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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC494-2023
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
(Aprobado en sesión de treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Claudia Eloísa Villamarín Martínez frente a
la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta, en el proceso verbal que aquella promovió contra
Melvin Hurtado Hernández y otros1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La actora pidió declarar la simulación absoluta de once
contratos de compraventa, mediante los cuales Melvin
1 La parte demandada está integrada por Melvin Hurtado Hernández, Elver Bladimir Hurtado Hernández,
Luz Marina Hurtado Hernández, Nubia Claros Romero, Elibia Ortiz Corzo, Lubdy Vega Pérez, Maritza
Pabón Romero, Álvaro José Toloza, Luz Marina Rubio, Sor Daniela Pérez y la sociedad Tectres S.A.S.
(antes Melvin Hurtado S.A.S.), quienes fueron incluidos en la reforma de la demanda, admitida mediante
proveído de 4 de diciembre de 2017 (f. 432 y ss., cd. principal 1).
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Hurtado Hernández transfirió a los convocados sendos
inmuebles, pertenecientes a la sociedad conyugal que había
constituido con la señora Villamarín Martínez.
Consecuencialmente, solicitó «declarar que no producen
efecto alguno los negocios jurídicos de compraventa», así como
«ordenar la cancelación» de las escrituras públicas contentivas
de los acuerdos simulados.
2. Fundamento fáctico.
2.1. Los señores Villamarín Martínez y Hurtado
Hernández contrajeron nupcias el 8 de febrero de 1994.
2.2. La sociedad conyugal que surgió de ese
matrimonio fue disuelta y liquidada, de mutuo acuerdo,
mediante escritura pública n.º 459 de 6 de febrero de 2013,
otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta. En
ese acto, los esposos –que mantuvieron vigente su vínculo–
declararon ser propietarios de un apartamento, tres lotes y
varios muebles y enseres, avaluados en $320.000.000.
2.3. Meses más tarde, la actora descubrió que, durante
la vigencia de su sociedad conyugal, su cónyuge había
adquirido once inmuebles adicionales a los que se
relacionaron en aquel acto de disolución y liquidación, los
cuales fueron transferidos a terceras personas «mediante
negocios jurídicos simulados», conforme la relación que sigue:
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N.° E. P. FECHA VENDEDOR COMPRADOR OBJETO
1 4996 6/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elver Bladimir
Hurtado Hernández
Lote Monte de los
Olivos (50%)
FMI 314-52757
2 4996 6/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elver Bladimir
Hurtado Hernández
Lote El Sinaí (50%)
FMI 314-52758
3 4996 6/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elver Bladimir
Hurtado Hernández
Casa Los Molinos
(50% nuda prop.)
FMI 300-67862
4 4996 6/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elver Bladimir
Hurtado Hernández
Lote Villa Amelia
(50% nuda prop.)
FMI 314-52756
5 1737 1/11/12
Melvin Hurtado
Hernández
Nubia Andrea Claros
Lote 1 Barrio Villa
San Juan
FMI 410-61164
6 1936 30/11/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elver Bladimir
Hurtado Hernández
Lote 2 Barrio Villa
San Juan
FMI 410-61165
7 2119 14/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Elibia Ortiz Corzo
Lote 3 Barrio Villa
San Juan
FMI 410-61166
8 8007 5/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Luis Alirio Carreño
Lote 1B Punta
Colorados
FMI 260-275152
9 8007 5/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Luis Alirio Carreño
Lote 2A Punta
Colorados
FMI 260-275153
10 8007 5/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Luis Alirio Carreño
Lote 2B Punta
Colorados
FMI 260-275154
11 8007 5/12/12
Melvin Hurtado
Hernández
Luis Alirio Carreño
Lote 3A Punta
Colorados
FMI 260-275155
2.4. Los indicios constitutivos de simulación son
claros, ya que todos los predios se enajenaron entre el 1.° de
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noviembre de 2012 y el 31 de enero de 2013, época posterior
al resquebrajamiento de la relación marital, debido a
múltiples actos de violencia intrafamiliar.
2.5. Además, los bienes se transfirieron a familiares y
personas cercanas al señor Hurtado Hernández, y el precio
de las compraventas fue notoriamente bajo, es decir, los
inmuebles «fueron vendidos por sumas absolutamente menores a
aquellas que verdaderamente es su precio».
2.6. La conducta posterior de los convocados también
es indicativa de simulación, pues tras la liquidación de la
sociedad conyugal, los predios fueron devueltos a su anterior
dueño, «o a las personas que éste indicó», a través de contratos
suscritos «el mismo día, ante la misma notaría».
2.7. Comoquiera que el aparente vendedor no tenía
ánimo de desprenderse de su derecho de propiedad –sino que
pretendía defraudar a su cónyuge–, es imperativo declarar la
simulación absoluta de los contratos atacados, de modo que
los activos retornen al patrimonio social y puedan ser objeto
de una justa partición.
3. Actuación procesal.
3.1. La mayoría de los demandados comparecieron
oportunamente al proceso para ejercer su defensa:
(i) Álvaro José Toloza Yáñez y Luz Marina Rubio
Vargas, convocados por haber adquirido los Lotes 3A y 2B de
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Punta Colorados, excepcionaron «buena fe» e «inexistencia del acto
simulado», con fundamento en que, si bien las escrituras n.º
1799 de 7 de septiembre de 2016 y 1993 de 29 de septiembre
de 2016 se suscribieron por un valor de $31.000.000, el
precio real pactado y efectivamente pagado por cada
inmueble fue de $130.000.000.
Manifestaron ignorar la existencia de cualquier tipo de
irregularidad de las operaciones de compraventa, debiéndose
tener en cuenta que los folios de matrícula no permitían
evidenciar actividades anormales. A ello agregaron que «tan
real y cierto es el negocio jurídico celebrado sobre los bienes», que
construyeron dos viviendas y declararon las mejoras,
enajenándolas con posterioridad a Sor Daniella Pérez Roa y
Nydian Villamizar Molina.
(ii) Luis Alirio Carreño Correa también adujo que la
compraventa de los Lotes 1B, 2A, 2B y 3A de Punta Colorados
fue real. Informó que se desempeñaba como asesor contable
de Melvin Hurtado Hernández, quien se dedica a la
construcción y compraventa de lotes y casas. Sostuvo que en
el año 2012 su cliente vivió una apremiante situación de
iliquidez, por lo que tuvo que prestarle $141.000.000 para
atender sus obligaciones pendientes, siendo las operaciones
cuestionadas una «dación en pago» de esa deuda insoluta.
Posteriormente, consideró desarrollar un proyecto de
construcción, motivo por el cual «le propuso a Melvin Hurtado,
persona con amplia experiencia en esta actividad, constituir una
sociedad aportando los cuatro inmuebles». Habiendo aceptado la
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propuesta, ambos se unieron para crear la sociedad Melvin
Hurtado S.A.S. (hoy Tectres S.A.S.).
(iii) Elver Bladimir Hurtado Hernández, Luz Marina
Hurtado Hernández, Elibia Ortiz Corzo y Maritza Pabón
Romero, contestaron conjuntamente la demanda y
excepcionaron «falta de interés legítimo de la parte actora»; «ausencia
de consilium fraudis en cada uno de los negocios jurídicos que se atacan
por simulación»; y «falta de integración del litisconsorte necesario».
Señalaron que los predios El Monte de los Olivos, El
Sinaí, Los Molinos y Villa Amelia siempre pertenecieron a
Amelia Hernández de Hurtado, «cuya historia y propiedad
efectivas conoce y conoció en todo momento la aquí demandante. Tal la
razón por la que no se relacionaron ni incluyeron en la liquidación de su
sociedad conyugal». También adujeron que los predios, que se
encuentran ubicados en el departamento de Arauca, fueron
objeto de negociaciones serias.
(iv) Lubdy Vega Pérez propuso las defensas
denominadas «la demanda no menciona ningún hecho legal que
pueda restarle validez al negocio jurídico de compraventa celebrado (...)
tres años después de la simulación que se le imputa al demandado
Hurtado Hernández», y «la simulación es inoponible a terceros».
En sustento, anunció que no conocía detalles de «los
acuerdos secretos que hubieran podido existir entre los titulares
anteriores», es decir, Melvin y Elver Bladimir Hurtado
Hernández, y que adquirió el 50% del lote El Sinaí
«considerando la situación que reflejaba la titularidad del bien en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, –fuente de información
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única y segura respecto de la propiedad inmueble en Colombia–». Sobre
el Lote 1B de Punta Colorados, guardó silencio.
(v) El curador ad-litem de Nubia Claros Romero se
limitó a sostener que no le constaban los hechos sobre los
que versa el conflicto.
(vi) Finalmente, Melvin Hurtado Hernández presentó
las defensas de «renuncia por parte de los partícipes de la sociedad
de gananciales al derecho potestativo de reclamar judicial o
extrajudicialmente cualquier pretensión relacionada con la distribución
de bienes efectuada»; «no obstante la distribución de gananciales
efectuada en ejercicio de su voluntad soberana, los partícipes también
renunciaron a gananciales, renuncia que de acuerdo con las reglas de la
lógica y una sana hermenéutica, debe entenderse hecha solo sobre
bienes diferentes a distribuidos»; y «de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia, la simulación es inoponible a terceros».
En punto de lo anterior, explicó que no es cierto que
hubiese «sacado» bienes del haber social, pues los negocios
jurídicos censurados se materializaron antes de la disolución
de la sociedad conyugal, es decir, «en ejercicio de la libre
administración y disposición que cada cónyuge tiene durante el
matrimonio». A ello agregó que los inmuebles El Monte de los
Olivos, El Sinaí, Los Molinos y Villa Amelia siempre han sido
de propiedad de su progenitora, Amelia Hernández de
Hurtado, quien «sin intención de venderlos, sin pactar ni recibir precio
alguno, y con el fin exclusivo de dar a sus hijos capacidad crediticia»,
decidió ponerlos a su nombre, pero solo temporalmente,
conservando para sí la posesión y el poder dispositivo, al
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punto que se reservó el usufructo y únicamente transfirió la
nuda propiedad.
Prueba de ello es que el dominio de esas heredades se
encuentra en la actualidad en cabeza de la señora Hernández
de Hurtado, ya que las escrituras de venta fueron dejadas sin
valor a través de instrumentos públicos de resciliación,
corridos en la Notaría Primera del Círculo de Facatativá el 11
de septiembre de 2017. Asimismo, sostuvo que la actora
tenía conocimiento la situación descrita, por lo que «estuvo de
acuerdo en que esas propiedades no se relacionaran como bienes de la
sociedad conyugal, pues eran bienes que realmente no le pertenecían a
su cónyuge dado que nada había pagado por ellos».
Respecto de los tres lotes ubicados en el Barrio Villa San
Juan, indicó que, al estar ubicados en Arauca, su vigilancia
desde la ciudad de Cúcuta se tornaba muy compleja, lo que
lo motivó a venderlos. Y frente a los cuatro terrenos de Punta
Colorados, adujo que fueron transferidos a Luis Alirio
Carreño en pago de un crédito insoluto.
3.2. El 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Cúcuta negó las pretensiones, pretextando
que la actora había renunciado a «reclamar judicial o
extrajudicialmente cualquier pretensión relacionada con la distribución
de bienes» de la masa de su sociedad conyugal. A ello añadió
que la propia señora Villamarín Martínez renunció a
gananciales, de modo que no tendría ningún interés en
reconstituir el patrimonio de su exesposo.
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La convocante y el demandado Melvin Hurtado
interpusieron sendos recursos de apelación, concedidos ante
la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta. La primera, cuestionando la intelección
que se dio a las estipulaciones décima y decimoprimera de la
escritura contentiva de la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal (la renuncia a gananciales y la cláusula
transaccional); el segundo, insistiendo en la necesidad de
condenar a su contraparte al pago de perjuicios causados por
la medida cautelar de inscripción de la demanda.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante providencia de 23 de septiembre de 2022, el
ad quem confirmó la decisión de primer grado, con apoyo en
los siguientes razonamientos:
(i) Debe recordarse que la autonomía de la voluntad
de los cónyuges les permite pactar ciertas estipulaciones con
incidencia en su comunidad de bienes. Así, pueden liquidarla
de mutuo acuerdo, firmar capitulaciones antes del
matrimonio, o renunciar a gananciales, siendo requisito de
la renuncia que se haga en favor de alguno de los esposos,
pudiendo rescindirse en caso de engaño o error acerca del
verdadero estado de los negocios sociales, como lo establece
el artículo 1838 del Código Civil.
(ii) En ese caso, los esposos Hurtado-Villamarín
«voluntariamente renunciaron a los gananciales de la sociedad
conyugal», declaración de voluntad que se recoge en la
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escritura n.º 459 de 6 de febrero de 2013, «a cuyo contenido
adhirió libremente la demandante». Además, «en la cláusula décima y
undécima de la aludida escritura sus suscriptores convinieron no solo
renunciar a los gananciales, sino también a cualquier acción judicial
posterior tendiente a su recomposición».
(iii) En este juicio la actora pretende desconocer los
efectos de su manifestación de voluntad, pretextando que
pactó las estipulaciones de renuncia bajo el convencimiento
de que la sociedad conyugal no contaba con más bienes que
los inventariados en esa liquidación. No obstante, la
querellante debió demandar la rescisión de la cláusula de
renuncia a los gananciales, en los términos del artículo 1838
del Código Civil, lo que no hizo.
(iv) Habiendo renunciado a gananciales, la señora
Villamarín Martínez carece de legitimación para demandar la
simulación de los negocios de su cónyuge, pues, se insiste,
«lo correcto, lo legítimo, lo apropiado, es que primeramente se enjuicie la
cláusula de renuncia, por modo de verificar si hay lugar a su
infirmación, demostrando los supuestos que para ello exige el canon
1838 citado antes. Y si ese cometido se logra, entonces sí puede darse
al paso siguiente, esto es, cuestionar la seriedad de los negocios
celebrados, vía simulación».
(v) En cuanto a los perjuicios reclamados por el señor
Hurtado Hernández, no aparece prueba de su causación. A
ello se añade que la inscripción de la demanda se materializó
sobre predios que ya no eran de propiedad del apelante, de
modo que este también «carece de legitimación sustancial para
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reclamar la imposición de pago de perjuicios en abstracto, habida cuenta
que si tales perjuicios fueran ciertos no lo tendrían a él como víctima».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su recurso extraordinario la demandante
formuló dos cargos, al amparo de las causales primera y
segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO PRIMERO
Se acusó al ad quem de violar indirectamente el artículo
1838 del Código Civil, como consecuencia de errores de
hecho en la apreciación de las cláusulas décima y
decimoprimera de la escritura pública n.º 459, otorgada el 6
de febrero de 2013 en la Notaría Segunda de Cúcuta,
contentiva de la liquidación de la sociedad conyugal
Villamarín-Hurtado.
Adujo la recurrente que, a través de las mentadas
estipulaciones, «renunció a gananciales y al ejercicio de acciones»; no
obstante, ambos actos quedaron circunscritos a «los créditos,
incrementos o compensaciones que hubieren podido pertenecer a la
sociedad conyugal, renunciando a cualquier acción por tales conceptos,
esto es, cualquier acción encaminada a reclamación de créditos,
incrementos o compensaciones, pero jamás puede entenderse, como lo
hizo el Tribunal, que se renunciaba a acciones encaminadas a reintegrar
a la sociedad conyugal bienes que hubieren sido sacados de manera
fraudulenta por uno de los cónyuges».
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A ello agregó que, en la cláusula decimoprimera, las
partes renunciaron a acciones como la evicción, la lesión
enorme o cualquier otra «que estuviere dirigida a modificar o
desconocer, en todo o en parte, la partición que se verificó en dicha
escritura», de manera que no era viable considerar, como lo
hiciera el Tribunal, que la mentada estipulación se extendió
a bienes que se sustrajeron del patrimonio de los cónyuges y
que, por lo mismo, no pertenecían formalmente a la sociedad
conyugal al momento de su liquidación. Bajo esa óptica, al
no tener derecho a gananciales, no podía renunciar a ellos.
Como colofón, relievó que la hermenéutica que la
colegiatura de segunda instancia hiciera de la cláusula, la
extendía artificialmente «más allá de esa partición», a bienes que
para el momento de contratar ni siquiera integraban el
patrimonio social, lo cual «contraría la elemental lógica y le da a la
prueba un alcance que no tiene, lo que constituye un garrafal error que
cercenó el derecho que sí le asistía a la cónyuge afectada de procurar el
restablecimiento del patrimonio social».
CARGO SEGUNDO
Fincándose ahora en el primer motivo de casación, la
actora recriminó al tribunal por inaplicar los artículos 13 y
43 de la Constitución Política, toda vez que privó a la
demandante de cualquier posibilidad jurídica de defensa
ante el proceder reprochable de su expareja, perdiendo de
vista el escenario de discriminación y violencia económica al
que fue sometida, y obviando el análisis del caso con
perspectiva de género.
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Adujo que, desde el resquebrajamiento de la relación
matrimonial y el episodio de maltrato intrafamiliar del que
fue víctima la convocante, su pareja por entonces comenzó la
cadena de ventas fictas que aquí se cuestionan, de todo lo
cual «fluye palmario que el demandado, haciendo uso de su posición
dominante, sustrajo bienes de la sociedad conyugal traspasando el
derecho de dominio a terceros, con el único propósito de cercenar el
legítimo derecho a gananciales que a la cónyuge le asiste sobre la
totalidad de bienes adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal».
Por lo anterior, concluyó que negar la legitimación e
interés de la señora Villamarín Martínez para demandar la
simulación «es desatender abiertamente el deber impuesto a los
administradores de justicia de velar por el respeto a las normas
constitucionales relacionadas con la protección a los derechos de la
mujer, es desconocer la obligación que les asiste de hacer realmente
efectiva la igualdad entre hombres y mujeres a través del análisis
judicial con perspectiva de género».
CONSIDERACIONES
1. Defectos formales de los cargos.
Si bien las censuras que se compendiaron apuntan
hacia cuestiones centrales de la controversia –e incluso dejan
entrever un yerro de actividad del Tribunal, al que se referirá
la Sala más adelante–, lo cierto es que presentan serias
falencias de técnica de casación, de modo que, por sí mismas,
carecen de aptitud para fundamentar el quiebre de la
sentencia de segunda instancia.
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1.1. En efecto, en el cargo primero la actora denunció
la transgresión indirecta del artículo 1838 del Código Civil,
por error de hecho en la apreciación de las cláusulas décima
y decimoprimera del acto de disolución y liquidación de la
sociedad conyugal Hurtado-Villamarín. Pero, al desarrollar
esa crítica, se limitó a exponer una interpretación alternativa
y personal de tales estipulaciones, sin ocuparse de probar
que tal exégesis fuera la única admisible, en desmedro de la
que acogió el ad quem en su fallo.
Una estructura argumentativa como esa, propia de los
alegatos de instancia, refleja apenas una disparidad de
criterios entre la convocante y el juez colegiado de segunda
instancia, insuficiente para sostener un cargo en casación.
Así lo tiene decantado la jurisprudencia:
«(…) En cuanto a la apreciación de las pruebas por parte del
sentenciador de instancia, ha de respetarse por norma la
autonomía con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su
propia convicción sobre la configuración fáctica del asunto litigado,
habida consideración que la facultad de la Corte frente a un
recurso que haga uso de esta vía es, por principio, la de velar por
la recta inteligencia y la debida aplicación de las leyes
sustanciales, no así la de revisar una vez más y con absoluta
discreción, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas
en las instancias, razón por la cual esta Corporación, situada en
el plano del que viene hablándose,"... ha de recibir la cuestión
fáctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al
recurso extraordinario..." (G. J. t. CXXX, pág. 63), descalificando
en consecuencia aquellos recursos que cual ocurre con el
que viene examinándose, se estructuran sobre la base de
planteamientos que tienden a disentir, en simple contraste
de pareceres, del criterio empleado por el Tribunal en lo que
respecta a la elección y valoración de las pruebas que en realidad
pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando justamente
que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jurídico
general de la causa y observando naturalmente las normas de
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disciplina probatoria pertinentes, así como también el atribuirles a
dichos medios, según los dictados de la sana crítica, la jerarquía
correspondiente dentro del conjunto de las acumuladas y que hay
lugar a evaluar, son facultades que les competen de manera
privativa a los juzgadores de instancia» (CSJ SC, 22 may.
1998, exp. 4996; reiterada en CSJ SC3463-2022).
Agréguese que las cláusulas tantas veces citadas
ciertamente admiten hermenéuticas distintas a la que
propuso el Tribunal; pero ello es intrascendente en el marco
de una acusación como la que se estudia, pues el quiebre del
fallo que pone fin a las instancias ordinarias se encuentra
supeditado a la comprobación de yerros de intelección
evidentes de los actos de voluntad, hipótesis que no tiene
cabida cuando el juzgador elige una, de entre las varias
lecturas que admite determinada convención.
En palabras del precedente,
«si el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de
hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios
sentidos plausibles de una determinada estipulación
contractual, esa elección, en sí misma considerada, no
puede ser enjuiciada ante la Corte, so pretexto de una
construcción más elaborada que pueda presentar el demandante
en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la decisión
judicial no proviene de un error evidente de hecho en la
apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio
de la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia
para la interpretación del contrato (...).
La interpretación de un contrato está confiada a la discreta
autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede “modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente
error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u
ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice
la evidencia, ya porque supone estipulaciones que no contiene,
ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque
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sacrifique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones
que contradice la evidencia que ellas demuestran” [CSJ SC, 14
oct. 2010, rad. 2001-00855-01]» (CSJ SC3047-2018;
reiterada en CSJ SC002-2021).
1.2. En el segundo cargo se denunció la violación
directa de los artículos 13 y 43 de la Constitución Política,
perdiendo de vista que, conforme a un sólido precedente2, no
resulta viable invocar en esta sede excepcional la infracción
aislada de preceptos constitucionales –a pesar de que,
ciertamente, puedan revestir naturaleza sustancial–; menos
aún sin explicar, con la claridad y concreción que exige este
remedio, cómo es que normas fundamentales abstractas
asignan deberes y derechos específicos para las partes de la
litis, de modo incompatible con lo decidido por el tribunal.
Nótese que la recurrente se limitó a hacer un necesario
llamado a la aplicación de la perspectiva de género en este
caso, pero, al desarrollar su censura, simplemente cuestionó
que no se le hubiera reconocido interés para demandar la
simulación, sin explicar cómo, con la debida aplicación de las
normas constitucionales que denunció transgredidas, la
suerte del caso hubiera sido distinta.
1.3. Esos defectos cerrarían el paso a la demanda de
casación; pero no así a la intervención oficiosa de la Corte,
que en este caso resulta mandatoria, dado que la decisión del
2 La Sala ha sostenido que: «(…) por regla general, las mencionadas disposiciones superiores están
llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la
Carta Política, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problemática decidida
en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el
juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó
erróneamente» (CSJ AC4591-2018; reiterado en CSJ AC3653-2023).
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ad quem desconoce los derechos y garantías constitucionales
de la demandante, según pasa a explicarse.
2. Intervención oficiosa de la Corte.
2.1. Reiteración del precedente relativo a las
facultades oficiosas de la Corte Suprema de Justicia.
2.1.1. El recurso de casación no ha sido instituido
como una nueva oportunidad para debatir los asuntos que
fueron definidos en las instancias, sino que constituye un
verdadero remedio extraordinario, de naturaleza dispositiva
y formal, cuya finalidad consiste en «defender la unidad e integridad
del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales
suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos
constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia
nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la
providencia recurrida» (artículo 333, Código General del Proceso).
La condición excepcional de este medio de impugnación
puede advertirse, por ejemplo, en la restricción de su
procedencia: está limitado a ciertas providencias judiciales
(las sentencias dictadas en segunda instancia por los
tribunales superiores, en procesos declarativos, acciones de
grupo que competan a la jurisdicción ordinaria y liquidación
de condenas impuestas en abstracto), de marcada relevancia
económica –resoluciones desfavorables que superen 1000
SMLMV–, o social –estado civil de las personas y derechos
colectivos–.
