HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC482-2024
Radicación n°11001-02-03-000-2023-02453-00
(Aprobada en sesión de veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
La Corte resuelve anticipadamente el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Esther Aflak
Torres frente al laudo proferido el 29 de enero de 2019 por el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de
la Universidad La Gran Colombia, dentro del juicio arbitral
promovido por Osvaldo Villamizar Contreras contra la
recurrente.
I. ANTECEDENTES
1.- Osvaldo Villamizar Contreras convocó a tribunal
arbitral a Esther Aflak Torres, con el propósito que se
declarara, en resumen, que la convocada debe rendir cuentas
al demandante y a la Sociedad VILLAFLAK LTDA.,
correspondientes a todo el tiempo de administración y
manejo del producido generado por el taxi de placas VEJ454,
desde el 11 de diciembre de 2012 hasta la fecha de proferirse
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el laudo; así como lo relacionado con la tradición del referido
vehículo desde el 11 de diciembre de 2012 y el cupo o derecho
de circulación con la Empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A.,
para ello se le fije un término para rendirlas, con la
advertencia que de no hacerlo podrá el demandante estimar
el saldo de la deuda que pueda resultar bajo juramento.
Como subsidiarias pidió declarar que Aflak Torres es
responsable civil y patrimonialmente por haber solicitado y
obtenido del querellante los dineros para que le fuera cedido
a nombre de VILLAFLAK LTDA., el referido rodante y el
derecho de circulación desde el 11 de diciembre de 2012, lo
que generó un enriquecimiento sin justa causa por parte de
la pasiva a expensas del demandante, por ser este último
quien suministró el 100% del valor del cupo, equivalente a la
suma de $20.000.000.
Además, declarar a la enjuiciada civil y
patrimonialmente responsable, por solicitar y obtener del
promotor el dinero para adquirir el derecho de dominio sobre
el automóvil, lo que conllevó a un enriquecimiento sin justa
causa, ya que no repartió el producido por el automotor,
correspondiente a $100.000.000.
Que como consecuencia, se condene a Aflak Torres a
restituir las siguientes cantidades: i) $40.000.000 por
concepto del 50% del valor del derecho de circulación y cupo
del taxi; ii) $10.000.000 correspondiente al 50% del valor del
cupo del vehículo; iii) $10.000.000 que hace parte del precio
que se le suministró a la pasiva para la adquisición del cupo
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del auto, suma que le fue entregado a la demandada sin que
lo haya devuelto y iv) $100.000.000 equivalente al valor del
producido del automotor desde el 11 de diciembre de 2012 al
31 de octubre de 2018, en razón de 1687 días trabajados,
junto con los frutos civiles y «que hubieran podido producir con
mediana inteligencia los dineros mencionados».
También rogó se promulgue que entre Esther Aflak
Torres, Osvaldo Villamizar Contreras y dentro de la compañía
VILLAFLAK LTDA., se derivó una actividad desarrollada por
ambos, consistente en la explotación económica del vehículo
de servicio público taxi ya mencionado, a través del
transporte de pasajeros, con la participación de utilidades en
un 50% para cada uno de los socios, sin que se pactara el
valor económico de su aporte.
Por último, pidió la disolución de la sociedad comercial
VILLAFLAK LTDA. y su liquidación, la cual deberá ser
distribuida entre los dos accionistas [Folios 1-12,
0023Expediente_Remitido.zip.ArbitrajeEstherAflakTorres.Demanda.pdf].
2.- Respaldaron estas aspiraciones los hechos
relevantes que enseguida se compendian:
2.1.- El 8 de abril de 2005, Esther Aflak Torres y
Oswaldo Villamizar Contreras constituyeron la sociedad
VILLAFLAK LTDA., por escritura pública debidamente
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá,
correspondiéndole el NIT 900017203-8, quedando como
gerente Aflak Torres y subgerente Villamizar Contreras.
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2.2.- La compañía adquirió el 11 de diciembre de 2012
el taxi de placas VEJ454, línea Spark, marca Chevrolet
amarillo, modelo 2007, por compra realizada a Carlos Emilio
Moncada Cerón, por la suma de $60.000.000 y el «cupo o
derecho de circulación» con Radio Taxi Aeropuerto S.A. por
$20.000.000, gastos que, para ser sufragados, Villamizar
Contreras solicitó un préstamo a nombre propio por
$20.000.000, monto que la empresa no ha reintegrado.
2.3.- Entre los socios se «llegó a un acuerdo común o contrato
de mandato», consistente en que Aflak Torres como gerente, a
partir del 11 de diciembre de 2012, se haría cargo tanto de la
administración del vehículo como de su producido, el cual
sería repartido entre ellos en un porcentaje del 50% para
cada uno, empero, la obligada nunca rindió cuentas ni
entregó dinero.
2.4.- Luego de varias gestiones se enteró que el 27 de
mayo de 2017 la demandada «traspasó la propiedad del taxi» a
Javier Alejandro Roa Aflak y canceló la tarjeta de operación
del automotor por «desintegración física total por parte de Radio Taxi
Aeropuerto S.A.» sin su consentimiento como subgerente y
asociado, ni le reportó peculio alguno de tales negociaciones.
3.- El 7 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la
audiencia de instalación del Tribunal y mediante auto de 21
de enero de 2019 se admitió el libelo con radicado número
002-2018, ordenando el traslado a la pasiva
[0023Expediente_Remitido.zip. ArbitrajeEstherAflakTorres. Auto001.pdf].
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4.- Surtidas las etapas correspondientes, mediante
laudo de 29 de enero de 2019 (sic), el referido Centro de
Conciliación declaró, que «Esther Aflak Torres estaba obligada
como gerente de la sociedad VILLAFLAK LTDA, a rendir cuentas al
convocante en relación con el vehículo de servicio público, tipo taxi, de
placas VEJ 454» y, en consecuencia, ordenó el pago a cargo de
la demandada y a favor del convocante de los siguientes
montos: i) $89.866.619 por un «valor estimado de las cuentas
aclaradas por el despacho»; ii) $2.250.000 por «reembolso de los
gastos y honorarios del proceso y se ordena por secretaria liquidar las
costas procesales a instancia de la parte interesada» y iii) $8.990.000
por «agencias en derecho» [Folios 1-16,
0023Expediente_Remitido.zip.ArbitrajeEstherAflakTorres.Resuelvelaudoarbitral.pdf].
