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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC-3978-2022
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
(Aprobada en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación formulado por la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. en posición propia contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Civil, de 11 de septiembre de 2019, en el
proceso que promovió Inversiones Cascabeles S.A.S., Polar
S.A.S. y De Raíz S.A.S. contra la recurrente, Andres Fajardo
Valderrama, Fajardo Williamson S.A., Promotora Soler
Gardens S.A. y el Patrimonio Autónomo denominado
Sociedad Fideicomiso Soler Gardens.
ANTECEDENTES
1.- De manera principal solicitaron los actores (fls. 268
a 272 C.1) declarar que los demandados: (i) Andres Fajardo
Valderrama «en su calidad de FIDEICOMITENTE INICIAL y
actual GERENTE del proyecto»; (ii) Fajardo Williamson S.A. en
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su condición de «FIDEICOMITENTE INICIAL y actual
CONSTRUCTOR del proyecto»; iii) Promotora Soler Gardens
S.A. en su calidad de «FIDEICOMITENTE CESIONARIA y
PROMOTORA del proyecto» y iv) la Fiduciaria
Corficolombiana S.A. «como entidad FIDUCIARIA del proyecto
y VOCERA del Patrimonio Autónomo ‘FIDEICOMISO SOLER
GARDENS’» incumplieron de forma grave y determinante,
entre otras, las obligaciones principales de traditar o
transferir el dominio de los inmuebles comerciales ofrecidos
a los demandantes que correspondían a los números 107,
105 y 236, así como realizar diligentemente todos los actos
necesarios para la consecución del objeto fiduciario,
pactados en los contratos denominados «ENCARGO
FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO SOLER
GARDENS, PROMESA DE TRANSFERENCIA DEL DOMINIO A
TÍTULO DE RESTITUCIÓN DE BENEFICIO» y, por ende, son
solidariamente responsables.
1.1. Que en consecuencia se declare la resolución de los
encargos fiduciarios, las promesas de transferencia del
dominio a título de restitución de beneficio celebrados con
Inversiones Cascabeles S.A.S. y Polar S.A.S. respectivamente
y el Acuerdo Precontractual celebrado entre la Promotora
Soler Gardens S.A. y De Raíz S.A.S.
1.2. Que se condene solidariamente a los demandados
a pagar la indemnización total e integral de todos los
perjuicios a que haya lugar, que se tasan de la siguiente
manera, a favor de Inversiones Cascabeles S.A.S.
$782.955.591 por el local comercial 107; para De Raíz S.A.S.,
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$750.000.000 por concepto del local comercial 105 y para
Polar S.A.S. $188.323.096, $110.916.871 y $77.406.225 por
el local 236.
1.2.1. Disponer el pago de los intereses de mora a la
tasa comercial máxima legal vigente sobre cada uno de los
valores pagados por los actores desde la fecha que fueron
certificados por la Promotora Soler Gardens S.A. y/o la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. y hasta que se produzca la
restitución de tales montos, subsidiariamente la
actualización del capital cancelado desde la presentación de
la demanda y hasta que se profiera el fallo, y desde ahí los
respectivos intereses de mora.
1.2.2. Los deudores deberán pagar la
cláusula penal
contemplada en el contrato de encargo fiduciario de
vinculación al Fideicomiso Soler Gardens, que según su
cláusula decimoquinta equivaldrá al 15% del negocio
inmobiliario, de la siguiente forma: $83.016.882 para
Inversiones Cascabeles S.AS; $67.500.000 para De Raíz
S.A.S. y $28.896.980 para Polar S.A.S.
Los deudores solidarios pagarán el valor de la cláusula
penal contemplada en el contrato de promesa de
transferencia del dominio a título de restitución de beneficio,
calculada conforme la estipulación décima primera, que será
del 15% del negocio inmobiliario: para Inversiones
Cascabeles S.A.S. $138.361.470 y para Polar S.A.S.
$48.161.634, así como los demás perjuicios que se
encuentren probados durante el proceso.
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1.3. Igualmente solicitaron se declare que la Promotora
Soler Gardens S.A. incurrió en abuso del derecho, al excluir
de la
cláusula penal
redactada en el convenio por
obligaciones de hacer y de dar el denominado «Acuerdo
Precontractual» y que está obligado a asumir las
consecuencias legales de dicho abuso.
1.4. Que se restablezca el equilibrio contractual
disponiendo que la
cláusula penal
aplica para ambas partes,
por ende, la sanción equivalente al 10% del total del convenio
corresponde a la Promotora Soler Gardens S.A.
1.5. Que se condene a la Promotora Soler Gardens S.A.
a pagar a favor De Raíz S.A.S. $75.000.000 a título de
cláusula penal
por incumplimiento del contrato denominado
«Acuerdo Precontractual».
1.6. Finalmente solicitó disponer que los valores que
sean reconocidos a los actores a «título de
cláusula penal
,
multas y sanciones, deberán ser actualizadas a la fecha del
fallo, y devengarán intereses moratorios a la tasa comercial
máxima legal vigente desde la fecha de aquel hasta el
momento del pago».
1.7. De manera subsidiaria pidió que, en caso de no
proceder la resolución del contrato y los pagos solicitados, se
ordene solidariamente el cumplimiento forzado de las
obligaciones principales y el pago de los intereses de mora
desde la fecha en que fueron certificados los pagos y hasta
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que se produzca el cumplimiento efectivo de las obligaciones
contractuales.
2. Como fundamentos fácticos la parte actora relató que
Andrés Fajardo Valderrama, quien obró en nombre propio, y
el señor Jesús Hernán Correa Gómez en representación de
Fajardo Williamson S.A. en su calidad de fideicomitentes,
celebraron mediante documento privado el 1° de septiembre
de 2007, con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., actuando
ésta como fiduciaria, un contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración, en virtud del cual se
constituyó el patrimonio autónomo Fideicomiso Soler
Gardens.
2.1. En desarrollo del objeto del fideicomiso y según el
contrato de fiducia mercantil, las demandantes Inversiones
Cascabeles S.A.S., Polar S.A.S. y De Raíz S.A.S. se vincularon
al Fideicomiso Soler Gardens por medio de la suscripción de
un encargo fiduciario, de forma directa, por las dos primeras
el 6 de noviembre de 2007 y la tercera en virtud de la cesión
de posición contractual realizada el 5 de noviembre de 2008
por Altabienes Promotora de Bienes 21 S.A. quien fue la
firmante de dicho encargo fiduciario fechado el 14 de abril de
2008, cesión que fue notificada y debidamente aceptada por
la Fiduciaria Corficolombiana S.A.
2.2. En desarrollo del contrato la Fiduciaria ha seguido
con sus funciones en el proyecto, y estimó satisfechos los
requisitos, sin estarlo, para la transferencia al patrimonio
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autónomo del derecho de dominio de los bienes inmuebles
sobre los cuales se construiría el proyecto.
2.2.1. Permitió que los beneficiarios de área o
Inversionistas pagaran el precio prometido sobre los
derechos fiduciarios que recaerían sobre los bienes
inmuebles adquiridos por éstos, sin advertirles, sobre el
riesgo de no estar completa la titularidad de los lotes de
terreno a nombre del patrimonio autónomo «Fideicomiso
Soler Gardens» y, por tanto, no poder constituir la
copropiedad ni adquirir el dominio de la unidad inmobiliaria
prometida a éstos como proyecto, en la forma ofrecida.
2.2.2. La Fiduciaria dio por verificado el punto de
equilibrio para la primera y segunda etapa del proyecto
reportado por los Fideicomitentes, pues dio como cumplido
para el mes de mayo del año 2008 un porcentaje del 63.84%
de área vendida, punto que a todas luces resulta ficticio y
prefabricado por los fideicomitentes, porque si ese dato se
contrasta con la realidad del proyecto éste no tendría el grave
déficit en ventas que hoy tiene. La Fiduciaria dio por
culminada la etapa preoperativa de manera descuidada y
poniendo en grave riesgo los intereses de los beneficiarios de
área.
2.2.3. La Fiduciaria entregó a los fideicomitentes los
dineros recibidos de parte de los beneficiarios de área en
virtud de su vinculación al fideicomiso, a sabiendas que
aquellos no habían cumplido con los requisitos contractuales
exigidos para dar por finalizada la fase preoperativa, de la
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incertidumbre, que a todas luces existió, en la gestión en
ventas del proyecto, y por ende, en cuanto a la inversión y
destino de los dineros entregados por los beneficiarios de
área, inobservando los cánones rectores inherentes o su
condición de experto y depositario de lo confianza otorgada
por las partes en el presente negocio jurídico.
2.2.4. La Fiduciaria toleró el canje o pago en especie de
derechos inmobiliarios derivados de 34 Encargos Fiduciarios
por los honorarios que supuestamente estarían causados a
favor de los Fideicomitentes, por su gestión como gerente y
constructor respectivamente, sin valorar que esta fórmula,
además de inflar aún más el punto de equilibrio del proyecto,
porque tales encargos fiduciarios no se constituyen como
resultado de las ventas efectivas que reporten dinero al
proyecto, sino que los Fideicomitentes buscaron asegurase el
pago anticipado de sus honorarios sin tener que esperar los
tiempos de ejecución del proyecto, desconocía los derechos
económicos de los Beneficiarios de Área.
