e importantes deberes secundarios de
conducta que no solo vinculan el actuar de las partes en el
espectro negocial, sino que sirven de parámetro para
determinar su proceder respecto del cumplimiento de los
compromisos positivos o negativos que asumen en ese
entorno contractual y, adicionalmente, fijan el ámbito del
ejercicio de los derechos que el convenio proyecta hacía ellas.
Dicho postulado constituye un principio general del
derecho y es la piedra angular de la contratación
contemporánea, razón por la que fue elevado a rango
constitucional (art. 83 C.P.N.) y ha sido positivizado en
distintos instrumentos jurídicos que hacen parte del
ordenamiento patrio.
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En ese sentido, el artículo 1603 del Código Civil dispone
que «[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación, o que por ley pertenecen a ella».
De igual manera, el Código de Comercio, en su artículo
871, prevé que ese parámetro general de conducta debe estar
presente incluso desde la confección del contrato, y advierte
que «[l]os contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena
fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la
naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la
equidad natural».
Fluye nítido, entonces, que la buena fe es un principio
general del derecho y también una forma de conducta
determinada que se espera y presume del actuar de las
personas frente al Estado y respecto de sus demás
congéneres. Como estándar de comportamiento reporta
especial protagonismo en el ámbito contractual porque
determina la forma en que habrán de proceder las partes en
la celebración del negocio, durante su ejecución y también
en la fase posterior, por ejemplo, en su liquidación o al
hacerse las restituciones que resulten pertinentes.
Obrar de buena fe significa obedecer y hacer propias las
conductas o estándares de comportamiento apropiados y
admitidos por el común social; es también actuar con la
rectitud debida, con el respeto esperado. Se traduce,
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
41
exactamente, en el proceder correcto y desprovisto, ajeno o
alejado de vicios de engaño, fraude o aprovechamiento de
situaciones y debilidades ajenas.
Con otras palabras, actuar de buena fe es ser leal,
proceder con honestidad, probidad y, esencialmente, asumir
ante los demás una conducta plegada a los mandatos
socialmente exigibles. Por tanto, en el plano contractual toda
parte debe ejercer ante la otra una actuación acorde con la
lealtad, que sea armónica y coherente con los postulados de
corrección socialmente aceptados y exigibles.
Por consiguiente, el contratante que procede de buena
fe y cumple sus débitos según ese postulado general, es leal
y honesto, ya que actúa con rectitud. Asimismo, es digno de
confianza, pues honra su palabra, se comporta conforme a
las buenas costumbres, responde con decoro sus
compromisos, respeta a sus semejantes y, ante todo, se
aviene a reconocerles lo que les corresponde.
En definitiva, la buena fe, como parámetro de conducta
social, jurídica y ética, es la base para exigir del Estado la
tutela de los intereses particulares y colectivos cuandoquiera
que sean resistidos o desconocidos por cualquier persona.
Dicha comprensión concuerda con lo expuesto por la
Corte en CSJ SC 9 ago. 2000, rad. 5372 respecto a que:
Aludir a la buena fe en materia de la formación y ejecución de las
obligaciones, apareja ajustar el comportamiento a un arquetipo o
modelo de conducta general que define los patrones socialmente
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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exigibles relacionados con el correcto y diligente proceder, la lealtad
en los tratos, la observancia de la palabra empeñada, el
afianzamiento de la confianza suscitada frente a los demás, en
síntesis, pues, comportarse conforme se espera de quienes actúan
en el tráfico jurídico con rectitud, corrección y lealtad’
Por virtud de ese principio general del derecho, la
jurisprudencia ha acogido dos importantes axiomas que
guían la conducta del sujeto iuris. El primero, conocido como
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans5, consistente en
que nadie puede alegar su propia torpeza, y el segundo, que
se expresa bajo el brocardo -venire contra factum propium,
según el cual a nadie le es permitido ir contra sus propios
actos, so pena de contrariar los efectos generados por la
conducta desplegada en forma prolongada y que infunda
hacía otra persona un manto de apariencia en torno a su
satisfacción con el comportamiento contractual ejercitado, o
sobre la renuncia a ejercer un derecho.
Al efecto, en CSJ SC 9 ago. 2007, rad. 2000-00254-01
se explicó:
El acatamiento de dichos principios implica para el contratante el
sentimiento de proceder como lo hace cualquier ser humano digno
de confianza, que honra su palabra, que actúa conforme a las
buenas costumbres, que respeta a sus semejantes, que responde
con honestidad sus compromisos, aviniéndose,
incondicionalmente, a reconocer a sus congéneres lo que les
corresponde. Obrar dentro de esos parámetros es prohijar
conductas que han sido erigidas como referentes sociales de
comportamientos apropiados. Obrar de buena fe es proceder con
la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta
y desprovista de elementos de engaño, de fraude o
aprovechamiento de debilidades ajenas. Inclusive, bueno es
destacarlo, desarrollo de estos parámetros es la regla que impide
reclamar amparo a partir de la negligencia o descuido propios:
“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.
5 No se escucha a nadie (en juicio) que pueda alegar su propia torpeza.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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Resulta axiomático, a la sazón, que la interacción de
una persona con sus semejantes, y su actuación frente a
ellos, fija un patrón conductual cuya observancia
determinará a futuro el grado de confianza que merece o la
duda que ese proceder genera, sobre la base de entender que
nadie puede válidamente ir contra sus propios actos. Tal
comportamiento ha sido entendido como la «doctrina de los
actos propios», y no pasa desapercibido para el derecho que
crea toda una serie de situaciones gobernadas por el manto
de la apariencia sobre cuál ha de ser la actuación postrera
del sujeto iuris frente a escenarios de igual o similar índole
fáctica y jurídica, lo cual le prohíbe sustraerse
posteriormente de sus efectos.
En esa línea, asumir posiciones o posturas diversas,
contradictorias u contrapuestas en relación con los mismos
aspectos fácticos e iguales intereses económicos, puede
llegar a constituir un acto contrario a la buena fe, así como
a la coherencia jurídica exigida, ya que implicará defraudar
la confianza legítima que con el proceder se había generado
respecto de un hecho o situación jurídica.
Asimismo, en desarrollo de los parámetros de conducta
sobre los que se edifica el principio de la buena fe, el
ordenamiento jurídico prohíbe reclamar protección anidado
en la negligencia o descuido propio, es lo que se traduce en
la máxima “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,
consistente en que nadie puede alegar su propia torpeza.
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44
En torno a ello, la doctrina especializada6 anota que:
En definitiva, parece evidente, y, en ello es unánime la doctrina,
que la buena fe constituye una regla de conducta, a la que ha de
adaptarse el comportamiento jurídico de los hombres. Lo que se
pone en juego, pues, es esa conducta humana (criterio finalista que
determina la unidad del concepto en su fundamento mismo); su
forma jurídica dependerá entonces de la privata lex por ellos
creada (buena fe objetiva), en el ancho campo de los negocios
jurídicos: integrando su contenido, o modificándole, para adaptar
las relaciones así surgidas a esa idea o principio rector del
ordenamiento (p.ej., art. 1.258 del Cc.); o en otro caso (buena fe
subjetiva), dependiendo de las condiciones impuestas para que
surja un efecto jurídico determinado, al que se le supedita
conforme a la buena fe (adquisición de frutos, tutela de la
apariencia, etc.).
Siguiendo esa misma orientación ideológica, un
destacado jurista del derecho contemporáneo7 indica que
Una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la
necesidad de ejercitar los derecho de buena fe, es la exigencia de
un comportamiento coherente, lo que significa que, cuando una
persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con
su conducta una confianza fundada, conforme a la buena fe, en
una determinada conducta futura, según el sentido objetivamente
deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza
suscitada y es inadmisible toda actuación incompatible con ella.
La exigencia jurídica del comportamiento está de esta manera
estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la
confianza.
Con esa misma visión intelectiva, otro importante
expositor de la cultura jurídica occidental8 añade que:
El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el
comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla,
6 DE LOS MOZOS, José Luis. El principio de la buena fe. Bosch, casa
editorial. Barcelona. 1965, pág.40.
7 DÍEZ PICAZO, Luis. La doctrina de los actos propios. Editorial
Aranzadi S.A. [Thomson Reuters], Pamplona, 2014, págs. 202-203.
8 LARENZ, Karl. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica.
Editorial Civitas S.A. 1ª edición. Madrid, 1985, pág. 91.
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45
porque poder confiar, como hemos visto, es condición fundamental
para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación
entre los hombres y, por tanto, de la paz jurídica. Quien defraude
la confianza que ha producido o aquella a la que ha dado ocasión
a otro, especialmente a la otra parte en un negocio jurídico,
contraviene una exigencia que el derecho -con independencia de
cualquier mandamiento moral- tiene que ponerse a sí mismo
porque la desaparición de la confianza, pensada como un modo
general de comportamiento, tiene que impedir y privar de
seguridad al tráfico interindividual.
De igual modo, en CSJ SC24 ene. 2011, rad. 2001-
00457-01, la Corte explicó que la confianza legítima,
(…) describe un conjunto de circunstancias de diversa índole; es la
conjunción de factores de orden natural, geográfico, económico,
político, jurídico etc., alrededor, normalmente, de la conducta
humana. Dichos factores, de manera conjunta, cohesionan al
grupo social, habida cuenta que le transmiten tranquilidad o
seguridad sobre un destino común o la probable satisfacción de
necesidades del mismo talante. Bajo esa perspectiva, la confianza
no es más que la esperanza; la aspiración firme y convencida de
poder concretar la satisfacción mutua de algunos bienes o
servicios, construida a partir de la presencia regular de una
multitud de actos o hechos que se muestran constantes y
coherentes.
De allí deriva que en el ámbito propio de los negocios o el trasegar
cotidiano, que, por lo mismo, involucra diversos roles, la actitud
asumida por un individuo al exteriorizar, ya de manera expresa
ora implícita, su designio, determina parámetros de una manera
de portarse, diversos si se quiere, que, a su vez, sirven de
referentes o apalancamiento del actuar de aquellos con los que se
relaciona, quienes persuadidos por esa conducta deciden transitar
caminos que poco a poco fortalecen los lazos tejidos por la creencia
inequívoca de un derrotero constante y coherente con miras al
propósito vislumbrado en común. Y, por supuesto, el rompimiento
de esos parámetros resquebraja esa credibilidad y, muy seguro,
la confianza que se estaba construyendo.
Expresiones como “generar confianza”; “seguridad o estabilidad
jurídicas”, “digno de fiar”, etc., traslucen, ciertamente, una noción
de tranquilidad en cuanto que las líneas de comportamiento
trazadas y observadas por las personas, demarcan cauces que
día a día les inspira la firme convicción de andar por el camino
escogido y con la persona indicada; además, que tales linderos no
van a variar bajo consideraciones caprichosas, amén de
unilaterales, arbitrarias e inconsultas de uno cualquiera de ellos.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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Quiere decir que, en el quehacer de la vida de las
personas, incluida la forma de proceder en los negocios, su
conducta, sea que exteriorice un designio de forma expresa o
que resulte tácitamente deducible, determinará parámetros
de diversa índole sobre una manera de actuar. Ello resulta
relevante habida cuenta que ese comportamiento servirá de
referente al proceder de todos aquellos con quienes se
relacione, ya que los persuadirá y con apego a él obtendrán
un convencimiento que se irá entretejiendo con el paso del
tiempo a partir de una creencia inequívoca y fundada sobre
una forma constante y coherente de obrar frente a un mismo
propósito hecho patente en común, lo cual impide romper
esos parámetros, so pena de resquebrar y deshonrar la
credibilidad, así como la confianza que se había construido
en un diverso sentido.
Para concluir, la actitud asumida por una persona al
exteriorizar -expresa o tácitamente- su designio en el ámbito
de los negocios o en el trasegar cotidiano de la vida, crea un
patrón conductual en torno a la manera de comportarse
frente a sus congéneres. Ese parámetro sirve de referente del
actuar de aquellos con los que se relaciona y los persuade, a
tal punto que, a partir de esa práctica, estos obtienen un
convencimiento inequívoco sobre el modo de proceder de
forma constante y en coherencia con miras a alcanzar el
propósito común. Luego, esa situación imposibilita romper
ulteriormente ese estándar conductual, so pena de vaciar la
credibilidad y, por supuesto, la confianza que se venía
entretejiendo.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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En ese orden, el cambio de parecer de una persona
frente al modo de comportarse respecto de determinada
situación, pone en duda su buena fe y significa ir contra los
actos propios (venire contra factum propium), pues implica
borrar de un plumazo la tranquilidad y la seguridad jurídica
existentes en torno al comportamiento que se tendría y
esperaría siempre de quien generó ese convencimiento sobre
determinada situación.
Esta Corte ha entendido que la doctrina de los actos
propios supone la convergencia de los siguientes elementos:
(i) una conducta relevante que genere en la otra persona un
grado de confianza legítima sobre la realización o concreción,
en el futuro, de unas consecuencias en particular; (ii) que,
con posterioridad, emerja otra conducta que contradiga con
evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados,
como por ejemplo cuando se formula una pretensión; (iii) que
la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo
jurídico y la virtualidad para afectar lo existente; y, (iv) que
haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno
y otro escenario (CSJ SC. 24 ene.2011, rad. 2001 00457-01).
Con todo, cabe precisar que no siempre y de manera
rotunda toda reclamación ulterior con la virtualidad de
alterar o contrariar un comportamiento ya agotado debe ser
concebida, necesariamente, como la trasgresión de la
reseñada regla conductual, pues no son pocas las ocasiones
en que la misma ley considera el comportamiento precedente
como irrelevante para los efectos de estructurar o encajar en
el aludido principio. Por ejemplo, la posibilidad de repetir por
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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lo pagado indebidamente -art. 2313 C.C.-; la consagración
expresa de la retractación en el contrato de venta, incluso,
ante la suposición legal de que ciertos comportamientos
indicarían no querer avenirse al contrato -arts. 1858 y ss.
C.C- y la impugnación de una cuenta previamente aprobada
por errores de cálculo -art. 1259 C. Co-, entre otros.
2. En su primer cargo, la demandada censura al
Tribunal de desconocer diversas pruebas demostrativas de
que la conducta de la accionante hizo creer a Caficauca que
no se había causado comisión por la venta de fertilizantes y
que, aun de haberse generado, carecía en todo caso de
interés en exigirla. Para ello, aduce que, en vigencia del
contrato, que duró varios años, y aun después de concluido,
Ruth Díaz desplegó diversas actuaciones conductuales que
generaron tal convicción y le produjeron confianza legítima
de que no tenía intención en exigir dicha contrapartida.
