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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC422-2024
Radicación n.° 08001-31-03-016-2016-00594-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos
por la demandante y los convocados Corporación Finanzas
de América Corfiamérica S.A., hoy S.A.S., y Nairon Yecid
Barrios Ortiz, contra la sentencia proferida el 11 de octubre
de 2022, adicionada el 25 de octubre siguiente, por la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en el juicio verbal promovido por Libia Ibeth
Herrera Herrera frente a los demandados recurrentes, así
como a Constructora Corfiamérica S.A., hoy S.A.S., Olga
Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas
Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar.
ANTECEDENTES
1. Conforme a la demanda y su escrito de
subsanación, la accionante solicitó declarar que el 30 de
septiembre de 2013 celebró, con la Corporación Finanzas de
América Corfiamérica S.A., el contrato «Unión Temporal El
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Genovés»; que fue incumplido por Corfiamérica y, por ende,
se disponga su «terminación», con la consecuente condena
en perjuicios por responsabilidad civil contractual.
Así mismo deprecó declarar responsables civil y
extracontractualmente a Constructora Corfiamérica S.A.,
Nairon Yecid, Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz
Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar,
como «administradores de las sociedades demandadas».
Y pidió condenar a todos los convocados,
solidariamente, al pago de $10.214’951.207 por daño
emergente, más los intereses que dejó de recibir sobre las
sumas de dinero que transfirió a Corfiamérica desde la
fecha de su entrega y hasta el pago, a título de lucro
cesante, y $2.042’990.241,4 por
cláusula penal
, todas las
anteriores sumas debidamente indexadas.
2. La peticionaria soportó estas pretensiones, en
síntesis, indicando que:
2.1. El 22 de diciembre de 2012 la Corporación
Finanzas de América Corfiamérica S.A. suscribió, como
prometiente compradora, con la Universidad Autónoma del
Caribe, como prometiente vendedora, promesa de venta de
un lote de terreno ubicado en Barranquilla. En
cumplimiento a este pacto constituyó, con Acción Sociedad
Fiduciaria S.A., el Fideicomiso El Genovés FA-1973, en el
cual la Corporación Corfiamérica fungió como
fideicomitente y beneficiaria, y al que la prometiente
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vendedora transfirió el predio con el fin de que lo
administrara y para mantener la titularidad en cabeza del
patrimonio autónomo.
2.2. Toda vez que la Corporación Corfiamérica carecía
de recursos para cubrir el precio de $14.000’000.000
pactado en la promesa, fue asumido por el Fideicomiso
Inversionista Derechos El Genovés FA-2000, y como
contraprestación el 19 de junio de 2013 aquella entidad le
cedió a esta la totalidad de los derechos del Fideicomiso El
Genovés FA-1973.
Sin embargo, este mismo día celebraron otro acuerdo,
denominado Opción de Compra, siendo la Corporación
Corfiamérica la opcionada y el Fideicomiso Inversionista
Derechos El Genovés FA-2000 el otorgante, que confería a
aquella la primera preferencia de readquisición de los
derechos del Fideicomiso El Genovés FA-1973, fijando como
precio de la opción $14.000’000.000, así como
$3.192’000.000 anuales para mantenerla vigente, debiendo
cancelar éste valor en cuotas mensuales de $266’000.000,
so pena de tener por renunciado el derecho a la
readquisición.
2.3. Habida cuenta que la Corporación Corfiamérica
necesitaba socios para desarrollar el proyecto inmobiliario
que tenía previsto, el 30 de septiembre de 2013 firmó con la
demandante el pacto que denominaron «Unión Temporal El
Genovés», cuyo propósito era hacer uso, de forma conjunta,
de la opción de compra conferida por el Fideicomiso
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Inversionista Derechos El Genovés FA-2000, así como
desarrollar las actividades de promoción, construcción,
desarrollo urbanístico y posterior venta de los inmuebles
derivados del proyecto; siendo su representante principal
Nairon Yecid Barrios Ortiz, quien también ejercía la
representación legal de la Corporación Corfiamérica, al paso
que la representante suplente de la Unión Temporal fue
Libia Ibeth Herrera Herrera.
Ésta asumió la obligación de pagar a la Corporación
Corfiamérica $6.500’000.000 por ingresar al proyecto y, a
partir del 19 de septiembre de 2014, también le entregaría
el 50% de las cuotas mensuales de $266’000.000 que, a su
vez, debía trasladar al Fideicomiso Inversionista Derechos
El Genovés FA-2000, para mantener vigente la opción de
compra, compromisos que acató.
De su parte, la Corporación Corfiamérica estructuraría
el proyecto desde el punto de vista técnico, con el
levantamiento topográfico, estudios de suelo, manejo
ambiental, geotecnia, diseños de pavimento, geométrico
vial, de redes internas, de acueducto y alcantarillado
sanitario y pluvial, de redes eléctricas media y baja tensión,
de voz y datos, estructural de obras de urbanismo y estudio
de riesgos.
Adicionalmente, los intervinientes en la Unión
Temporal El Genovés acordaron cubrir en partes iguales
otros gastos no especificados necesarios para continuar con
el proyecto, por lo que Libia Herrera entregó a la
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Corporación Corfiamérica $1.852’951.207, de los cuales
desconoce su destino.
En total, añadió la solicitante, al 15 de octubre de
2015 había entregado a la Corporación Corfiamérica
$10.214’951.207.
2.4. Por solicitud de la Corporación Corfiamérica, el
Fideicomiso Inversionista Derechos El Genovés FA-2000,
cuya vocera es Acción Sociedad Fiduciaria S.A., aceptó otra
forma de financiar el pago de la opción de compra referida,
incluyendo la constitución del fideicomiso de
administración irrevocable La Milla de Oro de Barranquilla
FA-2049, creado el 6 de julio de 2015 con la Corporación
Corfiamérica como única fideicomitente y beneficiaria, y
cuyo objeto es el mismo desarrollo inmobiliario para el cual
fue concebida la Unión Temporal El Genovés.
2.5. El 26 de noviembre de 2015 Libia Ibeth Herrera
Herrera convocó Nairon Yecid Barrios Ortiz para que
rindiera cuentas, como representante legal de la
Corporación Corfiamérica y de la Unión Temporal El
Genovés, lo cual omitió, generando las correspondientes
pesquisas, entre ellas, la reunión celebrada entre aquella y
los beneficiarios de los fideicomisos El Genovés FA-1973 e
Inversionistas Derechos El Genovés FA-2000, quienes
informaron que desde el mes de julio de 2015 la
Corporación Corfiamérica no canceló las cuotas mensuales
de $266’000.000 para mantener vigente la opción de
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compra de los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-
1973.
También fue develado que la Corporación Corfiamérica
no informó a Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera
del patrimonio autónomo Inversionistas Derechos El
Genovés FA-2000, la celebración de la Unión Temporal El
Genovés; y que para llevar a cabo el proyecto inmobiliario
debía obtener licencia para adelantar programa de
arqueología preventiva con anterioridad al inicio de obras,
lo que omitió y dio lugar a que el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia «ICANH», iniciara trámite
administrativo sancionatorio.
En el mes de diciembre de 2015 igualmente quedó al
descubierto que Acción Sociedad Fiduciaria S.A. y la
Constructora Corfiamérica S.A., de la cual también es
representante legal Nairon Yecid Barrios Ortiz,
constituyeron el Fideicomiso Desarrollos Golden Mile, que
tenía por objeto desarrollar otro proyecto inmobiliario sobre
una porción del bien raíz materia del ideado por la Unión
Temporal El Genovés; y que Constructora Corfiamérica se
obligó a aportar al Fideicomiso Desarrollos Golden Mile los
derechos del Fideicomiso La Milla de Oro de Barranquilla
FA-2049.
Además, al Fideicomiso Desarrollos Golden Mile se
vincularon 17 personas como beneficiarias aportantes, pero
realmente eran acreedoras de la Constructora Corfiamérica,
lo cual implicaba que sus dineros no ingresarían al
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patrimonio autónomo y sólo se trató de un intentó de novar
las deudas, por lo que Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
objetó la publicidad hecha a este proyecto.
2.6. Adujo la demandante que tras realizar los
correspondientes reclamos a Nairon Yecid Barrios Ortiz él
inicialmente se mostró arrepentido y dispuesto a
solucionarlos, pero a la postre reacio tras la exigencia de los
beneficiarios del Fideicomiso Inversionistas Derechos El
Genovés FA-2000 de que Libia Herrera Herrera fuera la
única responsable del proyecto El Genovés y con quien, por
ende, celebrarían los acuerdos a que hubiera lugar.
Por consecuencia, el Fideicomiso Inversionistas
Derechos El Genovés FA-2000 dio por terminada la opción
de compra de los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-
1973, ante la falta de pago de las mensualidades acordadas
para mantenerlo vigente, lo que generó el desalojo de la
Corporación Corfiamérica del inmueble en el cual iba a
desarrollar el proyecto inmobiliario, previo trámite policivo
de perturbación a la posesión.
2.7. Por último, aseveró la promotora, la vinculación
de las personas naturales enjuiciadas obedece a su
responsabilidad como administradores de las sociedades
demandadas, en los términos del artículo 200 del Código de
Comercio.
Y, al subsanar el libelo, señaló que la Constructora
Corfiamérica es responsable civil y extracontractualmente
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por los actos que ejecutó, que contribuyeron a crear el
escenario con el cual fue lesionada la demandante tras el
incumplimiento del pacto Unión Temporal El Genovés y el
desvío de los dineros para ejercer la opción de compra de
los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-1973, sobre
todo por la participación de tal Constructora en la
constitución del Fideicomiso Desarrollo Golden Mile.
