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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC419-2024
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
(Aprobado en sesión del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso de casación interpuesto en
nombre de Blanca Myriam Ardila Moreno e Ignacio Darío
Chacón Meneses, frente a la sentencia del 3 de marzo de
2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso
que promovieron contra Luz Magdalena, Carlos Arturo,
Claudio Bogotá Vargas, María del Carmen Vargas de
Bogotá, Cristina Andrea, Adriana Müller Bogotá, Luz
Marina, Nancy Esperanza, Martha Isabel, Orlando y Víctor
Manuel Bogotá Tranchita, como herederos determinados de
Claudio Bogotá Chía, sus herederos indeterminados, y
Araminta Mojica de Sáenz y Heinrich Müller Horst.
ANTECEDENTES
1. Apreciado el escrito inaugural (folios 114 a 121 del
archivo digital 002CuadernoPrincipalParte1Folio1al179) y
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su subsanación (folios 129 a 136 ibidem), los demandantes
pretendieron que se declarara que adquirieron -por
prescripción extraordinaria- el bien inmueble ubicado en la
carrera 6 n.° 11-51 del municipio de Soacha, con la
consecuente inscripción en el registro correspondiente.
En respaldo de los pedimentos adujeron que:
1.1. Luz Magdalena, Claudio, Carlos Arturo Bogotá
Vargas, María del Carmen Vargas de Bogotá y Christina
Andrea Müller Bogotá, compraron la heredad en litigio a
Claudio Bogotá Chía, el 22 de noviembre de 1990 -como se
advierte en la escritura pública n.° 3537 de la Notaría 33 de
Bogotá-.
1.2. Los compradores, según escritura pública n.°
1680 del 28 de junio de 2004 de la Notaría 56 de la misma
ciudad, vendieron el inmueble a Blanca Myriam Ardila
Moreno e Ignacio Darío Chacón Meneses, demandantes en
este trámite.
1.3. Los subadquirentes recibieron la posesión con
ocasión del contrato que celebraron, ejerciéndola pública,
tranquila, quieta y pacíficamente, con actos de señor y
dueño, sin ningún tipo de interrupción civil o natural.
1.4. Comentaron que uno de los descendientes de
Claudio Bogotá Chía -Freddy Javier Bogotá Forero-,
promovió juicio para que se declarara la simulación de la
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compraventa celebrada entre su padre y algunos de sus
parientes, la que salió airosa -por sentencia del 10 de marzo
de 2010 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca-, en el sentido de reconocer que el causante
en verdad efectuó una donación, declarándose su nulidad
en todo lo que excediera 50 smlmv.
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, por
auto del 16 de marzo de 2017, admitió la demanda (folio
139 ejusdem), ordenándose la vinculación de todos los
interesados.
3. Después de agotado el trámite de notificación:
3.1. Carlos Arturo, Claudio y Luz Magdalena Bogotá
Vargas, en escrito conjunto, manifestaron oponerse a las
pretensiones, clarificaron los hechos y propusieron las
excepciones de mérito intituladas «oponibilidad de la
sentencia de 10 de marzo de 2010, emanada de la Sala
Civil-Familia, del Superior de Cundinamarca», «nulidad de la
donación contenida en la escritura 3537», «ineficacia del
título adquisitivo, escritura 1680… y consiguiente posesión
de mala fe», «carencia del derecho a la prescripción
extraordinaria adquisitiva del dominio sobre el inmueble…
por ser la posesión inferi[o]r a 10 años» y la genérica (folios
175 a 181 ídem).
3.2. Horst Heinrich Müller, Christina Andrea y Adriana
Müller Bogotá, radicaron respuesta semejante a la de los
otros convocados, pero en documento independiente (folio
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27 a 34 del archivo digital 005CuadernoPrincipalParte2-
Folio180al263.pdf).
3.3. El curador ad litem de Orlando, Nancy, Víctor
Manuel, Martha Isabel, Luz Marina Bogotá Tranchita y
personas indeterminadas, aceptó los hechos, sin
manifestarse sobre las pretensiones (folios 15 y 16 del
archivo digital 006CuadernoPrincipalParte3Folio264al319).
Lo mismo hizo al representar a Araminta Mojica Sáenz y a
los herederos indeterminados de María del Carmen Vargas
de Bogotá (folios 48 y 49 ibidem).
4. Horst Heinrich Müller, Christina Andrea y Adriana
Müller Bogotá (folios 27 a 33 del archivo digital
001DemandaDeReconvencion.pdf), así como Claudio,
Carlos Arturo y Luz Magdalena Bogotá Vargas (folios 58 a
64 del archivo digital 001CuadernoDemandaDe-
Reconvencion.pdf), en legajos separados, formularon
demanda de reconvención, con el fin de que se declarara
que el predio en discusión era de la sucesión de Claudio
Bogotá Chía y María del Carmen Vargas de Bogotá, y que
los demandantes son poseedores de mala fe, con la
consecuente orden de restitución, junto a los frutos
percibidos o que hayan debido percibirse.
En soporte arguyeron:
4.1. Por escritura pública n.° 3537 del 22 de
noviembre de 1990, de la Notaría 33 de Bogotá, Claudio
Bogotá Chía dio en venta la nuda propiedad del predio
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antes referido a sus hijos Gladys, Carlos Arturo, Claudio y
Luz Magdalena Bogotá Vargas.
4.2. Declarada la muerte presunta del causante, Fredy
Javier Bogotá Forero promovió demanda para obtener la
declaración de simulación de esta compraventa -el 19 de
febrero de 2009-. En desarrollo, el juzgador decretó la
inscripción de la demanda -el 17 de enero de 2000-, la cual
se asentó en el folio correspondiente -el día 21 siguiente-,
según consta en la anotación 5.
4.3. En vigencia de la medida cautelar, Blanca Myriam
Ardila Moreno e Ignacio Darío Chacón Meneses celebraron
promesa para adquirir el inmueble -en el año 2004-, con la
expresa manifestación sobre su existencia e imponiendo a
los promitentes vendedores el deber de atender el proceso
bajo su costo y entera responsabilidad.
Finalmente se compró el predio, como consta en la
escritura púbica n.° 1680 del 28 de junio de 2004, a la
postre registrada -anotación 6-.
4.4. El 10 de marzo de 2010 se emitió sentencia en la
que se reconoció la simulación reclamada y se ordenó la
restitución del inmueble en favor de la sucesión.
4.5. Las partes se han reunidos en múltiples ocasiones
para alcanzar un acuerdo sobre la ejecución de la
sentencia, sin que esto haya sido posible.
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5. Los actores se opusieron a la reconvención,
formulando las defensas llamadas «petición de lo no debido»,
«mala fe de la demandante», y la genérica (folios 40 a 47 del
archivo digital 001DemandaDeReconvencion.pdf).
6. Después de practicadas las pruebas y escuchados
los alegatos de conclusión, el a quo dictó sentencia oral el
20 de mayo de 2022, en la que se declaró la prescripción
extraordinaria adquisitiva en favor de los actores, denegó
las excepciones de mérito propuestas y rechazó la petición
reivindicatoria (archivo digital 058ActaAudArt372y373-
Cgp.pdf).