5.- En audiencia de 29 de enero de 2020 se hizo
«lectura de la parte resolutiva del laudo», dejando constancia que
no compareció la parte demandada [0023Expediente_Remitido.zip.
ArbitrajeEstherAflakTorres. Lecturadelaudo29enero2020.pdf].
6.- El 3 de marzo siguiente se liquidaron las costas,
incluyendo gastos y agencias en derecho, por valor de
$13.787.882 [0023Expediente_Remitido.zip.ArbitrajeEstherAflakTorres. Liquidación de
costas.pdf].
7.- Con el propósito de hacer efectivo lo resuelto en el
dossier arbitral se formuló demanda ejecutiva en contra de
la vencida, asunto que correspondió al Juzgado Cincuenta y
Seis Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, con radicado
2022-00398-00; estrado que el 13 de mayo de 2022 libró
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mandamiento de pago [0026Expediente_remitido.zip.
01PrimeraInstancia.C01Principal398. 05Autolibramandamientodepago.pdf] y, el 12 de
mayo de 2023 ordenó seguir adelante la ejecución
[0026Expediente_remitido.zip.01 PrimeraInstancia. C01Principal398.
31SeguirAdelanteEjecución.pdf].
II. EL RECURSO DE REVISIÓN
1.- Al abrigo de la causal séptima del artículo 355 del
Código General del Proceso, Esther Aflak Torres, reclama que
se revise el laudo arbitral proferido en el juicio atrás
compendiado y, como consecuencia de ello, se anule todo lo
actuado «desde el 28 de febrero de 2019, fecha en la que el apoderado
realizó la primera notificación al lugar de residencia (…) se ordene la
eliminación o cancelación de la inscripción número 13 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-20125978 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá (…) se ordene al CENTRO DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA y al apoderado señor JUAN MANUEL RETIS AMAYA, realizar
la notificación del artículo 291 y ss. del CGP, al correo electrónico de mi
mandante (…) y continuar con el proceso conforme a la norma vigente
para la fecha del auto».
Para sustentar sus aspiraciones la recurrente adujo, en
lo esencial, que no pudo conocer la Litis tramitada por el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de
la Universidad La Gran Colombia, porque si bien el extremo
activo, inicialmente, realizó la notificación de la demanda en
la «Calle 142 A No. 128 B -18 de Bogotá», lugar que ha sido «su
residencia y lugar de notificación desde el año 1993 hasta la fecha»,
tanto así que «dejó esta como la dirección comercial de la empresa
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VILLAFLAK LTDA.», la certificación emitida por inter rapidísimo
700024114110 enunció: «DEVOLUCIÓN: Residente Ausente y en
datos del envío aparece la hora de 12:59:29 », por lo que debieron
«volver en otro horario y cumplir con la notificación o en su defecto
proceder conforme lo ordenado en el artículo 291, 292 y ss. del C.G.P.».
Sin embargo, la parte activa, en «su afán de trabar la litis»,
efectuó «otra notificación» en la «Transversal 127 D No. 139 A -19 de
Bogotá», enviada el 14 de marzo de 2019, obrando la «constancia
700024530892 de REHUSADO. SE NEGÓ A RECIBIR» y, pese a que
la contraparte «siempre ha sabido donde tiene su domicilio», el 5 de
junio de ese año, «informó al Centro de Conciliación que se realizó la
notificación por aviso a la Trasversal 127 D No. 139 A -19 de Bogotá, en
donde la certificación, emitida por Inter rapidísimo, claramente dice
nuevamente REHUSADO/ SE NEGÓ A RECIBIR, “LOCAL
VETERINARIA”».
Exteriorizó, que lo reseñado permite colegir «la indebida
notificación de la demanda Arbitral», toda vez que «la notificación de
que trata el artículo 291 y 292, fue realizada a una dirección en donde
nadie la conoce, más cuando el apoderado de la activa no informó al
Centro de Conciliación, la razón del por qué cambiaba la dirección», lo
que le cercenó la posibilidad de rendir cuentas y defenderse.
Sostuvo, que «se enteró de la existencia del proceso ejecutivo
con radicado 110014003056-2022-00398-00, hasta el 23 de enero de
2023, fecha en la cual [...] recibe citación a audiencia de conciliación por
parte de la Fiscalía local 75 ubicada en la calle 19 No. 33 – 02, por el
delito de hurto agravado, citación que le fue entregada en otra dirección
diferente a la de sus notificaciones, lugar en donde se encontraba
laborando mi representada, y entregada por el hijo del demandante, en
presencia de dos agentes de policía dejando la citación sobre una butaca
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copia del certificado de existencia y representación legal del inmueble de
mi representada, el cual muestra el embargo por el proceso ejecutivo
señalado, sin conocer las razones de tal media, por lo que el día 23 de
enero del presente, procedo a buscar en el sistema el mandamiento de
pago y este mismo día, solicité vía correo electrónico la notificación del
mismo. Sin embargo, respecto al laudo arbitral se conoció, hasta el día
viernes 3 de febrero de 2023, cuando el CENTRO DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA me permite tener acceso al expediente y retirar las copias»
[0006 y 0011 Expediente_digitalizado.zip. C001DemandaRevisión y subsanación].
III. EL TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
1.- Tras subsanarse el memorial de apertura, el 28 de
agosto de 2023 se admitió el recurso extraordinario,
disponiendo su enteramiento y traslado de ley
[Archivodigital.0029Auto.pdf]; auto notificado mediante anotación en
estado del 29 de agosto siguiente [Archivo Digital.0030Anexos.pdf.].
2.- El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Universidad La Gran Colombia, se opuso
a la prosperidad de la impugnación extraordinaria alegando,
en relación con la «notificación señalada en el artículo 291 del Código
General del Proceso», que la parte demandante incorporó al
expediente dos certificaciones; en cuanto a la «Calle 142 A No.