3. Todos los convocados fueron vinculados al litigio
personalmente, a través de apoderado judicial, se opusieron
al libelo y formularon las excepciones meritorias de
«ausencia de vínculo contractual alguno entre la actora (…) y
(…) Hugo Hernán Barrios Ortiz, Olga Yaneth Barrios Ortiz,
Luz Alejandra Vargas Cruz, David Ernesto Garavito Aguilar y
Nairon Yecid Barrios Ortiz», «el contrato de unión temporal
está viciado de nulidad por haberse estipulado por o para
terceros Universidad Autónoma del Caribe, Acción Sociedad
Fiduciaria, sociedad 0I40 Colombia S.A.S., que no asistieron
en el negocio jurídico de promesa de derechos fiduciarios
celebrado entre la demandada -Corfiamérica S.A.S.- y el
Fideicomiso FA-1973 y FA-2000, aflorando la omisión de
voluntad como requisito de todo contrato» (sic), «exceptio non
adimpleti contractus: (…) contrato no cumplido por la actora
señora Libia Herrera Herrera al dejar de pagar la suma de
(…) $7.000’000.000 que debió pagar el 19 de junio de 2.015
conforme al contrato de opción de compra Fideicomiso
Inversionistas Derecho del Genovés FA-2000, dentro del
compromiso adquirido con (…) Corfiamérica S.A.S. en la U.T.»,
«inexistencia de actuación alguna administrativa, contractual
u operativa e independiente de los demandados Hugo
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Hernán Barrios Ortiz, Olga Yaneth Barrios Ortiz, Luz
Alejandra Vargas Cruz, David Ernesto Garavito Aguilar,
Nairon Yecid Barrios Ortiz en la relación establecida entre
Corporación Finanzas de América – Corpoamérica S.A.S.»
(sic) y «cosa juzgada: el objeto materia del presente proceso
fue anteriormente discutido en otro estrado judicial».
4. Agotadas las fases del juicio el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Barranquilla, al cual fue reasignada la
causa, con sentencia de 26 de agosto de 2021, corregida y
aclarada el 9 de septiembre siguiente, proclamó:
4.1. Prósperas las excepciones de «ausencia de vínculo
contractual alguno entre la actora (…) y (…) Hugo Hernán
Barrios Ortiz, Olga Yaneth Barrios Ortiz, Luz Alejandra
Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar»; e
«inexistencia de actuación alguna administrativa, contractual
u operativa e independiente de los demandados Hugo
Hernán Barrios Ortiz, Olga Yaneth Barrios Ortiz, Luz
Alejandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar»; a
quienes, por lo tanto, exoneró de responsabilidad.
4.2. Infundadas en lo restante las defensas
propuestas.
4.3. Que la Corporación Corfiamérica S.A., hoy S.A.S.,
celebró válidamente con la demandante, el 30 de
septiembre de 2013, el contrato «Unión Temporal El
Genovés», y que este fue incumplido por aquella; por lo cual
declaró su «terminación» así como su «resolución por
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incumplimiento», disponiendo, a título de restituciones
mutuas, que la Corporación Corfiamérica y Nairon Yecid
Barrios Ortiz, como persona natural, restituyan a Libia
Ibeth Herrera Herrera $8.325’431.287 (por los
$6.500’000.000 que esta entregó, indexados) más intereses
«legales» a partir de la ejecutoria de la sentencia; y también
los condenó al pago de $2.042’990.241,4 por cláusula
penal.
4.4. Que la Corporación Corfiamérica S.A.S. es
responsable civil y contractualmente; así como que la
Constructora Corfiamérica S.A.S. y Nairon Yecid Barrios
Ortiz, como persona natural, son responsables civil,
extracontractual y solidariamente responsables -en ambos
eventos sin concretar condena-.
4.5. Que la condena impuesta no guarda identidad con
la decretada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de
Barranquilla, en el juicio de rendición de cuentas incoado
por la accionante contra la Corporación Corfiamérica S.A.S.
5. Apelada tal decisión por la demandante, así como
por la Corporación Corfiamérica S.A.S., la Constructora
Corfiamérica S.A.S. y Nairon Yecid Barrios Ortiz, el tribunal
la confirmó íntegramente, con proveído de 11 de octubre de
2022, adicionado el 25 de octubre siguiente.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
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1. Inicialmente el fallador ad-quem consideró pacifica,
por aceptación de la demandante y la Corporación
Corfiamérica, la conformación de la Unión Temporal El
Genovés, con participación del 50% para cada uno, así
como del objeto, nombre, obligaciones, responsabilidad,
aportes administrativos, técnicos y actividades de cada uno
de sus integrantes.
2. En cuanto al cumplimiento de esa convención
señaló que Libia Herrera pagó a la Corporación
Corfiamérica los dineros a que se comprometió, pues Nairon
Yecid Barrios Ortiz, en el interrogatorio de parte que
absolvió como representante legal de tal ente, aceptó haber
recibido $6.500’000.000, $1.852’951.207 para las obras de
urbanismo y $1.862’000.000 para cancelar las cuotas
mensuales necesarias para mantener vigente la opción de
compra de los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-
1973; pagos corroborados con el certificado expedido por el
propio revisor fiscal de tal demandada.
Y aunque la enjuiciada alegó que su contendora pagó
de forma incompleta y tardía, no clarificó cuáles fueron las
obligaciones pendientes ni acreditó sus afirmaciones.
3. Respecto al incumplimiento endilgado a la
Corporación Corfiamérica, agregó el tribunal, ésta no
acreditó los estudios técnicos, la estructuración del
proyecto y la cancelación de los costos administrativos que
eran de su resorte; además la experticia practicada
conceptuó que el lote de terreno objeto del desarrollo
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inmobiliario carece de obras de urbanismo o cualquiera
otra; tampoco está probado el pago de las cuotas mensuales
a que se obligó, porque sólo allegó certificación de su revisor
fiscal y esta prueba es insuficiente; y con comunicación de
7 de marzo de 2016 Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como
vocera del Fideicomiso Inversionistas Derechos El Genovés
FA-2000, comunicó la expiración de la opción de compra de
los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-1973, al punto
que obtuvo la restitución del inmueble citado, que había
sido entregado en comodato a la Corporación Corfiamérica.
En suma, analizadas las pruebas en conjunto, fue
demostrado el incumplimiento de la Corporación
Corfiamérica.
4. Respecto de las excepciones meritorias expuso que:
4.1. Prosperan las de «ausencia de vínculo contractual
alguno entre la actora (…) y (…) Hugo Hernán Barrios Ortiz,
Olga Yaneth Barrios Ortiz, Luz Alejandra Vargas Cruz y
David Ernesto Garavito Aguilar»; e «inexistencia de actuación
alguna administrativa, contractual u operativa e
independiente de los demandados Hugo Hernán Barrios
Ortiz, Olga Yaneth Barrios Ortiz, Luz Alejandra Vargas Cruz
y David Ernesto Garavito Aguilar»; como quiera que está
demostrado, incluso con aceptación de la demandante, que
sólo sostuvo conversaciones con Nairon Yecid Barrios Ortiz,
en representación de la Corporación Corfiamérica, quien
tampoco solicitó autorización a la junta directiva de ésta
entidad para celebrar la Unión Temporal El Genovés.
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4.2. No se configura la nulidad de la Unión Temporal
El Genovés, en razón a que reúne los requisitos
consagrados en los cánones 1495 y 1501 del Código Civil,
no existen estipulaciones para terceros como fue alegado, y
su objeto fue hacer efectiva la opción de compra de los
derechos del Fideicomiso El Genovés FA-1973.
4.3. Tampoco es de recibo la excepción de contrato no
cumplido, porque Libia Ibeth Herrera acató los
compromisos que adquirió, según quedó analizado
anteriormente.
4.4. Y la cosa juzgada es desacertada porque no hay
identidad de objeto entre este litigio y el proceso de
rendición de cuentas incoado por la demandante contra la
Corporación Corfiamérica, en la medida en que acá se
pretende la resolución de la Unión Temporal El Genovés; en
aquel proceso accedieron a la rendición de cuentas y a la
postre fue librado mandamiento de pago en contra de la
referida accionada, por $1.852’951.207, entregados por la
demandante para obras de urbanismo, y $1.862’000.000,
suministrados para pagar las cuotas mensuales tendientes
a mantener vigente la opción de compra de los derechos del
Fideicomiso El Genovés FA-1973, sumas que difieren de las
pretendidas en el presente juicio de resolución, en el cual
«sólo» se pidió el pago de los $6.500’000.000 pagados por
Libia Herrera a la Corporación Corfiamérica.
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5. Finalmente, procede reconocer la
cláusula penal
pedida ante el incumplimiento auscultado de la
demandada, porque es compatible con la condena impuesta
y no contraviene el canon 1594 del Código Civil.
DEMANDAS DE CASACIÓN
Contra la anterior determinación la demandante, los
convocados Corporación Finanzas de América Corfiamérica
S.A.S., Constructora Corfiamérica S.A.S. y Nairon Yecid
Barrios Ortiz interpusieron recurso extraordinario de
casación, que cada uno sustentó en escrito independiente.
Con proveído AC2868 de 31 de octubre de 2023, sólo
fue admitido el cargo único de Libia Ibeth Herrera Herrera,
los cargos primero y cuarto de Nairon Yecid Barrios Ortiz, y
el cargo primero de la Corporación Finanzas de América
Corfiamérica S.A., hoy S.A.S.
Como quiera que la primera censura de Nairon Yecid
Barrios Ortiz, basada en la causal tercera de casación,
aduce supuesto vicio de actividad, por ella iniciará el
estudio la Corte, por ser el orden lógico, en la medida en
que es de rigor despachar primero los embates que imputan
al tribunal errores in procedendo, en tanto la adopción de
toda sentencia, incluso en sede de casación, exige la
ausencia de vicios, no sólo en la conformación de la relación
jurídico procesal, también en el procedimiento adelantado.