7. Al desatar la alzada que contra ese proveído
plantearon algunos de los demandados, el Tribunal
Superior de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, mediante
sentencia del 3 de marzo de 202[3], denegó las súplicas de
la demanda principal, declaró no probadas las excepciones
de los demandantes reconvenidos, condenó a éstos a
«permitirle a los herederos de Claudio Bogotá Chía, dentro de
los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
ejercer los derechos de uso y disfrute respecto del 95.36% del
inmueble», y ordenó reconocer $311.956.505 a título de
frutos y $7.759.483 por mejoras, con las compensaciones
pertinentes.
8. Los promotores iniciales acudieron al remedio
extraordinario, el cual fue admitido por auto del 18 de julio
de 2023 (archivo digital 25754310300120170004601-
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0014Auto.pdf), sustentado en su oportunidad (archivo
digital 25754310300120170004601-0021Demanda.pdf) y la
demanda respectiva admitida el 25 de octubre del mismo
año (archivo digital 0021Auto.pdf), siendo replicada dentro
del plazo legal (archivo digital 25754310300120170004601-
0026Memorial.pdf).
LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL
Fijó como derrotero que, la suerte del presente litigio,
está atada al fallo del 10 de marzo de 2010, que declaró la
simulación de la venta que Claudio Bogotá Chía hizo a su
esposa e hijos.
Esto por cuanto los demandantes en pertenencia, al
comprar el fundo, conocían su situación, por la inscripción
de la demanda en el folio de matrícula, de allí que la
decisión adoptada en dicho proceso le fuera oponible,
quedando en entredicho la posesión «de ordenarse la
restitución».
Explicó que la referida medida cautelar, si bien no
saca el bien del comercio, su finalidad es vincular, con
carácter de sucesores, a los terceros que adquieran la cosa
o constituyan gravámenes con posterioridad, al margen de
que intervengan en el juicio, como lo asintió la Corte en
sentencia del 19 de diciembre de 2011, que es precisamente
lo que sucedió en el caso.
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Máxime porque en la sentencia de marras se dio la
orden para que el predio se devolviera, la cual debió ser
cumplida, sin que esto aconteciera por falta absoluta de
diligencia de los interesados, pero no por esta razón se
cierra la posibilidad de acudir a la reivindicación.
Posterior a invocar la sentencia del 19 de diciembre de
2011, resaltó que la anulación de un negocio jurídico lo
deshace con efectos retroactivos, junto a la posesión que de
él se derivó, «al punto que el título nulo impide fundar la
posesión regular, así el vendedor haya entregado
materialmente el bien».
Después de recordar la finalidad de la inscripción de la
demanda, como es evitar los peligros que comporta la
demora del proceso y garantizar la efectividad del fallo, al
dar «a conocer la existencia del proceso, con el propósito de
que los terceros tengan conocimiento de la posibilidad de
modificación de la situación jurídica de aquel», estimó que la
posesión de los actores no es idónea para prescribir, por
ambigüedad o equivocidad, al haberse interrumpido por el
artículo 2522 del Código Civil, con ocasión del proceso que
se promovió y que se encaminó a eliminar la posesión, como
lo aseguró la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 7
de marzo de 1995 y 13 de noviembre de 2001.
Total, «la acción de prevalencia, en un juicio donde
además se declaró la nulidad de la donación que encubrió el
acto fingido», tiene efectos interruptivos, «pues, en el fondo,
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ya en el plano del proceso, así en la mira de dicha acción
haya estado el propósito de develar la realidad de esa venta
que en vida hizo Claudio Bogotá Chía, es lógico que una vez
desenmascarada la farsa, no hay razón jurídica que
justifique que aquel quien fue un propietario aparente,
continúe reteniendo bienes ajenos, de lo cual se sigue la
pertinencia de ordenársele devolver o, de ser imposible,
restituir, por ejemplo los derechos de los acreedores
defraudados con la simulación, de donde no surgen dudas
acerca de que la “plurimencionada acción simulatoria cumple
las características y condiciones establecidas por la
jurisprudencia nacional…, para interrumpir civilmente la
prescripción alegada por los aquí demandantes, pues estuvo
indistintamente dirigida a recuperar la posesión del inmueble
materia de este proceso, como en efecto se resolvió” (Cas.
Civ. Auto de 6 de abril de 2018, exp. AC1324-2018)».
Aseguró que, el proceso en que se disputa la posesión
contractual, tiene el efecto de interrumpir la prescripción,
conforme el numeral 3° del artículo 95 del Código General
del Proceso -antes precepto 91 del Código de Procedimiento
Civil-, más aún pues, en el caso, al accederse a la
simulación también se ordenó restituir el 95.36% del bien,
«lo que implica, por obvias razones, que ese término
prescriptivo de que pretenden valerse los demandantes en
este proceso, estuvo sub-iudice durante todo ese tiempo que
duró en curso, por lo que, subsecuentemente, el tiempo que
pudieron haber ejercido posesión entre 2004 [fecha en que lo
adquirieron de manos de esos herederos cuando ya estaba
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inscrita la medida cautelar decretada dentro de ese trámite]
y 2010 [cuando quedó en firme la sentencia que le ordenó a
los demandados devolver el bien], nunca podría computarse
en su favor, desde que, se repite, por virtud de lo ya decidido
por la jurisdicción, quedó borrado ante los ojos de la ley», en
soporte de lo cual mencionó la sentencia del 17 de octubre
de 1997.
Por lo expuesto, estimó que debía denegarse la
usucapión, en tanto a la fecha de la demanda el término de
posesión era insuficiente, razón para acceder a la
reivindicación: (I) la legitimación en la causa por activa se
satisfizo por haberse reclamado en favor de la sucesión; (II)
se probó la titularidad del derecho real de dominio; (III) los
demandados en reivindicación son poseedores; (IV) existe
identidad de la cosa pretendida; y (V) el título de dominio es
anterior a la posesión.
Acotó la reivindicación al 95.36% del inmueble, por
corresponder a la proporción sobre la que recayó la nulidad
de la donación.
Por otra parte, calificó la posesión como de buena fe,
por no haberse desvirtuado, sin que tenga relevancia en
este punto la inscripción de la demanda, pues la buena fe
es simple y no cualificada, siendo procedente imponer el
pago de frutos desde la presentación de la demanda de
reconvención, considerando que el inmueble estaba
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destinado a vivienda urbana, los cuales tasó con base en el
1% del valor comercial del bien por cada período mensual.
Considerando que no se probó que las mejoras,
consistentes en la adecuación para el lavado de vehículos y
la construcción de 5 locales comerciales, hubieran sido
realizadas antes de la contestación de la demanda, pues el
peritaje únicamente dio cuenta de una construcción con
una vetustez de más de 50 años, sólo accedió a reconocer lo
correspondiente al pago del impuesto predial de los años
2008 a 2011 y 2013 a 2017, con la correspondiente
indexación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene un embiste solitario, por el desconocimiento
directo de normas de derecho sustancial.