3. El error de hecho, además de rutilante, ha de ser
protuberante. Lo primero, en cuanto aparezca o asome con
tan solo confrontar la sentencia y el expediente. Lo segundo,
según haya incidido en el sentido de la decisión, en una
relación de causa y efecto, de modo que sin su presencia la
conclusión del silogismo habría sido otra.
En ese orden, el recurrente tiene que justificar tanto la
presencia como la magnitud del dislate. Con ese fin, debe
singularizar las pruebas sobre las que habría ocurrido tal
desviación y efectuar una labor de cotejo o parangón entre el
contenido material del respectivo medio de juicio, y lo que en
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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contravía de esa realidad procesal extrajo el fallador, ya por
cercenamiento, suposición o tergiversación. Ese contraste
debe sacar a la luz el yerro y ponerlo al descubierto ante la
Corte.
Por el contrario, si el descubrimiento del error hace
necesario un intrincado análisis en la valoración de la
prueba, ello de por sí descartará el éxito de la arremetida,
pues en tal caso pifia no habrá o, en últimas, dejará de ser
manifiesta y, entonces, la tesis del juzgador acusado no será
contraevidente. Igualmente, si a pesar del dislate la decisión
habría sido la misma, ello desvirtuará su incidencia, en cuyo
caso, el defecto será insustancial, o sea, sin la potencialidad
de alterar el veredicto del Tribunal, el cual arriba a la Corte
amparado por una doble presunción de legalidad y acierto.
Al respecto, en CSJ SC4127-2017, la Sala llamó la
atención en torno a que:
La adecuada proposición de un cargo soportado en la comisión de
un dislate fáctico le impone al recurrente no solo individualizar las
pruebas indebidamente apreciadas, ya sea por omisión,
suposición o tergiversación de su contenido objetivo, sino también
efectuar la labor de contraste entre lo que el medio demuestra, y
lo que sobre él dedujo o inadvirtió el juzgador, ya que a partir de
ese laborío deberá quedar en evidencia el yerro atribuido y que la
decisión resulta absurda y alejada de la realidad del proceso.
Asimismo, en CSJ SC2501-2021 reiteró que, frente a los
errores de hecho que sean denunciados en casación, «la labor
del impugnante ‘no puede reducirse a una simple exposición de
puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o
lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el
error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley’»
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(CSJ SC 15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01 y CSJ SC 20 Mar.
2013, Rad. 1995-00037-01).
4. A partir de esa comprensión, la Corte advierte que el
ataque en estudio está edificado a partir de un argumento
novedoso porque se sustenta en que la pretensión de
reconocimiento de utilidades por la venta de fertilizantes
contradice la regla venire contra factum propium, ya que la
actuación de Ruth Díaz generó en Caficauca la convicción de
que nada reclamaría por ese concepto, aun cuando ese
planteamiento no fue invocado ni desarrollado en las
instancias, luego, tampoco puede ser esgrimido en casación.
Así pues, como la convocada no alegó como excepción,
ni posteriormente en el curso del proceso, que la accionante
reclamó contra sus actos propios al haber exigido el pago de
la comisión por la venta de fertilizantes solo después de
concluido el contrato, ello le impide formular dicho reparo en
esta sede que no está hecha para replantear la disputa ni
para proponer defensas no exteriorizadas oportunamente,
pues ello no solo implicaría sorprender a la contraparte y
desconocerle el debido proceso, sino que, además,
significaría juzgarla con alegaciones de último momento y,
sobre todo, que fueron ajenas al litigio.
Al efecto, en CSJ SC1066-2021 la Sala reiteró que:
(…) un alegato sorpresivo que la doctrina denomina ‘medio nuevo’,
esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando
han fenecido las oportunidades de contradicción previstas en el
ordenamiento jurídico o… para revivirlo a pesar de que lo
abandonó expresamente», debe ser repelido en el escenario
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extraordinario, por ir en desmedro «del principio de lealtad
procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora
(SC131, 12 feb. 2012, rad. n.° 2007-00160-01 y
SC3345-2020).
Ello se explica, sin dificultad, porque si las partes dejan
de exponer durante el proceso algunos aspectos de la
controversia no pueden luego, y menos en casación, tratar de
introducirlos sorpresivamente por ser ello extemporáneo y
contrario a la buena fe y la lealtad procesal que se deben
entre sí y también frente al sistema de justicia (núm. 1, art.
78 C.G.P.)
Téngase en cuenta que la casación no es proceso, de ahí
que no sirva para replantear ni reabrir el litigio. Es más, su
espectro se circunscribe a las precisas causales legales que
habilitan el estudio de legalidad del fallo del tribunal (CSJ SC
16 jul. 1965, GJ nº 2278-2279, pág. 106), dentro del marco
y con las restricciones que fija la ley procesal civil.
En coherencia con lo anterior, en CSJ SC19300-2017,
reiterada en SC3345-2020 y también en SC5142-2020, se
precisó que:
(…) este instrumento extraordinario no habilita un nuevo
juzgamiento de la controversia, sino que se circunscribe a la
evaluación de la providencia censurada a la luz de los yerros que
le son endilgados por el recurrente. Así las cosas, no puede
emplearse para retomar el estudio de la causa petendi y, menos
aún, innovar en los hechos que le sirven de soporte.
En suma, la falta de alegación oportuna del principio
venire contra factum propium, o doctrina de los actos propios,
en las instancias del proceso, impide blandir ese axioma en
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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casación porque abordarlo implicaría burlarle la defensa y
también la contradicción a la contraparte.
Es más, como ese argumento tampoco fue desarrollado
ante el tribunal, no pudo ese juzgador errar en su resolución,
pues, sin reparo al respecto, no estaba compelido a indagar
inquisitivamente por tal cuestión, ya que los contornos de la
decisión estaban demarcados por los planteamientos de la
acción, las excepciones de los convocados y las que, siendo
declarables de oficio, aparecieran probadas.
5. Si se hiciera abstracción de lo anterior, el embate
tampoco podría prosperar al ser inexistentes las pifias
endilgadas al ad quem, toda vez que ninguna de las pruebas
que se denuncia como vulneradas (el dictamen pericial, la carta
de compromiso y asunción de obligaciones de 15 de febrero de 2013 y el
otro sí que la modificó, ambas piezas suscritas por Ruth Díaz, el
interrogatorio de parte absuelto por la accionante, así como el testimonio
de Augusto Ortiz, Alex Astudillo y Carlos Sarria, funcionarios de
Caficauca, el pagaré y su carta de instrucciones de 14 de febrero de
2013) revela que la actuación de la impulsora en vigencia del
contrato de venta de fertilizantes fue reveladora o hacía
posible inferir razonablemente que nada reclamaría como
prestación por esa labor.
5.1. Aunque el dictamen pericial de Legal Métrica hizo
ver que la Cooperativa debía pagarle a Ruth Díaz la comisión
por la venta de fertilizantes una vez recibía la consignación y
las facturas de venta, a lo cual añadió que «las operaciones
mercantiles generan utilidades mensuales» y que estas debían
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ser sufragadas a continuación, lo anterior no demuestra que
Ruth Díaz haya renunciado al cobro de esa prestación, pues
el solo hecho de haberse generado cada mes, sin ser cobrada
y tampoco pagada a continuación, lejos está de ser una
situación de por sí indicativa de que la acreedora haya
declinado expresa o tácitamente a exigirla, pues no hay
evidencia de ello, ni resulta posible inferir tal proceder.
Además, como la buena fe es un principio general del
derecho que se presume en el actuar de las personas frente
a sus demás congéneres, ello impide suponer lo contrario
frente a la actuación de Ruth Díaz, pues no haber reclamado
la liquidación y pago de la utilidad tan pronto como era
causada resulta insuficiente para colegir que nunca quiso
exigirla, ni que obró de mala fe, sobre todo porque se
estableció que ella siempre mostró interés en tal prestación,
ya que, conforme lo dedujo el Tribunal, Augusto Ortiz, quien
era entonces el representante legal de Caficauca, indicó que
fue él quien la impulsó a vender tales insumos a cambio de
unas comisiones y que cuando todavía era gerente habló con
ella de liquidarle y pagarle tales valores antes de la asamblea
ordinaria de 2013, pero que no pudo hacerlo porque fue
removido del cargo.
Ese contexto deja entrever que la accionante sí tenía
interés en exigir el pago de las comisiones por venta de
fertilizantes a nombre de Caficauca, tanto así que trató el
tema con la persona que en su momento dirigió a la
Cooperativa de Cafeteros del Cauca y que ambos hablaron de
la posibilidad de solucionar tal situación antes de la
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asamblea ordinaria de 2013, solo que ese compromiso nunca
se cumplió porque el citado dirigente fue relevado de la
dirección de tal entidad.
5.2. No es discute que la utilidad a que tenía derecho la
accionante era un elemento relevante en el contrato
establecido entre las partes, valga decir, el de venta de
fertilizantes y también es significativo que la operación
perduró aproximadamente ocho (8) años; empero, esas
circunstancias de por sí no desdibujan la conclusión del
Tribunal acerca de la generación y de la necesidad de
reconocer las comisiones generadas, sobre todo si se tiene en
cuenta que su falta de pago se justificó no solo en la
existencia de otros negocios entre las partes, sino también en
la confianza que Ruth Díaz depositó en Augusto Ortiz, quien
entonces fungía como el gerente de la convocada, tanto así
que, al rendir declaración, este reconoció que había tratado
el tema con aquella y que siempre tuvo la intención liquidar
y pagarle tal utilidad, de ahí que esos factores tampoco sirvan
para decir que la acreedora hizo creer a Caficauca que nada
percibiría por la actividad de venta de fertilizantes, y mucho
menos que renunciaría a reclamar.
5.3. Aunque el documento de 15 de febrero de 2013 y
su otro sí dan cuenta que Ruth Díaz reconoció deberle
$616’219.233 a Caficauca y acordó pagarle en varías cuotas,
ello de por sí no es revelador de que renunció tácitamente a
reclamar la utilidad por la venta de fertilizantes, pues se
estableció que, desde mucho antes de suscribir tal acuerdo,
aquella reveló ante Augusto Ortiz, quien era gerente de la
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demandada, la intención de exigir esa prestación, conforme
lo refirió dicho ex directivo en su declaración.
En últimas, la citada carta de compromiso y de
asunción de obligaciones, suscrita el 15 de febrero de 2013,
en la que Ruth Díaz aceptó deberle $616’219.233 a
Caficauca, lo único que deja entrever es que ese valor
correspondía al producto de la venta de los fertilizantes y
empaques a su cargo, sin que de tal actuar se pueda deducir
su intención de renunciar a exigir la retribución por tal labor,
pues no hay un acto inequívoco de su voluntad que así lo
revele, lo cual desvirtúa los yerros de facto atribuidos al ad
quem en la ponderación de esas pruebas.
Antes bien, el anotado contexto permitía inferir, como
así lo hizo el Tribunal, que hasta febrero de 2013 Ruth Díaz
tenía la convicción de que Caficauca le pagaría la comisión
por la venta de fertilizantes, toda vez que así lo había
acordado con Augusto Ortiz, que era el representante legal
de esa entidad y quien, según lo reconoció, le indicó que tal
cuestión sería efectuada antes de la asamblea ordinaria de la
Cooperativa que tendría lugar en marzo de 2013, sin que se
pueda entender que después del retiro de ese directivo del
cargo de dirección, la accionante renunció a exigir dicha
contrapartida, ya que no hay elementos reveladores de esa
conducta, como tampoco de que posteriormente ello haya
ocurrido, pues las peticiones que elevó el 22 de octubre de
2015 y el 25 de febrero de 2016, en las que pidió el pago de
tal concepto, desvirtúan precisamente ese proceder.
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Todo lo anterior descarta que la demandante haya
generado confianza legítima en Caficauca respecto a que
ningún reclamo elevaría por concepto de comisiones
generadas en la venta de fertilizantes, de ahí que nada se le
pueda reprochar al Tribunal por no haber reconocido tal acto
de abdicación expresa y tampoco tácita.
5.4. Es cierto que en el interrogatorio de parte Ruth
Díaz dijo que en 2013 reconoció deberle a Caficauca más de
$600’000.000 por concepto de fertilizantes y otros productos,
y que convino unos plazos para hacer el respectivo pago;
también es incuestionable que el perito en su dictamen
indicó que las partes solían realizar cruces de cuentas en el
negocio de compra de café; sin embargo, ello no significa que
esas cuentas clausuraron la posibilidad de reclamar la
comisión por la venta de fertilizantes, dado que el entonces
gerente de Caficauca indicó que el tema fue tratado con Ruth
Díaz y que él quiso establecer los valores debidos por este
último concepto y pagarle, pero no alcanzó a hacerlo, lo que
también desvirtúa los yerros de facto atribuidos al ad quem
en la ponderación de esas pruebas.
5.5. En esa dirección, tampoco es cierto que el Tribunal
haya despreciado los relatos de Augusto Ortiz, Alex Astudillo
y Carlos Sarria, funcionarios de Caficauca, en torno al
reconocimiento que hizo la accionante de la deuda por más
de $615’000.000 a favor de tal Cooperativa, pues es patente
que los ponderó en comunión con las demás pruebas, tanto
así que de ellos infirió diversas circunstancias de tiempo,
modo y lugar en lo que respecta a la venta de fertilizantes y,
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específicamente, frente a la forma como operaba la oficina de
Popayán a cargo de Ruth Díaz.
5.6. Decae, igualmente, el argumento según el cual el
ad quem no paró mientes en el pagaré en blanco firmado por
la demandante a favor de Caficauca, toda vez que sí lo tuvo
en cuenta en lo que respecta a la pugna existente en torno a
la venta de fertilizantes, sin que dicho instrumento cambiario
sea revelador de la pasividad que se atribuye a la accionante
respecto a la exigibilidad de la comisión reclamada por la
venta de insumos a nombre de la convocada.
5.7. En últimas, el ataque no pasa de ser un
planteamiento alterno de la demandada en pro de provocar
una decisión diversa, toda vez que no aparecen configurados
los errores de hecho alegados, pues la apreciación probatoria
desplegada por la Sala acusada luce ajustada a la realidad
procesal y sus conclusiones no son contraevidentes.
