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kepúbi , I ,1, ,inbia
Cede Corema de Justicia
Sala da Sandia Civil
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3724-2020
Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
(Aprobado en sesión virtual de veintiocho de mayo de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veinte
(2020).
Decídese el recurso de casación interpuesto por el
apoderado judicial de Gerardo Rodríguez Zuluaga frente a la
sentencia de 19 de julio de 2013, proferida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del
proceso ordinario que promovió, junto a otros, contra Alfonso
Díaz Sanz y Administradora Country S.A., al cual se vinculó
como llamada en garantía a Aseguradora Colseguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Los demandantes solicitaron que se declarara el
incumplimiento del contrato
de servicios médicos y
hospitalarios celebrado entre Gerardo Rodríguez Zuluaga y
los accionados, a consecuencia de lo cual pidieron se
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condenarán a los últimos al pago de $303.681.442 por daño
emergente, $2.826.552.744 por lucro cesante, 500 smlmv
por daño moral y 400 smlmv por perjuicio a la vida de
relación.
2. Tal reclamación tuvo el sustento fáctico que a
continuación se resume (folios 251 a 304 del cuaderno 1):
2.1. Gerardo Rodríguez Zuluaga, después de una
primera cirugía, presentó dificultades de columna, para cuyo
tratamiento se pactó que Alfonso Díaz Sanz realizaría una
microdisectomia LA-L5 y L5-S1, que derivó en la invalidez de
aquél, afectando sus actividades diarias, capacidad
productiva y estado anímico. Esta situación produjo
desosiego en su esposa e hijos, quienes no volvieron a realizar
las actividades que acostumbraban a hacer.
2.2. La intervención quirúrgica se realizó el 3 de marzo
de 2008, sin que Alfonso Díaz Sanz se percatara que de la
herida brotaba un liquido viscoso, que a pesar de serle
advertido en la cita de control, afirmó que era normal y
simplemente hizo una curación.
2.3. Poco después Gerardo Rodríguez Zuluaga tuvo un
fuerte dolor de cabeza, siendo internado en la Clínica
Country el día 12 del mismo mes; en la historia clínica se
anotó «salida de liquido abundante», posible meningitis o
fistula de liquido cefalorraquideo -LCR-, lo que fue
confirmado por la resonancia magnética que se practicó.
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2.4. En desarrollo del tratamiento antibiótico que se
extendió por varias semanas, se confirmó la presencia de las
bacterias nosocomiales intituladas pseudomona stutzeri y
enterococo faecalis, adquiridas en la Clínica Country.
2.5. El 2 de junio de igual anualidad, Gerardo Rodríguez
Zuluaga fue nuevamente internado por la reactivación de la
infección y recibió otro antibiótico ante la persistencia de las
mencionadas bacterias.
2.6. En el comité médico realizado el 29 de agosto de
2007 Alfonso Díaz Sanz señaló que la cirugía fue muy difícil
y en ella se rompió la duramadre, sin que esta información
constara en la historia clínica. Por tanto, aseguraron los
demandantes, quino de los dos documentos no corresponde a
la realidad: o en la historia clínica no se registró la verdad o
en el acta del comité -el profesional- intentó justificar su error
y conducta omisiva al no detectar complicación» (folio 265).
2.7. Alfonso Díaz Sanz no observó el rompimiento, no lo
registró en la historia, no lo reparó y no sospechó de su
existencia en el control postoperatorio, situaciones que
provocaron secuelas permanentes en la movilidad del
demandante, por originar la infección, como lo aseguró el
médico Mauricio Toscano.
3. Una vez admitido el libelo, Alfonso Díaz Sanz se
opuso a las pretensiones, negó algunos hechos y propuso
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las excepciones de buena praxis médica -ocurrencia de la
complicación inherente al procedimiento-, inexistencia de
culpa, actividad médica como obligación de medios,
información clara de riesgos y aceptación de ellos por parte del
actor, cobro exagerado por perjuicios desproporcionados y la
innominada (folios 189 a 214 del cuaderno 2).