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Además, el ataque contra el fallo de segundo grado debe
restringirse a las causales predeterminadas por el legislador
–violación de la ley sustancial, incongruencia, trasgresión de
la prohibición de reformatio in pejus y haberse dictado el fallo
en juicio viciado de nulidad–, y también debe atender
precisas pautas formales, que, con detalle, han decantado la
codificación procesal y la jurisprudencia, a partir de las notas
características de este remedio extraordinario.
2.1.2. En vigencia del Código de Procedimiento
Civil, la jurisprudencia de esta Sala daba cuenta del carácter
esencialmente dispositivo que el legislador asignó al recurso
extraordinario de casación. A modo de ejemplo, en CSJ SC,
23 mar. 2000, rad. 5259, se explicó:
«(...) los poderes –o facultades– judiciales asignados a la Corte, en
modo alguno, se estima que son amplios, extendidos o ilimitados
–como con cierta frecuencia se cree, probablemente porque se
equipara o asocia la misión conferida al juzgador de instancia con
la de esta Corporación–, toda vez que son restrictos, esto es
acotados por la ley, al mismo tiempo que por el recurrente en su
recurso. No en vano la actividad ‘ex officio’ de esta Corporación,
en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida,
habida cuenta de que le impide auscultar “(...) defectos de la
sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el
recurrente y decidir la invalidación del fallo por errores no
invocados en la demanda de casación” (G.J., t. LXXXI, p.426).
En otros términos, no le es permitido a la Corte, sin resquebrajar
caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o
incluso complementar la tarea impugnativa asignada al
recurrente, en atención a que -en línea de principio- debe
circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta
de navegación para todo Tribunal de casación, con prescindencia
de si fue formulada debidamente, ya que ésta no es, no podría ser
de ninguna manera, responsabilidad del juez, menos del de
casación, muy ajeno al juzgamiento de instancia. Este tipo de
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
19
falencias resulta, pues, enfatiza la Corte, un óbice insalvable que
le impide entrar a definir sobre el fondo de la acusación pues le
está vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos
que éste contiene.
Al fin y al cabo en esta materia, por contraposición a lo que tiene
lugar en punto al recurso ordinario de apelación, la Corte sólo
puede transitar por el sendero que precedentemente le ha indicado
el censor, al punto que su movilidad está ligada, indisolublemente,
a lo consignado en el correspondiente libelo, por más que
evidencie, ‘motu proprio’, errores o dislates -aún mayúsculos- en
la sentencia de segundo grado, los que no puede enmendar
oficiosa o libremente, como se acotó, so pena de desnaturalizar, ‘in
radice’, este singular recurso, no sin razón tildado de
extraordinario, con todo de lo que de ello fluye. He ahí esbozada
la trascendencia –real y no retórica– de formular una demanda con
sujeción a las reglas técnicas que lo informan, pues como lo tiene
establecido esta Corporación, el ataque o confrontación de la
sentencia de segunda instancia –considerada como ‘thema
decissum’– “(...) no se lleva a cabo más que dentro del ámbito que
delimite el propio impugnador de la decisión, porque pensando de
otra manera, es decir, suponiendo que ella pudiere ejecutarse
merced al propio impulso o iniciativa del juez de casación, se
borrarían las fronteras con la apelación pues en ésta, como es
sabido, la investigación de la norma llamada a servirle de medida
al caso, es del resorte o de la incumbencia del juzgador” (G.J. t.
XXIII, p.269)».
El ordenamiento jurídico, entonces, atribuía a la
casación un particular rigor formal, que impedía a la Corte
Suprema de Justicia intervenir autónomamente en los casos
sometidos a su escrutinio, aun cuando evidenciara
potenciales situaciones injustas. Ello dio lugar a fuertes
tensiones entre las formalidades propias del recurso y el rol
cada vez más proactivo que han asumido las autoridades
judiciales con posterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
20
2.1.3. El proceso de constitucionalización del
derecho procesal, así como el entendimiento contemporáneo
de la relación entre derechos sustanciales y formas
judiciales, llevó a que el legislador reinterpretara la función
de las Cortes de Casación, permitiéndoles liberarse, en casos
excepcionales, de los estrictos contornos de las causales
propuestas por el impugnante, buscando así materializar los
fines del recurso y los propósitos de la función jurisdiccional
misma en un Estado Social de Derecho.
Por esa vía, inicialmente se facultó a esta Corte para
«seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento», en los
términos del artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, reformatorio
del canon 16 de la Ley 270 de 1996. Y, más recientemente,
el Código General del Proceso consagró una prerrogativa
adicional, consistente en «casar la sentencia, aún de oficio,
cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o
el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales» (artículo 336).
En punto de esas potestades, enseña el precedente:
«Según el texto –reformado– de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, las distintas Salas de esta
Corporación pueden elegir «las sentencias objeto de su
pronunciamiento, para los fines de unificación de la
jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y
control de legalidad de los fallos», habilitación genérica que permite
(i) abstenerse de tramitar demandas de casación, aunque
satisfagan las exigencias formales del remedio (selección
negativa); y (ii) examinar de fondo ciertos asuntos, a pesar de que
los alegatos del impugnante no sean técnicamente admisibles
(selección positiva). En lo que tiene que ver con la casación
oficiosa, basta reseñar que esta resulta procedente cuando se
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
21
evidencie que el fallo de segunda instancia «compromete
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los
derechos y garantías constitucionales», lo que se traduce en que,
tras verificar alguno de esos excepcionales eventos enlistados por
el legislador, la Corte puede separarse de los estrictos linderos que
impone el carácter dispositivo del recurso3, con el fin de enmendar
yerros de la magnitud de los anunciados, sirviéndose de razones
diferentes a las esgrimidas por el recurrente extraordinario en su
escrito de sustentación» (CSJ SC963-2022).
2.2. El contexto de violencia que subyace en el caso
sometido al escrutinio de la Corte.
En este asunto confluyen el maltrato físico del que fue
víctima la demandante durante la convivencia familiar, y la
transferencia masiva (y ficta) de once inmuebles sociales
dentro de los tres meses previos a la disolución de la sociedad
conyugal Hurtado-Villamarín, actos que tenían por propósito
enmagrecer el patrimonio común de los esposos en desmedro
de la convocante, y que, dadas sus particularidades,
constituyen la expresión de otro tipo de violencia reconocida
por la jurisprudencia: la económica.
2.2.1. En punto de la situación de maltrato y
violencia intrafamiliar que padeció la actora, consta en el
expediente la citación4 expedida por la Comisaría de Familia
de Los Patios al señor Melvin Hurtado Hernández, así como
la comunicación que esa autoridad dirigió al Comandante de
Policía local, solicitándole brindar protección a la señora
3 La legislación actual mantuvo la naturaleza dispositiva de la casación, al recalcar que «[l]a Corte no
podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el
demandante» (artículo 336, Código General del Proceso).
4 Folio 69, Cuaderno 1 Parte 1, expediente digital.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
22
Claudia Villamarín «de manera permanente», citando como soporte
normativo la «LEY 294/96 (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)»5.
Asimismo, se recaudaron testimonios que corroboran lo
narrado en la demanda y en el interrogatorio de parte de la
convocante con relación a los malos tratos que le infligió su
expareja. Por vía de ejemplo, la señora Olga Lucía Perdomo
declaró lo siguiente:
«Como amiga yo la escuchaba y la vi llorar muchas veces, la vi
angustiarse, porque pues ella me contaba, la situación era
bastante fuerte lo que estaba viviendo, inclusive en una mañana,
tal vez era a mediados del año 2012, ella me llama 6 de la mañana
o 5:30, muy temprano, yo le contesto la llamada y me dice “por
favor véngase para acá porque tuve un problema con mi esposo y
fui agredida, mujer”; entonces dije bueno, sí, yo salgo, no tenía
clase en ese momento ni tenía otro asunto que cubrir, me pongo
algo y corro porque pues era mi amiga que me estaba llamando y
estaba llorando y bueno, yo me fui a ver qué era.
Llego y pues bueno, vamos a formular la denuncia, allá por
jurisdicción le correspondía a la Comisaría de Los Patios, la
acompaño, ella visiblemente tiene unas contusiones que según ella
dice se las propinó su señor esposo, bueno, la acompaño en todo
ese camino y pues soy como el paño de lágrimas (…) y la acompaño
en todo ese proceso, pero, es decir, todo el año 2012 yo advertí y
ella me contaba de los problemas que estaba pasando con su
señor esposo (…), ellos venían con problemas, como empieza el
tema, vamos a decirlo, de violencia al interior de una familia, y
pues se genera esta agresión física y por supuesto siguen los
problemas porque no es fácil atravesar un proceso de violencia,
vamos a decirlo así, eso es un efecto “bola de nieve”»6.
Con similar orientación, el señor Gustavo Villamarín
expuso:
5 Folio 70, Cuaderno 1 Parte 1, expediente digital.
6 Audiencia de fecha 13 de mayo de 2021, minuto 1:09 en adelante.
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«vi que ese matrimonio siempre estuvo acompañado de problemas
por parte de él, porque era una persona problemática que siempre
maltrató a mi hermana y posteriormente maltrató a sus hijos
porque así existen constancias, tanto así que cuando suscitaron
los hechos en el año 2012 yo vine al apartamento de mi hermana
y le pedí el favor que abandonara ese apartamento porque si no
ese tipo le iba a seguir pegando y la iba a seguir maltratando, ella
va a la casa de mis padres y al llegar a la casa de mis padres
conozco a profundidad el problema y le digo no se preocupe que
usted tiene familia (…). Nunca estuve de acuerdo con ese maltrato,
nunca estuve de acuerdo con esa conducta del señor Melvin, y se
lo certifico porque aquí estoy hablando bajo la gravedad de
juramento y yo sé, como abogado, lo que conlleva en dado caso de
que mis expresiones sean falsas o no, porque no solamente existe
mi testimonio sino de muchas personas que convivieron a nuestro
lado y también de pronto en alguna ocasión que mi hermana le
presentó una demanda al señor Melvin»7
A lo dicho se suma que el demandado Hurtado
Hernández, a quien se le atribuye la conducta violenta, no
dio ninguna explicación expresa acerca de las circunstancias
narradas en el hecho 8.1 de la demanda, que se refiere a los
antecedentes de violencia intrafamiliar, siendo del caso
aplicar la regla del artículo 96-2 del Código General del
Proceso, a cuyo tenor «la contestación de la demanda contendrá: (...)
2. Pronunciamiento expreso y concreto sobre (...) los hechos de la
demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los
que no le constan. En los dos últimos casos manifestará en forma
precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se
presumirá cierto el respectivo hecho».
2.2.2. De otro lado, no puede perderse de vista el
hecho probado de la enajenación de un número importante
de activos sociales que figuraban registrados a nombre del
señor Hurtado Hernández, justo después de que los actos de
7 En audiencia de fecha 13 de mayo de 2021, minuto 1:37 en adelante.
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violencia intrafamiliar a los que se refirió la Corte fueron
puestos en conocimiento de las autoridades, y cuando se
anticipaba el rompimiento del vínculo matrimonial.
Esos actos de disposición quisieron mostrarse en este
juicio como expresiones de la libre administración de bienes
que impera en vigencia de la sociedad conyugal. Sin
embargo, esa justificación resulta improcedente, pues las
pruebas recaudadas dejan en evidencia que los contratos de
compraventa cuestionados fueron simples actos mendaces,
orientados a menguar artificialmente el haber de la sociedad
conyugal Villamarín-Hurtado.
Con el referido proceder, el cónyuge que simuló vender
no solo pretendía obtener ventajas económicas, sino también
perpetuar un estereotipo de reparto de la riqueza al interior
de la familia, en el que la figura masculina define de manera
omnímoda la suerte de los bienes sociales, con absoluto
desprecio por la voluntad de la mujer; prueba de ello es que
se hubiera alegado el ejercicio de la libre disposición, como si
tal cosa habilitara para actuar a espaldas del otro, y con total
olvido de sus intereses.
Cabe recordar, en este punto, que «sobre los bienes que
hacen parte del patrimonio común, el contrayente que los detenta a su
nombre ejerce tanto su facultad de disposición como la representación
de los intereses del otro», razón por la cual debe entenderse que
«la potestad conferida por la normatividad para administrar y disponer
sin restricciones de los bienes comunes por quien detenta la calidad de
dueño, es con el ánimo de aumentar los gananciales y facilitar
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
25
transacciones, mas no para agotar o disipar el patrimonio, ni
mucho menos para cometer fraudes» (CSJ SC16280-2016).
2.2.3. Si los eventos que motivaron este litigio se
miran con detenimiento –y, además, con perspectiva de
género–, emerge con claridad la violencia con la que actuó el
señor Hurtado Hernández, tanto al usar la fuerza física –que
la hubo, dada la agresión que padeció la demandante–, como
al ejercer abusivamente un poder o potestad, puntualmente,
la de disposición, atribuida a quien detenta en solitario la
titularidad de algún bien social.
Basta con reconstruir el proceder del vendedor ficto,
para notar que dispuso a su antojo de varios activos,
ocultándolos mediante transferencias aparentes a personas
cercanas a él, para después engañar a quien era su cónyuge,
a fin de que aceptara el reparto de un patrimonio reducido
mediante argucias desconocidas para ella. Y, como si fuera
poco, para que renunciara a toda alternativa de reclamación
futura, lógicamente sin la consciencia de estar haciéndolo,
sino como consumación de una artimaña injusta.
Ese trato es cruel y degradante, pues desconoce que la
esencia de la agencia y la autonomía radica en la capacidad
de las personas para tomar decisiones informadas y seguir
con libertad sus propios fines. En el contexto de una relación
matrimonial, esta autonomía se ve comprometida de manera
profunda cuando uno de los cónyuges, en este caso el esposo,
opta por un acto de deshonestidad y manipulación, orientado
a alienar la voluntad de su pareja.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
26
Además, al ocultar los bienes de la sociedad conyugal y
perpetrar una simulación para engañar a su pareja, el esposo
no solo distorsionó la verdad económica de la relación, sino
que le arrebató la posibilidad de una elección consciente a
quien era su esposa. Así, la conducta va más allá de un
simple acto de disposición patrimonial, y se convierte en
hecho de violencia económica; una forma sutil, pero
destructiva, de maltrato, que anuló la libertad y el derecho
de la señora Villamarín Martínez a ser partícipe activa en la
toma de decisiones que afectan su vida y bienestar, en
desmedro de la verdad, valor central y definitivo en el
establecimiento de las relaciones interpersonales.
La violencia económica, con su insidiosa naturaleza,
trasciende el ámbito material y se instala en la esfera más
íntima de la relación. Al reducir la capacidad de la
convocante para conocer la realidad de los recursos
compartidos, y manipular la percepción de la realidad
financiera de la familia, el señor Hurtado Hernández impuso
una forma de opresión que va más allá de lo tangible.
Esta forma de maltrato, camuflada bajo la fachada de
un reparto equitativo, hiere profundamente la confianza y la
dignidad, al dejar a la cónyuge burlada en total penumbra
sobre la verdadera extensión de los bienes compartidos,
privándola de su autonomía y relegándola a una posición de
indefensión, pues el demandado se cuidó de incluir una
estipulación engañosa, orientada a arrebatarle el derecho de
acceso a la justicia a su contraparte.
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27
2.2.4. En virtud de las circunstancias reseñadas,
sobre las que se profundizará en los apartes siguientes, y
dada la ausencia de perspectiva de género en la sentencia
impugnada, la Corte hará uso de sus facultades oficiosas en
materia de casación, a fin de analizar este litigio de manera
panorámica, obviando las deficiencias técnicas de los cargos
propuestos por la demandante.
Por ende, seguidamente se emprenderá un análisis
autónomo de la controversia, el cual, se anticipa, permite
concluir que la sentencia que puso fin a la segunda instancia
es contraria al ordenamiento y, por esa vía, compromete los
derechos fundamentales a la igualdad y a la no
discriminación de la señora Villamarín Martínez.
3. Algunas anotaciones sobre la protección de la
mujer en contextos de discriminación y violencia.
3.1. Panorama normativo sobre la protección de los
derechos de la mujer.
3.1.1. El artículo 13 de la Constitución Política
consagra el principio y derecho a la igualdad, categoría
orientadora para todas las autoridades y particulares8. Este
precepto integra dos dimensiones; una formal y otra
material9, e impone el deber de implementar «medidas
8 Cfr. CSJ SC5039-2021, SC963-2022, STC8525-2023, entre otras.
9 Las categorías orientadoras de esta prerrogativa deben comprenderse en concordancia con los demás
cánones constitucionales que establecen la dignidad humana; la igualdad; la prohibición de
discriminación (v.gr., art. 43, C. P.: «la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación…»); la protección especial en favor de
niños, niñas y adolescentes y la prevalencia de sus derechos (art. 44, ibídem), sin que pueda perderse de
vista el desarrollo jurisprudencial relacionado con los sujetos de especial protección constitucional.
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28
afirmativas», enderezadas a que dicha igualdad sea «real y
efectiva». Allí reside el puntal normativo de los mandatos de
protección especial de personas o grupos históricamente
discriminados o marginados, como las mujeres.
Añádase que, en tratándose de la protección del núcleo
familiar y el necesario equilibrio entre sus integrantes, el
precepto 42, ibídem, dispone que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad; que «las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el
respeto recíproco entre todos sus integrantes» (inc. 4), y que
«cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva
de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley»10.
En línea con esos postulados, el artículo 43 de la Carta
Política establece que «la mujer y el hombre tienen iguales derechos
y oportunidades», garantizando así que la primera «no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación», especialmente en
aquellos supuestos en los que la protección especial de la que
goza es reforzada, como sucede durante la gestación, o
cuando funge como cabeza de hogar11.
10 Norma constitucional desarrollada a través de la Ley 294 de 1996, que establece el tratamiento integral
de diferentes modalidades de violencia en la familia.
11 Con miras a erradicar las diferenciaciones y limitaciones históricas causadas por una visión
estereotipada de la función de la mujer en la sociedad, corresponde diseñar y adoptar medidas
afirmativas, orientadas a equilibrar las condiciones en las que ellas se desenvuelven, especialmente en
una cultura históricamente caracterizada por ser desigual.
La categoría de acciones o medidas afirmativas, desarrollada con base en el deber de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva como principio del Estado Social de Derecho,
implica el deber de adoptarlas en favor de grupos discriminados o marginados. De igual forma, el deber
de protección se refuerza en atención a múltiples factores que pueden incidir mayormente en el grado de
desequilibrio en las condiciones de participación en la sociedad de las personas.
Aunado a ello, la jurisprudencia constitucional ha sido prolífica en desarrollar el concepto de las acciones
o medidas afirmativas. En especial, en la sentencia CC C-932/07, el órgano de cierre de dicha
jurisdicción precisó que: «(…) como respuesta jurídica a una situación fáctica consolidada de
discriminación que obedece a una práctica social, cultural o económica de un grupo, se diseñaron las
denominadas acciones afirmativas. Las acciones afirmativas como género y las medidas de
discriminación positiva o inversa como especie están dirigidas a remover diferencias fácticas que si
bien son reales no deben continuar en un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una sociedad
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
29
3.1.2. En el ámbito internacional también existen
varios instrumentos de protección sobre la materia. Por
ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer12 (CEDAW, por sus
siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo de 199913; la
Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer14 (Convención de
Belém do Pará), y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos15 (CADH), entre otros.
La CEDAW define la discriminación contra la mujer
como «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».
Ese mismo instrumento fija como deberes de los
Estados parte (i) integrar en las constituciones y en su
legislación interna el principio de igualdad entre hombres y
mujeres, así como asegurar la práctica de ese postulado; (ii)
más equitativa y justa».
12 Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convención establece como uno de los
deberes del Estado «consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier
otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio» (art. 2, lit. a).
13 Aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005.
14 Aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado
«establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos» y «establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces» (art. 7, lit. f y g).
15 Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su artículo 24, establece la igualdad ante la ley.
Así mismo, en el canon 17, lit. b, preceptúa que: «Los Estados Parte deben tomar medidas apropiadas
para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo».
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adoptar medidas legislativas que prohíban la discriminación
contra la mujer; (iii) establecer la protección jurídica «por
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras
instituciones públicas»; (iv) abstenerse de incurrir en
discriminación y propender porque las autoridades actúen
con apego a esa obligación; y (v) derogar los preceptos
normativos que conlleven al desconocimiento del referido
mandato, por citar algunos ejemplos relevantes16.
Dentro de las recomendaciones a nivel de prevención, se
han establecido, entre otras, adoptar y aplicar medidas para
abordar las causas subyacentes de ese tipo de violencia, en
particular, «las actitudes patriarcales y los estereotipos, la
desigualdad en la familia y el incumplimiento o la denegación de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
de la mujer (…)»17. Por su parte, en el componente de
protección, se ha insistido en la necesidad de garantizar los
medios para el adecuado acceso a la justicia en todas las
etapas del proceso –incluyendo las de asistencia para
demandantes o denunciantes y testigos de este tipo de
violencias-; de tal forma que se respete y fortalezca la
autonomía de las mujeres en esos escenarios18.
3.1.3. El artículo 15 de la CEDAW conmina a
reconocer, además de la referida igualdad, en sentido amplio,
la capacidad jurídica concreta de las mujeres en materia de
16 Además, en varios de los informes del Comité CEDAW se ha reconocido que la violencia por razón
de género contra la mujer constituye una modalidad de discriminación que está proscrita, con sujeción
al primer canon de dicho instrumento (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CEDAW - ONU, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la
mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19 –CEDAW/C/GC/35–, párr. 21).
17 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - ONU, Recomendación
general núm. 35, Op. Cit., párr. 30 lit. a).
18 Ibid. párr. 31 lit. c).
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31
derechos civiles, de manera que se les garanticen las mismas
oportunidades para su ejercicio, con especial énfasis en la
autonomía de la voluntad para suscribir contratos y
administrar bienes (inc. 2, ejusdem)19, aspecto esencial para
alcanzar la independencia económica20.
Bajo esa arista, desde la recomendación general n.º 21
de 1994 se reiteró que la autonomía jurídica de la mujer se
ve seriamente menoscabada si se le prohíbe celebrar
contratos o participar del crédito, o si solo se le permite
hacerlo con el consentimiento o aval de su pareja –o de un
pariente masculino–. En esa oportunidad también se puso de
presente una problemática histórica, que tiene lugar al
dividir la propiedad conyugal, y que se deriva de
sobrevalorar las contribuciones económicas al hogar,
tradicionalmente a cargo de los hombres, subvalorando los
aportes relativos a «la educación de los hijos, el cuidado de parientes
ancianos y las faenas domésticas», tareas que suelen asumir las
mujeres –sobre todo en el contexto interno21–.
19 Artículo 15-2: «Los Estados Parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica
idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular,
le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán
un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales».
20 Tal como se precisó por el Comité CEDAW desde la Recomendación General n.º 1: La igualdad en el
matrimonio y en las relaciones familiares (04/02/1994); párr. 26.
21 Estas actividades se han reconocido como labores «feminizadas», asignadas estereotípicamente a las
mujeres a cargo del mantenimiento de las condiciones del hogar. De hecho, en la citada recomendación
se consignó: «Históricamente, la actividad humana en las esferas pública y privada se ha considerado
de manera diferente y se ha reglamentado en consecuencia. En todas las sociedades, por mucho tiempo
se han considerado inferiores las actividades de las mujeres que, tradicionalmente, han desempeñado
su papel en la esfera privada o doméstica. Puesto que dichas actividades tienen un valor inestimable
para la supervivencia de la sociedad, no puede haber justificación para aplicarles leyes o costumbres
diferentes y discriminatorias. Los informes de los Estados Parte ponen de manifiesto que existen todavía
países en los que no hay igualdad de jure. Con ello se impide que la mujer goce de igualdad en materia
de recursos y en la familia y la sociedad. Incluso cuando existe la igualdad de jure, en todas las
sociedades se asignan a la mujer funciones diferentes, que se consideran inferiores. De esta forma, se
conculcan los principios de justicia e igualdad que figuran en particular en el artículo 16 y en los
artículos 2, 5 y 24 de la Convención».