6. En fin, por donde se mire, el ataque no progresa.
CARGO SEGUNDO
Por la causal segunda de casación, denuncia la
violación indirecta de los artículos 1494, 1495, 1502, 1602,
1613, 1614 del Código Civil; artículos 1, 10, 11, 20, 822, 864,
1262 y 1341 del Código de Comercio, como consecuencia de
errores de hecho al apreciar las pruebas y, al sustentarlo,
expone que:
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No vio el Tribunal que el dictamen pericial presentado
por la accionante presenta varias falencias, comoquiera que
se estructuró en función de lo que esta le solicitó y no
respecto del ámbito de lo que sería la remuneración usual de
la actividad desarrollada por la accionante; incorporó una
denominación nominal de las calidades de agente y
comercializadora referidas a la agencia comercial y asemejó
el concepto de comisión a lo que paga el agenciado al agente
y por la labor adelantada por el comercializador.
Además, al describir el contrato, cuando aplicó a la
comercialización de fertilizantes, se refirió al «acuerdo para la
comercialización de fertilizantes perfeccionado con la primera
entrega de fertilizantes efectuada el 30 de octubre de 2005» y
bajo esa expresión genérica involucró las distintas
posibilidades de modalidad contractual planteadas por la
demandante; también utilizó la expresión genérica «Acuerdo
para la comercialización de fertilizantes» en la que comprende
diferentes modalidades contractuales, que corresponden a
las distintas hipótesis planteadas en la demanda;
Y aunque dijo diferenciar el cálculo del perjuicio según
que la comercialización de fertilizantes se hubiera hecho
mediante una agencia comercial o no, al margen de la
cesantía comercial, habló de comisión para la hipótesis de la
agencia, y de utilidad en caso de que se estableciera que se
trató de un negocio diferente, aspecto que le sirvió para fijar
el valor de la comisión. Por tanto, aunque dijo distinguir los
escenarios de agencia comercial de las otras modalidades
contractuales subsidiariamente pretendidas, en lo nominal
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usó los conceptos de comisión y utilidad y, después de
asimilarlos, los tasó a partir de la misma metodología.
Se equivocó al acoger ese dictamen pericial, toda vez que,
sin ninguna fundamentación material, calculó la misma
remuneración -perjuicio- para la labor de agencia comercial
y para el acuerdo de venta de fertilizantes, sin advertir que
se trata de diversos negocios, no solo respecto de su
naturaleza jurídica, sino en torno a la actividad que despliega
el intermediario o comercializador, con repercusiones en los
componentes económicos -gastos y costos- de cada labor.
Es que la agencia comercial supone la realización de
actividades de mercadeo y de publicidad para procurar el
posicionamiento, lo que genera costos en tal labor, lo cual no
acontece en el escenario de un simple acuerdo para la venta,
sin que el peritaje haya dado noticia de la gestión desplegada
por Ruth Díaz para la venta de fertilizantes. Además, no hay
certeza de tales aspectos en el proceso, pero, a pesar de ello,
el fallador acogió el cálculo hecho por ese experto respecto de
la comisión sin observar que asimila, en su monto y cálculo
resultante, la utilidad plena asociada al acuerdo de
fertilizantes con la comisión propia de la agencia comercial.
Por tanto, el Tribunal reconoció la utilidad plena que
calculó el perito, sin advertir que ese estudio no descontó los
recursos que el comercializador extrae de la ganancia para
atender los costos o gastos administrativos, de ventas, de
mercadeo, intereses, ni otros ingresos o egresos, aun cuando
se demostró que estos eran asumidos por Monómeros y por
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la Cooperativa, mas no por Ruth Díaz, como lo admitió al ser
interrogada, pues reconoció que asesoraba, capacitaba a los
agricultores y les daba folletos, pero que la propaganda, esto
es, la publicidad, mercadeo y promoción la hacía Caficauca
a través de emisoras y que suministraba todo.
A pesar de ello, el Tribunal le atribuyó la utilidad plena
a la accionante, aun cuando descartó que esta hiciera la
publicidad y la promoción, de modo que los costos de esas
gestiones debían ser descontados.
Relegó los testimonios de Ary Quijano, Evert Trochez y
Alex Astudillo aun cuando demuestran que las labores de
promoción, mercadeo y publicidad de los productos fueron
hechas por Monómeros y Caficauca, pues el primero informó
que esas entidades enviaban un representante para dictar
charlas en diferentes municipios y promocionar los
productos, tanto que en una oportunidad esos entes
celebraron un convenio y Caficauca enviaba promotores de
fertilizantes que aún mantiene.
Omitió el hecho 35 de la demanda, en el que Ruth Díaz
afirmo que el valor de la comisión que se debía reconocer por
bulto de fertilizante vendido es $1.300 por bulto, pues
aunque tal libelo fue reformado ello no significa que el inicial
haya desaparecido ni que las manifestaciones en él hechas
carezcan, por completo, de relevancia jurídica, sobre todo
cuando en el caso particular la reclamante indicó el perfil de
la comisión que se debía reconocer por su labor y la tasó en
un monto concreto y determinado por bulto vendido.
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No apreció la versión de Alex Astudillo, director
administrativo de Caficauca, quien expuso unos parámetros
de utilidad en la venta de fertilizantes que distan del
porcentaje de 9.4% que tuvo en cuenta el perito para tasar
esa prestación y que corresponde, en sentir del testigo, al 2%,
lo cual coincidió con el relato de Ary Quijano, cuya
declaración también pasó de improvisto para el juzgador en
cuanto a la verificación de ese elemento cuantitativo refiere.
CONSIDERACIONES
1. El dictamen pericial es prueba técnica por excelencia,
ya que versa sobre conocimientos específicos, que, en razón
a la ciencia, arte o método, escapan al saber del juez y por
eso se encomiendan a expertos en la materia para que sea
un especialista quien lo ilustre sobre determinada temática,
cuestión o aspecto que contribuya al esclarecimiento de los
hechos que importan al litigio, por lo que el actual estatuto
adjetivo lo consagra como elemento de convicción (art. 167).
No obstante, para que ese medio cumpla su función
esclarecedora, es menester que sea incorporado al juicio con
sujeción a las exigencias legales, las cuales se erigen, a su
vez, en garantía para las partes y en seguridad para el juez.
Por tanto, si tales exacciones no se observan aquellas tienen
derecho a oponerse y rechazar la prueba, y el juzgador debe
desestimarla por afectar el debido proceso.
El Código General del Proceso prevé, en el artículo 226,
los casos en que es procedente la prueba pericial, la forma de
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ser rendida y los elementos mínimos que debe contener,
entre ellos la identificación y experiencia de quien la rinde,
elementos que deben ser soportados a fin de establecer la
idoneidad e imparcialidad del experto.
Es así como el artículo 227 ídem patentiza el principio
de aportación de parte, al imponerle a cada una la carga de
arrimar al litigio la prueba pericial que pretenda hacer valer
en juicio y el artículo 228 consagra su contradicción, así
como la citación del perito a audiencia por solicitud de la
parte en contra de quien fue presentada, ora del juez si lo ve
necesario; también advierte que si aquél no acude, ni se
justifica antes de la audiencia, por fuerza mayor o caso
fortuito, su dictamen carecerá de valor.
Por regla general, la parte debe aportar el dictamen que
pretenda hacer valer; excepcionalmente, la ley permite que el
juez lo decrete oficiosamente. Al respecto, el artículo 230
ibidem consagra la forma en que debe proceder, lo previene
para que determine el cuestionario que el perito debe
responder, fije el término para su rendición y señale los
honorarios y gastos que deberán ser consignados por las
partes dentro de los tres (3) días siguientes. Asimismo, lo
autoriza para sancionar al designado si no cumple la labor y
conmina a dicho experto a justificar los estipendios en que
haya incurrido.
Por esa vía, el artículo 231 ídem advierte que «rendido
el dictamen permanecerá en secretaría a disposición de las
partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo
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podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10)
días desde la presentación del dictamen» y previene al perito
para que concurra a ella. Ahora bien, el artículo 232 ídem
consagra que «el juez apreciará el dictamen de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en
la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso».
Esas formalidades de la prueba pericial -según se
anticipó-, son garantía para las partes y seguridad para el
juez, por lo que deben ser observadas a plenitud, so pena de
que se incurra en yerro de iure por infringir los textos legales
que regulan su producción.
Ahora bien, en la apreciación del dictamen pericial, el
juzgador de instancia puede incurrir en yerros de derecho o
fácticos, estos últimos ya sea por preterición, suposición o
distorsión del contenido de esa prueba técnica, de ahí que
cualquiera de esos deslices sea denunciable en casación.
Al fin de cuentas, al ser un medio de prueba, debe ser
apreciado por el juzgador según las reglas de la sana crítica
y podrá resultar persuasivo dependiendo de su firmeza,
precisión, claridad, exhaustividad y calidad de sus
fundamentos, como lo prevé el artículo 232 ibidem, sin
perjuicio de que sea ponderado con los demás elementos.
2. Para el caso, la censura le atribuye al Tribunal yerros
de hecho en la ponderación del dictamen pericial que allegó
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la accionante para acreditar el valor la utilidad generada por
la venta de fertilizantes.
Para ello, aduce que ese juzgador le dio peso a ese
peritaje y con base en él valuó la utilidad que le reconoció a
la demandante, a pesar de que el experto no tasó con criterios
objetivos el valor de las comisiones a que habría lugar tanto
en el ámbito del contrato de agencia como en el de la venta
de fertilizantes. Como si fuera poco, no vio el error del perito
al hacer el cálculo respectivo, toda vez que valoró esa
prestación como se haría en un contrato de agencia
comercial en el que se reconocen los costos en que incurre el
agente comercial por las labores de promoción y mercadeo,
sin advertir que se trató de un negocio atípico de venta de
fertilizantes, en el que no se hicieron esas labores por la
comisionista, situación que obligaba a tener en cuenta tal
situación al fijar el pago de la prestación reclamada.
Fracasa la acusación, habida cuenta que son
inexistentes los errores de facto en que se sustenta, debido a
que el Tribunal le dio valor al dictamen pericial al advertir
que adquirió firmeza al no haber sido cuestionado por la
parte convocada y que en él se hizo un estudio completo,
preciso y detallado de la actividad de venta de fertilizantes,
sin que esos razonamientos luzcan desfasados, ya que dicho
trabajo técnico comparó los informes de compras de la
Cooperativa de Caficultores del Cauca con las facturas
emitidas por Ruth Díaz a nombre de esa entidad y mediante
ese cotejo estableció que esta última vendía dichos insumos
al mismo precio que le indicaba Caficauca.
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La fundamentación que el ad quem halló en dicho
dictamen pericial tampoco amerita reparo, comoquiera que
ese trabajo técnico hizo ver que «(…) en los informes de
Compras emitidos por CAFICAUCA para el mes de Marzo de
2012, se advierte que el precio fijado por la entidad para la
referencia de fertilizante 15-15-15, remitida a Ruth Díaz el 26
de marzo de 2012, era de $73.000», conclusión que justificó
con el soporte respectivo y más adelante añadió que «[a]l
comparar el valor unitario de venta de la referencia de
fertilizante, que aparece en las facturas que emitía Ruth Díaz
en nombre de Caficauca, se advierte que es el mismo», frente
a lo cual agregó «Vale la pena aclarar que, en la operatividad
las referencias de fertilizantes que llegaban en un mes, podían
venderse en el mismo mes o en otros posteriores».
Lo anterior muestra que el ad quem sí podía prevalerse
de tal probanza pericial comoquiera que fue ampliamente
motivada, tanto así que enfatizó sobre múltiples aspectos y
se adentró a analizar con detalle los soportes que usó como
insumo para fundar sus conclusiones. Por ejemplo, destacó
que «[e]n la siguiente imagen se observa que el valor unitario
indicado en el Informe de Compras emitido por CAFICAUCA,
es el mismo que Ruth Díaz consignaba en las Facturas de
venta que emitía a nombre de la entidad» (fls. 51-52, cno. 2),
lo cual desvirtúa los yerros atribuidos al sentenciador de
segunda instancia en su valoración, tanto más si se observa
que los fundamentos que sustentan sus conclusiones tienen
respaldo en otros medios de convicción, como lo son las
facturas que contienen información precisa de la forma en
que se desenvolvió la venta de fertilizantes.
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Adicionalmente, es fácil advertir que el precitado
dictamen pericial calculó el valor de la prestación a que
tendría derecho Ruth Díaz tanto en el ámbito de la agencia
comercial, como en el de la venta de fertilizantes y determinó,
en cada una de esas eventualidades, los parámetros
cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales debía
hacerse, según fuera el caso, la tasación de la comisión,
conforme lo avizoró el Tribunal cuando se apoyó en él para
hallar el valor de las utilidades a reconocer en el ámbito del
último de esos negocios.
En ese sentido, fue claro el perito en diferenciar uno de
otro escenario, así como en explicar técnicamente los
cálculos hechos para fijar en cada uno de ellos el valor de la
utilidad liquidada, para lo cual indicó «si se contempla que el
contrato perfeccionado fue de Agencia Comercial, se calculará
la Comisión adeudada y la Cesantía Comercial
correspondiente», a lo cual agregó que «[d]e considerarse que
el Contrato perfeccionado, aunque es de índole mercantil, es
distinto a una Agencia Comercial, se procederá a calcular la
Utilidad que debió ser reconocida a Ruth Díaz por vender los
fertilizantes en nombre de Caficauca».
Acorde con esa precisión general, el experto describió la
metodología empleada para tasar la utilidad o ganancia que
habría obtenido Ruth Díaz en el marco de un acuerdo de
venta de fertilizantes y la fijó en $2.121’748.134 tras tomar
como base el año 2013 y el numeral 1.2 de la serie histórica
del DANE sobre “fertilizantes, enmiendas y
acondicionamientos de suelo”, a partir de lo cual hizo una
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comparación entre las referencias de esos insumos frente a
los documentos emitidos por Monómeros, Caficauca y Ruth
Díaz con relación a los reportados por el DANE en 2013, sin
que esa diferenciación se muestre desfasada o carente de
sindéresis, de ahí que el ad quem sí podía tenerla en cuenta
para concretar la prestación a cargo de la demandada.
Fue tan meticuloso dicho estudio, que el perito separó
por colores gráficamente los fertilizantes que Caficauca le
entregó a Ruth Díaz para ser enajenados en vigencia del
acuerdo para su venta. A partir de ese escrutinio, y con base
en la serie histórica del DANE para cada año (2005 a 2013),
reiteró que el valor de las utilidades a favor de la accionante
es igual a $2.121’748.134, valor que extrajo tras discriminar,
por años y por clase de insumos, su valor unitario y la
cantidad de productos enajenados, sin que esa deducción se
releve desfasada, toda vez que está ampliamente sustentada
y explicada a partir de diversos documentos contables que
obran en el expediente y que fueron anexados a dicho trabajo
técnico.
