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ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
SC4103-2021
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
(Discutido y aprobado en sesión virtual de cinco de agosto de dos mil
veintiuno)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021).-
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación
interpuesto por COLSEGUROS S.A. frente a la sentencia
proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del
juicio ordinario promovido por LUIS ALEJANDRO LEMUS
GONZÁLEZ, NELCY MOSQUERA BONILLA, LUIS ÁNGEL
LEMUS MATURANA, YASMÍN STERLY IBARGÜEN
MOSQUERA, SANDRA MILENA, MIGUEL ÁNGEL LEMUS
GONZÁLEZ; VANESA ALEJANDRA, NICOLÁS LEMUS
LAITON, BETHSY MARÍA MOSQUERA MORENO, MABEL
ANÍS MOSQUERA BONILLA, OLIVA BONILLA MOSQUERA,
LUCY ARCO MOSQUERA, PETER ALEXANDER ANDRADE
MOSQUERA, JOSÉ TORIBIO LEMUS MATURANA, MARÍA
ANTOLINA LEMOS MATURANA, MARÍA MELANIA LEMOS
MATURANA, JULIA LEMOS MATURANA, LUZ PATRICIA
SERNA LEMUS, MARÍA INDIRA MARTÍNEZ LEMOS,
EDUARDO ANTONIO LEMOS MATURANA, SILVIA MARÍA
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MARTÍNEZ LEMOS, JEFER LEMOS MOSQUERA, DAYSI
MARÍA RENTERÍA LEMUS, WARNER LEMUS MOSQUERA,
YUDY SANDY RENTERÍA LEMOS, MARÍA YILI SERNA
LEMUS, ANA MARÍA PALACIOS MARTÍNEZ, ESTEBAN
LUCAS MIGUEL JOSÉ COPETE ÁLVAREZ, DEIRO LUIS
CHARÁ GÓNGORA y JEFFERSON LENIS VALENCIA contra
la impugnante y AEROEXPRESO DEL PACÍFICO S.A.
(AEXPA S.A.), ÓSCAR GABRIEL SÁENZ RUEDA y HERNÁN
FELIPE GONZÁLEZ LÓPEZ.
ANTECEDENTES
1. En la demanda rectora de este proceso1, se solicitó
declarar civilmente responsables a Aeroexpreso del Pacífico
S.A, Óscar Gabriel Sáenz Rueda, Hernán Felipe González
López y a la aseguradora Colseguros S.A, esta última en
ejercicio de la acción directa, por los perjuicios ocasionados
a los accionantes en sus calidades de padres, hermanos, tíos,
primos y amigos del médico Luis Francisco Lemus Mosquera,
fallecido el 28 de octubre de 2008 cuando la avioneta en la
que este se desplazaba se accidentó en el municipio de
Nuquí, Chocó. En consecuencia, los gestores reclamaron las
respectivas condenas a los enjuiciados, por concepto de los
daños patrimoniales y extrapatrimoniales que ese deceso les
produjo, según los montos que discriminaron en el pliego
inicial y en la audiencia prevista en el artículo 432 del Código
de Procedimiento Civil.
1 El libelo de sustitución, que finalmente se admitió, obra a folios 554 a 798 del c. 1 – II.
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2. En respaldo de las anteriores súplicas, se
esgrimieron los hechos que enseguida se compendian:
2.1. El 28 de octubre de 2008, la avioneta de propiedad
de Aeroexpreso del Pacífico S.A (AEXPA) se accidentó en la
localidad de Nuquí, dónde se transportaba junto con otros
pasajeros, el médico y director del hospital de ese sitio, Luis
Francisco Lemus Mosquera, quien a la edad de veintisiete
años, pereció en el insuceso.
2.2. La aeronave era maniobrada por los demandados
Óscar Gabriel Sáenz Rueda y Hernán Felipe González López,
en sus respectivas calidades de piloto y copiloto,
sobrevivientes del siniestro porque se arrojaron de la
máquina, dejando solos y encerrados a los pasajeros.
2.3. Las causas del accidente son todas imputables a la
compañía aérea convocada, y las circunstancias en las que
se presentó fueron objeto de investigación por parte de la
Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil, cuyo informe
definitivo se publicó en la “página web” de esa entidad.
2.4. La nave, con vetustez de tres décadas, tenía
amparada la responsabilidad civil bajo la póliza No. AVIA
1554 expedida por Colseguros S.A., compañía a la que el 13
de abril de 2009 se le elevó reclamación formal, pese a lo
cual, a través de uno de sus ajustadores, no mostró ánimo
transaccional.
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2.5. Este hecho ocasionó perjuicios del orden material
y extrapatrimonial a los demandantes, en sus calidades de
padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos y amigos del
fallecido, cuyo resarcimiento solicitan que se reconozca por
la judicatura.
3. Admitida que fue la demanda por el Juzgado Cuarenta
y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá2, se surtió el
enteramiento de la misma a los convocados, quienes se
pronunciaron de la siguiente forma:
3.1. El apoderado de la compañía aérea AEXPA S.A.
oportunamente replicó el libelo, pronunciándose de distinta
manera sobre los hechos, se opuso a que se acogieran sus
pretensiones, y planteó con el carácter de meritorias las
excepciones que denominó “falta de legitimidad por la parte
pasiva” e “inexistencia de causa y razón”3.
3.2. El mandatario judicial de la aseguradora
COLSEGUROS S.A. contestó el pliego introductor con
pronunciamiento expreso sobre los hechos, oposición frontal
a cada una de sus súplicas, y formulación de las defensas de
fondo rotuladas como “improcedencia aumento subjetivo
perjuicio”, “improcedencia de condena por pérdida de una
oportunidad”, “improcedencia de condena por perjuicio
fisiológico”, “improcedencia de condena por daños punitivos”,
“improcedencia de condenas con base en la equidad”,
“
terminación del contrato
de seguro. Incumplimiento de
2 Auto de 23 de noviembre de 2011, visto a folios 829 y 830 ib.
3 Folios 879 a 885 ib.
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garantías. Condiciones precedentes aplicables a todas las
secciones. Necesidad de observar y cumplir condiciones antes
de cualquier pago”, “prescripción”, “condiciones generales de la
póliza” y la “genérica”4.
3.3. Los accionados Óscar Gabriel Sáenz Rueda y Hernán
Felipe González López se notificaron por aviso del auto
admisorio de la demanda, y durante el término de traslado
guardaron silencio.
4. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado
del conocimiento le puso fin con la sentencia de 15 de agosto
de 2014, mediante la cual:
(i) Tuvo por infundadas las defensas de mérito
propuestas por los demandados, excepción hecha de las
denominadas “improcedencia de condena por perjuicio
fisiológico” e “improcedencia de condena por daños punitivos”.
(ii) Declaró que los demandados Aeroexpreso del
Pacífico S.A, Oscar Gabriel Sáenz Rueda y Hernán Felipe
González López son civil y solidariamente responsables de los
daños y perjuicios ocasionados a Nelcy Mosquera Bonilla,
Luis Ángel Lemus Maturana, Yasmín Sterly Ibarguen
Mosquera, Sandra Milena, Luis Alejandro, Miguel Ángel
Lemus González, quien además actúa en representación de
Nicolás y Vanessa Alejandra Lemus Laiton, con ocasión del
4 Folios 960 a 976 ib.
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accidente aéreo acaecido el 28 de octubre de 2008, en el que
murió Luis Francisco Lemus Mosquera.
(iii) Condenó en concreto a los demandados a pagar:
“$4.156.364,59, por concepto de daño emergente pasado a favor
de Nelcy Mosquera Bonilla.
“$443.996,44, por concepto del daño emergente pasado a favor de
Miguel Ángel Lemus González.
“$40.175.478,25, por concepto de lucro cesante emanado de los
créditos adeudados a favor de Nelcy Mosquera Bonilla.
“$20.175.056,30 por concepto de lucro cesante pasado a favor de
Nelcy Mosquera.
“$23.299.223,80 por concepto de lucro cesante futuro a favor de
Nelcy Mosquera Bonilla.
“$61.600.000 por concepto de perjuicios morales a favor de Nelcy
Mosquera Bonilla.
“$36.960.000 por concepto de perjuicios morales a favor de Luis
Ángel Lemus Maturana.
“$36.960.000 por concepto de perjuicios morales a favor de
Yasmín Sterly Ibargüen Mosquera.
“$12.320.000 por concepto de perjuicios morales a favor de
Sandra Milena Lemus González.
“$12.320.000 por concepto de perjuicios morales a favor de Luis
Alejandro Lemus González.
“$12.320.000 por concepto de perjuicios morales a favor de Miguel
Ángel Lemus González.
“$3.080.000 por concepto de perjuicios morales a favor de Nicolás
Lemus Laiton, representado en este asunto por Miguel Ángel
Lemus González.
“$3.080.000 por concepto de perjuicios morales a favor de
Vanessa Alejandra Lemus Laiton, representada en este asunto por
Miguel Ángel Lemus González”.
(iv) Negó las pretensiones invocadas en nombre de los
tíos, primos y amigos del fallecido Lemus Mosquera.
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(v) Declaró que la aseguradora Colseguros S.A. debía
pagar la indemnización generada por la realización del riesgo
asegurado, según el contrato de seguro AVIA-1554, por lo
que la condenó a pagar directamente a los demandantes
mencionados las sumas concedidas a título de lucro cesante,
daño emergente y perjuicios morales, “junto con los intereses
moratorios liquidados desde el 14 de mayo de 2009 y hasta
cuando se produzca el pago total de las obligaciones en
comento”5.
5. Al desatar la apelación que formuló tanto el
apoderado de los demandantes como el de la aseguradora, el
Tribunal, en su fallo del 19 de noviembre de 2015 resolvió
mayoritariamente confirmar en su integridad la providencia
de primera instancia6.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. En ella se comenzó por dejar sentado el cumplimiento
de los presupuestos procesales, y por descartar la presencia
de alguna causal de nulidad que invalidara la actuado.
Luego, se recalcó que la competencia del ad-quem se
circunscribía a los cuestionamientos realizados por los
demandantes y por la aseguradora demandada al fallo del a-
quo, por lo que, contrario a lo señalado por el magistrado
disidente, “la declaración de responsabilidad extracontractual
en cabeza de la compañía transportadora y de la tripulación,
5 Folios 1360 a 1377 del c. 1 – II, continuación.
6 Folios 65 al 95 del c. 13.
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como la consecuente condena en perjuicios, resultan tópicos
intangibles en [segunda] instancia”.