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32
Asimismo, en la recomendación general n.º 29 del año
2013, referente a la interpretación del artículo 16 sobre las
consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones
familiares y su disolución, se indicó como premisa que el
derecho de la mujer a la igualdad dentro de la familia está
universalmente reconocido, como se acredita con las
observaciones de otros órganos creados en virtud de tratados
de derechos humanos22.
En esa medida, partiendo de la existencia de mínimos
ineludibles, se estableció que cuando los Estados parte
prevén la posibilidad de celebrar contratos sobre la
distribución de los bienes sociales y de otro tipo tras la
disolución del matrimonio, «deberían tomar medidas para
garantizar que no haya discriminación, respetar el orden público,
evitar que se abuse de una desigualdad en el poder de
negociación y proteger a cada cónyuge de posibles abusos de
poder al celebrar esos contratos»23.
En lo atinente al reparto de bienes y la manutención
después de disuelto el vínculo matrimonial, se agregó que
«con independencia de que las leyes sean o no neutrales en apariencia,
debido a la influencia del género en la clasificación de los bienes
matrimoniales objeto de reparto, el insuficiente reconocimiento de las
contribuciones no financieras, la falta de capacidad jurídica de la mujer
22 A saber: (i) las del Comité de Derechos Humanos –núm. 28–, sobre la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres (pár. 23 a 27), y –núm. 19– sobre la protección de la familia, el derecho al matrimonio
y la igualdad de los esposos; y (ii) las del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –núm.
16–, sobre la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales (pár. 27), y –núm. 20–, sobre la no
discriminación.
23 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Recomendación general
relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución
CEDAW/C/GC/29); pár. 35.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
33
para gestionar los bienes y los roles familiares basados en el género (…)
favorecen a menudo a los maridos»24.
Por consiguiente, en esos escenarios existe la obligación
–en cabeza del Estado– de garantizar «la igualdad entre los
cónyuges en el reparto de todos los bienes acumulados durante el
matrimonio»25, con sujeción a las normas constitucionales y
legales en el ámbito civil, reconociendo el valor de los aportes
indirectos –incluidos los de carácter no financiero– en la
adquisición de los bienes durante el vínculo26.
3.1.4. Por su parte, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Belem do Pará”) dispone que, para los efectos de
dicho instrumento, «debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado» (art. 1).
En dicha categoría encuadran las violencias física,
sexual y psicológica, incluidas las que tienen lugar dentro de
la familia, la unidad doméstica o cualquier otra relación
24 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Recomendación general
relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Op. Cit., pár. 43.
25 Ibídem, pár. 46.
26 Como medidas para garantizar la igualdad en la capacidad jurídica formal y de hecho en materia de
propiedad y gestión de los bienes, efectúa una serie de recomendaciones como propender por: (i) «la
igualdad dentro de los regímenes patrimoniales a disposición de los cónyuges (bienes gananciales,
separación de bienes, régimen híbrido), el derecho a elegir el régimen patrimonial y la difusión de
información sobre las consecuencias de cada régimen»; (ii) «la inclusión entre los bienes matrimoniales
objeto de reparto del cálculo del valor actual de la compensación diferida, la pensión u otros pagos
posteriores a la disolución del matrimonio derivados de las contribuciones realizadas durante el
matrimonio, como las pólizas de seguro de vida»; (iii) «la valoración de las contribuciones no
financieras a los bienes matrimoniales objeto de reparto, como el cuidado de la familia y del hogar, la
pérdida de oportunidades económicas y las contribuciones tangibles o intangibles al desarrollo
profesional o a otras actividades económicas de cualquiera de los cónyuges y al desarrollo de su capital
humano» Ibid., pár. 47 y s.s.
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34
interpersonal (art. 2, lit. a), toda vez que una de las garantías
reconocidas a la mujer consiste en la posibilidad de ejercer
libre y plenamente los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales (art. 5).
Por consiguiente, así como sucede con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), aunque en
estos compendios normativos no se alude directamente a la
categoría de violencia patrimonial y/o económica, sus pautas
generales sirven a los propósitos de interpretación de los
demás instrumentos que sí la desarrollan de forma más
específica, como la CEDAW.
3.1.5. La Convención Belém do Pará tiene como
piedra angular el postulado conforme al cual toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia (art. 3). En ese sentido,
establece como obligación a cargo de los Estados adoptar las
medidas necesarias para «establecer los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga
acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces» (art. 7 lit. g), mandato
decididamente acogido por esta Corporación, al garantizar la
tutela judicial efectiva de las mujeres, y abrir la puerta a
mecanismos de reparación adicionales a los expresamente
previstos en la ley, en el marco de los procesos de divorcio y
declaración de existencia de uniones maritales de hecho (CSJ
STC10829-2017 y SC5039-2021).
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
35
3.2. La perspectiva de género en casos donde se
evidencian situaciones de discriminación o violencia
contra la mujer.
3.2.1. Con base en los estándares internacionales
de protección de los derechos de las mujeres –derivados de
los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia27– y su interacción con la pauta constitucional
sobre la igualdad (art. 13, C. P.), el precedente ha resaltado
la importancia de acudir al método de análisis denominado
«perspectiva de género»28, de invaluable utilidad para resolver
conflictos como el que ahora ocupa la atención de la Sala29.
Esta categoría hermenéutica, se reitera, impone al juez
que identifica situaciones de poder, de desigualdad
estructural, o contextos de violencia física, sexual, emocional
o económica entre las partes de un litigio, el deber de realizar
los ajustes metodológicos necesarios para garantizar el
equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No
se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin
miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables,
sino de crear un escenario en el que la discriminación
asociada al género no dificulte o frustre la tutela judicial
efectiva de las personas30.
27 Integrantes del bloque de constitucionalidad, por mandato del artículo 93 de la Constitución Política,
norma que debe entenderse en concordancia con el canon 94 ejusdem, según el cual: «La enunciación
de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes,
no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos».
28 Cfr. CSJ SC5039-2021.
29 Las consideraciones de los numerales 3.2.1. al 3.2.4. supra constituyen una reiteración de las
consideraciones vertidas en la sentencia de casación SC963-2022, que por su importancia y pertinencia
se insertan in extenso.
30 Sobre el punto, también ha destacado la jurisprudencia de esta Sala que «(…) la perspectiva de género
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
36
Indagar sobre los aspectos indicados se hace forzoso
dado que el orden jurídico no se limita a un cuerpo dogmático
prescriptivo, es decir, no está conformado únicamente por
normas que postulan un deber ser. Las conductas que las
normas conceptualizan tienen relación directa con la
vigencia de los valores (orden, seguridad, paz, cooperación,
poder y justicia).
Por tal razón, el derecho se integra por una
tridimensionalidad de elementos que dan plena entidad ética
a sus postulados. De allí que el sistema jurídico esté
compuesto por la sumatoria de normas, conductas y valores,
o si se quiere, de conductas valiosas normativamente
conceptualizadas, con lo cual la dogmática jurídica (la
estructura normativa), la sociología jurídica (la conducta) y
la axiología (los valores) constituyen su estructura esencial y
definitoria para el juzgamiento del devenir humano en el
plano judicial. Esa amalgama permite concluir que el
derecho es una reflexión valiosa sobre la vida humana al
amparo de un esquema normativo.
3.2.2. Es de singular importancia que los jueces
estén atentos a cualquier manifestación de desequilibrio al
interior de las relaciones familiares y de pareja, valorando y
reconociendo por igual las contribuciones efectuadas por
cada uno de sus miembros, y verificando que los roles y
estereotipos de género no lleven a conferir a quien aporta el
se constituye en una importante herramienta para la erradicación de sesgos y estereotipos, permitiendo
revelar, cuestionar y superar prácticas arraigadas en nuestro entorno social, que históricamente han sido
normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos inherentes e
inalienables de la persona, procurando así que la solución de las disputas atienda solamente a estrictos
parámetros de justicia» (CSJ SC5039-2021, 10 dic.).
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
37
dinero al hogar algún privilegio injusto en la administración
o disposición de los bienes sociales.
Asimismo, el juez debe evaluar si se encuentra ante un
escenario de relaciones asimétricas o de desventaja respecto
de una de las partes –o si confluyen otros factores de igual
relevancia, como la intersección entre las categorías de sexo,
raza, condición socioeconómica, etc.–, que demanden la
adopción de medidas tendientes a conjurar cualquier
manifestación de desigualdad estructural, a través de
acciones afirmativas realizadas intraprocesalmente.
En punto de lo anterior recuérdese que, a lo largo de la
historia, ciertos roles fueron distribuidos en función del sexo
de cada individuo, realidad que se vio reflejada de forma
evidente al interior de las parejas estables tradicionales: al
hombre le correspondería proveer los recursos para la
manutención del hogar, mientras que la mujer habría de
encargarse de los quehaceres cotidianos31.
En el listado se pueden enunciar, a modo de ilustración,
las tareas relacionadas directamente con el mantenimiento
del hogar. Quienes las adelantan, garantizan el normal
desenvolvimiento de las vidas de todos a aquellos que se
benefician de ese trabajo invisible, el cual demanda un
compromiso diario y de tiempo completo de quienes lo
realizan. Sin embargo, justamente por no ser remunerado y
31 Cfr. CSJ SC963-2022, STC8525-2023.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
38
hacerse “de puertas para adentro”, ese trabajo invisible no
suele ser apreciado en su justa y verdadera dimensión32.
Esas contribuciones al hogar merecen ser percibidas
como significativas y apreciables económica, cultural y
socialmente, dadas sus implicaciones para el bienestar
familiar y colectivo; no obstante, aun hoy no reciben el
reconocimiento que merecen. De ahí que las Naciones Unidas
hubiera incluido como uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible33 el «valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos,
la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de
protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia»34.
El hecho de que se reconozca formalmente la necesidad
de cuantificar la participación del trabajo invisible en la
creación de bienestar común es suficiente para derrumbar
un paradigma histórico, que marcaba diferencias entre las
32 En sentencia STC 8525-2923, la Sala referenció: «Este tema ha merecido amplio tratamiento en la
literatura a través de voces como la de Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo (1949), en la
que ejemplifica su relato sobre el papel históricamente adscrito a la mujer (sin perjuicio de que -en
algunos eventos- pueda atribuirse al hombre, lo cual ha de determinarse en cada caso), en el rol de
amas de casa, en las labores de cuidado y mantenimiento del hogar, que aún hoy son altamente
invisibilizadas e infravaloradas: “hay pocas tareas más emparentadas con el suplicio de Sísifo que las
del ama de casa; día tras día, es preciso lavar los platos, quitar el polvo a los muebles y repasar la
ropa; y mañana todo eso volverá a estar sucio, polvoriento y roto (…)”. Beauvoir, Simone. El segundo
sexo (1949), traducción de García Puente, Juan (2014), Ed. Sudamericana S.A. – Debolsillo, Buenos
Aires; y Penguin Random House S.A.S., Bogotá; décima cuarta reimpresión, p. 411 y ss».
33 Puntualmente el n.º 5, orientado a «lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas».
34 Con similar orientación, y en nuestro medio, la Ley 1413 de 2010 reguló la inclusión de la economía
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir el aporte de la mujer al desarrollo
económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de
políticas públicas. Adicionalmente, instituyó la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para medir este
trabajo e incluirlo en el Sistema de Cuentas Nacionales a través de la Cuenta Satélite de Economía del
Cuidado.
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39
contribuciones “en dinero” y “en especie” 35 al interior de una
pareja estable. Así lo tiene dicho la jurisprudencia:
«Esta Corte acentúa la relevancia singular de la relación personal
o sentimental como factor de formación, cohesión y consolidación
del núcleo familiar, así como la particular connotación de las
labores del hogar, domésticas y afectivas, en las cuales, confluyen
usualmente relaciones de cooperación o colaboración conjunta de
la pareja para la obtención de un patrimonio común. Para ser más
exactos, a juicio de la Corte, el trabajo doméstico y afectivo de uno
de los compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar,
cooperación y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se
un valioso e importante aporte susceptible de valoración» (CSJ
SC, 24 feb. 2011, rad. 2002-00084-01).
3.2.3. En la sentencia CSJ SC963-2022, esta Corte
reconoció que, a pesar de los esfuerzos institucionales
orientados a erradicar los estereotipos de género y dar paso
a un modelo de igualdad y corresponsabilidad, los sesgos
subsisten y tienen repercusiones ciertas en la realidad de la
familia. Así ocurre con la exaltación de los aportes en dinero
para la manutención del hogar –labor que, se insiste,
compete al hombre desde una perspectiva estereotipada36– y
el demérito de la contribución de la mujer, en el errado
entendido de que esta carece de significación, o es
económicamente intrascendente.
35 Términos estos que, además de ser muy ilustrativos, fueron los que empleó la Corte Constitucional en
uno de sus primeros pronunciamientos, relacionado con la problemática descrita: «el sentenciador
parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en
el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se
abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no
significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio.
El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin
debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la
unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos
constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer» (T-494/92).
36 Que bien podría predicarse igualmente de la mujer, según la asignación de roles de cada pareja.
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40
Esa visión sesgada puede llevar a creer, erróneamente,
que el proveedor económico es merecedor de privilegios con
relación al patrimonio familiar, tales como administrarlo con
amplias libertades y sin consideración de la opinión o las
necesidades ajenas, u obtener, incluso a través de actos
mendaces o torticeros, una porción superior a la que le
correspondería como gananciales al momento de disolver y
liquidar su régimen económico, lo que indubitablemente
deriva en escenarios de violencia económica.
3.3. La violencia económica o patrimonial.
3.3.1. Es pertinente anotar que el fenómeno de la
violencia económica o patrimonial en contra de la mujer –y
su incidencia al interior de las relaciones de pareja– ha sido
expresamente reconocido por la jurisprudencia patria:
«La violencia contra la mujer también es económica. Esta
clase de agresiones son muy difíciles de percibir, pues se
enmarcan dentro de escenarios sociales en donde,
tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre
la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre
utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto
de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador
controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle
quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente
en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta
violencia también se presenta en espacios públicos, es en el ámbito
privado donde se hacen más evidentes sus efectos.
Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer
pues se presentan bajo una apariencia de colaboración entre
pareja. El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa
es, precisamente, su estrategia de opresión. La mujer no puede
participar en las decisiones económicas del hogar, así como está
en la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto.
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Igualmente, el hombre le impide estudiar o trabajar para evitar que
la mujer logre su independencia económica, haciéndole creer que
sin él, ella no podría sobrevivir.
Es importante resaltar que los efectos de esta clase
violencia se manifiestan cuando existen rupturas de
relación, pues es ahí cuando la mujer exige sus derechos
económicos, pero, como sucedió a lo largo de la relación, es
el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas
particiones. De alguna forma, la mujer “compra su libertad”,
evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son inútiles»
(T-012/16)37.
Ahora bien, aunque no existe uniformidad sobre el
concepto de violencia patrimonial y/o económica38, es posible
hacer una aproximación a sus elementos esenciales.
Preliminarmente, es pertinente memorar el artículo 2 de la
Ley 1257 de 2008, que reza:
«para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo
estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena,
Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende
cualquier acción u omisión orientada al abuso económico,
el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos
monetarios a las mujeres por razón de su condición social,
económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las
laborales o en las económicas».
37 Fallo que, por demás, se tuvo en consideración por esta Sala, en sede de casación, para proferir una
subregla jurisprudencial con miras a superar el déficit de protección de la mujer, en los siguientes
términos: «Siempre que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de
género durante el proceso de existencia de unión marital de hecho, deberá permitírsele a la víctima
iniciar un trámite incidental de reparación –en los términos explicados en la sentencia SU-080 de 2020,
con el propósito de que el juez de familia determine, en el mismo escenario procesal, los alcances de
los daños padecidos por la persona maltratada, asignando una compensación justa, de acuerdo con las
reglas y principios generales en materia de reparación integral» (SC5039-2021, 10 dic.).
38 Esto debido a que en algunos casos se ha considerado que alude a los mismos factores o que deriva,
por ejemplo, de la psicológica y por razones de género.
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42
Es de resaltar el avance que supone el reconocimiento
expreso de la violencia económica en nuestra legislación,
pero no puede dejarse de lado que la definición trasuntada
se limita a un escenario de daño meramente patrimonial, que
obvia varios supuestos en los que, de formas quizás sutiles o
en apariencia imperceptibles, también se limita la autonomía
de la mujer para, por ejemplo, ejercer en condiciones de
igualdad la administración de los bienes.
Buscando suplir ese vacío normativo, en asuntos en los
que se han estudiado controversias similares –en cuanto a la
identificación de elementos indicativos de violencia
económica, puntualmente, frente a la administración de los
bienes sociales–, esta Sala ha tenido la oportunidad de
precisar que «uno de los campos en los que se ha manifestado el
dominio del hombre sobre la mujer ha sido en las relaciones
económicas, escenario en el que se le ha concebido, por algunos, con
menos capacidades para participar en la adquisición y distribución de
bienes y, por tanto, con menos derechos en el plano patrimonial. Por ese
camino, pueden presentarse conductas dirigidas a subordinarla en el
ámbito monetario, impidiéndole el acceso a los recursos económicos que
requiere para desarrollarse plenamente» (STC17351-2021).
3.3.2. Por esa vía, la Corte reitera que en los
conflictos relacionados con los efectos económicos del
vínculo matrimonial –o unión marital de hecho– pueden estar
presentes estereotipos encaminados a frustrar el reparto
equitativo del activo social. En esos casos, es indispensable
abordar el conflicto con perspectiva de género, lo que implica
reconocer y desafiar las estructuras y prejuicios arraigados
que perpetúan desigualdades basadas en el género.
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43
Se trata de adoptar un enfoque consciente al evaluar
situaciones legales o sociales, considerando las experiencias,
desafíos y necesidades específicas de cada género. Esto
implica no solo aplicar la ley imparcialmente, sino también
identificar y corregir los sesgos que puedan influir en la toma
de decisiones. Es un compromiso con la equidad, la justicia
y la inclusión, que busca garantizar que todos, con
independencia de su identidad de género, sean tratados con
igualdad y respeto en todas las instancias de la vida,
incluyendo, lógicamente, las judiciales.
4. Análisis del acto jurídico de renuncia a
gananciales de la demandante.
4.1. La sociedad conyugal y la libre administración
de los bienes.
4.1.1. Una de las posibilidades para conformar una
familia, reconocida por la Constitución, es el matrimonio,
vínculo jurídico que crea entre los cónyuges una comunidad
de vida en la que surgen recíprocos derechos y deberes de
socorro, ayuda mutua, cohabitación, fidelidad y dirección
conjunta del hogar, así como un sistema patrimonial llamado
a gobernar los aspectos económicos de la relación, y que, en
nuestro ordenamiento, consiste en el régimen de sociedad
conyugal, o sociedad de gananciales.
En efecto, el artículo 180 del Código Civil establece que
«por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los
cónyuges»; así mismo, el canon 1774 ib. dispone que «a falta de
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44
pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída
sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título». De ahí
se sigue que la sociedad conyugal nace con el matrimonio,
que se constituye entonces en su causa.
Ahora bien, en virtud de la autonomía de la voluntad,
nuestro sistema civil permite a los contrayentes pactar
concesiones presentes y futuras, a través de las llamadas
capitulaciones matrimoniales, que permiten evitar que
ingresen algunos (o todos) los bienes que se adquieran en
vigencia del vínculo a la referida sociedad de gananciales.
4.1.2. Antiguamente, era el marido quien
administraba los bienes sociales, tanto los suyos propios,
como los de su esposa, debido a la potestad marital que aquel
ejercía sobre ella, considerada jurídicamente incapaz. En tal
virtud, existían previsiones normativas tendientes a regular
la administración unilateral del haber social39, en las que se
establecía que, una vez la sociedad de gananciales llegara a
su fin, algunos bienes serían objeto de reparto, mientras que
otros debían ser restituidos a la mujer –los que, siendo
propios de ella, estaban bajo la tutela del varón–.
No obstante, la Ley 28 de 1932 introdujo una
modificación radical en nuestro sistema jurídico, consistente
en reconocer plena capacidad de la mujer. Así, el
ordenamiento patrio puso a los cónyuges en pie de igualdad
a la hora de gestionar sus asuntos patrimoniales,
estableciendo en cabeza de ambos el derecho a la libre
39 Artículos 1805 a 1813 del Código Civil, derogados por la Ley 28 de 1932.
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45
administración y disposición de los bienes que figuraran a su
nombre, durante la vigencia de la sociedad conyugal.
Este vital reconocimiento fue consagrado en el artículo
1° de la referida Ley, conforme al cual:
«Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre
administración y disposición tanto de los bienes que le
pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere
aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere
adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en
cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba
liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges
han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y
en consecuencia se procederá a su liquidación».
Por consiguiente, la sociedad conyugal surgida a partir
del matrimonio constituye un patrimonio común, distinto al
de los cónyuges. Y la facultad de libre administración otorga
la capacidad de gestionar y disponer autónomamente tanto
de los bienes propios, como de los sociales que se encuentren
registrados a nombre de cada uno de los esposos, siempre
considerando los intereses familiares y evitando acciones que
perjudiquen dicha estructura patrimonial conjunta.
4.1.3. Lo anterior equivale a decir que la facultad de
administrar libremente los bienes durante la vigencia de la
sociedad de gananciales no puede ejercerse de forma
abusiva, torticera o malintencionada. Tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, «la Ley 28 de
1932 no puede entenderse en el sentido de que esa libertad de
administración y de disposición otorgada a cada uno de los cónyuges
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sea tan absoluta que excluya todo recurso o acción defensiva contra una
mala administración» (CSJ SC3864-2015).
De manera consistente la Corte Suprema de Justicia ha
defendido que la potestad de libre gestión y disposición está
legalmente concedida para «aumentar los gananciales y facilitar
transacciones, mas no para agotar o disipar el patrimonio, ni
mucho menos para cometer fraudes» (CSJ SC16280-2016). El
cónyuge que tiene a su nombre un bien social, entonces,
debe ejercer su derecho de libre administración pensando en
una adecuada representación de los intereses comunes; y es
por eso por lo que puede ser llamado a responder por su
gestión, dado que «la facultad de administración de los bienes
sociales –como toda libertad– implica responsabilidades y, en ningún
caso, puede entenderse como una licencia para defraudar o
dilapidar el patrimonio de la familia» (CSJ SC5233-2019).
4.1.4. En suma, durante la vigencia de la sociedad
de gananciales ambos cónyuges tienen la facultad de
administrar y disponer libremente de los bienes sociales que
se encuentren a su nombre, pero esa potestad debe ejercerse
en el marco de la buena fe y la diligencia debida, toda vez que
la finalidad de ese especial régimen patrimonial no es otra
que la adecuada gestión y manejo del haber común,
procurando siempre su conservación y acrecimiento. De ahí
que el ejercicio de ese derecho de libre disposición no pueda
ser ilimitado ni abusivo, ni sirva de excusa para que uno de
los consortes distraiga o defraude el haber social.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
47
4.2. La renuncia a gananciales.
4.2.1. El régimen económico del matrimonio, como
viene de verse, se decantó por un sistema en el que el haber
de la sociedad conyugal nace con el matrimonio, y va
constituyéndose durante su vigencia con diversos aportes
automáticos (las rentas de trabajo percibidas por los esposos;
las rentas de sus bienes, de cualquier naturaleza, etc.), hasta
terminar con la disolución y liquidación, en la que se cubren
con los bienes sociales las deudas insolutas de la misma
índole (sociales) y se reparte por partes iguales el saldo entre
los esposos o exesposos.
A esa porción del residuo (en los términos del artículo
1830 del Código Civil) se le llama gananciales. Y, siendo un
derecho netamente patrimonial, el Código Civil reconoce que
«cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar a
los gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin
perjuicio de terceros» (artículo 1775, ibídem). Por su parte, el
canon 1838 ib. señala: «podrá la mujer renunciar mientras no haya
entrado en su poder ninguna parte del haber social a título de
gananciales», posibilidad jurídica que, en virtud de los cambios
introducidos por la Ley 28 de 1932, se atribuye en la
actualidad a ambos cónyuges.