128 B – 18 de Bogotá» se informó, que se devolvió el correo por
ser el «RESIDENTE AUSENTE», no obstante, en la dirección de la
«Transversal 127 D No. 139 A -19 de Bogotá» se dejó constancia que
la demandada se «REHUSÓ/ SE NEGÓ A RECIBIR», aunado a ello,
el activo notició a la convocada en la dirección
[email protected], que «resulta ser la
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utilizada por el recurrente en este asunto».
Igualmente expuso, en torno a la «notificación señalada en
el artículo 292 ibidem», que el querellante arrimó «la certificación
de la notificación realizada en la Transversal 127D No. 139 A -19 de
Bogotá», en la que «nuevamente certifica la empresa de correo que la
parte demandada se REHUSÓ/ SE NEGÓ A RECIBIR», por lo que
procedió a continuar con el trámite teniendo en cuenta que
«se había surtido debidamente la notificación a la parte convocada».
Propuso como excepciones de mérito las denominadas
«Inexistencia de la causal invocada en la demanda de revisión» y
«caducidad para la interposición de la presente demanda de revisión»,
ya que el enteramiento a la demandada se surtió
regularmente, y la decisión adoptada en el laudo arbitral
tiene como fecha 29 de enero de 2019 leída el 29 de enero de
2020, por lo que aquella tenía como plazo máximo para
impetrar la presente demanda hasta el 28 de enero de 2022,
«situación que no aconteció, teniendo en cuenta que dicha sentencia no
debía ser inscrita en registro alguno».
3.- A su turno, Osvaldo Villamizar Contreras también
se resistió a lo pretendido, aduciendo que Esther Aflak Torres
fue legalmente vinculada al proceso arbitral y se le garantizó
el debido proceso, por lo que fue «su decisión no querer
presentarse», intentando ahora con este recurso extraordinario
revivir términos legalmente concluidos.
Lo anterior, porque se intentó primariamente el
enteramiento en el lugar de su residencia «Calle 142 A No. 128
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B -18 de Bogotá», pero ante la certificación de la empresa de
mensajería de «residente ausente», procedió a intentarlo en su
lugar de trabajo, esto es, la «Transversal 127 D No. 139 A – 19 de
Bogotá», donde se «negó a recibir», por lo que es «completamente
falsa» la aseveración de la revisionista, en el sentido que «no
tiene ninguna relación con esta dirección», ya que en enero del año
2023 para la «notificación de la citación a comparecer a la Fiscalía 75
Local de Bogotá dentro de la denuncia penal que también presentó contra
Esther Aflak» se logró consumar allí, gracias al
acompañamiento de la Policía Nacional, puesto que cuando
se quiso realizar en la «Calle 142 A No. 128 B -18, nadie abrió la
puerta».
Advirtió que esta realidad es corroborada por la misma
señora Aflak Torres en la acción de tutela que formuló contra
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición
de la Universidad La Gran Colombia, conocida por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogotá con radicado
n° 11001-14-003-007-2023-00408-00, trámite en el que
aseguró que «se enteró de la existencia del Laudo Arbitral, al haber
sido notificada de una conciliación en la Fiscalía, a la cual no pudo asistir
pero envió a su abogado y a este le informaron que no solo existe el
proceso en la Fiscalía, sino también un proceso ejecutivo que cursa en el
Juzgado 56 Civil Municipal».
Indicó, que la señora Aflak Torres ha actuado
descuidadamente en la defensa de sus intereses, toda vez que
no intervino en el asunto arbitral pudiendo hacerlo y no ha
prestado una debida atención en el ejecutivo que cursa en el
juzgado municipal de esta localidad, pues la «indebida
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representación o falta de notificación» debió alegarla a través de
excepción dentro de los diez días siguientes a la notificación
del mandamiento ejecutivo o proponer la nulidad, sin
embargo, eligió interponer recurso de reposición contra la
orden de pago, «el cual además de ser abiertamente extemporáneo,
también generó saneamiento de las actuaciones previas».
Planteó como excepciones de mérito: «Improcedencia o
carencia del derecho de revisión – causal 7°, artículo 355 de la ley 1564
de 2012»; «Al momento de decidir el recurso se debe tener en cuenta el
principio jurídico NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEN
ALLEGANS POTEST»; Caducidad de la causal 7 del artículo 355 de la
Ley 1564 de 2012» y, «Convalidación de lo actuado/saneamiento».
4.- El trámite prosiguió con el decreto de pruebas,
según el pedido de los extremos procesales por auto de 9 de
octubre de 2023 y, ante la inexistencia de más medios de
cognición por practicar, se dispuso dar aplicación al artículo
278 del ordenamiento procedimental, por lo que allí mismo
se ordenó traslado a las partes para alegar de conclusión
[Archivo digital: 044Auto.pdf].
5.- Esther Aflak Torres y Osvaldo Villamizar Contreras
aprovecharon el traslado común para allegar memoriales
contentivos de sus alegatos finales [Archivo digital: 0047Memorial.pdf y
0049Memorial.pdf].
IV. CONSIDERACIONES
1.- A voces del inciso 2º del artículo 278 de la ley de
enjuiciamiento civil «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá
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dictar sentencia anticipada, total o parcial» entre otros eventos «cuando
no hubiere pruebas que practicar (…) cuando se encuentre probada (…)
la caducidad (…)», sin que haya lugar a agotar todas las etapas
propias que según la naturaleza del asunto resultaren
pertinentes, como ha tenido oportunidad de señalarlo esta
Corporación al decir que:
(...) el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia,
se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad
causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de
configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas
requeridas para la resolución del asunto, imponen un
pronunciamiento con las características reseñadas.
En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General
de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total
o parcial “en cualquier estado del proceso”, entre otros eventos,
“Cuando no hubiere pruebas por practicar”, siendo este el
supuesto que como se había antelado se edificó en el caso que hoy
ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y
abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la
esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva
supone la pretermisión de fases procesales previas que de
ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está
justificada en la realización de los principios de celeridad y
economía que informan el fallo por adelantado en las
excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de
definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática
preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil,
supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es
evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que
es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de
fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado
su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane
(CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ
SC3107-2019, 12 ago. y SC713-2022, entre otras).