2. Centrado el juzgador de segundo nivel en los reparos
específicos de los accionantes, relativos a la tasación de los
perjuicios, desestimó lo impugnado frente a lo que decidió el
a-quo sobre “lucro cesante pasado y futuro”, “daño punitivo”,
“perjuicios morales” y “pérdida de oportunidad”.
3. Descendiendo a los planteamientos de la
aseguradora, según los cuales, el tomador asegurado
(Aeroexpreso del Pacífico S.A.) incumplió dos de las garantías
de conducta contempladas en la póliza, y no acreditó el
siniestro que soportara la condena de intereses moratorios
desde el 14 de mayo de 2009 –fecha de la reclamación
directa-, los argumentos del Tribunal fueron los siguientes:
3.1. En la póliza No. AVIA-1554 es tomador y asegurado
Aeroexpreso del Pacífico S.A.; beneficiarias “terceras
personas”; amparados los riesgos de “responsabilidad civil
general para daños a propiedades de terceras personas” y
“responsabilidad civil ante terceros, incluyendo daños
ocasionados a terceras personas” hasta por dos mil
setecientos cincuenta millones de pesos ($2.750.000.000); y
vigente el seguro del 18 de septiembre de 2008 al 17 de
septiembre del siguiente año.
Conforme a lo anterior y demostrada como quedó la
responsabilidad del asegurado por la actividad desplegada
por la avioneta, se habilitó a los beneficiarios legales, esto es,
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a los demandantes, para reclamar en acción directa a la
compañía aseguradora demandada todos los daños
derivados de la muerte del señor Lemus Mosquera, pues, en
materia de cobertura se pactó que “los aseguradores
indemnizarán al asegurado con respecto a todas las sumas
por las cuales el asegurado llegue a ser responsable de pagar,
y pague, como daños compensatorios (incluyendo costos
fallados en contra del asegurado) con respecto a: … (a)
lesiones corporales accidentales (fatales o de otro tipo) a
pasajeros mientras abordan, está a bordo o desciende de la
aeronave, y … (b) pérdida o daño al equipaje y efectos
personales que surjan de un accidente a la aeronave”.
Al tenor de lo expuesto, la póliza en cuestión cubre
integralmente la condena a la compañía aérea, por perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales, habida cuenta que “no
hizo uso de la posibilidad de excluir algunas contingencias”.
3.2. La póliza incluyó, como condición aplicable a todas
las secciones, que “2. El Asegurado deberá cumplir con todas
las normas de aeronavegación y los requisitos de
aeronavegabilidad emitidos por las autoridades competentes
que afecten la operación segura de las Aeronave y deberá
garantizar que: ‘(a) la Aeronave está en condiciones de
aeronavegabilidad al momento de iniciar cada vuelo’”.
Tal garantía de conducta se denuncia como incumplida
por la aseguradora, pues, en su parecer, la avioneta carecía
de aptitud para emprender el vuelo con base en el informe de
la Aeronáutica Civil, según el cual, la causa del accidente fue
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la “pérdida de control en vuelo posterior al despegue, debido
a la pérdida de potencia en el motor número uno,
probablemente por contaminación de combustible con agua”,
misma que sucedió porque no se drenó en debida forma el
mismo.
Frente a este planteamiento, que soporta la tesis de la
terminación del contrato
de seguro desde su incumplimiento,
y por ende, la ausencia de cobertura del siniestro, se tiene:
3.2.1. A partir del estudio técnico realizado por la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, no
hay prueba de que el piloto o copiloto hayan soslayado los
controles necesarios para emprender el vuelo. De tenerse
como causa efectiva del siniestro la existencia de agua en el
combustible, lo cierto es que este se había drenado hasta
estimarse conveniente, a la par que podría afirmarse que la
irregularidad que se presentó en el vuelo de Pereira a Quibdó,
se corrigió en el transcurso del mismo, en tanto que del
trayecto siguiente, Quibdó-Nuquí, no se presentó ninguna
novedad. Además, la avioneta cumplía con el mantenimiento
preventivo ordenado por el fabricante, se encontraba dentro
de los límites de peso y balance, y la tripulación realizó las
gestiones necesarias para emprender la marcha en cada
trayecto.
Por ello, con base en el mencionado informe, se tiene
que con antelación al primer vuelo se realizó el drenaje del
agua encontrada en el tanque izquierdo, y cuando arribó a
Pereira, también hubo similar proceder de la tripulación, “sin
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que haya certeza de la presencia de agua durante el
procedimiento”. Además, previo a iniciar el itinerario Nuquí-
Quibdó, se realizó una inspección rutinaria sin que quedara
en evidencia alguna irregularidad respecto del
funcionamiento de la aeronave, y “el hecho de que el vuelo
continuado haya tenido buenos resultados, permite pensar
que la aeronave era confiable mecánica y operacionalmente
para emprender el viaje, más si en un trayecto anterior, no
había presentado irregularidad alguna”.
Finalmente, la anotación realizada por la autoridad,
dirigida a revisar todas las tapas de llenado de los tanques
para establecer su sello hermético, fue solo una
recomendación a propósito del accidente, pero para la fecha
del mismo, a la avioneta se le habían realizado los
mantenimientos correspondientes, lo que se acreditaba con
la certificación de aeronavegabilidad “que expide la UAEAC
en el que constan las condiciones según las cuales la aeronave
se considera aeronavegable de acuerdo con los requisitos de
su certificación y otras instrucciones e información necesaria
para la utilización dentro de las normas de seguridad”.
3.2.2. Al margen de las anteriores conclusiones, incluso
de aceptar la hipótesis de que el accidente tuvo como causa
los residuos de agua sin drenar, lo cierto es que la ocurrencia
de este hecho no desencadenaba la
terminación del contrato
de seguro, pues no fue contemplado como exclusión, amén
de que para la época del accidente no había una prescripción
que indicara hasta qué nivel debía drenarse el agua de la
gasolina, para determinar la aeronavegabilidad de la
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avioneta. Además, la recomendación de fijar en el Manual
General de Operaciones los procedimientos a seguir en caso
de presencia de agua en los tanques durante el drenaje en el
primer vuelo del día y posterior a cada tanqueo, era porque
no existía con antelación en el susodicho Manual.
Se concluye, entonces, que el suceso se encontraba
amparado con la póliza, “sin que haya operado la exclusión al
riesgo amparado”.
3.2.3 Frente a la garantía según la cual “(b) todos los
libros y demás registros relacionados con la Aeronave,
requeridos por las regulaciones oficiales vigentes, se
mantengan actualizadas y se pongan a disposición de los
Aseguradores o de sus Agentes cuando así se solicite”; se
tiene que el hecho de que no se hubieran registrado en el
libro de vuelos la anomalía que presentó la aeronave, no
puede dar lugar a la finalización del contrato de seguro, pues
la tripulación realizó la revisión del vehículo con resultados
satisfactorios, por lo que la aseguradora no puede eximirse
de cumplir con lo pactado.
3.3. Finalmente, en relación con la sanción de intereses
moratorios, se precisa señalar que los beneficiarios
acreditaron el siniestro y la cuantía, frente a lo cual la
aseguradora nada refutó. Y cumplidos los requerimientos
hechos al apoderado de los demandantes por parte del
ajustador Javier Acosta Naranjo, no existía evidencia de
oposición a ellos, por tanto, “lo que seguía era pagar la
indemnización, pues no es de recibo el argumento según el
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cual, los montos reclamados adolecían de liquidez”. Y, de
considerarlos desajustados, “así debió manifestarlo en su
momento, sin que fuere necesaria la objeción, a fin de hacer
determinables las pretensiones de los solicitantes,
precisamente porque el hecho, el accidente, la muerte del
pasajero y la cobertura, estaban acreditados”.
4. Por todo lo anterior, el sentenciador de segunda
instancia confirmó la providencia de primer grado, con
condena “en costas a la parte recurrente Nelcy Mosquera
Bonilla y Luis Ángel Lemus Maturana, en favor de la
aseguradora demandada Colseguros S.A.”, y con abstención
de la misma “a favor de la transportadora Aeroexpreso del
Pacífico S.A., Hernán Felipe González López y Óscar Gabriel
Sáenz Rueda, comoquiera que no aparecieron causadas”. Así
mismo, impuso costas a la aseguradora, por no haber
prosperado su impugnación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene cuatro ataques sustentados en la causal
primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil,
en los que se denuncia la violación indirecta de la ley
sustancial.
De ellos, la Corte se ocupará del segundo y del tercero,
por haber sido los únicos admitidos, según da cuenta la
providencia de la Sala AC 5142-2018.
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Por lo demás, el estudio del par de embates previamente
aceptados, se hará conjuntamente, por versar sobre
desatinos fácticos en la apreciación de las pruebas, y por
ameritar consideraciones comunes para su estudio.
SEGUNDO CARGO
Se denuncia la violación indirecta de los artículos 1061,
1088 y 1089 del Código de Comercio, como consecuencia del
error de hecho manifiesto en el que incurrió el Tribunal en la
apreciación tanto del “Informe definitivo de la aeronáutica
civil, Unidad Administrativa Especial, Secretaría de Seguridad
Aérea, Grupo Investigación de accidentes”, realizado con
ocasión del accidente aéreo ocurrido el 28 de octubre de
2008, como de la póliza de seguro de aviación AVIA 1554.
Para soportar esta afirmación, se explica:
1. Los desatinos enunciados llevaron a rechazar la
posible causa del accidente aéreo, que en el mencionado
informe se presentó así: “Pérdida de control en vuelo al
despegue, debido a la pérdida de potencia en el motor número
uno, probablemente por contaminación de combustible con
agua”.
2. El ad-quem pretendió eludir dicha causa, al dirigir su
atención al drenaje de la nave, pues, señaló que el mismo
resultó conveniente, dando a entender que esa labor fue
correcta o adecuada, cuando lo que dice dicho trabajo es que
el copiloto “drenó” hasta donde consideró conveniente: “… al
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siguiente día el copiloto realizó el chequeo exterior detectando
agua en el tanque del motor izquierdo, drenando hasta cuando
lo estimó conveniente. Posteriormente se decidió tanquear el
avión…”.
En ese orden, si el “informe” hubiera aceptado que el
drenaje fue conveniente, se hubiera descartado la
contaminación con agua como eventual causa del insuceso;
por el contrario, lo que se desprende del texto es que el agua
sí jugó un papel muy importante, tanto que el concepto de
los técnicos la incluyó como “posible causa”.