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Agotado el anterior estudio, proseguirá el análisis de
los demás cargos, los cuales aducen que el fallo fustigado
incurrió en yerros de juzgamiento, por vulnerar la ley
sustancial, por vía recta y por la senda indirecta.
CARGO PRIMERO DE NAIRON YECID BARRIOS ORTIZ
Al amparo de la causal 3ª del artículo 336 del Código
General del Proceso, Nairon Yecid Barrios Ortiz tildó el fallo
del tribunal de incongruente, porque él fue convocado como
civil y extracontractualmente responsable de los daños
padecidos por la demandante, a título de administrador por
aplicación del canon 200 del Código de Comercio, pero fue
condenado a pagar las restituciones mutuas tras la
resolución de la Unión Temporal El Genovés, así como la
cláusula penal
allí pactada, ambas condenas de índole
contractual, todo lo cual evidencia un fallo extra petita.
CONSIDERACIONES
1. Los incisos 1° y 2° del artículo 281 del Código
General del Proceso, establecen que «la sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa
diferente a la invocada en ésta».
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De allí se desprende que al juzgador le está vedado
imponer condena que supere las súplicas del reclamante,
pronunciarse sobre objeto distinto al delimitado por los
contendores o por causa diferente a la invocada por ellos, al
paso que está obligado a resolver los que sí fueron
expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus
facultades oficiosas.
En relación con esto la Sala aseveró que:
(…) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes
delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en
cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende,
la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el
desconocimiento del querer explicitado se constituye en una
irregularidad en la producción del fallo, ya sea por referirse a
puntos no sometidos a discusión, acceder a menos de lo pedido o
desbordando los alcances esbozados (…) Al respecto la Sala en
SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precisó que
(…) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su
admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos
contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la
disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes,
ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las
expectativas de éstas, al dejar de lado aspectos sometidos a su
escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a
consideración, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de
las facultades oficiosas conferidas por la ley (…) Y en ese mismo
pronunciamiento recordó como (…) La Corporación tiene dicho al
respecto que ‘[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil,
conduce a que la petición de justicia que realizan las partes
delimite la tarea del juez y a que éste, por consiguiente, al dictar
sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado
por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado,
salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de
oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso’. (CSJ
SC8410 de 2014, rad. 2005-00304).
Como regla de principio, no incurre en incongruencia
el fallador cuando desestima totalmente las súplicas de la
demanda, porque tal decisión repele cualquier exceso u
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omisión en la resolución del debate, habida cuenta que
«(e)ste motivo de impugnación, en principio, es ajeno a los
fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto,
en la medida que brindan una solución íntegra frente a lo
requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para
la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que
se pide y, por ende, no puede decirse que exista una
contradicción por el sólo hecho de que el reclamante insista
en un propósito y el funcionario no encuentre soporte al
mismo.» (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01).
Sin embargo, excepcionalmente el juez puede incurrir
en el vicio de incongruencia -a pesar de desestimar todo lo
solicitado-, cuando toma camino ajeno al debatido por los
involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la
situación de facto sometida a su conocimiento y lo pedido
con base en esta.
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por
probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del
resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción,
la nulidad relativa y la compensación.
Así lo precisó la Corte al considerar:
(…) en el caso de que la decisión absolutoria sea el producto de
un desvío considerable de los hechos consignados en el libelo o
haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados
por los intervinientes, desbordando los límites allí trazados al
elaborar una interpretación personal del asunto, que dista del
querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto
que puede ser objeto de revisión. Lo que también ocurre si se
tienen por probadas, de oficio, las defensas que omitió plantear el
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opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo,
como sucede con la prescripción, la nulidad relativa y la
compensación. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-
01098).
Por lo tanto, para la prosperidad de la tercera causal
prevista 336 del Código General del Proceso, es menester
que el recurrente demuestre un exabrupto palpable entre lo
narrado y exigido en la demanda, así como lo planteado en
las defensas del oponente, frente a lo que aparece
consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto
cómo lo decidido es extraño al debate.
2. Otra modalidad de incongruencia corresponde al
exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda
instancia al decidir el recurso de apelación desbordando los
temas objeto de la alzada.
Ciertamente, se trata de la aplicación del principio
tantum devolutum quantum appellatum consagrado en el
artículo 328 del Código General del Proceso, a cuyo tenor
«la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo
que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con
aquélla.»
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de
la impugnación interpuesta por un apelante único están
restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por este, lo
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cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia,
en tanto al fallador de segunda instancia le está vedado
manifestarse sobre asuntos no propuestos ante él.
Sobre esto la Sala razonó que:
Esta limitación es la expresión de un principio general del
derecho procesal, según el cual el juez que conoce de un recurso
está circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no
está facultado para despojar al apelante único del derecho
material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que
fue aceptado por la contraparte que no impugnó un extremo del
litigio que le desfavoreció. De este modo, lo que no es materia de
impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o
perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se
resuelve en la medida de los agravios expresados. (CSJ
SC4415 de 2016, rad. 2012-02126).
En la misma providencia concluyó que:
Luego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda
y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia
no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso
(pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a
una invocación del derecho sustancial controvertido.
3. Con base en las anteriores premisas la Corte colige
próspero el cargo bajo estudio, habida cuenta que el
tribunal, en la providencia fustigada, confirmó la condena
impuesta a Nairon Yecid Barrios Ortiz, consistente en
devolver a Libia Herrera Herrera, a título de restituciones
mutuas derivadas de la resolución de la «Unión Temporal El
Genoves», $6.500’000.000 que ella entregó en cumplimiento
de las obligaciones que adquirió en tal contrato, que
indexados ascendieron a $8.325’431.287, más los
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
20
correspondientes intereses y el pago de la
cláusula penal
convenida en ese mismo acuerdo de voluntades.
Sin embargo, Nairon Yecid no fue convocado al litigio
en condición de parte de la «Unión Temporal» de marras,
cardinalmente porque no la suscribió, según lo demuestra
la prueba documental que recoge ese pacto suscrito el 30 de
septiembre de 20131, en tanto que su intervención obedeció
al ejercicio de la representación legal y administración de la
Corporación Corfiamérica S.A.S.
De allí que, precisamente y mediante la figura de la
acumulación de pretensiones, haya sido convocado al pleito
judicial para que fuera declarado civil y
extracontractualmente responsable, como administrador de
las sociedades demandadas, de los supuestos perjuicios
padecidos por la peticionaria, pero no como suscriptor de la
«Unión Temporal».
En efecto, en la demanda fue pedida la declaratoria de
que «…el señor NAIRON YECID BARRIOS ORTIZ, el señor
HUGO HERNÁN BARRIOS ORTIZ, la señora OLGA YANETH
BARRIOS ORTIZ, la señora LUZ ALEXANDRA VARGAS CRUZ
y el señor DAVID ERNESTO GARAVITO AGUILAR, en su
condición de administradores de las sociedades
demandadas, son responsables civil y extracontractualmente
1 Folios 58 a 65 en el archivo 001Demanda p4.pdf de la carpeta PrimeraInstancia del
expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
21
frente a los perjuicios causados a la seora LIBIA HERRERA
HERRERA.» (Pretensión sexta de la demanda)2.
Y como fundamento fáctico de esa aspiración, la
promotora expresamente manifestó en su libelo que «[t]odas
las personas naturales vinculadas a este proceso son
administradores de la sociedad CORPORACIÓN FINANZAS
DE AMÉRICA -CORFIAMÉRICA S.A.- y de la
CONSTRUCTORA CORFIAMÉRICA S.A. Nit (…), deprecándose
su responsabilidad acorde con el artículo 200 del C.Co. Se
vincula a la Constructora Corfiamérica S.A. y a sus
administradores, toda vez que según el art. 2344 del Código
Civil, si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas
las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o
dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.» (Hechos 52 y 53 del libelo)3.
Así las cosas, brota claro el vicio de incongruencia que
cimentó el cargo bajo estudio, en la medida en que, a pesar
del emplazamiento judicial de Nairon Yecid Barrios Ortiz
para que fuera declarado civil y extracontractualmente
responsable de los perjuicios reclamados por la reclamante,
fue condenado a restituir prestaciones ejecutadas en
desarrollo de la Unión Temporal El Genovés tras la
resolución judicial de esta alianza, no obstante que él no la
2 Folios 14 y 15 de la demanda, en archivo 014Subsanacion2.pdf de la carpeta
PrimeraInstancia del expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
22
suscribió, circunstancia que, de paso, impide pensar que se
trató de la conformación del litisconsorcio necesario en
relación con todos los suscriptores del convenio.
4. Por consecuencia, será proclamado próspero el
embate casacional bajo estudio y la Corte, en sede de
segunda instancia, modificará el fallo del tribunal ad-quem
para disponer que la condena dineraria allí impuesta no
recae contra el demandado Nairon Yecid Barrios Ortiz.
5. Ante la prosperidad del referido embate, por
sustracción de materia la Sala no estudiará el cargo cuarto
propuesto por el mismo recurrente, en tanto tenía propósito
igual al planteado en el reproche dilucidado.
CARGO PRIMERO DE CORPORACIÓN CORFIAMÉRICA
1. Erigida en la causal primera de casación, acusó la
sentencia del tribunal de conculcar de forma directa los
artículos 961, 1546, 1594 a 1595, 1599 a 1600, 1602,
1609, 2341, 2344 del Código Civil, 23 a 25 de la Ley 222 de
1995, 200, 822, 825, 867 y 870 del Código de Comercio y 7
de la ley 80 de 1993, éste por aplicación analógica.