Administradora Country S.A. rechazó las condenas y el
sustrato fáctico expuesto, propuso las defensas que intituló
inexistencia de los elementos propios de la responsabilidad,
acaecimiento del riesgo previsto, inexistencia de la relación de
causalidad, cumplimiento de los estándares en la prestación
de los servicios de salud, inexistencia de solidaridad,
extralimitación de las pretensiones y la genérica (folios 219 a
245).
4. Se llamó en garantía a Aseguradora Colseguros S.A.,
quien excepcionó ausencia de culpa, la actividad médica no
es una actividad peligrosa, el riesgo previsto, indebida
tasación de los perjuicios y la común (folios 61 a 73 del
cuaderno 3).
5. El Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá, en primera
instancia, desestimó las pretensiones, ante la ausencia de
demostración de la falla médica y del nexo causal (folios 504
a 524 del cuaderno 4).
6. Al desatar la alzada interpuesta por los
demandantes, el superior confirmó la decisión, con base en
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los argumentos que se exponen en lo siguiente (folios 11 a 22
del cuaderno 4).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de encontrar satisfechos los presupuestos
procesales manifestó que el reclamo de Gerardo Rodríguez
Zuluaga era de naturaleza contractual, mientras que el de su
familia extracontractual, siendo necesario que en ambos
casos se acredite el hecho culposo, daño y nexo causal, que
en materia médica requiere tener en consideración la
diferencia entre obligaciones de medios y de resultado, así
como las reglas de la carga de la prueba, la complejidad de
la intervención, el estado del paciente y las circunstancias
exógenas relevantes.
2. Estimó probado el contrato de servicios médicos y la
participación de la clínica en la ejecución de este negocio
jurídico, al haber colaborado con la realización de la cirugía,
de allí que pueda ser condenada en el presente caso, como lo
reconoció la Corte Suprema de Justicia en una situación
equivalente.
3. Recordó la discusión sobre la responsabilidad
objetiva y subjetiva, para señalar que asuntos médicos debe
demostrarse la culpa, carga que se encuentra en cabeza del
demandante.
4. Manifestó que las partes están de acuerdo en la
ruptura de la duramadre durante el acto médico, aunque no
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constara en la historia clínica, sin que de esto se infiera la
negligencia o culpa médica, en tanto era un riesgo específico
de la cirugía, máxime por tratarse de una segunda
intervención, como consta en el consentimiento informado
firmado por Gerardo Rodríguez Zuluaga y lo declarado por
Fernando Hakim, Mauricio Toscano, Carlos Cure, Alvaro
Silva y Remberto Burgos.
5. Desestimó el argumento de defensa sobre la supuesta
reparación que se hizo del saco dural durante la cirugía,
amén de que no se allegaron exámenes, conceptos o
testimonios que corroboren este proceder.
Analizó la resonancia magnética que sirvió al
demandado para su alegación, encontrando que la misma no
era conclusiva, pues daba cuenta de una imagen que puede
corresponder a un injerto, edema, absceso o fistula de LCR,
siendo o más acertado, en sana lógica, acoger que la evidencia
corresponde a ésta última sospecha, si en cuenta se tienen los
hechos acaecidos, antes y después de la cirugía, como el
resquebrajamiento del saco dural, y la ausencia de
anotaciones oportunas y completas sobre esta complicación y
el tratamiento suministrado, y la posterior detección del
escape de líquido con presencia de un proceso infeccioso» (folio
331).
Empero, esta situación no puede calificarse como una
omisión o negligencia de Alfonso Díaz Sanz,más aún cuando
el dolor de cabeza sólo se presentó al día siguiente a la
fecha señalada para el control, momento en el cual se
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constató que existía la fistula. Lo anterior, pues varios de los
galenos declarantes admitieron que es posible que un
cirujano no se dé «cuenta de haber provocado esa lesión, como
quiera que su tamaño la torna un tanto imperceptible, lo que
no es óbice para que una vez diagnosticada una fistula de
LCR, sea tratada adecuadamente de manera que se alivie el
estado de salud del paciente y se reduzca toda posibilidad de
tener contacto con gérmenes o bacterias» (folios 332 y 333).