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Como quiera que en el sub-lite concurren dichos
supuestos, es pasible a la Sala emitir el pronunciamiento de
fondo a través de sentencia anticipada para desatar la
súplica extraordinaria.
2.- El artículo 355 del Código General del Proceso
consagra como motivo de revisión «estar el recurrente en alguno
de los casos de indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento, si no se sanea la nulidad», cuyo propósito es hacer
efectivo el respeto al postulado constitucional del debido
proceso, que impone, que nadie podrá condenarse sin oírlo y
vencido en juicio.
Esta Corporación ha sostenido, que dicho motivo de
revisión «apunta a proteger el derecho fundamental al debido proceso
en su más prístina manifestación, como es la posibilidad de ser enterado
de la actuación judicial iniciada en contra y, por esa senda, acceder al
abanico de posibilidades de contradicción que brinda el ordenamiento
jurídico, pues, de no darse aquella, queda cercenada de tajo cualquier
posibilidad ulterior de ejercicio de esos privilegios» (CSJ SC788-2018,
22 mar., reiterada en SC365-2023).
En ese orden, podrá alegarse dicha causal por quienes,
a consecuencia de una indebida representación, o por no
haber sido debidamente enterados de la existencia del juicio
iniciado en su contra, vieron truncado su derecho de
contradicción y defensa, con la finalidad de invalidar la causa
y se les garantice la efectividad de sus prerrogativas, de
suerte que para la prosperidad del recurso extraordinario es
imperativo que concurran los siguientes presupuestos:
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(i) Concurrir uno cualquiera de estos acontecimientos:
indebida representación, falta de notificación o falta de
emplazamiento. Esto implica que no toda irregularidad en la
vinculación al litigio estructura la causal invocada, pues
debe tratarse de aquélla que le imposibilite al revisionista
hacerse parte en el mismo, y con ello ejercer su derecho de
defensa. «Sólo así podría aceptarse la revisión de una sentencia
ejecutoriada ya que proferida con desconocimiento del derecho de
defensa de quien debe ser vinculado, no lograría estructurarse la cosa
juzgada, y por esa vía, daría lugar a su invalidación a través de ese
recurso extraordinario» (CSJ SC3406 de 2019).
(ii) Que la nulidad no haya sido saneada, según lo
expuesto en el artículo 136 del Código General del Proceso.
Esta exigencia, impone al recurrente, la carga de demostrar
que la anomalía denunciada no ha sido convalidada por
ninguno de los medios contemplados en el estatuto adjetivo,
pues de ser así, el motivo de revisión se tornaría inane.
3.- El proceso arbitral y su impugnación
Desde la Carta Política se reconoce la posibilidad de que
los particulares puedan ser investidos de la facultad de
administrar justicia de manera temporal «en la condición de [...]
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley» (art. 116), quienes
definirán el asunto puesto a su consideración a través de un
laudo arbitral, equiparable a una sentencia judicial, al tener
este carácter definitivo, hacer tránsito a cosa juzgada, ser de
obligatorio cumplimiento para las partes y en caso de
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incumplimiento pasible de solicitar su ejecución, cuya
regulación está contenida en el estatuto de arbitraje nacional
e internacional -ley 1563 de 2012-.
A este mecanismo hetero compositivo de solución de
conflictos podrán acudir quienes en ejercicio de la autonomía
de la voluntad mediante pacto arbitral (clausula
compromisoria – compromiso) «defieren a árbitros la solución de
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la
ley autorice» (art. 1o); tramitación en la cual se deberá
garantizar a los intervinientes su derecho de contradicción y
de defensa.
Al tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del primer canon
de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), el laudo
arbitral «es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje» a cuya
emisión se arriba a través de un trámite sometido a «los
principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad,
oralidad, publicidad y contradicción» (inc. 2, ídem). Luego, en
palabras de la Corte Constitucional, «[l]a decisión arbitral
concretada en un laudo arbitral, bien sea en derecho o en equidad, es
eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en
cuanto resuelve el litigio suscitado entre las partes, pronunciándose
sobre los hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando las
pruebas y declarando el derecho a la luz de los mandatos
constitucionales y legales o atendiendo a los principios de equidad» (CC.
C-242-97).
El laudo arbitral es susceptible de impugnación a través
de los recursos de anulación y revisión. El primero,
contemplado en el artículo 40 de la ley 1563 de 2012, deberá
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interponerse dentro de los 30 días siguientes a su
notificación y fundarse en las causales que, taxativamente,
consagra el canon 41 ídem, entre las cuales se encuentra el
«Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación,
o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere
saneado la nulidad» (41-4). El segundo, previsto en el precepto
45 de la ley de arbitraje, se impetrará en los términos
precisos que para su ejercicio contempla el ordenamiento
adjetivo civil a cuya regulación remite y por los precisos
motivos que allí se consignan, como es «Estar el recurrente en
alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad» (355-
7), procede tanto contra el laudo como frente a la sentencia
que decida el recurso de anulación. Siendo este último el que
interesa en el sub judice.
3.1.- Al tenor de lo establecido en el artículo 45 de la
Ley en cita, «tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su
anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las
causales y mediante el trámite señalado en el Código de Procedimiento
Civil. Sin embargo, quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de
anulación no podrá alegar indebida representación o falta de
notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial
dictará la sentencia que en derecho corresponda».
A su vez, el canon 46 ejusdem indica, que: «[s]erá
competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de laudos
arbitrales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (…) Cuando se
trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que
intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo
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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado».
Resultan diamantinas dichas disposiciones al
establecer la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, no sólo contra las sentencias que resuelven el
recurso de anulación, sino además contra el laudo arbitral
que zanja la controversia, siendo competente para conocer de
este medio de impugnación contra el laudo arbitral la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, o la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, si en el juicio interviene una entidad
pública.