3. Admitida la demanda por el Juzgado Diecisiete Civil
del Circuito de Medellín, se dispuso su notificación a los
demandados1. Andrés Fajardo Valderrama2 formuló las
excepciones de mérito de ausencia de solidaridad y la
genérica. Fajardo Williamson S.A.3, a través de curador ad
litem, contestó la demanda. El Patrimonio Autónomo Soler
Gardens, a través de su vocera y administradora4, formuló
1 Fl. 347, auto del 14 de mayo de 2012, C. 1 Exp. digital
2 Fl. 508 y s.s. Cuaderno 1 Exp. digital
3 Fl. 633 y s.s. Cuaderno 1
4 Fls. 675 y s.s. Continuación principal
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las excepciones que denominó: ausencia de solidaridad,
imposibilidad jurídica para ejercer la acción resolutoria de
contrato así como la genérica; Fiduciaria Corficolombiana
S.A., actuando en posición propia5, propuso las excepciones
de mérito de: «esquema fiduciario de beneficiarios de área
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios», «ausencia de
legitimación en la causa por pasiva por parte de mi
defendida», «inexistencia de solidaridad entre Fiduciaria
Corficolombiana S.A., como vocera y administradora del
Fideicomiso Soler y Andrés Fajardo Valderrama, Fajardo
Williamson S.A. y Promotora Soler Gardens», «diligencia y
cuidado. Ausencia de culpa», «excepción de contrato no
cumplido. Incumplimiento contractual de los demandantes»;
«ausencia de nexo causal» y «tasación excesiva de los
eventuales perjuicios. Objetó al juramento estimatorio en los
términos del artículo 206 del Código General del Proceso», así
como llamó en garantía a Fajardo Williamson S.A., Andrés
Fajardo Valderrama y Promotora Soler Gardens S.A.
Reasignado el expediente, el 30 de octubre de 2018 el
Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín profirió
sentencia en la que declaró probada de manera oficiosa la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en
relación con Fajardo Williamson S.A. y el señor Andrés
Fajardo Valderrama; declaró impróspera la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva interpuesta por
Corficolombiana S.A. y probada la excepción de contrato no
5 Fls. 758 y s.s. Continuación principal
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cumplido, por lo que, en consecuencia, denegó las
pretensiones de la demanda.
Apelado el fallo por los demandantes, el Tribunal
confirmó6 los numerales 1° y 2° de la sentencia recurrida,
revocó el numeral 3°, mediante el cual se declaró probada la
excepción de contrato no cumplido y se denegaron las
pretensiones de la demanda, el 4°, para en su lugar acceder
a las pretensiones de la demanda por tanto ordenó la
resolución de los contratos; dispuso el pago por la Fiduciaria
Corficolombiana S.A., actuando en nombre propio, de los
montos reclamados y acogió el llamamiento en garantía
respecto de Promotora Soler Gardens S.A.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
Después de hacer una breve reseña del litigio inició el
Tribunal su estudio precisando que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 895 del estatuto mercantil, no existe
justificación para vincular a los fideicomitentes originales al
cumplimiento del contrato de fiducia porque, «en su calidad
de cedentes, salieron del negocio jurídico de fiducia mercantil
irrevocable de administración», ingresando en su lugar la
Promotora Soler Gardens S.A., lo que llevó a concluir al ad
quem que desde el 31 de julio de 2009 ni Andrés Fajardo
Valderrama, ni Fajardo Williamson S.A. deben responder en
calidad de fideicomitentes, bien por el incumplimiento del
6 fls. 30 a 56 C8 Tribunal
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contrato de fiducia mercantil de administración o por el
fracaso de los contratos de encargo fiduciario.
A continuación anotó que el coligamiento al que se
refirieron los apelantes de entrada se compadece con la
realidad, atendiendo el esquema de negociación fiduciario a
través del cual se desarrolló el proyecto Soler Gardens, ya
que involucraba «una multiplicidad de actores» que «implicó la
celebración de un cúmulo de negocios jurídicos» que buscaba
que quienes se vincularan como beneficiarios de áreas
adquirieran sus inmuebles, pero que atendiendo el contenido
de la fiducia mercantil, así como los encargos fiduciarios, el
proyecto se caracterizaba por la independencia de sus
etapas, «el éxito de una no dependía de la otra», lo que no
permite hacer extensiva a todos los intervinientes las
consecuencias del fracaso del proyecto inmobiliario.
De los hechos y las pretensiones de la demanda se
puede colegir que los demandantes reprochan el actuar de la
fiduciaria, tanto en nombre propio, como vocera y
administradora del patrimonio autónomo, tildando de
negligente su actuar como profesional ya que «autorizó
modificaciones trascedentes, permitió el paso de la etapa
preoperativa a la operativa y obvió un papel de supervisión
respecto de los demás intervinientes en los contratos de
encargos fiduciario».
Estimó que, en principio, no se advierte por la fiduciaria
negligencia o culpa en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del encargo fiduciario y en particular en cuanto a
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la consecución del lote No. 5, pues se trataba de un proyecto
a construirse en la modalidad por etapas, sin que el ingreso
de dicho inmueble afectara el patrimonio autónomo.
Acerca de la verificación del punto de equilibrio, indicó
que por la confianza que se deposita en una entidad
financiera, así como por su profesionalismo y especialidad,
«la certificación y comprobación de dicha situación no puede
limitarse a lo sostenido por el fideicomitente, porque ello
desvirtuaría la intervención profesional y altamente
especializada que pueda brindar la fiduciaria» lo que le
restaría «todo tipo de seguridad y creando un ambiente de
desconfianza para quienes se vinculan al proyecto como
beneficiarios de área».
Por lo que estimó necesario trascender la estipulación
contractual de que esa verificación correspondía al
fideicomitente, para determinar si la fiduciaria, dado su
profesionalismo y especialidad obró conforme se esperaba y
se cercioró de que tal punto fue «alcanzado real y
efectivamente», puesto que fue la fiduciaria, conforme se
deduce del numeral 10 de los antecedentes del contrato de
encargo fiduciario de vinculación, quien fijó una serie de
requisitos cuya verificación corría igualmente por cuenta
suya conforme el artículo 1234 del estatuto mercantil.
Agregó que la importancia de la acreditación del punto
de equilibrio radicaba en que es el momento a partir del cual
se pasa de una etapa preoperativa a la operativa, esto es, los
recursos pasan del manejo de la fiduciaria a los
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constructores y que la principal defensa de la Fiduciaria
Corficolombiana se encaminó a acreditar que el punto de
equilibrio en ventas de la primera etapa fue superado
ampliamente, sin embargo de la revisión de cada uno de los
negocios jurídicos se advirtió que las ventas reales ascendían
a dieciocho mil seiscientos veintidós millones setecientos
noventa y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos
($18.622.795.734), lo cual equivale al 38,79% de lo
inicialmente pactado y un área de 4298,37 metros cuadrados
que corresponde al 33,06% del área de venta estipulada,
incumpliéndose la cláusula 19 del contrato de fiducia
mercantil que fijo el punto de equilibrio en cuarenta y ocho
mil millones de pesos ($48.000.000.000) o 13.000 metros
cuadrados, metas que en modo alguno se cumplieron.
Así mismo precisó que la fiduciaria demandada
pretendió hacer valer negocios jurídicos desistidos o que
sirvieron como contraprestación para intervinientes en el
proyecto, los cuales no podían tenerse en cuenta, dado que:
«i) no constituyen dinero efectivamente recibido en favor del
fideicomiso y ii) sirven es como un medio de pago a cambio de
bienes o servicios ofrecidos al patrimonio autónomo, no así
como recursos efectivos que permitieran el desarrollo de la
fase operativa».
Y que la fiduciaria sí tenía obligación con cada uno de
los beneficiarios de área, porque conforme la cláusula 19 del
contrato de fiducia mercantil, dicha entidad debió proceder
con el reembolso del dinero «en caso de no encontrarse
superadas las condiciones de la fase preoperativa, entre ellas,
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el punto de equilibrio» y ese compromiso fue desconocido al
limitarse a lo afirmado por el fideicomitente sin cerciorarse
que no estaba cumplido.
De manera que estimó el ad quem que la fiduciaria
actúo de manera negligente y descuidada porque además de
pretender delegar uno de sus deberes indelegables «concurrió
al entramado negocial como un partícipe inactivo, limitado a
trámites administrativos y a la verificación formal de
requisitos» sin realizar cuestionamiento alguno «sobre la
verdadera y efectiva solvencia del proceso, sobre la realidad
de lo certificado por el fideicomitente y sobre la viabilidad del
proyecto».
Finalmente concluyó que la fiduciaria incumplió
primero sus obligaciones, puesto que la cesación de pagos de
las demandantes ocurrió en junio de 2011 y el aval para la
superación de la etapa preoperativa se dio en el mes de abril
de 2008, por lo que dispuso la indemnización de perjuicios
relacionado con las sumas cuya entrega se acreditó en favor
de la fiduciaria por parte de los beneficiarios de área
demandantes, más los intereses de mora causados desde que
se certificaron cada uno de los aportes, sin embargo, en la
parte resolutiva dicho pago se ordenó desde el 30 de junio de
2011.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Cinco cargos formuló Fiduciaria Corficolombiana S.A.,
actuando en posición propia, contra la sentencia del
Tribunal. Los dos primeros con fundamento en la causal 3ª
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del artículo 336 del Código General del Proceso que se
despacharan de manera conjunta; el tercer cargo lo sustentó
en la causal 1ª y los dos últimos con soporte en la causal 2ª
de la norma en cita.
