Texto del documento 46.195 caracteres
\G
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC4264-2020
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
(Aprobado en sesión virtual de veinte de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil
veinte (2020).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
los demandantes HANS FRITHJOF SCHENK y SCHEMO
LIMITADA, frente a la sentencia proferida el 17 de abril de
2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Andrés, Providencia y Santa Calina, Sala Única, en el proceso
que los impugnantes adelantaron contra INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACIÓN, y
la CORPORACIÓN MACCA GROUND LIMITADA.
ANTECEDENTES
1. Apreciados en conjunto los escritos de demanda
(fls. 1 a 8, cd. 1) y subsanación de la misma (fl. 134, ib.), se
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
establece que las pretensiones elevadas, consistieron en lo
siguiente:
1.1. Declarar que los actores "construyeron de su
peculio", las edificaciones plantadas en el terreno que
originalmente tomaron en arrendamiento a Inversiones y
Construcciones del Caribe S.A., actualmente en liquidación.
1.2. Declarar que las convocadas "se enriquecieron
ilícitamente por el valor de [tales] edificaciones".
1.3. Condenar solidariamente a las accionadas "a pagar
el valor de las [obras] levantadas sobre el inmueble a expensas de
los demandantes", que éstos estimaron bajo juramento en la
cantidad de $1.943.962.000.00, junto con los "intereses
moratorios" causados desde el 30 de marzo de 2007, esto es,
"un día después de la entrega judicial del bien raíz", así como "los
frutos civiles producidos por el inmueble" desde esa misma fecha,
que justipreciaron en la suma de $18.000.000.00 mensuales
y que, a su decir, para la fecha de presentación del libelo
introductorio, ascendían a $746.000.000.00.
1.4. Imponer a las demandadas las costas procesales.
2. En respaldo de dichas reclamaciones, se adujeron
los hechos que a continuación se compendian:
2.1. El 10 de mayo de 2000, los promotores del litigio
tomaron en arrendamiento a Inversiones y Construcciones
del Caribe S.A., actualmente en liquidación, un lote de
2
Radicación n.° n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
terreno en "mal estado", "sin construcciones", salvo unas
columnas que fueron demolidas, con una extensión
superficiaria de 1.590 M2, ubicado en la calle 4a (Avenida de
Las Américas) No. 1-33 de la ciudad de San Andrés, por el
término de tres arios.
2.2. En dicho contrato se previó "una opción de
compra a favor de los arrendatarios" (cláusula vigésima
segunda), en consideración a la cuantiosa inversión que
tenían que hacer para construir un "edificio de 1.400 M2 para
la instalación de un [c] entro [s] ocial-deportivo comercial para la
práctica del deporte de bolos con todos los servicios de bar[,]
[r] estaurante[,] [s] alón de eventos[,] [y]estidores[,] [1]obby principal
de [e]spectadores y [a]lmacen de [p]roductos deportivos entre
otros".
2.3. En desarrollo del permiso que con ese propósito
les concedió la arrendadora, los actores, =parados en la
referida opción de compra, previa obtención de las licencias y
créditos necesarios, construyeron y pusieron en
funcionamiento "el 'Barracuda Bowling Center'", con una
inversión directa de S1.943.962.000.00, sin incluir las
canchas de bolos instaladas en el mismo y otros "inventarios".
2.4. Luego de terminada la obra, Inversiones y
Construcciones del Caribe S.A. "vendió el inmueble sin
respetar la opción de compra, a la CORPORACIÓN MACCA
GROUND LTDA." según consta en la escritura pública No.
3101 del 29 de agosto de 2002, otorgada en la Notaría Única
de San Andrés, adquirente que, por lo tanto, "se enriqueció
3
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
ilícitamente del valor del edificio y de las mejoras efectuadas" por
los accionantes, quienes como consecuencia de lo anterior y
ante la imposibilidad de llegar a un arreglo, retiraron a
"mediados de 2004, la maquinaria, equipos y enseres de la
edificación" y contrataron "una familia en calidad de celadores
permanentes", manteniendo así "la legítima tenencia del lote y la
posesión del edificio" hasta "el 21 de [e]nero de 2007, fecha en la
cual se ejecutorió la sentencia de restitución del inmueble
arrendado, por demanda instaurada el 17 de [m]ayo de 2006,
inicialmente por INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE
S.A."
2.5. En cumplimiento de lo ordenado en la citada
sentencia, el 29 de marzo de 2007 "se efectuó la diligencia de
lanzamiento".
2.6. Con ocasión del proceso de restitución
mencionado, se denunció penalmente a la suplente de los
representantes legales de las sociedades demandadas, a
quien se le dictó medida de aseguramiento; en la actualidad,
el edificio se encuentra dividido en cuatro locales, que fueron
arrendados a distintas personas y "rentan aproximadamente
$18.000.000.00 mensuales"; y los archivos contables de los
gestores de la controversia se quemaron, en un incendio
acaecido el 15 de junio de 2007.
3. El escrito introductorio fue admitido por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés con auto
del 28 de octubre de 2010 (fi. 139, cd. 1), que notificó
personalmente a las sociedades demandadas, por intermedio
4
169
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
del apoderado judicial que designaron con ese fin, en
diligencias del 29 de noviembre siguiente, a la Corporación
Macca Ground Ltda. (fls. 151, ib.), y del 3 de diciembre del
mismo ario, a Inversiones y Construcciones del Caribe S.A.,
En Liquidación (fl. 158 ib.).