Luego la conclusión de la sentencia censurada carece
de lógica interpretativa, máxime cuando la Aeronáutica
recomendó a AEXPA S.A.: “Fijar en el MGO (Manual General
de Operaciones) en cumplimiento del manual de vuelo, los
procedimientos a seguir en caso de presencia de agua en los
tanques durante el drenaje en el primer vuelo del día y
posterior a cada tanqueo”.
3. El Tribunal señaló que la aeronave fue desecada dos
veces, a partir de una lectura equivocada del informe, cuyo
tenor literal es: “… Habiéndose presentado agua en el tanque
izquierdo antes del primer vuelo de ese día y ante lo cual se
produjo el drenaje de la misma (esta situación no fue
reportada por la tripulación que entregó la aeronave a la
tripulación entrante); al llegar a Pereira, al momento de recibir
la aeronave; existe evidencia de que el copiloto drenó los
tanques sin que haya certeza de la presencia de agua durante
el procedimiento. Igualmente no hay conocimiento del
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cumplimiento de la verificación de drenaje de tanques como lo
establece el numeral 8.21 Fuel System literal d) una vez
finalizado el tanqueo en Quibdó por parte de la primera
tripulación”.
No es cierto, entonces, que la aeronave se hubiese
drenado en dos ocasiones, por cuanto:
(i) No había razón técnica para hacerlo, porque el
drenaje se realizó antes del tanqueo a primeras horas de la
mañana sin que se avisara del incidente a la tripulación
entrante.
(ii) No había razón lógica, habida cuenta de que si el
drenaje no fue informado, no había razón para que lo
hicieran por segunda vez, pues se suponía que las
condiciones de aeronavegabilidad eran normales y por ello no
era de suponer la presencia de agua en el combustible.
(iii) Desde el punto de vista gramatical, la lectura errada
que el Tribunal hizo del informe, obedeció a una
desafortunada puntuación del párrafo pertinente, en donde
la frase: “(esta situación no fue reportada por la tripulación
que entregó la aeronave a la tripulación entrante); al llegar a
Pereira, al momento de recibir la aeronave”; quedó entre
puntos y comas, cuando una de ellas sobra, esto es, la
primera, que si se omite, “la frase cobra sentido en cuanto
mantiene coherencia con el resto del informe”, que al
examinarlo en su contexto muestra que solo hubo un
drenaje, el de la mañana, previo al vuelo Quibdó-Pereira.
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Los siguientes dos pasajes del informe corroboran que
solo hubo un drenaje:
“Al día siguiente, fue encontrada agua en el tanque del motor
izquierdo el cual fue drenado hasta estimarse conveniente, sin
embargo, no se puede descartar la posibilidad que residuos de
agua sin drenar hayan quedado en el tanque y que esta durante
el despegue en Nuquí con máxima potencia haya sido succionada
por la bomba mecánica y llevada al distribuidor y los inyectores,
produciendo la pérdida de potencia del mismo. Posterior al
accidente se realizaron pruebas de combustible de los tanques
donde se abasteció la aeronave en Quibdó, arrojando resultados
satisfactorios”.
“El día 27 de octubre (un día antes del accidente) por condiciones
metereológicas adversas, la aeronave pernoctó en Quibdó,
soportando fuertes lluvias durante toda la noche. Al día siguiente,
fue encontrada agua en el tanque del motor izquierdo el cual fue
drenado hasta estimarse conveniente”.
De esa forma, no hay elementos de orden técnico, lógico,
gramatical ni contextual para concluir que en cada trayecto
se succionó agua, y menos en la ciudad de Pereira. Haberlo
aseverado constituye un error ostensible en la apreciación de
la referida prueba documental.
4. Otro desatino fáctico del Tribunal, que le condujo a
desestimar la causa probable del accidente relacionada en el
informe de la Aeronáutica Civil, fue considerar que la
avioneta era operable por tener el certificado de
aeronavegabilidad.
Con ello, se pasó por alto que el concepto de
aeronavegabilidad, según el “RAC”, involucra dos aspectos:
el mencionado certificado, y mantener las condiciones de
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vuelo seguro, que en esencia se estructuran cuando hay
neumáticos operativos, fluidos sin pérdida ni contaminación,
y ausencia de corrosión, delaminación, etc.
De forma tal que el certificado expedido por la autoridad
competente no significaba que la avioneta era aeronavegable
para la mañana del accidente, porque falencias como la
contaminación de combustible con agua hacen inseguro el
vuelo.
Además, si las reglas de la experiencia enseñan que el
agua y el combustible no son compatibles, no es de recibo el
argumento del ad-quem, según el cual, “no se estableció que
de encontrarse cierta cantidad [de agua] en el combustible, la
avioneta no se encontraba en esas condiciones”, siendo que
esa fue la razón por la cual se concluyó en el informe que la
contaminación con agua fue la causa probable del accidente.
5. Por ese mismo sendero, se desconoció por el Tribunal
el texto de la póliza que consagraba la garantía de conducta
para el asegurado: “2. El asegurado deberá cumplir con todas
las normas de aeronavegación y los requisitos de
aeronavegabilidad exigidos por las autoridades competentes
que afecten la operación segura de la aeronave y deberá
garantizar que: a) La aeronave está en condiciones de
aeronavegabilidad al momento de iniciar el vuelo”.
Regla de conducta que se violó por parte de AEXPA S.A.,
en razón a que “las opiniones de los técnicos condujeron a que
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hubo mezcla inapropiada de agua y combustible antes de
volar”.
6. Otro error de hecho en la sentencia censurada, fue
señalar que como hubo diligencias previas de chequeo al
vuelo fatídico, se descarta como causa del accidente la
contaminación con agua del combustible.
En relación con esto último, se tiene que además de ser
la argumentación “muy pobre”, el yerro se concreta en no
haber reparado en la existencia de documentos que soportan
el informe de la Aeronáutica Civil, como el que contiene la
versión del propio capitán de la nave, quien dijo:
“… En conversación con técnicos conocedores de este tipo de
aeronave dicen que el agua en el tanque pudo haber sido la causa
más segura de este accidente ya que la lluvia fuerte, con una
posible filtración a los tanques de la aeronave y/o en los tanques
de combustible de la ciudad de Quibdó pudo haberse quedado en
la parte inferior de los tanques en unas urrugas en estas vejigas,
que no alcanzaron a ser drenadas, y estas pudieron haber sido
succionadas por la bomba mecánica y llevadas a distribuidor y
este a los inyectores que el motor con su máxima potencia pudo
haber sido apagado momentáneamente dando como resultado
esta tragedia”.
Con esto, es claro que en el informe final de la
Aeronáutica Civil se acudió a la opinión de técnicos, con lo
que le quedaba muy difícil al Tribunal argumentar en
contrario, como en efecto lo hizo.
7. Las recomendaciones a la sociedad AEXPA S.A.,
consistentes en: “… Fijar en el MGO en cumplimiento del
manual de vuelo los procedimientos a seguir en caso de
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presencia de agua en los tanques durante el drenaje en el
primer vuelo del día y posterior a cada tanqueo [y] Efectuar la
revisión a todas las tapas de llenado de los tanques de las
aeronaves para establecer su condición y sello hermético”, le
imponían al Tribunal “extremo sostén (sic)” en los
argumentos esgrimidos para desconocerlas.
8. En cuanto a la trascendencia del ataque, debe decirse
que si el Tribunal hubiera dado plena validez probatoria al
informe técnico de la Aerocivil y a la póliza de seguros AVIA
1554, la sentencia hubiera desembocado en el
reconocimiento de la excepción de incumplimiento de
garantías, concretamente la que alegaba que la avioneta no
estaba en condiciones aeronavegables en el mismo momento
del despegue del municipio de Nuquí, debido a
contaminación del combustible con el agua.
TERCER CARGO
Por violación indirecta de los artículos 1061, 1089 y
1090 del Código de Comercio como consecuencia del error de
hecho manifiesto en la apreciación de la prueba documental
denominada “Informe definitivo de la aeronáutica civil, Unidad
Administrativa Especial, Secretaría de Seguridad Aérea,
Grupo Investigación de accidentes”; la póliza de seguro de
aviación AVIA 1554; y el reglamento aeronáutico colombiano.
Desarrolló el embate, así:
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
21
1. En la póliza se pactó que, previo al pago de cualquier
indemnización,
“2. El asegurado deberá cumplir con todas las normas de
aeronavegación y los requisitos de aeronavegabilidad exigidos por
las autoridades competentes que afecten la operación segura de
la aeronave y deberá garantizar que: (b) todos los libros y demás
registros relacionados con la Aeronave, requeridos por las
regulaciones oficiales vigentes, se mantengan actualizadas y se
pongan a disposición de los Aseguradores o de sus Agentes
cuando así se solicite”.
2. En el informe de la Aeronáutica se dejó señalado, a
mano alzada, que
“… Habiéndose presentado agua en el tanque izquierdo antes del
primer vuelo de ese día y ante lo cual se produjo el drenaje de la
misma, esta situación no fue reportada por la tripulación que
entregó la aeronave a la tripulación entrante”.
3. Esa irregularidad constituye una grave infracción a
la Parte IV del Reglamento Aeronáutico Colombiano, que en
los numerales:
4.2.2.2. a), dispone que “ninguna persona puede operar
una aeronave civil a menos que dentro de la misma se
encuentre (…) libro de a bordo, en el cual el piloto debe hacer
anotaciones o reportes de mal funcionamiento durante el vuelo
de la aeronave”.
4.5.10.2 c), sobre libro de mantenimiento o bitácora,
prescribe que este debe contener: “11. Reporte de fallas o
discrepancias técnicas, incidentes técnicos, observaciones,
etc”.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
22
4.14.1.11.1 señala que “el libro de vuelo deberá contener
los espacios correspondientes para insertar […] j) incidentes y
observaciones en caso de haberlos”.
Y 4.18.7.1 indica que “El piloto al mando debe
asegurarse que todas las irregularidades mecánicas que
ocurran durante el tiempo de vuelo sean anotadas en el libro
de mantenimiento de la aeronave al final de ese vuelo. Antes
de cada vuelo el piloto al mando debe asegurarse de que cada
irregularidad anotada en el libro al final del vuelo anterior
debe ser corregida”.