Esa renuncia es, pues, un acto dispositivo, unilateral,
irrevocable y sometido a forma solemne, en virtud del cual
uno de los cónyuges abdica, en forma abstracta y absoluta,
al derecho de percibir los gananciales que le corresponderían
tras la disolución de la sociedad conyugal. Lógicamente, la
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
48
potestad sólo puede ejercerse antes de la liquidación de
aquella universalidad jurídica, pues una vez verificado ese
supuesto, desaparecen los gananciales, y con ello cualquier
hipotético poder dispositivo sobre ellos (como la renuncia).
4.2.2. De acuerdo con el artículo 1820 del Código
Civil, la disolución de la sociedad conyugal puede producirse
como secuela de la disolución o anulación40 del propio
vínculo matrimonial; por la separación judicial de cuerpos, si
los cónyuges no pactan lo contrario; por separación judicial
de bienes, y «por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a
escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes
y deudas sociales y su liquidación».
En línea con esa diferenciación conceptual, el artículo
1821 de la misma codificación señala que «[d]isuelta la sociedad,
se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación
de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el
término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte (...)».
Aunque disolución y liquidación son actos que suelen
coexistir (v. gr., en la misma escritura pública o sentencia
judicial), son distintos y no pueden confundirse41:
40 Excepto en el caso en el que la nulidad sobrevenga porque alguno de los contrayentes tuviera vigente
un vínculo anterior (artículo 140-12, Código Civil), impidiendo así que el matrimonio nulo diera lugar
a una sociedad conyugal.
41 Recuérdese que «las circunstancias de que el mismo precepto autorice que en la misma escritura
pública pueda incorporarse el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación, no significa en
manera alguna que se trate de una segunda parte del objeto del acuerdo disolutorio, porque, de un lado,
no se trata de un asunto relativo a la disolución sino a la partición, y, del otro, porque se trata de un
fenómeno partitivo que supone ineludiblemente la perfección previa en otro acto, recogido en otro
documento o en el mismo, del llamado negocio disolutorio, que, por ser necesariamente su presupuesto,
no puede contenerlo» (CSJ SC 4 mar. 1996, Exp. 4751).
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
49
(i) De una parte, la disolución determina la
finalización o extinción de la sociedad conyugal nacida con
ocasión del matrimonio, y es presupuesto indispensable para
el posterior acto jurídico de partición de la masa social.
Extinguida dicha sociedad, quedan los cónyuges separados
de bienes y, como se dijo, surge la masa de gananciales.
(ii) Y de otra, la liquidación tiene como propósito
poner fin a esa masa indivisa, asignando a cada cónyuge lo
que le corresponde, a través del trabajo de partición y
adjudicación realizado previo inventario y avalúo de los
bienes y deudas que hacen parte del haber social.
4.2.3. Los derechos singulares de cada uno de los
esposos sobre el patrimonio social sólo se materializan en la
fase de liquidación, cuando –previa aprobación del inventario
de lo que mancomunadamente se tiene y se debe– se les
asigna la parte que les corresponde individualmente sobre
los activos y pasivos que antes eran comunes. Este acto,
como es lógico, pone fin a la masa universal de gananciales,
y a los derechos que los esposos tienen sobre ella.
En armonía con esa precisa ordenación, puede colegirse
que la renuncia a gananciales sólo puede darse con
anterioridad al acto jurídico de liquidación y adjudicación
del patrimonio común, pues cuando este se perfecciona,
desaparece la masa indivisa y, por lo tanto, el derecho que
los consortes tienen respecto a los gananciales. Sobre el
particular, ha sido enfática la jurisprudencia de la Corte:
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
50
«Además, tal hipótesis de renuncia después de la partición
seria jurídicamente imposible, puesto que no habría
derechos de gananciales que renunciar. Porque si solamente
se puede renunciar a los derechos de gananciales mientras estos
subsistan, y estos solamente tienen existencia entre el momento
de su nacimiento con la disolución de la sociedad conyugal y el
momento de la partición, en que los derechos se satisfacen con las
adjudicaciones individualizadas; es preciso concluir en la
viabilidad de la renuncia durante ese periodo, no antes de la
iniciación (con la disolución) de este periodo (Cap. VI, Tit. XXII, libro
4, art. 1837 C.C.), ni después de su conclusión con la adjudicación
(arts. 1832 y 1401 C.C.).
Esto último obedece a que si con la partición de gananciales los
antiguos derechos universales de gananciales son sustituidos por
derechos individuales adjudicados, generalmente en propiedad,
ello significa que, al igual que los adjudícatenos por derechos
hereditarios, el cónyuge adjudicatario por gananciales se reputa
sucesor en el dominio o en el derecho adjudicado en el anterior
titular (arts. 1832 y 1401 del C.C.), momento para el cual si ya no
se tiene derecho de gananciales sobre esos bienes; luego, siendo
así a las cosas, mal puede hablarse de renuncia de unos
derechos de gananciales después de una partición que los
ha extinguido satisfaciéndolos mediante las adjudicaciones
correspondientes» (CSJ SC 4 mar. 1996, Exp. 4751).
De lo expuesto se sigue que la renuncia a gananciales
que se exterioriza con posterioridad al acto de liquidación en
realidad carece de objeto, pues para ese momento el
derecho universal de gananciales se habría extinguido por
completo, siendo reemplazado por el derecho singular de
cada uno de los cónyuges sobre los activos y pasivos que les
fueron adjudicados individualmente. Recuérdese que
«solamente se puede renunciar a los derechos de gananciales
mientras subsistan. Nacen con la disolución de la sociedad
conyugal. Perviven durante el estado de indivisión. Y se extinguen
cuando se determinan en la liquidación de la universalidad. De ahí
que la facultad de disponer de la “masa indivisa y abstracta”,
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
51
mediante renuncia, expira cuando la comunidad deja de existir»
(CSJ SC3727-2020).
4.2.4. Cuando la renuncia a gananciales se hace
oportunamente y recae sobre la totalidad de la masa indivisa,
surte plenos efectos entre las partes, sin perjuicio de la
posibilidad de rescisión consagrada en el artículo 1838 del
Código Civil, que será procedente cuando se pruebe que
quien renunció fue inducido por engaño o por error
justificable acerca del verdadero estado del haber social.
Asimismo, el canon 1775 ib. contempla la renuncia a
gananciales «sin perjuicio de terceros». Cuando se emplea para
dichos fines, perderá eficacia del acto, en el sentido de que
será inoponible a los afectados, conforme lo ha sostenido
reiteradamente esta Corporación (Cfr. CSJ SC, 30 ene. 2006,
rad. 1995-29402-02, y CSJ SC4528-2020, entre otras).
4.3. Análisis de la renuncia a gananciales contenida
en la cláusula décima del acto instrumentado en la
escritura pública n.° 459 de 6 de febrero de 2013
4.3.1. Inexistencia e ineficacia de los actos
jurídicos.
Como viene de verse, la renuncia a gananciales, en
tanto acto jurídico, es una manifestación o exteriorización
directa y reflexiva de la voluntad42 de uno de los cónyuges,
42 De la esencia del acto jurídico es la voluntad, dado que se trata de una manifestación volitiva orientada
a producir consecuencias jurídicas.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
52
orientada a abdicar de la parte del haber social que le habría
correspondido en la liquidación de su sociedad conyugal (una
mitad del residuo, después del pago de los débitos sociales,
en los términos del artículo 1830 del Código Civil).
Siguiendo las pautas generales del derecho privado,
para alcanzar el efecto jurídico esperado, toda voluntad
exteriorizada requiere satisfacer ciertas exigencias lógico-
formales, que el ordenamiento prevé para reconocer su
existencia y validez como fuente obligacional. En otras
palabras, para derivar efectos de un acto jurídico –para que
sea considerado eficaz–, es condición necesaria que tenga
entidad (que exista), y que amerite el reconocimiento del
derecho (que sea válido), en tanto fuente de un vínculo del
que surgen facultades y deberes correlativos.
Cabe recordar que existencia y validez del acto jurídico
son conceptos diferentes, tal como, de antaño, lo ha
reconocido la doctrina:
«La distinción que han hecho varios jurisconsultos del siglo XVI es
mucho más exacta, pues distinguen tres cosas diferentes en todo
contrato: las que son de la esencia del contrato, las que son
únicamente de la naturaleza del contrato, y las que son puramente
accidentales al contrato. Las cosas que son de la esencia del
contrato son aquellas sin las cuales el contrato no puede
subsistir. En faltando de una de ellas ya no hay contrato, o
bien es otra especie de contrato. (…) La falta de una de las
cosas que son de la esencia del contrato impide el que exista
clase alguna de contrato.
(…) Las cosas que sólo son de la naturaleza del contrato son
aquellas que, sin ser de la esencia del contrato, forman parte del
mismo, bien que las partes contratantes no se hayan convenido
sobre dichas cosas, esto es, sobre si quedan comprendidas en el
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53
contrato o sobrentendidas, teniendo en cuenta que son de la
naturaleza del contrato. Estas cosas ocupan el punto medio entre
las cosas que son de la esencia del contrato, y aquellas que son
accidentales al contrato, y aquellas difieren de unas y otras.
Difieren de las cosas que son de la esencia del contrato, en que el
contrato puede subsistir sin ellas»43.
Siguiendo a Pothier, el artículo 1501 del Código Civil de
Bello estatuyó:
«Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas
sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en
otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y
que se le agregan por medio de cláusulas especiales».
Acorde con ello, todo acto jurídico para su existencia
requiere de una voluntad expresada o exteriorizada en la
forma que corresponda para el perfeccionamiento de cada
tipología de acto (meramente consensuales, solemnes,
reales), un consentimiento, una causa, un objeto y una
solemnidad –de estar legalmente exigida o acordada por las
partes-. Es forzosa la presencia de todos y cada uno de esos
elementos para poder afirmar la existencia del acto jurídico.
Por esa vía, si una expresión de voluntad carece de
objeto jurídico, no puede decirse que sea un acto jurídico (es
decir, que exista en ese sentido). Lo mismo ocurre si lo
exteriorizado no resulta de una voluntad real, sino aparente,
43 POTHIER, R. J. Tratado de las Obligaciones. Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1947, pág. 14-15.
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como ocurre en los casos de simulación absoluta. Un
contrato ficto absolutamente, no es, en realidad, “un
contrato”, sino algo que apenas se le parece, toda vez que lo
manifestado no es una voluntad orientada a producir efectos
jurídicos, sino apenas un fingimiento, una puesta en escena
fraudulenta. Y, claro está, si algo carece de entidad jurídica,
no existe para el derecho.
Lo mismo ocurre con la promesa verbal de celebrar un
contrato civil. Es una manifestación que existe, en el sentido
de ser perceptible por los sentidos. Pero no tiene la forma que
exige el derecho para reconocer esa misma existencia en el
contexto jurídico. Una promesa de contrato verbal civil, por
tanto, no puede ser sometida a ningún juicio jurídico-
normativo, simplemente porque las pautas del derecho solo
están llamadas a gobernar aquello a lo que el mismo derecho
le reconoce entidad jurídica. Sería una imposibilidad lógica
regular o evaluar lo que no existe.
Como se señaló, para que un acto jurídico sea eso, y no
otra cosa, requiere la concurrencia de voluntad,
consentimiento, objeto, causa, y, en ciertos casos, -cuando
la ley la exige o las partes la acuerdan- también una forma
solemne. La ausencia de todos o alguno de esos requisitos
esenciales, comunes a todos los actos jurídicos, produce,
como consecuencia propia, la inexistencia jurídica del
acto. Es decir, si falta alguno de esos elementos esenciales
comunes, no surgirá a la vida jurídica, no habrá acto jurídico
civil.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
55
Ahora bien, en materia mercantil la figura de la
inexistencia no suele revestir mayores controversias, dada su
consagración legal en el artículo 898 del Código de Comercio,
según el cual: «Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya
celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su
formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus
elementos esenciales», siendo necesario precisar que esa
última referencia alude a los elementos esenciales a los actos
jurídicos44 voluntarios –o negocios jurídicos– en general, y no
a los de alguno de ellos en particular.
En materia civil, por el contrario, el asunto ha sido
objeto de intensos debates, que suelen fundarse en que el
Código Civil patrio no reguló de forma expresa el supuesto de
inexistencia. Esa circunstancia ha llevado a algún sector de
la doctrina a afirmar su improcedencia, pues, considerándola
una sanción, carece de texto legal habilitante; sin embargo,
ese argumento parte de una premisa incorrecta, pues el
derecho no sanciona lo inexistente.
En efecto, en tanto el orden jurídico no le reconoce
ninguna entidad trascendente en términos de los valores
colectivos a determinadas conductas o acaeceres, no les
apareja ninguna consecuencia mediante su consagración
normativa. En lugar de ello, simplemente las obvia, es decir,
las excluye de cualquier juicio jurídico-normativo.
44 Sobra advertir que son actos jurídicos voluntarios, dado que de la esencia del acto jurídico es la
voluntad orientada a producir las consecuencias buscadas por los sujetos intervinientes.
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56
La arquitectura legislativa constituye una elección entre
valores positivos y negativos para premiar las conductas o
acaeceres que permiten su vigencia y sancionar los que la
contrarían. En tal virtud, las conductas o acaeceres que el
legislador no estima significativos para la vigencia de los
valores esenciales, sencillamente no los regula para
aparejarles una sanción legal, en los términos del artículo 6
del Código Civil45. Las mismas, pueden integrar el ámbito
social o moral, pero no el jurídico, al no tener regulación
normativa con fines de coercibilidad en el sistema.
Como es apenas obvio, la acreditación de los requisitos
de existencia del acto jurídico es condición necesaria para
su pertenencia al orden jurídico46. Por ende, al establecerse
ciertos elementos como esenciales47 para que una entidad
sea reconocida como acto jurídico, es evidente que, al menos
de manera tácita, se prevé la noción de inexistencia, aunque
sea como sinónimo de ser otra cosa distinta de un acto
jurídico voluntario.
Por lo demás, parece razonable ubicar el origen de las
discusiones doctrinales sobre la citada figura en la imprecisa
redacción del artículo 1502 del estatuto civil, pauta que, al
45 Artículo 6, Código Civil: «La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien
o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus
prohibiciones».
46 Lo mismo que la posterior discusión sobre sus efectos o sobre las sanciones jurídicas que el
ordenamiento consagra para los actos que existiendo, es decir, integrando el orden jurídico, adolecen de
vicios.
47 En filosofía, la esencia presupone la existencia. La esencia es lo que dota al ente –al ser– de rasgos
distintivos, es decir, de aquello que permite responder a la pregunta qué es alguna cosa que existe. Lo
importante aquí es que no todas las cosas que existen pueden considerarse actos jurídicos; por tanto,
habrá cosas de la esencia del acto jurídico sin cuya presencia será algo, pero no algo de lo que emanan
deberes en sentido jurídico. Un documento privado en el que se registran las cláusulas de un contrato de
compraventa de un inmueble es un objeto del mundo, pero no es algo que el derecho considere acto
jurídico. En ese sentido, puede decirse de aquel documento que es jurídicamente inexistente.
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57
establecer los requisitos «para que una persona se obligue a otra por
un acto o declaración de voluntad», incluye, indistintamente y sin
diferenciación nítida, exigencias que tienen que ver tanto con
la existencia de los actos jurídicos como con su validez. Así:
«Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración
de voluntad, es necesario: 1º) que sea legalmente capaz; 2°) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no
adolezca de vicio; 3°) que recaiga sobre un objeto lícito; 4°) que
tenga una causa lícita. (…)».
Sin embargo, la correcta intelección de los elementos
esenciales para la existencia de los actos jurídicos permite
superar la posible confusión, y conlleva el necesario
reconocimiento de la inexistencia como figura autónoma e
independiente de la invalidez. Esta última es un juicio de
valor que parte de la existencia de aquello que se valora, en
tanto acto jurídico. Como se dijo, no pueden imponerse
sanciones propias de los actos jurídicos a una cosa que el
derecho no reconoce como tal –esto es, a una manifestación
que no existe como acto jurídico–.
De otra parte, aquello que sí existe como acto jurídico (es
decir, la manifestación de voluntad que satisface los
requisitos esenciales para ser reconocida como tal, y no ser
otra cosa distinta, que no interesa al derecho), sí es
susceptible de juicios de corrección normativos, traducidos
en la verificación de exigencias de validez, o de
reconocimiento del «valor del mismo acto». Se trata del
consentimiento exento de vicios, la capacidad legal, la licitud
del objeto y la causa y el no defecto en las formalidades,
cuando están exigidas o acordadas por las partes. Su
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ausencia puede determinar, entre otras consecuencias, una
forma especial de frustración de los actos jurídicos: la
nulidad48, que puede ser absoluta o relativa.
De lo expuesto se colige que inexistencia y validez son
categorías jurídicas autónomas, aunque íntimamente
ligadas, siendo la primera presupuesto para examinar la
segunda, o para delimitar la extensión de sus efectos. Si un
acto de voluntad carece de las condiciones esenciales para
su reconocimiento por el derecho, entonces «podrá existir
cualquier cosa o hecho, pero no acto jurídico»49.
4.3.2. La inexistencia de la renuncia a
gananciales en el caso concreto.
Claudia Eloísa Villamarín y Melvin Hurtado Hernández
elevaron escritura pública n.º 459 de 6 de febrero de 2013,
otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta, por
medio de la cual, de mutuo acuerdo, disolvieron y liquidaron
su sociedad conyugal, tal como lo manifestaron en la
cláusula tercera del mencionado instrumento.
En la cláusula cuarta de la mentada escritura, los
cónyuges procedieron a inventariar y avaluar los bienes,
sociales, reportando además la inexistencia de pasivos.
48 Cabe anotar que la anulabilidad suele referirse al vicio que comporta el acto y que amerita su exclusión
parcial o total mediante declaración judicial de nulidad. La anulabilidad es la potencialidad de que el
acto sea anulado. La nulidad es la concreción de la sanción en virtud de declaración judicial, que es el
órgano con competencia exclusiva y excluyente para dirimir esa pretensión o para declarar oficiosamente
la nulidad absoluta. En Colombia, sin embargo, esta terminología usual suele ser problemática, pues el
estatuto mercantil optó por redenominar la “nulidad relativa” como “anulabilidad”.
49 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Ed. Temis,
Bogotá. 2021, p. 423.
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59
Dentro del activo social incluyeron (i) un apartamento
ubicado en el edificio Mirador de Bellavista del municipio de
Los Patios, (ii) un local comercial ubicado en el parque
empresarial metropolitano Bocono de la ciudad Cúcuta, (iii)
un lote ubicado en la manzana U de la calle 3N, también de
Cúcuta, (iv) la tercera parte de un lote de terreno ubicado en
el municipio de Villa del Rosario, y (v) diversos bienes
muebles y enseres.
Acto seguido, en la quinta estipulación procedieron a
liquidar dicho haber social, a través de la elaboración de
sendas hijuelas en virtud de las cuales se le adjudicó a la
esposa el apartamento, el local comercial y los muebles y
enseres, todo ello por valor de $155.000.000, mientras que
los dos lotes inventariados fueron asignados al esposo,
siendo valorados en $165.000.000.
En la cláusula novena, por su parte, se recogió la
consecuencia jurídica de tales actos de disolución y
liquidación, indicando que a partir de ese momento, los
bienes que los esposos adquirieran serían de su exclusiva
propiedad individual, en virtud del régimen de separación de
bienes que, desde esa fecha, gobernaría la faceta económica
del matrimonio Hurtado Villamarín.
Finalmente, la cláusula décima contiene una
manifestación de paz y salvo entre los esposos. Sin embargo,
finaliza con una declaración que, habiéndose ya liquidado la
masa de gananciales, era totalmente improcedente –y que
fue, sin embargo, de la que se valió el Tribunal para declarar
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60
que la demandante no estaba legitimada en la causa para
instaurar la acción de prevalencia–:
«DÉCIMO. Que se declaran mutuamente a paz y salvo por
cualquier crédito, incremento, compensación, etc., que hubiere
podido pertenecerles en razón de la sociedad conyugal que hoy se
liquida y que renuncian a promover cualquier acción, ante
autoridad competente por tales conceptos, como también
renuncian a gananciales».
Véase que dicha manifestación no podría ser reconocida
como un acto jurídico, pues para ese momento los cónyuges
ya habían liquidado su sociedad conyugal, es decir, habían
procedido con el inventario y avalúo de sus bienes y con su
correspondiente distribución a través de sendas hijuelas de
adjudicación. Ya la masa universal indivisa había
desaparecido, y lo propio había ocurrido con el derecho a
gananciales. Así pues, la renuncia recayó sobre un objeto que
el derecho privado consideraba extinto.
Lo expuesto determina la inexistencia de la renuncia
a gananciales realizada por la demandante, tal como lo ha
reconocido la Corte en casos de contornos similares:
«Debe darse por sentado que el acto jurídico acreditado e
impugnado no respondía a una auténtica renuncia a gananciales.
Y si ello es así, la pretensión de rescisión que el demandante
enarboló alrededor no hay forma de soltarla, ciertamente, ante la
inexistencia del acto jurídico que en concreto fue
cuestionado. (…) La renuncia a gananciales, en efecto, no la
hubo» (CSJ SC3727-2020).
Para resumir, los argumentos compendiados supra, así
como la pauta jurisprudencial citada, permiten colegir que la
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renuncia a gananciales contenida en la cláusula décima de
la escritura pública n.º 459 de 6 de febrero de 2013, otorgada
ante la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta por los
esposos Villamarín-Hurtado, recayó sobre un derecho y una
universalidad jurídica ya extintos.
Por consiguiente, ese acto jurídico de renuncia a
gananciales careció de objeto jurídico, y, por eso mismo, no
existe para el derecho, o al menos no como acto jurídico
voluntario del cual surjan derechos y obligaciones para los
contratantes –pues, se insiste, toda manifestación de
voluntad que pretenda ser reconocida por el derecho como
un acto jurídico requiere recaer sobre un objeto jurídico
posible–. Y siendo ello así, como lo es, resulta imposible que
la manifestación inserta en el epílogo de la cláusula décima
produzca efecto jurídico alguno.
4.4. La violación directa del artículo 1838 del
Código Civil en el caso concreto.
La necesidad de que la renuncia a gananciales se haga
antes de liquidar la sociedad conyugal es un asunto que no
fue ajeno al juez colegiado. Al analizar la figura, sostuvo el
tribunal que los cónyuges «podrán también, en caso de no haber
hecho capitulaciones, optar por renunciar a los gananciales, según lo
permite el canon 1775 ibídem. Desde luego, esa manifestación tendrá
que hacerse cuando ya el matrimonio se celebró y antes de liquidar la
sociedad conyugal».
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62
A pesar de que el ad quem resaltó el límite temporal que
determina la eficacia de la renuncia, pasó por alto que, en el
caso bajo estudio, aquella se exteriorizó después del acto de
liquidación. Esta omisión lo llevó a otorgar efectos jurídicos
a una manifestación de renuncia que no existe –en tanto acto
jurídico–, infringiendo directamente el canon 1838 del Código
Civil, que establece su procedencia «mientras no haya entrado en
su poder [del cónyuge que renuncia, se aclara] ninguna parte del haber
social a título de gananciales», esto es, mientras no se haya
concretado el trabajo de partición y adjudicación.
El dislate es estrictamente jurídico, puesto que el ad
quem no omitió la prueba documental contentiva de la
escritura pública, ni tampoco tergiversó en modo alguno el
contenido de la estipulación décima. Simplemente consideró
como válida una renuncia que, conforme lo establecido, se
hizo cuando ya se había adjudicado el haber social –al
menos, el que se le puso de presente a la demandante– a
título de gananciales –con lo que, se reitera, inaplicó el
primer inciso del citado artículo 1838 del Código Civil–.
Este yerro es trascendente, puesto que, lejos de
reconocer la inexistencia del acto, el tribunal consideró que
la cláusula de renuncia era válida y surtía plenos efectos,
motivo por el cual la actora carecía de legitimidad e interés
para demandar la simulación. Sobre el particular, dijo la
colegiatura de segundo grado:
«Para aventurarse a este litigio simulatorio, debió también
demandarse la rescisión de la cláusula de renuncia a
gananciales (…) es que si no se decreta la rescisión de la cláusula
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de renuncia, la manifestación de voluntad efectuada a ese
respecto se mantiene enhiesta, erguida y produciendo plenos
efectos entre sus suscriptores (…). Porque si no lo logra, esta se
considera vigente y evita las reclamaciones tendientes a la
reconstrucción del haber comunitario».