CARGO ÚNICO
Acusó la violación de los artículos 94, 375 del Código
General del Proceso, y 1766 del Código Civil, las que estimó
tienen la condición de sustanciales.
En fundamento, arguyó que el sentenciador se
equivocó al entender que la inscripción de la demanda en el
folio del inmueble, dejaba sub judice la posesión debatida,
al punto que, de acogerse la pretensión simulatoria, se
interrumpía.
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El yerro, en su criterio, se materializó al entender que
los prescribientes reclamaron con base en un título
adquisitivo, como se exige en la usucapión ordinaria, sin
considerar que se invocó la extraordinaria.
Censuró que se pasaran por alto los artículos 1766 del
Código Civil y 254 del Código General del Proceso, que
limitan los efectos de las escrituras privadas respecto de
terceros, de allí que, en el caso sea «indiferente que la
sentencia se haya proferido acogiendo la simulación,
porque… lo determinante era la posesión pacífica, pública e
ininterrumpida por 10 años. No estaba, pues, llamada a ser
aplicada esa norma».
Consideró errado hacer oponible la sentencia de
simulación, basado únicamente en que la inscripción de
demanda era anterior a la adquisición de la heredad por los
prescribientes, con el efecto de interrumpir la posesión.
Reprochó que se invocara el derogado artículo 2522
del Código Civil, así como el Código de Procedimiento Civil y
otros precedentes de la Sala, que establecen que el embargo
no interrumpe la posesión.
A partir de la expresión «propietario aparente»,
utilizada por el juzgador de segundo grado, recriminó que se
acudiera a las reglas de la prescripción ordinaria, hipótesis
en la que eventualmente sí es dable sostener que la
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inscripción de la demanda afecta la posesión, en tanto
desdice del justo título.
Adveró que la postura del Tribunal transgredió la
jurisprudencia de la Corte, sin que se hayan plasmado
razones suficientes para hacerlo, en contravención del
artículo 7° del Código General del Proceso.
Insistió que, conforme al precepto 1766 del estatuto
civil, el acuerdo oculto en una simulación -donación de
Claudio Bogotá a sus hijos legítimos y a su esposa-, no
tiene efectos frente a terceros -como los poseedores
demandantes en este proceso-, como lo aseguró el máximo
órgano de la justicia ordinaria en sentencias del 7 de marzo
de 1995 y 5 de agosto de 2013, según las cuales, la acción
de simulación es personal y resulta inidónea para debatir la
posesión contractual, salvo que se demuestre mala fe.
Recordó los hechos de la última de las providencias
invocadas, para relievar que, en ese caso, «no obstante estar
inscrita la demanda como medida cautelar, la Corte Suprema
se detuvo en cada adquirente posterior a efectos de verificar
si era de buena o mala fe… Si esto se pregona de terceros
adquirentes, ¿cómo poder extender los efectos de la
sentencia de simulación a un tercero que blande su posesión
irregular pues aspira a una declaratoria de prescripción
extraordinaria?».
Remarcó que la interrupción de la prescripción, acorde
con la jurisprudencia inveterada, sólo se logra con la
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proposición de una demanda que guarde estrecha relación
con la prescripción o con el derecho que quiere conservar el
dueño contra el prescribiente, sin que el Tribunal explicara
las razones para separarse de ella, en desatención del inciso
primero del artículo 94 del Código General del Proceso.
Analizó la sentencia del 19 de diciembre de 2011 de la
Sala, evocada por el fallador, para denotar que en ese
proceso se pretendió la prescripción ordinaria basada en
suma de posesiones, lo que se rehusó con base en el
artículo 778 del Código Civil, en tanto no puede existir justo
título cuando adolece de un vicio o defecto, como cuando es
declarado nulo, pero sin rehusar la calidad de poseedor.
«Fue poseedor, pero poseedor irregular por ausencia de un
justo título… De acuerdo… con esa sentencia…, y al contrario
de lo que sostiene el Tribunal…, el detentador de un
inmueble cuya adquisición tuvo por causa de un título
declarado nulo no puede ser poseedor regular por así
proscribirlo el artículo 794 del Código Civil, pero es poseedor,
sólo que irregular. Y el tiempo de su posesión irregular no lo
pierde, no se borra».
Recriminó la invocación del auto inadmisorio de
casación del 6 de abril de 2018, ya que el acápite transcrito
no es de la Corte, sino del resumen de los hechos del caso,
lo que descarta que sea un precedente judicial.
Insistió en que, con la negativa a acceder a las
pretensiones, se vulneró el artículo 375 del Código General
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del Proceso, que permite acudir a la declaración de
pertenencia, aún soportada en la prescripción
extraordinaria, donde «el título no era un asunto que debía
tener el peso jurídico que el Tribunal le dio, a tal punto que,
por razón de la inscripción de la demanda y de las
consecuencias que dicha medida cautelar apareja a los
subsecuentes adquirentes del predio…, los consideró partes
en ese proceso, y por esta vía, entendió que en virtud de
dicho proceso se interrumpía la prescripción, en una
particular e imaginativa forma de interrupción civil de la
prescripción, alzándose con ello, contra toda una centuria de
jurisprudencia… [que ha] sostenido que la interrupción civil
de la prescripción se hace con demanda referida a la
posesión, esto es, encaminada a eliminar la posesión».
De forma subsidiaria deprecó acudir a la casación de
oficio, «en particular, en lo relativo a las mejoras, pues si bien
ellas fueron realizadas estando en curso el proceso en que se
dictó la sentencia combatida en casación, resulta
notoriamente injusto, e inequitativo, que aparte de no recibir
un peso por dichas mejoras, no hayan sido excluidas a
efectos de establecer el monto de los frutos que el bien habría
de producir».
CONSIDERACIONES
1. Posesión y usucapión.
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1.1. La posesión, conforme el artículo 762 del Código
Civil, «es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de
señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga
la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar
y a nombre de él».
Dicho de otra forma, es la detentación física de un
bien con la convicción de actuar como su propietario y, en
consecuencia, desconociendo el señorío que otros puedan
reclamar. «[L]a posesión material corresponde a la
aprehensión física y voluntaria de una cosa para someterla a
nuestros intereses, inicialmente para apropiarla y luego para
conservarla o para disponer de ella» (SC11444, 18 ag. 2016,
rad. n.° 1999-00246-01).
La posesión, entonces, requiere la concurrencia de dos
(2) elementos: corpus y animus.
El corpus es la relación de hecho entre el poseedor y la
cosa, que se expresa en la detentación física o en la
permisión para que un tercero la detente en su nombre (SC,
13 jul. 2009, rad. n.° 1999-01248-01). «[H]ace referencia al
nexo tangible y directo existente entre la persona y el predio,
la percepción sensorial de ocuparlo, de estar presente ahí
profesando ‘hechos positivos de aquellos a que sólo da
derecho el dominio’» (SC175, 10 jul. 2023, rad. n.° 2016-
00045-01).