También llama la atención que el perito clasificó las
referencias de fertilizantes que en los años 2005 a 2012 se
hallaban en la Serie Histórica del DANE en 2013 en el
departamento del Cauca, Municipio de Popayán y en los
documentos emitidos por Monómeros, Caficauca y Ruth
Díaz, así como en las que no se encontraban en esa capital,
pero sí en otros lugares del país, también aquellas que
durante ese lapso no se aparecían en las bases del DANE,
pero sí en los soportes de Monómeros, Caficauca y de Ruth
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Díaz y, finalmente, en los que no estaban en poder de
ninguno de ellos, pero sí en las plataformas del DANE.
A partir de esa exposición, que fue diferenciada y, ante
todo, ampliamente detallada, el experto tuvo en cuenta los
productos entregados a Ruth Díaz para su comercialización
entre 2005 y julio de 2013, y con base en las anteriores
variables estableció la utilidad a que tendría derecho por la
venta de los fertilizantes.
El anterior escrutinio descarta los yerros facticos sobre
los que se edificó el segundo cargo de la accionada, sobre
todo porque no es cierto que el experto haya entendido que
la comisión generada en el ámbito de la agencia comercial
correspondía a la utilidad propia del contrato de venta de
fertilizantes, toda vez que hizo el cálculo de ese concepto en
cada uno de esos escenarios y sustentó ampliamente, y por
separado, el método empleado en cada caso para tasar el
valor que al final obtuvo en cada uno de esos ejercicios, sin
que el solo hecho de que la censura muestre una postura
distinta frente a lo que dedujo el experto, sea suficiente para
hacer ver que el ad quem erró en la ponderación de esa
prueba. Es más, aun si hubiera alguna pifia, esta debería ser
palmaria, pues solo así sería posible colegir que los
razonamientos del fallador fueron contraevidentes; empero,
la realidad indica que la tesis censurada es coherente con la
realidad procesal.
En esa línea, es preciso añadir que, al proyectar el valor
de la comisión que se habría generado en el espectro del
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contrato de agencia comercial, el experto tuvo en cuenta el
valor de la cesantía a que alude el artículo 1324 del Código
de Comercio y calculó los intereses que se habrían producido
por el no pago de esa prestación, aspectos que por
elementales razones obvió al tasar la utilidad de cara a un
contrato atípico para la venta de fertilizantes, en el que no
tenía cabida tal prestación al no haber disposición legal ni
contractual que la generara.
Bajo ese entendido, decae el argumento que critica al
Tribunal de haber inadvertido que el dictamen pericial tasó
la utilidad en el escenario de la venta de fertilizantes como si
se tratara de un contrato de agencia comercial, toda vez que
ese planteamiento carece de asidero, sin que, por demás,
tenga razón la recurrente al aducir que ese estudio incluyó
en la liquidación del primero de esos negocios los gastos en
que habría incurrido el agente en la promoción y gestión del
negocio ajeno, pues la fundamentación del peritaje, ni los
razonamientos del juzgador de segundo grado permiten
arribar a semejante conclusión, de ahí el desenfoque de esa
parte del ataque.
Lo anterior porque en ninguno de los dos ámbitos, es
decir, en el de agencia comercial, ni en el de venta de
fertilizantes, el experto hizo alusión a tales estipendios,
distinto sería si en el primero de ellos hubiera tenido en
cuenta los costos de la promoción, mercadeo y publicidad
para procurar el posicionamiento de los fertilizantes
ofrecidos y conquistar el mercado; empero, ello no ocurrió y,
además, el perito calculó tanto en el entorno de la agencia
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comercial, como en el del contrato de venta de fertilizantes lo
atinente a la comisión o utilidad, y lo más importante aún es
que justificó, a partir de diversas variables técnicas, las
conclusiones que obtuvo de ese laborío en uno y otro campo,
de ahí la sinrazón que rodea a esa parte de la acusación.
En últimas, la discusión que propone la censura carece
de trascendencia, pues el Tribunal concluyó que la relación
negocial que hubo entre las partes sobre los fertilizantes no
fue un contrato de agencia comercial, sino uno atípico para
su venta, de ahí que fuera irrelevante el cálculo de la
comisión que hizo el perito en perspectiva de la agencia
comercial y que previó la hipótesis en que llegara a ser
reconocida esa forma contractual, lo que no aconteció.
Bien distinto sería si el fallador hubiera concluido que
el negocio fue una agencia comercial, porque ahí sí habría
sido necesario considerar si la comisión que liquidó el perito
involucraba o no los gastos en que habría incurrido la
agenciada en la labor de promoción de los fertilizantes, con
todo y que aun en presencia de ese hipotético escenario, ese
sería un tema que solo podría ser discutido por la parte
afectada con lo que al respecto hubiera sido decidido en ese
evento, lo cual reafirma la sinrazón del ataque.
Es más, aunque los testigos Alex Astudillo y Ary
Quijano se refirieron sobre las labores desarrolladas por
Monómeros y también por Caficauca para impulsar la venta
de insumos, lo cierto es que, al tratarse de un contrato
atípico, y al no haberse pactado que de la utilidad generada
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por la venta de fertilizantes hecha por Ruth Díaz se debía
descontar lo que esas compañías invirtieran en las labores
de promoción, mercadeo y publicidad tendientes a impulsar
su enajenación, ello impide sindicar, no solo al perito por no
descontar tales conceptos de la utilidad, sino también al
Tribunal por haber dejado de considerar esos gastos y
también por dejar de lado lo que expusieron los declarantes
respecto a quiénes adelantaron las labores de promoción y
publicidad de los fertilizantes.
Ahora bien, es cierto que en la demanda la accionante
indicó que la utilidad generada por bulto de fertilizante
vendido era de $1.3009; sin embargo, también lo es que ese
aspecto fue modificado en la reforma cuando se explicó que
«[t]eniendo en cuenta que las partes no pactaron expresamente
el valor de la comisión, pero que se trata de un contrato
eminentemente oneroso, de acuerdo con los artículos 1330 y
1341 del Código de Comercio, el valor de la comisión debe ser
fijada por peritos. El valor de la comisión fue fijado por el
Dictamen Pericial de Legal Métrica que realizó un estudio con
base en criterios objetivos e indicadores nacionales de la DIAN
para calcular el valor de las comisiones que CAFICAUCA ha
debido pagar a la Agente y se detallan en dicho documento a
partir de la página 61» (fl. 150, c.1).
Lo anterior deja en el aire al ataque mediante el cual se
denuncia no haber considerado el primer valor, pues esa
9 Cfr. Hecho 35 demanda fl. 10, c. 1; pretensión tercera declarativa, fl.
21, c.1.
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crítica pasa por alto que desde que se modificó el libelo se
ajustó tal monto y, por tanto, también se alteró el alcance del
petitum; luego, era con base en el valor incluido en la reforma
que se debía resolver la contienda, como en efecto aconteció,
toda vez que esa modificación fue en su momento admitida
por el juzgador y ello adquirió firmeza.
Finalmente, tampoco se presentó la preterición de las
versiones rendidas por Ary Quijano, Alex Astudillo y Evert
Trochez en lo que respecta al margen de utilidad generada
por la venta de fertilizantes, pues, aunque estos
manifestaron que era inferior a la que tuvo en cuenta el perito
para tasar dicha prestación, lo cierto es que el Tribunal
ponderó ambos planteamientos y acogió el del experto, tras
considerar que se sustentó en elementos técnicos que le dan
sustento y solidez, sin que ello signifique que relegó las
apreciaciones de los testigos, pues las confrontó con la
prueba técnica, solo que le creyó a esta última.
Todo lo anterior significa, en compendio, que ningún
desvío o equivocación grave y ostensible se manifiesta en el
proceder del juzgador de segundo grado frente a la
ponderación objetiva del dictamen pericial arrimado al
plenario, puesto que de manera coherente e hilvanada
analizó sus fundamentos y conclusiones, extrayendo de ahí
los insumos para despejar lo que era materia de
esclarecimiento, sin que la recurrente logre derribar los
pilares en que se sustenta la providencia disputada, ya que
como bien lo recordó la Sala en CSJ SC2805-2016, al citar
SC9788-2015, SC5854-2014 y SC4127-2021:
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(…) los errores en el campo de los hechos se estructuran en los
casos en que el sentenciador de manera ostensible aprecia
equivocadamente la demanda u omite, adiciona, cercena o
tergiversa el contenido material de las pruebas, y no cuando se
aparta de la posición subjetiva que, al margen de su objetividad,
tenga la parte recurrente acerca de los distintos medios de
convicción (…) Por esto, en ese preciso ámbito, al decir de la Corte,
un yerro es de recibo cuando es “tan grave y notorio que a simple
vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en
otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la
evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho aquél a
cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado
razonamiento” (Sentencia 006 de 12 de febrero de 1998,
expediente 4730, reiterando doctrina anterior), o el que surge de
“ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o
con mayor rigor lógico” (Sentencia 073 de 20 de abril de 2001,
expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998).
3. En ese orden de ideas, no prospera el cargo.
CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA DEMANDA DE
RUTH ELIZABETH DÍAZ VILLAREAL
CARGO PRIMERO
Invoca la infracción directa de los artículos 1317, 1321 y
1331 del Código de Comercio, por interpretación errónea; y
1324 ibidem, por falta de aplicación.
Alega que el Tribunal erró en la exégesis de la primera
de esas normas, que prevé los elementos esenciales de la
agencia comercial, toda vez que negó su existencia con
estribo en que la accionante no fue encargada de promover
negocios de Caficauca ni realizaba labores de promoción,
pues entendió que esa actividad «se refleja en la
implementación de una estrategia de mercadeo o marketing
de los productos del agenciado, que permita al agente conocer
el comportamiento del consumidor y rendir al empresario las
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informaciones relativas a las condiciones del mercado en la
zona asignada, y las formas que sean útiles a dicho
empresario para valorar la conveniencia de cada negocio».
De ese modo, fijó de manera limitada la labor de
promoción que realiza el agente en la agencia comercial e
inadvirtió que se trata de un conjunto amplio de actividades
diferentes, las cuales dependen del contrato, el mercado, el
sector y la clientela, tanto que se materializa con la captura
de clientes, el aumento de ventas o el posicionamiento de una
marca o de servicios, en beneficio del empresario agenciado.
Como lo ha reconocido la jurisprudencia y la doctrina,
el agente es quien define las labores de promoción necesarias
para el desarrollo del encargo y que se verán reflejadas en la
captura del mercado, aumento de la clientela, de las ventas
y el posicionamiento de la marca. Luego, no es cierto que esa
actividad requiera la implementación de «una estrategia de
mercadeo o marketing», como si fuera esa la única forma de
promover negocios ajenos. Tampoco lo es que la promoción
le deba permitir al agente conocer el comportamiento del
consumidor y rendir al empresario las informaciones
relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada
y las demás que le sean útiles para valorar la conveniencia
de cada negocio, de ahí el desacierto del ad quem al
interpretar el artículo 1321 ejusdem, pues la información
requerida por el agenciado puede provenir de otras fuentes.
La correcta lectura de esas normas es que, al margen
de las labores de promoción hechas por el agente, estas se
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deben entender surtidas si se dan los supuestos de la norma,
es decir, cuando el agente logre aumentar la clientela,
capturar mercados, posicionar las marcas, productos o
servicios en pro del agenciado y que ello se mantenga incluso
al finalizar la agencia. Otro yerro se dio al extrañar la
estabilidad del contrato de agencia, pues el artículo 1317 no
exige que las partes pacten la estabilidad del contrato, pues
este elemento se puede desprender del tiempo de duración
del encargo, desfases que llevaron al Tribunal a desconocer
la verdadera naturaleza del negocio pactado para la venta de
fertilizantes, en perjuicio de la accionante.
CARGO SEGUNDO
Denuncia el quebranto indirecto de los artículos 1317,
1321 y 1324 del Código de Comercio, por falta de aplicación,
a causa de errores de hecho cometidos por el Tribunal al
descartar un contrato de agencia comercial y privar a la
accionante de la cesantía comercial, toda vez que:
Exigió prueba de la labor de promoción adelantada por
la impulsora, vio falta de determinación de la zona prefijada
para el encargo y de la duración del contrato, tras apreciar
erróneamente el interrogatorio de Ruth Díaz quien narró en
detalle la labor de promoción desplegada para la venta de
fertilizantes y expuso diversas actividades demostrativas de
esa gestión, las cuales fueron corroboradas por algunos
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testigos y con prueba documental, a pesar de lo cual el
Tribunal echó de menos tal elemento.
No haber realizado las labores de marketing resulta
insignificante para concluir que las labores realizadas por la
agente en nada sirvieron para los fines propios del contrato
de agencia comercial, sino que, entre todos los interesados
en la venta de los productos, esto es, el fabricante, el
distribuidor exclusivo para el departamento y la agente, se
dividieron expresa o tácitamente las labores de promoción, lo
cual redundó en beneficio de la agenciada.
La actora explicó que ejerció su función de agente para
la venta de fertilizantes en Popayán y aclaró que a su punto
de venta llegaban clientes de otros municipios o
departamentos a quienes atendía sin salir de su
establecimiento y ello no fue desvirtuado, pues los testigos
de Caficauca dijeron no constarle tales hechos. Luego, de
haber apreciado ese interrogatorio en conjunto con las demás
pruebas habría constatado la labor de promoción hecha por
Ruth Díaz y recocido la agencia comercial.
Tergiversó los testimonios de Juan Carlos Gañan y de
Ever Trochez Larrahondo, pues lo único que afirmaron, en
relación con la actividad de promoción, fue que no tenían
constancia de que Ruth haya hecho eso, a pesar de que indicó
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que no les constaba ello, de ahí que su dicho ni probaba ni
desvirtuaba tal elemento, contrario a lo que extrajo el Tribunal.
Aduce que el Tribunal valoró indebidamente la prueba
testimonial y para ello expone que:
Con base en la versión de Alex Astudillo desvirtúo las
labores de promoción efectuadas por Ruth Díaz, sin advertir
que ese deponente fundó tal conclusión a partir de dos
premisas: la primera, porque Monómeros tenía un promotor en
la cooperativa que realizaba gestiones de campo; y la segunda
porque a su juicio la actora no realizaba campañas de
publicidad en la radio o similares. El error estuvo en descartar
tal elemento sin advertir que las actividades de la productora
de los insumos no descartaban la labor de promoción de la
accionante, pues eran complementarias.