4. Esta infracción conllevó al incumplimiento de la
garantía pactada en la póliza, según la cual, el asegurado se
obligaba a mantener actualizados los mencionados libros,
pese a lo cual, el Tribunal consideró que por el hecho de que
no se hubieran registrado en el libro de vuelo las anomalías
que presentó la aeronave, no podría darse por terminado el
contrato de seguro “porque finalmente en el transcurso del día
y tras varios itinerarios, la tripulación accidentada previo a
iniciar labores, realizó la revisión pertinente del vehículo y
efectuó pruebas con resultados satisfactorios…”.
5. Muy a pesar de que el libro de vuelo se incineró, lo
cierto es que a la llegada al aeropuerto de Pereira, la
tripulación entrante al revisarlo debió advertir la anomalía
técnica y reportarla a la aeronáutica civil en la investigación
del siniestro. Y, como así no se hizo, se incumplió la garantía.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
23
6. El error denunciado influye en las conclusiones del
Tribunal, porque de no haberse cometido, no se habría
considerado que no registrar las anomalías que presentó la
aeronave no daba píe para terminar el contrato de seguro,
independientemente de la revisión previa al vuelo.
CONSIDERACIONES
1. Marco normativo procesal para resolver el recurso
de casación
Preliminarmente debe señalarse que si bien el Código
General del Proceso entró en vigencia plena el 1º de enero de
2016, al presente recurso extraordinario no le es aplicable,
puesto que de acuerdo con la regla de tránsito legislativo
prevista en el numeral 5º de su artículo 625 ibídem, “… los
recursos interpuestos […] se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron”, y el que ahora ocupa la atención de
la Sala fue planteado el 30 de noviembre de 2015, esto es,
bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil.
2. Problema jurídico y esquema trazado para
resolverlo
Le corresponde a la Corte determinar si en verdad, como
lo afirma la recurrente en los cargos segundo y tercero, el
Tribunal incurrió en el error de hecho denunciado:
Que se hace recaer en tres pruebas: el “Informe
definitivo de la Aeronáutica Civil, Unidad Administrativa
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
24
Especial, Secretaría de Seguridad Aérea, Grupo Investigación
de accidentes”, realizado con ocasión del accidente aéreo
ocurrido el 28 de octubre de 2008; la póliza de seguro de
aviación AVIA 1554; y el Reglamento Aeronáutico
Colombiano (RAC), en los artículos puntualizados por la
impugnante.
Que se asegura, de un lado llevó a dicho juzgador a
desestimar que la causa probable del aludido insuceso fue la
contaminación del combustible con agua en uno de los
tanques de la aeronave; y del otro, le condujo a restarle
importancia a la omisión de la tripulación, consistente en no
relacionar en los libros de la aeronave, que en Quibdó, el día
del incidente y en horas de la mañana, drenó agua de los
tanques de combustible de la avioneta, previo al vuelo entre
esa ciudad y Pereira.
Y respecto del que se asevera que es trascendente, pues
de no haberse cometido, le hubiera permitido al fallador de
segundo grado reconocer el incumplimiento de dos de las
garantías de conducta a las que se comprometió en el
contrato de seguro el asegurado, y a cuya satisfacción quedó
supeditado el reconocimiento de cualquier indemnización
por parte de la aseguradora, esto es, “que la aeronave está en
condiciones de aeronavegabilidad al momento de iniciar el
vuelo”, y que “todos los libros y demás registros relacionados
con la aeronave, requeridos por las regulaciones oficiales
vigentes, se mantengan actualizados y se pongan a
disposición de los aseguradores o de sus agentes cuando así
se solicite”.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
25
De manera, entonces, que para dar respuesta al
problema jurídico planteado, la Corte abordará el estudio en
el siguiente orden: i) indicará, en compendio, en qué consiste
el error de hecho en la valoración de las pruebas, como
motivo de casación; ii) relacionará las pruebas sobre las que
se hace recaer el desatino fáctico denunciado; iii) recordará
el criterio sentado por esta Corporación en relación con las
garantías en el contrato de seguro; y por último, iv) analizará
el caso concreto, y extractará las conclusiones a las que haya
lugar.
3. El error de hecho en la valoración de las pruebas
En múltiples ocasiones ha destacado la Sala, que en la
determinación que el juzgador haga de la cuestión fáctica a fin
de subsumir la voluntad abstracta de la ley, es posible que
cometa errores en la apreciación de las pruebas, que cuando
son de hecho, se materializan en el evento en el que el fallador
cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio
de acreditación en el proceso, o cuando al existente le da una
“interpretación ostensiblemente contraria a su contenido”7.
Ahora bien, el error de hecho que posibilita el
rompimiento del fallo impugnado en casación, presupone
como requisitos que sea evidente y trascendente; lo primero
tiene que ver con su notoriedad y gravedad, esto es, que “a
simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni
raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulte
7 CSJ SC de 18 de mayo de 1983, GJ CLXXII, págs. 64 a 71.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
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absolutamente contrario a la evidencia del proceso”8; y lo
segundo, atañe a que haya sido determinante en el sentido de
la decisión confutada, “vale decir, en la medida que haya sido
determinante de la decisión final, en una relación necesaria
de causa a efecto”9.
En ese orden, es la voluntad del legislador y así lo ha
comprendido la jurisprudencia de la Corte, que en la tarea de
apreciación de las pruebas existe una discreta autonomía de
los jueces, la cual, solo puede ser reprochada en sede de
casación, si se está en presencia de yerros que cumplen con
las exigencias mencionadas.
Al respecto, útil resulta citar un fragmento de una
sentencia de la Corte sobre la autonomía de los juzgadores
para ponderar las pruebas, y las hipótesis en las que se
presenta desatino en esa tarea:
“Sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos, el juez goza de una
prudente autonomía para apreciar los medios probatorios y formar
su convencimiento en torno a los hechos debatidos en el proceso;
autonomía que, por regla general, es intocable en casación, a
menos que se demuestre la existencia de un error evidente y
trascendente.
“Luego, aun cuando las partes tengan unas legítimas y serias
expectativas de salir triunfantes en el juicio, con apoyo en
determinadas pruebas que consideran de capital importancia, el
juez no está obligado a seguir aquellos razonamientos o a
compartir su mismo grado de convicción frente al análisis de los
elementos materiales, sino que posee la prudente libertad para
escoger los medios que le reportan mayor persuasión en torno a la
verdad de los hechos que se debaten en el proceso; sin que a tal
facultad de valoración pueda considerársele, per se, violatoria de
8 GJ, CXLVIII, p. 54.
9 CSJ SC5186-2020
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la ley por incurrir en yerros fácticos.
“Obviamente que la selección de una particular probanza comporta
para el juez una carga argumentativa en virtud de la cual está
obligado a exponer las razones por las cuales ha preferido un
elemento de convicción por sobre los demás; por lo que esa libertad
no es absoluta sino relativa y se enmarca dentro de lo que se ha
denominado “discreta autonomía”, expresión con la cual se da a
entender que el juez, en tan delicada y trascendental materia, está
sujeto a la lógica, a la razón y a la realidad objetiva que emerge
del medio probatorio escogido.
“Desde esta perspectiva, si el fallador se funda en un medio
inverosímil, o lo pondera sin mayores reflexiones, o lo cercena o
desfigura para alterar su contenido, o lo hace decir lo que aquél no
expresa en realidad, esa valoración podrá ser combatida
eficazmente en casación, si se demuestra que mediante ella se
cometió un error trascendente que produjo una decisión contraria
a derecho”10.
4. Las pruebas sobre las que recae el error de hecho
Tal como se reseñó hace poco, tres son las pruebas que
se aducen como indebidamente apreciadas por parte del
Tribunal, cuyo contenido material a continuación se relaciona,
para facilitar el estudio respectivo:
4.1. “Informe Final” o “Informe técnico de accidente de
aviación con fines de prevención” realizado por el Grupo
Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, y que esta
autoridad remitió en CD al expediente11, en respuesta al oficio
que se le libró por parte del juzgado de conocimiento.
El informe empieza por advertir que “[d]e conformidad con
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) Parte Octava
y el Anexo 13 de OACI, ‘el único objetivo de las investigaciones
10 CSJ SC de 14 de diciembre de 2012, reiterada en CSJ SC de 9 de agosto de 2013, Rad. 1998-00729-
01.
11 Folio 1057 del c.1.
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de accidentes o incidentes será la prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es
determinar la culpa o la responsabilidad’”, y por ello, “el uso
que se haga de este informe final para cualquier propósito
distinto al de prevención de futuros accidentes o incidentes
aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones e interpretaciones erróneas”12.
Enseguida, en la introducción del “Informe técnico”, se
relacionaron los datos de la nave: matrícula (HK-2446), marca
(Piper), el propietario y explotador (Aeroexpreso del Pacífico
S.A.), el lugar (700 mts AL Sierra de SKMQ, Nuquí, Chocó), la
fecha (28 de octubre de 2008) y la hora del accidente (10:40
H.L.).
A continuación, se efectúa una “sinopsis” del accidente,
así:
“El día 28 de octubre de 2008, en la aeronave HK-2446 operada por
Aeroexpreso del Pacífico S.A. (AEXPA S.A.); se realizó el despegue
de Pereira inicialmente con destino a la población de Quibdó y
posterior Nuquí. De esta última población la aeronave despegó
aproximadamente 10:40 H.L. bajo reglas de vuelo visuales con
destino al aeropuerto de Quibdó con 05 pasajeros abordo.
Aproximadamente 10 segundos posteriores al despegue por la pista
23 y durante la subida del tren de aterrizaje; la tripulación
experimentó una pérdida de potencia en el motor izquierdo, la cual
fue identificada para la ejecución de los procedimientos sin
resultados positivos para la recuperación de la misma. De inmediato
la aeronave inició por efecto de la asimetría de potencia una
desviación hacia la izquierda de la trayectoria, pérdida de velocidad
y altura hasta llegar a la velocidad de pérdida e impactar con los
árboles en la zona (…) La configuración para el despegue (máximo
rendimiento con dos puntos de flaps) no permitió el vuelo monomotor
al presentarse la pérdida de potencia en el motor izquierdo y
estando la aeronave con velocidades por debajo de la mínima de
control como lo establece un caution en el manual de vuelo;
12 Folio 3 del informe, contenido en el CD aportado.
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produciéndose la pérdida de altura y velocidad causándose
finalmente el impacto con el terreno. La investigación determinó que
la pérdida de potencia del motor número uno (1), fue producida
probablemente por contaminación de combustible por filtración de
agua lluvia en el tanque izquierdo. “La aeronave sufrió destrucción
total causada tanto por el impacto como por el fuego desatado
posterior al mismo”13.