Recordó que entre el 3y 5 de marzo la herida estuvo cubierta,
limpia y seca, con apósito.
6. Frente a la infección, resaltó que es un riesgo
inherente a la intervención médica, sin que sea imputable al
médico, en tanto su origen depende de múltiples factores,
como lo reconoció la Universidad Nacional de Colombia y los
galenos Carlos Cure y Alvaro Silva; además porque la herida
estaba ubicada cerca de la región lumbosacra y vía fistula se
facilitó el camino de las bacterias, como lo señaló el
infectólogo Santiago López. Conclusión que se ratifica por la
información de la Secretaría de Salud, en tanto en el período
de la cirugía no hay evidencia de otras infecciones por las
mismas bacterias en la Clínica Country, salvo un caso que
no guarda relación con Gerardo Rodríguez Zuluaga.
7. Desestimó que se hubieran desconocido las
obligaciones de seguridad, prudencia y diligencia, pues el
daño sufrido por el paciente no tuvo como causa directa la
culpa o un error científico injustificable, sino que es
resultado de la enfermedad degenerativa.
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Concluyó que no se demostró la culpa atribuida, sin que
pueda inferirse de los documentos aportados con la
demanda, pues los denominados conceptos médicos no están
suscritos y, por esto, carecen de mérito probatorio.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Gerardo Rodríguez Zuluaga sustentó el recurso
extraordinario en su oportunidad y propuso seis (6)
reproches (folios 8 a 37 del cuaderno Corte), de los cuales
únicamente se admitió el último por proveído de 3 de
noviembre de 2015 (folios 40 a 47), que fue objeto de réplica
por los accionados y el llamado en garantía.
CARGO SEXTO
1. Con fundamento en la causal segunda de casación,
el impugnante criticó falta de congruencia entre los hechos y
las excepciones propuestas por el demandado, ya que no
podía exonerarse al médico y la clínica con fundamento en
un supuesto fáctico que no hizo parte de la controversia.
2. Arguyó que el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda porque, si bien se presentó una lesión de la
duramadre, ésta fue tan pequeña que resultó imperceptible
para el médico, razón para no repararla. Hecho que no fue
alegado o propuesto por los accionados, ni sirvió de sustento
a las excepciones, en tanto éstos pretendieron
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excusarse en que la lesión sí se descubrió y fue reparada en
la cirugía.
Con este proceder, sostuvo, se vulneró su derecho de
contracción, al no poder desvirtuar su ocurrencia.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión de primer orden es precisar que, a pesar de
entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del
Proceso desde el 1° de enero de 2016, al sub lite no resulta
aplicable por consagrar, en el numeral 5° de su artículo 625,
que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben
surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se
interpusieron».
Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue
iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil (3
de julio de 2013), será este ordenamiento el que siga
rigiéndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia
de la ley en el tiempo.
2. En los procesos civiles, amén de la naturaleza de los
asuntos objeto de litigio, que por regla general son
patrimoniales y de libre disposición, predomina el principio
dispositivo, según el cual, las partes tienen la iniciativa de la
acción, el impulso del proceso, la disposición del derecho
material, la fijación de los límites de la decisión, la
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formulación de los recursos e, incluso, los efectos de la cosa
juzgadal.
Reliévese, en particular, la potestad de las partes para
acotar las materias sobre las cuales versará el debate
probatorio y la decisión judicial, sin que sea posible que el
juzgador desatienda el thema decidendum -tema sobre lo que
el juez decidirá- o la causa petendi -causa de la petición-, so
pena de exceder el ámbito de sus competencias.
Bien conocido es el brocárdico «ne eat iudex ultra petita
partium» -la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de
las partes-, utilizado desde antaño para reconocer el señorío
de los litigantes sobre la causa y, por esta vía, impedir que la
actividad jurisdiccional se desvíe de los puntos planteados en
los escritos de demanda y oposición.
Máxima recogida en el articulo 305 del Código de
Procedimiento Civil, a saber: «La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieran sido alegadas si así lo exige la ley». Norma que
guarda armonía con el canon 304, que ordena que la
«motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas
y a los razonamientos... estrictamente necesarios para
1 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos
Aires, 1958, P. 188 y 189.