2. En desarrollo del embate señaló que eran inviables
las restituciones mutuas que le fueron impuestas porque,
por mandato de los artículos 961, 1544, 1546 del Código
Civil y 870 del Código de Comercio, son consecuencia de la
3 Folio 14 de la demanda, en archivo 014Subsanacion2.pdf de la carpeta PrimeraInstancia
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
23
resolución contractual, inaplicable tratándose de acuerdos
de unión temporal; mientras que la
cláusula penal
, como
estimación anticipada de perjuicios al tenor de los artículos
1592 de aquella obra y 867 de esta, es viable en
controversias contractuales.
La norma aplicable, por analogía a pactos civiles y
comerciales, era el artículo 7 de la ley 80 de 1993, pues la
unión temporal, por corresponder a una modalidad de
acuerdo de colaboración empresarial a riesgo o joint
venture, caracterizado por ser atípico, consensual, de
colaboración, plurilateral, temporal, de tracto sucesivo,
carente de personería jurídica, oneroso, solidario, aleatorio,
de participación y cuya administración está radicada en un
vocero, contiene diversos tipos de obligaciones, en primer
lugar, las derivadas de la relación entre sus integrantes y,
en segundo, las de sus constituyentes como un todo para
con quien la contrata.
Por ende, las pérdidas sufridas por un componente de
la unión temporal no implican la responsabilidad de los
demás, como tampoco era procedente la resolución de la
unión temporal, pues esta consecuencia procede en
contratos bilaterales, de prestaciones recíprocas y de
ejecución instantánea, pero en las uniones temporales sus
miembros no asumen obligaciones recíprocas entre sí, en
razón a que el pacto carece de la característica de la
del expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
24
comunidad de origen e interdependencia de las obligaciones
de sus integrantes.
Con otras palabras, los aportes que hace un miembro
de la unión temporal no están supeditados al cumplimiento
de las prestaciones asumidas por otro, lo cual hace inviable
la resolución de esa relación contractual, siendo
procedente, entonces, la terminación por ausencia de causa
o por imposibilidad de cumplir su objeto.
Tampoco existe ejecución instantánea de la obligación
para la cual fue creada la unión temporal, porque es de
ejecución sucesiva, de allí que la prestación cumplida
parcialmente tampoco puede deshacerse; y el integrante de
la unión temporal que acató sus prestaciones no ostenta
legitimación para solicitar la resolución, porque el facultado
para esto sería el contratante de la unión temporal, esto es,
el tercero que encomendó a ésta la ejecución de la obra.
3. Y el fallo excluyó los cánones 1603 del Código Civil y
871 del Código de Comercio, que regulan el principio de la
buena fe, pues la demandante asumió un riesgo al
constituir la Unión Temporal El Genovés y la pérdida
económica que sufrió no podía atribuirse a los demandados.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión de primer orden es destacar que, tal cual
indicó esta Corporación en el proveído AC2868 de 31 de
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
25
octubre de 2023, a través del cual fueron inadmitidos en su
mayoría los reproches enarbolados por los demandados,
varias de las alegaciones expuestas en el cargo bajo estudio
constituyen medios nuevos, esto es, aquellos no alegados en
todas las instancias del juicio, en contravía del inciso 2° del
literal a) del numeral 2° del artículo 344 del Código General
del Proceso, el cual consagra que «[e]n caso de que la
acusación se haga por violación indirecta, no podrán
plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las
instancias.»
Efectivamente, aunque el embiste casacional fue
enarbolado por la vía directa, en su argumentación aduce
que el juzgador ad-quem erró al disponer la resolución del
contrato Unión Temporal El Genovés porque su naturaleza
jurídica lo impedía, lo que impone auscultar dicho
convenio, aspecto correspondiente a la conculcación de la
ley sustancial por vía indirecta; y porque tal alegación no
fue expuesta en el juicio por la inconforme, evidenciando
que se trata de alegato novedoso.
Así mismo, aunque en la primera instancia del proceso
la recurrente manifestó que los compromisos adquiridos por
los integrantes de la Unión Temporal implicaban la
asunción del riesgo del proyecto inmobiliario más no se
trataba de obtener contraprestación de la Corporación
Corfiamérica, este argumento fue abandonado en la
apelación conocida por el juzgador ad-quem, en la medida
en que sobre él guardó silencio la recurrente al sustentar su
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
26
alzada e, incluso, al descorrer la propuesta por su
contraparte.
Por ende, el aludido aspecto quedó al margen de la
impugnación que incoó la Corporación Corfiamérica contra
el fallo del juzgador a-quo, de donde corresponde a alegato
no expuesto en todas las instancias del proceso en tanto
que, aun cuando había sido expuesto inicialmente, fue
olvidado en segunda instancia, omisión que impide a la
Corte pronunciarse de fondo.
Lo anterior en la medida en que esa mutación
argumentativa, en desmedro del principio de lealtad
procesal para con el estamento jurisdiccional y con su
contendora, debe ser repelida en este escenario, por
tratarse de alegatos sorpresivos que la doctrina denomina
«medios nuevos», esto es, aquellos que cualquiera de los
litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las
oportunidades de contradicción previstas en el
ordenamiento jurídico.
Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporación,
avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba,
expresa o tácitamente, y criticarla sorpresivamente en este
escenario extraordinario, denota actuar incoherente, que
por desleal no es admisible comoquiera que habilitaría la
conculcación del derecho al debido proceso de su
contraparte, quien vería cercenadas las oportunidades de
defensa reguladas en las instancias del juicio, característica
que no tiene el recurso de casación.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
27
Esa falencia basta para la desestimación del reclamo,
pues este órgano de cierre tiene doctrinado, de antaño, que:
se quebranta ‘el derecho de defensa si uno de los litigantes
pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o
planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto
de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría
podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrando el
proceso, la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos,
equivaldría a la pretermisión de las instancias, de las formas
propias del trámite requerido, con quebranto de la garantía
institucional de no ser condenado sin haber sido oído y vencido
en juicio. La sentencia del ad quem no puede enjuiciarse,
entonces, sino con vista en los materiales que sirvieron para
estructurarlo; no con materiales distintos, extraños y
desconocidos. Sería lo contrario, un hecho desleal, no solo entre
las partes, sino también respecto del Tribunal fallador, a quien se
le emplazaría a responder en relación con hechos o
planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y aún respecto del
fallo mismo, que tendría que defenderse de armas para él hasta
entonces ignoradas’. (CSJ S-048 de 2002, rad. 7251).
2. A pesar de que la precedente falencia técnica es
suficiente para colegir impróspero el cargo expuesto por la
Corporación Corfiamérica, pertinente resultar decantar que,
si la Sala avocará el análisis de la violación directa de la ley
sustancial en él expuesta, concluiría, de nuevo, que está
llamado al fracaso, en razón a que el pacto ajustado entre
las partes no correspondería al denominado y tipificado en
la ley 80 de 1993 como Unión Temporal, estudio que no
sería ajeno a este mecanismo extraordinario habida cuenta
de la formulación del reproche casacional por el camino
directo en el cual, «como lo tiene dicho la doctrina y la
jurisprudencia, en referencia al sistema ecléctico que sobre el
particular impera en el ordenamiento positivo vigente, los
argumentos de puro derecho y los medios de orden público
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
28
nunca son materia nueva en casación.» (CSJ SC de 27 nov.
2000, rad. 5529).
En efecto, el pacto ajustado entre Corporación
Corfiamérica y la accionante, denominado «Unión Temporal
El Genovés», consagra como su objeto que «… los
integrantes participarán a título de Unión Temporal para, de
manera conjunta, ejercer la opción de compra, dentro de los
términos pactados en dicha opción, así como para el
desarrollo de todas las actividades inherentes a la promoción
y construcción del proyecto y desarrollo urbanístico del lote,
el cual se denominara (sic) en adelante PROYECTO EL
GENOVES (sic), junto con la venta de áreas urbanizables
para edificios de vivienda, oficinas, consultorios, comercio o
institucional; al igual que el ejercicio de todas las actividades
comerciales necesarias para lograr el mayor beneficio en
favor de la Unión Temporal.» (Cláusula primera).4
No obstante lo anterior, referente a los aspectos de
«participación, aportes administrativos y técnicos y
actividades de cada uno de los integrantes» de la «Unión
Temporal», tras señalar que la Corporación Corfiamérica y
Libia Herrera Herrera tendrían participación del 50% cada
uno, quedó estipulado que «…el aporte económico
administrativo y técnico a que se compromete cada uno de
los integrantes y en virtud del cual participa en la Unión
Temporal, es el siguiente:» 1) aporte técnico por Corfiamérica
corresponde al 100% del proyecto urbanístico, de la
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
29
topografía actual, del estudio de suelos, del estudio de
manejo ambiental, de la geotecnia, del diseño de
pavimentos, del diseño geométrico vial, del estudio de
riesgos, del diseño de redes internas de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial, del diseño de redes
eléctricas de media y baja tensión, del diseño de voz y datos
y del diseño estructural de obras de urbanismo; 2) aporte
administrativo correspondientes a los costos
administrativos en general sería del 50% para cada uno de
los integrantes de la Unión Temporal; 3) y aporte en la
estructuración del proyecto por la Corporación Corfiamérica
sería del 100% de la consecución del negocio y aporte del
derecho al ejercicio de opción. (Cláusula quinta).5
Igualmente, en la referida estipulación quinta los
contratantes señalaron, bajo la denominación de «equilibrio
financiero», que «[t]eniendo en cuenta que la participación de
los integrantes de la unión es del cincuenta por ciento (50%)
cada uno, las partes acuerdan que la señora Libia Herrera
Herrera para compensar los aportes determinados por
Corfiamérica S.A., reconocerá a esta última la suma de seis
mil quinientos millones de pesos m.l. ($6.500.000.000), que
pagará así …»
Entonces, en la «Unión Temporal» de marras el aporte
realizado por Libia Herrera Herrera sólo correspondía a la
entrega del dinero necesario para cubrir el 50% de los
4 Folio 59 en el archivo 001Demanda p4.pdf de la carpeta PrimeraInstancia del expediente
digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
30
costos administrativos en general, a más que canceló
$6.500’000.000 por su ingreso al proyecto ideado por la
Corporación Corfiamérica, incluido el ejercicio de la opción
de compra de los derechos fiduciarios del fideicomiso El
Genovés FA-1973, al punto que -itera la Sala- en la
estructuración de la «Unión Temporal» el «aporte del derecho
al ejercicio de opción» quedó radicado en un 100% en la
Corporación Corfiamérica.