En el apartado de “Información adicional”, la
Aeronáutica Civil señala que
“El día 27 de octubre un día antes del accidente se cancelaron
algunos trayectos de vuelo ya que el tiempo local y en el área del
Chocó se encontraban muy deteriorados con presencia de lluvia.
La tripulación (diferente a aquella programada para el vuelo
Pereira-Quibdó-Nuquí-Quibdó del día siguiente cuando ocurrió el
accidente) de dicho día pernoctó en Quibdó al igual que la
aeronave, quedando esta última a la intemperie, soportando
fuertes lluvias durante la noche. Al siguiente día el copiloto realizó
el chequeo exterior detectando agua en el tanque del motor
izquierdo, drenándolo hasta cuando lo estimó conveniente.
Posteriormente, se decidió tanquear el avión con el combustible
suministrado por la empresa Energizar y se inició un vuelo de
pasajeros con destino a Pereira, donde por las malas condiciones
y lluvia se tuvo que dirigir al aeropuerto alterno en la ciudad de
Armenia. Posterior a este, se dirigió nuevamente a la ciudad de
Pereira, donde cambió la tripulación y embarcaron los pasajeros
con destino a Quibdó. El tanqueo de la mañana en Quibdó fue el
último abastecimiento que se realizó en la aeronave. Durante el
descenso cruzado por la población de Puerto Rico, el piloto sintió
unas vibraciones en el motor izquierdo, pero decidió continuar el
vuelo ya que estas fueron leves y no se volvieron a repetir”14.
Adentrado el informe en lo relativo a “los procedimientos
operacionales”, allí se indica que
“La tripulación accidentada recibió la aeronave en Pereira
aproximadamente a las 9:30 horas para iniciar con la
programación y proceder inicialmente hacia Quibdó. Habiéndose
presentado agua en el tanque izquierdo antes del primer vuelo de
ese día y ante lo cual se produjo el drenaje de la misma (esta
situación no fue reportada por la tripulación que entregó la
aeronave a la tripulación entrante); al llegar a Pereira, al momento
de recibir la aeronave; existe evidencia de que el copiloto drenó los
13 Folio 5 (mecánico) del informe.
14 Folio 13 mecánico del informe.
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tanques sin que haya certeza de la presencia de agua durante el
procedimiento. Igualmente no hay conocimiento del cumplimiento
de la verificación del drenaje de tanques como lo establece el
manual de vuelo en el numeral 8.21 fuel system literal (d) una vez
finalizado el tanqueo en Quibdó por parte de la primera tripulación.
Durante el vuelo en el trayecto Pereira-Quibdó, de acuerdo a
información suministrada por el piloto; durante el descenso,
experimentó una leve vibración del motor izquierdo, la cual
finalmente se corrigió y no se volvió a presentar. El trayecto
siguiente Quibdó-Nuquí, se desarrolló sin novedad. Para el
trayecto del accidente Nuquí-Quibdó, la aeronave fue cargada con
05 pasajeros y 50 libras de carga y luego de la inspección rutinaria
de vuelo continuado, la tripulación efectuó el taxeo para la pista
23 en donde estando en la cabecera efectuó pruebas de potencia
sin novedad alguna. Teniendo en cuenta los baches en la cabecera
05 y de acuerdo al manual de operación de la aeronave, la
tripulación planeó el despegue para ser efectuado con máximo
rendimiento, el cual corresponde al empleo de la máxima potencia
disponible estática y 25° de flaps (2 puntos). Las características
de este despegue y las precauciones a tener en cuenta no estaban
contempladas en el MGO de la empresa. Es importante aclarar que
si bien el despegue normal de la aeronave de acuerdo con las
condiciones de longitud del campo y ausencia de obstáculos para
el cruce del umbral contrario sobre 50 FT lo constituye el despegue
con los flaps en cero (0) grados; también en la sección cuatro
Procedimientos Normales del manual de vuelo se contempla la
posibilidad de realizar un despegue para campos cortos (short
field effort – máximo rendimiento) y donde se requiera del máximo
franqueamiento de obstáculos. Este último fue el seleccionado por
la tripulación en razón a las condiciones observadas (baches
cabecera 05), en ausencia de parámetros establecidos en el MGO
de la empresa y al estar constituido como un procedimiento
habitual para la operación en este tipo de campos. Las condiciones
del aeródromo y las características del mismo permitían realizar
un despegue normal con flaps cero (…) el cual no fue seleccionado
por la tripulación. La longitud de campo disponible era de 3.050
FT y ante lo cual se encuentra un remanente en longitud de un
tercio de pista. La tripulación observó el viento en calma para el
despegue (…) Una vez en el aire con ascenso positivo, el piloto
ordenó tren arriba y 5 a 10 segundos después ya sin pista
remanente el motor izquierdo perdió potencia. De inmediato el
piloto confirmó la selectora de combustible en ON y control
direccional de la aeronave con pedal derecho y timón de dirección;
sin embargo, la aeronave indica presión de combustible en cero (0)
e inicia un desplazamiento a la izquierda con pérdida de velocidad
y altura hasta activarse la alarma de pérdida y con velocidad por
debajo de 52 nudos se entorcha por la izquierda impactando los
árboles y finalmente produciéndose la destrucción e incendio de la
aeronave. Dentro del análisis operacional, es importante tener
presente la información plasmada en el numeral 1.18 (información
adicional) en donde se establece que el día 27 de octubre (un día
antes del accidente) se cancelaron algunos trayectos por
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condiciones meteorológicas adversas, pernoctando la aeronave en
Quibdó, soportando fuertes lluvias durante toda la noche. Al día
siguiente fue encontrada agua en el tanque del motor izquierdo el
cual fue drenado hasta estimarse conveniente, sin embargo, no se
puede descartar la posibilidad que residuos de agua sin drenar
hayan quedado en el tanque y que esta durante el despegue en
Nuquí con máxima potencia haya sido succionada por la bomba
mecánica y llevada al distribuidor y a los inyectores, produciendo
la pérdida de potencia del mismo. Posterior al accidente se
realizaron pruebas de combustible de los tanques donde se
abasteció la aeronave en Quibdó, arrojando resultados
satisfactorios (…) El despegue de máximo rendimiento como el
presentado en las condiciones expuestas, no ofrece parámetros
seguros de vuelo en ascenso en el segundo segmento en caso de
pérdida de potencia”15.
A continuación, pasa revista el informe sobre las
“condiciones meteorológicas”, el “control de tránsito aéreo”,
las “comunicaciones”, el “aeródromo”, el factor humano, los
mantenimientos, el rendimiento, el peso y balance, los
instrumentos y los sistemas de la aeronave, para indicar que,
todos ellos, “no tuvieron influencia en la ocurrencia del
presente accidente”. Fijada la atención en los “sistemas de la
aeronave”, allí se precisó que “tanto los motores como las
hélices fueron inspeccionadas post-accidente en un taller
autorizado, encontrando estos componentes sin aparentes
anomalías mecánicas para su normal operación. Por este
motivo y ante los antecedentes de presencia de agua en el
tanque izquierdo, se encuentra dicha condición como la que
produjo probablemente la pérdida de potencia en el
despegue”16.
Ya casi para finalizar, la experticia presenta las
siguientes conclusiones:
15 Folio 15, 16 y 17 del informe, según numeración mecánica.
16 Folios 18 y 19 del informe, según numeración mecánica.
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“El piloto contaba con aceptable experiencia tanto general como en
el equipo accidentado. El piloto contaba con escasa experiencia
tanto general como en el equipo. Sus chequeos de vuelo y
entrenamientos exigidos se encontraban vigentes.
“El vuelo se cumplía bajo las normas del plan de vuelo visual y se
desarrollaba bajo las normas establecidas.
“El control del tránsito aéreo y las ayudas para la navegación no
tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
“La aeronave cumplía con todo el mantenimiento preventivo y
programado ordenado por el fabricante.
“La inspección post-accidente efectuada a los motores y hélices no
evidenciaron ningún tipo de malfuncionamientos respectivamente.
“No se conoció de factores psico-físicos que hubiese afectado a la
tripulación antes o durante el vuelo para la ocurrencia del
accidente.
“El día 27 de octubre (un día antes del accidente) por condiciones
metereológicas adversas, la aeronave pernoctó en Quibdó,
soportando fuertes lluvias durante toda la noche.
“Al día siguiente, fue encontrada agua en el tanque del motor
izquierdo el cual fue drenado hasta estimarse conveniente.
“En el trayecto Pereira-Quibdó, durante el descenso la aeronave
experimentó una leve vibración del motor izquierdo, la cual durante
los ajustes de potencia para el aterrizaje finalmente se corrigió.
“El trayecto Quibdó-Nuquí, se desarrolló sin novedad.
“El despegue Nuquí-Quibdó fue planeado para ser efectuado de
máximo rendimiento (26° de flaps) por la pista 23, posterior a las
pruebas efectuadas en la cabecera con resultados satisfactorios.
“Residuos de agua sin drenar probablemente pudieron quedar en
el tanque de combustible izquierdo y durante el despegue en Nuquí
con máxima potencia fueron succionados por la bomba mecánica.
“Una vez en el aire, el piloto ordenó tren arriba y 5 a 10 segundos
después el motor izquierdo perdió potencia.
“La aeronave inició un desplazamiento a la izquierda, con pérdida
de velocidad y altura hasta activarse la alarma de pérdida al
encontrase con flaps en 25 grados y por debajo de la velocidad
mínima de control.
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“La aeronave impactó los árboles y finalmente el terreno
produciéndose la destrucción e incendio de la misma”.
Para terminar, la Aerocivil explicita que la causa del
accidente fue la “pérdida de control en vuelo posterior al despegue,
debida a la pérdida de potencia en el motor número uno, probablemente
por contaminación del combustible con agua”, y a manera de
“recomendaciones sobre seguridad”, a la Empresa AEXPA S.A. le
solicitó “realizar estudio de las condiciones de los aeródromos donde
opera y se establezcan mínimos de despegue para operación normal con
flaps cero grados, garantizando las capacidades de ascenso monomotor
fijando los parámetros en el respectivo MGO; fijar en el MGO en
cumplimiento del manual de vuelo los procedimientos a seguir en caso
de presencia de agua en los tanques durante el drenaje durante el primer
vuelo del día y posterior a cada tanqueo; reforzar en las escuelas de
tierra y cursos de repaso el estudio, uso e interpretación de las cartas de
rendimiento, limitaciones y manual de la aeronave en general; [y]
efectuar la revisión de todas las tapas de llenado de los tanques de la
aeronave para establecer su condición y sellado hermético”. A su
turno, se recomendó a la U.A.E. de la Aeronáutica Civil
“prohibir la operación de short fiel effort – máximo rendimiento, en los
vuelos comerciales de pasajeros y vuelos de aeronaves privadas que
operen en aeropuertos públicos, de las aeronaves PA-34 200T y aquellas
bimotores que contemplen en su operación transiciones en el despegue
por debajo de la Vmc y no ofrezcan parámetros de seguridad en el
ascenso monomotor”17.