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fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión».
Ha dicho esta corporación:
[C]umple recordar que la congruencia de la sentencia es principio
cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el
exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de
lo que compete resolver, previsto en el artículo 305 del citado
estatuto, bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la solución del
conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o demás
oportunidades autorizadas, así como las defensas frente a esta
última, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio.
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación,
acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo
pedido y lo resistido (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.° 2009-
00114-01).
3. El fallo emitido de espaldas a esta exigencia es
susceptible de impugnación, incluso por la senda
extraordinaria, en tanto es causal de casación que la
sentencia no esté «en consonancia con los hechos, con las
pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas
por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio»
(numeral 2° del articulo 368 del C.P.C.)
Se trata de un error in procedendo, por suponer un
desconocimiento de la competencia de la cual se encuentra
investido el juzgador, quien decide la controversia por fuera
de las pretensiones reclamadas (extra petita), o más allá de
lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de
alegación y demostración (citra petita), como lo ha señalado
la Corte:
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[Su] incumplimiento es de antaño inscrito en una de estas tres
posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga
más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado
oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar,
cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea
implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones
formuladas (mínima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo
decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un
tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes
a los invocados (extra petita)... (SC1806, 25 feb. 2015, rad. n.°
2000-00108-01).
Igual yerro comete el funcionario que omite decidir
sobre las defensas que se propusieron oportunamente,
desatiende el material demostrativo que develaba una
excepción que debe declararse oficiosamente (AC7709, 21
nov. 2017, rad. n.° 1998-07501-01), o reconoce una
oposición que era del resorte exclusivo de las partes sin que
se hubiera solicitado oportunamente -como prescripción,
nulidad relativa o compensación- (SC16785, 17 oct. 2017,
rad. n.° 2008-00009-01).
En tratándose de los hechos del caso, por mucho tiempo
se afirmó que no daba lugar a incongruencia, pues estos
yerros realmente develaban una violación de normas de
derecho sustancial, que debía encausarse por este motivo
específico de casación. Así lo sostuvo esta Sala:
No es causal de casación de una sentencia el que se encuentre
apoyada en hechos que el actor no invocó para fundar la
demanda. Si bien es cierto que en una sentencia no se deben
aplicar hecho que no han sido objeto de la controversia, ello por sí
solo no es motivo para casarla por la segunda de las causales de
casación, si la sentencia no condena a más de lo pedido» (SC, 23
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oct. 1930, G.J. n.° XXXVIII, p. 187; reiterada SC, 14 jul. 1954,
G.J. n.° LXXVIII, p. 66).
Tesis reconocida en el original numeral 2 del artículo
368 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, con el
decreto 2282 de 1989 se dio cabida a la incongruencia láctica,
esto es, aquella originada en la ausencia de correlación entre
las afirmaciones formuladas por las partes» y el fallo.
Esta última se configura, entonces, cuando el juzgador
se aleja abiertamente del sustrato fáctico planteado en la
demanda, contestación y traslado de la oposición, para
fincarse en su conocimiento privado o en la imaginación. Así
lo precisó la Corte al considerar que «[e]n excepcionales casos
se habilita el estudio por incongruencia de una providencia
que niega todos los pedimentos del opugnador, como cuando
el fallador toma un camino ajeno del que le trazan las partes,
desconociendo abiertamente la narración factual y las
peticiones, para imponer un punto de vista desfasado o
arbitrario» (SC6499, 27 may. 2015, rad. n.° 2003-00110-02).
Recálquese que el distanciamiento debe ser total, en
tanto el juez debe desatender la causa petendi y proferir una
resolución resolviendo cuestiones de modo y por
fundamentos de hecho del todo extraños a los aducidos
oportunamente por los litigantes en aquellos actos llamados a
fijar concretamente la materia del debate» (SC018, 23 may.