Estas consideraciones pudieran ser admisibles si la
cláusula de renuncia a la que aluden se hubiera hecho con
plena observancia de los requisitos de existencia. Pero como
no fue así, el desatino del tribunal se torna manifiesto, pues
aquella estipulación fue apenas una expresión carente de
objeto jurídico, y que, por lo mismo no puede ser reconocida
como acto jurídico, en tanto carece de un elemento
estructural esencial para esa categoría.
4.5. Cuestión adicional: La interpretación de la
cláusula decimoprimera de la escritura pública n.º 459.
4.5.1. Si bien el argumento fundante del fallo
impugnado quedó derruido al verificar la inexistencia de la
renuncia a gananciales, el colegiado también hizo una breve
referencia a la estipulación decimoprimera del mismo acto
escriturario, en cuya virtud consideró que las partes habían
renunciado, de manera general, a cualquier acción o
reclamación judicial posterior, tendiente a alterar las
resultas de la partición voluntaria.
El contenido de dicha disposición es el siguiente:
«DÉCIMO PRIMERO. Declaran igualmente los cónyuges que desde
ahora renuncian a cualquier reclamación por evicción, lesión
enorme, por aparecer otros bienes o alguna deuda, o a cualquier
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
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pretensión ya sea judicial o extrajudicial encaminada a modificar
o desconocer, en todo o en parte, la partición del activo que se ha
verificado en ésta escritura».
Dicho esto, prima facie la hermenéutica del tribunal no
parece la más plausible, aunque tampoco luce abiertamente
absurda. Sin embargo, esta última conclusión varía si se
analiza el asunto con la perspectiva de género que la
situación demanda, lo que significa, concretamente,
interpretar la voluntad de los contratantes sin desconocer su
historia personal, y sin perder de vista los alcances que una
u otra lectura pudieran tener para la realización de la
igualdad y la dignidad de la mujer demandante.
4.5.2. Recuérdese que tanto la jurisprudencia de
esta Sala (SC963-2022 y STC8525-2023), como la de la Corte
Constitucional (T-964/14 y T-344/20), han destacado la
importancia de considerar el entorno y las características
particularísimas de las disputas patrimoniales que se
suscitan al interior del matrimonio o la unión marital de
hecho, con miras a prevenir que la aplicación –sin esas
especificidades– del derecho se constituya en barrera
infranqueable para la participación equitativa de la mujer en
el patrimonio, y también para evitar que quien obra con
abuso, engañando o imponiéndose por la fuerza a su pareja,
alcance sus propósitos lesivos de los valores esenciales del
orden jurídico.
Insístase en que, en los casos judiciales donde la
violencia de género hace presencia, es esencial analizar
meticulosamente el contexto en el que se desarrollan las
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
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decisiones legales. Ese análisis prolijo del entorno en el que
se gestan los conflictos familiares, a veces marcado por
relaciones de poder, desequilibrios y manipulación, es
fundamental para evitar interpretaciones sesgadas o
prejuiciosas. El contexto brinda una comprensión más
amplia de las dinámicas subyacentes, permitiendo así una
evaluación justa y adecuada de las circunstancias que
rodean a un litigio en particular.
Además, es importante reconocer que las situaciones de
violencia de género ponen a las víctimas en una posición de
vulnerabilidad, tanto emocional, como económica y legal.
Esta vulnerabilidad puede manifestarse en acuerdos o
renuncias que, si bien aparenten ser manifestaciones de una
voluntad libre, pueden estar condicionadas por el miedo, la
coacción o la desinformación. Por tanto, analizar el conflicto
con detalle, atendiendo sus particularidades, es esencial
para discernir la naturaleza y legitimidad de las decisiones
judiciales adoptadas en entornos de vulnerabilidad.
4.5.3. En este caso, la hermenéutica del Tribunal
generalizó los efectos de una renuncia específica a futuras
acciones judiciales, extendiéndola a situaciones que superan
ampliamente la interpretación más plausible del acuerdo
establecido, y obviando elementos cruciales que habrían
permitido una visión del asunto más amplia, en la que se
identificaran los problemas de discriminación y violencia que
entraña el caso en cuestión.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
66
En primer lugar, era pertinente tener en cuenta que la
relación de los esposos Hurtado-Villamarín se resquebrajó
por actos de violencia intrafamiliar, y que, durante un conato
de reconciliación, la pareja acordó disolver su sociedad
conyugal, manteniendo el matrimonio. Este acuerdo explica
por qué la parte demandante consintió en poner fin al
régimen de gananciales, como se sigue de las declaraciones
de la convocante50 y de los testigos Perdomo51 y Villamarín52.
Se trata, pues, de un acuerdo que se dio en el marco de
una realidad compleja, y después de un episodio de agresión,
lo que implica una situación de vulnerabilidad, de
manipulación emocional para la esposa, quien, de buena fe,
aceptó los términos del acuerdo que se le puso de presente,
confiando en que ello colaboraría a la reconstrucción de su
relación de pareja.
50 En su interrogatorio de parte, rendido en audiencia de 5 de noviembre de 2020, la demandante relató:
«Cuando las relaciones se pusieron bastante tensas entre el señor Melvin Hurtado y la suscrita, el venía
al apartamento no de manera frecuente porque él se fue en el mes de diciembre cuando definitivamente
decidió que se iba cuando no podía convivir conmigo ni con sus hijos; entonces él señor acá en mi
apartamento (...) me dice: suscriba la escritura de disolución y liquidación de la sociedad, tranquila
que la otra escritura no la vamos a firmar todavía. Él ya tenía en su intención generarme el daño, lo
que le interesaba era que yo con premura que yo firmara la escritura. Desafortunadamente, y no sé si
de pronto yéndome hacia el plano de lo personal, no sé si alguno de los que me esté escuchando haya
pasado por situaciones vulnerables como lo es una separación, un problema de estos de carácter
familiar, y nosotras, hablo de nosotras el género femenino, siempre tenemos la cuestión sentimental, y
si, y uno como que le alentaba esa esperanza, pero realmente esa esperanza no debió alentar jamás,
porque lo que se veía era que él quería desaparecer del hogar, era que él quería irse del hogar y lo que
le interesaba finalmente era que yo firmara las escrituras».
51 En audiencia de fecha 13 de mayo de 2021, minuto 1:09 en adelante, ante la pregunta de si entre las
partes existió reconciliación, señaló la testigo: «hubo como intención de arreglar, lo que siempre sucede,
pero definitivamente no se pudo, inclusive Claudia también intentó como “venga dialoguemos”, después
ella ya no quiso, el señor Melvin de pronto también intentó, pero la relación ya estaba bastante
resquebrajada y no hubo lugar a ello y después vino el divorcio».
52 Audiencia de fecha 13 de mayo de 2021, minuto 1:37 en adelante. Cuando se le preguntó sobre la
liquidación de común acuerdo, el testigo sostuvo: «lo que mi hermana me comenta a mí, que él la llamó,
ella estaba en la casa de mis padres, él la llamó a decirle que firmaran una liquidación y que él lo único
que quería era liquidar y seguir con ella en la relación».
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
67
Pero el propósito de su esposo no era ese, sino blindar
el acto de ocultamiento de varios activos sociales
significativos, de los que había dispuesto simuladamente
durante la crisis matrimonial, dejando así a la esposa en una
posición de fraude insuperable. En ese preciso contexto, la
aplicación extendida de la cláusula de renuncia a acciones
judiciales por parte del tribunal resulta insostenible, pues
priva a la convocante de la posibilidad de hacer valer sus
derechos legítimos ante el fraude descubierto.
Recuérdese que los actos de voluntad se rigen por el
principio de buena fe. Así, no puede entenderse que una
renuncia voluntaria a acceder a la administración de justicia
abarca situaciones de defraudación del patrimonio
desconocidas, pues ello sería perdonar de antemano, y sin
consciencia, maniobras engañosas o deshonestas. Tampoco
parece acorde con la justicia extender la estipulación
decimoprimera a una situación en la que, en un contexto de
violencia económica, se comprobó una manipulación
patrimonial, orientada a perjudicar a la mujer y a favorecer
al hombre que fraguó la defraudación.
4.5.4. En resumen, para la Corte la única
interpretación admisible de la citada cláusula, visto el
contexto explicado, y analizando el caso con perspectiva de
género, consiste en que la renuncia a futuras reclamaciones
solo se extiende a aquellas vinculadas con la partición del
activo social relacionado en la escritura, es decir, los
específicos activos inventariados y distribuidos en el acto
jurídico liquidatorio allí solemnizado.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
68
Esta es, además, la lectura más plausible, pues se
mencionan allí, a manera de ejemplo, las acciones de
saneamiento por evicción o de rescisión por lesión enorme,
las cuales sólo pueden entenderse en relación con los
inmuebles adjudicados a cada cónyuge. Asimismo, la
manifestación de renuncia a requerimientos en caso de que
aparecieran nuevos bienes y deudas debe analizarse como
una simple prevención, bajo el entendido que el inventario
denunciado comprendía la totalidad del haber social
existente para ese entonces en cabeza de los cónyuges. El
cuerpo axiológico del orden jurídico no permite extenderlo a
supuestos de fraude doloso.
5. Conclusión.
Al revisar la sentencia del Tribunal sin las barreras
formales impuestas por las deficiencias de los cargos
formulados en casación, refulge el dislate que llevó a esa
colegiatura a dar por existente y válida la renuncia a
gananciales, y a extender de manera generalizada los efectos
de una manifestación específicamente relacionada con el
haber social existente, para entender que, en virtud de
aquellas, la actora carecía de legitimación e interés para
demandar la simulación.
Como ese yerro atenta contra derechos y garantías
constitucionales de la señora Claudia Eloísa Villamarín
(artículos 13 y 43 C. P.), se impone casar oficiosamente la
providencia de segunda instancia, siendo pertinente dictar la
de reemplazo.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
69
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Control de legalidad.
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales de
la acción, es decir,
«los requisitos adjetivos indispensable para que pueda concretarse
válidamente la acción. También para que nazca, se trabe, se
desarrolle y termine válidamente la relación jurídica procesal. Se
integra por jurisdicción, competencia, capacidad para ser parte,
capacidad para comparecer, demanda en forma, no caducidad de
la acción y solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
cuando está exigida. Su importancia radica no solo en la vigencia
del debido proceso, sino en que garantiza la aptitud formal del
instrumento procesal para proferir el fallo de fondo» (CSJ
SC592-2022).
Están igualmente acreditados los presupuestos
materiales para la sentencia de fondo estimatoria, traducidos
en la legitimación en la causa e interés para obrar, sobre los
cuales tiene dicho el precedente:
«La legitimación en la causa, elemento material para la
sentencia estimatoria –o, lo que es lo mismo, una de las
condiciones sustanciales para el éxito de las pretensiones–, denota
la correspondencia entre los extremos activo y pasivo del derecho
sustancial reclamado, con los extremos activo y pasivo de la
relación procesal mediante la cual se pretende su
instrumentalización. La legitimatio ad causam se estructurará
cuando coincidan la titularidad procesal afirmada en la demanda
y la sustancial que otorgan las normas jurídicas de ese linaje.
No basta, pues, con la auto atribución o asignación del derecho por
parte del demandante en su escrito inicial, lo cual explica que la
legitimación se ubique en los presupuestos materiales para la
sentencia de fondo estimatoria, y no en los presupuestos
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
70
procesales de la acción –que son condiciones formales para el
válido desarrollo de la relación instrumental–.
(...) Al igual que legitimación en la causa, el interés para obrar
es un presupuesto material para la sentencia de fondo estimatoria,
aunque no corresponde ya a la titularidad del derecho sustancial
debatido, sino a “la utilidad o el perjuicio jurídico, moral o
económico que para el demandante y el demandado puedan
representar las peticiones incoadas en la demanda y la
consiguiente decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia”53.
Ese interés debe ser: (i) subjetivo, pues está relacionado con la
calidad de un sujeto determinado, es decir, quien tiene el móvil
para demandar la tutela jurisdiccional de sus derechos; (ii) serio,
lo que supone realizar “un juicio de utilidad, a fin de examinar si
al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un
beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material
o moral al demandado”54, a lo que se añade que esa seriedad la
da su pertenencia a la esfera jurídica protegida por el
ordenamiento (no la cuantía del reclamo); (iii) concreto, de modo
que exista en cada evento determinado, y respecto de una relación
jurídica específica; y (iv) actual, es decir, que subsista para el
momento de concretarse la relación jurídica procesal.
De no confluir los comentados requerimientos, no podría la
jurisdicción pronunciarse de fondo sobre el derecho subjetivo
pretendido, en tanto que “las simples expectativas o los eventuales
y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si
sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual
para su declaración judicial, puesto que no se hallan
objetivamente tutelados”55» (CSJ SC3598-2020).
Adicionalmente, no se advierten irregularidades o vicios
que comprometan la validez de lo actuado, razón por la cual,
se decidirá de fondo el presente asunto.
53 «DEVIS, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo III. Ed. Temis, Bogotá. 1961, p. 447»
(referencia propia del texto citado).
54 «DEVIS, Hernando. Teoría general del proceso. Ed. Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 246»
(referencia propia del texto citado).
55 «Ibidem, p. 247» (referencia propia del texto citado).
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
71
2. Delimitación del asunto a resolver.
Teniendo en cuenta que la Sala encontró procedente
casar la sentencia del Tribunal en virtud del análisis
panorámico del caso, los efectos del quiebre son totales. Ello,
a su vez, impone que el fallo de reemplazo analice todos los
reparos concretos que la actora elevó frente a la sentencia
desestimatoria de primera instancia.
Cabe anotar que el demandado Hurtado Hernández
también apeló la sentencia de primera instancia, pidiendo
que se condenara a su contraparte, en tanto litigante
vencida, a pagar los perjuicios que se le causaron con las
medidas cautelares decretadas. No obstante, la Sala no se
detendrá sobre este punto, pues el reclamo indemnizatorio
del que se viene hablando solo resultaría inteligible en caso
de que se negaran las pretensiones, y está claro que la suerte
de esta controversia será distinta.
3. La sentencia del a quo.
Mediante providencia de 16 de diciembre de 2021, el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta declaró probadas
las excepciones de mérito de (i) «renuncia por parte de los partícipes
de la sociedad de gananciales al derecho potestativo de reclamar judicial
o extrajudicialmente cualquier pretensión relacionada con la distribución
de bienes efectuada»; y (ii) «no obstante la distribución de gananciales
efectuada en ejercicio de su voluntad soberana, los partícipes también
renunciaron a gananciales, renuncia que de acuerdo con las reglas de la
lógica y una sana hermenéutica, debe entenderse hecha solo sobre
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
72
bienes diferentes a distribuidos»; formuladas por Melvin Hurtado
Hernández. También la defensa de «falta de interés legítimo de la
parte actora», que propusieron Elver Bladimir Hurtado
Hernández, Luz Marina Hurtado Hernández, Elibia Ortiz
Corzo y Maritza Pabón Romero.
Consideró el a quo que, si bien la enajenación simulada
de un bien social por parte de un cónyuge puede ser atacada
por el otro, en este caso los esposos Hurtado Villamarín
renunciaron a sus gananciales y a posteriores reclamaciones,
declarándose a paz y salvo, a través de sendas estipulaciones
contractuales que se encuentran vigentes y surtiendo plenos
efectos. Esta circunstancia descartaría la existencia de un
interés jurídico serio y actual de la demandante para
procurar la recomposición del acervo social.
4. El recurso de apelación.
La actora apeló la sentencia de primer grado y, al
formular sus reparos concretos, sostuvo que las
manifestaciones contenidas en las cláusulas décima y
undécima estaban ligadas al activo verificado en la escritura
pública, en tal virtud, la renuncia se hizo sobre los créditos,
incrementos o compensaciones que hubieran podido
pertenecer a la sociedad conyugal y respecto de las acciones
posteriores encaminadas a reclamar tales conceptos.
En ese sentido, la demandante no habría renunciado
jamás al ejercicio de acciones encaminadas a reintegrar a la
sociedad conyugal bienes fraudulentamente sustraídos por
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
73
uno de los cónyuges. Y siendo ello así, la acción de
simulación incoada no modificaría ni desconocería la
partición contenida en la escritura pública n.º 459, toda vez
que ella recoge los bienes que efectivamente figuraban a
nombre de los consortes; tampoco persigue incrementos,
créditos o compensaciones sobre tales bienes, sino
únicamente que aquellos que quedaron por fuera del
inventario por actos fraudulentos, vuelvan al haber social.
Por consiguiente, concluyó la recurrente, las cláusulas
décima y undécima a las que aludió el juzgador a quo no
implicaban la pérdida del derecho de la cónyuge a evitar un
grave detrimento patrimonial, con ocasión de las maniobras
fraudulentas llevadas a cabo por su expareja.
5. Análisis de los reparos.
5.1. La legitimación en la causa y el interés para
obrar del cónyuge en la acción de simulación.
5.1.1. Sea lo primero recordar que la
interdependencia entre interés para obrar y legitimación
extraordinaria de los terceros para reclamar la declaración
de simulación de un contrato, ha sido admitida, en forma
pacífica, por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte,
constituyéndose en precedente inalterado hasta la fecha56.
En ese contexto, recuérdese que la legitimación en la
causa alude a la absoluta coincidencia de titularidades
56 Cfr. CSJ SC16669-2016, entre otras.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
74
procesales y sustanciales tanto en la parte activa como
pasiva, sin perjuicio de las especificidades de la legitimación
extraordinaria. Por su carácter sustantivo, es presupuesto
material de la sentencia estimatoria y su ausencia impide la
prosperidad del petitum, siendo su acreditación carga de
parte, pues no basta con que el demandante alegue tener la
titularidad del derecho que invoca, sino que es necesario que
lo acredite en el proceso57.
Por su parte, el interés para obrar se refiere al ánimo
jurídico, legítimo, concreto, subjetivo, serio y actual que se
tiene para pedir la actividad jurisdiccional y la tutela
específica. O, en otras palabras, a la utilidad sustancial que
obtiene, o la lesión que sufre, una parte del litigio como
consecuencia de la sentencia que lo resuelve.
Conforme al precedente, se insiste, el interés para obrar
debe ser:
«(i) subjetivo, pues está relacionado con la calidad de un sujeto
determinado, es decir, quien tiene el móvil para demandar la tutela
jurisdiccional de sus derechos; (ii) serio, lo que supone realizar «un
juicio de utilidad, a fin de examinar si al acceder el juez a las
declaraciones pedidas se otorga un beneficio material o moral al
demandante, o un perjuicio material o moral al demandado», a lo
que se añade que esa seriedad la da su pertenencia a la esfera
jurídica protegida por el ordenamiento (no la cuantía del reclamo);
(iii) concreto, de modo que exista en cada evento determinado, y
respecto de una relación jurídica específica; y (iv) actual, es decir,
que subsista para el momento de concretarse la relación jurídica
procesal. De no confluir los comentados requerimientos, no podría
la jurisdicción pronunciarse de fondo sobre el derecho subjetivo
pretendido, en tanto que “las simples expectativas o los eventuales
y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si
57 Cfr. CSJ SC592-2022, 25 may.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
75
sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual para
su declaración judicial, puesto que no se hallan objetivamente
tutelados”» (CSJ SC3598-2020).
5.1.2. En el asunto que ocupa la atención de la
Sala, el juzgador a quo consideró que la señora Claudia
Eloísa Villamarín carecía de un interés serio y actual en la
acción de simulación, en virtud de la vigencia de las
cláusulas de renuncia contenidas en la escritura pública de
disolución y liquidación de su sociedad conyugal. A su juicio,
la ausencia del referido interés suponía que la actora no tenía
legitimación para demandar la prevalencia de la realidad por
sobre el acuerdo ficto.
Esta conclusión descansa sobre una equivocada
apreciación de las cláusulas décima y undécima del referido
instrumento público, en virtud de la cual se consideró vigente
y con plenos efectos una renuncia a gananciales que no fue
tal, y se entendió que la abdicación de reclamaciones
posteriores comprendía también aquellas motivadas por
actos mendaces y torticeros de defraudación de la sociedad
conyugal. Así quedó establecido en las consideraciones
plasmadas en párrafos anteriores, a las que la Sala se remite
en aras de la brevedad.
5.1.3. Pues bien, superado el obstáculo de la
(inexistente) renuncia a gananciales, e interpretada
adecuadamente y con perspectiva de género la cláusula de
renuncia a reclamaciones, cabe recordar que, en virtud del
principio de relatividad contractual, no cualquiera está
facultado para ejercitar la acción de prevalencia, en busca de
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
76
la declaratoria de simulación de determinado negocio jurídico
en el que no participó. Sólo podrán formular tales
pretensiones aquellos terceros que demuestren un interés
jurídico, serio, subjetivo, concreto y actual, fundado en la
titularidad de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o
perturbado por el acto aparente.
Para ejemplificar, el precedente tiene establecido que
«en términos generales el interés se pregona de las propias partes;
de los terceros que por fungir de acreedores de los contratantes
eventualmente se ven lesionados, y del cónyuge, respecto de los
actos jurídicos celebrados por el otro, bajo las pautas, desde luego,
del régimen económico del matrimonio, previsto por la ley 28 de
1932» (CSJ SC 5 sep. 2001, Rad. 5868).
En ese entendido, la Sala ha desarrollado un cuerpo
jurisprudencial amplio, relativo al reconocimiento y
protección del interés que le asiste al cónyuge para atacar,
por simulados, los actos de disposición de su pareja. En
principio, la jurisprudencia consideró que aquel interés
surgía una vez disuelta la sociedad conyugal –pues sólo a
partir de ese momento los consortes pueden reclamar sus
derechos económicos–, pero más recientemente la Sala
precisó que bastaba con iniciar cualquier acción que tuviera
por efecto la disolución de la sociedad conyugal –por vía de
ejemplo, la de divorcio, nulidad del matrimonio o separación
de bienes–, siempre que la contraparte ya hubiese sido
notificada de su admisión58.
58 Esta postura fue sostenida hasta hace pocos años. Pueden verse, por ejemplo: CSJ SC, 15 sep. 1993;
CSJ SC, 30 oct. 1988, rad. 4920; y CSJ SC3864-2015, entre otras.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
77
Así las cosas, es indudable que en este caso la
legitimación en la causa por activa radica en la señora
Claudia Eloísa Villamarín, pues los bienes sociales cuya
transferencia se denuncia como simulada hacían parte de la
sociedad conyugal que sostuvo con Melvin Hurtado
Hernández, quien fungió en tales negocios como vendedor.
Además, acudió a la jurisdicción con posterioridad a la
disolución de su sociedad conyugal.
La demandante tiene también interés para obrar,
debido a que la procedencia o improcedencia de la
reclamación que ahora se debate afecta directamente su
patrimonio, que podría incrementarse en caso de que se
ordene el reintegro de los bienes al haber de su ex cónyuge y
puedan ser, por tanto, objeto de una justa partición adicional
de gananciales. Para decirlo con claridad, la sentencia de
fondo causará, indefectiblemente, un impacto positivo cierto
en la composición del patrimonio de la convocante.
5.2. La acción de simulación.
La acción de simulación o prevalencia tiene por
propósito develar la verdadera intención de las partes de un
contrato, oculta de manera concertada tras un negocio
fingido. En ese entendido, la procedencia de la acción
depende de que se acredite la existencia de una discordancia
entre el pacto aparente (aquel que percibe cualquier
observador razonable) y lo que acordaron en privado los
estipulantes, antinomia que debe resultar de la voluntad
recíproca de estos, orientada a distorsionar la naturaleza del
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
78
acuerdo, modificar sus características principales, o fingir su
propia existencia.