El anterior, pues, es el contenido de la primera de las
pruebas que se aduce como indebidamente apreciadas por el
Tribunal.
17 Folios 22 y 23 del informe, según numeración mecánica.
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4.2. Póliza de aviación AVIA 1554 con vigencia
“18,09,2008 – 17,09,2009”, expedida por la compañía
Colseguros, respecto de varias aeronaves, entre ellas, la de
matrícula HK-2446, siendo asegurada Aeroexpreso del
Pacífico AEXPA S.A.18.
El seguro cubre, de acuerdo con las condiciones
generales relacionadas, “pérdida o daño a aeronaves”,
“responsabilidad pasajeros”, “responsabilidad civil a terceros
(diferentes a pasajeros)” y “responsabilidad pasajeros”.
En la Sección IV, literal B de la póliza, se incluyen las
“CONDICIONES PRECEDENTES APLICABLES A TODAS
LAS SECCIONES”, bajo cuyo título se explica que
“Es necesario que el Asegurado observe y cumpla las siguientes
condiciones antes de que los Aseguradores estén obligados a
hacer algún pago bajo esta póliza:
“1. En todo momento el Asegurado deberá hacer todo lo que esté a
su alcance y cooperar con todo lo que sea razonablemente
practicable para evitar accidentes y evitar o disminuir las
pérdidas.
“2. El asegurado deberá cumplir con todas las normas de
aeronavegación y los requisitos de aeronavegabilidad emitidos por
las autoridades competentes que afecten la operación segura de
la aeronave y deberá garantizar que:
“(a) la aeronave está en condiciones de aeronavegabilidad al
momento de iniciar cada vuelo;
“(b) todos los libros y demás registros relacionados con la
Aeronave, requeridos por las regulaciones oficiales vigentes, se
mantengan actualizados y se pongan a disposición de los
Aseguradores o de sus Agentes cuando así se solicite”.
18 Folios 900 a 917 del c. 1.
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35
El que acaba de efectuarse es, en consecuencia, el
contenido materia de la segunda prueba respecto de la que
se asevera indebida ponderación por parte del juzgador de
segunda instancia.
4.3. Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia,
también conocidos por sus siglas RAC, se aportaron al
proceso en un CD (documento)19, y los preceptos que de estos
son citados en el tercer cargo, corresponden al RAC 4, que
atañe a las “Normas de Aeronavegabilidad y Operación de
Aeronaves”, y que, por lo demás, fue adoptado mediante la
Resolución N° 02450 del 19 de Diciembre de 1974, publicada
en el Diario Oficial Número 34.400 del 16 de Septiembre de
1975.
En concreto, las normas que de ese Reglamento se
señalan como infringidas son:
“4.2.2.2. AERONAVES CIVILES: CERTIFICACIONES
REQUERIDAS
“a) Ninguna persona puede operar una aeronave civil a menos que
dentro de la misma se encuentre:
“(…)
“4. Libro de a bordo. En el cual el piloto debe hacer anotaciones o
reportes de mal funcionamiento durante el vuelo de la aeronave.
“Este libro puede ser libro de vuelo o mantenimiento (bitácora)”.
“4.5.10.2. Libro de mantenimiento (bitácora) aeronave
“c) El libro o bitácora de mantenimiento deberá tener la siguiente
información:
“11. Reporte de fallas o discrepancias técnicas, incidentes
técnicos, observaciones etc.”.
“4.14.1.11.1. Libro de vuelo (Diario de a bordo). El libro de vuelo
que debe llevar a bordo toda aeronave conforme al numeral
anterior, deberá estar autorizado por la UAEAC, debidamente
foliado, con un diseño de hojas de seguridad no intercambiables,
19 Folio 1057 del c. 2.
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36
marcado en sus pastas con las marcas de nacionalidad y
matrícula de la aeronave. El libro deberá contener los espacios
correspondientes para insertar los siguientes datos:
“(…)
“j. Incidentes y observaciones en caso de haberlas”.
“4.18.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL OPERACIONAL
“(…)
“4.18.1.10. El piloto al mando tendrá la obligación de notificar al
operador, todos los defectos que note que existen en el avión”.
“4.18.1.11. El piloto al mando será el responsable del
diligenciamiento en forma correcta de los libros de a bordo.
“4.18.1.12. El piloto al mando será el responsable de verificar que
el avión se encuentre en condiciones aeronavegables de acuerdo a
su respectivo MEL y en concordancia con el CDL”.
“4.18.7.1. Reporte de Irregularidades Mecánicas El piloto al
mando se debe asegurar que todas las irregularidades mecánicas
que ocurran durante el tiempo de vuelo sean anotadas en el libro
de mantenimiento de la aeronave al final de ese vuelo. Antes de
cada vuelo el piloto al mando debe asegurarse de que cada
irregularidad anotada en el libro al final del vuelo anterior fue
corregida”.
Hasta acá los preceptos del RAC, que se relacionan
como infringidos.
5. El régimen de garantías en el contrato de seguro
Los cargos que ocupan la atención de la Corte se
centran en la indebida valoración de ciertas pruebas que,
según la recurrente, de haber sido apreciadas debidamente,
habrían llevado a concluir el incumplimiento del asegurado
de las garantías de conducta a las que se comprometió
satisfacer en el contrato de seguro ajustado.
Por tal motivo es que ahora se hace preciso recordar
algunos aspectos relacionados con las garantías en el
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
37
contrato de seguro, cuyo régimen parte de lo preceptuado en
los artículos 1061 y 1062 del Código de Comercio, que en su
orden establecen:
“Art. 1061. Definición de garantía. Se entenderá por garantía la
promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no
determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante
la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de
hecho. La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos
accesorios a ella. Podrá expresarse en cualquier forma que indique
la intención inequívoca de otorgarla. La garantía, sea o no
sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estrictamente. En
caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se
refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el
asegurador podrá darlo por terminado desde el momento de la
infracción.
“Art. 1062. Excusa de no cumplimiento de la garantía. Se excusará
el no cumplimiento de la garantía cuando, por virtud del cambio de
circunstancias, ella ha dejado de ser aplicable al contrato, o
cuando su cumplimiento ha llegado a significar violación de una
ley posterior a la celebración del contrato”.
En torno a esos preceptos, y al origen, propósito y
régimen de las garantías pactadas en los contratos de seguro,
la Corte ya ha tenido la oportunidad de señalar pautas
claras, en el siguiente sentido:
“9. La garantía -entendida en su estructura medular
preponderantemente como promesa del candidato a tomador-, en
un todo de acuerdo con la regulación actualmente vigente, fruto de
las deliberaciones anteriormente referidas, reviste pues varias
características capitales, sin perjuicio de otras, por de pronto, de
menor rango:
“9.1. Está concebida y definida, primigeniamente, se itera, como
una arquetípica ‘promesa’ (…), a diferencia de lo establecido en
otros países inscritos en el sistema del Common Law –más proclive
a esta figura, no muy socorrida, es cierto, en el derecho
continental- en los que se considera una condición (…), aspecto que
en el plano jurídico, es de importancia, pues si fuera lo segundo,
su incumplimiento no daría lugar al nacimiento o floración de la
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
38
obligación a cargo del asegurador y el beneficiario,
correlativamente, no podría reclamar la prestación asegurada,
pues no tendría derecho para hacerlo, por sustracción de materia
(ens real) y sabido es que el débito (deber de prestación) si puede
irrumpir, independientemente que, a posteriori, el asegurador
pueda dar por terminado el negocio jurídico, como expresamente
lo señala el artículo 1061 del Código de Comercio. Siendo como es,
una ‘promesa’ (promissus), su infracción no tiene la fuerza
intrínseca de impedir el nacimiento del derecho a la indemnización
(carácter o naturaleza impeditiva), si se realiza el riesgo
amparado, en desarrollo del contrato respectivo.
“El artículo 1061 del Código de Comercio, abarca dos diferentes
tipos –o tipologías- de garantías que la doctrina (…), comúnmente,
denomina: de conducta, en virtud de la cual el asegurado –mejor
el tomador- se obliga a hacer o no determinada cosa, y afirmativas,
vale decir, las que conciernen a una declaración –de conocimiento
o de ciencia- mediante la cual se afirma o niega una concreta
situación de hecho (factum).
“9.2. Debe constar por escrito, bien en la póliza extendida por el
asegurador, o en los documentos accesorios a ella (art. 1048, C.
de Co.).
“9.3. Puede expresarse en cualquier forma que indique el
propósito manifiesto, amén de fidedigno de otorgarla, ‘… vale
decir, que debe pactarse de tal manera que, según lo define el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ‘no admita duda’,
ni se preste a equívocos’ (Sentencia de 19 de noviembre de 2001,
Exp. 5978; Vid. en el mismo sentido, Sentencia de 14 de diciembre
de 2001, Exp. 6230).
“Ello significa que el lenguaje usado por los contratantes debe ser
lo suficientemente claro y explícito, para deducir, atendida la
naturaleza del riesgo, que determinada declaración del
asegurado, o conducta futura (positiva o negativa), ha sido dada o
asumida en forma inequívoca, como garantía a favor del
asegurador.
“9.4. Puede ser sustancial o insustancial respecto del riesgo
asegurado, dependiendo de los términos en que haya sido
acordada por las partes. En desarrollo del principio de
interpretación consagrado en el artículo 28 del Código Civil, las
palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio,
luego, el adjetivo ‘sustancial’, utilizado por el legislador en el
artículo 1061 del Código, significa ‘que constituye lo esencial o
más importante de algo’ (…).