Aunque Ary Quijano Pardo indicó que Ruth Díaz no
realizaba labores de promoción, este afirmó que Monómeros le
enviaba material promocional de los fertilizantes a su
distribuidor exclusivo en el Cauca que era Caficauca con el fin
de que se los entregara a sus agentes para las labores de
promoción, entre quienes está la accionante, de ahí la
contradicción en que incurrió este deponente, lo que también
sucedió en lo que afirmó sobre la delimitación de la zona
prefijada para el desarrollo del encargo, pues dijo que la
agencia Popayán 2 recibía pagos de ventas realizadas desde
otros municipios, pero el Tribunal aclara que esa afirmación se
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hizo sin que al testigo le constara si Ruth salía a vender el
producto a dichos lugares.
El testigo Carlos Andrés Sarria afirmó que la accionante
no hacía labores de promoción, pero no expuso por qué le
consta tal situación y al ser inquirido dijo que era porque los
proveedores de Monómeros nunca se lo mencionaron, empero,
el juzgador apreció mal esa prueba que tampoco acreditó nada
en torno al lugar en que se hacían las ventas. Erró al ponderar
la versión de Augusto Ortiz, quien era el representante legal de
Caficauca para la época del contrato, y por ello expuso hechos
contrarios a los narrados por los anteriores testigos, todos
dependientes de esa entidad, tanto así que enfatizó que la zona
asignada a Ruth para la venta de fertilizantes era Popayán 2 y
que no se le impuso ninguna prohibición para venderle a
personas provenientes de otros lugares. No obstante, el ad
quem desechó tan importante relato aun cuando provenía de la
persona encargada de celebrar y ejecutar ese negocio jurídico y
daba luces sobre los elementos de la agencia comercial.
Erró al ponderar la versión de Augusto Ortiz, quien era
el representante legal de Caficauca para la época del contrato,
y por ello expuso hechos contrarios a los narrados por los
anteriores testigos, todos dependientes de esa entidad, tanto
así que enfatizó que la zona asignada a Ruth para la venta de
fertilizantes era Popayán 2 y que no se le impuso ninguna
prohibición para venderle a personas provenientes de otros
lugares. No obstante, el ad quem desechó tan importante relato
aun cuando provenía de la persona encargada de celebrar y
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ejecutar ese negocio jurídico y, por tanto, daba luces sobre los
elementos de la agencia comercial.
El acta nº 74 de 31 de agosto de 2006 del Consejo de
Administración de Caficauca revela la autorización de ese ente
directivo para que en la Agencia Popayán 2 se abriera un punto
de venta de fertilizantes e insumos agrícolas. Si el Tribunal
hubiera apreciado bien esa pieza habría corroborado lo dicho
por la accionante y por Augusto Ortiz sobre la delimitación de
la zona en que Ruth debía cumplir sus funciones.
Omitió varias pruebas sobre la actividad de promoción
desarrollada por la accionante, como lo son la valla publicitaria
ubicada por la agente en la parte exterior de Popayán alusiva a
la venta de fertilizantes, el informe de gestión de la Cooperativa
durante 2009 que resalta las actividades promocionales
realizadas por las agencias para la venta de fertilizantes y que
sí fueron valoradas por el a quo. Además, no tuvo en cuenta los
soportes que acreditan que la agente sí proporcionaba a la
agenciada la información a que se refiere el artículo 1321 del
Código de Comercio. Ello, porque relegó las actas de las
reuniones celebradas en las oficinas de la Cooperativa con
presencia de Ruth como agente de Popayán 2 en las que se
analizó lo relativo al mercado de fertilizantes. También hay
evidencia del último de los elementos de la agencia comercial y
que tiene que ver con los extremos temporales de esa relación
jurídica, aspecto inclusive confesado por la convocada y que
demuestra que ese negocio perduró por cerca de 8 años.
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Esos desfases llevaron al ad quem a no ver la prueba de
que la accionante realizó amplias actividades de promoción de
los negocios de Caficauca; que ese encargo debía ser
desarrollado en Popayán al ser la ciudad prefijada para su
realización; y que aquella le entregaba a esta la información
prevista en el artículo 1321 del Código de Comercio en las
reuniones que se llevaban a cabo en la sede de esa entidad y
tampoco observó que el cargo fue estable y duradero, lo cual lo
llevó a inaplicar ese precepto y también el artículo 1317 ibidem.
CONSIDERACIONES
1. El estudio conjunto de los cargos se justifica porque
ambos combaten desde diversos frentes, pero con apoyo en
similares argumentos, lo concluido por el Tribunal respecto de
los elementos esenciales del contrato de agencia comercial,
situación que permite enlazar las críticas y despejarlas al
amparo de similares razonamientos.
2. El Código de Comercio -Decreto 410 de 1971- le dio
carta de naturaleza al contrato de agencia comercial, toda vez
que el artículo 1317 lo definió como aquel en virtud del cual
«un comerciante asume en forma independiente y de manera
estable el encargo de promover y explotar negocios en un
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio
nacional, como representante o agente de un empresario
nacional o extranjero (…)».
Se trata, por tanto, de un negocio jurídico de
colaboración, que es principal, consensual, típico,
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conmutativo, oneroso y de ejecución continuada, en virtud del
cual una parte, denominada agente, realiza de manera
autónoma e independiente, y en forma estable y permanente,
actividades de promoción o explotación de los negocios de otra
parte, que es el agenciado, en determinado ramo y en una zona
prefijada del territorio nacional, a fin de adquirir -conquistar-
o de preservar -mantener- o, inclusive, de ampliar o
reconquistar un mercado para sus productos o servicios, y
obtiene a cambio una comisión, regalía o utilidad.
El agente recibe un encargo del agenciado y en virtud de
este contrato gestiona intereses ajenos, para lo cual asume los
gastos de la distribución y de la agencia. En estricto sentido, la
labor de promoción del agente, que es nota característica y
elemento esencial de la agencia comercial, exige que este
consiga los clientes ciertos.
Sobre la agencia comercial, en CSJ SC3645-2019, se
recordó que:
Mediante su concurso, un comerciante asume en forma
independiente y estable, el encargo de promover o explotar negocios
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el
territorio nacional, como representante o agente de un empresario
nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o
varios de sus productos.
Los supuestos de independencia y de permanencia
significan que el agente tiene una empresa organizada,
distinta a la del agenciado, de ahí que no pueda haber
intromisiones recíprocas de ninguna índole entre el manejo
de una y otra compañía, so pena de desvirtuar el primero de
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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esos elementos. Empero, la autonomía empresarial no
impide que el agenciado esté atento al desarrollo de la
actividad, toda vez que es quien soporta los riesgos
económicos y reputacionales de tal actividad.
Que el empresario intervenga en la ejecución del
encargo de promover o explotar negocios ajenos dentro de
una zona prefijada, que es la labor desplegada por el agente,
se justifica en que el primero es quien le otorga y se
desprende de precisas facultades (art. 1320 ejusdem). Es que
aquel debe velar porque su representante ejecute las labores
confiadas, y este debe informarle las condiciones del negocio
en el territorio asignado en cuanto sean útiles al empresario
para ponderar y valorar la conveniencia de continuar
haciendo presencia en el respectivo mercado o no.
Frente a ello, en CSJ SC 10 sept. 2013, rad. 2005-
00333-01 se indicó que:
(…) el empresario no es del todo ajeno a la forma como se lleva a
cabo la promoción de sus mercancías, pudiendo hacer sugerencias
y recomendaciones, que deberá tomar en cuenta el agente, para
un adecuado mercadeo, máxime cuando el productor o
comerciante a mayor escala es quien conoce las virtudes, ventajas
y riesgos del bien ofertado en el medio, con mayor razón si de ello
dependen las consecuencias económicas adversas o favorables
que asume.
La ejecución del objeto del contrato de agencia le
impone al agente la realización de diversas labores y/o
actividades de carácter mercantil, como pueden ser las de
promocionar bienes y/o servicios del agenciado. Con miras a
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desarrollar dicho objeto contractual -dice Farina10-, el agente
«se obliga a desplegar una actividad adecuada para lograr
clientes con su comitente, y remitir a éste los pedidos de
mercaderías, servicios u otros bienes cuya comercialización le
ha sido encomendada».
Para Escobar Sanín11, la labor de promoción a que se
refiere el artículo 1317 del Código de Comercio, es hoy
una actividad independiente de las ventas o suministros,
estrictamente restringida a la planeación y desarrollo de los
medios y las formas de propaganda, de tal manera que las
denominadas agencias de publicidad se circunscriben a
programar y distribuir adecuadamente el presupuesto de un
empresario para un período determinado (generalmente un año),
entre las personas que disponen de pericia, tiempo y espacios
necesarios o requeridos en los diversos medios de publicidad
(televisión, radiodifusoras, periódicos, etc.), sin que tengan nada
que ver aquellos promotores con la venta misma de mercancías o
el suministro de servicios, ni con los agentes o distribuidores
encargados de hacerlo. Pero es necesario para que tengan la
calidad jurídica de agentes, que celebren negocios por cuenta del
principal con los ejecutores o realizadores del programa,
careciendo de aquella calidad, por el contrario, si dichos
programas son ejecutados también por los programadores.
3. Todo cargo que en casación acuse la infracción
directa de la ley sustancial debe identificar las normas
sustanciales vulneradas en la sentencia de segunda
instancia y centrarse en demostrar que el Tribunal las omitió,
aplicó las que no eran o que, aun cuando acertó en su
selección, les atribuyó unos efectos que no tienen, para lo
10 FARINA, Juan M. Contratos comerciales modernos. 2ª edición.
Editorial Astrea. Ciudad de Buenos Aires, 1999, pág. 421.
11 ESCOBAR SANÍN, Gabriel. Negocios Civiles y comerciales. I
Negocios de Sustitución. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1985,
pág. 364.
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cual es preciso justificar la forma como se presentó tal
desfiguración normativa, sin entrometerse en el campo de los
hechos porque al rotular el ataque en la anunciada senda se
entiende que se acepta -a plenitud- la constatación factual
del juzgador acusado.
Ya en el ámbito de la causal segunda, se debe indicar si
el error alegado fue hecho o de derecho, toda vez que son
distintos, pues el primero se da sobre el contenido objetivo
de la demanda, su contestación o las pruebas cuando el
fallador las pretermite, tergiversa o supone. En tal sentido,
resulta forzoso identificar el yerro y fundamentar de forma
concreta, simétrica, coherente y razonada los apartes del
fallo que se tilda de equivocados, haciendo ver, con claridad
y precisión, en qué consiste la infracción, sin perjuicio de
atacar, de forma integral y envolvente, todas las bases que
sustentan la sentencia, porque si se omite una que le sirve
de puntal a la tesitura fustigada, esta le prestará apoyo y será
suficiente para despreciar la acusación, que, en ese sentido,
no será totalizadora, sino parcial y, por tanto, insuficiente
para quebrar la doble presunción de legalidad y acierto que
escolta al veredicto que se pretenda minar.
4. No salen avante los ataques, ya que presentan
fallas técnicas en su formulación y, en todo caso, tampoco
existen los yerros atribuidos a la sentencia acusada, como
pasa a verse.
4.1. En el embate inicial, la censura acusa al Tribunal
de infringir directamente los artículos 1317, 1321 y 1331 del
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Código de Comercio, por interpretación errónea; y del 1324
ibidem, por falta de aplicación, al haberse negado a reconocer
las labores de gestión adelantadas por la accionante y
también la estabilidad de la relación material que sostuvo
con Caficauca para la venta de fertilizantes, situación que lo
condujo a descartar el contrato de agencia comercial.
Sin embargo, ese cargo es incompleto porque sindica al
ad quem de colegir que solamente hay agencia comercial
cuando se demuestra que el agente desempeñó labores de
promoción a nombre del agenciado, a pesar que hay otra
serie de actividades mediante las cuales se manifiesta el
contrato de agencia comercial, sin advertir que dicho
juzgador descartó que entre las partes haya existido esa
relación jurídica tras establecer que Ruth Díaz no acreditó
que realizó labores de promoción o explotación de
fertilizantes, ni tampoco la publicidad como estrategia de
mercadeo, ni el posicionamiento en el mercado de tales
productos.
En rigor, el Tribunal no solo echó de menos las labores
de promoción y de publicidad que dijo haber realizado la
accionante a nombre de Caficauca, sino que también extrañó
la duración del encargo, así como la falta de claridad sobre
la determinación del territorio en que debía la demandante
cumplir su gestión y la exclusividad en la distribución de
fertilizantes de Caficauca por parte de la agencia Popayán nº
2 El Cadillal; sin embargo, la censora solamente confronta
las dos primeras conclusiones, atinentes a la falta de
promoción y de publicidad, lo cual significa que las demás no
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fueron objeto de reproche y que, por tanto, el ataque es
incompleto, de ahí que, al no ser totalizador, sea insuficiente
para quebrar la sentencia confutada.
Lo anterior porque aun si los reparos planteados
tuvieran vocación de prosperidad, las premisas no
reprochadas, y que fueron pieza clave en la construcción de
la decisión rebatida, le seguirían prestando apoyo e
impedirían su derrumbamiento.
Además, el embate luce desenfocado comoquiera que no
combate las razones genuinas mediante las cuales el
Tribunal descartó la existencia del contrato de agencia
comercial, sino otras.
En efecto, aunque ese fallador coligió que la labor de
promoción del agente consiste solo en «la implementación de
una estrategia de mercadeo o marketing de los productos del
agenciado», no fue esa la razón por la que descartó la
existencia de la agencia comercial para la venta de
fertilizantes, sino porque extrañó soporte del encargo y de las
actividades de mercadeo adelantadas por Ruth Díaz con el
propósito de ampliar o fortalecer la clientela de los
fertilizantes de Caficauca en Popayán, toda vez que dedujo
que «la actora no realizó labores de promoción o explotación
de fertilizantes, ni tampoco los posicionó en el mercado, ni
gestionó la publicidad de los mismos como estrategia de
mercadeo»; a pesar de ello, el ataque censura el primer
argumento y no este último aun cuando, en estricto sentido,
fue el que lo condujo a descartar la existencia de la agencia
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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comercial para la venta de fertilizantes, lo cual significa que
la arremetida desfiguró el razonamiento cardinal del
sentenciador.