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El animus es la convicción de comportarse como
dueño, huelga decirlo, la intención del poseedor de ser
propietario, aunque carezca de título que lo acredite como
tal. «[E]s la conciencia interna de considerarse ‘amo y dueño’
del fundo, según lo preceptuado en el canon 762 ibídem»
(ibidem).
El corpus sin el animus es una mera tenencia,
entendida como «la sola detentación material de la cosa
(corpus), desprovista de toda intención de comportarse como
‘señor y dueño’ (animus), por lo que en su conciencia el ‘mero
tenedor’ siempre reconocerá ‘dominio ajeno’» (SC175, 10 jul.
2023, rad. n.° 2016-00045-01).
El animus sin el corpus trasluce un anhelo o deseo,
que no produce efectos jurídicos, pues la intelección sin
concreción en la realidad no pasa de ser una reserva
mental.
1.2. Es bien sabido que «la posesión es el trasfondo de
la usucapión» (SC2833, 1° sep. 2022, rad. n.° 2018-00084-
01), en el sentido de que aquélla constituye un componente
indispensable de esta última. Así reluce del artículo 2512
del Código Civil: «[l]a prescripción es un modo de adquirir las
cosas ajenas… por haberse poseído las cosas… durante
cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos
legales».
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Refiriéndose a la prescripción, la Corte tiene dicho:
«[l]a de índole adquisitiva presupone la calidad de poseedor
material del usucapiente, a quien se le reconoce el derecho
real por haberse comportado como señor y dueño del bien
durante el término fijado por la ley en función de la especie
de posesión detentada» (SC, 15 jul. 2013, rad. n.° 2008-
00237-01).
Significa que la posesión es un elemento necesario de
la usucapión, pero no suficiente, pues adicionalmente
deben satisfacerse los demás exigidos por el legislador, a
saber:
(I) el bien poseído debe ser identificable (SC8751, 20
jun. 2017, rad. n.° 2002-01092-01) y susceptible de ser
usucapido (SC174, 10 jul. 2023, rad. n.° 2008-00063-02);
(II) la posesión debe ser inequívoca (SC, 29 oct. 2001,
exp. n.° 5800), sin vicios (SC 24 mar. 2004, rad. n.° 7292) e
ininterrumpida (SC11444, 18 ag. 2016, rad. n.° 1999-
00246-01);
(III) debe satisfacerse el término posesorio señalado
por el legislador, según el tipo de activo (SC3727, 8 sep.
2021, rad. n.° 2016-00239-01); y
(IV) no debe haberse renunciado a la prescripción
(SC094, 29 may. 2023, rad. n.° 2010-00033-01).
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En suma, según la doctrina jurisprudencial vigente:
[L]a prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos
reales, entre ellos la propiedad de bienes corporales, inmuebles o
muebles, que se encuentran en el comercio humano, mediante su
posesión sostenida en un periodo determinado, siempre que
aquella tenga lugar en las condiciones establecidas en la ley…
La posesión con entidad para hacerse al dominio de la cosa que
se pretende usucapir o adquirir por el modo de la prescripción
debe revestirse con ciertos caracteres: ha de ser pública, pacífica
e ininterrumpida, exteriorizada a través de hechos ostensibles y
visibles a los demás, ejercidos, bien directamente por el
usucapiente, o de manera mediata, esto es, por conducto de
terceros que le reconozcan su señorío sobre el bien. Pero,
además, se impone que su objeto material o la cosa, sea
susceptible de adquirirse por pertenencia, esto es, pasible de
ingresar al patrimonio del particular que lo reclama (SC174, 10
jul. 2023, rad. n.° 2008-00063-02).
2. Interrupción civil de la prescripción adquisitiva.
2.1. Solamente la posesión ininterrumpida es útil al
propósito de ganar por usucapión el dominio de las cosas,
debiéndose entender por tal, según el artículo 2522 del
Código Civil, aquella que «no ha sufrido ninguna interrupción
natural o civil».
La interrupción consiste en un acto que imposibilita el
cómputo de la prescripción, caracterizado porque «inutiliza
el tiempo pasado», en tanto el lapso «hasta entonces
cumplido queda borrado ante los ojos de la ley» (SC, 17 oct.
1997, exp. n.° 4741).
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2.2. La interrupción civil «consiste en evitar que el
término de posesión que se requiere para adquirir por
prescripción siga su curso mientras se discute la situación
del respectivo bien ante las autoridades judiciales» (SC240,
25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
Según el artículo 2524 del Código Civil, derogado por
el 698 del Código de Procedimiento Civil, es «todo recurso
judicial intentado por el que se pretende dueño de la cosa,
contra el poseedor». Regla sustituida por el 90 del último
estatuto, en el que se introdujo la directriz de que «[l]a
presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción», la cual, pese a las sucesivas modificaciones de
que fue objeto, se ha mantenido hasta la actualidad, en el
canon disciplinante de la cuestión que es el 94 del Código
General del Proceso, a saber:
La presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción… siempre que el auto admisorio de aquélla… se
notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado
a partir del día siguiente a la notificación de tal… providencia…
al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos
sólo se producirán con la notificación al demandado.
De este desenvolvimiento legislativo se destaca:
2.2.1. En el ámbito patrio la interrupción civil de la
prescripción adquisitiva, desde sus orígenes, ha estado
atada al ejercicio, por parte de quien se repute dueño de
una cosa que está siendo poseída por otro, de una acción
judicial. Y es que, «como la prescripción adquisitiva envuelve
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entre otras cosas la inactividad del propietario, síguese
necesariamente que cuando éste sale de su pasividad y
reclama la cosa trae consigo la interrupción del fenómeno
prescriptivo» (SC, 17 oct. 1997, exp. n.° 4741).
2.2.2. No cualquier actuación tiene la potencialidad de
producir la interrupción, sino que la gestión del dueño debe
consistir en la proposición de una demanda que choque de
forma directa contra la detentación ejercida por el poseedor.
De antaño particularizó esta Corporación:
Sin duda la ‘demanda judicial’ y el ‘recurso judicial’ de que
tratan los artículos 2539 y 2524 del Código Civil, como medios de
interrumpir la prescripción negativa o la positiva,
respectivamente, han de guardar estrecha y directa
correlación con la acción que el prescribiente esquiva, o
con el derecho que se quiere conservar por su dueño,
contra el prescribiente (negrilla fuera de texto, SC, 2 nov.
1927, G.J. XXXV, n.° 1801).
Reiterada años después:
La demanda susceptible de obrar la interrupción civil de la
prescripción es la que versa sobre la acción que se trata de
prescribir y no una demanda cualquiera. Sin duda, la ‘demanda
judicial’ y el ‘recurso judicial’ de que tratan los artículos
2539 y 2524 del Código Civil, como medio de interrumpir
la prescripción negativa o la positiva, respectivamente,
han de guardar estrecha y directa correlación con la
acción que el prescribiente esquiva, o con el derecho que se
quiere conservar por su dueño contra el prescribiente
(negrilla fuera de texto, SC, 9 oct. 1953, G.J. LXXVI, n.° 2133).