Las convocadas, asistidas por distintos mandatarios, en
escritos separados pero del mismo tenor, contestaron la
demanda y, en desarrollo de ello, se opusieron al acogimiento
de sus pretensiones, se pronunciaron de distinta manera
sobre los hechos alegados y plantearon, con carácter
meritorio, las excepciones de "CARENCIA DE DERECHO
SUSTANCIAL PARA DEMANDAR" y "EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE HANS
FRITHJOF CHE1VK y SOCIEDAD SCHEMO LTDA., CONLLEVO A
QUE MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL SE DECRETARA LA
TERMINACIÓN DEL MISMO Y CONSECUENTE DE ELLO SU
DESALOJO" (fls. 161 a 189, cd. 1 y 532 a 553, cd. 2).
4. Agotado el trámite de la primera instancia, el
juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 27 de
agosto de 2014, en la que negaron todas las pretensiones
elevadas por los actores y fueron condenados al pago de las
costas (fls. 2055 a 2065, cd. 4).
5. Apelado que fue dicho fallo por los accionantes, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Sala Única, en el que profirió el
17 de abril de 2015, resolvió confirmarlo e imponer a
aquéllos las costas de segunda instancia (fls. 57 a 78, cd. 9).
5
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Después de historiar lo acontecido en el litigio, de
compendiar el pronunciamiento del a quo, de condensar los
cuestionamientos que le hicieron los apelantes, de tener por
cumplidos los presupuestos procesales y de definir que el
problema jurídico a resolver consistía en "determinar si al juez
de primera instancia le estaba vedado reconocer en la sentencia
una falta de legitimación de la parte activa", el Tribunal para
arribar a las decisiones que adoptó, esgrimió los
razonamientos que enseguida se sintetizan:
1. Con apoyo en lo expuesto por distintos tratadistas
nacionales, se refirió a los conceptos de "partes" y
"legitimación", tras lo cual se preguntó "si en este proceso se
demostró que 'los demandantes construyeron de su peculio, las
edificaciones sobre el predio que originalmente se arrendó?', tal
como se solicit[ó] que se declare en la pretensión primera de la
demanda".
2. Para contestar ese cuestionamiento, el
sentenciador de segunda instancia destacó el contenido, de
un lado, del "Acta de entrega del 15 de marzo de 2001",
documento que los propios accionantes solicitaron que se
tuviera como prueba al descorrer el traslado de las
excepciones meritorias; y, de otro, de la declaración rendida
por el señor Guillermo León Mora Pérez, contador al servicio
de la persona natural demandante, quien por lo tanto "es
testigo de primera mano en lo que se relaciona con el manejo
•
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
contable de los fondos que se emplearon en la construcción del
Barracuda Bowling Center y el origen de los mismos".
3. Fincado en esas pruebas, el ad quem aseveró que
en el proceso "no [se] demostró (...) que la parte [a]ctora hubiese
construido con su peculio las edificaciones sobre el predio que
originalmente se arrendó" sino que, todo lo contrario, se
acreditó "que por cuenta de quien se realizaron dichas mejoras fue
la SCHENK HOLDING APS. DINAMARCA".
4. Así las cosas, añadió:
Ha de colegirse que lo único que hizo el [fluez de la primera
instancia al proferir su sentencia, fue analizar si de la prueba
arrimada al proceso se podía de[ducir] que dentro del mismo
había lugar a declarar la pretensión primera de la demanda,
por medio de la cual se solicit[ó] la declaración de que la parte
[a] ctora era la que había construido 'de su peculio, las
edificaciones sobre el predio que originalmente se arrendó' y
como no lo encontró demostrado obviamente tenía que
declararlo, pues el hecho de que no se haya alegado como
excepción por parte de los [d] emandados, entre otras cosas
porque esa circunstancia solamente la conocieron cuando se
contestaron por los [a] ccionantes las excepciones de mérito,
no significa[ba] que arrimada la prueba al proceso de esto[,]
debía darse por demostrada la primera de las pretensiones
de la demanda[,] cuando existe prueba que demuestra todo lo
contrario, que incluso fue aportada por la parte [a] ctora y que
señala en forma directa que de su peculio no salieron los
recursos económicos para construir el Centro Social
Deportivo BARRACUDA BOWILDIN CENTER.
Ha de decirse que los peritazgos (sic) arrimados al proceso no
son los medios probatorios apropiados para demostrar por
cuenta de qui[é]n se hicieron dichas mejoras, pues el objeto
de dicha prueba e[s] darle luces al juez para que se pronuncie
sobre determinadas cuestiones que requieran especiales
7
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
conocimiento[s] técnicos, científicos y artísticos, por lo cual,
l[als experticias practicad[a]s dentro del proceso no [eran] los
medios adecuados para establecer qui[é]n construyó las
edificaciones cuyo pago se reclama mediante este proceso.
5. En tal orden de ideas, el Tribunal estimó que debía
confirmar la sentencia apelada y condenó a los recurrentes
en las costas de la segunda instancia.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene dos cargos, que la Corte resolverá •
conjuntamente, como quiera que unas mismas razones
guiarán su definición, sin perjuicio, claro está, de que se
plasmen otras particulares, relativas a cada acusación.
CARGO PRIMERO
Fundado en el motivo inicial previsto en el artículo 368
del Código de Procedimiento Civil, el impugnante denunció la
sentencia recurrida por ser directamente violatoria de los
cánones 831 del Código de Comercio, 739 y 1602 del Código
Civil, 23 de la Ley 51 de 1918 y 16 de la Ley 446 de 1998,
unos por interpretación errónea y otros por falta de
aplicación.