Así mismo, la crítica casacional reprocha la errónea
interpretación del artículo 1321 ibidem, relativo a la forma en
que el agente debe cumplir el encargo hecho por el
empresario agenciado, pero no demuestra la indebida
interpretación que le atribuye al Tribunal, ni la incidencia
que ello habría tenido en el resultado, toda vez que este solo
hizo alusión a ese precepto para decir que el agente debe
informar al agenciado sobre las condiciones del mercado en
la zona asignada y hacerle saber lo que resulte necesario para
que este pueda valorar la conveniencia de cada negocio,
razonamiento que es concordante con el texto de la citada
disposición legal, sin que la expresión «permitiendo al
agenciado conocer el comportamiento del consumidor con el fin
de adecuar el producto a las especiales exigencias del mismo»,
contradiga el sentido de tal pauta o haya determinado el
sentido de la decisión.
En ese sentido, fluye no focalizado el argumento
medular del fallador combatido, pues la censura le reprocha
al Tribunal conclusiones jurídicas distintas a las que este
adoptó de cara a los elementos esenciales del contrato de
agencia que alegó la accionante.
En últimas, tampoco se demuestra la existencia de los
yerros jurídicos endilgados al ad quem en torno a la
calificación de los requisitos necesarios para que se configure
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
88
una relación de agencia comercial. Ello, porque el Tribunal
estableció que, según el artículo 1317 del Código de
Comercio, la relación de agencia comercial se manifiesta
mediante el encargo de promover o explotar negocios en un
determinado ramo y dentro de una zona prefijada, solo que
no halló soporte de que la labor desplegada por la accionante
encuadrara en esos supuestos, lo cual significa que dicha
exégesis no excedió el ámbito de la norma, situación que
descarta que esta haya sido infringida. Finalmente, como el
fallador plural desvirtuó la existencia de un contrato de
agencia comercial de hecho entre las partes para la venta de
fertilizantes, ello hacía nugatoria la aplicación de los
artículos 1324 y 1331 ibidem, que solo podían actuar en
cuanto se demostrara que hubo tal relación negocial.
4.2. El revés del segundo ataque resulta inevitable,
comoquiera que también exhibe deficiencias técnicas, habida
cuenta que es impreciso porque aduce que el Tribunal pasó
por alto la prueba sobre la determinación de la zona prefijada
para la realización del encargo y la duración del contrato, a
pesar de que Ruth Díaz, que es la accionante, se refirió sobre
ello, y algunos testigos y documentos soportan su exposición,
pero omite la labor de contraste entre lo que revelan tales
piezas respecto de dichos elementos axiológicos del contrato
de agencia mercantil y aquello que en contravía extrajo el
sentenciador.
En ese sentido, es vaga la exposición de la recurrente
porque se limita a decir que de lo dicho por Juan Carlos
Gañan, Alex Astudillo, Ever Trochez Larrahondo, Ary
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
89
Quijano Pardo y Carlos Andrés Sarria no era posible
establecer, pero tampoco descartar las labores de promoción
adelantadas por la impulsora, ni mucho menos desvirtuar lo
atinente a la zona prefijada para la realización del encargo,
de ahí lo fútil del reproche, pues la conclusión que plantea
en nada varía la conclusión del Tribunal respecto de que no
se probó las labores de promoción desplegadas por la actora.
Igualmente, censura la indebida ponderación de la
declaración rendida por Augusto Ortiz y aduce que, si bien
su relato fue contradictorio con el de los anteriores
deponentes, el Tribunal debió creerle a él, toda vez que para
la época fungía como representante legal de Caficauca y, por
tanto, podía dar razón de las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que transcurrió la relación comercial establecida
entre las partes para la gestión de fertilizantes a nombre de
la Cooperativa. No obstante, la crítica deja de confrontar las
verdaderas razones que expuso el ad quem para restarle
credibilidad a lo dicho por este declarante respecto a la
naturaleza jurídica del negocio de la venta de fertilizantes.
Al efecto, dicho fallador indicó que, aunque Augusto
Ortiz se esforzó por respaldar la tesis de la accionante, en
todo caso, no hizo una descripción de las actividades de
mercadeo por esta realizadas por Ruth Díaz con el fin de
ampliar o fortalecer la clientela de los fertilizantes.
Al respecto, el Tribunal estableció que:
Las labores personales de capacitación, la distribución de folletos
y cartillas elaboradas por la Cooperativa de Caficultores del Cauca
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
90
y Monómeros, como instructivos para el uso de los fertilizantes,
constituye una actividad propia del giro ordinario de una persona
dedicada a la venta de fertilizantes, pues es sabido que el
consumidor acude al conocimiento del vendedor para obtener una
asesoría mínima sobre la utilidad del producto, forma de uso y
demás inquietudes que surjan al eventual comprador, por lo que
resulta apenas lógico pensar que el vendedor está en la capacidad
de atender los requerimientos del cliente, sin que por esto pueda
predicarse una labor de promoción o explotación propia del
contrato de agencia comercial.
Resulta ostensible, entonces, que la casacionista
cuestiona al ad quem por no creerle a Augusto Ortiz, pero
omite refutar la tesis toral de ese juzgador a partir de la cual
estableció que la versión de ese testigo era insuficiente para
dar por establecidos los elementos de la agencia comercial,
ya que se limita a insistir en que debió basarse en esa prueba
para constatar los axiomas del verdadero negocio que hubo
entre las partes sobre fertilizantes.
Es tal la imprecisión del embate que al final denuncia
que la pifia se estructuró porque el ad quem no vio que la
declaración de Augusto Ortiz concuerda con las demás
pruebas que hay en el expediente, pero no dice cuáles, sino
que se queda en simples generalidades, de ahí la falta de
claridad y de precisión que rodea a la arremetida.
La crítica que hace la casacionista sobre la valoración
hecha por el ad quem respecto del acta nº 74 de 31 de agosto
de 2006 del Consejo de Administración Caficauca, también
carece de precisión, toda vez que se omite la labor de
contraste entre lo que revela esa prueba y lo que al respecto
debió extraer el sentenciador, pues el argumento con el que
se busca derruir las conclusiones extraídas a partir de esa
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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pieza no es más que un planteamiento alterno con el que
busca obtener una lectura distinta a la que hizo el fallador
de segundo grado de tal documento, lo cual conspira contra
el fin prístino del recurso extraordinario de casación.
Esa misma deficiencia se percibe en el reparo mediante
el cual se denuncia la supresión de diversas pruebas, a
saber, la valla publicitaria ubicada por la agente «en la parte
exterior de Popayán» donde claramente promocionaba la
venta de fertilizantes, el informe de gestión de la Cooperativa
durante el año 2009 donde se relatan las actividades
promocionales realizadas por las agencias para la venta de
fertilizantes. Lo anterior porque no hizo la labor de cotejo
entre el contenido objetivo de esos medios y lo que según dice
extrajo en contravía el Tribunal, sino que transcribió lo que
de tales piezas dedujo el juzgador de primera instancia y en
ello agotó todo su esfuerzo la casacionista, por lo que su tesis
no pasa de ser nuevamente una crítica a la tesis del ad quem,
sin el poder persuasivo, ni la fuerza suficiente para mostrarle
a la Corte el desacierto en la ponderación de los referidos
medios de juicio, ni mucho menos la trascendencia que dicho
dislate habría tenido en la solución de la pendencia.
De igual manera, no se demuestra el error de hecho en
que habría incurrido el Tribunal al descartar las exigencias
impuestas por el artículo 1321 del Código de Comercio
respecto de la información que la agente le entrega a la
agenciada en el contrato de agencia comercial, y que, según
la recurrente, está soportada a folios 470 a 472 del
expediente, pues, aunque allí milita copia de un registro de
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asistencia a una reunión convocada por Caficauca el 1 de
marzo de 2011, y se relaciona a Ruth Díaz, tal pieza no
contiene información detallada sobre los temas que habrían
sido tratados en las reuniones respectivas, de ahí que sea
insuficiente para establecer que la accionante le entregaba
información a Caficauca sobre las condiciones del mercado
en la zona asignada; luego, tampoco se puede sindicar al
fallador de haber omitido esa comunicación.
En todo caso, si se aceptara que ese soporte acredita que
Ruth Díaz informaba a la convocada a cerca de las
condiciones del mercado en la agencia Popayán 2, ese solo
hecho sería insuficiente para dar por establecida la existencia
del contrato de agencia comercial de hecho, toda vez que los
demás elementos de esa relación jurídica fueron descartados
por el Tribunal, sin que las conclusiones que sustentan tales
razonamientos hayan sido desvirtuadas por la recurrente en
sede de casación. Luego, en últimas, de haber existido error
en la ponderación objetiva de las referidas actas, el yerro sería
fútil, pues no derrumbaría la sentencia confutada.
Desde esa perspectiva, resulta claro que ninguno de los
ataques del segundo cargo se impone sobre las deducciones
del Tribunal, máxime cuando en algunos apartes incurre en
entremezclamiento de errores porque lo acusa de no haber
ponderado las pruebas en conjunto, sin advertir que tal
crítica debió ser formulada a través del error de derecho, toda
vez que tiene que ver con la ponderación jurídica realizada por
el ad quem sobre los insumos demostrativos.
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5. En síntesis, los ataques no progresan.
CARGO QUINTO DE LA DEMANDA DE CASACIÓN
PRESENTADA POR LA ACCIONANTE RUTH
ELIZABETH DÍAZ VILLAREAL
Invoca la violación directa del artículo 884 del Código
de Comercio, por falta de aplicación, en relación con los
artículos 1608, 1613, 1615 y 1617 del Código Civil.
Aduce que se pasó por alto la mora en las prestaciones
dinerarias y la obligación de indemnizar los perjuicios
generados por ella mediante los intereses sancionatorios
establecidos en la ley. El artículo 1608 establece las situaciones
en que el deudor está en mora; el artículo 1613 ejusdem
dispone que la indemnización de perjuicios comprende el daño
emergente y el lucro cesante; el artículo 1615 ibidem prevé que
la reparación debe hacerse desde que el deudor es constituido
en mora; y el artículo 1617 advierte que el resarcimiento por
mora en obligaciones dinerarias debe hacerse con el pago de
intereses.
Por tanto, cuando el deudor está en mora debe
indemnizar intereses sancionatorios y si las partes no han
fijado una tasa se debe aplicar la prevista en el artículo 884 del
Código de Comercio. Aunque el a quo condenó a Caficauca a
pagar $2.121’748.134 por la comisión del contrato de agencia
comercial e intereses de mora a la tasa máxima prevista en la
citada disposición, a partir del día siguiente a la terminación
del contrato, el Tribunal sorpresivamente guardó silencio sobre
esta prestación accesoria y, en su defecto, ordenó indexación
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de la condena, con lo cual quebrantó la citada pauta legal, a
pesar que ha debido proveer en tal sentido, cuando menos
desde la reconvención judicial, empero, al omitir tal
proveimiento afectó gravemente los intereses de la accionante.
CONSIDERACIONES
1. En materia contractual unos son los efectos generados
por el incumplimiento y otros los que causa la mora, pues
producido el primero surge para el acreedor la posibilidad de
exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación
insatisfecha. En cambio, ocurrida la segunda situación, este
debe indemnizarle a aquel los perjuicios ocasionados.
De modo que, si el acreedor solicita lo primero sin
comprender lo segundo, no es presupuesto de su reclamación
que el deudor se encuentre en mora. Empero, si lo que busca
es el resarcimiento del daño, o su pretensión comprende tal
reparación, si es indispensable la presencia de la prenotada
exigencia, lo que en el ámbito del derecho civil se impone por
fuerza de los artículos 1613 y 1615 del Código Civil, pues el
primero de ellos dispone que la indemnización de perjuicios
abarca tanto el daño emergente como el lucro cesante, ya sea
por haberse incumplido la obligación o si se ejecutó de forma
imperfecta o atrasada, excepto cuando la ley la limita al daño
emergente, mientras que el segundo advierte que «[s]e debe la
indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha
constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde
el momento de la contravención».
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
95
Al lado de esos preceptos, y en ese mismo sistema
jurídico, el artículo 1617 ibidem dice que «[s]i la obligación es
de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de
perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:» y en
la prevista en el numeral segundo indica que «[e]l acreedor no
tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra
intereses (…)», pauta que resulta aplicable cuando solo se
pretende el rendimiento financiero de la prestación dineraria
reclamada por el acreedor al deudor y no otra clase de
perjuicios derivados del incumplimiento de ese débito, en
cuyo caso el reconocimiento de tales intereses o frutos del
dinero cumplirá la función resarcitoria integral (art. 16 Ley
446 de 1998 y 283 C.G.P.).
Recientemente, en CSJ SC1170-2022, se reiteró la
distinción entre incumplimiento y mora, así:
¿Qué es la mora? Es un incumplimiento calificado que produce
ciertas consecuencias jurídicas. No todo incumplimiento produce
mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento. Los efectos del
incumplimiento son unos, los de la mora son otros. En consecuencia,
lo que el artículo 1609 dice es que en los contratos bilaterales si
ambos han incumplido, de ninguno se podrán predicar los efectos
que surgen de la mora, únicamente se les pueden aplicar los efectos
propios del incumplimiento. ¿Cuáles son los efectos de la mora?
Tres, a saber: 1) Permite cobrar perjuicios (C.C., arts. 1610 y 1615)
2) Hace exigible la
cláusula penal
(C.C., arts. 1594 y 1595); y 3)
Invierte el fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de
la cosa debida (art. 1731 y 1733). Es decir, en los contratos
bilaterales, si ambos contratantes han incumplido -por lo que no se
encuentran en mora, aclara ahora la Corte- ninguno de los dos
puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cláusula
penal y de ninguno de los dos se predican las consecuencias
específicas sobre el riesgo sobreviniente. Eso, y nada más, pero
tampoco nada menos, es lo que dice el artículo 1609. Entonces,
surge el gran interrogante. ¿Se puede exigir judicialmente el
cumplimento de una obligación si el deudor no está en mora? Obvio
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
96
que sí. La exigibilidad surge del incumplimiento, no de la mora. Ello
es claro. Pero si alguna duda quedara sobre el particular, la despeja
el artículo 1594 del Código Civil, que dice: ‘Antes de constituirse el
deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la
obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal…’
¿Puede quedar alguna duda? Antes de constituirse al deudor en
mora el acreedor puede demandar la obligación principal, pero no
puede demandar la pena (CSJ, SC del 7 de diciembre de 1982,
G.J., t. CLXV, págs. 341 a 350; se subraya).