PRIMER CARGO
Se acusa la sentencia por no estar en consonancia con
las pretensiones y la causa petendi de la demanda, al
considerar que el Tribunal Superior de Medellín condenó a la
Fiduciaria demandada, en posición propia, a pagar unos
montos sin que dicha sociedad en esta condición, hubiera
sido parte o celebrado los contratos de encargo fiduciario
resueltos y sin que tampoco fuese citada a responder
contractualmente en posición o nombre propio, sino como
«entidad fiduciaria del proyecto y vocera del Patrimonio
Autónomo Fideicomiso Soler Gardens».
Se impuso condena a la fiduciaria en posición propia,
sin que «en tal condición o calidad, se hubiera elevado
pretensión expresa contra ella», ni mucho menos en dicha
calidad «hubiera sido parte o hubiera celebrado los contratos
de Encargo Fiduciario resueltos», aunado a que tampoco, «en
las pretensiones de la demanda, se hubiera citado a la
Fiduciaria Corficolombiana S.A., a responder
contractualmente en posición o a nombre propio, sino como
entidad fiduciaria del proyecto y Vocera del patrimonio
Autónomo Fideicomiso Soler Gardens».
Agregó que no procedía la resolución de los contratos de
encargo fiduciarios referidos e imputación de
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responsabilidad en posición propia a la fiduciaria cuando «no
celebró ni fue parte en los contratos de encargo fiduciario
resueltos, ni mucho menos en la pretensión declarativas o de
condena se le cita en nombre propio o en posición propia».
SEGUNDO CARGO
Aduce el recurrente que en este asunto se incurre en
ese defecto procedimental absoluto como quiera que
mediante la sentencia proferida por el ad quem se violó el
principio de congruencia, debido a que condenó por hechos
que nunca fueron discutidos ni planteados en el proceso por
la parte demandante en las oportunidades procesales
previstas para tal fin.
Para demostrar la acusación el recurrente trascribió los
hechos 13.3 numeral 3 y numeral 7, para de allí concluir que
«nunca, conforme a los hechos de la demanda, ni en las
pretensiones o consideraciones jurídicas, ni a lo largo de la
demanda» se planteó como causa petendi «que hubiera
incumplido sus obligaciones relativas al punto de equilibrio en
ventas del proyecto por haber permitido que parte del mismo
se cumpliera con el pago de los dueños de los lotes con área
futura».
Que no obstante lo anterior, fue sorprendida la
demandada ya que el ad quem «introdujo un hecho nuevo,
respecto del cual Fiduciaria Corficolombiana S.A., en posición
propia, en ningún caso tuvo, ni siquiera la posibilidad de
controvertirlo o atacarlo», en franco desconocimiento de las
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reglas de procedimiento que eran aplicables al caso,
vulnerando el debido proceso de la Fiduciaria
Corficolombiana S.A. en posición propia, ya que se adoptó
una decisión con base en hechos no alegados en la demanda
y respecto de los que no tuvo oportunidad de contradecir.
CONSIDERACIONES
1. La congruencia.
Definir un determinado conflicto, como bien se sabe,
implica que el juez a cuyo cargo está la resolución del derecho
controvertido acepte o niegue, total o parcialmente, según la
probanza incorporada al expediente, los pedimentos del actor
o del demandado. Tal descripción responde a la formación y
definición de un debido proceso. El marco dentro del cual se
dirime una determinada disputa judicial está definido por los
precisos términos que las partes en contienda establecen, ya
en la demanda o en las excepciones. Además, en algunos
eventos precisos, la resolución involucra los mandatos
legales según la naturaleza de las diferencias surgidas o las
personas involucradas.
Según lo describe el autor Devis Echandía, esa garantía
constitucional alude al «… principio normativo que exige la
identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por
el Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones
planteadas por las partes…»7 (se destaca).
7 HERNADO DEVIS ECHANDÍA, Teoría General del proceso, t. 1. Editorial Universidad,
Buenos Aires, tercera edición, pág. 49.
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Una sentencia es congruente cuando atiende las
pretensiones aducidas en la demanda y en las demás
oportunidades que el legislador previó para tal fin; los
fundamentos de hecho, así como los medios de defensa
invocados cuando sea del caso su resolución, tal cual lo
consagra el artículo 281 del Código General del Proceso:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente
a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más
tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
De manera que «[e]l término congruencia, es equivalente
en este caso al de conformidad entre la sentencia y la
pretensión o pretensiones deducidas en forma y sazón
adecuadas; pero para inferir esa conformidad, es preciso
atenerse al contenido de las pretensiones»8 en cuanto a su
contenido y frente a quienes se formula la súplica.
En otras palabras, cuando los jueces abordan la
discusión traída a juicio con el propósito de finiquitarla, no
pueden decidir con total y absoluta libertad. Cuando se juzga
8 De la Plaza, Manuel. La Casación Civil. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1944,
pág. 323
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a quien asiste el derecho en conflicto, la sentencia que emita
el funcionario judicial encuentra unos límites que provienen
ya de las partes o del propio ordenamiento. Esa
contextualización responde a la exigencia de la congruencia
de las decisiones judiciales y se erige en una prerrogativa
inalienable, pues afecta el derecho de defensa y, en concreto,
el debido proceso.
Esta Corporación ha expuesto sobre el punto:
A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el
procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime
la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le
definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones)
y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los
pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite
reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o
de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse
oficiosamente por el juez. A eso se contrae la congruencia de la
sentencia, según lo establece el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, dirigido no sólo a disciplinar que esa
respuesta de la jurisdicción corresponda con lo que las partes le
ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez
desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia
que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de antaño
inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar,
cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido, sin que el
juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra
petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el
fallador decidir, así sea implícitamente, alguna de las
pretensiones o de las excepciones formuladas (mínima petita); y
en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han
sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia,
con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita).
(CSJ SC1806 de 24 feb. 2015).
Sin embargo, el principio en comento no puede
concebirse en términos absolutos; no implica,
inexorablemente, que deban resolverse todos los aspectos
invocados, en cuanto que «no obliga a que exista simetría tal
entre la sentencia y las dichas pretensiones y excepciones,
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19
que aquélla guarde con éstas conformidad literal. Lo
imprescindible es que la decisión recaiga sobre la totalidad de
la materia litigada, respetando en absoluto, como ha dicho la
Corte, los hechos procesales y no alterando la causa petendi»
(CSJ SC 24 de abril de 1994, GJ CXLVIII, n° 2378 a 2389,
pág. 80).
2. La pretensión.
Atendiendo el carácter dispositivo del proceso civil,
corresponde a quien solicita la intervención de la rama
judicial presentar un escrito inicial, denominado demanda9 y
que como mínimo debe contener los requisitos que consagra
el estatuto procesal10, de los que se deben resaltar las
pretensiones y los hechos.
Por la doctrina se ha definido como «una declaración de
voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano
jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del
autor de la declaración»11, que determin, entre otros aspectos,
el derecho discutido, así como el procedimiento a seguir.
En lo relacionado con la acumulación de pretensiones
puede ser objetiva o subjetiva. La primera cuando son dos
únicas personas, las que ejercitan dos o más pretensiones
9 Que es definida por la doctrina como «aquella declaración de voluntad de una parte
por la cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación»
Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. Civitas, cuarta edición, 1998, Tomo 1 pág. 281
10 Artículo 82 del C. G.P.
11 Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. Civitas, cuarta edición, 1998, Tomo 1 pág. 206
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
20
acumuladas en un proceso, atendiendo para ello las reglas
definidas en el artículo 88 del Código General del Proceso.
A su turno la acumulación subjetiva ocurre cuando la
pretensión es ejercida conjuntamente por varios sujetos o
contra uno o varios demandados «aunque sea diferente el
interés de unos y otros» (inc. 2 del artículo 88 ibidem), en las
siguientes hipótesis:
a) cuando provengan de la misma causa
b) Cuando versen sobre el mismo objeto
c) Cuando se hallen entre si en relación de dependencia
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
Tratándose de la acumulación subjetiva se hace
necesario definir quienes están llamados a soportar las
contingencias del proceso, pues quien no ha sido vinculado
legalmente al proceso no puede ser condenado. Temática
sobre la cual la doctrina ha precisado que «una sentencia no
puede obligar ni perjudicar al que no ha litigado; es un axioma
general que nadie puede ser condenado sin haber sido antes
oído y vencido en juicio»12.
Por tal motivo, no se podrá imponer condena contra
quien no sea parte (incongruencia subjetiva por exceso), ni
podrá el juez omitir condenar a quien corresponda hacerlo
(incongruencia subjetiva por defecto), tampoco se podrá
12 Manresa y Navarro, José María, Comentarios al Código Civil Español, Reus, Madrid,
1914, p.104.
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
21
incluir en la sentencia a persona ajena al litigio, es decir,
distinta a demandante y demandado (incongruencia mixta).