Para sustentar el ataque, su proponente, en síntesis,
expuso:
1. En opinión suya, el ad quem resolvió las
pretensiones de la demanda a la luz del artículo 739 del
•
1?0
•
•
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
Código Civil y, al hacerlo, lo malinterpretó, toda vez que no
admitió que "es posible que un sujeto haga sustanciales mejoras
en predio ajeno con materiales que también son ajenos", es
decir, que "quien construye en suelo ajeno con materiales que
también son ajenos, sí tiene legitimación para reclamar el valor de
las obras. La relación que con un tercero pueda tener quien levanta
las obras por el suministro de materiales o de la financiación, es
asunto que debe resolverse en el interior de esa relación de
suministro o financiación".
2. Luego de recordar que en el caso sub lite medió la
celebración de un contrato, en el que "los demandados fueron
dueños del predio y los demandantes opcionados con la posibilidad
de adquirir el dominio y solo transitoriamente inquilinos", opción
de compra que "fue la causa determinante de las obras
ejecutadas", afirmó que en tal supuesto "la legitimación para
reclamar se deriva del negocio jurídico proyectado y frustrado y no
de una causa ajena o extraña", por lo que se radica en "el
contratante que las puso fundado en una expectativa legítima de
volverse dueño".
3. Con tal perspectiva señaló, adicionalmente, que
"erró el Tribunal al aplicar la regla de que carece de derecho y de
legitimación el mejorista cuando ha ejecutado la obra con
materiales ajenos, pues se impone por encima del origen de los
fondos o la propiedad de los materiales el ligamen contractual que
vinculó a los demandantes con quienes les otorgaron la opción de
compra único justificante del adelanto de obras tan importantes
como las ejecutadas", tesis que defendió con la invocación del
concepto de un tratadista extranjero y de lo expresado por
esta Corte, en el fallo que transcribió.
9
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
4. Adelante insistió en que «[n]o hay la menor duda
entonces, de que la legitimación reside en quien plantó las mejoras,
siendo intrascendente que lo haya hecho con 'cosas suyas o de
tercera persona', con mayor razón si el plantador tiene una
relación sustancial con el propietario, en este caso nacida de la
opción de compra", puesto que reconocerlo así "logra el fin ético
de evitar el enriquecimiento" y coloca las cosas en el orden que
les corresponde, ya que "Ella relación de crédito entre el plantador
de las mejoras y el dueño de los materiales, está apenas en los
bordes de la relación determinante a cuyo abrigo se hicieron las
obras, esto es, del contrato de opción".
5. Advirtió que al tenor del artículo 739 del Código
Civil, la persona facultada para reclamar el pago de las
mejoras es quien las realizó, independientemente de si lo hizo
con materiales propios o ajenos, y que en tal virtud luce
injusta la decisión del Tribunal, "al desplazar el derecho a
reclamar las mejoras a la firma Schenk Holding Aps. Dinamarca",
toda vez que "ella tampoco estaría legitimada" debido a que, de
un lado, no fue quien "levantó" las construcciones y, de otro,
"ningún contrato tuvo con el dueño, ni de arrendamiento ni de
opción de compra", de lo que se seguiría que "nada justificaría
entonces las obras, por lo que "los demandados se apropiarían
impunemente" de ellas, habida cuenta que "toda acción estaría
hoy prescrita".
6. A continuación, el censor reiteró la deficiente
interpretación del artículo 739 del Código Civil por parte del
sentenciador de segunda instancia; puso de presente que tal
10
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
yerro trajo consigo la falta de aplicación del artículo 831 del
Código de Comercio, que proscribe el enriquecimiento sin
causa; y volvió a la defensa de la tesis consistente en que "las
reglas que deben gobernar el caso son las del contrato, en este caso
las del contrato de opción invocado en la demanda como origen de
las obras", planteamientos que lo llevaron a hacer hincapié en
que, por lo mismo, la legitimación sobre su reclamo,
pertenece a quienes fueron parte en esa convención, para lo
cual reprodujo con amplitud otro fallo de la Corte.
7. En esa misma línea de pensamiento, precisó que
la aplicación armónica de los preceptos atrás invocados,
permite colegir que cuando el enriquecimiento sin causa se
da como consecuencia de la ejecución de un acuerdo de
voluntades, se "privilegian" sus normas y que en el caso de
que ellas no disciplinen suficientemente la cuestión, "es
cómodamente aplicable la legislación mercantil que reprime el
enriquecimiento para llenar los vacíos que present[e] el contrato",
por ejemplo, en este asunto, el "de opción cuando el opcionado
pone mejoras en el inmueble sobre el que recae la expectativa de
adquisición del dominio, y ve frustrada su aspiración por
incumplimiento de la parte demandada que antes del vencimiento
del plazo para ejercer el derecho enajenó el inmueble a un tercero".
8. Aclaró que "[c]omo se trata de un asunto mercantil, el
artículo 831 del código de comercio concurre subsidiariamente a
llenar los vacíos para lo cual puede integrarse con el artículo 739
del código civil, y de ese modo no premiar el proceder proditorio del
contratante que impunemente violó la opción, frustrando una
eventual adquisición por un millón de dólares, para tan solo recibir
doscientos millones de pesos, en desdoro de los derechos del
11
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
mejorista que confiado en el contrato de opción puso los trabajos",
análisis que le permitió persistir en que, por lo tanto, la
legitimación en ese debate, la tienen quienes fueron parte en
el respectivo contrato.
CARGO SEGUNDO
Soportado también en la causal de casación ya
identificada, el impugnante le reprochó al Tribunal haber
infringido indirectamente las mismas normas especificadas
en el cargo anterior, esta vez como consecuencia del error de
hecho en que incurrió al apreciar "la prueba documental
demostrativa del contrato suscrito entre las partes", yerro que
consistió en "distorsionar o deformar [su] contenido", fruto de lo
cual le "negó su verdadero alcance (...) [con] graves repercusiones
en los derechos de los demandantes".