3.2.- Dicho mecanismo impugnaticio debe tramitarse
de acuerdo con las reglas establecidas en el Código General
del Proceso1. Ejercicio respecto del cual esta Corporación ha
señalado lo siguiente:
La finalidad del recurso de revisión es otorgar un medio de defensa
cuando, luego de proferido un fallo que ha hecho tránsito a cosa
juzgada, aparezcan circunstancias que no fueron conocidas en el
curso del litigio, o elementos de juicio que no fueron incorporadas
al mismo, o se evidencien graves irregularidades procesales, de
modo que, la decisión recurrida fue adoptada sobre bases
probatorias o procesales afectadas de una grave irregularidad.
El fin superlativo del recurso es la búsqueda de la verdad material,
de la justicia y de la honradez, para lo cual se habilita levantar los
efectos de cosa juzgada del laudo o de la sentencia. Se procura
quebrar su sello de inmutabilidad, al estar contaminado por un
vicio que impide mantener erguida una decisión en firme de
llegarse a evidenciar su anormalidad o injusticia.
1 Si bien la norma hace referencia al Código de Procedimiento Civil, se entiende
que el legislador mencionó dicho ordenamiento por ser la norma procesal vigente para
cuando se expidió la ley de arbitramento
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El medio no pretende corregir errores in iudicando o in procedendo,
que pudieron discutirse en la respectiva instancia o no puede
fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a
la decisión que puso término al proceso, pues si de tales yerros se
trata, para lo pertinente, están previstos los recursos ordinarios
dentro del propio proceso.
La revisión enfrenta ciertos hechos nuevos que afectan la decisión
adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. De la misma
manera, se trata del planteamiento de cargos que controviertan el
sentido de certeza de la cosa juzgada.
Al proceder en lo arbitral contra el laudo o la sentencia que
resuelva la anulación, significa que el yerro del propio laudo en
algunas causales, el recurso puede ser interpuesto, sin que se
haga depender el ejercicio de la revisión del agotamiento previo de
la anulación, a fin de hallar formas ágiles de solución de los yerros
en correspondencia con los términos cortos del juicio arbitral.
La Ley de Arbitraje también señala como efecto de la prosperidad,
la autoridad judicial competente de la revisión “dictará la
sentencia que en derecho corresponda”, aniquilado el fallo y
proveyendo nueva decisión sustitutiva en lo declarado fundado. Y
el conocimiento del recurso, compete a la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, salvo en el caso, de las entidades públicas
con funciones administrativas, porque, en su caso, corresponderá
a lo contencioso administrativo (SC4160-2021).
3.3.- Ejecución del laudo arbitral
Conforme antes se indicó, el laudo arbitral es
equiparable a una sentencia judicial que, una vez en firme
hace tránsito a cosa juzgada y es de obligatorio
cumplimiento, de suerte que en los eventos de desacato a lo
allí dispuesto la parte afectada puede procurar su ejecución
forzada ante la «justicia ordinaria o la contencioso administrativa,
según el caso» (art. 43), en los términos que prevé el inciso final
del artículo 306 del Código General del Proceso y, para ello,
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se seguirá el procedimiento dispuesto en la sección segunda
título único, capítulo I del referido ordenamiento
procedimental.
Atendiendo que en el juicio ejecutivo el juzgador no
entra a declarar derechos, sino hacer efectivos los
reconocidos en documentos que lleven ínsita su ejecutividad,
como son las sentencias o los laudos arbitrales, resulta de
rigor que el juez de la ejecución para librar el mandamiento
de pago constate que la decisión contenga una obligación
clara, expresa y exigible a cargo del demandado y a favor del
demandante, sin que ello lleve implícita la facultad de revisar
la legalidad o no de la decisión que se pretende ejecutar,
amen que cuando se trata de este tipo de títulos se parte de
la presunción de legalidad y acierto y del supuesto que la
misma ya cobró firmeza por haberse resuelto los recursos
que procedían contra él.
Empero, ello no obsta, para que el ejecutado, en
ejercicio del derecho de defensa, pueda formular excepciones
de mérito, aun cuando con las restricciones dispuestas en el
artículo 442 del Código General del Proceso que,
expresamente, establece, que «Cuando se trate del cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o
transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,
sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de
pérdida de la cosa
debida». (resalta la Sala), amen que esta última
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circunstancia, de suyo, está contemplada como motivo de
invalidez de los juicios en el artículo 133 ídem.
Sin embargo, aunque tanto el citado precepto como el
134 ibidem determinan la viabilidad de reclamar la invalidez
del proceso por la falta de notificación o emplazamiento en el
proceso ejecutivo que se promueva para el cumplimiento de
la decisión jurisdiccional «incluso con posterioridad a la orden de
seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago
total a los acreedores o por cualquier otra causa legal», tratándose de
laudos arbitrales no es procedente alegar tal anomalía.
Esto, habida cuenta que el legislador tiene dispuesto,
expresamente, un escenario específico para ello, esto es, a
través de los recursos de anulación o revisión contra este,
asignando la competencia para tal pronunciamiento a los
tribunales o a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema,
según se trate de uno u otro medio de impugnación,
excluyendo así la posibilidad de su alegación ante el juez del
compulsivo, quien carecería de competencia para
pronunciarse sobre la ocurrencia o no del vicio invalidante.
4.- En el sub examine el recurso de revisión se interpuso
contra el laudo arbitral proferido el 29 de enero de “2019”
(sic), por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Universidad La Gran Colombia, leído en
audiencia del 29 de enero de 2020, fundando su reproche en
la causal séptima del artículo 355 del Código General del
Proceso, aduciendo que no fue notificada de la iniciación del
referido trámite pues, pese a que se ordenó su vinculación,
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la comunicación del auto admisorio, si bien se remitió
inicialmente a su sitio de residencia habitual, lo cierto es que
al resultar fallida no se insistió y, en su lugar, se acudió a
otra dirección a la que «nada tiene que ver».
En tal sentido, recalcó la revisionista que desde el año
1993 siempre ha «vivido y reside en la Calle 142 A No. 128 B -18 de
Bogotá, lugar que ha sido su lugar de residencia y lugar de notificación,
tanto así que dejó esta como la dirección comercial de la empresa
VILLAFLAK LTDA.». Empero, en el dossier cuestionado, se envió
el comunicado a la «Transversal 127 D No. 139 A -19 de Bogotá»,
sector que asegura no conoce.