3. El caso concreto.
Se advierte que los cargos objeto de análisis no se abren
paso para aniquilar la sentencia del Tribunal, dado que:
3.1. Aduce la fiduciaria recurrente que en las
pretensiones de la demanda no fue citada en nombre propio
sino como entidad fiduciaria del proyecto y vocera del
Patrimonio Autónomo «Fideicomiso Soler Gardens», pero
dicha alegación resulta insuficiente para deducirse de ella un
error de procedimiento, como pasa a explicarse.
3.2. En este asunto se advierte que la pretensión
primera, en la forma como quedó definida tras la
subsanación de la demanda, es del siguiente tenor:
PRIMERA. Se declare que los demandados, i) ANDRÉS FAJARDO
VALDERRAMA en su calidad de FIDEICOMITENTE INICIAL y actual
GERENTE del Proyecto, ii) sociedad FAJARDO WILLIAMSON S.A. en
su condición de FIDEICOMITENTE INICIAL y actual CONSTRUCTOR
del Proyecto, iii) PROMOTORA SOLER GARDENS S.A. en su calidad
de FIDEICOMITENTE CESIONARIA y PROMOTORA del Proyecto y
iv) la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como entidad fiduciaria
del Proyecto y VOCERA del Patrimonio Autónomo ‘FIDEICOMISO
SOLER GARDENS’, incumplieron de forma grave y determinante,
entre otras, las obligaciones principales de traditar o trasferir el
dominio de los inmuebles comerciales ofrecidos a los demandantes,
a saber: inmuebles 17, 105 y 236, así como, la de realizar
diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del
objeto fiduciario (…).
Adviértase que, si bien de la literalidad de la pretensión
se observa que la Fiduciaria fue demandada como entidad
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
22
fiduciaria del proyecto, así como vocera del patrimonio
autónomo, no menos cierto es que si se analiza de manera
integral la demanda se deduce que la intención de los
demandantes si fue vincularla en nombre propio y como
vocera del patrimonio autónomo.
En efecto, en la parte inicial de la demanda se indica
que se dirige «en contra de las siguientes personas naturales
y jurídicas»… «(iv) Fiduciaria Corficolombiana S.A. (…) (v) y al
Patrimonio Autónomo denominado «Fideicomiso Soler
Gardens» y en los hechos de la demanda se dijo que la
fiduciaria inobservó «los cánones rectores inherentes a su
condición de experta y depositaria de la confianza otorgada
por las partes en el presente negocio jurídico»13 y más adelante
aparece que la Fiduciaria Corficolombiana S.A. «no cumplió
con las normas financieras consagradas en la Circular
Externa 007 de 1996 ni tampoco con la obligación contractual
de rendición de cuentas semestrales»14.
A lo que cabe agregar que la fiduciaria entendió desde
un principio que era demandada en las dos condiciones,
como al rompe se advierte del recurso de reposición que
interpuso contra el auto admisorio de la demanda, toda vez
que, se anunció el impugnante como apoderado judicial de
la «FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. en nombre propio, y
a su vez, COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO
SOLER GARDENS»15
13 Exp. Digital. Cuad. Primera instancia. Tomo 1, pág. 14, numeral vi, y pág. 267
14 Exp. Digital. Cuad. Primera instancia. Tomo 1, pág. 16,
15 Exp. Digital. C. primera instancia, tomo I, folio 532
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23
Ahora, lo que en últimas discute la fiduciaria
demandada en nombre propio es que carece de legitimación
en la causa para soportar las contingencias de la acción de
resolución contractual, alegato que mantuvo en las
instancias, pues junto a la contestación de la demanda allegó
escrito de excepciones previas, entre las que formuló la que
denominó «ausencia de legitimación en la causa por pasiva
respecto de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en su posición
propia» con soporte en que la fiduciaria «no actúa en posición
propia, sino como vocera y administradora del Fideicomiso
Soler Gardens», y que en esa posición «en ningún momento
adquirió las obligaciones que se cuestionan» por los
demandantes y que de existir vinculo, «se dio con ocasión de
su actuación como vocera y administradora del Fideicomiso
Soler Gardens».
Excepción negada en primera instancia y confirmada
por Tribunal, aspecto este que, como lo ha precisado la Sala
es «un asunto de juzgamiento, carente de cualquier vínculo con
la congruencia de la decisión judicial» (CSJ. SC5175 de 2021).
4. El segundo ataque se dirige a que no se planteó como
causa petendi «que hubiera incumplido sus obligaciones
relativas al punto de equilibrio en ventas del proyecto por
haber permitido que parte del mismo se cumpliera con el pago
de los dueños de los lotes con área futura».
El tema del punto de equilibrio fue referido en los
hechos de la demanda, en particular en los numerales iii y
vii del hecho 13.3 que rezan:
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
24
13.3. Luego de pasar por alto el protuberante incumplimiento del
Fideicomitente por cuatro años, la Fiduciaria ha seguido adelante
con sus funciones en el proyecto, y tal parece que encontró
ajustado a derecho la conducta de los Fideicomitentes, puesto que
dio por cumplida, pese a no existir bases contractuales ni legales,
la fase preoperativa del proyecto, así:
(…)
(iii) Pese a los anteriores antecedentes la Fiduciaria dio por
verificado, el punto de equilibrio para lo primera y segunda etapa
del proyecto reportado por los Fideicomitentes, como cumplido paro
el mes de mayo del año 2008, en un porcentaje de 63.84% de área
vendida (...), punto de equilibrio que a todas luces resulta ficticio y
prefabricado por los Fideicomitentes, porque si ese dato lo
contrastamos con lo realidad del proyecto éste no tendría el grave
déficit en ventas que hoy tiene. La Fiduciaria dio por verificado este
punto de equilibrio, y en general, todos los requisitos y condiciones
contractuales para dar por culminada la etapa preoperativa de
manera descuidada y poniendo en grave riesgo los intereses de
los Beneficiarios de Área, dejando pasar evidentes inconsistencias
de que dan cuenta los hechos que se narran más adelante.
(…)
vii) Y como si no fuera suficiente la desinformación en cuanto al
punto de equilibrio del proyecto, y su forma de calcularlo, la
Fiduciaria toleró el canje o pago en especie de derechos
inmobiliarios derivados de 34 Encargos Fiduciarios por los
honorarios que supuestamente estarían causados a favor de los
Fideicomitentes, por su gestión como gerente y constructor
respectivamente, sin valorar que esta fórmula, además de inflar
aún más el punto de equilibrio del proyecto, porque tales encargos
fiduciarios no se constituyen como resultado de los ventas
efectivas que reporten dinero al proyecto, sino que los
Fideicomitentes buscaron asegurase el pago anticipado de sus
honorarios sin tener que esperar los tiempos de ejecución del
proyecto, desconociendo de esta forma los derechos económicos de
los Beneficiarios de Área.
De la anterior transcripción se advierte que es cierto
como lo aduce el recurrente que en la demanda no se indicó
nada sobre que se hubiera permitido el pago de los lotes a
través de encargos fiduciarios, lo que en últimas alteró el
punto de equilibrio, pero recuérdese que la consonancia no
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
25
sólo se analiza a través de la demanda sino de su
contestación, pues como lo ha precisado esta Corporación:
El proceso civil contiene una relación jurídica que la doctrina ha
denominado relación jurídico-procesal, la que, dado tal carácter, ata
y vincula a las partes y al juez mientras subsista. Constituida dicha
relación, queda establecido el ámbito en que ha de desenvolverse el
proceso, según los términos de la demanda y su contestación, y
delimitado el campo de decisión del juez. (C.S.J., SC 8 de febrero de
1974, dentro del ordinario de Blanca Libia Suárez vs los herederos
de Arturo Velásquez Escobar. G.J. Tomo CXLVIII primera parte, pág.
23).
En el presente asunto, la Fiduciaria actuando en
posición propia al contestar el hecho 13 de la demanda
referente al punto de equilibrio manifestó que16:
Se firmaron para abril de 2008, alrededor de 71 Contratos de
Encargos de Vinculación con diferentes Beneficiarios de Área, que
corresponden, al cumplimiento del punto de equilibrio para la etapa
uno del proyecto (a la cual pertenecen los demandantes). Ante la
insinuación de ser un cálculo ficticio, se aportan todos estos
encargos, que respaldan el cumplimiento del punto de equilibrio, con
la contestación de la demanda.
Por lo que si la demandada adujo que se cumplió con el
punto de equilibrio y allegó los documentos que estimó
acreditaban su dicho, ese proceder habilitó al ad quem para
verificar tal aspecto, sin que tenga trascendencia que «esa
indagación hubiera fijado su atención en uno de los reproches
específicos efectuados por la sociedad demandante, o en
cualquier otro que englobara la acusación abstracta que esta
planteó desde el inició de la disputa, con relación al
requerimiento financiero en mención» (CSJ SC5175 de 2020).
16 Exp. Digital. C. primera instancia, tomo II, folio 780
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
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5. Conclusión.
No se demostró alteración desde la perspectiva
subjetiva o de los hechos por el tribunal al emitir el fallo de
segunda instancia luego los dos primeros cargos no
prosperan.