“Así, la garantía será sustancial al riesgo si se exige como
presupuesto determinante -o basilar- de la asunción de éste por
parte del asegurador e, insustancial en caso contrario, en el que
podría exigirse, entre otros cometidos, con la confesada y precisa
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
39
misión de preservar el equilibrio técnico que, respecto de la relación
aseguraticia, en línea de principio rector, debe existir entre el
riesgo y la prima, sin que por ello esta exigencia se torne anodina
o estéril, como quiera que la ausencia de sustancialidad, de plano,
no quiere denotar trivialidad o nimiedad, expresiones de suyo
divergentes.
“En todo caso, sea o no sustancial, stricto sensu, el asegurador al
redactar o concebir los términos de la estipulación de garantía a la
que posteriormente adhiere el tomador, debe obrar con sumo
cuidado y prudencia, con el fin de que su alcance y contenido, en
manera alguna, lesione el acerado postulado de la lealtad
contractual (correttezza) o genere un desarreglo significativo en
torno a los derechos y obligaciones que surgen para las partes en
virtud de la celebración del contrato, porque en tales eventos, como
se anticipó, la cláusula contentiva de dicha promesa podría
tornarse abusiva, en contravía del postulado de la buena fe –
objetiva- y, claro está, del ordenamiento jurídico, y de la
jurisprudencia que, con ahínco, propenden por su destierro, por
entenderla contraria a la ‘justicia contractual’ –en su genuino
sentido- y, de paso, transgresora de caros derechos, dignos de
tutela, en sede judicial.
“(…)
“9.5. Sea o no sustancial, en los términos ya reseñados, debe
tener o guardar –alguna- relación con el riesgo (…) , esto es, con el
suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del
tomador, asegurado o beneficiario (artículo 1054 del Código de
Comercio), que es asumido por el asegurador, a voces del artículo
1037 del estatuto mercantil, puesto que de lo contrario, ello se
prestaría para la incubación de abusos y conflictos que, al
unísono, eclipsarían la teleología bienhechora de la institución del
seguro. Sobre el particular, está de acuerdo la communis opinio
patria (…). Tanto es así que el artículo en comentario, al proclamar
la sustancialidad o insustancialidad, lo hace de cara al riesgo,
como quiera que éste es el punto de referencia empleado por el
legislador vernáculo –en lo pertinente-, lo que denota, entonces,
que en cualquiera de los prenotados supuestos, incluso el de la
insustancialidad, el riesgo debe hacer presencia, así sea
moderada o sutilmente.
“Y es que ciertamente no puede concebirse en el contrato de
seguro, in toto, una desconexión plena o absoluta entre la garantía
y el riesgo, pues aquella puede ser o determinante en la asunción
de aquel por parte del asegurador, o bien servir para el
mantenimiento cabal del equilibrio técnico, a la par que de la
ecuación: riesgo-prima.
“(…)
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
40
“9.6. Por último, ella debe cumplirse estrictamente. En la
Exposición de Motivos del proyecto de 1958, la Comisión redactora
claramente expresó que ‘[l]a garantía sea o no sustancial al riesgo,
ha de ser objeto de cumplimiento estricto. La declaración debe ser
substancialmente exacta. No siéndolo se afecta la validez misma
del contrato. Esto que se predica de la celebración del contrato vale
también respecto de su ejecución. El no cumplimiento de la
garantía, aunque no sea substancial al riesgo, significa
terminación del contrato
, por constituir infracción de las
obligaciones o cargas que él origina’ (se subraya, op. cit., pág.
562)”20.
Ahora bien, en cuanto atañe al incumplimiento de la
garantía en la fase de ejecución del contrato de seguro, ello
trae como corolario, la facultad para la aseguradora de
terminarlo unilateralmente, y la restricción para que el
asegurado obtenga la indemnización de perjuicios causada
con el siniestro.
Por lo mismo, puesta la Corte en el análisis del
incumplimiento de una garantía y de las secuelas del mismo,
ha dicho que
“Desde esta perspectiva, cuando la garantía consiste en un hecho
posterior al contrato de seguro, su inobservancia otorga el derecho
a terminarlo desde la contravención. El seguro, no termina de
suyo, por sí y ante sí, sino por decisión unilateral de la
aseguradora, facultad que puede ejercer o no. Sin embargo,
incumplida la garantía, desde luego, se incumple el contrato, y
esta conducta genera consecuencias a la parte incumplida, según
entendió con acierto el ad-quem. En particular, no puede
pretenderse indemnización alguna por el siniestro ocurrido
durante o por causa del incumplimiento de las obligaciones
adquiridas en virtud del seguro. De este modo, la inobservancia de
la garantía concede derecho al asegurador para terminar el
contrato por decisión suya, y también al margen de esta
posibilidad, desencadena efectos nocivos al incumplimiento”21.
20 CSJ SC de 30 de septiembre de 2002, Exp. 4799, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2008,
Rad. 2000-00075-01.
21 CSJ SC de 27 de febrero de 2012, Rad. 2003-14027-01.
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41
La breve reseña del régimen de garantías en el contrato
de seguro sirve, entonces, como abrebocas al estudio
concreto del par de embates aceptados por la Sala.
6. El caso concreto
6.1. Exhaustivamente se ha señalado en la doctrina de
la Corte, que los ataques propuestos con fundamento en la
causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento
Civil, deben contener una censura simétrica, coherente y
completa con relación a los argumentos de la sentencia
impugnada, de forma tal que con su proposición resulten
desvirtuados todos ellos.
Por lo mismo, se tiene que la correspondencia entre las
consideraciones que apoyan la sentencia cuestionada, y las
específicas falencias que por la indicada vía se denuncian en
sede de casación, presupone dos exigencias concretas, a
saber: la completitud del cargo, que traduce la necesidad de
que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares
esgrimidos por el juzgador de instancia; y el adecuado enfoque
de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos
motivos que soporten el proveído generador de la
inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal carácter,
surgidos de su inadecuada comprensión por parte del
recurrente o de la inventiva de éste.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
42
En relación con lo anterior, la Corte ha ilustrado,
expresamente, en una de sus sentencias, que
“Habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y
restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el
cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial,
se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar
acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere
significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas
o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a
él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la
sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva;
y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar
dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la
sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a
cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere
podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no
podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (…). En
pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368
del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente
enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir
directamente la totalidad de los auténticos argumentos que
respaldan la decisión combatida”22
Pues bien, a la vista de la doctrina mencionada, es
preciso empezar por decir que la censura que incorpora el
“segundo cargo”, compendiado atrás, acusa un defecto
técnico insuperable, como es su incompletitud, ya que no
ataca todos los pilares en los que se ancla el fallo fustigado,
lo que le convierte en inidóneo para lograr el rompimiento o
quiebre del mismo.
En efecto, la apelación que frente a la sentencia de
primera instancia interpuso la demandada Colseguros S.A.,
fracasó porque el Tribunal, en sus consideraciones, estimó
que
22 CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se subraya.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
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(i) No había prueba de que el piloto o copiloto de la
aeronave accidentada hubieran soslayado los controles
necesarios para emprender el vuelo final;
(ii) El motor izquierdo se drenó (en dos oportunidades)
hasta estimarse conveniente;
(iii) La irregularidad del vuelo entre Pereira y Quibdó
(movimiento en el descenso) se corrigió en el mismo y no se
volvió a presentar en el siguiente entre Quibdó y Nuquí; y
(iv) El aparato cumplía con los mantenimientos
preventivos, se encontraba dentro de los límites de peso y
balance, y se realizaron las gestiones en cada trayecto para
emprender la marcha.
Pero también, y ello sirvió como fundamento toral para
desestimar la alzada de la aseguradora, el juzgador de
segunda instancia razonó que al margen de las anteriores
consideraciones, e incluso aceptando que el accidente
tuvo como causa los residuos de agua sin drenar, lo cierto
es que la ocurrencia de este último hecho no desencadenaba
la
terminación del contrato
de seguro al no haber sido
contemplado como exclusión.
El texto pertinente que da cuenta de lo anterior, al pie
de la letra reza:
“Entonces, pese a los esfuerzos de la tripulación, y de aceptar la
hipótesis que se plantea respecto a que el accidente tuvo como
causa que ‘residuos de agua sin drenar probablemente pudieron
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
44
quedar en el tanque de combustible izquierdo y durante el
despegue en Nuquí con máxima potencia fueron succionados por
la bomba mecánica’; lo cierto es que la ocurrencia de ese hecho no
desencadenaba la
terminación del contrato
de seguro contratado
por Aeroexpreso del Pacífico S.A. -AEXPA-, como quiera que esa
situación o evento en particular, no fue contemplado como
exclusión al amparo concertado…”.
El anterior orden de cosas evidencia que la acusación
examinada no reparó en un segmento importante de las
consideraciones del Tribunal para despachar
desfavorablemente la apelación de la compañía de seguros,
esto es, las concernientes a que el inconveniente presentado
por el agua en uno de los motores no fue contemplado como
“exclusión” en la póliza respectiva, las cuales, más allá de
la eventual crítica jurídica que pudiera hacérseles, al
mantenerse enhiestas por ausencia de ataque puntual,
continúan prestando suficiente apoyo a la decisión
confirmatoria adoptada por el ad-quem, pues, como lo ha
señalado una y otra vez esta Corporación, “[n]o es suficiente,
entonces, con denunciar que el Tribunal incurrió en
equivocaciones, sino que debe existir un ataque a todos los
argumentos de la sentencia, de suerte que, en caso de prosperar,
ésta se quiebre por falta de apoyadura. (…). El ataque realizado
a espaldas de este requisito está condenado al fracaso, por
cuanto carecería de la vocación de invalidar el proveído
cuestionado, pues aún de admitirse el defecto, la decisión se
mantendría incólume, por descansar sobre las premisas no
cuestionadas”23.
23 CSJ, SC 1916 del 31 de mayo de 2018, Rad. n.° 2005-00346-01.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
45
Ahora bien, el que en el “segundo cargo” se hubiera
planteado el desconocimiento, por parte del ad-quem, del texto
de la póliza que consagró la garantía de conducta para el
asegurado, consistente en “garantizar que a) la aeronave está en
condiciones de aeronavegabilidad al momento de iniciar el
vuelo”; no puede asumirse como un embate frontal contra la
precitada argumentación esencial, porque, se insiste, para el
fallo confutado, los residuos de agua sin drenar no fueron un
riesgo “excluido” del contrato, y por ello, debía ser asumido por
Colseguros S.A.
Es decir, que desde la óptica en la que el Tribunal se
aproximó a la falta de drenaje de agua en el motor como causa
del accidente aéreo (posible exclusión en la póliza), ningún
reproche mostró el casacionista, como para evidenciar algún
desatino, y el quiebre del fallo a consecuencia de este.