El recurrente soportó la censura, en los argumentos
que pasan a registrarse:
1. De entrada, puntualizó que las pruebas mal
apreciadas fueron el documento que obra en los folios 19 a
26 del cuaderno principal; la demanda, en cuanto que a lo
largo de ella los actores invocaron "como fuente de sus
pretensiones el contrato de opción" y su incumplimiento por
parte de los accionados; y la contestación que cada una de
las convocadas presentó, en las que, con fuerza de confesión,
aceptaron la existencia del contrato de opción e, incluso, en
la de Inversiones del Caribe S.A., En Liquidación, se admitió
haber desconocido el mismo, aunque con indicación de
12
/Ze
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
múltiples justificaciones para ello (fis. 59 a 77 y 146 a 164,
cd. 1).
2. En suma, el impugnante estimó que el ad quem
redujo los alcances de esa convención a un mero contrato de
arrendamiento, sin reconocer la opción de compra que
contiene (cláusula veintidós), con todas las repercusiones
que de esa omisión se derivaron, como quiera que dicho
pacto "colocaba a los demandantes ante la inminencia de acceder
al dominio del inmueble, lo que justificaba a plenitud la
autorización que recibieron (...) para gestionar las obras que ahora
reclaman para evitar el enriquecimiento de los demandados" y las
construcciones mismas, que se realizaron.
3. Explicó que si el juzgador de segunda instancia
hubiese visto la opción como la causa justificante de las
mejoras, habría encontrado "la legitimación de los optantes para
reclamar las obras", es decir, que esa Corporación "no vio la
legitimación porque no quiso ver la cláusula 22 que contiene la
opción, disposición contractual que invisibilizó (sic) en tanto ningún
efecto extrajo de ella", planteamiento que en distintos términos
repitió varias veces, en desarrollo del ataque.
4. Adelante, achacó al ad quem la preterición del
documento que obra en el folio 43 del cuaderno principal, el
cual reprodujo, y tras reiterar que dicho sentenciador
desdeñó la opción de compra, precisó que ella "es la figura
sustancial que viene a regular la[s] relaciones nacidas de la
autorización para levantar construcciones", pues "una es la
situación y las relaciones jurídicas cuando entre el mejorador y el
13
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
dueño existe un contrato de arrendamiento y una muy distinta,
radicalmente distinta, cuando entre quien hace las mejoras y el
dueño del inmueble hay una opción de compra a favor del optante",
toda vez que esta convención "por sí sola legitima a los
demandantes para reclamar las secuelas de dicho contrato de
opción, de modo particular, evitar el enriquecimiento ilícito que se
consuma a partir de la apropiación de las mejoras puestas con
ocasión del contrato de opción que habilitó a los optantes para
ejecutar obras como anticipación del dominio a que estaban
destinados por la promesa".
5. Memoró que la opción de compra fue incumplida
por Inversiones del Caribe S.A., actualmente en liquidación,
sociedad que vendió a la otra demandada el inmueble, e
insistió en que si el Tribunal "no hubiera suprimido en la
práctica la existencia de la
arrendamiento (...), hubie[se]
demandantes tenían con los
cláusula 22 del contrato de
tenido que concluir que los
demandados, arrendadores o
concedentes una relación sustancial que conduciría al dominio,
relación personal que justificaba suficientemente la plantación de
las mejoras que reclaman los demandantes, sin que fuera relevante 0
el origen del dinero con que fueron financiadas las obras puestas
por(...)» aquéllos.
6. Posteriormente, el censor se ocupó de relacionar,
grosso modo, las pruebas demostrativas tanto de las
autorizaciones obtenidas por los accionantes para realizar las
obras que plantaron en el predio, como de las mejoras
efectivamente verificadas, lo que lo llevó a denunciar la
preterición de los testimonios de los señores Carlos Alberto
Franco Uribe, Humberto Mejía Camacho, Jorge Muñoz
14
123
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
Pedraza, Eugenio Pastrello, Diego Chow Bryan y Antonio
José Ocampo Jaramillo, que versaron sobre lo último,
declaraciones que reprodujo en lo pertinente, así como de los
dictámenes periciales rendidos por Jefferson Peterson
Hooker, Felipe Karol Pernett Pineda y Luis Parra Granados,
elementos de juicio en torno de los cuales describió su
finalidad.
7. Al cierre, enfatizó que de no haber sido
desconocidas esas probanzas, el Tribunal hubiese tenido que
aceptar que los accionantes, como autores de las
construcciones sobre las que versó la acción y "beneficiaros de
la opción" pactada, estaban "legitimados para proponer las
pretensiones que dedujeron contra los demandados".
CONSIDERACIONES
1. El fundamento cardinal de los dos cargos consistió
en que el contrato celebrado por las partes, particularmente,
la opción de compra prevista en su cláusula veintidós, en
tanto que fue la causa de la realización de las mejoras cuyo
valor peticionaron los actores, concedió legitimación a éstos
para elevar tal reclamación, puesto que determinó que las
personas válidamente facultadas para intervenir en este
asunto, eran quienes fueron parte en dicha convención, sin
que, por lo tanto, pudieran tenerse en cuenta para la
definición de ese aspecto del litigio -la legitimación de los
extremos procesales y, en especial, de los accionantes- otros
factores, mucho menos extra-contractuales, como el origen
15
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
de los materiales utilizados o de los dineros con los que se
financió la obra.