1997, exp. n.° 4504); huelga explicarlo, debe tratarse de un
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exabrupto palpable (SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.° 2008-
00009-01), desvío considerable (SC, 18 dic. 2013, rad. n.°
2000-01098-01), desatención deliberada (SC1806, 24 feb.
2015, rad. n.° 2000-00108-01), diferencia total (SC, 24 oct.
2006, rad. n.° 2002-00058-01) o completa falta de coherencia
(AC, 11 nov. 2011, rad. n.° 2008-00956-01).
4. Descendiendo al caso concreto, anticípese que el
cargo planteado no se abrirá paso, pues no configuró la
incongruencia alegada.
4.1. El impugnante pretende la casación del fallo de
alzada por cuanto, en resumen, el ad quem fundó su
determinación en la imperceptibilidad de la ruptura de la
duramadre, razón para absolverlos de responsabilidad, sin
tener en cuenta que este hecho no fue alegado en el proceso.
4.2. Con el fin de establecer si se presentó la
incongruencia denunciada, procede recordar los
razonamientos que soportaron la decisión confutada, en
punto a la ausencia de prueba de la falla médica:
IAJunque aceptada por la Sala la hipótesis reseñada, consistente
en que el demandado Alfonso Díaz Sanz no se percató de haber
resquebrajado el saco dural, y por ende, no realizó el tratamiento
correspondiente, de acuerdo a lo expuesto por los testigos
expertos, ello no implica la corroboración de un acto negligente
atribuible a ese galeno, pues varios de ellos coincidieron en
manifestar, que en ocasiones, el cirujano que realiza la
intervención cuestionada, puede no darse cuenta de haber
provocado la lesión, como quiera que su tamaño la torna un tanto
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imperceptible, lo que no es óbice para que una vez diagnosticada
una fistula de LCR, sea tratada adecuadamente de manera que se
alivie el estado de salud del paciente y se reduzca toda posibilidad
de tener contacto con gérmenes o bacterias...
En el caso sub lite, ante la creencia de una posible fistula de LCR,
Alfonso Díaz Sanz, el doce (12) de marzo de dos mil siete (2007),
mismo día de ingreso a urgencias por parte de Gerardo Rodríguez
Zuluaga, ordenó la realización de una resonancia magnética de
columna lumbosacra y valoración con infectólogo, medidas con las
cuales logró sortearse ese episodio y que en todo caso, no son
objeto de discusión en esta instancia, por haber diseñado tal
frontera la parte apelante, al circunscribir la alzada a los actos
relacionados directamente con la ̀ microdisectomia LA-L5 y L5 S-1'
y qaminectomía L5' (folios 332 y 333 del cuaderno 7).
Sobre este punto, al formular su contestación, Alfonso
Díaz Sanz alegó la configuración de un riesgo propio de la
actividad médica según el tipo de cirugía practicada:
[D]ebo decir al despacho que, se trataba de una intervención,
donde el índice de complicaciones asciende hasta un 20% y,
precisamente, atendiendo esa posibilidad, en el formato de
consentimiento informado, suscrito por el accionante, se indicó
como riesgos inherentes a la cirugía, la posibilidad de sufrir
infecciones, una lesión del saco dural, lesión radicular y lesión
vascular, los cuales le fueron dados a conocer al paciente, antes
del procedimiento quirúrgico, y aceptados, lo que explica la
existencia de su firma en el susodicho documento... [A]nte la
sospecha de fistula de líquido cefalorraquídeo, solicitó valoración
por infectología para el inicio de terapia antibiótica de amplio
espectro, como es indicado para el manejo de esa patología y
RMN... (folio 197 del cuaderno 2).
[D]ebo señalar que, de conformidad con la literatura médica,
algunas de las complicaciones que se presentan en cirugía, no
se evidencian en el intraoperatorio, sino que se hacen
manifiestas en el postoperatorio, como en el caso de
marras. Insistiendo en que, se trató de un riesgo informado al
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actor, previo al procedimiento quirúrgico... (negrilla fuera de texto,
folio 200 ibidem).