Así las cosas, es de colegir que la alianza celebrada
entre las partes realmente no correspondía a la tipificada
socialmente como Unión Temporal, como quiera que uno de
sus rasgos distintivos, al tenor del numeral 7 del artículo 7
de la ley 80 de 1993, es la asunción de responsabilidad
solidaria de sus integrantes en el cumplimiento de la
propuesta y del objeto contratado, lo que no ocurrió en el
sub lite, en tanto que Libia Herrera Herrera y la Corporación
Corfiamérica asumieron compromisos «de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de
la Unión Temporal» (cláusula tercera), participación que,
como fue anotado previamente, respecto de la demandante
sólo abarcó la entrega de dinero, no la ejecución de obra
alguna en el proyecto inmobiliario, para el que -en adición-
la «Unión Temporal» no había sido contratada sino que sería
desarrollado directamente por la Corporación Corfiamérica.
Precisamente, sobre el punto la jurisprudencia patria
tiene sentado que:
5 Folios 60 y 61 en el archivo 001Demanda p4.pdf de la carpeta PrimeraInstancia del
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
31
Los contratos de colaboración empresarial, categoría en la que se
inscribe el de unión temporal, son negocios jurídicos atípicos en el
derecho colombiano, por cuanto carecen de un régimen legal que
de manera particular preceptúe su funcionamiento y sus
elementos esenciales y naturales. La normativa sectorial tan solo
se ocupa de regular sus efectos impositivos (artículo 18 del ET,
entre otros) y la responsabilidad de los miembros en las
sanciones que deriven de incumplimientos contractuales bajo el
régimen de contratación estatal (artículo 7.º de la Ley 80 de
1993). Pese a estar desprovistos de un régimen específico, los
contratos de colaboración gozan de tipicidad social para
instrumentalizar los acuerdos en los que varios agentes,
careciendo de ánimo societario, unen sus esfuerzos,
conocimiento y capacidad técnica para la gestión de
intereses recíprocos en la ejecución de uno o varios proyectos. En
la categoría se enmarcan negocios jurídicos con distintas
denominaciones que tienen en común: (i) la pluralidad de
partícipes; (ii) la identidad de fines; (iii) el beneficio económico
común; (iv) la contribución; (v) la ejecución continuada; y (vi) la
temporalidad del negocio jurídico. (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 28 de octubre de 2021, Rad. 25000-23-
37-000-2016-01920-01 (24985).
A la sazón, aunque Libia Herrera Herrera y la
Corporación Corfiamérica denominaron «Unión Temporal» al
convenio ajustado, realmente celebraron el de cuentas en
participación regulado en el canon 507 del Código de
Comercio, a cuyo tenor «[l]a participación es un contrato por
el cual dos o más personas que tienen la calidad de
comerciantes toman interés en una o varias operaciones
mercantiles, que deberán ejecutar uno de ellos en su solo
nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir
cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas
en la proporción convenida.»
expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
32
En relación con dicha tipología contractual esta Corte
tiene sentado que:
El contrato de cuentas en participación, regulado en los artículos
507 a 514 del Código de Comercio, bien se sabe, es un negocio
de colaboración de carácter consensual, en virtud del cual se
permite que unas personas participen en los negocios de otras,
mediante el aporte de dinero u otra clase de bienes, para
desarrollar una o varias operaciones mercantiles determinadas,
cuya ejecución deberá ser adelantada por una de ellas, llamada
partícipe gestor, en su propio nombre y bajo su crédito personal,
con cargo de rendir cuentas a los partícipes inactivos, quienes
ante terceros permanecerán ocultos, y dividir entre todos las
ganancias o pérdidas en la forma convenida.
Como otra característica de ese contrato es que su existencia, en
principio, no se revela ante terceros, pues el partícipe gestor es
reputado único dueño de la empresa propuesta, es claro que
unas son las relaciones externas entre éste y aquéllos, y otras,
las internas entre los partícipes. Estas últimas, que son las que
interesan en el caso, se rigen por las cláusulas de la
participación o en su defecto los partícipes tendrán los mismos
derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple
confiere e impone a los socios entre sí, y en subsidio, las
generales del contrato de sociedad. (CSJ SC105 de 2008,
rad. 1992-09354, reiterada en SC3888 de 2021, rad.
2014-00230).
Por contera, constituyen condiciones axiológicas del
citado contrato: I) el acuerdo entre varias comerciantes para
llevar a cabo una finalidad común; II) que la operación
objeto del pacto sea determinada; III) la diversificación entre
los contratantes acerca de quienes tendrán la condición de
participante activos y quienes la de ocultos, siendo aquellos
los que ejecuten ante terceros las operaciones, mientras que
estos permanecerán encubiertos; IV) el aporte que cada uno
realizará, que puede ser en bienes o en industria; y V) la
proporción en que cada uno participará en la ejecución
convenida.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
33
Tales requerimientos brotan del escrito contentivo de
la «Unión Temporal», en razón a que: I) la Corporación
Corfiamérica y Libia Herrera Herrera -ambos comerciantes6-
acordaron ejercer el derecho de opción de compra de los
derechos del Fideicomiso El Genovés FA-1973; II) tales
operaciones estaban determinadas ab initio; III) la
Corporación Corfiamérica fungiría como partícipe activo
frente ante el Fideicomiso Inversionista Derechos El
Genovés FA-2000, que había adquirido los derechos del
Fideicomiso El Genovés FA-1973, al punto que en la
cláusula quinta del contrato «Unión Temporal», indicaron
que correspondería en el 100% a la Corporación
Corfiamérica la «Estructuración del Proyecto» consistente en
la «consecución del negocio y aporte del derecho al ejercicio
de opción»; IV) el aporte que Libia Herrera Herrera realizaría
se limitó a la entrega de dinero, en cuantía del 50% de los
costos en general; V) y la proporción en que participaría
cada uno sería del 50%.
Tal conclusión coincide con la sentencia dictada en el
juicio de rendición provocada de cuentas incoado por la
demandante contra la Corporación Corfiamérica, en el cual
el estrado judicial de conocimiento accedió a esa pretensión
habiéndose librado, posteriormente, mandamiento de pago
en contra de la demandada por $1.852’951.207, entregados
por la promotora para obras de urbanismo, y
$1.862’000.000, suministrados para pagar las cuotas
6 La demandante aceptó tal condición en el interrogatorio de parte que absolvió en la
audiencia inicial. Archivo 103Audiencia372DelCGP-Pte2.pdf de la carpeta PrimeraInstancia
del expediente digital
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
34
mensuales tendientes a mantener vigente la opción de
compra de los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-
1973.
3. En este orden de ideas, si la Corte extractara cierta
la transgresión por vía directa de la ley sustancial esgrimida
en el cargo, según la cual el tribunal aplicó las reglas de la
resolución de los acuerdos de voluntades a un pacto al que
resultaba inviable, el reproche resultaría intrascendente en
razón a que la Sala, situada en sede de segunda instancia y
en el análisis de ese negocio, concluiría que no se trata de
una Unión Temporal sino de un contrato de Cuentas en
participación.
Por ende, se vería frustrado el andamiaje
argumentativo de la recurrente, que aboga por esgrimir que
suscribió con la demandante la Unión Temporal regulada
por la ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.
Memórese que, como inveteradamente lo ha expuesto
la Corte, para la prosperidad de un reproche casacional el
recurrente tiene la carga de evidenciar el alcance del
desacierto en relación con el sentido decisorio de la
sentencia recurrida, esto es que no basta con la
demostración de alguna modalidad de error, también es
menester poner de presente que de no haber ocurrido esa
falencia el veredicto habría sido favorable a sus intereses.
Concerniente a este requisito de prosperidad de la
casación la Sala tiene sentado que:
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
35
Recuérdese que el error a que alude (…) el artículo 336 del
Código General del Proceso (…), debe ser de tal magnitud que
incida adversamente en la forma como se desató el litigio,
produciéndose un resultado contrario al legal.
Sobre el punto tiene dicho la Sala que la prosperidad del recurso
de casación (…) está sujeta a (…) la exposición de los
fundamentos de cada acusación de manera separada, clara,
precisa, completa, enfocada y demostrando su trascendencia,
pues, de no ocurrir esto, será procedente repeler, total o
parcialmente, el escrito con que pretende sustentarse el
mecanismo. Esto implica que no se incurra en (…)
intrascendencia (como ocurre cuando se traen a colación defectos
que no conducen al quiebre del fallo).» (CSJ SC878 de 2022,
rad. 2014-00215-01, entre otras).
Y precisamente esta exigencia (trascendencia) se
encuentra incumplida en el cargo bajo estudio, como se
anotó, lo que conduce a declarar que la censura no es
próspera.
CARGO ÚNICO DE LA DEMANDANTE
1. Con base en la segunda causal de casación, la
accionante endilgó al fallo atacado la vulneración, por vía
indirecta, de los artículos 23, 24 de la ley 222 de 1995 -que
subrogó el canon 200 del Código de Comerio- 2341, 2343 y
2344 del Código Civil, como consecuencia de errores de
hecho en la valoración probatoria.