4.1.- Sea lo primero señalar, que revisados los
expedientes remitidos, tanto del trámite arbitral como la que
corresponde a su ejecución, se observa que contra el primero,
si bien procedía el recurso de anulación, en los términos del
artículo 40 de la ley 1563 de 2012 con fundamento en la
causal cuarta que, igualmente, ampara a quien estuvo «en
alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o
emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad», es
razonable que, ante el presunto desconocimiento de su
tramitación por parte de la revisionista, no se hiciera uso de
dicho mecanismo de impugnación el cual, en todo caso, no
constituye requisito de procedibilidad para la tramitación del
recurso extraordinario de revisión que ahora se examina.
4.2.- Por otra parte, la interposición del recurso de
revisión prima facie deviene tempestiva, como quiera que al
tenor de lo dispuesto en el artículo 356 «Cuando se alegue la
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causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los dos (2) años
comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la
sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite
máximo de cinco (5) años», y siendo que en el sub lite, la censura
se soporta en dicho motivo, habiéndose proferido el laudo el
29 de enero de “2019” (sic), leído en audiencia del mismo día
y mes de 2020, si bien podría indicarse que la oportunidad
para su interposición precluyó el 29 de enero de 2022,
generando así la caducidad de la acción que impondría,
incluso, el rechazo de plano del recurso, la promotora afirmó
que solo tuvo conocimiento de este desde enero de 2023, por
lo que en garantía del derecho de acceso a la justicia y de
contradicción y defensa es pasible considerar habilitada la
oportunidad para su interposición en los términos que
consagra el inciso segundo del artículo 356 del ordenamiento
adjetivo civil, que permite a la Sala adentrarse al examen de
fondo del recurso, a fin de establecer si realmente se incurrió
o no el vicio invalidante aducido como soporte del reclamo
extraordinario.
4.3.- En efecto, pregona la gestora que no se enteró de
la iniciación del trámite arbitral promovido por Osvaldo
Villamizar Contreras en su contra ante el Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Universidad La Gran Colombia, pues las diligencias de
notificación no se hicieron adecuadamente.
Revisado el expediente se constata la realización de las
siguientes gestiones para ese propósito:
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A) En la demanda con la cual se promovió el proceso
arbitral, el demandante denunció como dirección para que la
accionada recibiera notificaciones la calle 142A No. 128B-18
(dirección catastral) Urbanización La Sabana de Tibabuyes
de Bogotá, correo electrónico
[email protected] [fl. 12 arch. Demanda – expediente
arbitral].
B) El 23 de enero de 2019 el mandatario del
convocante allegó memorial, a través del cual corrige la
dirección del correo electrónico en el que puede ser noticiada
la señora Aflak Torres, precisando que el correcto es
[email protected] [fl. 1 arch. Escrito notificaciones –
expediente arbitral].
C) El 20 de marzo de 2019 el promotor arbitral arrimó
escrito informando, que para efecto de la notificación la
señora Aflak se tenga como nueva dirección «la transversal
127D No. 139A-19 de Bogotá D.C.» e indicó, bajo la gravedad de
juramento, que «descono[ce] otra dirección diferente a la señalada en
la demanda y la indicada en este escrito» [fl. 2 Arch. Escrito notificaciones –
expediente arbitral].
D) El 21 de ese mes y año, el mandatario del promotor
arrimó otro escrito anunciando la presentación en «11 folios»
de los documentos que dan cuenta de la gestión realizada
para enterar a Esther Aflak Torres. Adicionalmente informa,
que «el miércoles 20 de marzo de 2019, realice envío de la comunicación
para la notificación personal [...] al correo electrónico de la demandada
[email protected] adjuntando impresión del
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referido correo, además, expone su desconocimiento de otra
dirección para notificarla y solicita su emplazamiento [fl. 3 arch.
Escrito notificaciones – expediente arbitral].
E) Obra en el legajo pantallazo de remisión al correo
electrónico
[email protected] con el cual
se le envía a Esther Aflak la comunicación del artículo 291
del Código General del Proceso para su notificación, realizada
en 20 de marzo de 2019, que incluye una imagen del citatorio
y un pdf adjunto de este [fl. 1]; copia de la citación para
notificación (envío 700024114110) remitido el 22 de febrero
de 2019, a la calle 142A #128B-18 [fl. 4], certificación de
devolución de la empresa Inter Rapidísimo del envío
700024114110, que refiere dos intentos de entrega en ese
sitio, con resultado fallido, los días 25 y 26 de febrero de
2019, debido a «residente ausente» [fl. 6]; otra comunicación en
los términos del artículo 291 del Código General del Proceso
del 14 de marzo de 2019 [fl. 8] que, según la factura de
remisión de la empresa de correo (envío 700024530892), se
dirigió a la Trasversal 127D #139A-19 [fl.9]; certificación de su
devolución de la misma expresa por motivo «rehusado/ se
negó a recibir» [fl. 10], [Arch. notificaciones- entregas citaciones – expediente arbitral].
Comunicaciones y certificaciones cotejadas por la empresa
de correos.
F) El 13 de agosto de 2019 se radicó memorial
allegando copias cotejadas del 28 de mayo de 2019, del aviso
del artículo 292 del Código General del Proceso, enviado a la
demandada a la transversal 127D N° 139A-19 y del auto
admisorio [Arch. Cotejo entrega aviso y auto admisorio].
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G) Mediante auto de 14 de agosto del 2019 el tribunal
arbitral, al estimar que la enjuiciada estaba «debidamente
notificada» determinó tener por no contestada la demanda [Arch.
Auto 2 resuelve – expediente arbitral] y se continuó con las etapas propias
del proceso hasta la emisión del laudo arbitral y su lectura.
5.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 291 del
Código General del Proceso que regula el trámite de la
notificación personal «La comunicación deberá ser enviada a
cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de
conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado»,
además, que «Cuando se conozca la dirección electrónica de quien
deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el Secretario o
el interesado por medio de correo electrónico. Se presumirá que el
destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione
acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el
expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos», y agrega
la disposición, que «Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir
la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y
emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación
se entenderá entregada», si la persona a notificar comparece al
despacho que lo requiere se le enterará de la providencia a
notificar en caso contrario se procederá a practicar la
notificación por aviso conforme lo indica el artículo 292 ídem
que, a su vez, determina que cuando la providencia a
notificar sea el auto admisorio de la demanda se acompañe
copia informal de dicha providencia, debiendo la empresa de
mensajería expedir constancia de su entrega «la cual se
incorporará al expediente, junto con la copia del aviso debidamente
cotejada y sellada».