2. Para andar sin rodeos, debe decirse que ese
planteamiento es inadmisible en casación, por las razones
que a continuación se elucidan:
2.1. En las contestaciones de la demanda que cada
una de las convocadas presentó, como se relacionó en los
"ANTECEDENTES" de esta providencia, ellas propusieron por
igual la excepción meritoria que denominaron "CARENCIA DE
DERECHO SUSTANCIAL PARA DEMANDAR", la cual fincaron,
en síntesis, en que la acción intentada con el presente
proceso era "contractual", pues estaba soportada en el
arrendamiento convenido por las partes, el cual terminó por
sentencia judicial dictada en el proceso de restitución de
inmueble arrendado soportado en el no pago de los cánones
de arrendamiento, cuya tramitación fue anterior a la de este
asunto litigioso.
2.2. El apoderado judicial de los gestores de la
controversia, al descorrer el traslado de las excepciones
meritorias (fls. 1933 a 1935, cd. 4), en frente del comentado
mecanismo defensivo, expresó:
O sea[,] lo que en derecho se denomina en realidad 'falta de
legitimación por activa'. Sea lo primero manifestar que una
cosa es que la parte actora carezca de legitimidad para incoar
la acción -lo que desde luego no ocurre en este caso- y otra
bien distinta, que no le prosperen las pretensiones, que es a
lo que parece referirse esta parte. No se trata la presente
causa de responsabilidad civil contractual, pues las
16
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
pretensiones no se fundan propiamente en los términos del
contrato de arrendamiento, sino en circunstancias que no le
son propias, pero que se derivaron del mismo. Yerra entonces
esta parte, por desconocimiento conceptual, en la apreciación
correspondiente (se subraya).
2.3. Al alegar de conclusión en la primera instancia
(fls. 1997 a 1999, cd. 4), los actores, representados por el
mismo profesional, tras relacionar buena parte de las
pruebas recaudadas, se limitaron a señalar:
Como quiera que el proceso se contrae a establecer el valor de
lo que debe indemnizar la parte demandada a la parte
actora, se tiene que las probanzas incorporadas son
suficientes para ello; además, existe confesión por
apoderados desde la contestación de la demanda, de haber
sido la parte plural demandante quien efectuó las obras y
construcciones cuyo pago se reclama. Las normas de
depreciación de las construcciones por el paso de tiempo no
pueden aplicarse en el caso concreto, pues las obras
(construcción nueva) se terminaron en 2002 y el edificio fue
entregado a su propietaria en 2007, como consecuencia de un
fraudulento proceso de restitución de inmueble arrendado.
En consecuencia, se solicita acceder íntegramente a las
pretensiones de la demanda.
2.4. Habiendo sido la sentencia de primera instancia
desestimatoria de las súplicas elevadas en el escrito iniciador
de la controversia, precisamente porque el a quo no halló
comprobada la legitimación de los demandantes, éstos
interpusieron recurso de apelación, que sustentaron en los
términos del escrito visible en los folios 2067 a 2071 del
cuaderno No. 4, en el que, en resumen, hicieron los
siguientes planteamientos:
17
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
2.4.1. Hubo confesión por apoderado en las
contestaciones de la demanda, de que fueron los accionantes
quienes realizaron las obras plantadas en el predio materia
del debate litigioso.
2.4.2. En la audiencia practicada con base en el
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se dejó
establecido que el objeto del proceso era determinar el valor
de las obras o mejoras realizadas, finalidad "en la que ni por
asomo se incluyó la falta de legitimación por activa".
2.4.3. La propia sentencia, al reproducir un proveído
de la Corte sobre inconsonancia, dejó al descubierto que era
incongruente, pues las demandadas, Ir* como excepción
previa", ni 'perentoriamente", propusieron que "la parte actora
no estaba legitimada por activa". Por lo mismo, ese fallo es
violatorio del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
2.4.4. El "(...) 'Acta de entrega' del 15 de [m]arzo de
2001 (fls. 1913 y 1914 del C.0.)", en la que el sentenciador de
primera instancia soportó la decisión desestirnatoria que
adoptó, no fue tenida como prueba en el proceso,
corresponde a una copia informal y no acredita
suficientemente el contrato de leasing al que esa autoridad se
refirió, amén que no contiene cifras, de lo que se sigue que "el
Juez supuso que dineros recibidos del extranjero fueron todos los
que se invirtieron en la construcción de las mejoras".
2.4.5. Enseguida, señalaron:
18
Radicación n.° n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
Al resolver de fondo el litigio, el Tribunal deberá analizar in
integrum el expediente desde su inicio, deteniéndose en que
se trata de una acción indemnizatoria de naturaleza
extracontractual con fundamento en el enriquecimiento sin
causa y teniendo en cuenta el análisis que en los alegatos
conclusivos la parte actora hizo de las pruebas obrantes y
arrimadas (...) (se subraya).
2.4.6. Luego enumeró los medios de convicción y
repitió que el fin del litigio era determinar el valor de la
indemnización debida por las demandadas a los actores, que
los apoderados de aquéllas admitieron que éstos fueron
quienes realizaron las obras y que las normas de
depreciación de las mismas, no tenia cabida.
2.5. En los alegatos de segunda instancia, el apoderado
de los demandantes repitió los argumentos tocantes con el
objeto del litigio, tal y como quedó definido en la audiencia
practicada con base en el articulo 101 del Código de
Procedimiento Civil; la incongruencia del fallo del a quo, al
resolver oficiosamente sobre la falta legitimación de los
accionantes; el restringido mérito demostrativo del "Acta de
Entrega" fechada el 15 de marzo de 2001, fundamento de fallo
apelado; la comprobación de la realización de las obras por
parte de los actores, con los testimonios de Antonio José
Ocampo Jaramillo, Ramiro Berton Howard Archbold, Diego
Chow Bryan, Eugenio Pastrello y Roberto Antonio Beltrán.