TERCER CARGO
Violación directa de los artículos 63, 1546, 1613 1614,
1615 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, así como
de los artículos 1226,1227, 1234, 1235 y 1243 del estatuto
en cita, por cuanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín condenó a la Fiduciaria Corficolombiana en
posición propia a pagar unos montos, pero sin que dicha
sociedad en esta condición hubiera sido parte o celebrado los
contratos de encargo fiduciario resueltos, «con los que
desconoció, recta vía, las normas sustanciales relacionadas
con la resolución de contratos bilaterales y sus consecuencias
indemnizatorias previstas en el ordenamiento jurídico
colombiano».
Agregó que si se trata de una acción resolutoria fundada
en los artículos 1546 del estatuto civil y 870 del estatuto
mercantil es requisito que el demandado haya sido parte del
respectivo contrato, «en la medida en que es frente a él que se
predica la inobservancia de sus compromisos obligacionales
adquiridos, y es él quien está legitimado por pasiva para
repeler las pretensiones resolutorias que se le formulen en la
demanda».
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
27
Igualmente, precisó que la existencia de contratos
coligados de ninguna manera podría dar pie a que se
extiendan los efectos de la resolución del contrato de encargo
fiduciario a la Fiduciaria Corficolombiana S.A. en posición
propia, pues no hizo parte del mismo.
Finalmente, refirió que «la coligación negocial no infirma
la individuación, singularidad y especificación de las
relaciones contractuales, ni permite soslayar su contenido
prestacional autónomo», lo que implica que dicho fenómeno
no podrá extenderse a una prestación específica.
CONSIDERACIONES
1. La fiducia mercantil.
1.1. Antecedentes.
La fiducia encuentra su origen en el derecho romano,
con dos figuras el fideicommissum, que implicaba la
trasmisión por causa de muerte y el pactum fiduciae que
implicaba un acuerdo con la obligación para el adquirente de
retransmitir los bienes si se presentaban determinadas
circunstancias.
Posteriormente en el derecho inglés con dos figuras, el
«use», a través del cual se verificaba la trasmisión de tierras
«realizada por acto entre vivos o por testamento, a favor de un
prestahombre, quien la poseería en provecho del
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28
beneficiario»17 y el «trust» que puede definirse como «una
obligación impuesta ya sea expresamente o por implicación de
la ley, en virtud de la cual el obligado debe manejar bienes
sobre los que tiene el control para beneficio de ciertas personas
que indistintamente pueden exigir la obligación»18.
Figura que encuentra consagración en el Código Civil a
través de la propiedad fiduciaria, entendida como «la que está
sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de
verificarse una condición»19, y que se encuentra regulada en
los artículos 794 a 822 del estatuto en mención.
Posteriormente, se incorporó a nuestro ordenamiento el
encargo fiduciario a través de la Ley 45 de 1923, que en su
artículo 70 implementó la sección fiduciaria, entendida como
la parte del «establecimiento bancario que hace el negocio de
tomar, aceptar y desempeñar encargos de confianza que le
sean legalmente comendados».
La fiducia mercantil está regulada en los artículos 1226
a 1244 del Código de Comercio, sin perjuicio de distintas
normas que han pretendido reglamentar y actualizar esta
figura, como son entre otras, el Decreto 663 de 1993 o
estatuto orgánico del sistema financiero (ESOF), el decreto
847 de 1993 que reglamenta algunos aspectos de la fiducia
mercantil, la Circular Básica Jurídica y la Ley 1328 de 2009.
17 Rodolfo Batiza. El Fideicomiso. Teoría y práctica. Cuarta edición. Editorial Porrúa S.A.
México. 1980, pág. 33.
18 Hart, citado en Rodolfo Batiza. El Fideicomiso. Teoría y práctica. Cuarta edición.
Editorial Porrúa S.A. México. 1980, pág. 51.
19 Primer inciso del artículo 794 del C.C.
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29
1.2. Definición y características.
Es un contrato principal, de carácter comercial, que el
legislador definió en el inciso 1° del artículo 1226 del C. Co.
en los siguientes términos:
La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una
persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas
bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un
tercero llamado beneficiario o fideicomisario.
Entre las características del contrato en estudio se
encuentran las siguientes:
a.-) Se funda en la confianza, razón por la cual el
fideicomitente contrata a la sociedad fiduciaria para que con
sus conocimientos profesionales y técnicos gestione la
finalidad determinada en el negocio fiduciario.
b.-) Puede ser consensual o solemne. Por regla general
es solemne, esto es, debe constituirse mediante escritura
pública, y será consensual en los casos que así lo autorice el
Gobierno Nacional mediante norma de carácter general
conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley 35 de 1993.
c.-) Es un contrato plurilateral, dado que intervienen
tres partes, el fiduciante, la fiduciaria y el beneficiario.
d.-) Es un negocio jurídico de colaboración, esto es, de
«aquellos en los cuales media una función de cooperación para
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
30
alcanzar el fin que ha de determinar el advenimiento del
contrato»20, y exige el deber de buena fe en relación con todos
los intervinientes.
e.-) Es instrumental, ya que la fiducia se caracteriza por
ser un instrumento para cumplir múltiples propósitos.
f.-) Es temporal, la intervención del fiduciario es
transitoria, y la ley ha impuesto un límite máximo de hasta
20 años por regla general (no. 3 art. 1230 del estatuto
mercantil).
g.-) Es remunerado, conforme lo prevé el artículo 1237
ibidem que preceptúa «[t]odo negocio fiduciario será
remunerado conforme a las tarifas que al efecto expida la
Superintendencia Bancaria».
1.3. Partes del contrato.
Intervienen en el contrato de fiducia el fiduciante o
fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario o beneficiario.
El fideicomitente es la persona, natural o jurídica, con
capacidad para disponer de sus bienes y que en virtud de la
celebración del contrato de fiducia es quien transfiere los
bienes al fiduciario conforme lo prevé el artículo 1226 del
estatuto mercantil.
20 Spota Alberto. Instituciones de derecho civil. Contratos. Citado en Efraín Hugo
Richard y otro. En torno a los contratos de colaboración y asociativos: clasificación y
efectos. En Revista de la Facultad, Vol. IV N° 1 Nueva Serie II (2013) 1-18
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31
El fiduciario es la persona jurídica autorizada para
ejercer dichas funciones, a quien el fideicomitente trasfiere
los bienes que han de conformar el patrimonio autónomo,
con el fin de que los administre y cumpla la finalidad
establecida en el acto constitutivo (art. 1226 ibídem).
1.4. Deberes de la Fiduciaria.
En cuanto a la fiduciaria, memórese que debe tratarse
de una entidad profesional dedicada exclusivamente a dicha
operación, con miras a cumplir tres tipos de obligaciones: (i)
legales, (ii) contractuales y (iii) profesionales.
1.4.1. Los deberes de carácter legal se encuentran
consagrados en el artículo 1232 del estatuto mercantil a
saber: 1o) realizar diligentemente todos los actos necesarios
para la consecución de la finalidad de la fiducia; 2o)
mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los
suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios;
3o) invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en
la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo,
salvo que se le haya permitido obrar del modo que más
conveniente le parezca; 4o) llevar la personería para la
protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra
actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo
constituyente; 5o) pedir instrucciones al Superintendente
Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la
naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de
las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando
así lo exijan las circunstancias. En estos casos el
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
32
Superintendente citará previamente al fiduciante y al
beneficiario; 6o) procurar el mayor rendimiento de los bienes
objeto del negocio fiduciario, para lo cual todo acto de
disposición que realice será siempre oneroso y con fines
lucrativos, salvo determinación contraria del acto
constitutivo; 7o) transferir los bienes a la persona a quien
corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez
concluido el negocio fiduciario, y 8o) rendir cuentas
comprobadas de su gestión al beneficiario cada seis meses.
1.4.2. Los deberes contractuales corresponden a los
que se derivan de las estipulaciones de las partes en el
contrato de fiducia mercantil.
1.4.3. Respecto a los deberes profesionales, conforme lo
reglado en el artículo 1234 del Código de Comercio y en la
Circular Externa 29 de 2014 (Circular Básica Jurídica) se
deducen como obligaciones a cargo de la fiducia los
siguientes: el de información, el de protección de los bienes
fideicomitidos, la lealtad y buena fe, la diligencia,
profesionalidad y especialidad.
1.4.3.1. El deber de información resulta trascendental
en este tipo de negocios, y tiene aplicación no solo en la etapa
precontractual sino durante todo el desarrollo del contrato e
implica exponer situaciones de hecho de carácter objetivo
que se conocen o deben ser conocidas.
En la etapa precontractual, conforme lo precisa la
doctrina, «las partes que todavía no son deudor y acreedor,
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pero que están en el camino de serlo, se deben reciproco
respeto a sus respectivos intereses» por lo que se debe hablar
claro, esto es, «poner de manifiesto y con claridad a la otra
parte la situación real reconocible y, sobre todo, abstenerse de
toda forma de reticencia fraudulenta y de toda forma de dolo
pasivo que pueda inducir a una falsa determinación de la
voluntad de la otra parte»21, ya que póngase de presente que
en el contrato existe una asimetría entre la información que
tienen quienes hacen parte del contrato de fiducia y de
quienes se van a vincular a título oneroso.
Durante el desarrollo del contrato la obligación de
información de la fiduciaria como profesional implica el deber
de informar sobre los riesgos, así como de los demás aspectos
inherentes al negocio celebrado.