Un importante expositor del derecho civil anota que «la
mora debitoria es el retardo culpable del deudor en el
cumplimiento de su obligación, unido a la reconvención de
parte del deudor»12. Luego, el deudor queda constituido en
mora y responde de los perjuicios ocasionados al acreedor,
cuando este lo ha reconvenido o requerido mediante un acto
formal en el que le exige cumplir la prestación. Como expone
el citado tratadista, «[l]a reconvención indica que el acreedor
no está dispuesto a esperar más y sirve para notificarle al
deudor que su retardo está ocasionándole perjuicios». Lo
anterior es relevante porque tratándose de obligaciones de
dar o de hacer, el deudor queda obligado a indemnizar al
acreedor los perjuicios desde que ha sido constituido en
mora, pero respecto de las prestaciones de no hacer basta la
contravención para que se produzca ese importante efecto
legal, según lo informa el artículo 1615 del Código Civil, que
debe ser armonizado con el artículo 1608 ejusdem.
Precisamente, este último precepto permite inferir que,
por regla general, el deudor es puesto en mora «cuando no ha
cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que
12 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las
obligaciones. Octava edición. Editorial Temis. Bogotá, 2018. Pág. 94.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
97
la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor
para constituirlo en mora» (núm. 1º), pero consagra dos
excepciones, una atinente a que el incumplido estará en tal
situación «cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada
sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin
darla o ejecutarla» (núm. 2º) y la otra que advierte que «[e]n
los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente
reconvenido por el acreedor» (núm. 3º).
Bajo esa óptica, si la situación no encaja en la regla
general, ni la primera de las aludidas excepciones, aplicará,
por contera, la segunda de ellas, lo cual significa que el
deudor estará en mora solo cuando «ha sido judicialmente
reconvenido por el acreedor», que es el supuesto previsto en
el numeral tercero, artículo 1608 C.C., sin perder de vista
que, al tenor del artículo 94 del Código General del Proceso,
ello ocurrirá cuando se le notifique el auto admisorio de la
demanda, si no se hubiere efectuado antes, y que, por tanto,
desde ahí debe pagar perjuicios, según lo prevé el artículo
1615 del Código Civil.
En el ámbito mercantil, el artículo 884 ibidem no
contiene la obligación genérica de pagar intereses moratorios
en los negocios regidos por dicho sistema legal, pues para
ello se requiere una fuente contractual (accidentalia negotia)
o legal de la cual dimane esa exigencia. Por eso mismo,
tratándose de deudas dinerarias, a falta de disposición
negocial, así como de regulación especial, como la hay en
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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algunas materias13, ese deber legal se impone al integrar
dicho precepto con las reglas generales de los artículos 1608,
1613, 1615 y 1617 del Código Civil, por virtud de la remisión
expresa permitida en el artículo 822 ibidem.
Con otras palabras, en los negocios mercantiles en que
las partes no hayan convenido intereses de mora y la ley
tampoco supla ese silencio, estos se deducen de armonizar el
artículo 884 del Código de Comercio con las reglas que en
materia civil regulan los perjuicios materiales, sobre todo
porque esa integración es dable en virtud de la remisión
expresa autorizada por el artículo 822 ibidem, que sirve de
puente para acoplar ambas disciplinas jurídicas, pues tal
integración sistemática y lógica pone al descubierto,
ministerio legis, la obligación del deudor de una suma
dineraria de carácter mercantil de pagar intereses
sancionatorios desde que ha incurrido en mora y a partir de
ella, aunado a que el dinero es un bien que está llamado a
producir intereses (CSJ SC1230-2018), lo cual constituye
una regla de la experiencia de indiscutible vigencia.
Sobre ello, un destacado doctrinante del derecho
nacional14 advierte que
[c]iertamente, “legales” son todos los intereses que la ley prevé, o
mejor, aquellos que puede cobrar el acreedor así no haya
13 El artículo 65 de la Ley 45 de 1990 regula la mora del deudor de
obligaciones dinerarias en el ámbito de la intermediación financiera y la
actividad aseguradora.
14 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones. Tomo I.
Tercera edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2015. Págs.
175-176.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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estipulación al respecto; solo que, como bien se sabe, en caso de
mora se deben de suyo intereses, en últimas los señalados por el
ordenamiento al efecto (arts. 1617 C.C.; 884 C.Co), en tanto que
los remuneratorios son excepcionales y no se causan sino delante
de estipulación o de disposición legal a propósito.
2. La recurrente sindica al Tribunal de violar
directamente la ley sustancial por no haber autorizado
intereses moratorios sobre el valor de la utilidad reconocida
por la venta de fertilizantes, y aduce que esa determinación
la privó de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos
por la mora de Caficauca, al no haberle retribuido tempestiva
y monetariamente dicha actividad.
Frente a ello, observa la Corte que el ad quem condenó
a Caficauca a pagarle a la accionante $2.121’748.134 por la
utilidad derivada del acuerdo de venta de fertilizantes, y
actualizó ese valor desde el 24 de diciembre de 2013, cuando
se terminó el contrato, al 11 de junio de 2021, es decir, hasta
la fecha del fallo de segundo grado, para lo cual aplicó el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y obtuvo
$2.902’602.651. Finalmente, dispuso que, a partir de la
firmeza de esa decisión, sobre dicha utilidad se causarán
intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera, hasta su pago efectivo.
Ese panorama de inmediato revela la infracción directa
del artículo 884 del Código de Comercio, por falta de
aplicación, toda vez que el Tribunal lo dejó de lado e indexó
la utilidad reconocida, sin advertir que, al tratarse de una
obligación dineraria que nació en una relación material de
carácter comercial, era dable hacer actuar tal disposición en
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100
concordancia con los artículos 1608, 1613, 1615 y 1617 del
Código Civil, la cual no solo servía para actualizar el valor de
la utilidad tasada a favor de Ruth Díaz por la venta de
fertilizantes, sino también para indemnizarle los perjuicios
generados por el no pago oportuno de esa contraprestación
monetaria, de ahí el acierto del recurrente que, al sustentar
su acusación, enlazó esas normas jurídicas.
Desde esa perspectiva, dada la pertinencia el artículo
884 del Código de Comercio, debido al carácter mercantil del
negocio de venta de fertilizantes que generó la utilidad,
aspecto sobre el cual no hay discusión, y de conformidad con
el numeral tercero del artículo 1608 del Código Civil,
procedía el pago de intereses sancionatorios desde que la
accionante reconvino judicialmente a Caficauca, porque
desde ahí la constituyó en mora, según lo previene el artículo
1615 de la misma obra, aunado a que, al tenor del numeral
2º del artículo 1617 ejusdem, «[e]l acreedor no tiene necesidad
de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses (…)».
Esta Corte ha establecido que la constitución en mora,
respecto de una suma dineraria, parte de la base de que haya
una obligación cierta e indiscutida. Al efecto, en CSJ SC 27
ago. 1930 argumentó que «la mora en el pago solo llega a
producirse cuando existe en firme una suma líquida, a cargo
del deudor» (G. J. T. XXXVIII, pág. 128), postura reiterada varias
décadas después en SC 10 jul. 1995, rad. 4540 dado que allí
enfatizó que «la mora, si la obligación es dineraria supone,
necesariamente, que se encuentre plenamente determinada, es
decir que con certeza se halle establecido cuál es su monto,
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101
asunto éste sobre el cual, desde antiguo tiene dicho la Corte que
"la mora en el pago solo llega a producirse cuando exista en
firme una suma líquida».
Años más tarde, en CSJ SC 3 nov. 2010, rad. 2000-
03315 01, reiterada en CSJ SC14 dic. 2011, rad. 2001 01489
01, se afianzó esa tesis, pues allí se indicó que,
(…) la constitución en mora supone la existencia cierta e
indiscutida de la respectiva obligación, lo cual no puede predicarse
cuando, para la época de las facturas, se controvertían sus
elementos, en concreto, el quantum de la misma. De ahí que la
Corte tiene explicado que la “mora en el pago solo llega a
producirse cuando existe en firme una suma líquida”15,
proyectada, obviamente, como es natural entenderlo, a la
fecha de notificación de la demanda, según el artículo 90,
inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que no
ha mediado reconvención judicial previa o se establece que no se
trata de una mora automática.
Esta hermenéutica, que constituye doctrina probable
según el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, no riñe con lo
expuesto en CSJ SC 5217-2019 y en SC1947-2021, toda vez
que en estos dos proveimientos se hizo rectificación
doctrinaria exclusivamente sobre la interpretación del artículo
1080 del Código de Comercio en punto de la mora en el pago
de indemnizaciones y sumas en el contrato de seguro, ya que:
(…) la constitución en mora, según la transcrita previsión del
artículo 1608 del Código Civil, debe estar expresamente prevista
en las normas positivas, sin que en materia de seguros haya una
que imponga la satisfacción de tal formalidad en el supuesto de
que el asegurador no pague la prestación a su cargo, lo que
descarta la aplicabilidad de las normas en precedencia
especificadas.
Estimar que con la notificación del auto admisorio de la demanda
15 Sentencia SC 063 10 jul. 1995 (CCXXXVII-72), reiteró doctrina
anterior.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
102
en la que se reclama a la aseguradora la indemnización a su cargo,
sobreviene la mora de esta última, como cuestión automática,
comporta en un buen número de casos, anticipar indebidamente el
momento en que ello tiene ocurrencia, pues como ya se analizó, la
demostración del siniestro y de la cuantía de la pérdida puede ser
resultado de la actividad probatoria cumplida en el proceso,
incluso, en segunda instancia, comprobaciones que son necesarias
para computar el mes previsto en el artículo 1080 del estatuto
mercantil, cuyo vencimiento fija la mora del asegurador y, por
ende, el momento desde el cual éste queda obligado al pago de
intereses de tal linaje.
A tono con los anteriores lineamientos, se debe concluir
que en este caso, donde se reclamó el cumplimiento de una
obligación positiva, específicamente la de pagar una suma
dineraria proveniente de una relación contractual de carácter
mercantil, distinta a un contrato de seguro, la cual fue
plenamente determinada en el libelo a través del dictamen
pericial que aportó la accionante para tasar el valor de la
utilidad pretendida, los intereses moratorios se imponían a
partir de la notificación de la demanda a la parte convocada,
de conformidad con los artículos 1615 del Código Civil y 94
del Código General del Proceso, toda vez que con ese acto
procesal se cumplió la exigencia del ordinal tercero del
artículo 1608 ejusdem, esto es, el requerimiento judicial para
constituir en mora a la deudora, al no haberse establecido
que hubo reconvención judicial previa, ni tratarse de una
mora automática.
Vale la pena insistir en que la convocada quedó en mora
desde que le fue notificada la demanda, habida cuenta que
en esa pieza inaugural se estableció el valor de la utilidad
reclamada por la accionante, lo cual significa que esa
prestación fue definida desde los albores del pleito, sin que
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
103
en el curso del proceso haya sufrido variación, de modo que
su cuantificación no quedó diferida hasta la sentencia, sobre
todo porque el peritaje que la justipreció adquirió firmeza y
fue acogido por el a quo y también por el Tribunal como
parámetro técnico para establecer el quantum de tal
obligación.
2. Esta determinación impedía indexar por separado el
valor de la prenombrada utilidad, dado que el interés
bancario corriente mercantil, que constituye el parámetro
para sancionar la mora de la convocada, en los términos y
límites previstos en el artículo 884 del Código de Comercio,
lleva consigo indización indirecta o vía refleja, de ahí que
acumular ambos sistemas implicaría aceptar una doble
actualización de la respectiva cantidad dineraria, dado que,
se insiste, dicho interés mercantil, sea remuneratorio o
sancionatorio, tiene implícito un componente correctivo, es
decir, una indexación indirecta, según lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta Corte en reiterados fallos (CSJ SC 30
may. 1996, rad. 4602, SC 25 abr. 2003. Rad. 7140, SC 6 jul.
2007, rad. 7504, SC 15 ene. 2009, rad. 2001-00433-01, SC
13 may. 2010, rad. 2001-00161-01 y SC11331-2015).
3. El anterior hallazgo deja al descubierto el yerro
jurídico en que incurrió el ad quem al tasar el valor de la
utilidad derivada de la venta de fertilizantes y, al ser
manifiesto y trascendente, es suficiente para arrasar en ese
aspecto la sentencia confutada, la que, por tanto, será
parcialmente quebrada y, en su lugar, se dictará la de
remplazo que en derecho corresponda.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
104
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. En este evento, la Corte, situada como juez de
instancia, tiene restringida su competencia por el alcance del
único embate que prosperó, de ahí que circunscribirá su
actividad a concretar el valor de los intereses moratorios
causados sobre la utilidad generada por la venta de
fertilizantes realizada por la accionante a nombre de la
demandada, pues, en todo lo demás, la sentencia censurada
en casación se mantiene enhiesta.
Con ese fin, y en culto a la brevedad, se dan por
reproducidos los razonamientos hechos en torno a la
procedencia de tal sanción económica y, en lo que sigue, se
tasarán los intereses sancionatorios, que serán liquidados,
según el artículo 884 del Código de Comercio, a partir del 4
de febrero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2023, con la
precisión que más adelante se hará respecto de los intereses
que se causen con posterioridad hasta el pago total de la
deuda.
La calenda tomada como punto de partida corresponde
a la fecha en que la accionante le notificó a Caficauca el auto
admisorio de la demanda y, por contera, la constituyó en
mora frente al pago de la obligación dineraria generada a su
favor por la venta de fertilizantes (4 feb. 2019), de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1608, ordinal
tercero, y 1615 del Código Civil y el 94 del Código General del
Proceso, al no tratarse de un caso exceptuado de tal exigencia
legis.
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
105
Además, aunque por vía extrajudicial la acreedora le
pidió a Caficauca el pago de la utilidad por la venta de
fertilizantes, lo cual reiteró en la etapa de conciliación
extraprocesal, esos actos no suplen el requerimiento judicial
que como tal es calificado y, por tanto, no puede ser privado
(CSJ SC 3 nov. 2010, rad. 2000-03315 01), exigencia que,
por tanto, solo se satisfizo en la forma y oportunidad prevista
en el artículo 94 del Código General del Proceso, es decir,
cuando se le notificó a la parte convocada el auto admisorio
de la demanda, lo que ocurrió el 4 de febrero de 2019 (fl.223,
c.1), al tenor de lo previsto en el artículo 301 ejusdem, al no
haberse acreditado su realización en una etapa o momento
anterior.
2. Los indicadores económicos se consideran hechos
notorios (art. 180 C.G.P.), por lo que al realizar la advertida
labor la Sala tendrá como base el interés bancario corriente
certificado por la Superintendencia Financiera para cada
periodo, que será aplicado en la forma establecida en el
artículo 884 ibidem, para sancionar la mora de la deudora,
lo cual se efectúa de la siguiente manera:
Desde
(d/m/a)
Hasta
(dd/mm/año
)
Días Tasa
Anual
Tasa
Máxima
Int.