Torres; y la demostración del valor de las mejoras con los
dictámenes periciales de Jefferson Peterson Hooker, Felipe
Karl Pernett y Luis Parra Grados.
19
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
Adicionalmente, cuestionó el análisis que el
sentenciador de primera instancia hizo, por una parte, del
"leasing operativo" a que se refirió, particularmente, porque a
decir del recurrente, olvidó que "los residentes colombianos que
hacen transacciones de LEASING con empresas extranjeras están
por fuera de la ley"; y, por otra, del testimonio del señor
Guillermo León Mora, porque en realidad el deponente
únicamente indicó "que no está seguro pero cree que se transfirió
una suma de $1 .943.000.000.00 que fueron nacionalizados a
través del Banco de la República y que supone que el origen de
estos dineros fueron a través de un hermano y hermana de HANS
FRITHJOF SCHENK".
2.6. De las actuaciones que se dejan relacionadas, se
extractan dos grandes conclusiones:
2.6.1. En primer lugar, que al apelar la sentencia de
primera instancia, no obstante que ella estuvo soportada en
la falta de legitimación de los actores habida cuenta que,
"según el documento visible a folios 1913 y 1914 del sub examine,
aportado(...) por la parte actora, las mejoras en cuestión fueron
efectuadas por la sociedad SCHE1VK HOLDING APS y no por los
arrendatarios que fungen por activa en la presente causa civil", los
accionantes se limitaron a cuestionar, fundamentalmente, el
reconocimiento oficioso de esa circunstancia y su deficiente
demostración.
No fue tema de controversia en ese momento, que la
legitimación de los actores se derivara del contrato celebrado
20
1
12f
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
entre las partes, más exactamente de la opción de compra
allí establecida.
2.6.2. En segundo término, que la parte actora dejó
bien en claro desde cuando descorrió el traslado que se le
hizo de las excepciones meritorias, que la acción intentada
era extracontractual y tenía por único fundamento el
enriquecimiento sin causa de los demandados.
2.7. Se sigue de la primera de esas inferencias, que los
demandantes renunciaron al interés que tenían para
controvertir el fallo del ad quem soportados en que su
legitimación estaba dada por el contrato que celebraron con
Inversiones y Construcciones del Caribe S.A., actualmente en
liquidación, particularmente por la opción de compra allí
pactada, toda vez que, como ya se vio, frente a la sentencia
de primera instancia, en la que se declaró también la
ausencia de ese requisito, interpusieron el recurso de
apelación sin aducir tal inconformidad sino, solamente, la
impertinencia de haberse hecho tal declaración de oficio y la
falta de demostración de esa deficiencia.
En palabras de la Corte:
Está fuera de discusión la afirmación según la cual es
requisito indispensable para que se pueda recurrir una
determinada providencia, que el impugnante se encuentre
legitimado para hacerlo, lo cual necesariamente presupone
que la providencia objeto del recurso le haya ocasionado
algún agravio, vale decir, una ofensa, un perjuicio que deba
ser reparado, regla esta que, obviamente, se mantiene
inalterable en tratándose de la impugnación en casación de
21
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
las sentencias judiciales; por supuesto que sólo quien ha
sido derrotado, en el sentido de que en el fallo se acogen
total o parcialmente las súplicas de la parte contraria o,
simplemente, naufragan las propias, tiene abierta la
posibilidad de solicitar su aniquilación mediante el
mencionado recurso extraordinario.
Que el recurso de casación, como todos los demás, exige que
la decisión atacada cause un perjuicio al recurrente, es
cuestión que aflora explícita, de entrada, en el artículo 365
del Código de Procedimiento Civil, el cual, al señalar las
finalidades de ese medio de impugnación, destaca,
justamente, la de reparar el agravio inferido a las partes por
la sentencia cuestionada. Y seguidamente el artículo 366
ejusdem, determina el monto económico que debe alcanzar 110
la decisión desfavorable al impugnante, cuando ello sea del
caso, a la par que consagra, de manera francamente
excepcional, la posibilidad de interponer el recurso, aun
cuando el interés que se tenga para hacerlo (que
necesariamente debe existir), no alcance la exigencia legal,
siempre y cuando la parte contraria, cuyo perjuicio le
permita acceder al mismo, lo hubiese interpuesto.
Del mismo modo, el inciso segundo del artículo 369 ibídem,
frustra tal posibilidad si el vencido se abstiene de apelar la
sentencia de primer grado o de adherir a la apelación de la
otra parte, cuando la sentencia del tribunal sea
exclusivamente confirmatoria de aquella, pues entiende el
legislador que en esa hipótesis la parte ha renunciado al
interés que inicialmente podría asistirle. Y, para no hacer
fatigoso el examen, sea suficiente reparar en el artículo 370
ídem, que gobierna lo concerniente con la cuantificación del
perjuicio sufrido por el recurrente (CSJ, Sc del 21 de
octubre de 2003, Rad. n.° 6931; se subraya).
Si ese planteamiento, que la legitimación de los
promotores del litigo estaba dada por el contrato que ellos
celebraron con Inversiones y Construcciones del Caribe S.A.,
ahora en liquidación, no fue esgrimido en la apelación, ello
ta
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
traducía que no era posible para el Tribunal considerarlo
para resolver la alzada y que, por ende, mal podía enjuiciarse
su fallo en casación con base, precisamente, en tal reproche.
De allí que tal omisión de los actores al apelar, implicó
para ellos la pérdida de su interés en ese específico
argumento y la imposibilidad para aducirlo en el recurso
extraordinario que se desata, que traduce su inadmisibilidad
como fundamento del mismo.