En ese sentido, la Sala ha sostenido:
«Según el Diccionario de la Lengua Española, el verbo transitivo
simular denota “representar algo, fingiendo o imitando lo que no
es”. A diferencia del que oculta de los demás una situación
existente (quien disimula), el simulador pretende provocar en los
demás la ilusión contraria: hacer aparecer como cierto, a los ojos
de extraños, un hecho que es irreal.
La simulación, en la esfera de los contratos, supone que los
extremos de un negocio jurídico bilateral (o plurilateral),
concertadamente, hagan una declaración de voluntad fingida, con
el propósito de mostrarla frente a otros como su verdadera
intención. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorización
implica que, para los contratantes –sabedores de la farsa– la
declaración (i) no está orientada a producir efectos reales
(simulación absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo
subyacente con el ropaje de una tipología o configuración negocial
distinta (simulación relativa).
En palabras de la doctrina, “(...) negocio simulado es el que tiene
una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en
absoluto, o porque es distinto de como aparece. Entre la forma
extrínseca y la esencia íntima hay un contraste llamativo: el
negocio que, aparentemente, es serio y eficaz, es en sí mentiroso y
ficticio, o constituye una máscara para ocultar un negocio distinto.
Ese negocio, pues, está destinado a provocar una ilusión en el
público, que es inducido a creer en su existencia o en su naturaleza
tal como aparece declarada, cuando en verdad, o no se realizó, o
se realizó otro negocio diferente al expresado en el contrato”.
Similarmente, para esta Corporación el instituto de la simulación
de contratos “(...) comprende una situación anómala en la que las
partes, de consuno, aparentan una declaración de voluntad
indeseada (...). Si hay un contenido negocial escondido tras el velo
del que se exhibe al público, la simulación se dice relativa. Pero si
no hay vínculo contractual de ninguna especie y por lo tanto el
único acto en realidad celebrado consiste en el convenio de las
partes para dar vida a una apariencia que engañe públicamente
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
79
demostrando ante terceros la existencia de un negocio que las
partes nunca se propusieron ajustar, la simulación se califica de
absoluta.
En una compraventa, por ejemplo, se da la simulación absoluta
cuando no obstante existir formalmente la escritura pública que la
expresa, no hay ánimo de transferir en quien se dice allí vendedor,
ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En
este tipo de operaciones, detrás del acto puramente ostensible y
público no existe un contrato específico de contenido positivo. Sin
embargo, las partes celebran en secreto un convenio que es el de
producir y sostener ante el público un contrato de compraventa
enteramente ficticio con el ánimo de engañar hasta obtener ciertos
fines. Las partes convienen pues en producir y sostener una ficción
para conservar una situación jurídica determinada” (CSJ SC, 19
jun. 2000, rad. 6266)» (CSJ SC3598-2020, 28 sep.).
5.3. La prueba de la simulación59.
Determinar que un contrato es simulado requiere
importantes esfuerzos probatorios, pues tal cosa implica
esclarecer un estado mental que las partes de la negociación
resolvieron mantener en su fuero íntimo, y que, en ocasiones,
persisten en encubrir. Por consiguiente, suele reconocerse la
importancia de emplear evidencias indirectas de esa voluntad
real, como ciertos rasgos o comportamientos de las partes,
que no son frecuentes entre quienes ajustan tratos serios.
Por vía de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren
que es habitual que el vendedor se desprenda de la posesión
del bien que enajena; que quiera o necesite vender y su
contraparte comprar; que se reclame por esa transferencia
un precio, equivalente al valor de mercado del activo, y que
59 Las consideraciones de este acápite se encuentran vertidas en la sentencia CSJ SC963-2022, y por su
importancia se reiteran.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
80
el comprador cuente con recursos suficientes para asumir
sus cargas económicas; por tanto, una negociación en la que
no se presenten tales circunstancias, puede sugerir el
fingimiento de la declaración de voluntad.
A esos indicios pueden sumarse otros, ya no propios de
una conducta negocial atípica, sino del contexto en que se
celebró el contrato, como la cercanía de las partes (no
necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas
previas; la época de la negociación; las cláusulas
contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de
retroventa, etc.); la transferencia masiva de activos, y, por
sobre todo, la causa simulandi, es decir, la existencia de un
motivo para encubrir con un ropaje aparente la auténtica
voluntad de los negociantes.
Con todo, variables objetivas como las que se
relacionaron supra, consideradas en forma aislada, no son
suficientes para calificar un contrato como ficto, pues las
negociaciones veraces pueden, por distintas circunstancias,
presentar en su configuración uno o algunos de esos rasgos
distintivos, y las simuladas no hacerlo; pero varias de ellas
conjuntadas, vistas bajo el prisma de la sana crítica y las
reglas de la experiencia, pueden cimentar suficientemente
una conclusión como la apuntada.
Con esto quiere decirse que los indicios que han
identificado y compendiado la jurisprudencia y la doctrina a
lo largo de los años, sirven como herramienta para reconocer
las notas distintivas de los negocios jurídicos simulados, de
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
81
modo que, al analizar contextualmente los hechos probados
en el proceso, resultará más sencillo establecer si ellos
reflejan la seriedad del contrato, o por el contrario dan cuenta
de que, tras un negocio aparente, se oculta una voluntad
diversa a la exteriorizada.
Téngase en cuenta que las evidencias que, de ordinario,
se consideran “indicios de simulación”,
«(...) no constituyen una lista de necesaria satisfacción, que exija
para el éxito de la acción de prevalencia la indefectible
demostración de todos los supuestos sugerentes de un contrato
simulado; al fin y al cabo, la valoración de la conducta humana
exige, más allá de simples razonamientos automáticos, un ejercicio
de ponderación y análisis complejo, siempre orientado, insiste la
Sala, por las reglas de la sana crítica. Piénsese, para demostrar la
validez de este argumento, en un contrato de compraventa con
pacto de reserva de dominio, celebrado entre padre e hijo. Per se,
resultaría aventurado tildarlo de mendaz solo por la relación filial
y convención accidental; pero si la contratación se llevó a cabo
entre un progenitor moribundo, con gran capacidad económica, y
su único descendiente, que recién alcanzó la mayoría de edad, sin
empleo ni recursos propios, parece legítimo dudar de la armonía
entre la real intención de las partes y su exteriorización.
Y si a ese panorama se suma la posibilidad latente de una
demanda de liquidación de sociedad conyugal contra el
enajenante, que obligaría a distribuir equitativamente su
patrimonio con su antigua esposa, esas sospechas dejarán de
serlo, y la lógica revelará una verdad concluyente: se hizo pasar
por venta una donación, pues la verdadera voluntad del padre no
podría ser otra que transferir a título gratuito un activo inmobiliario
a su hijo (mejorando así su situación como futuro heredero único),
con el propósito de defraudar a la cónyuge de quien se dijo
vendedor, sin serlo. A ello cabe añadir, siguiendo con la exposición
propuesta, que el desenlace advertido no se modificaría si el precio
pactado en el contrato simulado acompasara con el valor comercial
de lo vendido, o si antes de la transferencia el presunto adquirente
hubiera examinado, con la asesoría de expertos, el estado del
inmueble, porque tales eventualidades no dotarían de seriedad a
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82
un negocio que carece de ella, ni permitirían tener por verídica una
expresión de voluntad que a todas luces tiene dobleces» (CSJ
SC3598-2020, ya citada; reiterada en CSJ SC963-
2020).
Por esa vía, se muestra impertinente descartar la
simulación de un contrato so pretexto de que alguno de los
citados “indicios” no quedó suficientemente acreditado, pues
tal conclusión supondría que el doblez de la voluntad se
acredita mediante una simple comprobación cuantitativa –la
verificación de los hechos indiciarios–, y no a partir del
análisis conjunto y racional de la evidencia, que es como
corresponde en un sistema de valoración probatoria
asentado en la sana crítica.
Con similar orientación, cabe destacar que la presencia
de uno o varios indicios de simulación no conduce
automáticamente a la conclusión de que un contrato sea
simulado; tal cosa supondría una simplificación indebida del
proceso de evaluación probatoria. En lugar de ello, insiste la
Corte, en cada caso se requiere un análisis exhaustivo y
contextualizado de todos los elementos de prueba
disponibles, en línea con los principios de la sana crítica y el
debido proceso, para determinar de manera justa y precisa
la naturaleza de la relación jurídica cuestionada.
5.4. Análisis de los negocios jurídicos cuya
simulación se denuncia. Cronología de las ventas.
Antes de analizar la evidencia recaudada y los múltiples
indicios que confluyen en las negociaciones bajo escrutinio,
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
83
es necesario hacer un recuento de las distintas
enajenaciones que realizó el señor Hurtado Hernández,
teniendo claro desde ahora que los once inmuebles a los que
se refieren esos contratos eran de naturaleza social, pues
fueron adquiridos, a título oneroso, durante la vigencia de la
sociedad conyugal Villamarín-Hurtado:
5.4.1. Transferencia del 50% del lote Monte de
los Olivos (F. M. I. 314-52757), ubicado en Piedecuesta
(Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández adquirió
su porcentaje por compraventas celebradas con su
progenitora Amelia Hernández el 22 de junio de 2011, y con
su hermana Luz Marina Hurtado el 24 de agosto de 2012.
(ii) Compraventas que se denuncian como
simuladas: Mediante escritura n.° 4996 de 6 de diciembre
de 2012, Melvin Hurtado enajenó su cuota parte en favor de
Elver Bladimir Hurtado, por valor de $1.297.000.
Posteriormente, mediante escritura n.° 1032 de 12 de abril
de 2016, éste último transfirió a sus hermanos Melvin y Luz
Marina Hurtado Hernández una cuota equivalente al 1/3
parte del lote a cada uno, por valor de $2.864.000.
5.4.2. Transferencia del 50% del lote El Sinaí. (F.
M. I. 314-52758), ubicado en Piedecuesta (Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández adquirió
su porcentaje por compraventas celebradas con su
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
84
progenitora Amelia Hernández el 22 de junio de 2011, y con
su hermana Luz Marina Hurtado el 24 de agosto de 2012.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 4996 de 6 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió su cuota parte a Elver Bladimir
Hurtado por valor de $1.320.000. Luego, a través de
instrumento n.° 1028 de 12 de abril de 2016, Elver Bladimir
transfirió el inmueble a la señora Lubdy Vega Pérez,
compañera permanente de su hermano Melvin Hurtado60,
por valor de $3.000.000.
5.4.3. Transferencia del 50% de la nuda
propiedad de la casa de la Urbanización Los Molinos (F.
M. I. 300-67862), ubicada en Floridablanca (Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández adquirió
su porcentaje por compraventas celebradas con su
progenitora Amelia Hernández el 22 de junio de 2011, y con
su hermana Luz Marina Hurtado el 24 de agosto de 2012.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 4996 de 6 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado transfirió su cuota parte a Elver Bladimir
Hurtado por valor de $17.822.500. Más adelante, éste
enajenó el inmueble a su madre Amelia Hernández de
Hurtado y a sus hermanos Melvin y Luz Marina Hurtado
60 La calidad de compañera permanente de la señora Lubdy Vega Pérez fue aceptada por el demandado
en su interrogatorio de parte. Cfr. Audiencia de 5 de noviembre de 2020, minuto 1:13 en adelante.
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Hernández, a través de escritura n.° 1031 de 12 de abril de
2016, por valor de $48.500.000.
5.4.4. Transferencia del 50% de la nuda
propiedad del lote Villa Amelia (F. M. I. 314-52756),
ubicado en Piedecuesta (Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández adquirió
su porcentaje por compraventas celebradas con su
progenitora Amelia Hernández el 22 de junio de 2011, y con
su hermana Luz Marina Hurtado el 24 de agosto de 2012.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 248 de 31 de enero de 2013, Melvin
Hurtado transfirió su cuota parte a su hermano Elver
Bladimir Hurtado por valor de $2.000.000. Posteriormente,
éste transfirió el inmueble a su madre Amelia Hernández de
Hurtado y a sus hermanos Melvin y Luz Marina Hurtado
Hernández, a través de escritura n.° 1031 de 12 de abril de
2016, por valor de $1.500.000.
5.4.5. Transferencial del lote 1 (F. M. I. 410-
61164), ubicado en Arauca (Arauca).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
el predio a Elibia Ortiz Corzo el 30 de enero de 2010.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 1737 de 1 de noviembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió a Nubia Andrea Claros por valor de
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$16.000.000. Posteriormente, ella transfirió el inmueble a
Elver Bladimir Hurtado a través de escritura n.° 1704 de 22
de octubre de 2014, por el mismo precio.
5.4.6. Transferencia del lote 2 (F. M. I. 410-
61165), ubicado en Arauca (Arauca).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
el predio a Elibia Ortiz Corzo el 30 de enero de 2010.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 1936 de 30 de noviembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió a su hermano Elver Bladimir Hurtado
por valor de $4.000.000. Posteriormente, éste transfirió el
inmueble a Maritza Pabón a través de escritura n.° 569 de 17
de abril de 2013, por el mismo precio.
5.4.7. Transferencia del lote 3 (F. M. I. 410-
61164), ubicado en Arauca (Arauca).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
el predio a Elibia Ortiz Corzo el 30 de enero de 2010.
(ii) Venta que se denuncia como simulada:
Mediante escritura n.° 2119 de 14 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió a Elibia Ortiz Corzo, a cambio de un
precio de $4.000.000.
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5.4.8. Transferencia de los lotes 1B y 2A, Punta
Colorados (F. M. I. 260-275152 y 260-275153), ubicados
en Los Patios (Norte de Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
los lotes 1B y 2A a la Urbanizadora Los Colorados Ltda., el
12 de julio de 2011.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 8007 de 5 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió a su contador Luis Alirio Carreño61
por valor de $26.698.000. Posteriormente, éste transfirió los
inmuebles a la sociedad Melvin Hurtado S.A.S., mediante
escritura n° 600 de 10 de abril de 2013, junto con otros dos
lotes que representaban la suma de $110.000.000, pagados
a título de acciones sociales.
A través de instrumento público n.° 1266, de 30 de
junio de 2016, la sociedad Melvin Hurtado S.A.S. vendió la
heredad a la compañera permanente de su representante
legal, señora Lubdy Vega, por $31.000.000.
5.4.9. Transferencia del lote 2B, Punta
Colorados (F. M. I. 260-275154), ubicado en Los Patios
(Norte de Santander).
61 La relación profesional existente fue admitida por ambos contratantes, tanto en las contestaciones de
la demanda como en sus interrogatorios de parte.
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88
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
el lote 2B a la Urbanizadora Los Colorados Ltda., el 12 de
julio de 2011.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 8007 de 5 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió el lote a Luis Alirio Carreño por valor
de $26.698.000. Posteriormente, éste transfirió el inmueble
a la sociedad Melvin Hurtado S.A.S., mediante escritura n.°
600 de 10 de abril de 2013, junto con otros tres lotes que
representaban la suma de $110.000.000, pagados a título de
acciones sociales.
A través de instrumento público n.° 1267 de 30 de junio
de 2016, dicha sociedad vendió la heredad a su
representante legal, señor Melvin Hurtado, por valor de
$31.000.000.
(iii) Venta subsiguiente: Mediante escritura pública
n.° 1799 de 7 de septiembre de 2016, Melvin Hurtado
enajenó el lote en favor de Álvaro José Toloza Yáñez, por valor
de $31.000.000. Cabe anotar que dicho negocio fue
antecedido por promesa de compraventa, en la cual se fijó
como precio del inmueble la suma de $130.000.000.
El comprador Toloza Yáñez declaró construcción en
suelo propio mediante escritura n.° 620 de 17 de abril de
2017 y, posteriormente, vendió el predio a Nydian Adriana
Villamizar Molina, a través de la escritura n.º 2513 de 5 de
diciembre de 2017.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
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5.4.10. Transferencia del lote 3A, Punta
Colorados (F. M. I. 260-275155), ubicado en Los Patios
(Norte de Santander).
(i) Adquisición: Melvin Hurtado Hernández compró
el lote 3A a la Urbanizadora Los Colorados Ltda., el 12 de
julio de 2011.
(ii) Ventas que se denuncian como simuladas:
Mediante escritura n.° 8007 de 5 de diciembre de 2012,
Melvin Hurtado vendió a Luis Alirio Carreño por valor de
$26.698.000. Posteriormente, éste transfirió el inmueble a la
sociedad Melvin Hurtado S.A.S., mediante escritura n.° 600
de 10 de abril de 2013, junto con otros tres lotes que
representaban la suma de $110.000.000, pagados a título de
acciones sociales.
A través de instrumento público n.° 1267 de 30 de junio
de 2016, dicha sociedad vendió la heredad a quien para ese
entonces era su gerente, señor Melvin Hurtado, por valor de
$31.000.000.
(iii) Ventas subsiguientes: Mediante instrumento n°
1993 de 29 de septiembre de 2016, Melvin Hurtado enajenó
el lote en favor de Luz Marina Rubio Vargas (esposa de Álvaro
José Toloza Yáñez) por valor de $31.000.000. Cabe aclarar
que dicho negocio fue antecedido por promesa de
compraventa en la cual se fijó como precio del inmueble la
suma de $130.000.000.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
90
Después de declarar construcción en suelo propio
mediante escritura n.° 621 de 17 de abril de 2017, la señora
Rubio transfirió el bien a Sor Daniela Pérez Roa, a través de
instrumento n.° 852 de 16 de mayo de 2017.
5.5. Las hipótesis enfrentadas.
Las posturas sostenidas por las partes muestran la
existencia de dos hipótesis contrapuestas respecto del
carácter, real o simulado, de la enajenación de los once
inmuebles sociales a los que se ha hecho referencia.
La actora sostuvo que (i) las transferencias se dieron
dentro de los tres meses anteriores a la firma de la disolución
de la sociedad conyugal, y con posterioridad a la denuncia
que elevó en contra de su cónyuge por violencia intrafamiliar;
en ellas fungieron como compradores parientes o personas
cercanas al señor Melvin Hurtado; el precio pactado fue
inferior al comercial; a lo que se suma que, después de la
liquidación del patrimonio común, varios de esos bienes
retornaron al patrimonio del demandado o de su círculo
cercano. Para finalizar, advierte que la causa simulandi de
tales negocios es evidente, y consistió en eludir o desconocer
sus derechos económicos derivados de la sociedad de
gananciales con el señor Hurtado Hernández.
Este último, a su turno, defendió la veracidad de las
ventas, justificando su proceder con el derecho a la libre
administración de los bienes que para ese entonces tenía, y
arguyendo la existencia de cláusulas de renuncia, que le
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
91
impedirían a la actora promover el presente juicio de
simulación. Explicó que esas enajenaciones se dieron en
ejercicio de su libre administración y por los siguientes
motivos:
(i) Los inmuebles ubicados en Piedecuesta y
Floridablanca siempre han sido de su progenitora, quien los
transfirió temporalmente a sus hijos con el ánimo de darles
capacidad crediticia, por lo que la actora conocía dicha
situación y consintió en excluir tales activos de la liquidación
del patrimonio común;
(ii) Los lotes ubicados en el municipio de Arauca
fueron enajenados debido a que estaban siendo ocupados por
terceras personas, y su control se dificultaba al no residir el
convocado en esa localidad. A ello se suma sus necesidades
económicas;
(iii) Los lotes ubicados en Los Patios fueron entregados
a Luis Alirio Carreño en dación en pago por la deuda
existente, toda vez que, ante la situación de iliquidez del
enajenante, fue su asesor contable quien cubrió varios
débitos insolutos, correspondientes a impuestos, honorarios
y facturas.
Pues bien, superado el escollo de la legitimación de la
convocante para instaurar la acción de prevalencia y de su
interés para actuar, debe analizarse la evidencia recabada y
valorar los medios de convicción existentes, para determinar
cuál de las versiones fue debidamente acreditada en el juicio.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
92
Pero, antes de analizar cada uno de los actos jurídicos
cuestionados de forma individual, es pertinente relievar los
hechos comunes a todos los negocios que se encuentran
plenamente acreditados, a saber:
(i) Los folios de matrícula inmobiliaria62 adosados al
expediente muestran que los once inmuebles en disputa
fueron adquiridos a título oneroso por el señor Melvin
Hurtado durante la vigencia de la sociedad conyugal, en
virtud de lo cual tienen la connotación de bienes sociales.
(ii) En el mes de agosto de 2012 el matrimonio
Hurtado-Villamarín sufrió una crisis por actos de violencia
intrafamiliar, en virtud de los cuales la actora denunció a su
esposo ante la Comisaría de Familia de Los Patios, desde
donde se requirió a la Policía Nacional para que le brindara
acompañamiento permanente63.
(iii) Entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de enero
de 2013, Melvin Hurtado Hernández enajenó once bienes
sociales. El 6 de febrero de 2013 se firmó de mutuo acuerdo
la escritura64 de disolución y liquidación de la sociedad
conyugal Hurtado-Villamarín.
La cronología de los sucesos descritos es la siguiente:
62 Fl 38, 40, 42, 48, 55, 60, 64, 362, 365, 380 y 396, Cuaderno 1 Parte 1.
63 Fl. 70, Cuaderno 1 Parte 1.
64 Fl. 22, Cuaderno 1 Parte 1.
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93
FECHA EVENTO RELEVANTE
09/08/2012 Denuncia por violencia intrafamiliar.
06/12/2012
Venta de los predios Monte de los Olivos, El Sinaí y Los Molinos a
Elver Bladimir Hurtado.
01/11/2012 Venta del Lote 1 del Barrio Villa San Juan a Nubia Andrea Claros.
30/11/2012
Venta del Lote 2 del Barrio Villa San Juan a Elver Bladimir
Hurtado.
14/12/2012 Venta del Lote 3 del Barrio Villa San Juan a Elibia Ortiz65.
05/12/2012 Venta de los cuatro lotes de Punta Colorados a Luis Alirio Carreño.
31/01/2013 Venta del Lote Villa Amelia a Elver Bladimir Hurtado.
06/02/2013 Disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
(iv) Con posterioridad al acto partitivo, los once
inmuebles fueron objeto de nuevas enajenaciones, volviendo
nueve de ellos al patrimonio del señor Hurtado Hernández,
de sus hermanos, de su madre o de su compañera
permanente, como se evidencia en los folios de matrícula
inmobiliaria correspondientes.
5.6. Análisis de los negocios jurídicos celebrados
respecto de los lotes Monte de los Olivos, El Sinaí, Villa
Amelia y casa de Los Molinos.
5.6.1. Las pruebas obrantes en el expediente
demuestran que la señora Amelia Hernández de Hurtado
65 La señora Elibia Ortiz era la asistente de Elver Bladimir Hurtado, vínculo laboral reconocido por ella
en interrogatorio de parte rendido en audiencia de 5 de noviembre de 2020, minuto 2:15 en adelante.
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94
vendió a sus hijos Melvin, Elver Bladimir y Luz Marina
Hurtado Hernández los tres primeros inmuebles, a través de
la escritura pública n.º 1871 de 22 de junio de 2011. Un mes
después, les transfirió el dominio de la casa de Los Molinos,
por medio de la escritura n.º 2233 de 21 de julio66.
Los demandados Melvin67 y Luz Marina Hurtado
Hernández68 manifestaron en sus interrogatorios de parte
que todas ellas habían sido «escrituras de confianza» suscritas
con su progenitora. Al contestar la demanda, el primero
explicó que su señora madre, «sin intención de venderlos, sin pactar
ni recibir precio alguno, y con el fin exclusivo de dar a sus hijos capacidad
crediticia, decidió escriturarles los cuatro mencionados inmuebles de
manera temporal, por lo que siempre ha conservado su posesión, así
como su poder de disposición»69; e informó que la demandante
sabía que habían entrado en el patrimonio de su esposo «en
forma aparente y a título gratuito».
5.6.2. Los hermanos Hurtado Hernández
sostuvieron que Claudia Eloísa Villamarín estaba enterada
de la situación de los predios ubicados en Santander y que,
por esa razón, estuvo de acuerdo en que no se incluyeran en
la liquidación de la sociedad conyugal. La actora, por su
parte, negó en su interrogatorio tener conocimiento de la
composición patrimonial de quien fuera su suegra y haber
consentido en dicha exclusión.
66 Tal como se desprende de los folios de matrícula inmobiliaria 314-52757, 314-52758, 300-67862 y
314-52756, obrantes en el plenario.