Retomada en época reciente:
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
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[L]a demanda… debe estar encaminada a eliminar la
posesión del bien y por ende a destruir una de las condiciones
necesarias para que en el ministerio de la ley tenga lugar la
prescripción adquisitiva; en otros términos, la demanda debe
pretender convencer al presunto poseedor de que su
actuación sobre el bien riñe con los derechos de quien
entabla la condigna pretensión restitutoria» (negrilla fuera
de texto, SC, 7 mar. 1995, exp. n.° 4332).
Y redundada:
La demanda debe estar referida a la posesión, debe estar
encaminada a eliminar la posesión del bien y por ende a
destruir una de las condiciones necesarias para que por
ministerio de la ley tenga lugar la prescripción adquisitiva; en
otros términos, la demanda debe pretender convencer al presunto
poseedor de que su actuación sobre el bien riñe con los derechos
de quien entabla la condigna pretensión restitutoria (negrilla
fuera de texto, SC, 15 jul. 2013, rad. n.° 2008-00237-01).
Calidad que se predica, no sólo de la acción posesoria
o reivindicatoria, como a la ligera pudiera concluirse, sino,
adicionalmente, de cualquier mecanismo procesal que, de
forma directa o indirecta, esté encaminado a quebrar el
animus o corpus del poseedor. Por esta razón,
determinaciones emitidas en juicios de conocimiento,
sucesorales o policivos, puedan tener este efecto, siempre
que la determinación definitiva resulte incompatible con el
señorío ejercido por el pretenso poseedor, como cuando se
ordena la entrega de la cosa disputada a una persona
diferente a aquél.
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
23
2.2.3. Ahora bien, para la operancia de la interrupción
de marras no basta con la presentación de la demanda, sino
que es necesario, asimismo, que el auto que la admita se
notifique al respectivo poseedor demandado.
Si el enteramiento acaece dentro del año siguiente a
cuando dicho proveído se informe al demandante, el
fenómeno en análisis tendrá efecto retroactivo, esto es, se
producirá a partir de la fecha de presentación del respectivo
libelo; de no ser así, ello acontecerá solo desde la efectiva
notificación.
Refiriéndose a este precepto, la Sala doctrinó:
[L]a prescripción solo se interrumpe civilmente con la
presentación oportuna de la demanda, pero a condición de que
esta sea admitida a trámite, y el auto admisorio o el
mandamiento de pago correspondiente se notifique
apropiadamente y dentro del plazo legal al convocado. Si
ese enteramiento se produce dentro del término de un año,
contado a partir de la fecha de notificación de dicha
providencia a la parte actora, la interrupción tendrá
efectos retroactivos, es decir, operará desde la radicación
de la demanda. En caso contrario, esos efectos solo se
producirán ‘con la notificación al demandado’.
En cualquiera de esos supuestos, la interrupción civil podrá ser
eficaz, siempre que la presentación de la demanda o la
notificación del auto admisorio o el mandamiento de pago
al demandado, según sea el caso, se produzca antes del
fenecimiento del término de prescripción previsto en las
normas sustanciales. Similarmente, si la demanda se radica
con posterioridad al vencimiento de ese término, la prescripción
se consumará, con independencia de que la notificación de la
providencia de apertura del proceso al convocado se realice con
presteza.
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
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En esa línea será ineficaz para el anunciado propósito la
demanda presentada, siempre que la intimación del
demandado acaezca (i) por fuera de la anualidad que
contemplan los artículos 90 del Código de Procedimiento
Civil y 94 del Código General del Proceso; y (ii) el término
de prescripción previsto en las leyes sustanciales haya
transcurrido completamente (negrilla fuera de texto, SC712,
25 may. 2022, rad. n.° 2012-00235-01).
2.2.4. Finalmente, es menester que el sentenciador
acoja la acción intentada o, en otros términos, que el
proceso promovido termine con sentencia en la que se
reconozca que el derecho del demandante es prevalente y, a
la par, afecte la detentación ejercida hasta entonces.
En palabras de la Corte:
El hecho de que el conflicto jurídico fuera resuelto a favor del
convocante significa que sus derechos prevalecieron sobre los del
demandado, y también que este último no logró hacerse a la
propiedad por el modo de la prescripción. Por ende, ha de
entenderse que la decisión de acoger el petitum conlleva la
pérdida del tiempo de la posesión de la parte vencida. Ello revela
que la ley confirió al ejercicio exitoso de las acciones o remedios
judiciales una consecuencia similar a la pérdida material de la
posesión: su interrupción civil; en cambio, si se protege la
situación del poseedor, de paso se elimina cualquier teórica
solución de continuidad en el curso temporal de su posesión
(SC240, 25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
2.3. De cara al caso concreto, ¿es la acción de
simulación uno de los trámites judiciales que puede tener el
efecto de interrumpir civilmente la prescripción del
poseedor?
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2.3.1. Para responder este cuestionamiento debe
partirse de la idea de que la acción de simulación, también
conocida como de prevalencia, es aquella encaminada a
descorrer el velo de fingimiento izado por los contratantes,
quienes pretenden ocultar, frente al público en general, el
propósito que realmente motivó la celebración de uno o
varios negocios jurídicos.
Es pacífico en la jurisprudencia que «la acción de
prevalencia o de simulación… tiene por objeto hacer inocuos
los efectos jurídicos del contrato aparente, mediante la
prevalencia del pacto oculto que revela los propósitos
jurídicos reales de los simuladores… [en suma] debe
imponerse el acto jurídico real que consulta la intención
jurídica real de los contratantes» (SC, 5 sep. 1947, G.J. n.°
2186-2187).
2.3.2. Por estar sub judice un vínculo obligatorio, fruto
de la autonomía de la voluntad, la acción de simulación
tiene una naturaleza personal, únicamente puede dirigirse
contra las partes negociales y sus causahabientes, sin que
sea apta para cuestionar, de forma directa, la posición
concreta que el demandante reclama sobre la cosa objeto de
la convención.
Así lo tiene dicho la jurisprudencia:
[L]a naturaleza jurídica de la institución responde a una acción
declarativa de certeza, en cuanto se circunscribe a constatar lo
existente, esto es, a investigar el sentido de la voluntad real. No
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se refiere, propiamente, a los bienes, sino a un específico vínculo,
por su estirpe de acción personal y no real, así repercuta en el
patrimonio, en forma directa o indirecta (SC5191, 18 dic. 2020,
rad. n.° 2008-00001-01).
2.3.3. Sin embargo, y a pesar de su naturaleza, nada
impide que esta acción pueda tener efectos sobre los activos
materia de fingimiento, cuando, como consecuencia de su
prosperidad, se resten efectos al título constituido o se
decreten restituciones mutuas.
Y es que, el descubrimiento de la verdad, en ciertos
eventos, puede aparejar que el adquirente pierda esta
condición jurídica, o que el receptor de la cosa deba
devolverla, afectando así el dominio y/o la posesión que
comenzó con ocasión del contrato simulado.