2. Fundamentó el reproche en que el tribunal incurrió
en yerro fáctico al interpretar la demanda, tergiversando su
contenido, porque absolvió a Olga Yaneth, Hugo Hernán
Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto
Garavito Aguilar, tras colegir que no tuvieron vínculo
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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directo ni desplegaron actuación alguna con la promotora,
no obstante que fueron llamados a juicio por omitir sus
deberes legales como integrantes de la junta directiva de las
sociedades accionadas, por ende, administradores
societarios conforme al artículo 23 de la ley 222 de 1995.
Es decir que no se les atribuyó responsabilidad por
acción, sino por omisión, tras su negligencia en cumplir sus
deberes legales, los que relacionó, interpretación que,
además, debió imperar para garantizar el derecho
sustancial.
Cuando los integrantes de la junta directiva de toda
empresa mercantil eluden su obligación de ordenación en
cuanto a la ejecución de los contratos suscritos por la
entidad, conforme al precepto 438 del Código de Comercio,
incurren en la responsabilidad consagrada en el canon 200
de esta obra, que adicionalmente prevé presunción de culpa
de dichos administradores; lo que precisamente aplica a
Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra
Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar, porque como
miembros de las juntas directivas de la Corporación
Corfiamérica y la Constructora Corfiamérica, ya sea
principales o suplentes, descuidaron toda gestión tendiente
a velar por la ejecución del pacto suscrito con la
demandante, así como de la Opción de Compra de
readquisición de los derechos del Fideicomiso El Genovés
FA-1973, en la que la Corporación Corfiamérica fungía
como opcionada y el Fideicomiso Inversionista Derechos El
Genovés FA-2000 como otorgante, y en la celebración de
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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otros acuerdos de voluntades indebidos, generando una
concausa de los perjuicios sufridos por la solicitante.
3. También hubo error de hecho por preterición en la
apreciación de: I) los certificados de existencia y
representación legal de las empresas encartadas, que
acreditaban la condición de miembros en sus juntas
directivas de Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz
Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar; II)
los interrogatorios de parte absueltos por estas personas
naturales, quienes confesaron que se abstuvieron de ejercer
cualquier gestión para cumplir sus deberes como miembros
de las juntas directivas citadas, pretextando que eran de
papel en tanto ellos prestaron sus nombres ya que las
compañías eran únicamente de Nairon Yecid Barrios Ortiz,
pero él las creó como Sociedades Anónimas.
CONSIDERACIONES
1. La pretensión acumulada por la demandante,
contra los regentes de las sociedades demandadas, está
erigida en el artículo 200 del Código de Comercio
modificado por el canon 24 de la ley 222 de 1995, a cuyo
tenor «[l]os administradores responderán solidaria e
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán
sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en
contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del
administrador. (…)»
El aludido precepto, sentó la Corte, consagra:
De acuerdo con los principios generales que gobiernan el régimen
de la responsabilidad civil, el surgimiento de la obligación
indemnizatoria a cargo de los administradores del ente social, es
decir, de quienes tuvieren a su cargo la representación y el
manejo de sus bienes y negocios, sea que desarrollaran
funciones de representación de la sociedad o solamente de
gestión, estaba supeditado a que incurrieran en una acción u
omisión dolosa o culposa, y que de ese comportamiento se
derivara un daño para uno de los sujetos mencionados, es decir,
que entre su conducta y el perjuicio ocasionado existiese una
relación de causalidad adecuada, responsabilidad que debía y
debe deducirse dentro del marco de la responsabilidad civil
extracontractual, cuando el sujeto damnificado con la actuación
del administrador de la empresa social es un tercero. (CSJ SC-
051 de 2005, rad. 9879).
Se trata, entonces, «(…) de un régimen particular de
responsabilidad civil derivado del contrato social y de la
actuación de sus administradores; los sujetos que en ella
participan están definidos en la ley, en tanto que los titulares
de la correspondiente pretensión resarcitoria son solamente
la sociedad, los socios y los terceros con interés legítimo,
mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten
la calidad de administradores de la correspondiente persona
jurídica, independientemente de que concurra en ellos la
condición de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos
dolosos o culposos que éstos cometan en desarrollo de la
administración que ejerzan, es decir, que el factor de
atribución de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva;
en los supuestos de ‘incumplimiento o extralimitación de sus
funciones, violación de la ley o de los estatutos’ y de que los
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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administradores ‘hayan propuesto o ejecutado la decisión
sobre distribución de utilidades en contravención a lo
prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás
normas sobre la materia’, se presume su culpabilidad; y, en
virtud de dicho sistema, los administradores están llamados
a responder en forma personal, autónoma e ilimitada, esto
es, con total independencia de la responsabilidad que como
consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse
para la sociedad, como persona jurídica independiente tanto
de sus socios como de sus administradores.» (CSJ SC de 26
ago. 2011, rad. 2002-00007).
Así las cosas y habida cuenta que la referida previsión
legal está enmarcada en la responsabilidad civil
extracontractual, por lo menos cuando la víctima es tercero,
forzoso resulta, para su buen suceso, el cumplimiento de
los presupuestos axiológicos de aquel instituto: I) el daño
sufrido por la víctima. II) El actuar culposo o doloso de los
administradores convocados, presumiéndose la culpa en
caso de incumplimiento o extralimitación de funciones,
violación de la ley o de los estatutos sociales. III) Y la
relación de causalidad entre aquellos, esto es, que entre el
daño y la culpa medie dependencia de causa – efecto.
Con todo, no debe pasar desapercibida la causal de
exoneración de responsabilidad inserta en tal regulación, en
tanto el inciso segundo del canon bajo estudio, de forma
perentoria, consagra que «[n]o estarán sujetos a dicha
responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la
acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
40
no la ejecuten.» Traduce este mandato la posibilidad de
exoneración por el enjuiciado, impidiendo la configuración
de la responsabilidad bajo estudio, si no tuvo conocimiento
del acto o la omisión social generadora de la
responsabilidad, o que, incluso conociéndola la votara en
contra y no la ejecute.
Igualmente, destaca la Corte, como en pretéritas
ocasiones lo reseñó, la inviabilidad de que «pueda entonces
obtenerse doble indemnización para un único daño», porque
lo pretendido por el ordenamiento jurídico es que «…el
acreedor perjudicado dispon(ga) de dos vías posibles de
reclamación apoyadas en sus respectivos títulos, y si la
sociedad en cuestión (no) llega a verse forzada a pagar
mediando malicia, negligencia no intencionada o simple
imprudencia de sus administradores, le queda la posibilidad
de resarcirse haciendo uso de la acción social de
responsabilidad contra ellos que asimismo instituye el art.,
200 tantas veces citado». (CSJ SC-051 de 2005, rad. 9879,
reiterada en SC de 26 ago. 2011, rad. 2002-00007).
2. Ahora bien, el juez puede quebrantar la ley
sustancial de forma indirecta al cometer errores de hecho,
que aluden a la ponderación objetiva de las pruebas, o de
derecho, cuando de su validez jurídica se trata.
La inicial afectación -por faltas fácticas- alegada en el
cargo bajo estudio, ocurre cuando el fallador se equivoca al
apreciar materialmente los medios de convicción, ya sea
porque supone el que no existe, pretermite el que sí está o
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
41
tergiversa el que acertadamente encontró, modalidad ésta
que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento
probatorio, porque la distorsión en que incurre el Juzgador
implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que sí
expresa, con alteración de su contenido de forma
significativa.
Así lo explicó la Sala al señalar:
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la
constatación material de los medios de convicción en el
expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se
configuran, en palabras de la Corte, ‘(…) a) cuando se da por
existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente;
b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe
en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero
se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una
inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o
por cercenamiento (...)’ (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. nº
2004-00469-01).
Otra modalidad de error de hecho constituye la
equivocada interpretación de la demanda, respecto del cual,
como en innumerables ocasiones lo ha decantado la Corte,
sólo ocurre si la estimación dada por el funcionario judicial
riñe abierta y flagrantemente con su contenido, al punto
que cualquier lector, incluso el más desprevenido, se
percata de tal disonancia.
Al respecto, la doctrina de esta Corporación señala:
La apreciación errónea de una demanda constituye motivo
determinante de la casación de un fallo proferido por la
jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este
último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada
dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial
que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad
importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición
procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la
infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias
condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo
común suponen los litigantes que al recurso en referencia
acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria
ocurrencia de un genuino error de hecho que además de
manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial
por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración
mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa
observación, capaz de producir por lo tanto una desviación
ideológica del juez en relación con los elementos llamados a
identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los
cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes
(…)
En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los
fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene
haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que
surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo
perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en
cuanto que, tergiversando el texto de la demanda '...le hace decir
lo que no expresa o le cercena su real contenido' (G.J. t. CXXXIX,
pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el
actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la
pretensión concreta entablada (CSJ SC 19 oct. 1994, rad.
3972, citada en SC10298-2014 y SC9721 de 2015,
rad. 2002-00566-01).
Por consecuencia, la transgresión indirecta de la ley
sustancial por error de hecho en la indebida interpretación
de la demanda corresponde a la distorsión de lo pedido,
porque el fallador estudia la pretensión con un enfoque
ajeno a ella, producto de una equivocación notoria y
ostensible.
Estas características dejan al descubierto que,
entonces, no se forma el error de hecho cuando el juez
ejerce su facultad de esclarecer o dilucidar los textos
confusos o contradictorios, en tanto hace parte del
cumplimiento de su función de administrar justicia en aras
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
43
de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues
necesariamente es paso previo a la resolución del derecho
debatido.