1.4.3.2. La lealtad y la buena fe, sobre el particular
recuérdese que el artículo 871 del Código de Comercio
preceptúa que «los contratos deberán celebrarse y ejecutarse
de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la
naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la
equidad natural», norma de la que se deduce que la buena fe
cumple con una función de integrar y adecuar la voluntad
privada de la que ha surgido el contrato.
Respecto a la función integradora ha precisado la
doctrina que «la buena fe influye en el contenido del negocio,
21 Emilio Betti. Teoría general de las obligaciones. T. I. Editorial Revista de Derecho
Privado. Madrid. pág.
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
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ya que no siempre la voluntad privada es capaz de prever
todas las posibilidades que se derivan del mismo, y, por ello,
se hace inútil acudir a una voluntad presunta»22.
1.4.3.3. La debida diligencia hace referencia a ejecutar
algo con suficiente cuidado y ha sido definida como el
«conjunto de precauciones que la ley o el buen sentido
aconsejan adoptar en el desarrollo de una actividad para
evitar daños previsibles»23.
A su turno por diligencia profesional se puede entender
el «nivel de competencia y cuidado especiales que cabe
razonablemente esperar del empresario o profesional en el
desarrollo de su actividad y, en particular, en sus relaciones
con los consumidores, acorde con las prácticas honradas del
mercado o con el principio general de buena fe»24.
Ahora bien, el artículo 1243 del Código de Comercio
establece que la fiduciaria responde hasta la culpa leve, pero
tal norma debe analizarse en concordancia con el esquema
negocial que preveía el estatuto en comento, esto es, un
sujeto llamado fideicomitente o fiduciante que transfiere la
propiedad de uno o varios bienes determinados a otro
llamado fiduciario, para que este los administre en orden a
obtener una finalidad a favor de un tercero llamado
beneficiario o del mismo fideicomitente, pero la realidad
22 José Luis de los Mozos. El principio de buena fe. BOSH, Casa Editorial. Barcelona,
1965, pág. 124
23 RAE y Consejo General del Poder Judicial. Diccionario del español jurídico. Espasa.
2016 pág. 676
24 RAE y Consejo General del Poder Judicial. Diccionario del español jurídico. Espasa.
2016 pág. 676
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actual es que la entidad fiduciaria administra recursos
ajenos, determinando incluso en qué momento los traslada a
los fideicomitentes lo que implica que la responsabilidad no
pueda analizarse bajo esa perspectiva, sino atendiendo que
se trata de un «experto prudente y diligente»25, cuyo actuar
puede generar un riesgo social, por lo que la diligencia pedida
es la de un buen hombre de negocios, pues como lo ha
precisado esta Corporación:
(…), el grado de diligencia exigible a la fiduciaria no es el que un
hombre común emplearía ordinariamente en sus negocios propios
(art. 63 C.C.), sino el de un «buen hombre de negocios», comoquiera
que si la fiducia mercantil siempre involucra la obligación de
administrar, ello le impone actuar como un profesional en el ramo
bien calificado para el desempeño de su oficio, so pena de incurrir
en responsabilidad si actúa de manera negligente y con su acción
u omisión genera perjuicios al otro contratante. (CSJ. SC 5430-2021).
2. Los contratos coligados.
Se edifican en un grupo de contratos con una causa
autónoma pero que cumplen una función económica
única, o en otros términos, confluyen en el logro de un
mismo objeto, pero que su conexidad es «fundamento para
imputar obligaciones de las partes, entre si, y respecto de
terceros»26.
La conexidad puede ser voluntaria, cuando es
prevista de esa manera, dado que es resultado del
«propósito de las partes de subordinar la surte de un
25 Art. 3.3.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010
26 Aníbal Alterini. Contratos civiles, comerciales y de consumo. Teoría general. Abeledo
– Perro S.A., Buenos Aires. 1998. P. 194
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contrato a aquélla del otro»27 o funcional, cuando las
distintas relaciones contractuales buscan lograr un fin
común.
Para poder hablar de coligamiento se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Pluralidad de contratos. Se requiere la existencia
de, al menos, dos negocios jurídicos que cumplan los
requisitos legales para su existencia y validez.
b) La existencia de un nexo funcional, habida cuenta
que se debe buscar la consecución de un mismo resultado.
Esta Corporación se ha pronunciado sobre el tema
de los contratos conexos, entre otras, en SC 6 de octubre
de 1999, exp. 5224, CCLXI, Vol. I, pág. 531, se indicó que:
Así, […] habrá conexión contractual cuando celebrados varios
convenios deba entenderse que desde el punto de vista jurídico no
pueden ser tratados como absolutamente independientes, bien
porque su naturaleza y estructura así lo exija, o bien porque
entonces quedaría sin sentido la disposición de intereses
configurada por las partes y articulada mediante la combinación
instrumental en cuestión.
En sentencia de 25 de septiembre de 2007, dentro del
radicado 11001-31-03-027-2000-00528-01, se indicó que la
conexidad ocurre «en el supuesto inexorable de una
pluralidad de contratos autónomos (dos o más), entre los
cuales existe un ligamen de dependencia que, jurídicamente,
27 Rómulo Morales. Contribución a la teoría de los contratos conexos. En derecho y
sociedad. P. 133
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
37
trasciende o puede trascender en su formación, ejecución o
validez».
Respecto a los requisitos necesarios para la existencia
de la coligación, en sentencia del 1° de junio de 2009,
radicado 05001-31-03-009-2002-00099-01, se precisó que:
En términos simples, pluralidad de negocios jurídicos o contratos
y relación, nexo o vínculo por su función y finalidad única
perseguida, constituyen presupuestos necesarios de la coligación;
cada contrato, empero, es diverso de los restantes, tiene sus
propios elementos esenciales, sirve a una función práctica o
económica social característica y su cohesión conduce no a otro,
sino a la realización de una función única, realizable únicamente
por su confluencia y el nexo o vínculo entre todos.
3. El caso concreto.
Aduce el recurrente que la existencia de contratos
coligados de ninguna manera podría dar pie a que se
extiendan los efectos de la resolución del contrato de encargo
fiduciario a la Fiduciaria Corficolombiana S.A. en posición
propia, pues no hizo parte de este.
No se encuentra en discusión la existencia del
coligamiento cuando lo que se analiza son contratos
fiduciarios, en particular el de fiducia mercantil y el de
encargo fiduciario, pero en el presente asunto ese no fue el
fundamento basilar para condenar a la demandada en
posición propia, como quiera que si bien el ad quem hizo
alusión al fenómeno en cita al referir la existencia de un
esquema de negociación que involucraba una multiplicidad
de actores y la celebración de un cúmulo de negocios
jurídicos, de allí no dedujo la responsabilidad enrostrada a la
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
38
fiduciaria, pues si se miran bien las cosas la responsabilidad
la derivó de lo pactado en el contrato de encargo fiduciario
suscrito por la fiduciaria sin dejar constancia de obrar como
vocera del patrimonio autónomo28 y del incumplimiento de
sus obligaciones legales.
Igualmente, el ad quem refirió, para soportar su
decisión, lo estipulado en los antecedentes del encargo
fiduciario, en particular lo reglado en el numeral 10 y las
obligaciones consagradas en la ley respecto a la fiduciaria al
indicar que:
Lo anterior sin obviar que en el numeral 10 de los antecedentes del
contrato de encargo fiduciario de vinculación al fideicomiso SOLER
GARDENS – folios 99 – se dispuso que, ‘EL PROYECTO, se
encuentra en la fase pre operativa, en la cual deberán cumplirse los
requisitos establecidos por la FIDUCIARIA para la obtención del
punto de equilibrio de EL PROYECTO’ denotándose que fue la
fiduciaria quien fijo una serie de requisitos cuya verificación corría
igualmente por cuenta suya, concatenando dicha obligación con los
‘deberes indelegables del fiduciario’ contenidos en el artículo 1234
del C. de Co.
Para más adelante pasar a precisar que a la fiduciaria
le correspondía «en uso de sus facultades y atendiendo a su
profesionalismo en la materia» calificar «si la labor del
fideicomitente se compadecía con la realidad, y sólo en ese
caso, al momento de verificar la preventa efectiva, autorizar el
paso de la etapa preoperativa hacia la operativa y
desembolsar los fondos que venía administrando», y concluir
que:
Principalmente radica en este punto ese actuar negligente y
descuidado que se reprocha de la fiduciaria; la falta de pericia en
28 Exp digital. C. primera instancia. Tomo 1, fl. 108
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
39
la administración del negocio; se reprocha la ausencia de diligencia
para velar por los intereses de los beneficiarios de área; porque
además de pretender delegar uno de sus deberes indelegables,
concurrió al entramado negocial como un participe inactivo, limitado
a trámites administrativos y a la verificación formal de requisitos,
sin cuestionarse sobre la verdadera y efectiva solvencia del
proceso29
4. Conclusión.
En síntesis, el yerro invocado por el casacionista no se
produjo dado que la condena efectuada no se fundamentó en
el coligamiento sino en la suscripción por la fiduciaria del
encargo fiduciario en nombre propio y en el incumplimiento
de sus deberes profesionales, lo que lleva a que el cargo no
esté llamado a prosperar.
CUARTO CARGO.
Mediante éste se acusa que la sentencia del Tribunal
violó los artículos 63, 1546, 1613, 1614, 1616 y 1617 del
Código Civil, así como los artículos 870, 1226, 1227, 1234,
1235 y 1243 del estatuto mercantil producto del error de
hecho en relación con las pruebas que se precisan más
adelante.