[L]a durotomía incidental es una complicación inherente al
procedimiento, y este riesgo se incrementa si se trata de una
reintervención en una hernia recidivante, ello debido al cambio y
fibrosis de los tejidos y al aumento del grado de complejidad del
procedimiento, al existir una fistula, existe también una
comunicación con el medio externo que facilita la infección y para
ello se debe administrar antibióticos de amplio espectro, como se
hizo en este caso (folio 201).
En el mismo sentido, Administradora Country S.A.
alegó:
[Ell riesgo de infección fue uno de los riesgos previamente
advertidos al señor Rodríguez que acaeció y que fue debidamente
tratado; tal como se ha insistido a lo largo del presente escrito, la
Clínica puso a disposición del paciente todos los medios
necesarios para la adecuada prestaciones del servido. En todo
caso, debe advertirse que la condición actual de salud del señor
Rodríguez en ningún caso es consecuencia de la atención prestada
en la Institución (folio 233 del cuaderno 2).
Del cotejo de las transcripciones reluce que el Tribunal
no se alejó del camino fáctico fijado por los accionados, pues
su labor consistió en verificar cuáles son los sucesos
desafortunados que pueden presentarse de una
laminectomia por hernia discal y, ante su presencia en el
caso, desestimó la falla en médica.
Nótese que el juzgador siempre tuvo puesta su mirada
sobre la cirugía practicada, las condiciones de salud del
paciente, los riesgos propios de la intervención y su relación
con la lex artis, sin traer otros elementos, lo que le permitió
concluir que la ruptura de la duramadre es un albur en
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estas intervenciones, por tanto, su presencia es insuficiente
para probar un actuar negligente o culposo de los
convocados, como fue alegado por ellos a través de las
excepciones denominadas buena praxis médica -ocurrencia
de la complicación inherente al procedimiento- y acaecimiento
del riesgo previsto.
Más aún, la posibilidad de que el resquebrajamiento en
mención sólo fuera perceptible en el postoperatorio,
corresponde a uno de los argumentos invocados por Alfonso
Díaz Sanz para desestimar las pretensiones, por tanto, mal
podría existir incongruencia cuando el juzgador se limitó a
corroborar este aserto, basado en las declaraciones de otros
profesionales en ortopedia.
El juzgador, dicho de otra manera, se centró en la
prueba de las alegaciones de defensa -concreción de un
riesgo connatural a una reintervención de columna-, con
apoyo en la ciencia médica, lo que le sirvió para desestimar
un actuar contrario a la lex aras, sin abandonar este marco
de discusión.
Reluce de esta forma la armonía entre los hechos
propuestos en las contestaciones de demanda y las razones
que sirvieron de sustentáculo a la decisión impugnada,
motivo suficiente para descartar una incongruencia fáctica.
4.3. Es cierto que en la sentencia de alzada se hizo
referencia a lo inapreciable de las lesiones de meninge, sin
que este argumento hubiera sido objeto de discusión en la
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apelación. Empero, tal aseveración únicamente se hizo para
explicar las razones para colegir que era un riesgo común en
las laminectomias por hernia discal, sin asegurar que por este
motivo se enervaba el pedimento indemnizatorio.
Basta revisar las palabras del Tribunal para develar
que, la mención a la imperceptibilidad de las roturas tuvo
como fuente las afirmaciones de los testigos expertos,
quienes expusieron esta posibilidad como de repetida
ocurrencia, sin que llegara a tal colofón en el caso de Gerardo
Rodríguez Zuluaga.
El fallador, como se advierte, se limitó a aludir
genéricamente a que «en ocasiones, el cirujano que realiza la
intervención cuestionada, puede no darse cuenta de haber
provocado la lesión», sin excusar la responsabilidad del
médico cirujano en esta premisa.
4.4. Con todo, aunque se admitiera que el Tribunal
asintió en que la quebradura de la duramadre fue inasible
para Alfonso Díaz Sanz, lo cierto es que no constituye un
distanciamiento diametral de la plataforma fáctica, pues este
tema hace parte de la causa petendi que fue invocada en las
instancias.