3. En el sub-examine, la demandante solicitó declarar
que «…el señor NAIRON YECID BARRIOS ORTIZ, el señor
HUGO HERNÁN BARRIOS ORTIZ, la señora OLGA YANETH
BARRIOS ORTIZ, la señora LUZ ALEXANDRA VARGAS CRUZ
y el señor DAVID ERNESTO GARAVITO AGUILAR, en su
condición de administradores de las sociedades
demandadas, son responsables civil y extracontractualmente
frente a los perjuicios causados a la seora LIBIA HERRERA
HERRERA.» (Pretensión sexta de la demanda)7.
Y como fundamento fáctico de esa aspiración, la
promotora expresa y lacónicamente manifestó en su libelo
que «[t]odas las personas naturales vinculadas a este
proceso son administradores de la sociedad CORPORACIÓN
FINANZAS DE AMÉRICA -CORFIAMÉRICA S.A.- y de la
CONSTRUCTORA CORFIAMÉRICA S.A. Nit (…), deprecándose
su responsabilidad acorde con el artículo 200 del C.Co. Se
vincula a la Constructora Corfiamérica S.A. y a sus
administradores, toda vez que según el art. 2344 del Código
Civil, si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas
las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o
7 Folios 14 y 15 de la demanda, en archivo 014Subsanacion2.pdf de la carpeta
PrimeraInstancia del expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.» (Hechos 52 y 53 del libelo)8.
Como se desprende de la anterior transcripción, la
promotora en su escrito inaugural del pleito omitió
argumentar si la responsabilidad atribuida a sus
convocados Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz
Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar,
derivaba de alguna omisión en su labor de administradores
de las sociedades accionadas o si, por el contrario,
desplegaron o ayudaron activamente en el desarrollo de las
conductas recriminadas en la demanda.
Realmente, en el libelo la demandante ni siquiera
mencionó que los aludidos enjuiciados (Olga Yaneth, Hugo
Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David
Ernesto Garavito Aguilar) fueran los integrantes de las
juntas directivas de las referidas compañías mercantiles.
Si ello es de tal tenor, la Sala concluye que los errores
de hecho alegados no ocurrieron, porque, habida cuenta de
la vaguedad argumentativa de la demanda, nada obstaba
para que el tribunal interpretara ese pliego y extractara que
lo reprochado a los aludidos encartados fueron conductas
activas, más no la pasividad u omisiones mencionadas por
vía de casación.
8 Folio 14 de la demanda, en archivo 014Subsanacion2.pdf de la carpeta PrimeraInstancia
del expediente digital.
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
45
En otros términos, existía la posibilidad de que los
juzgadores de instancia interpretaran el libelo para colegir
que las personas naturales de marras fueron llamadas a
juicio porque fungieron como representantes legales de
los entes demandados, esto es, que intervinieron
activamente en el contrato de Opción de Compra o
readquisición de los derechos del Fideicomiso El Genovés
FA-1973, en el que la Corporación Corfiamérica fungió
como opcionada y el Fideicomiso Inversionista Derechos El
Genovés FA-2000 como otorgante, así como en el
denominado «Unión Temporal El Genovés» y en los demás
actos fustigados por la peticionaria.
También podían interpretar que tal requerimiento
judicial obedeció a su gestión activa como miembros de
las juntas directivas de las referidas empresas mercantiles
que aprobaron e incluso auspiciaron los referidos pactos de
voluntades y sus desarrollos.
Y por último, igualmente podían extractar que a las
personas naturales descritas se les endilgaban omisiones
en la referida condición de miembros de las juntas
directivas de la Corporación Confiamérica y de la
Constructora Corfiamérica.
El tribunal de segundo grado, ratificando la decisión
del estrado judicial de la instancia inicial, optó por la
primera de aquellas hermenéuticas, lo que no constituye
error de hecho, en razón a que, como ab-initio fue
dilucidado, este sólo ocurre cuando el funcionario judicial
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
46
adopta una interpretación ostensiblemente equivocada, más
no cuando acoge una de las posibles explicaciones.
Por lo tanto, la argumentación de la recurrente sólo
evidencia una visión paralela del libelo genitor de la
contienda, pero no que la interpretación plasmada en la
sentencia criticada sea grosera, ilógica o irrazonable, lo cual
descarta el yerro fáctico.
Itérase, porque viene al caso, que la doctrina de la
Corte es reiterada en señalar, respecto de los errores de
hecho consagrados en el segundo motivo de casación
regulado en el canon 336 del Código General del Proceso, lo
siguiente:
Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la
Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su
sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por
completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere,
que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en
que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio
de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad
que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la
contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo
combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146
de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos
diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando
aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el
buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni
conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la
decisión so pretexto de aquella autonomía’. (CSJ SC de 21
feb. 2012, rad. 2004-00649, reiterada SC 24 jul. 2012,
rad. 2005-00595-01, entre otras).
Y si no ocurrió el referido error fáctico en la
interpretación de la demanda, porque el tribunal interpretó
que lo imputado a Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz,
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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Luz Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito
Aguilar eran conductas activas en el desarrollo de los actos
descritos en el libelo, por contera tampoco ocurrió la
preterición de las manifestaciones que ellos expusieron en
sus interrogatorios de parte, ni su condición de miembros
de las juntas directivas de las empresas accionadas, como
quiera que el tribunal las tuvo en cuenta para concluir que
no intervinieron en los hechos atribuidos en la demanda,
acorde con el entendimiento dado a este escrito.
Por supuesto que si se trató de indagar la
responsabilidad de los aludidos convocados por sus
actuaciones en relación con los contratos de Opción de
Compra o readquisición de los derechos del Fideicomiso El
Genovés FA-1973 y de «Unión Temporal El Genovés», sus
manifestaciones -según las cuales estuvieron inscritos como
miembros de las juntas directivas de la Corporación
Corfiamérica y de la Constructora Confiamérica pero no
intervinieron en ellas porque esa integración realmente era
simulada- desvirtuaban las acciones que les fueron
endilgadas para fundar la pretensión de responsabilidad
civil.
Total es que el cargo bajo estudio, propuesto por la
accionante, sólo refleja apreciación paralela de su demanda,
insuficiente para hallar prosperidad a este mecanismo
extraordinario; pero no errores de hecho del juzgador de
última instancia, en razón a que los yerros fácticos, como lo
tiene decantado la doctrina casacional, son aquellos que no
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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admiten controversia por su notoriedad y, por lo tanto,
refulgen diamantinos, lo que no ocurrió en el sub lite.
La visión del fallador colegiado, criticada en casación,
nada de irracional despunta y, por el contrario, brota
coherente. En otros términos, el ataque no demostró las
falencias invocadas porque aduce puntos de vista distintos
al del juzgador colegiado, cuando debió precisar, por
fundarse en supuestos errores fácticos, que ocurrió la
indebida intelección de pliego iniciador del litigio, la omisión
de los interrogatorios de parte de los demandados y de los
certificados de existencia de las sociedades accionadas, y que
a causa de estos las consideraciones del juzgador se
tornaron contraevidentes e insostenibles de cara a lo que
revela el libelo.
Recuérdese que al respecto la Sala ha señalado que:
De conformidad con el último inciso del artículo 374 del Código de
Procedimiento Civil, [actual inciso 3°, lit. a) núm. 2 del art. 344
C.G.P.] cuando se alegue la violación de norma sustancial como
consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la
demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es
necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que impone,
como ha afirmado con reiteración la Corte, que "...más que
disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al
sentenciador, laborío que reclama la singularización de los
medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual
confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo -o debió
extraer- el Tribunal y la exposición de la evidencia de la
equivocación, así como de su trascendencia en la determinación
adoptada" (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004,
expediente No. 7533;), actividades todas que conducen a la
acertada confección de la censura en ese preciso aspecto. En el
mismo sentido ha dicho la Corte, también con insistencia, que la
demostración del yerro "...se cumple mediante la exposición de la
evidencia del error y de su incidencia en la decisión
adoptada."(sent. de 2 de febrero de 2001, exp. 5670), por manera
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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que se precisa una tarea de confrontación o de parangón entre lo
que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o
contestación y lo que en verdad ella debió decir. (CSJ AC, 30
mar 2009, rad. 1996-08781-01).
Es que acoger cargos en casación fundados tan sólo en
un ejercicio de ponderación diferente al plasmado en la
providencia atacada desconocería la doble presunción de
legalidad y acierto de que está revestida la sentencia de
última instancia, como quiera que las conclusiones del juez
fundadas en el examen de los elementos fácticos son, en
principio, intocables, salvo la demostración de un yerro
apreciativo, evidente y trascendental, que en el caso de
autos no fue mostrado.
Así las cosas, debe descartarse la errada asunción de
la demanda endilgada en el cargo, porque en verdad la
interpretación acogida por el tribunal corresponde a lo
pedido en el libelo, siendo del resorte de su redactor la
vaguedad de su texto. Y esto evidenciaba lo irrelevante, para
fundar la responsabilidad investigada, de las
manifestaciones que los convocados Olga Yaneth, Hugo
Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David
Ernesto Garavito Aguilar realizaron en los interrogatorios
que absolvieron, así como de los certificados de existencia
de las sociedades enjuiciadas.
4. En adición, aún en el evento de acoger la
interpretación del libelo sugerida en el cargo, tras colegir
que el tribunal erró gravemente en su intelección -lo cual
descartó la Corte- la pretensión de responsabilidad
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extracontractual bajo estudio tampoco saldría avante, toda
vez que sus elementos axiológicos no se encuentran
cumplidos, como pasa a verse:
4.1. En cuanto al daño atañe, en el libelo fue
deprecado, a título de perjuicios, la condena al pago de
$10.214’951.207 por daño emergente, más los intereses que
dejó de recibir la demandante sobre las sumas de dinero
transferidas a la Corporación Corfiamérica desde la fecha de
su entrega.