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La opugnante en su demanda de revisión se duele de
que el demandante arbitral gestionara su notificación en la
transversal 127D No. 139A-19 de Bogotá, pues afirma que
nunca ha tenido relación alguna con ese sitio, precisando
cuál es su verdadero domicilio desde el año 1983, con lo cual
considera «se demuestra claramente la indebida notificación de la
demanda Arbitral, toda vez que conforme se encuentra en el expediente
RADICADO: 002-2018, la notificación de que trata el artículo 291 y 292,
fue realizada a una dirección en donde nadie la conoce, más cuando el
apoderado de la activa no informo al centro de conciliación, la razón del
porqué cambiaba la dirección de notificación, enervando con esto la
violación al debido proceso, toda vez que el demandante señor OSVALDO
VILLAMIZAR CONTRERAS, siempre ha sabido en donde tiene el
domicilio...».
Resulta necesario señalar que, a voces del artículo 76
del Código Civil, el domicilio «consiste en la residencia
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella»,
es decir, aquél sitio en el cual la persona tiene su entorno
familiar, social y económico, o en palabras de Enneccerus –
Kipp – Wolf «el punto medio de las relaciones de la vida» Del mismo
modo lo explica el principio general del derecho: «el domicilio
está en el lugar en que uno vive e intencionalmente estableció el conjunto
de sus cosas con ánimo de permanecer allí» . En tanto que, la
residencia es el «sitio concreto donde las partes respectivas pueden
ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo
requieran» (AC3518-2020 y reiterado en AC3152-2023).
En ese orden, ningún reproche tendría el hecho de que
el demandante, enterado de la existencia de otros lugares en
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los cuales la ejecutada pudiera ser enterada de la promoción
del juicio arbitral en su contra -previo reporte de esas
direcciones al juzgador- optara por remitir las
comunicaciones para surtir ese acto a todas las direcciones
informadas, puesto que nada riñe para que un sujeto sea
demandado ante el juez de su domicilio pero notificado de las
decisiones que se adopten en el proceso en un lugar distinto,
menos aún, cuando fue allí donde se verificó posteriormente
su enteramiento con apoyo policial de la citación que le
hiciera la fiscalía, con ocasión de la denuncia penal que el
señor Villamizar entabló en su contra, en el cual, según el
video que de dicho acto se incorporó al proceso se evidencia
que funciona un almacén veterinario lo que concuerda con lo
atestado, en su oportunidad, por la empresa de correos [Arch.
Video entrega de notificación fiscalía en transversal 127D N° 139ª-18 Local L_G Mascotas,
misma dirección arbitraje.mp4], lo que bastaría para dejar en el vacío el
cuestionamiento de la recurrente.
Ahora bien aunque ese enteramiento no satisfizo a
cabalidad las exigencias de ley pues, únicamente, militan en
el dossier las comunicaciones dispuestas en el artículo 291
del Código General del Proceso, con sus respectivas
certificaciones de la empresa postal que por sí solas resultan
insuficientes para satisfacer las exigencias legales impuestas
para ese acto procesal, puesto que se requiere que ante la no
comparecencia al despacho del citado se proceda a remitir el
correspondiente «aviso de notificación», que como modo
supletivo de notificación permite que se integre
adecuadamente el contradictorio, de este último paso obra la
copia cotejada que remitiera el demandante junto al auto
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admisorio de la demanda, omitiéndose incorporar la
certificación pertinente sobre su entrega de la empresa de
correos, en este particular caso ello no habilita la anulación
del laudo.
Esto, porque el cotejo que presentan el aviso de
notificación y el auto admisorio que obran en el expediente
permiten presumir su efectiva remisión, lo que por demás no
confuta la señora Aflak, quien sólo reprocha que en el lugar
a donde se remitió no corresponde con el de su domicilio, a
lo que se suma que las certificaciones que expiden las
empresas de mensajería autorizadas para gestionar
notificaciones judiciales allegados por las partes se
presumen auténticos, al tenor de lo dispuesto en el artículo
244 del Código General del Proceso, mientras no sean
tachadas de falsas, teniendo quien alegue deficiencias en la
realización de esas diligencias la carga de desvirtuar lo
plasmado en ellas, lo que no satisfizo la censora.
No ya que se limitó a pregonar que ella no tiene su
domicilio en el lugar donde se surtió el acto, anexando el
certificado de tradición del inmueble en el cual reside,
pasando por alto, que la titularidad del derecho de dominio
que ostenta sobre dicho predio no impide que pueda tener
vínculos con otros lugares (trabajo- esparcimiento u otras
razones), que por su regular concurrencia a ellos facilitan que
allí sea notificada de las determinaciones que requieran su
enteramiento personal.
Aunado a esto, dentro del trámite de la acción de tutela
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-02453-00
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que Esther Aflak Torres presentó contra el centro de
conciliación y arbitraje la accionada en su respuesta –que se
entiende rendida bajo la gravedad de juramento manifestó
que «con relación con la notificación del artículo 292, del Código General
del Proceso, el apoderado anexo al expediente arbitral la certificación de
la notificación realizada en la Transversal 127D No. 139A-19 de Bogotá,
donde nuevamente certifica la empresa de correo REHUSADO/ SE NEGÓ
A FIRMAR» [fl. 5 Archivo arbitraje Esther Aflak Torres – Respuesta tutela].
Pero, además, el artículo 23 de la ley 1563 de 2012, que
de manera especial regula lo concierte a los procedimientos
arbitrales dispone, que:
«En el proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en
todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas
las comunicaciones, tanto del tribunal con las partes como con
terceros, para la notificación de las providencias, la presentación
de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda
de la versión de las mismas y su posterior consulta.