Así sucederá, verbi gracia, cuando se reconozca la
simulación absoluta y, en consecuencia, deba retornarse
jurídica y materialmente el objeto contractual de un
simulante al otro. Lo propio ocurrirá en los casos de
simulación relativa, cuando el contrato verdadero sea
declarado ineficaz o inválido, imponiéndose la supresión del
título y, de ser procedente, la restitución material.
En estas hipótesis, además de extinguirse el dominio
espurio, se perturba la posesión de quien recibió la cosa en
razón del negocio fingido, pues la orden de devolución del
activo deviene incompatible con el señorío en ejercicio,
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cumpliéndose los requisitos para que se configure la
interrupción civil.
Reitérese, la formulación de una acción de prevalencia
que, consecuencialmente, acarrea la devolución del bien
negociado, riñe de forma abierta con los actos de señor y
dueño de quien la detenta, pues se verá privado de su
ejercicio por fuerza de una sentencia judicial, haciendo de
este mecanismo un instrumento idóneo para interrumpir la
posesión.
De admitirse un entendimiento diferente se estaría
cohonestando el incumplimiento de órdenes judiciales, pues
bastaría argüir que se tiene la calidad de poseedor para
impedir la restitución decretada, desconociendo la cosa
juzgada y el carácter ejecutivo de los fallos.
A este entendimiento arribó la Corporación, en
sentencia de pocos meses atrás, la cual se reitera:
[L[a acción de simulación que se ejerce en contra de quien entró
en posesión de una heredad valiéndose de la convención
mendaz, no debe considerarse invariablemente irrelevante de
cara a la interrupción de la prescripción. En ocasiones, y
atendidas las particularidades de cada litigio, reclamar
la declaratoria de simulación de un contrato puede revelar
con claridad la oposición de quien tiene un mejor derecho
que el poseedor, aunque este no lo habilite para acudir a una
vía directa de recuperación de la posesión, como las acciones
reivindicatoria o publiciana (reservadas para el propietario y el
poseedor regular desposeídos).
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Es pertinente añadir una consideración adicional en soporte de la
conclusión indicada: El ordenamiento patrio está firmemente
comprometido con la protección de los herederos, cuyos derechos
pretenden ser desconocidos a través de contratos simulados…
Pues bien, sería incoherente con esa finalidad y propuesta
interpretativa descartar de tajo la posibilidad de reconocer
cualquier efecto a la acción de simulación promovida por los
herederos afectados por una declaración de voluntad mendaz de
su causante, de cara a la posesión que otra persona ejerce con
ocasión del convenio simulado. Y ese efecto –en casos como este–
debe ser la interrupción civil, pues como lo ilustra la presente
controversia, es esa la única manera de evitar que se
consumen propósitos torticeros de quienes obran con
dobleces para defraudar a sus legitimarios (negrilla fuera de
texto, SC240, 25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
2.3.4. En suma, y a riesgo de hastiar, una vez el
detentador es informado, por medio de la notificación del
auto admisorio de la demanda, de que pretende privársele
de la cosa poseída, de forma directa o consecuencial a la
pretensión simulatoria, y siempre que así lo ordene el
juzgador, se satisfacen las condiciones para que opere la
interrupción civil de la posesión, lo que se traduce en que el
término posesorio causado hasta la fecha pierde su fuerza
jurídica para fines del cómputo de la usucapión.
Punto en el que deviene anodino que el poseedor haya
conservado la detentación en el interín del pleito, pues, para
que opere la interrupción, basta la presentación de la
demanda, su notificación y el proferimiento de un veredicto
que prive al demandado del ejercicio del señorío.
La Corte tiene dicho:
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A diferencia de lo que sucede en los casos de interrupción
natural, el ejercicio de una acción civil de recuperación de la
posesión no implica la cesación automática de la relación
material del poseedor actual con la cosa. Sin embargo, bajo
ciertas condiciones, esas acciones de recuperación sí generan el
efecto de truncar el tiempo de la posesión para efectos
prescriptivos…
En esos casos, y a pesar de que físicamente el poseedor siga
detentando la cosa, el ordenamiento jurídico impide que los actos
posesorios sean conducentes para adquirir por prescripción. De
no ser así, promover una acción judicial contra el poseedor de
manera tempestiva sería insuficiente (se requeriría arrebatarle
efectivamente la cosa), lo cual menoscabaría el contenido
sustantivo de los derechos a los que se opone la conducta de
quien detenta, con ánimo de señorío, lo que no le pertenece
formalmente (v. gr., deterioraría el derecho de dominio del
desposeído) (SC240, 25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
2.3.5. Amén de la naturaleza personal de la acción de
simulación, en principio, se descarta que pueda promoverse
respecto a terceros, en particular, frente a subadquirentes
de la cosa fingidamente negociada.
Así se extrae del artículo 1766 del Código Civil, según
el cual, «[l]as escrituras privadas, hechas por los
contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no
producirán efecto contra terceros»; por consiguiente, los
adquirentes del titular aparente tienen el derecho a invocar
la apariencia en su favor, para impedir que la simulación
los irrogue consecuencias negativas.
De allí que se proclame: «El aspecto oculto del acto es
inoponible a los terceros, que pueden atenerse al ostensible o
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aparente», por tanto «la sentencia… no afecta a terceros de
buena fe, por ejemplo, a quien adquirió de una de las partes
en el negocio simulado. Estos adquirentes de buena fe…
deben ser protegidos»1.
2.3.6. Sin embargo, esta protección no se extiende a
los terceros que puedan considerarse de mala fe, por su
participación o conocimiento -real o presunto- del
fingimiento, a quienes se les extienden los efectos de la
declaratoria judicial de prevalencia.
Regla aplicable al subadquirente de la cosa litigiosa,
en tanto, si es enterado de la existencia de la reclamación
entre los simulantes, de forma previa a su adquisición, se
considerará como un tercero relativo y la sentencia judicial
le será oponible, en particular, es posible que su título de
dominio devenga vacuo y que su posesión se cercene. Y es
que, en verdad, no hay buena fe que deba protegerse y que
permita acudir a la apariencia para salvaguardar su
derecho; su conocimiento lo hace un causahabiente y, en
consecuencia, llamado a soportar las secuelas del juicio.
Bien ha dicho este Colegiado:
De manera que el “principio” de la relatividad de los contratos no
tiene aplicación respecto de las restituciones que han de hacer
los subadquirentes como consecuencia de la invalidez o ineficacia
de un acto o negocio jurídico, porque los bienes adquiridos por los
terceros relativos o causahabientes quedan en la misma
1 Álvaro Pérez Vives, Teoría General de las Obligaciones, Volumen III, Parte Segunda,
Ed. Doctrina y Ley, 2012, p. 247 y 255.
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situación jurídica que habrían tenido si el contrato no se hubiera
celebrado. De ahí que como la declaración de ineficacia o
invalidez supone que el adquirente en el contrato primigenio
nunca obtuvo ningún derecho, entonces nada pudo transmitir al
subadquirente (SC3201, 9 ag. 2018, rad. n.° 2011-00338-01).