2.8. Y de la segunda, que el analizado planteamiento
del recurrente corresponde a un medio nuevo que solo vino a
proponer en casación, pues a lo largo del proceso, como se
estableció con el compendió que se hizo de las actuaciones de
los actores, éstos afirmaron que la acción era
extracontractual, de modo que fue únicamente en desarrollo
de las acusaciones ahora examinadas que el censor cambió
la plana y afirmó lo contrario, esto es, que lo pretendido
estaba regido por el contrato ajustado entre las partes y que,
por ende, era con miras en ese pacto que debía definirse la
legitimación de aquellos, condición de la que, por ende, sí
estaban asistidos, por conformar uno de los extremos de ese
vínculo negocial.
Tratándose de una alegación que, como viene de
aseverarse, sólo afloró en el recurso extraordinario, surge
nítida su inadmisibilidad para servir de báculo a dicha
impugnación, pues si se la permitiera, es ostensible la
vulneración de derecho a la defensa de la parte opositora y la
injusticia en que se incurriría con el ad quem, quien
23
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
resultaría reprendido por no considerar un planteamiento
que no le fue propuesto y que, por las restricciones que la ley
procesal impone al recurso ordinario de apelación, no le era
factible evaluar, en tanto que estaba por fuera de los linderos
que el impulsador de la alzada, le fijó a su inconformidad.
La anterior inferencia no sufre mengua por el hecho de
que el cargo primero haya sido propuesto por la vía directa,
pues lo cierto es que el señalado planteamiento del
recurrente no es puramente jurídico sino mixto, toda vez que
tiene su cimiento en el contrato celebrado entre las partes,
por lo que también frente a dicha acusación es predicable su
carácter de medio nuevo.
En cuanto hace a este aspecto, conveniente es
memorar, como lo determinó la Sala en reciente fallo, que:
La circunstancia de que el cargo quinto hubiese sido
propuesto por violación directa de la ley sustancial, no es
óbice para hacer actuar la teoría del medio nuevo, por el
carácter mixto de la acusación, eventualidad en relación con
el cual la Corte ha explicado:
(...) Ahora bien, el hecho de que el cargo auscultado esté
sustentado en la violación directa de las normas precisadas
en la acusación, no es obstáculo para predicar la
inadmisibilidad del medio nuevo, pues como se extracta de
todo lo hasta aquí analizado, la acusación no es puramente
jurídica, sino híbrida, en tanto que en relación con el hecho de
la autorización, que como queda dicho, fue parte importante
del debate procesal en los términos ya delineados, el
recurrente sobrepuso el argumento de no ser un requisito
necesario de cuya insatisfacción pudiera inferirse el
incumplimiento contractual reprochado en el libelo
introductorio.
24
Os
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
En reciente fallo, la Sala, sobre el particular, acotó:
'Así las cosas, es forzoso colegir que el advertido hecho
corresponde a un medio nuevo, inadmisible en casación, sin
que para su reconocimiento como tal, sea óbice que el cargo
auscultado hubiese sido propuesto por la senda de la
violación directa de la ley sustancial, pues como se vio,
mirado su contenido, la acusación es mixta.
'En torno de la alegación de circunstancias fácticas que no
fueron debatidas en el respectivo proceso, la Corte ha
expresado lo siguiente:
y...) Descartados los argumentos de puro derecho y los
medios de orden público, que nunca serán materia nueva en
casación, lo demás, esto es, los planteamientos legales o
extremos no formulados o alegados en instancia, son campo
vedado al recurso extraordinario... ̀ ...Esto no implica que no
se pueda aducir en casación argumentos que no se hicieron
en instancia, a condición que ellos tengan un carácter
puramente jurídico, que no se mezcle ningún elemento de
hecho, lo que vale decir que los medios mixtos en que se
mezclan elementos de hecho y de derecho no son
aceptados en casación' (XLI bis. Subraya la Sala)... Por
consiguiente, en toda esta materia de las alegaciones
jurídicas y de los planteamientos legales relacionados con los
hechos y distintos de las razones de puro derecho y de orden
público, se da el medio nuevo, pero únicamente cuando tales
alegaciones no fueron formuladas en instancia (CSJ SC, 22
Jun. 1956, G.J. T. LXXXIII -se destaca) (CSJ, SC 5798 del 9
de marzo de 2014, Rad. n.° 2009-00978-01)' (CSJ, SC 15222
del 26 de septiembre de 2017, Rad. n.° 2009-00299-01).
(...) Siendo inatendibles los hechos fundantes de los cargos
referidos, mal podría reconocerse su prosperidad (CSJ, Sc
3404 del 23 de agosto de 2019, Rad. n.° 2011-00568-
01) .
25
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
3. Pese a que las razones antedichas son suficientes
para desestimar los cargos auscultados, cabe añadir el
notorio desenfoque de la primera censura.
3.1. El Tribunal, con apoyo en el "Acta de entrega del 15
de marzo de 2001", invocada como prueba por los actores, y
en el testimonio del señor Guillermo León Mora Pérez, infirió
que la edificación representativa de las mejoras reclamadas
en el proceso, fue levantada "por cuenta de la sociedad
"SCHENK HOLDING APS. DINAMARCA" (se subraya) y que, por
lo tanto, dichas mejoras no fueron plantadas "con [el] peculio"
de los demandantes, como ellos lo peticionaron en la primera
de las pretensiones que formularon en el libelo introductorio,
constatación que lo condujo a confirmar la sentencia del a
quo, en la que, como se sabe, por falta de legitimación de
aquéllos, se negaron la totalidad de sus súplicas.