6.2. Es pacífico en la doctrina de la Corte, que el error de
hecho que como motivo de casación prevé el inciso segundo,
numeral primero, del artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la
prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis
el juzgador que encuentra un medio inexistente o distorsiona
el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en
la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o
lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad,
asignarle una significación contraria o diversa24.
24 CSJ SC de 21 feb. 2012, rad. Nº 2004-00649, reiterada SC de 24 jul. 2012, rad. Nº 2005-00595-01.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
46
Por lo tanto, con sustento en esa premisa y en relación
a lo que el “tercer cargo” censura, se advierte por la Corte
lo siguiente:
El Tribunal en su sentencia dictada en segunda
instancia dentro de este proceso, reconoció, de un lado, que
en la póliza aportada se estableció como regla de conducta
para el asegurado, garantizar que “(b) todos los libros y demás
registros relacionados con la Aeronave, requeridos por las
regulaciones oficiales vigentes, se mantengan actualizados y
se pongan a disposición de los Aseguradores o de sus Agentes
cuando así se solicite”, y del otro, que no se registró en “el
libro de vuelos” la anomalía que en Quibdó presentó la
aeronave, consistente en la presencia de agua en uno de los
tanques.
En esa medida, si el anotado es el contenido material de
la póliza y del informe final sobre accidente aéreo elaborado
a instancia de la Aeronáutica Civil, no hay manera de
predicar en la providencia acusada yerro fáctico, como se
afirma en el tercer cargo, porque en verdad que el juzgador
colegiado no se apartó de lo que objetivamente dicen tales
medios de persuasión, para llegar a la conclusión presentada
respecto de los “libros de vuelo”, valga anotar, que la falta de
registro de la anomalía ocurrida en uno de los tanques no
podía dar lugar a la finalización del contrato de seguro, por
cuanto la tripulación realizó la revisión del aparato con
resultados satisfactorios.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
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Ahora bien, asunto muy diferente es cuestionar la
interpretación de la consecuencia jurídica de no llevar
adelante el registro de una “anomalía” como la mencionada
en uno de los tanques de la aeronave accidentada, a la luz
del precitado segmento de la póliza, de lo previsto en el
artículo 1061 del Código de Comercio, y de los preceptos
pertinentes de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC), pues, ese es un asunto de puro derecho, ajeno a la
violación indirecta de la ley sustancial por errores en la
apreciación de las pruebas, y que por lo mismo, debió
plantearse adecuadamente por la senda de la vía directa de
la causal primera del artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil.
En efecto, en consideraciones expuestas en relación con
la hermenéutica de cláusulas contractuales, que aplican a
este asunto, ha señalado esta Corporación, que
“[L]a interpretación de los contratos ‘constituye una cuestión
de derecho cuando las partes, hallándose conformes sobre
el sentido de los documentos y demás pruebas aportadas en
lo concerniente a las estipulaciones materia de debate,
disienten sobre la calificación legal y sus efectos jurídicos.
Trátase entonces de una cuestión esencialmente jurídica, a
saber: la aplicación de la ley a las estipulaciones
contractuales cuya demostración aparece en el juicio’. Por
esto, la interpretación de un contrato puede aducirse como
motivo de casación no sólo ‘cuando…ha sido consecuencia
de un evidente y flagrante error de hecho o de un error de
derecho, en la apreciación de las pruebas concernientes al
negocio jurídico’, sino ‘cuando el sentenciador ha violado las
normas sustantivas en la calificación jurídica de la
convención o en la determinación de sus efectos’ (sentencias
de 24 de marzo de 1955, LXXIX, 796-797), que son los
eventos en los que, en palabras de la Sala, se configuraría
un ‘error jurídico’ (sentencia de 23 de febrero de 1961, XCIV-
549), esto es, ‘cuando hay violación directa de la ley del
contrato frente a los preceptos que regulan su naturaleza y
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efectos’ y ‘cuando la infracción se produce por consecuencia
del quebranto de las normas de hermenéutica
contractual’”25.
6.3. Además de las razones expuestas, suficientes
para desestimar los dos cargos analizados, cumple
señalar lo siguiente:
6.3.1. El “Informe Final” realizado por el Grupo
Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, es un
documento que “[d]e conformidad con los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de
OACI (Convenio de Aviación Civil Internacional”, tiene como
“único objetivo […] la prevención de futuros accidentes o
incidentes” y no “determinar la culpa o la responsabilidad”, se
entiende, de la compañía transportadora, de la tripulación, o
de cualquier otro tercero relacionado con la operación de la
aeronave siniestrada.
Por lo tanto, con esa prevención incorporada en los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y en el Anexo 13 de
un tratado internacional suscrito por este país26, es que en el
examen de tan singular prueba que está destinada, por ley27 y
reglamentos, cardinalmente a prevenir futuros accidentes por
similares hechos, no es posible, sin el cuidado pertinente y con
la crítica necesaria, asumir como ciertas y definitivas
conclusiones a las que haya llegado la autoridad aeronáutica
25 CSJ SC de 23 de abril de 2002, Rad. 5998.
26 Ley 12 de 1947, “Por la cual se aprueba la Convención sobre Aviación Civil Internacional, firmada
en chicago el 7 de diciembre de 1944”.
27 De acuerdo con el artículo 1847 del Código de Comercio, “Todo accidente de aviación deberá ser
investigado por la autoridad aeronáutica, con el objeto de determinar sus causas probables y la
adopción de las medidas tendientes a evitar su repetición”.
Radicación n.° 11001-31-03-044-2011-00465-01
49
en el trabajo final sobre la investigación cursada por el
insuceso aéreo, o hacer uso directo de declaraciones o
documentos que hubiesen servido para adelantar dicha
investigación de orden administrativo y no judicial.
Por eso mismo, la jurisprudencia vertida en otra sede
jurisdiccional ha indicado que
“El informe final rendido luego de la investigación llevada a cabo
por la Aeronáutica Civil, no está amparado por intangibilidad
alguna ni constituye excepción al régimen general de la prueba.
Por consiguiente, su valoración está sometida al principio general
de la sana crítica, cometido en el cual se debe tener en
consideración su firmeza, su precisión, la calidad de sus
fundamentos, así como su relación de concordancia con las otras
pruebas que obren legalmente en el proceso”28.
En ese contexto, ninguna recriminación cabe hacerle al
Tribunal por haberse adentrado en el examen crítico de las
circunstancias que precedieron al fatídico vuelo, programado
entre Nuquí y Quibdó, y tampoco por no haber deducido que
el aparato no estaba en condiciones de emprender vuelo, más
aún cuando, la conclusión del “informe final” determinó
solamente una causa probable y no certera del accidente, al
decir, textualmente, que el siniestro se dio por la “pérdida de
control en vuelo posterior al despegue, debida a la pérdida de potencia
en el motor número uno, probablemente por contaminación del
combustible con agua” (resaltado fuera del texto original).
Por lo demás, si se repasa con el debido cuidado el
“informe final” que elaboró la Aeronáutica Civil respecto del
accidente en cuestión, no se advierte al rompe que las
inferencias del Tribunal acusen contraevidencia, puesto que:
28 Sentencia del Consejo de Estado de 1º de abril de 1993, Exp. 1934.
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50
(i) Considerar que el drenaje de la aeronave fue o
resultó conveniente, no es desde el punto de vista de lo
gramatical o de lo lógico una inferencia descartable, dado
que, se repite, la conclusión del Tribunal se dio en el marco
de lo probable y no de lo certero, y bajo el presupuesto de que
el dictamen no señaló, en realidad, cuál fue el volumen del
agua succionada, y cuál el parámetro para estimarlo como
correcto, adecuado o conveniente.
(ii) Además, nada puede objetarse a esa Corporación
en relación a que la máquina funcionó normalmente, sin
mayores contratiempos en los vuelos que siguieron a la
extracción de agua (Quibdó-Pereira, Pereira Quibdó, y
Quibdó-Nuquí), porque así se registró en la experticia
arrimada, luego nada hubo de desatinado en inferir, como lo
hizo el ad-quem, que en esas condiciones la aeronave estuvo
en estado de aeronavegabilidad, más aún cuando esta estaba
en regla con las revisiones exigidas por la autoridad
aeronáutica.
(iii) Por lo anterior, resulta igualmente intrascendente la
eventual equivocación del Tribunal en la apreciación de las
veces que se hizo el drenaje de la aeronave, pues estimándose
conveniente la primera y única en Quibdó, así como
satisfactorios los tres vuelos efectuados luego de ella, la
deducción de que la nave era aeronavegable asumida por esa
Corporación, sigue soportándose.
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(iv) Y en cuanto al señalamiento del Tribunal de que
previo al desafortunado despegue la aeronave fue materia de
revisión por la tripulación a cargo, nada se puede reprochar
desde la perspectiva de lo fáctico, porque eso, precisamente,
lo evidencia el propio informe definitivo, al decir,
textualmente, que
“Para el trayecto del accidente Nuquí-Quibdó, la aeronave fue
cargada con 05 pasajeros y 50 libras de carga y luego de la
inspección rutinaria de vuelo continuado, la tripulación efectuó el
taxeo para la pista 23 en donde estando en la cabecera efectuó
pruebas de potencia sin novedad alguna. Teniendo en cuenta los
baches en la cabecera 05 y de acuerdo al manual de operación de
la aeronave, la tripulación planeó el despegue para ser efectuado
con máximo rendimiento, el cual corresponde al empleo de la
máxima potencia disponible estática y 25° de flaps (2 puntos)”.
7. Conclusión
En definitiva, por todas las razones expuestas,
principalmente de técnica, los dos cargos escrutados están
signados por el fracaso, y como consecuencia, no se romperá
el fallo impugnado, y se impondrán costas para la parte
recurrente, a favor de los demandantes, que son los
opositores en esta sede.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia del proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
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dentro del juicio ordinario que se dejó plenamente identificado
al inicio de esta providencia.
Costas en casación, a cargo de la parte recurrente. Como
la demanda con la que se sustentó la impugnación, fue
replicada oportunamente, se fijan como agencias en derecho
la suma de $6.000.000.oo. La Secretaría de la Sala practique
la correspondiente liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Ausencia Justificada
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Francisco Ternera Barrios
Alvaro Fernando Garcia Restrepo
Hilda Gonzalez Neira
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Luis Armando Tolosa Villabona
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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