2.3.7. Tal hipótesis se materializa, por ejemplo,
cuando el subadquirente se hace al dominio y consecuente
posesión, con posterioridad a la inscripción de la demanda
decretada en el juicio simulatorio, pues esta medida tiene
como particularidad que «quien… adquiera [los bienes] con
posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia», por
ende, «[s]i la sentencia fuera favorable al demandante, en
ella se ordenará su registro y la cancelación de los registros
de las transferencias de propiedad, gravámenes y
limitaciones del dominio efectuados después de la inscripción
de la demanda» (literal a del artículo 690 del Código de
Procedimiento Civil, equivalente al canon 591 del Código
General del Proceso).
La Corte, explicando esta disposición, sostuvo que «por
ministerio de la ley, el adquirente se somete a lo que se
decida en el fallo que se dicte en el proceso en el cual se
decretó la medida precautoria en mención, a cuyo efecto ‘se
entiende que hay identidad jurídica de partes’ entre el
tradente y el adquirente ‘por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda’» (SC044, 15 mar.
1994, exp. n.° 4088).
Retomada en los siguientes términos:
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[A]unque la inscripción de la demanda no impide la
disponibilidad de los bienes que han de soportarla, sí vincula con
carácter de causahabientes a los terceros adquirentes… es de la
esencia de la referida medida cautelar vincular con carácter de
sucesores a los terceros que adquieran la cosa o constituyan
gravámenes sobre él con posterioridad a su registro, en virtud de
que los efectos del fallo proferido los cobija con fuerza de cosa
juzgada, así no hubiesen intervenido en el proceso, por la sencilla
razón de que la inscripción de la demanda les permite conocer la
situación jurídica real y actual del bien y, de decidirse a
negociarlo, lo hacen a sabiendas de que está en pleito…
De manera, pues, que el efecto fundamental de la susodicha
cautela es la oponibilidad de la sentencia a quien adquiere el
bien luego de haberse inscrito la misma, sin que, y esto es
relevante, ella pueda significar de algún modo que por el mero
hecho de la inscripción el titular del dominio deje de serlo y,
mucho menos, que los terceros entender que ya no lo es. Por
demás, claro está, que tal consecuencia presupone que esa
resolución hubiere acogido las súplicas del demandante, dado
que la provisionalidad, característica de los procesos cautelares,
hace que esa anotación esté a la espera de su ratificación por el
registro de la providencia condenatoria (SC, 19 dic. 2011, rad.
n.° 2002-00329-01).
Y renovada después:
Por su naturaleza, la inscripción no sustrae el terreno del
comercio, ni produce los efectos del secuestro, como la de
impedirle a su propietario u ocupante disponer materialmente de
él, pero tiene la fuerza de aniquilar todas las anotaciones
realizadas con posterioridad a su inscripción, que conlleven
transferencias de dominio, gravámenes, y limitaciones a la
propiedad; claro, siempre y cuando, en el asunto donde se
profirió la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensión que
implique, necesariamente, cambio, variación o alteración en la
titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el
inmueble, pues de ocurrir lo contrario, de nada serviría.
Esas características fueron las fijadas por el artículo 42 de la Ley
57 de 1887, el cual prescribía: “Todo Juez ante quien se presente
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una demanda civil ordinaria sobre la propiedad de un inmueble,
ordenará que se tome razón de aquélla en el Libro de Registro de
demandas civiles, luego que el demandado haya sido notificado
de la demanda” (SC19903, 29 nov. 2017, rad. n.° 2011-00145-
01).
Decantada la doctrina probable, en el sentido de que la
inscripción de la demanda provoca que el subadquirente
sea considerado como un causahabiente del propietario, se
tiene que lo decidido en el juicio promovido contra éste lo
afecta, incluyendo lo relativo a la interrupción de la
posesión, en los eventos en que la sentencia judicial apareje
que el señorío se vea arruinado, fruto de la orden de
devolución del bien materia de fingimiento.
2.4. Con todo, y al margen del cumplimiento de los
requisitos explicados en precedencia, la interrupción civil de
la prescripción se torna inoperante cuando, a voces del
artículo 95 del Código General del Proceso:
(I) «el demandante desista de la demanda»;
(II) el proceso termine por haber prosperado la
excepción «de inexistencia del demandante o del
demandado», o de «incapacidad o indebida representación»
de los mismos, o de no haberse acreditado «la calidad en
que actúe» el actor «o se cite» al convocado, o «de pleito
pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto»;
(III) se «absuelva el demandado»;
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(IV) se le ponga fin por la prosperidad de la excepción
de «compromiso o cláusula compromisoria», salvo que se
promueva el proceso arbitral dentro de los 20 días hábiles
siguientes, o por «desistimiento tácito» o como consecuencia
de la «inasistencia injustificada de las partes a la audiencia
inicial»; y
(V) en los casos en los que se invalide la actuación con
inclusión de «la notificación del auto admisorio de la
demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa
de la nulidad sea atribuible al demandante».
3. El caso concreto.
Decantado el anterior estado del arte, refulge que el
sentenciador de segundo grado no se equivocó al aplicar las
normas denunciadas en los embates, sino que, por el
contrario, se ajustó a su recta hermenéutica.
En efecto, las tres (3) ideas fuerza que, en lo
sustancial, sirvieron al fallo de alzada, se avienen con
aquél, como se mostrará en lo sucesivo -a título de
reiteración-, con lo cual se deja sin piso los argumentos de
los casacionistas, de allí que se imponga negar el remedio
extraordinario.
3.1. Argumentos del veredicto.
3.1.1. Primer argumento:
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[L]a posesión invocada por los actores no es idónea en el
propósito de prescribir…, porque siendo… posesión útil para
prescribir la que no ha sufrido interrupción alguna, porque ésta
detiene su curso e inutiliza el tiempo transcurrido con
anterioridad, como bien se tiene del artículo 2522 del código civil,
en cuanto señala que la interrupción civil de la prescripción es
aquella que “acaece con la formulación de una demanda
encaminada a hacer perder la posesión, siempre y cuando la
notificación del auto admisorio se surta dentro del término
indicado por el legislador”, lo cual exige que efectivamente la
demanda esté “encaminada a eliminar la posesión del bien y por
ende a destruir una de las condiciones necesarias para que por
ministerio de la ley tenga lugar la prescripción adquisitiva”; por
ello “la demanda debe pretender convencer al presunto poseedor
de que su actuación sobre el bien riñe con los derechos de quien
entabla la condigna pretensión restitutoria, criterio por cierto
acogido por la doctrina jurisprudencial (folios 88 y 89 del archivo
digital 0011SegundaInstanciaCuadernoApelacionSentencia.pdf).
Este razonamiento encuentra asidero en el artículo 94
del Código General del Proceso, equivalente al 90 del Código
de Procedimiento Civil, modificado por el 10 de la ley 794 de
2003, que gobierna la interrupción civil de la prescripción
adquisitiva a que se refiere el precepto 2522 del Código
Civil, y condiciona la procedencia de este fenómeno jurídico
a la presentación de una demanda que, por prosperar,
impide el ejercicio de la posesión.