A juicio del censor el ad quem incurrió en manifiestos y
trascedentes errores de hecho, así: a) apreció erróneamente
el medio de prueba denominado contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración, por medio del cual se
29 Exp. Digital. C. Segunda Instancia. Apelación sentencia fls 78 y 79
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
40
constituyó el Fideicomiso Soler Gardens, especialmente en
su cláusula 19, que radicó en dos aspectos:
En primer lugar, por haber interpretado la cláusula
contractual que no se podía tomar en consideración para
efectos de verificar el cumplimiento del punto de equilibrio
en venta, los encargos fiduciarios de vinculación de los
dueños de los lotes en los cuales se realizaría el proyecto,
esto es, María Luzmila Arias Arias, Gómez Chica y Cía. S. en
C.; Arias & Cía. S. en C. y Darío Humberto Chica, cuando no
existía ninguna disposición contractual que así lo limitara,
«puesto que la cláusula no indica que para el punto de
equilibrio no se puedan tomar en cuenta tales encargos de
vinculación, ni una disposición legal que prohibiera tal
situación».
En segundo lugar, por haber interpretado que la
cláusula contractual décima novena sobre el punto de
equilibrio en ventas se debía entender en el sentido de que el
60% del total del área disponible para la venta o del 60% del
valor de las ventas, «correspondía a 13.000 metros cuadrados
o a Cuarenta y Ocho Mil Millones de Pesos (sic)» y que el
Tribunal dejó de valorar los medios de prueba obrantes en el
proceso que daban cuenta del cumplimiento del punto de
equilibrio en ventas «dada la suscripción de encargos
fiduciarios de vinculación por parte de beneficiarios de área
que equivalían a más de 7.800 metros cuadrados y a más de
$28.800.000.000 en ventas» y que en el presente asunto se
cumplieron los dos.
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
41
b) El Tribunal no apreció debidamente los medios
consistentes en el encargo fiduciario de vinculación como
beneficiario de área al Fideicomiso Gardens, en su
antecedente número 6, pues de haberlo apreciado en
conjunto con la fiducia mercantil, hubiera concluido que el
punto de equilibrio en ventas estaba dado por la suscripción
de encargos fiduciarios equivalentes al 60%.
c) Al no haber tenido en cuenta la declaración de
Margarita María Betancur Guzmán, pues de haberla
apreciado habría decidido que la Fiduciaria Corficolombiana
S.A. en posición propia no habría incurrido en
incumplimiento alguno en la verificación del punto de
equilibrio.
d) No haber valorado el testimonio de Jaime Andrés
Aristizábal y la rendición de cuentas a junio de 2011 sobre el
punto de equilibrio donde se indicó que «en el mes de mayo
de 2008, el proyecto legalizó el cumplimiento del punto de
equilibrio en ventas en la primera etapa del proyecto», por lo
que si el ad quem hubiera valorado dichas pruebas a otra
conclusión respecto al punto de equilibrio habría llegado.
CONSIDERACIONES.
1. La interpretación contractual.
La interpretación de los negocios jurídicos es una
actividad lógica, que se dirige a indagar y a fijar el significado
de la manifestación o de las manifestaciones de voluntad
realizadas por las partes, con el fin de precisar su contenido
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
42
e implica una operación dirigida a precisar el sentido de lo
querido y declarado por las partes atendiendo los parámetros
establecidos en el ordenamiento jurídico, y comprende el
proceso que se sigue para revelar el verdadero sentido de sus
cláusulas, o, en otras palabras, determinar su alcance y sus
efectos. Sobre la interpretación de los contratos en sentencia
CSJ SC, 24 jul. 2012, rad. n.° 2005-00595-01, sostuvo que:
Para averiguar el querer de los obligados, a más del tenor literal
de sus cláusulas y las directrices establecidas en los artículos
1618 a 1624 del Código Civil, 5° y 823 del Código de Comercio,
debe tener en cuenta el intérprete diversos factores que inciden en
el acuerdo, tales como las condiciones particulares de los
intervinientes y su proceder en los diferentes momentos
contractuales, esto es, antes, durante y después de su celebración,
de tal manera que se refleje de manera precisa el ánimo que los
inspiró a vincularse.
En ese sentido, […], advirtió la Corte que ‘la interpretación se
predica de los negocios jurídicos existentes, es ulterior a la
existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y
precisar la relevancia normativa de su sentido conformemente a la
‘recíproca intención de las partes’ (art. 1618 C.C.), de ordinario
plasmada en las cláusulas, párrafos, condiciones o estipulaciones,
a las cuales, sin embargo, no se reduce ni supedita, por cuanto,
aun siendo ‘claro’ el sentido idiomático, literal o textual de las
palabras, en toda divergencia a propósito, impónese reconstruirla,
precisarla e indagarla según el marco de circunstancias, materia
del negocio jurídico, posición, situación, conocimiento, experiencia,
profesión u oficio de los sujetos, entorno cultural, social,
económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva
retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando además de la
celebración, ejecución y conducta práctica negocial, la fase
prodrómica, de gestación o formación teniendo en cuenta que ‘[…]
los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a
preparar la producción de un consentimiento contractual no son
intrascendentes; por el contrario, una vez formado el
consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se
traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la
verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas
del contrato’ (cas. civ. junio 28/1989)’.
En materia de interpretación de contratos se
encuentran dos criterios, el subjetivo y el objetivo, el primero
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
43
consagrado en el artículo 1618 del Código Civil que consiste
en encontrar la verdadera intención de los contratantes, en
contraste con el criterio objetivo, que más bien busca
privilegiar la voluntad externa o declarada de las partes del
contrato.
2. El caso concreto.
2.1. Se aduce que el ad quem valoró erróneamente el
contrato de fiducia mercantil, en particular lo estipulado en
la cláusula 19 que reza:
EL FIDEICOMITENTE hace expresa su intención de llevar a cabo por
su cuenta y riesgo y con total autonomía administrativa, técnica y
financiera, en LOS INMUEBLES, el proyecto inmobiliario
denominado SOLER GARDENS. EL PROYECTO podrá sufrir
modificaciones por cambios que implemente EL FIDEICOMITENTE,
modificaciones en razón de exigencias formuladas por las
autoridades competentes al expedir la licencia de urbanización y/o
construcción o modificaciones en el número de unidades,
destinación, ubicación dentro del predio de las torres,
nomenclatura, ubicación de la portería o acceso, número de
parqueaderos privados o de visitantes, ubicación de zonas y bienes
comunes, circulaciones internas vehiculares y peatonales,
cerramientos, retiros, o en razón de situaciones imprevistas
generadas en el mercado de materiales, que obliguen a cambios por
otros, que no sean de calidad inferior a los inicialmente previstos
que no alteren sustancialmente la calidad y/o el área de las
unidades señaladas, y/o en virtud de las exigencias de las normas
urbanísticas y de construcción o por ajustes que deban hacerse a
los diseños técnicos, los cuales se informarán por escrito a LA
FIDUCIARIA para su conocimiento, salvedad que deberá quedar
establecida en los encargos fiduciarios mediante los cuales se
vincula a EL BENEFICIARIO DE ÁREA. El número definitivo de
unidades a construir, las especificaciones, diseños y demás
características del proyecto serán definidas por EL
FIDEICOMITENTE e informadas por escrito a LA FIDUCIARIA, previo
a la vinculación a EL BENEFICIARIO DE ÁREA sin perjuicio de que
se puedan efectuar las modificaciones de qué trata esta cláusula el
proyecto está concebido para desarrollarse en dos (2) períodos el
preoperativo y el operativo, que tendrán las finalidades que se
indican a continuación:
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
44
PRIMER PERÍODO (PREOPERATIVO). Tiene por objeto la elaboración
de los estudios y la celebración de todos los actos jurídicos
necesarios o convenientes para la adecuada obtención de recursos
por parte de EL FIDEICOMITENTE dirigidos a la realización de EL
PROYECTO y a la vinculación al mismo de personas denominadas
BENEFICIARIOS DE ÁREA, para un número no inferior al sesenta
por ciento (60%) del total del área disponible para la venta o del
sesenta por ciento (60%) del valor de las ventas, lo que primero
ocurra, para cada etapa, la cual se estima en: Para la primera etapa
13.000 metros cuadrados por un valor total de cuarenta y ocho mil
Millones de Pesos Mcte ($48.000.000.000); Para la segunda etapa
5.000 metros cuadrados por un valor total de doce mil millones de
pesos Mcte ($12.000.000.000). Para la tercera etapa 5.000 metros
cuadrados por un valor total de doce mil quinientos millones de
pesos Mcte ($12.500.000.000) y para la última etapa 5.000 metros
cuadrados por un valor de veintiún mil millones de pesos Mcte
($21.000.000.000) EL PROYECTO, que se considera el punto de
equilibrio de EL PROYECTO, de conformidad con lo establecido en
el presente contrato. En consecuencia, este período Preoperativo se
aplica así: la preventa comienza a realizarse a partir del primero (1)
de septiembre de 2007 y hasta el 1 de abril de 2008, para la
primera Etapa, las otras etapas tendrán un plazo para alcanzar el
punto de equilibrio de siete (7) meses a partir del inicio de las
preventas, las cuales se podrá iniciar en cualquier momento a
consideración de EL FIDEICOMITENTE. Durante este plazo, deberá
haberse suscrito un número de encargos fiduciarios individuales
(para cada comprador llamado BENEFICIARIO DE ÁREA), que
representen el porcentaje mencionado. EL FIDEICOMITENTE conoce
y acepta que no es labor de LA FIDUCIRIA realizar cobros jurídicos
o prejurídicos a LOS BENEFICIARIOS DE AREA, cuando estos
incumplan los pagos a que se obligarán.