67 Rendido en audiencia de 5 de noviembre de 2020, minuto 1:13 en adelante.
68 Rendido en audiencia de 5 de noviembre de 2020, minuto 2:52 en adelante.
69 Cfr. Contestación al hecho séptimo de la demanda, folio 756, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
95
Ante la negación indefinida de la actora (exenta de
prueba según el artículo 167 del Código General del Proceso),
correspondía a los demandados acreditar el hecho contrario.
Sin embargo, no aportaron ningún elemento de juicio para
respaldar su dicho. Y, claro está, la sola manifestación de la
parte convocada no basta para dar por acreditado un hecho
favorable a sus intereses, sino que resultaba necesario
cotejar esas manifestaciones con otros medios de prueba70,
pero en ellos no hay rastros del supuesto conocimiento de la
convocante acerca del modo en el que ingresaron tales
inmuebles a la sociedad conyugal, ni mucho menos de su
consentimiento respecto a su no inclusión en el inventario de
bienes de esa universalidad.
Además, no se encuentra explicación al hecho de que,
a pesar de la supuesta anuencia de la actora en excluir tales
bienes de la liquidación de su sociedad conyugal, el
convocado de todas formas los hubiera transferido en forma
masiva antes de formalizar dicho acto jurídico; la sana lógica
indica que, de haber existido consentimiento de la esposa
para la alegada exclusión, tales enajenaciones habrían sido
absolutamente innecesarias.
5.6.3. El precio pactado en cada una de esas
compraventas fue similar o incluso inferior al valor catastral,
conforme se observa a continuación:
70 Si bien la versión ofrecida por las partes tiene relevancia probatoria, su valoración debe hacerse a la
luz de las reglas generales de apreciación de las pruebas, como lo dispone el artículo 198 del C.G.P.
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PREDIO % VENDIDO
PRECIO DE
VENTA 50%71
VALOR
CATASTRAL72
Lote Monte de los Olivos 50% $1.297.000 $2.594.000
Lote El Sinaí 50% $1.320.000 $6.640.000
Casa Los Molinos 50% $17.822.500 $71.290.000
Lote Villa Amalia 50% $2.000.000 $3.246.000
Respecto a esas sumas de dinero, es importante relievar
que no obra en el expediente ninguna prueba que demuestre
la trazabilidad económica de estas transacciones, como
podría ser, por ejemplo, una transferencia bancaria, un
cheque o un recibo de pago. Es decir, no hay constancia ni
del egreso de dineros del patrimonio de los compradores, ni
de ingreso alguno al haber del vendedor.
5.6.4. Los hermanos Hurtado Hernández fueron
coincidentes al afirmar que la verdadera propietaria de los
predios era su señora madre, e informaron que los negocios
jurídicos que con posterioridad celebraron se habían dejado
sin efectos en virtud de la resciliación protocolizada a través
de las escrituras públicas 126673, 126774, 126875 y 126976,
elevadas por el núcleo familiar el 11 de septiembre de 2017.
Vistas las escrituras públicas de resciliación se
encuentra que en tales instrumentos los intervinientes
afirmaron que en ninguno de los negocios jurídicos
71 Precios pactados para cada uno de los negocios jurídicos, contenidos en las escrituras de compraventa.
72 Valores catastrales para el año de la venta, relacionados en las respectivas escrituras públicas de
enajenación.
73 Fl. 765, C1 Parte 2. Suscriben el instrumento los hermanos Hurtado Hernández y su progenitora.
74 Fl. 778, C1 Parte 2. Suscriben el instrumento los hermanos Hurtado Hernández y su progenitora.
75 Fl. 794, C1 Parte 2. Suscriben el instrumento los hermanos Hurtado Hernández, su progenitora y
Lubdy Vega Pérez.
76 Fl. 810, C1 Parte 2. Suscriben el instrumento los hermanos Hurtado Hernández, su progenitora y
Lubdy Vega Pérez.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
97
celebrados entre los miembros de la familia se pagó el
precio pactado, a pesar de que se había consagrado lo
contrario en las respectivas escrituras de venta; y que tales
heredades nunca habían dejado de estar en posesión de la
señora Amelia Hernández de Hurtado, lo que significa que en
ningún caso dio la entrega real y material de los predios a los
compradores.
5.6.5. Para la Sala, la valoración conjunta de los
medios de convicción permite concluir que las ventas
realizadas por el señor Melvin Hurtado Hernández respecto
de este primer grupo de bienes no tienen visos de seriedad,
por lo siguiente:
(i) En las cuatro operaciones cuestionadas
participaron los hermanos Melvin y Elver Bladimir Hurtado
Hernández como vendedor y comprador, respectivamente.
(ii) Con posterioridad, el adquirente volvió a transferir
la propiedad a sus hermanos Melvin y Luz Marina Hurtado
Hernández (Monte de los Olivos, Los Molinos y Villa Amelia) y
a la actual compañera permanente del segundo, señora
Lubdy Vega Pérez (El Sinaí).
(iii) La transferencia de los cuatro bienes fue masiva y
se hizo en un lapso de dos meses, previos a la suscripción de
la escritura de disolución de sociedad conyugal Hurtado
Villamarín.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
98
(iv) A pesar de la expresa manifestación en contrario
contenida en cada instrumento público de venta, el señor
Melvin Hurtado reconoció que no recibió el precio que dijo
haber percibido a satisfacción, ni hizo entrega real y material
de los predios al comprador, conforme se desprende de lo
manifestado en las posteriores escrituras de resciliación.
(v) Los ínfimos precios pactados en tales negocios
estuvieron ligados al valor catastral de los bienes, sin que
existan tratativas previas o contratos de promesa de
compraventa en los cuales se hubiese acordado un valor
superior, cercano al comercial, mismo que –conforme a las
reglas de la experiencia– es el que se tiene en cuenta en las
transacciones que involucran inmuebles, debido al legítimo
ánimo de lucro propio del tráfico negocial.
(vi) La historia traditicia de los predios ubicados en
Piedecuesta y Floridablanca muestra una serie de sucesivas
enajenaciones entre los miembros de la misma familia, por
unos precios ínfimos y sin que a lo largo del proceso se haya
explicitado en modo alguno la necesidad de las ventas, a lo
que se suma el reconocimiento expreso de dos de los
participantes en el sentido de que se trataba de «escrituras de
confianza» y la declaración realizada a través de instrumento
público posterior en el sentido de que ninguno de ellos
(incluida la señora Vega Pérez) había pagado ni recibido los
precios convenidos, lo que demuestra la intervención de los
involucrados en una operación aparente anterior,
relacionada con tales bienes familiares. Es decir, está
probado el habitus de los aquí demandados.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
99
(vii) La última enajenación antecedió en seis días a la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal Hurtado
Villamarín, lo cual constituye un fuerte indicio respecto a la
causa sumulandi planteada por la actora: que el motivo para
aparentar la celebración de los negocios fue sustraer los
activos del patrimonio social, evitando que la cónyuge
reclamara sus derechos económicos sobre aquellos.
Así las cosas, encuentra la Sala que en las
enajenaciones de estos inmuebles confluyen múltiples y
contundentes indicios de simulación, además del expreso
reconocimiento por parte del ex cónyuge de no haber recibido
el precio pactado por dichas heredades ni pagado el que,
posteriormente, dijo haber sufragado con ocasión de los
negocios por medio de los cuales tres de esos cuatro
inmuebles volvieron a su patrimonio.
5.6.6. En tal virtud, se abre paso la declaratoria de
simulación absoluta de los negocios jurídicos por medio de
los cuales Melvin Hurtado Hernández transfirió a su
hermano Elver Bladimir Hurtado Hernández la cuota parte
de la que era propietario en los inmuebles Monte de los
Olivos, El Sinaí, Los Molinos y Villa Amelia, dejando sin efecto
las escrituras posteriores en la medida en que se hicieron
bajo el mismo modus operandi, esto es, entre miembros de la
familia y a bajos precios, sin que éstos se hayan pagado en
realidad y sin que se haya realizado la entrega real y material
de los mismos, con lo que se descarta la buena fe de los
terceros adquirentes.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
100
Respecto a las escrituras públicas de resciliación en
virtud de las cuales los bienes volvieron al patrimonio de la
señora Amelia Hernández de Hurtado, debe decirse que tales
actos fueron formalizados con posterioridad al registro de la
medida cautelar de inscripción de la demanda decretada por
el a quo, de modo que la existencia del proceso y sus posibles
consecuencias respecto a la titularidad de los bienes eran
conocidas por los firmantes.
Asimismo, debe aclararse que si bien desde la misma
defensa de los hermanos Hurtado Hernández se sostuvo la
apariencia de los negocios jurídicos por medio de los cuales
su progenitora les transfirió el dominio de los bienes, su
escrutinio escapa de la órbita de competencia de la Corte en
la medida en que tales contratos antecedentes no son objeto
de las pretensiones de la demanda de simulación, por lo que
la decisión de la sentencia sustitutiva sólo puede recaer sobre
los negocios jurídicos específicamente atacados.
5.7. Análisis de los negocios jurídicos celebrados
respecto de los inmuebles ubicados en el conjunto Punta
Colorados.
5.7.1. El 12 de julio de 2011, Melvin Hurtado
Hernández celebró contrato de compraventa con la
Urbanizadora Punta Colorados, en virtud del cual adquirió
los lotes 1B, 2A, 2B y 3A del conjunto cerrado del mismo
nombre, por un valor de $30.000.000 cada uno77. El 5 de
77 Escritura pública 4255, fl. 340 C1 Parte 1.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
101
diciembre de 2012, los transfirió a su asesor contable Luis
Alirio Carreño a través de compraventa protocolizada en
instrumento n.° 800778, en la que se estableció la suma de
$26.698.000 como precio de cada inmueble.
Cuatro meses después, los involucrados constituyeron
la sociedad “Melvin Hurtado S.A.S.” a través de escritura n.°
600 de 10 de abril de 201379, por medio de la cual Luis Alirio
Carreño transfirió a la compañía los cuatro predios, por valor
de $27.500.000 cada uno, a título de aportes.
En dicho acto de constitución, la persona jurídica
recibió de Carreño la suma de $110.000.000 –representados
en los predios–, mientras que el aporte de Melvin Hurtado
solo ascendió a $10.000.000, de cuyo pago en efectivo no
existe prueba en el expediente. Pese a lo anterior, fue
designado representante legal, el ente societario fue
bautizado con su nombre y su objeto social se dirigió a la
realización de actividades propias de su oficio.
El día 30 de junio de 2016, a través de instrumentos
consecutivos (escrituras públicas n.° 1266 y 126780), la
sociedad Melvin Hurtado S.A.S., representada legalmente por
Melvin Hurtado, transfirió los lotes 1B y 2A a la señora Lubdy
Vega Pérez, y los lotes 2B y 3A al mismo señor Hurtado
Hernández, ventas en las que el precio acordado por cada
predio ascendió a la suma de $31.000.000.
78 Fl. 353 C1 Parte 1.
79 Contestación de Luis Alirio Carreño, fl. 684 C1 Parte 2. En idéntico sentido la contestación de Melvin
Hurtado, fl. 755 C1 Parte 2.
80 Fl. 358 y 270 C1 Parte 1.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
102
5.7.2. Los precios pactados en los distintos
contratos de compraventa muestran que el señor Hurtado
Hernández adquirió cuatro lotes que, menos de año y medio
después, transfirió por un monto menor al de adquisición,
situación que se mantuvo cuando los bienes fueron
aportados por Luis Alirio Carreño a la sociedad que aquellos
conformaron. Además, si se comparan los precios con los
avalúos practicados en el trámite de las instancias, salta a la
vista la diferencia entre aquellos, siendo el precio pactado en
la venta cuya simulación se denuncia inferior al valor
comercial en un cincuenta y seis por ciento (56%):
PREDIO
PRECIO DE
VENTA 201281
VALOR
CATASTRAL82
VALOR
COMERCIAL83
Lote 1 B $26.698.000 $26.698.000 $61.440.000
Lote 2 A $26.698.000 $26.698.000 $61.440.000
Lote 2 B $26.698.000 $26.698.000 $61.440.000
Lote 3 A $26.698.000 $26.698.000 $61.440.000
Véase que, en las transferencias realizadas en el año
2013, el precio pactado fue más bajo que el de la adquisición
inicial, y en la venta del año 2016 el precio sólo estuvo un
millón de pesos por encima del que, cinco años antes, Melvin
Hurtado Hernández había pagado por unos bienes ubicados,
según se indicó en los avalúos, en una zona de alta
valorización:
81 Precios pactados para cada uno de los negocios jurídicos, contenidos en las escrituras de compraventa.
82 Valores catastrales para el año de la venta, relacionados en la escritura pública n.° 8007 de 5 de
diciembre de 2012, obrante a folio 353, C1 Parte 1.
83 Valores comerciales contenidos en los avalúos periciales que se encuentran a folios 1139, 1167, 1195
y 1224, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
103
PREDIO
PRECIO DE
VENTA 2013
VALOR
CATASTRAL84
PRECIO DE
VENTA 2016
VALOR
CATASTRAL85
Lote 1B $27´500.000 $27.499.000 $31.000.000 $30.049.000
Lote 2A $27´500.000 $27.499.000 $31.000.000 $30.049.000
Lote 2B $27´500.000 $27.499.000 $31.000.000 $30.049.000
Lote 3A $27´500.000 $27.499.000 $31.000.000 $30.049.000
5.7.3. Los demandados Melvin Hurtado Hernández
y Luis Alirio Carreño explicaron que el motivo del traspaso de
los bienes se relaciona con una situación inusual de iliquidez
presentada en la oficina del primero en el año 2012,
ocasionada por un hurto descubierto con posterioridad.
Indicaron que, en virtud de esa circunstancia, el asesor
contable Luis Alirio Carreño realizó constantes préstamos
para sufragar honorarios, costos administrativos e
impuestos a cargo del señor Hurtado Hernández.
Informaron al unísono que cuando la deuda ascendió a
la suma de $141.000.000, el señor Carreño consideró
conveniente «documentarla», y en tal virtud, acordaron que
sería cancelada a través de la «dación en pago» de los cuatro
lotes de Punta Colorados, debido al interés que aquél tenía en
el sector; sin embargo, «no encontraron inconveniente en denominar
como compraventa la negociación realizada»86.
Sobre el particular debe decirse que si bien es cierto que
Melvin Hurtado denunció ante las autoridades penales a
quien fuera su asistente debido a la sustracción de dineros,
84 Valores catastrales para el año 2013, relacionados en la escritura pública n.° 600 de 10 de abril de
2013.
85 Valores catastrales para el año de la venta, relacionados en las escrituras públicas n.° 1266 y 1267 de
30 de junio de 2016.
86 Cfr. Contestación al hecho séptimo de la demanda, folio 756, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
104
aquellos no eran propiedad del referido arquitecto ni de su
sociedad, pues sólo los gestionaba en virtud de la
administración delegada derivada de un contrato de obra
suscrito con la Sociedad Urbanizadora Los Colorados, dueña
de los recursos defraudados87.
Ahora, independientemente de que esta situación
hubiese podido afectar o no la liquidez de la sociedad de
Melvin Hurtado, lo cierto es que no obra en el expediente
prueba que acredite la existencia de la referida deuda de
$141.000.000. En primer lugar, debe recordarse que según
afirmaron los dos involucrados, sólo cuando la deuda ya
ascendía a un valor considerable, el señor Luis Alirio Carreño
consideró que era conveniente «documentarla», por lo que
convino con Melvin Hurtado la dación en pago de los lotes,
de donde se desprende que los préstamos no tuvieron soporte
documental cuando se fueron causando.
Ello explica por qué la auxiliar de la justicia designada
para rendir dictamen sobre los movimientos financieros y
contables de los señores Hurtado y Carreño concluyó que no
había encontrado trazabilidad contable que permitiera
evidenciar las negociaciones cuestionadas con fechas, rubros
y soportes tributarios, puesto que a pesar de haber elevado
87 Fl. 824 C1 Parte 2. Como puede verse en el escrito de fecha 18 de febrero de 2014, por medio del cual
Melvin Hurtado dio respuesta al requerimiento de información elevado por la Fiscalía, los dineros
indebidamente transferidos por su asistente se hicieron desde la cuenta bancaria de la Sociedad
Urbanizadora Los Colorados, no desde las cuentas del demandado ni de su empresa: «En cuanto a que
si a la fecha se ha registrado contablemente el faltante informo que ese dinero NO está registrado en
contabilidad, puesto que fueron recursos para una administración delegada derivada de un contrato de
obra y es la razón por la cual no hay registro contable de pérdidas. (…). Este total fue girado
fraudulentamente sin autorización desde la cuenta 0550066001027284 titular sociedad urbanizadora
los colorados».
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
105
dos requerimientos88 al señor Luis Alirio Carreño, no entregó
la información que desde la contaduría y auditoría financiera
eran exigibles.
En segundo lugar, se resalta que, tanto en el dictamen
pericial presentado89 como en la declaración rendida en
audiencia90, la perito Janeth Espinel fue enfática al explicar
que para poder verificar la existencia de las transacciones y
deudas era indispensable poder tener acceso a cierta
documentación contable y financiera que no le fue entregada,
a saber, los reportes del IVA, las declaraciones de renta y
anexos donde constara la deuda y la información exógena
reportada a la DIAN, la cual no le fue suministrada por Luis
Alirio Carreño, amparándose en la reserva reconocida en el
artículo 583 del Estatuto Tributario.
Igualmente, si bien la experta solicitó que le permitiera
estudiar el libro auxiliar de ventas de la empresa del señor
Carreño, este sólo se le entregó una cuadro elaborado en una
hoja de cálculo, en el que se evidencian facturas a nombre de
Melvin Hurtado Hernández, el cual «no es extraído de ningún
programa contable» y contiene una información que «no se pudo
confrontar con unos estados financieros, o contra (…) las declaraciones
de renta», lo que impide constatar la existencia de las
transacciones cuestionadas.
También pidió que se le permitiera analizar los
auxiliares de cuentas por pagar del señor Melvin Hurtado
88 Requerimientos que pueden verse a folios 1316 y 1317, C1 Parte 2.
89 Fl. 1273 C1 Parte 2.
90 Audiencia de 13 de mayo de 2021, minuto 3:04 en adelante.
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106
para el año 2012, pero sólo recibió un balance de
comprobación resumido e impreso en octubre de 2020, en el
que figuraba una deuda de $47.792.000, pero sin
información adicional que permitiera evidenciar cuándo se
contrajo y cuáles fueron los pagos realizados.
En tal virtud, concluyó la experta que la información
suministrada «no parte de una base contable que tenga fundamentos
de un programa en el área financiera contable o auxiliares impresos que
permitan un verdadero análisis ordenado con trazabilidad a los hechos.
No se puede establecer con precisión que entre el sr. Luis Alirio Carreño
y el señor Melvin Hurtado, hubiese existido alguna clase de negociación
entre ellos que esté documentada y soportada a través de registros
contables, o información financiera como son los balances generales o de
situación financiera firmado por un contador público. Por lo tanto, se
concluye que no se observó negociación».
5.7.4. No resulta verosímil que, siendo Luis Alirio
Carreño contador público con amplia experiencia, hubiera
obviado dejar algún tipo de rastro o trazabilidad contable de
los cuantiosos recursos propios con los que dijo haber
sufragado obligaciones ajenas, conociendo –como debía
conocer– las implicaciones de dicha omisión, no solo en el
normal desenvolvimiento de sus negocios y en los de Melvin
Hurtado Hernández, sino también ante las autoridades.
Tampoco es creíble que, ante una situación de inusitada
iliquidez de su cliente –que debía indicarle alguna anomalía
en el giro ordinario de sus negocios y que podía poner en
riesgo la recuperación de los dineros prestados–, el avezado
asesor contable sólo sugiriera documentar la deuda cuando
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
107
ella ya ascendía a la cuantiosa suma de $141.000.000.
Aceptar esta versión implicaría admitir que del crédito de tan
elevadas cifras no quedó el más mínimo rastro, lo cual es
improbable, dada la calidad profesional del involucrado.
5.7.5. Por otra parte, Luis Alirio Carreño aportó
documentos que acreditan su participación en proyectos en
la misma zona, con lo que pretendió justificar su interés en
los lotes de Punta Colorados; sin embargo, tales probanzas
no demuestran la existencia de la deuda que originó la
transferencia de los inmuebles. Lo que evidencian es que, en
los años 2011 y 2013, negoció sendos bienes en zonas
cercanas91, cuya adquisición fue posible gracias a la
concesión de créditos hipotecarios otorgados por el Banco
Davivienda92, lo que pone en duda la existencia de una
solvencia económica tal que le hubiera permitido sufragar,
sin ninguna precaución contable o documental, gastos
millonarios a nombre de un tercero.
En el mismo sentido, las declaraciones tributarias
aportadas y relacionadas con el pago del IVA a cargo de
Melvin Hurtado Hernández para el año 2012 reportan pagos
que sólo ascendieron a la suma de $2.710.000, sin
causación o pago durante los últimos cuatro bimestres del
año93; mientras que los abonos mensuales por concepto de
retención en la fuente94 fueron de $285.000, valores que en
modo alguno dan cuenta de la necesidad de obtener un
91 Escriturados a nombre de su esposa e hijo.
92 Ver, por ejemplo, oficio de concesión del crédito hipotecario obrante a fl. 704 C1 Parte 2, o los FMI
260-288699 y 260-268062, en los que se registraron las respectivas hipotecas, fl. 706 y 731 C1 Parte 2.
93 Fl. 714 a 719, C1 Parte 2.
94 Fl. 720 a 724, C1 Parte 2.
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108
préstamo de $141.000.000 para el pago de deudas de
obligaciones tributarias, más aún cuando los extractos
bancarios de la cuenta de ahorros95 de Melvin Hurtado
evidencian un saldo mensual promedio de $19.880.003
durante el año 2012, lo que muestra una liquidez que habría
permitido atender sus obligaciones sin inconvenientes.
En el mismo sentido, si bien Luis Alirio Carreño aportó
una serie de facturas en las que se da cuenta de servicios
contables y administrativos prestados por su empresa a la de
Melvin Hurtado96, las fechas consignadas en tales
documentos se superponen unas con otras97, lo que sumado
a la conclusión de la perito, contadora pública, no permiten
tenerlas, por si solas, como justificantes suficientes de tan
insólito empréstito.
Así las cosas, no luce plausible la postura de los
demandados respecto a la existencia de una deuda
antecedente que justificara el traspaso de los bienes sociales
de Melvin Hurtado Hernández a su asesor contable Luis
Alirio Carreño, más aún cuando no se probó que la supuesta
acreencia se hubiese saldado antes de que los bienes
volvieran al patrimonio del primero –y de su actual
compañera permanente–.
5.7.6. Respecto de la sociedad comercial “Melvin
Hurtado S.A.S.”, nótese que el objeto social está
95 Archivo 019MovimientosBancariosBancolombia.zip
96 Fl. 725 y siguientes, C1 Parte 2.
97 Por ejemplo, existen dos facturas que incluyen el mismo periodo cobrado, a saber, los meses de julio
y agosto de 2012, cfr. folios 728 y 729, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
109
exclusivamente relacionado con la actividad del socio del que
la compañía tomó su nombre. Extrañamente, siendo el señor
Luis Alirio Carreño quien realizó el 92% de los aportes
sociales, la representación legal, direccionamiento,
administración y facultad de celebración de todo tipo de
contratos quedó a cargo de su socio, lo que, en sana lógica,
sugiere que dicha sociedad fue creada en realidad con el
patrimonio de Melvin Hurtado Hernández, y con el objetivo
de expandir su actividad profesional.
5.7.7. Finalmente, respecto a la participación de la
señora Lubdy Vega en los negocios atacados, debe decirse
que no ofreció en su contestación explicación alguna que
pudiera justificar la seriedad de los contratos de
compraventa en los que fungió como compradora, a saber,
los que tuvieron por objeto el predio El Sinaí y los lotes 1B y
2A de Punta Colorados. Cabe anotar que la citada demandada
no dio respuesta concreta a los hechos de la demanda en los
que se cuestionó la veracidad de tales acuerdos, y se excusó
de asistir a las múltiples audiencias convocadas, con lo que
no fue posible obtener una versión clara de su parte.