La notificación transmitida por medios electrónicos se considerará
recibida el día en que se envió, salvo que se trate de la notificación del
auto admisorio de la demanda, caso en el cual se considerará hecha el
día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario».
Y ocurre, que el demandante para procurar la
concurrencia de la demandada acudió a esas herramientas
tecnológicas, pues al estar vinculada la acción arbitral con la
gestión de la señora Aflak como gerente de la sociedad
Villaflak Ltda., le remitió comunicación al correo electrónico
que dicha sociedad tiene registrado ante la Cámara de
Comercio de Bogotá, según da cuenta el certificado de
existencia y representación [fl. 6 arch. Anexo cámara de comercio],
informando el 21 de marzo de 2019 de la realización de esa
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actuación así: «Me permito informar que el miércoles 20 de marzo de
2019 realice envío de la comunicación para la notificación personal [...]
al correo electrónico de la demandada
[email protected] ...».
Si esto es así, como la norma especial que regula el
arbitraje nacional no contempla exigencias formales
adicionales al envío de la comunicación para enterar al
convocado, ni remite expresamente a las reglas del Código de
Procedimiento Civil (vigente para su expedición -hoy Código
General del Proceso), para tener por cumplido el acto de
enteramiento es posible afirmar que no se configuró la causal
de nulidad.
Refulge de lo historiado que la revisionista sí fue
enterada de la iniciación del proceso arbitral, pero optó por
no acudir a ejercer su derecho de contradicción y de defensa;
incuria que, incluso, se ha visto reflejada en el trámite de
ejecución promovido para el cumplimiento de lo ordenado en
el laudo arbitral, pues, pese a haber concurrido no utilizó
tempestivamente los medios de defensa que el ordenamiento
civil habilita para estos asuntos.
Obsérvese, que luego de que el demandado intentara
notificar el mandamiento de pago en las direcciones ya
referidas, sin alcanzar su cometido, el 21 de noviembre de
2022 solicitó su emplazamiento [Arch 09Autorización Emplazamiento -
01Primera Instancia C01principal proceso ejecutivo], acudiendo el apoderado
por ella designado el 23 de enero a notificarse y sólo hasta el
28 siguiente interpuso recurso de reposición contra la orden
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de apremio, poniendo de presente que presentaría recurso
extraordinario de revisión contra el laudo arbitral y que,
debido a la inexistencia de la notificación del proceso arbitral,
el mismo estaría viciado de nulidad y, por consiguiente, «el
título que se pretende hacer valer en el proceso de la referencia, no ha
nacido a la vida jurídica» [0026Expediente_remitido.zip. 01PrimeraInstancia.
C01Principal398. 22RecursoReposición.pdf], reproche rechazado de plano
por extemporáneo.
6.- Finalmente, atendiendo a que en el escrito de
subsanación de la demanda objeto de estudio, la revisionista
aspira en el acápite de «PETICIÓN», se «declare la nulidad del
LAUDO ARBITRAL proferido por el CENTRO DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA (…) por no haberse practicado en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el
emplazamiento de las demás personas que se considerarán con
derechos sobre el mismo proceso, aunque sean indeterminadas, nulidad
comprendida en el Numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso (…) se ordene al CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y
AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA,
y al apoderado señor JUAN MANUEL RETIS AMAYA realizar la
notificación del auto No. 001 de fecha 21 de enero de 2019, a las
personas indeterminadas que se consideren con derechos dentro del
proceso de “rendición de cuentas” teniendo en cuenta que el mismo versa
sobre una sociedad comercial y por tanto existen deudas con
proveedores, trabajadores y entidades de la seguridad social» [Archivo
Digital.0011Memorial.pdf.] es irrefutable que tal pedimento resulta
improcedente.
Ello, por cuanto, es incontrovertible que la nulidad
cuando no se cita en debida forma a la persona que según la
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-02453-00
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ley debió convocarse, solo puede alegarse a través de los
recursos de anulación y revisión como antes se vio, y esta
invocación no corresponde a la interposición de un recurso
de anulación contra el laudo, sino a la simple enunciación de
un motivo adicional para pretender la revisión de este.
Pero, sobre todo, porque no se puede pasar por alto que
dicho motivo de invalidez procesal sólo puede reclamarlo el
afectado (inciso 3o, art. 135 del estatuto adjetivo), de suerte
que la recurrente carece de interés y legitimación para
aducirla, frente a «personas determinadas o a las demás que
se consideran con derechos sobre el mismo proceso», pues solo
a ellos les incumbía protestar por ese aspecto.
Justamente, ha precisado la Corporación, que «en tanto
el vicio procesal no cause agravio a la parte, ésta no está asistida de
interés para impetrar la nulidad […] Y, menos aún, puede hacerlo a su
nombre la contraparte en el proceso» (CSJ SC1832-2021, 19 may.,
rad. 1999-00273-01 reiterado en AC203-2023).
7.- Lo antedicho torna infértil el reclamo extraordinario,
sin que sea indispensable adentrarse en el examen de la
caducidad que, a consecuencia del fracaso de la nulidad
invocada aflora contundente y, adicionalmente, queda
relevada la Sala de examinar los medios de defensa
formulados por los sujetos vinculados a esta tramitación.
8.- Conforme a lo prevenido por el inciso final del
artículo 359 del compendio procesal general, se impondrá
condena en costas y perjuicios a la recurrente. Las agencias
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en derecho se tasarán, por la magistrada ponente, según el
numeral 3° ídem y para su cuantificación se tendrán en
cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura. Los eventuales perjuicios se liquidarán mediante
incidente - arts. 359 y 283 CGP-.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Esther Aflak
Torres frente al laudo arbitral dictado por el Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Universidad La Gran Colombia de 29 de enero de 2019, en el
proceso arbitral referenciado.
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios a los
recurrentes. En su oportunidad, la magistrada ponente
señalará las agencias en derecho que deberán incluirse en la
liquidación.
TERCERO: Devuélvanse los expedientes digitales al
Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad de
Bogotá y al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Universidad La Gran Colombia, agregando
copia de esta providencia.
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CUARTO: Consérvese el cuaderno de la Corte y
archívese en su debida oportunidad.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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