Aplicado
Capital a liquidar interés Mora
Período
Saldo Int. Mora
Subtotal
04/02/2019 28/02/2019 25 29,55 29,55 29,55 $ 2.121.748.134,00 $ 37.637.568,26 $ 37.637.568,26 $ 2.159.385.702,26
01/03/2019 31/03/2019 31 29,06 29,055 29,055 $ 2.121.748.134,00 $ 45.980.237,97 $ 83.617.806,22 $ 2.205.365.940,22
01/04/2019 30/04/2019 30 28,98 28,98 28,98 $ 2.121.748.134,00 $ 44.395.557,76 $ 128.013.363,98 $ 2.249.761.497,98
01/05/2019 31/05/2019 31 29,01 29,01 29,01 $ 2.121.748.134,00 $ 45.917.348,29 $ 173.930.712,27 $ 2.295.678.846,27
01/06/2019 30/06/2019 30 28,95 28,95 28,95 $ 2.121.748.134,00 $ 44.354.962,60 $ 218.285.674,87 $ 2.340.033.808,87
01/07/2019 31/07/2019 31 28,92 28,92 28,92 $ 2.121.748.134,00 $ 45.791.503,28 $ 264.077.178,16 $ 2.385.825.312,16
01/08/2019 31/08/2019 31 28,98 28,98 28,98 $ 2.121.748.134,00 $ 45.875.409,69 $ 309.952.587,84 $ 2.431.700.721,84
01/09/2019 30/09/2019 30 28,98 28,98 28,98 $ 2.121.748.134,00 $ 44.395.557,76 $ 354.348.145,60 $ 2.476.096.279,60
01/10/2019 31/10/2019 31 28,65 28,65 28,65 $ 2.121.748.134,00 $ 45.413.441,92 $ 399.761.587,52 $ 2.521.509.721,52
01/11/2019 30/11/2019 30 28,55 28,545 28,545 $ 2.121.748.134,00 $ 43.806.004,18 $ 443.567.591,70 $ 2.565.315.725,70
01/12/2019 31/12/2019 31 28,37 28,365 28,365 $ 2.121.748.134,00 $ 45.013.517,75 $ 488.581.109,45 $ 2.610.329.243,45
01/01/2020 31/01/2020 31 28,16 28,155 28,155 $ 2.121.748.134,00 $ 44.718.269,75 $ 533.299.379,20 $ 2.655.047.513,20
01/02/2020 29/02/2020 29 28,59 28,59 28,59 $ 2.121.748.134,00 $ 42.404.848,52 $ 575.704.227,72 $ 2.697.452.361,72
01/03/2020 31/03/2020 31 28,43 28,425 28,425 $ 2.121.748.134,00 $ 45.097.785,84 $ 620.802.013,56 $ 2.742.550.147,56
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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En resumen:
Asunto Valor
Capital $ 2.121.748.134,00
Total, Interés Mora $ 2.677.845.597,00
Total, a Pagar $ 4.799.593.731,00
La liquidación de intereses moratorios causados a partir
del 1 de octubre de 2023 y de los que se generen
posteriormente, hasta la solución de la obligación, deberá
ceñirse a las mismas reglas indicadas en esta providencia.
3. En fin, se modificará el fallo de segunda instancia,
según lo expuesto antes, y en lo demás se mantendrá
01/04/2020 30/04/2020 30 28,04 28,035 28,035 $ 2.121.748.134,00 $ 43.112.264,43 $ 663.914.278,00 $ 2.785.662.412,00
01/05/2020 31/05/2020 31 27,29 27,285 27,285 $ 2.121.748.134,00 $ 43.489.937,67 $ 707.404.215,67 $ 2.829.152.349,67
01/06/2020 30/06/2020 30 27,18 27,18 27,18 $ 2.121.748.134,00 $ 41.943.024,00 $ 749.347.239,67 $ 2.871.095.373,67
01/07/2020 31/07/2020 31 27,18 27,18 27,18 $ 2.121.748.134,00 $ 43.341.124,80 $ 792.688.364,48 $ 2.914.436.498,48
01/08/2020 31/08/2020 31 27,44 27,435 27,435 $ 2.121.748.134,00 $ 43.702.315,26 $ 836.390.679,74 $ 2.958.138.813,74
01/09/2020 30/09/2020 30 27,53 27,525 27,525 $ 2.121.748.134,00 $ 42.415.763,40 $ 878.806.443,14 $ 3.000.554.577,14
01/10/2020 31/10/2020 31 27,14 27,135 27,135 $ 2.121.748.134,00 $ 43.277.310,35 $ 922.083.753,49 $ 3.043.831.887,49
01/11/2020 30/11/2020 30 26,76 26,76 26,76 $ 2.121.748.134,00 $ 41.365.786,03 $ 963.449.539,52 $ 3.085.197.673,52
01/12/2020 31/12/2020 31 26,19 26,19 26,19 $ 2.121.748.134,00 $ 41.931.977,82 $ 1.005.381.517,33 $ 3.127.129.651,33
01/01/2021 31/01/2021 31 25,98 25,98 25,98 $ 2.121.748.134,00 $ 41.631.650,79 $ 1.047.013.168,12 $ 3.168.761.302,12
01/02/2021 28/02/2021 28 26,31 26,31 26,31 $ 2.121.748.134,00 $ 38.028.849,92 $ 1.085.042.018,04 $ 3.206.790.152,04
01/03/2021 31/03/2021 31 26,12 26,115 26,115 $ 2.121.748.134,00 $ 41.824.775,42 $ 1.126.866.793,46 $ 3.248.614.927,46
01/04/2021 30/04/2021 30 25,97 25,965 25,965 $ 2.121.748.134,00 $ 40.267.915,89 $ 1.167.134.709,35 $ 3.288.882.843,35
01/05/2021 31/05/2021 31 25,83 25,83 25,83 $ 2.121.748.134,00 $ 41.416.825,66 $ 1.208.551.535,01 $ 3.330.299.669,01
01/06/2021 30/06/2021 30 25,82 25,815 25,815 $ 2.121.748.134,00 $ 40.059.995,90 $ 1.248.611.530,91 $ 3.370.359.664,91
01/07/2021 31/07/2021 31 25,77 25,77 25,77 $ 2.121.748.134,00 $ 41.330.824,09 $ 1.289.942.355,00 $ 3.411.690.489,00
01/08/2021 31/08/2021 31 25,86 25,86 25,86 $ 2.121.748.134,00 $ 41.459.811,11 $ 1.331.402.166,11 $ 3.453.150.300,11
01/09/2021 30/09/2021 30 25,79 25,785 25,785 $ 2.121.748.134,00 $ 40.018.382,24 $ 1.371.420.548,35 $ 3.493.168.682,35
01/10/2021 31/10/2021 31 25,62 25,62 25,62 $ 2.121.748.134,00 $ 41.115.641,03 $ 1.412.536.189,38 $ 3.534.284.323,38
01/11/2021 30/11/2021 30 25,91 25,905 25,905 $ 2.121.748.134,00 $ 40.184.777,54 $ 1.452.720.966,92 $ 3.574.469.100,92
01/12/2021 31/12/2021 31 26,19 26,19 26,19 $ 2.121.748.134,00 $ 41.931.977,82 $ 1.494.652.944,74 $ 3.616.401.078,74
01/01/2022 31/01/2022 31 26,49 26,49 26,49 $ 2.121.748.134,00 $ 42.360.152,95 $ 1.537.013.097,68 $ 3.658.761.231,68
01/02/2022 28/02/2022 28 27,45 27,45 27,45 $ 2.121.748.134,00 $ 39.492.229,05 $ 1.576.505.326,73 $ 3.698.253.460,73
01/03/2022 31/03/2022 31 27,71 27,705 27,705 $ 2.121.748.134,00 $ 44.083.967,44 $ 1.620.589.294,17 $ 3.742.337.428,17
01/04/2022 30/04/2022 30 28,58 28,575 28,575 $ 2.121.748.134,00 $ 43.846.726,88 $ 1.664.436.021,05 $ 3.786.184.155,05
01/05/2022 31/05/2022 31 29,57 29,565 29,565 $ 2.121.748.134,00 $ 46.691.463,15 $ 1.711.127.484,20 $ 3.832.875.618,20
01/06/2022 30/06/2022 30 30,6 30,6 30,6 $ 2.121.748.134,00 $ 46.573.828,54 $ 1.757.701.312,74 $ 3.879.449.446,74
01/07/2022 31/07/2022 31 31,92 31,92 31,92 $ 2.121.748.134,00 $ 49.939.847,64 $ 1.807.641.160,39 $ 3.929.389.294,39
01/08/2022 31/08/2022 31 33,32 33,315 33,315 $ 2.121.748.134,00 $ 51.836.885,12 $ 1.859.478.045,50 $ 3.981.226.179,50
01/09/2022 30/09/2022 30 35,25 35,25 35,25 $ 2.121.748.134,00 $ 52.679.750,72 $ 1.912.157.796,22 $ 4.033.905.930,22
01/10/2022 31/10/2022 31 36,92 36,915 36,915 $ 2.121.748.134,00 $ 56.642.459,17 $ 1.968.800.255,39 $ 4.090.548.389,39
01/11/2022 30/11/2022 30 38,67 38,67 38,67 $ 2.121.748.134,00 $ 57.038.393,56 $ 2.025.838.648,95 $ 4.147.586.782,95
01/12/2022 31/12/2022 31 41,46 41,46 41,46 $ 2.121.748.134,00 $ 62.532.633,82 $ 2.088.371.282,77 $ 4.210.119.416,77
01/01/2023 31/01/2023 31 43,26 43,26 43,26 $ 2.121.748.134,00 $ 64.813.360,21 $ 2.153.184.642,98 $ 4.274.932.776,98
01/02/2023 28/02/2023 28 45,27 45,27 45,27 $ 2.121.748.134,00 $ 60.811.158,45 $ 2.213.995.801,44 $ 4.335.743.935,44
01/03/2023 31/03/2023 31 46,26 46,26 46,26 $ 2.121.748.134,00 $ 68.551.804,84 $ 2.282.547.606,27 $ 4.404.295.740,27
01/04/2023 30/04/2023 30 46,95 46,95 46,95 $ 2.121.748.134,00 $ 67.162.090,53 $ 2.349.709.696,80 $ 4.471.457.830,80
01/05/2023 31/05/2023 31 45,41 45,405 45,405 $ 2.121.748.134,00 $ 67.494.197,13 $ 2.417.203.893,93 $ 4.538.952.027,93
01/06/2023 30/06/2023 30 44,64 44,64 44,64 $ 2.121.748.134,00 $ 64.396.109,31 $ 2.481.600.003,24 $ 4.603.348.137,24
01/07/2023 31/07/2023 31 46,79 46,785 46,785 $ 2.121.748.134,00 $ 69.198.162,10 $ 2.550.798.165,34 $ 4.672.546.299,34
01/08/2023 31/08/2023 31 44,06 44,055 44,055 $ 2.121.748.134,00 $ 65.811.597,12 $ 2.616.609.762,46 $ 4.738.357.896,46
01/09/2023 30/09/2023 30 42,05 42,045 42,045 $ 2.121.748.134,00 $ 61.235.834,54 $ 2.677.845.597,00 $ 4.799.593.731,00
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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incólume, para lo cual se reproducirá la decisión que no
sufrió alteración y en la resolutiva se harán los ajustes a que
haya lugar.
4. Según el numeral 1º, artículo 365 del Código General
del Proceso, se condenará en costas de ambas instancias a
la demandada, por lo que el Magistrado Ponente fijará las
agencias en derecho de la última de esas fases.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 11 de
junio de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso
promovido por Ruth Elizabeth Díaz Villareal contra la
Cooperativa de Caficultores del Cauca-Caficauca.
Sin costas en casación.
Y situada en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte
resolutiva de la sentencia de 17 de febrero de 2020, el cual
quedará así:
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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“Primero. Declarar no probadas las excepciones de mérito de
prescripción de las pretensiones derivadas del supuesto
contrato de agencia comercial para la venta de fertilizantes y
simulación del contrato de agencia comercial para la compra
de café celebrado entre Ruth Elizabet Díaz Villareal y la
Cooperativa de Caficultores del Cauca, propuestas por la
demandada”.
“Declarar probada la excepción denominada inexistencia del
contrato de agencia comercial para la venta de fertilizantes
entre la cooperativa de caficultores del cauca y ruth Elizabeth
díaz villarreal, propuesta por la parte demandada”.
SEGUNDO. REVOCAR el literal b), del ordinal tercero de
la parte resolutiva de la sentencia apelada, atinente a la
declaratoria de existencia de un contrato de agencia
comercial para la venta de fertilizantes. En su lugar, se
declara la existencia de un acuerdo de venta de fertilizantes
entre Ruth Elizabeth Diaz Villarreal y la Cooperativa de
Caficultores del Cauca, desde el 30 de octubre de 2005 hasta
el 27 de junio de 2013.
TERCERO. REVOCAR el numeral III) del ordinal cuarto
de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar,
condenar a la Cooperativa de Caficultores del Cauca a pagar
en favor de Ruth Elizabeth Díaz Villareal, por concepto de
utilidad o ganancia derivada del acuerdo de venta de
fertilizantes a nombre de CAFICAUCA, una vez cobre firmeza
esta decisión, dos mil ciento veintiún millones setecientos
cuarenta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos
($2.121’748.134), por concepto de utilidad generada por la
venta de fertilizantes, más dos mil seiscientos setenta y siete
millones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos
noventa y siete pesos ($2.677’845.597), correspondientes a
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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los intereses moratorios sobre aquella suma, liquidados a la
tasa máxima legal comercial y causados desde el 4 de febrero
de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2023. A partir del 1º
de octubre de 2023 seguirán causándose, hasta tanto se
efectué el pago a la acreedora, según lo expuesto en esta
providencia.
CUARTO. Revocar el numeral quinto de la parte
resolutiva de la sentencia 17 de febrero de 2020 y, en
consecuencia, denegar cualquier reconocimiento derivado de
la aplicación del artículo 1324 del Código de Comercio.
QUINTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia
apelada.
SEXTO. Costas de ambas instancias a cargo de la
demandada, a favor de la contraparte. Inclúyase en las de
segunda ($7’500.000) por agencias en derecho, que fija el
Magistrado ponente.
Tómense las anotaciones pertinentes, por secretaría, y,
en oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de
origen.
NOTIFÍQUESE,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
Radicación n° 19001-31-03-006-2019-00022-01
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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