3.2. El recurrente, por su parte, estimó que la
incorrecta interpretación del artículo 739 del Código Civil por
parte del ad quem, derivó de que él no admitió que fuera
posible que las mejoras plantadas por los actores se hubieren
hecho con materiales o con la fmanciación de un tercero, en
este caso, la precitada sociedad extranjera.
3.3. Cotejados uno y otro planteamiento, se evidencia la
desarmonía del reproche, pues es claro que para el Tribunal
las mejoras levantadas en el predio del litigio fueron
plantadas por los actores, se reitera, "por cuenta de la sociedad
"SCHENK HOLDING APS. DINAMARCA" y no, que esta última
hubiese sido la dueña de los materiales con los que se
26
/6
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
realizaron las mismas, o que se limitó a financiar la
construcción, que es como lo entendió y propuso el
recurrente.
3.4. Una fue, entonces, la postura del sentenciador de
segunda instancia y otra distinta la del censor, al estructurar
el cargo primero, el cual, por consistir en el quebranto directo
de las normas en él indicadas, entre ellas, la atrás invocada,
lo obligaba a no apartarse en lo más mínimo del cuadro
fáctico definido por dicha autoridad, restricción técnica que
el segundo, como se ve, no respetó.
3.5. El desenfoque detectado trae consigo que el fallo
impugnado no esté llamado a derrumbarse, pues el genuino
basamento que lo sostiene, esto es, que las mejoras cuyo
valor reclaman los actores fueron plantadas por cuenta de la
referida sociedad foránea, sigue en pie.
4. De soslayarse las deficiencias advertidas en
precedencia, se encuentra que las acusaciones examinadas
son intrascendentes.
4.1. El Tribunal, luego de reproducir buena parte del
contenido del "Acta de entrega del 15 de marzo de 2001" que los
actores aportaron con el "memorial del 2 de febrero de 2011", de
advertir que ese documento "fue tenido como prueba dentro de
este proceso mediante auto del 8 de junio de 2011, que obra a folio
1964 del cdno. Nro. 4 del expediente", que "no fue tachado de
falso" y que su mérito demostrativo no quedó desvirtuado por
constar en copia, habida cuenta "las modificaciones
27
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
introducidas al [o]rdenamiento [p]rocesal, en especial la reforma(...)
introducida por la Ley 1395 de 2010, que en su artículo 11 modificó
el artículo 252 del C.P.C., sin alterar las disposiciones contenidas
en los [a] rtículo[s] 254 y 268 ibídem", coligió:
Al tenor del contenido del documento el señor HANS F.
SCHENK, no actuó en nombre propio sino como representante
legal de PROTAN GLOBUS Ltda.', a quien le correspondió
ser el contratista de las obras que se realizaron en aras 'de
proyectar, ejecutar, administrar y realizar el montaje e
instalación del Centro Social Deportivo BARRACUDA
BOWLING CENTER' las cuales fueron encargadas por la
SCHENK HOLDING APS. DINAMARCA, dejándose constancia
de que las mismas fueron recibidas 'a plena satisfacción de
conformidad a la constancia de GERNOT SCHENK quien obró
en representación legal de la empresa extranjera,
declarándose las empresas una a la otra a paz y salvo por
todo concepto en forma directa e indirecta'.
4.2. En refuerzo de lo anterior, esa misma Corporación
transcribió en lo pertinente la declaración rendida por el
señor Guillermo León Mora Pérez, de la que destacó, en
primer lugar, que el deponente, por haber trabajado en la
contabilidad del señor Hans Frithjof Schenk, "es testigo de
primera mano en lo que se relaciona con el manejo contable de los
fondos que se emplearon en la construcción de Bar[r]acuda Bowling
Center y el origen de los mismos"; y, en segundo término, que él
se refirió a la nacionalización de los dineros provenientes del
extranjero, con los que se construyó el mencionado proyecto,
en cuantía cercana a S1.943.000.000.00.
4.3. Así las cosas, en definitiva, señaló:
28
iv4)
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
caso que nos ocupa no demostró el recurrente que la parte
[a]ctora hubiese construido con su peculio las edificaciones
sobre el predio que originalmente se arrendó, todo lo
contrario, con la prueba arrimada por ella misma al proceso
en el momento en que se pronunció sobre las excepciones de
mérito alegadas por los [d]emandados se probó que por
cuenta de quien se realizaron dichas mejoras fue la SCHENK
HOLDING APS. DINAMARCA.
4.4. Esa, que es la verdadera razón por la que el
Tribunal coligió que los gestores de este asunto litigioso
carecían de legitimación para promoverlo, resultó indemne
en el recurso de casación, ya que no fue combatida en
ninguno de los dos cargos que se propusieron al sustentarlo,
conservando por ende toda su firmeza.
4.5. Siendo ello así, caen en el vacío los reproches
auscultados, pues carecen de virtud para resquebrajar la
destacada conclusión del ad quem y, por lo mismo, para
ocasionar la rotura del fallo impugnado.
5. Es rotundo, por ende, el fracaso de las censuras en
precedencia estudiadas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y pot autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia del 17 de Aril de 2015, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y
Santa Calina, Sala Única, en el proceso cuya plena
29
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
identificación y radicación se dejó plasmada en los comienzos
de este proveído.
Costas en casación, a cargo de la parte recurrente.
Como las accionadas replicaron en tiempo la demanda
con la que se sustentó dicha impugnación extraordinaria, se
fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.00.
La Secretaría de la Sala, efectúe la correspondiente
liquidación.
Cópiese, notifiquese, cúmplase y, en oportunidad,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ct,
LUIS RMANDO TO SA VILLABONA
Presidente de Sala
30
•
•
Radicación n.° 88001-31-03-001-2010-00133-01
Mk'
OCTAVIO AUGIII'MlIMEJEIRO DUQUE
31