El ad quem estimó que para determinar el punto de
equilibrio solo se podían considerar los «encargos fiduciarios
que realmente aportan flujo de caja al proyecto»30 de ahí que
no podían tenerse en cuenta los negocios desistidos ni los
pagos con área a los propietarios de los inmuebles ni por
servicios prestados, debiendo determinarse si dicha
interpretación se enmarca en lo dispuesto en la estipulación
19 atrás citada, o si como lo sostiene el casacionista los
encargos fiduciarios dados a los propietarios de los
inmuebles eran parte integral del punto de equilibrio porque
30 Fl 25. C. apelación sentencia. Exp. digital
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
45
no existía ninguna disposición contractual que así lo
limitara.
Como quiera que el contrato de fiducia tiene un carácter
mercantil debe acudirse a lo reglado en el artículo 822 del
Código de Comercio que reza:
Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y
las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo
de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley
establezca otra cosa.
La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas
en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales
establecidas en la ley.
De manera que son aplicables las reglas de
hermenéutica de las cláusulas contractuales consagradas en
el estatuto civil, integrándolas a las previstas en el
ordenamiento mercantil, entre otras, la prevista en el artículo
871 del C.Co., que dispone: «Los contratos deberán celebrarse
y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo
a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la
costumbre o la equidad natural.»
Ahora bien, la parte de la cláusula objeto de
interpretación es la siguiente:
(…) para la adecuada obtención de recursos por parte de EL
FIDEICOMITENTE dirigidos a la realización de EL PROYECTO y a
la vinculación al mismo de personas denominadas
BENEFICIARIOS DE ÁREA, para un número no inferior al sesenta
por ciento (60%) del total del área disponible para la venta o del
sesenta por ciento (60%) del valor de las ventas, lo que primero
ocurra (…).
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
46
Para establecer el punto de equilibrio en la cláusula 19
se establecieron los siguientes parámetros:
a) La realización de actos jurídicos para la «adecuada
obtención de recursos» por los fideicomitentes.
b) A través de la vinculación de beneficiarios de área.
c) Para un número inferior al sesenta por ciento (60%) del
total del área disponible para la venta o del sesenta por
ciento del valor de las ventas, lo que primera ocurra.
Luego si la determinación del punto de equilibrio estaba
atada a la obtención de recursos a través de la vinculación
de los beneficiarios de área, la interpretación del ad quem, en
el sentido que para dicha determinación no se podían tener
en cuenta los pagos realizados a través de encargos
fiduciarios se enmarca en lo establecido por las partes en el
contrato en estudio que, conforme lo prevé el artículo 1613
del estatuto civil, es ley para éstas, amén de atender la
finalidad del contrato conforme lo prevé el artículo 871 del
C.Co., atrás citado.
Aunado a lo anterior, recuérdese que esta Corporación
ha reconocido que los jueces gozan de una discreta
autonomía para interpretar los contratos, sin que en
principio sus conclusiones puedan ser rebatidas por medio
de este recurso extraordinario, salvo que se probase que el
fallador incurrió en un error de hecho manifiesto y
trascendente. Sobre el tema en estudio la Corporación ha
memorado en múltiples pronunciamientos, entre otros, en
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
47
fallo CSJ SC, 14 oct. 2010, rad. n.° 2001-00855-01, en el que
sostuvo:
[…] la interpretación de un contrato está confiada a la discreta
autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede ‘modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente error
de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente,
que ella es de tal alcance que contradice la evidencia’, ya porque
‘supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que
ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido
de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que
ellas demuestran’[…]
De modo que, si la interpretación realizada de la
cláusula en estudio no es absurda, ni carente de sindéresis
y lógica no puede aducirse válidamente que se haya
incursionado en un error de hecho, y es que aun aceptando
en gracia de discusión, que la cláusula en comento admitiese
varios entendimientos tal hecho per se no conlleva «el quiebre
de la sentencia, pues para que ello tuviera lugar sería
necesaria la comprobación de un yerro evidente en la
interpretación del contrato, hipótesis que no tiene cabida
cuando el juzgador elige una, de entre las distintas lecturas
que admite una convención, como aquí se hizo»31.
2.2. En lo concerniente a que no se valoraron los
testimonios de Margarita María Betancur Guzmán, de Jaime
Andrés Aristizábal, así como la rendición de cuentas del
proyecto por parte de Fiduciaria Corficolombiana S.A.,
recuérdese que «(e)n el error de hecho debe ponerse de
presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia
respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto
31 CSJ SC5175 de 2020
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
48
del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe
disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es
evidente32.
En el presente asunto si bien es cierto no aparece en la
providencia referencia expresa a los medios de convicción
extrañados por el casacionista, no menos cierto es que no se
advierte la trascendencia del yerro, ya que recuérdese que los
testigos narran hechos y su labor no está llamada a emitir
opiniones sobre la forma como debe interpretarse una
estipulación contractual.
3. Conclusión.
Conforme con lo analizado se advierte que el ad quem
no vulneró las reglas de interpretación de los contratos, y en
esas circunstancias el cargo no está llamado a prosperar.
QUINTO CARGO.
Aduce el recurrente que el ad quem al condenar a
Fiduciaria Corficolombiana S.A., en posición propia a pagar
intereses comerciales de mora a la tasa máxima legal desde
el 30 de junio de 2011 violó indirectamente los artículos
1608, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, por error de
hecho pues el juzgador dio por supuesta la prueba sin estarlo
que la fecha atrás referida era el término en que han debido
cumplirse las obligaciones a cargo de Fiduciaria
32 CSJ AC, 13 ene 2013, rad. 2009-00406
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
49
Corficolombiana S.A., en posición propia, sin que del texto de
los contratos resueltos así se indique, aunado a que para
dicha fecha el valor de los aportes de las sociedades
demandantes ascendía a $110.916.871 por Polar S.A.S.,
$300.216.172 por Inversiones Cascabeles S.A.S., y
$295.823.323 por Raíz S.A.S.
En adición anotó que «es errada la apreciación del
Tribunal de que esa fecha marcaba el comienzo de los
intereses moratorios ordenados, con lo cual desconoció el
Tribunal, y no tuvo en cuenta, que la mora automática» sólo se
presente en los dos primeros incisos del artículo 1608 del
Código Civil, por consiguiente, debía acudirse al
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor.
CONSIDERACIONES
1. La violación indirecta de la ley sustancial conlleva
la concurrencia de los siguientes elementos: el error y su
demostración; la violación de una norma que tenga carácter
sustancial y la incidencia del cargo en cuanto a la decisión
tomada por el ad quem.
1.1. Nótese que falla el segundo requisito, pues los
artículos referidos por el casacionista no ostentan el carácter
de norma sustancial. Memórese que la naturaleza de una
norma no depende del lugar donde se ubique, sino de su
objeto habida cuenta que sólo ostenta el carácter de norma
sustancial aquellas que generen, alteren o modifiquen
derechos, obligaciones o relaciones subjetivas33.
33 Sobre el tema ver CSJ SC, AC 6078 de 2021
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
50
En efecto, el artículo 1608 del Código Civil prevé los
supuestos en que el deudor se encuentra en mora34.
Situación similar se presenta con las demás normas citadas,
pues los artículos 1613, 1614 y 1615 ibidem se limitan a
referir y explicar los elementos de la indemnización de
perjuicios, temática sobre la cual esta Sala ha precisado que:
«(…) los artículos 1613, 1614 y 1615 del Estatuto Civil, que
explican los componentes de la indemnización de perjuicios
(daño emergente y lucro cesante), no son sustanciales, pues
tan sólo hacen una clasificación y explicación de dos
modalidades de daños resarcibles»35.
Igual ocurre con el artículo 1617 ejusdem que
determina el pago de perjuicios en obligaciones dinerarias,
pero que no crea, modifica o extingue obligaciones.
Finalmente, en cuanto a la vulneración del artículo 94
del Código General del Proceso, nótese que dicha disposición
tiene un carácter procesal y no sustancial; además, para el
momento en que se presentó la demanda, 14 de febrero de
2012, dicha norma no se encontraba vigente, puesto que sólo
entró a regir el 1° de octubre de 2012.
2. Conclusión.
De acuerdo con lo expuesto, el error de forma al no
invocarse una norma sustancial que soportara el cargo,
implica que no esté llamado a prosperar.
34 Sobre el particular ver CSJ SC, 24 de octubre de 1975, GJ. 2492.
35 SC 2506 DE 2016
Radicación n.° 05001-31-03-017-2012-00104-01
51
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2019, por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado al
comienzo de este proveído.
Costas en casación, a cargo del recurrente. Como la parte
opositora replicó en tiempo dicha impugnación, se fija en diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes como
agencias en derecho.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HILDA GONZALEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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