Luego, no sólo tiene este alcance la acción dominical o
las reclamaciones posesorias, sino que también pueden
tenerlo otras súplicas judiciales, siempre que tenga como
efecto privar del señorío de hecho a quien se reputa como
señor y dueño, como ya se explicó con holgura. Así deviene
incorrecto lo señalado en el cargo único.
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3.1.2. Segundo argumento:
[E]jercitada la acción de prevalencia, en un juicio donde además
se declaró la nulidad de la donación que encubrió el acto
fingido… [negar el] efecto interruptor de que se viene hablando,
propósito que supuestamente solo es atribuible a las acciones
posesorias y de dominio, por supuesto que si la jurisprudencia
tiene dicho lo contrario…, sería contraevidente, pues, en el fondo,
ya en el plano del proceso, así en la mira de dicha acción haya
estado el propósito de develar la realidad de esa venta que en
vida hizo Claudio Bogotá Chía, es lógico que una vez
desenmascarada la farsa, no hay razón jurídica que justifique
que aquel quien fue un propietario aparente, continúe reteniendo
bienes ajenos, de lo cual se sigue la pertinencia de ordenársele
devolver o, de ser imposible, restituir, por ejemplo los derechos de
los acreedores defraudados con la simulación (folios 89 y 90
ibidem).
Tesis con apoyo en los cánones 1766 del Código Civil,
303 y 306 del Código General del Proceso, el principio de la
buena fe y la jurisprudencia, en el sentido de que, en un
juicio simulatorio, cuando se emite la orden de restitución
del bien objeto de la convención mendaz, bien sea por el
reconocimiento de una simulación absoluta, o por aceptarse
que el negocio realmente querido es ineficaz o inválido, se
satisfacen las condiciones para interrumpir la prescripción,
contrario a lo argüido por los recurrentes.
Y es que, la decisión del juez, que de forma definitiva y
coercible manda retornar la cosa del actual detentador al
anterior, resulta incompatible con el ejercicio de la
posesión, pues da al traste con uno de sus elementos
esenciales: el corpus.
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3.1.3. Tercer argumento:
[M]ediando la inscripción de esa demanda ordenada en el
proceso anterior, en vigencia del régimen procesal anterior,
medida que por cierto se anotó en ese registro antes de que los
demandantes en este proceso adquirieran la heredad, esta litis
propuesta por ellos no puede ser ajena, ni con mucho, a tal
antecedente, a ese pasado del que son conscientes porque, se
repite, al comprar lo hicieron sabiendo que, de ser vencidos en el
proceso sus causahabientes, esa decisión les sería oponible y por
ende, tendrían que asumirla desde que también ellos resultarían
vencidos; más concretamente, si los hermanos Bogotá Vargas su
progenitora y Cristina Andrea Müller Bogotá, quienes, a propósito
vienen encarándolos en el proceso y en sede del recurso por
obstinarse en esa aspiración usucapiente, perdían ese proceso, el
futuro de su posesión quedaría en entredicho porque, de
ordenarse la restitución allá, a ellos les correspondería acatar ese
ordenamiento (folio 85 ejusdem).
Colofón que encuentra soporte en el artículo 591 del
Código General del Proceso, antes 690 del Código de
Procedimiento Civil, en conjunción con la máxima de la
buena fe, que consagran que la «inscripción de la demanda»,
por advertir a los subadquirentes sobre la existencia de un
litigio que puede afectarlos, hace oponible los alcances de la
decisión judicial que se adopte.
3.1.4. Queda de esta forma sin sustento el cargo
solitario que se esgrimió en casación, motivo para denegar
los efectos de este remedio.
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
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3.2. Se suma a lo expuesto otras incorrecciones
técnicas, que se aúnan para rechazar algunas de las
acusaciones:
3.2.1. La aseveración de que, el fallador de alzada,
estimó que la inscripción de la demanda constituye una
forma de enjuiciamiento de la posesión del subadquirente,
deviene del todo desenfocada, pues en la sentencia
cuestionada no se hizo tal manifestación.
Realmente, como se expuso, se aseguró que, fruto de
la demanda y de la sentencia que accedió a la simulación,
así como de la medida cautelar inscrita en el registro
inmobiliario antes de la compraventa que dio origen a la
posesión, se interrumpió esta última, al ser incompatible el
señorío del comprador con el deber de restituir el inmueble
negociado.
Luego, por desconocer el artículo 346 del Código
General del Proceso, se rechaza su estudio.
3.2.2. Por otra parte, no es cierto que el sentenciador,
al reconocer la oponibilidad de la sentencia de simulación a
los demandantes, impusiera a la usucapión extraordinaria
requisitos equivalentes a los de la ordinaria, en particular,
la necesidad de un justo título y que se adentrara en su
revisión.
Radicación n.° 25754-31-03-001-2017-00046-01
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Y es que, como se remarcó, el eje del fallo fue la
interrupción de la posesión que emanó de la sentencia
judicial que impuso la restitución de la cosa litigiosa en
favor de la sucesión, impidiendo al poseedor que continuara
ejerciendo su señorío, con independencia de la existencia de
un título demostrativo del dominio.
4. Conclusión final.
Corolario de todo lo expuesto es el fracaso de la
censura extraordinaria promovida.
4.1. Como no se advierte un compromiso grave del
orden o patrimonio público, ni un notorio atentado contra
los derechos y garantías constitucionales, se excluye la
procedencia de la casación de oficio consagrada en el
artículo 336 del Código General del Proceso.
4.2. En aplicación del numerales 1° del artículo 365
ibidem, se condenará en costas a los recurrentes. Las
agencias en derecho se tasarán por el magistrado ponente,
con sujeción al numeral 3 del artículo 366 ibidem y las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura,
para lo cual se tendrá en cuenta que el escrito de
sustentación del remedio fue replicado únicamente por Luz
Magdalena, Carlos Arturo y Claudio Bogotá Vargas, en
aplicación del numeral 8° de la primera de las prescripciones
citadas.
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DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 3 de marzo de
2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso
que Blanca Myriam Ardila Moreno e Ignacio Darío Chacón
Meneses promovieron contra Luz Magdalena, Carlos Arturo,
Claudio Bogotá Vargas, María del Carmen Vargas de
Bogotá, Cristina Andrea, Adriana Müller Bogotá, Luz
Marina, Nancy Esperanza, Martha Isabel, Orlando y Víctor
Manuel Bogotá Tranchita, como herederos determinados de
Claudio Bogotá Chía, los herederos indeterminados de este,
y Araminta Mojica de Sáenz y Heinrich Müller Horst.
Costas en casación a cargo de los recurrentes y en favor
de Luz Magdalena, Carlos Arturo y Claudio Bogotá Vargas.
Se fija la suma de diez (10) s.m.l.m.v., a la fecha de este
veredicto, por concepto de agencias en derecho, por el
magistrado ponente.
Se reconoce personería jurídica a Holman Ramírez
Patiño, como apoderado de Luz Magdalena, Carlos Arturo y
Claudio Bogotá Vargas.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
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Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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