La primera cantidad corresponde a la sumatoria de
$6.500’000.000 que Libia Herrera entregó a la Corporación
Corfiamérica tras la firma del contrato que denominaron
«Union Temporal», $1.852’951.207 entregados a la misma
empresa para obras de urbanismo del proyecto inmobiliario
a desarrollar, y $1.862’000.000 para pagar las cuotas
mensuales tendientes a mantener vigente la opción de
compra de los derechos del Fideicomiso El Genovés FA-
1973.
Tal cual lo consideró el tribunal de segunda instancia,
sin crítica en casación, en el juicio paralelo de rendición
provocada de cuentas tramitado entre las partes, la acá
demandante obtuvo sentencia favorable en contra de la
Corporación Confiamérica, que dio lugar a que fuera librado
mandamiento de pago por los valores de $1.852’951.207 y
$1.862’000.000 mencionados.
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Y en la sentencia de segunda instancia del presente
litigio sometido al estudio de esta Corte, fue dispuesta la
devolución, a título de restituciones mutuas, de los
$6.500’000.000 mencionados, debidamente indexados y con
intereses a partir de la ejecutoria del fallo, decisiones que se
mantienen en firme.
Por consecuencia y sabiéndose, como se anotó en esta
providencia, que la acción de responsabilidad civil prevista
en el canon 200 del Código de Comercio subrogado por el
artículo 24 de la ley 222 de 1995, no es patente de corso
para obtener doble indemnización, la única suma adicional
a las ya ordenadas en las sentencias judiciales indicadas,
correspondería a los intereses dejados de recibir por la
demandante sobre las sumas de dinero transferidas a la
Corporación Corfiamérica, entre la fecha de su entrega y la
ejecutoria de la sentencia, los que, vale la pena señalar, ni
siquiera aparecen especificados en la demanda en cuanto a
su tipología, tampoco fueron justificados, máxime si se
tiene en cuenta que, tratándose de intereses civiles
producto de las restituciones mutuas derivadas del
decaimiento de un pacto de voluntades «el rubro de
‘intereses’ consagrado en el artículo 1746 del Código Civil,
persigue compensar aquellos rendimientos del dinero que no
pudo percibir uno de los contratantes, por haberlo entregado
a su contraparte en ejecución del pacto viciado. Este
tratamiento, análogo al dispensado por el legislador frente a
los frutos de la cosa transferida por la misma causa, no
pretende propiamente resarcir un daño, sino viabilizar la
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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desaparición retroactiva de los efectos del negocio jurídico.»
(CSJ SC002 de 2021, rad. 2011-00068. Resaltado ajeno).
Y en tratándose de los réditos comerciales, «si una
persona priva a otra de determinado capital por un acto de
abuso del derecho, esta última quedará obligada a
compensar la pérdida sufrida por la víctima, pero no existe
pauta jurídica alguna que lo obligue a hacerlo a través del
reconocimiento de réditos moratorios, ni el agente queda
constituido en mora desde que causó el daño.» (CSJ SC109-
2023, rad. 2018-00074).
En suma, el daño, como elemento de la
responsabilidad civil extracontractual, está desvirtuado en
la litis, ya porque los rubros pretendidos por esos conceptos
fueron satisfechos a favor de la demandante, ora porque
jurídicamente es inviable su causación.
4.2. De otro lado, se tiene que el cargo aduce la
preterición de los certificados de existencia y representación
legal de las empresas encartadas, que acreditaban la
condición de miembros de sus juntas directivas de Olga
Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas
Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar, y de las
exposiciones de estos vertidas en sus interrogatorios, según
las cuales se abstuvieron de ejercer cualquier gestión para
cumplir sus deberes como miembros de las juntas
directivas citadas, pretextando que su condición era
aparente en razón a que el único propietario de las
Rad. 08001-31-03-016-2016-00594-01
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compañías es Nairon Yecid Barrios Ortiz y él toma todas las
decisiones.
Si ello es así, como lo expone el reproche en casación,
brota indubitable la aplicación de la causal de exoneración
de responsabilidad consagrada en el inciso segundo del
artículo 200 del Código de Comercio modificado por el
canon 24 de la ley 222 de 1995, a cuyo tenor «[n]o estarán
sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en
contra, siempre y cuando no la ejecuten»; sobre lo cual versa
la excepción meritoria de «inexistencia de actuación alguna
administrativa, contractual u operativa e independiente de
los demandados Hugo Hernán Barrios Ortiz, Olga Yaneth
Barrios Ortiz, Luz Alejandra Vargas Cruz, David Ernesto
Garavito Aguilar, Nairon Yecid Barrios Ortiz en la relación
establecida entre Corporación Finanzas de América –
Corpoamérica S.A.S.» (sic).
Ciertamente, al dar por probados los hechos que
pretende la recurrente en casación (que Olga Yaneth, Hugo
Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David
Ernesto Garavito Aguilar pertenecían a las juntas directivas
de los entes mercantiles demandados y que se mostraron
pasivos frente al desarrollo de los contratos de Opción de
Compra o readquisición de los derechos del Fideicomiso El
Genovés FA-1973 y de «Unión Temporal El Genovés») con
base en los interrogatorios de parte absueltos por aquellos y
como quiera que la confesión es indivisible, al tenor del
precepto 196 del Código General del Proceso, sería forzoso
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colegir, igualmente, que dichas personas naturales no
intervinieron en las juntas directivas de la Corporación
Corfiamérica y la Constructora Corfiamérica, porque todo lo
acordaba y ejecutaba Nairon Yecid Barrios Ortiz, en su
condición de propietario único de las empresas.
Por ese sendero llegaría la Corte a la conclusión de que
Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz Alexandra
Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar, como estos
alegan, ni siquiera estuvieron enterados de las operaciones
celebradas por las sociedades demandadas con Libia
Herrera Herrera, en tanto fungían inscritos como miembros
de las juntas directivas de tales empresas pero realmente
no conocían los actos que éstas celebraban en desarrollo de
su objeto social, circunstancia que se enmarca dentro del
supuesto fáctico previsto en el inciso segundo del artículo
200 del Código de Comercio modificado por el canon 24 de
la ley 222 de 1995.
Y aunque la conducta de Olga Yaneth, Hugo Hernán
Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto
Garavito Aguilar que podría considerarse reprochable sería
su intervención como miembros aparentes de las sociedades
convocadas, en tanto facilitaron que estas desplegaran su
objeto bajo la razón social de sociedades anónimas sin
cumplir las exigencias legales, tal recriminación no fue la
fundante de la demanda originadora del pleito, es decir que
se trata de hechos diversos a aquellos por los cuales los
referidos encartados fueron convocados a juicio.
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En suma, de acoger las recriminaciones expuestas por
la promotora en su escrito sustentador de la casación,
saldría a flote la causal de exoneración de responsabilidad
regulada en el inciso segundo del artículo 200 del Código de
Comercio modificado por el canon 24 de la ley 222 de 1995,
a favor de los demandados Olga Yaneth, Hugo Hernán
Barrios Ortiz, Luz Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto
Garavito Aguilar, lo que, en el mejor de los eventos para la
recurrente, torna intrascendente su cargo en casación.
5. Total, los errores de hecho alegados en el reproche
de la demandante no ocurrieron, a más de que, aún en el
evento de concluir lo contrario, el embiste casacional sería
intrascendente porque la pretensión de responsabilidad civil
extracontractual acumulada estaría llamada al fracaso.
CONCLUSIÓN
De todo lo analizado emerge la casación parcial de la
sentencia del tribunal, como fue solicitado en el primer
cargo de Nairon Yecid Barrios Ortiz, y la frustración de la
impugnación extraordinaria respecto de los demás embates
invocados.
En el recurso de casación no hay lugar a condena en
costas, por su prosperidad parcial, conforme lo reglado en el
inciso final del artículo 349 del referido Código.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
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En gracia de brevedad y toda vez que la casación
parcial de la sentencia de segunda instancia únicamente
tiene el propósito de enmendar, tras la declaración de
resolución del pacto denominado «Unión Temporal El
Genovés», la condena impuesta a Nairon Yecid Barrios Ortiz
de asumir las restituciones mutuas no obstante que él no
intervino como contratante, la Corte da por reproducidos
las consideraciones vertidas al desatar la primera crítica del
referido recurrente.
Así mismo y en tanto la casación del fallo del tribunal
fue parcial, las demás consideraciones en él contenidas se
mantienen en pie.
La condena en costas impuesta en segunda instancia
de igual forma se conservará, por cuanto las demás
alegaciones enarboladas por el aludido demandado no
fueron de recibo para el tribunal y tampoco censuradas
correctamente a través de este mecanismo extraordinario.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
resuelve CASAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el
11 de octubre de 2022, adicionada el 25 de octubre
siguiente, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, en el juicio verbal
promovido por Libia Ibeth Herrera Herrera contra
Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A., hoy
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S.A.S., Constructora Corfiamérica S.A., hoy S.A.S., y Nairon
Yecid, Olga Yaneth, Hugo Hernán Barrios Ortiz, Luz
Alexandra Vargas Cruz y David Ernesto Garavito Aguilar; y
en sede de segunda instancia, resuelve:
Primero. Confirmar el veredicto dictado por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barranquilla, el 26 de agosto
de 2021, corregido y aclarado el 9 de septiembre siguiente,
previa modificación de los numerales segundo y tercero de
su parte resolutiva para indicar que las condenas allí
impuestas no comprenden al demandado Nairon Yecid
Barrios Ortiz.
Segundo. En todo lo demás se mantiene la decisión
recurrida.
Tercero. Sin condena en costas en casación.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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