Respecto a su capacidad económica, encuentra la Sala
que, conforme a lo reportado por el fondo de pensiones
Porvenir98, durante el año 2016 el ingreso base de cotización
mensual de la señora Vega Pérez ascendió en promedio a la
suma de $893.500, lo que genera una seria duda respecto a
la solvencia y a la capacidad financiera que eran necesarias
98 Documento 008.RespuestaPorvenir.pdf
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
110
para respaldar la adquisición de tres inmuebles por valor de
$65.000.000, sin financiamiento de ningún tipo.
Adicionalmente, no obra en el expediente ninguna
prueba que demuestre la trazabilidad económica de las
compras realizadas por Lubdy Vega y Melvin Hurtado en el
año 2016, lo que constituye un indicio más en contra de la
seriedad de tales transacciones.
5.7.8. Para la Sala, la valoración conjunta de los
medios de convicción permite concluir que los negocios
jurídicos celebrados respecto a los lotes de Punta Colorados
fueron simulados, por lo siguiente:
(i) Melvin Hurtado Hernández celebró las cuatro
ventas cuestionadas con su asesor contable Luis Alirio
Carreño, entre quienes existía cercanía debido a su
constante relación profesional.
(ii) Las enajenaciones quisieron mostrarse como una
dación en pago de una deuda millonaria que Melvin Hurtado
tenía con el asesor de su oficina, obligación de la que no
existe ninguna registro contable ni tributario, y cuya
existencia no logró ser demostrada en el proceso.
(iii) La transferencia de los cuatro bienes fue masiva y
se hizo en un mismo acto jurídico, que antecedió en dos
meses a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal
que el señor Hurtado Hernández tenía con la demandante, lo
cual constituye un fuerte indicio respecto a la causa
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
111
sumulandi planteada por la actora –a saber, que el motivo
para fingir la celebración de los negocios fue sustraer los
activos del patrimonio social, evitando que la cónyuge
reclamara sus derechos por gananciales–.
(iv) Los precios pactados en tales negocios estuvieron
ligados al valor catastral de los bienes, sin que existan
tratativas previas o contratos de promesa de compraventa en
los cuales se hubiese acordado un valor superior, cercano al
comercial, mismo que –conforme a las reglas de la
experiencia– es el que se tiene en cuenta en las transacciones
que involucran inmuebles. En la venta cuya declaratoria de
simulación se persigue, el precio pactado fue inferior al valor
comercial de los lotes en un cincuenta y seis por ciento (56%),
lo que desdice de la seriedad del negocio.
(v) Cuatro meses después de la venta, los inmuebles
fueron aportados por Luis Alirio Carreño a la sociedad
“Melvin Hurtado S.A.S.”, ente societario que, con
posterioridad, transfirió los bienes a los compañeros
permanentes Melvin Hurtado Hernández y Lubdy Vega Pérez,
de donde se concluye que las heredades volvieron al
patrimonio familiar del referido demandado.
(vi) No existe evidencia de desplazamiento patrimonial
alguno en virtud del pago del precio que aquellos debieron
realizar a la sociedad enajenante. En el caso de los lotes 2B
y 3A, Melvin Hurtado Hernández suscribió la escritura
pública como vendedor (en calidad de representante legal) y
también como comprador (en calidad de persona natural). En
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
112
el caso de la señora Vega Pérez, se demostró que no poseía
capacidad económica para adquirir los predios y que sostenía
con aquel un vínculo marital que se constituye en un indicio
más de la falta de seriedad de los negocios.
(vii) Los mismos señores Hurtado Hernández y Carreño
manifestaron en sus contestaciones de demanda que, a pesar
de que el acto jurídico contenido en la escritura pública n.°
8007 era una dación en pago, procedieron a denominarlo
compraventa, situación que, de haberse acreditado,
configuraría una simulación relativa. Esta circunstancia,
sumada a lo ocurrido con los bienes de Piedecuesta y
Floridablanca, pone de presente la falta de reparo del señor
Hurtado Hernández a la hora de plasmar en instrumentos
públicos situaciones que no corresponden con la realidad y
su participación en varias operaciones aparentes.
5.7.9. Así las cosas, encuentra la Sala que en las
enajenaciones analizadas confluyen múltiples y
contundentes indicios de fingimiento, motivo por el cual se
abre paso la declaratoria de simulación absoluta de los
negocios jurídicos por medio de los cuales Melvin Hurtado
Hernández transfirió a su contador Luis Alirio Carreño los
inmuebles identificados como Lotes 1B, 2A, 2B y 3A del
conjunto Punta Colorados del municipio de Los Patios.
También se dejarán sin efecto las escrituras posteriores
en la medida en que a través de ellas se consolidó el retorno
de los predios al patrimonio familiar del señor Melvin
Hurtado, bajo el mismo mecanismo de enajenaciones por un
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
113
precio ínfimo de cuyo pago no existe prueba alguna. Sin
embargo, dicha declaración no afectará los contratos de
compraventa en los que los señores Álvaro José Toloza Yáñez
y Luz Marina Rubio Vargas fungieron como compradores,
debido a que su seriedad y veracidad fue debidamente
demostrada, como se pasa a explicar.
5.8. Análisis de los contratos celebrados con los
esposos Álvaro José Toloza Yáñez y Luz Marina Rubio
Vargas respecto de los lotes 2B y 3A del conjunto Punta
Colorados.
5.8.1. Una vez los lotes 2B y 3A retornaron al
patrimonio de Melvin Hurtado Hernández, fueron
transferidos a los esposos Álvaro José Toloza y Luz Marina
Rubio, compraventas protocolizadas a través de escrituras
públicas n.° 179999 de 7 de septiembre de 2016 y 1993100 de
26 septiembre del mismo año.
El precio pactado en tales instrumentos públicos
correspondió a la suma de $31.000.000 por lote. Sin
embargo, dicho negocio estuvo precedido de tratativas
preliminares que concluyeron con la suscripción de contrato
de promesa de compraventa101 el día 25 de agosto de 2016,
en el que se acordó la suma de $130.000.000 por cada uno
de los predios, estableciendo en detalle la forma y fechas de
99 Fl. 374 C1 Parte 1.
100 Fl. 384 C1 Parte 1.
101 Fl. 651 C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
114
pago, de entrega de los inmuebles y de suscripción de las
respectivas escrituras.
La seriedad del negocio fue reafirmada con el pacto de
una
cláusula penal
en caso de incumplimiento, y la previsión
de una única posibilidad de prórroga en las fechas de
cumplimiento de las obligaciones. El precio acordado en la
promesa fue efectivamente pagado por los esposos Toloza
Rubio en varios instalamentos, que cuentan con su
respectivo soporte documental:
FECHA PAGO VALOR COMPROBANTE
25/08/2016 $40.000.000 Recibo de caja firmado por Melvin102
05/09/2016 $40.000.000 Recibo de caja firmado por Melvin103
07/09/2016 $32.000.000 Cheque Citibank 9035515104
07/09/2016 $38.000.000 Cheque Bancolombia AF682049105
27/09/2016 $60.000.000 Recibo de caja firmado por Melvin106
29/09/2016 $50.000.000 Endoso CDT Bancolombia107
Así mismo, está acreditado que los compradores
efectivamente entraron en posesión de los predios y que
tiempo después elevaron sendas declaraciones de
construcción en suelo propio a través de escrituras públicas
n.° 620 y 621 de 17 de abril de 2017108. Más adelante,
vendieron los lotes, ya edificados, a terceras personas, como
102 Fl. 654 C1 Parte 2.
103 Fl. 655 C1 Parte 2.
104 Fl. 656 C1 Parte 2.
105 Fl. 658 C1 Parte 2.
106 Fl. 658 C1 Parte 2.
107 Fl. 659 C1 Parte 2.
108 Fl. 377 y 387 C1 Parte 1.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
115
puede verse en los instrumentos n.° 852 de 16 de mayo de
2017109 y 2513 de 5 de diciembre de 2017110.
5.8.2. Las pruebas de seriedad de estos negocios
jurídicos son contundentes: el iter contractual que las
antecedió, la razonabilidad del precio y su efectivo pago. Por
ese motivo, la Corte deberá proteger a estos terceros
compradores, terceros de buena fe, que en modo alguno
participaron en el consilium fraudis previo, ni se probó que
tuvieran conocimiento del fingimiento de la voluntad de
quienes los antecedieron en la cadena traditicia.
De antaño la Corte ha protegido los derechos de
aquellos terceros de buena fe111, privilegiando el interés de
quien en tal forma actúa. Dice el precedente:
«Recuerda ahora la Corte que en materia de simulación, de manera
consistente la jurisprudencia ha protegido a los terceros ubicados
en la margen del negocio simulado y tal resguardo se ha brindado
porque sería injusto que quienes contrataron con el propietario
aparente, cubiertos por el velo de la ignorancia sobre el acto oculto,
y gobernados sólo por la apariencia, padecieran los efectos del
arcano designio de los contratantes que sólo vería la luz como
resultado de la sentencia que declara la simulación. Ha dicho la
Sala a este propósito que ‘aquellos que sin incurrir en falta dadas
las circunstancias particulares de cada caso, hayan adquirido el
bien, derecho o cosa que en el contrato simulado aparece como
transferido, tienen sin duda derecho a invocar esa apariencia que
les sirvió de base, como única forma de sus determinaciones, en
la negociación, y por lo tanto deben ser amparados, no sólo porque
109 Fl. 390 C1 Parte 1.
110 Fl. 673 C1 Parte 2.
111 Los pilares conceptuales del código civil sobre los cuales se erige la arquitectura de sus diversos
libros, pueden representarse, genéricamente, en la presunción de la capacidad, la presunción de la buena
fe, la autonomía de la voluntad, la protección a terceros de buena fe, la propiedad privada, el patrimonio
como prenda general de los acreedores en lugar del cuerpo del deudor, dignificando así la persona
humana y las relaciones jurídico patrimoniales, la prevalencia de interés general, y, la solidaridad como
principio rector de las relaciones intersubjetivas.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
116
así lo mandan los textos legales recién citados (Arts. 1766 del C.C.
y 276 del C. de P.C.), sino porque así lo exige la normalidad y
estabilidad económica de las transacciones a que da lugar la vida
de relación en las sociedades modernas’ (G.J. Tomo CCXVI, pág.
289)» (CSJ SC 4 sep. 2006, Exp. 1997-5826-01).
Por lo anterior, la declaración de simulación que hará
la Sala en sede de instancia no será oponible a los señores
Álvaro José Toloza Yáñez y Luz Marina Rubio Vargas ni a los
adquirentes posteriores (Sor Daniella Pérez Roa y Nydian
Adriana Villamizar Molina), por ser terceros de buena fe cuya
titularidad de los predios deviene de negocios jurídicos reales
celebrados con base en la aparente seriedad de las
enajenaciones previas.
En un caso de contornos similares, dijo la Corte:
«Aunque tratándose de inmuebles, la declaración de simulación
produce la necesaria consecuencia de cancelar los registros
respectivos, pues solo así se logra devolver el dominio al verdadero
propietario, en este caso, resulta improcedente la restitución
jurídica y material del bien enajenado, porque la declaración sobre
el fingimiento del negocio no produce efectos frente a la adquirente
de buena fe» (CSJ SC16669-2016).
En virtud de tal inoponibilidad, los lotes 2B y 3A no
podrán ser restituidos al patrimonio de Melvin Hurtado
Hernández, porque con ello se rompería la cadena traditicia
y se perjudicarían los intereses de los terceros adquirentes
de buena fe. Por ese motivo, se dispondrá la restitución por
equivalencia, reconociendo en favor de la señora Claudia
Eloísa Villamarín y a cargo de su excónyuge un crédito por el
50% del precio que recibió al enajenar los inmuebles, esto es,
la suma de $130.000.000, que deberá indexarse hasta el
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
117
momento del pago. Este derecho personal se debe cuantificar
y hacer valer en el proceso de partición adicional, o por
cualquier otra vía judicial o extrajudicial que se considere
pertinente para corregir la partición viciada.
5.9. Análisis de los negocios jurídicos celebrados
respecto de los lotes 1, 2 y 3 del Barrio Villa San Juan.
5.9.1. El 30 de enero de 2010, el señor Melvin
Hurtado adquirió los lotes ubicados en el Barrio Villa San
Juan del municipio de Arauca, por medio de compraventa
celebrada con la señora Elibia Ortiz, por $12.000.000112.
Dichos bienes fueron transferidos entre noviembre y
diciembre de 2012 a los señores Nubia Andrea Claros –lote
1–, Elver Bladimir Hurtado Hernández –lote 2– y Elibia Ortiz
–lote 3–.
Melvin Hurtado Hernández sostuvo que tales inmuebles
fueron vendidos debido a los problemas generados por una
invasión, por el difícil control desde su lugar de residencia y
por la apremiante necesidad de liquidez a causa de la
defraudación que sufrió en su oficina. En su contestación,
afirmó que había considerado «urgente vender los tres predios que
dos años antes había adquirido en Arauca. En esta situación logró
vender el Lote No. 1 a la señora Nubia Andrea Claros Romero, en un
precio aceptable ($16.000.000), pero no corrió con la misma suerte con
los lotes 2 y 3, los que, acosado por la necesidad, hubo de vender a
menos precio, uno al señor Bladimir Hurtado y otro a la misma persona
que se los había enajenado».
112 Información contenida en los folios de matrícula inmobiliaria 410-61164, 410-6116 y 410-61166.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
118
5.9.2. Las declaraciones de Elver Bladimir Hurtado,
Elibia Corzo, Maritza Pabón, Alicia Vásquez y Gloria
Sanabria113 son coincidentes al informar que, aunque en la
actualidad la zona se ha valorizado, para el año 2012,
aquellos lotes estaban «pelados», llenos de maleza, sufrían
constantes inundaciones y se encontraban ubicados en una
zona periférica del municipio, en la que no había vías de
acceso ni servicios públicos. La última deponente informó
que ella misma había adquirido lotes cercanos y que,
efectivamente, dado el estado en que se encontraban, se
negociaban a un bajo precio, por lo que se trataba del valor
normal del mercado.
5.9.3. Vistos los valores de enajenación de los
predios se evidencia que los mismos, aunque bajos a primera
vista, doblaron los valores catastrales para la época114:
LOTE
PRECIO DE
VENTA
VALOR
CATASTRAL
2012
VALOR
CATASTRAL
2013
VALOR
CATASTRAL
2014
Lote 1 $16.000.000 $1.141.000 $1.210.000 --
Lote 2 $4.000.000 $1.184.000 -- $1.220.000
Lote 2 $4.000.000 $1.270.000 -- --
Si bien la actora aportó avalúos comerciales de estos
inmuebles115, aquellos se realizaron con base en el estado de
los predios en el año 2020, informando el perito que se trata
de «un sector que viene en pleno desarrollo para construcciones»,
reportando la existencia de vías pavimentadas, transporte
113 Declaraciones recibidas en audiencias de 5 de noviembre de 2020 y 13 de mayo de 2021.
114 Valores mencionados en cada una de las escrituras pública de compraventa.
115 Fl. 1075, 1097 y 1118, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
119
público y todos los servicios públicos domiciliarios, así como
múltiples construcciones, ello solo corrobora lo que
informaron partes y testigos respecto a la progresiva
urbanización que la zona ha tenido en los últimos años.
Ahora bien, tales avalúos también pretendieron
determinar el «posible» valor de mercado para el año 2012 de
los inmuebles, empleando un método de cálculo descendente
con base en el IPC de los años anteriores, lo cual constituye
una aproximación, que no tiene en cuenta cuál era el estado
de la zona para ese entonces y que, por lo tanto, no ofrece
certeza a la Sala sobre la validez del método empleado para
el cálculo del valor retrospectivo.
5.9.4. Respecto a la explicación brindada por Melvin
Hurtado Hernández respecto a los problemas de invasión
presentados por los lotes como factor determinante para su
enajenación, debe decirse que aquella se encuentra
corroborada por las declaraciones de las señoras Elibia Ortiz,
Alicia Vásquez y Gloria Sanabria, quienes informaron sobre
tales vicisitudes.
La señora Elibia Ortiz, propietaria del Lote 3, informó
que en virtud de los reseñados problemas se vio obligada a
promover un proceso judicial para proteger el predio; sin
embargo, su resultado fue desfavorable y no sólo perdió
aproximadamente 48 metros cuadrados de terreno, sino que
debió pagar las costas del juicio.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
120
Aunque el a quo no accedió a oficiar al Jugado
Promiscuo de Arauca para que allegara copias de dicha
causa, esta versión encuentra respaldo en lo consignado en
el avalúo comercial del Lote 3, aportado por la parte actora,
en el que el perito informa sobre la existencia de «un
cerramiento en ladrillo y láminas de zinc en su parte posterior y/o al
fondo del lote que podría tratarse de una clara ocupación irregular por el
vecino del lindero oriente»116, anexando soporte fotográfico y
elaborando un plano de la invasión, cuya área es bastante
aproximada a la que la propietaria informó haber perdido.
5.9.5. El análisis que antecede pone en evidencia la
existencia de los problemas referidos por el demandado
Melvin Hurtado, quien, además, estaba domiciliado en el
municipio de Los Patios, lo que hace pensar en una natural
dificultad para ocuparse de los lotes ubicados en Arauca.
De las declaraciones de las señoras Maritza Pabón,
Elibia Ortiz, Alicia Vásquez y Gloria Sanabria se desprende
que el señor Elver Bladimir Hurtado Hernández tenía un
consultorio de odontología en Arauca, donde ellas se
encontraban para la época, siendo él quien ofreció los predios
que, dos años antes, había adquirido su hermano Melvin.
5.9.6. El Lote 1 fue comprado por Nubia Andrea
Claros, quien pagó la suma de $16.000.000, pero nunca
construyó en el predio. Dos años después, lo vendió a Elver
Bladimir Hurtado Hernández, por el mismo precio. Elver
Bladimir, quien ejercía su profesión en Arauca, mantuvo la
116 Fl. 1118, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
121
propiedad hasta el año 2018, cuando lo vendió a los señores
Jorge Enrique Niño y María del Carmen Leiva, quienes
construyeron allí y lo ocupan en la actualidad, según la
información consignada en el avalúo comercial realizado en
el año 2020.
El lote 2 también fue adquirido por Elver Bladimir y
posteriormente vendido a Maritza Pabón, quien, según
informó la testigo Alicia Vásquez, era paciente de su
consultorio odontológico. La señora Pabón inició trabajos de
construcción, de los que da cuenta la declaración de la
testigo Gloria Sanabria y la información contenida en el
avalúo comercial aportado por la convocante, según la cual
en dicho predio existe una construcción. En dicho avalúo se
indica que para el año 2020, el lote seguía siendo propiedad
de Maritza Pabón117.
Y si bien los esfuerzos probatorios para evidenciar las
razones por las que la señora Nubia Andrea Claros volvió a
transferir el Lote 1 al señor Hurtado Hernández dos años
después fueron francamente escasos, la seriedad de esta
negociación está corroborada por la existencia de una
consignación por valor de $15.000.000, realizada el 1 de
noviembre de 2012 y un posterior recibo de pago firmado por
Melvin Hurtado Hernández, respecto de dicho predio.
5.9.7. Como puede observarse, lo que logró
acreditarse en el proceso respecto a la situación de los
117 Fl. 1097, C1 Parte 2.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
122
predios ubicados en el municipio de Arauca, ofrece una
explicación plausible respecto a los motivos de su
enajenación, la razonabilidad del precio de venta y la efectiva
entrada en posesión de los lotes por parte de los terceros
compradores, por lo que no logró desvirtuarse la presunción
de legalidad de las enajenaciones que se denunciaron como
aparentes. Por tanto, no se abre paso la declaratoria de
simulación de los contratos celebrados sobre las heredades
a las que viene haciéndose referencia.
6. Conclusión.
La valoración conjunta de las pruebas obrantes en el
proceso lleva a la Sala a concluir que, efectivamente, ocho de
los negocios jurídicos celebrados por el demandado Hurtado
Hernández fueron aparentes. En ellos confluyen múltiples y
contundentes indicios que dan cuenta de la disparidad entre
la voluntad manifestada y la real, motivo por el cual se
impone la declaratoria de simulación, que, en dos de los
casos, será inoponible a los terceros adquirentes de buena fe.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, CASA DE
OFICIO la sentencia que el 23 de septiembre de 2022 dictó
la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, en el proceso declarativo de simulación
promovido por Claudia Eloísa Villamarín Martínez contra
Melvin Hurtado Hernández y otros. SIN COSTAS, por no
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
123
aparecer justificadas (artículo 365-8, Código General del
Proceso).
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su integridad el fallo de 16 de
diciembre de 2021, proferido en esta causa por el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, para en su lugar
DECLARAR absolutamente simulados los contratos de
compraventa instrumentados en las siguientes escrituras
públicas: (i) n.º 4996, otorgada el 6 de diciembre de 2012 en
la Notaría Décima de Bucaramanga; (ii) n.º 248 , otorgada el
31 de enero de 2013 en la Notaría Décima de Bucaramanga;
y (iii) n.º 8007, otorgada el 5 de diciembre de 2012 en la
Notaría Segunda de Cúcuta.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO las siguientes
escrituras públicas: (i) n.º 1028, otorgada el 12 de abril de
2016 en la Notaría Décima de Bucaramanga; (ii) n.º 1031,
otorgada el 12 de abril de 2016 en la Notaría Décima de
Bucaramanga; (iii) n.º 1032, otorgada el 12 de abril de 2016
en la Notaría Décima de Bucaramanga; (iv) n.º 600, otorgada
el 10 de abril de 2013 en la Notaría Sexta de Cúcuta y (v) n.º
1266, otorgada el de 10 de abril de 2016 en la Notaría Sexta
de Cúcuta.
TERCERO. TÉNGASE en cuenta que la anterior
declaración únicamente afecta la transferencia de bienes
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
124
contenida en la escritura pública n.° 600, otorgada el 10 de
abril de 2013; no así la constitución de la persona jurídica
allí conformada.
CUARTO. DECLÁRASE a los señores Álvaro José
Toloza Yáñez y Luz Marina Rubio Vargas como terceros
adquirentes de buena fe respecto de los predios identificados
con folios de matrícula inmobiliaria 260-275154 y 260-
275155 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cúcuta.
QUINTO. DECLÁRASE que el negocio jurídico
contenido en la escritura pública n.° 1267, otorgada el 30 de
junio de 2016 ante la Notaría Sexta de Cúcuta, es
absolutamente simulada, declaratoria que NO ES
OPONIBLE a los terceros adquirentes de buena fe. Por lo
tanto, no se ordenará su registro en el folio de matrícula
inmobiliaria, para no afectar los derechos de aquellos.
SEXTO. A título de restitución por equivalencia, se
CONDENA al señor Melvin Hurtado Hernández a restituir a
Claudia Eloísa Villamarín la suma de $130.000.000, que
corresponde al 50% del precio que recibió al enajenar los
inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria
260-275154 y 260-275155 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cúcuta, debidamente indexada
hasta la fecha del pago, suma que constituye un crédito que
podrá hacerse valer en el proceso de partición adicional, o
por cualquier otra vía judicial o extrajudicial.
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
125
SÉPTIMO. Como consecuencia de las anteriores
declaraciones, SE ORDENA la cancelación de los
instrumentos públicos relacionados en los numerales
primero y segundo, así como de su anotación en los folios de
matrícula inmobiliaria correspondientes. El Juzgado de
primera instancia se encargará de expedir las
comunicaciones necesarias para materializar esta orden.
OCTAVO. DENEGAR las pretensiones respecto a los
inmuebles identificados con los folios de matrícula
inmobiliaria n.° 410-61164, 410-61165 y 410-61166 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca.
NOVENO. COSTAS a cargo de Melvin Hurtado
Hernández, Elver Bladimir Hurtado Hernández, Luz Marina
Hurtado Hernández, Lubdy Vega Pérez y Tectres S.A.S. Como
agencias en derecho se fija la suma de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
DÉCIMO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Radicación n.º 54001-31-03-006-2016-00388-01
126
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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