Basta mencionar que los accionados se excusaron en la
materialización de un riesgo propio de la microdisectomía LA-
L5 y L5-S1, para excluir una transgresión de la lex artis
médica, aspecto que fue auscultado en las atestaciones de
Mauricio Toscano, Fernando Hakim, Remberto Burgos,
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Carlos Cure y Alvaro Silva, quienes asintieron en tal
conclusión, fundados en lo dificultoso de su detección.
Acudir a la opinión de expertos en ortopedia de
columna, para establecer si la actuación del galeno
demandado estuvo de acuerdo con los estándares exigibles a
la profesión, no constituye una afrenta a la congruencia, sino
una forma de probar los supuestos de las alegaciones,
aunque algunos de ellos justificaran sus afirmaciones en
comprobaciones científicas que no corresponden
exactamente a las circunstancias del caso.
La sentencia, en este contexto, no se apoyó en premisas
fácticas desconectadas de los hechos expuestos por los
accionados, sino que con base en las mismas el sentenciador
analizó las pruebas practicadas y desestimó un yerro médico,
itérese, porque las consecuencias físicas que padeció el
intervenido fueron fruto de un riesgo propio de la actividad
galénica.
4.5. Las anteriores razones son suficientes para
desestimar el embate planteado.
5. Por lo demás, conviene señalar que el cargo deviene
intrascendente, pues aunque se admitiera la incongruencia
denunciada, lo cierto es que en sede de instancia esta Sala
no podría emitir un fallo diferente al que se censura, ante la
falta de prueba del nexo de causalidad entre el supuesto
yerro médico y la infección que generó las consecuencias
permanentes en la columna del actor.
19
Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
5.1. Recuérdese que en la demanda inicial se pretendió
la condena del médico tratante y de la Clínica Country por
haber permitido que, vía una fístula de LCR, Gerardo
Rodríguez Zuluaga adquiriera una infección nosocomial
(hechos 62, 79, 80, 85 y 86 de la demanda).
Frente a lo anterior, el Tribunal fue claro en señalar:
Para esta Sala, es difícil tarea probar la causa de un proceso
infeccioso, que en el sub lite, se imputa a la Clínica Country, debido
a que, tal es multicausal o puede tener diverso origen, a lo que se
suma, que en las condiciones concretas en que se encontraba el
paciente, no ofrece mayor campo de acción para aventurarse a
ideas hipótesis, el que la herida quirúrgica de Gerardo Rodríguez
Zuluaga estuviera ubicada en la región lumbrosacra, y facilitara
por vía de la fistula, el camino de las bacterias de las que fue
víctima.
El médico infectólogo tratante, Santiago López Barrera, precisó que
'fijas bacterias encontradas en los cultivos, sugieren que dicha
infección no fue adquirida durante la cirugía, pues las mismas no
fueron observadas en otras cirugías durante ese periodo
observado, siendo una de ellas muy rara dentro de las
observaciones del Comité de Infecciones y por su origen del tracto
gastrointestinal aunado a la presencia de la complicación
relacionada con la fistula de líquido cefalorraquídeo, sugiere
contaminación posoperatoria relacionada con los cuidados de la
herida', concepto que no aparece infundado, al confrontarla con
las copias de las visitas que a la Clínica ha hecho la Secretaría de
Salud de la Alcaldía de Bogotá, puesto que en ninguna de ellas se
relacionan las bacterias adquiridas por el demandante, en el
período de su intervención quirúrgica... (folio 336 del cuaderno 7).
5.2. El anterior colofón, que no fue cuestionado por el
casacionista, tiene apoyadura en las diversas pruebas del
proceso, cuyo análisis en conjunto refirma la tesis del
20
Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
fallador de segundo grado y, de la misma forma, conduce al
fracaso de las pretensiones, como se muestra en lo sucesivo.
5.2.1. El documento denominado «consentimiento
informado para la práctica de actos médicos», suscrito el 26
de febrero de 2007 por Gerardo Rodríguez Zuluaga,
prescribe:
Manifiesto que el Doctor Alfonso Díaz me ha explicado la
naturaleza y propósito del acto médico, así como de las ventajas,
posibles alternativas, molestias y riesgos, en particular las
siguientes: infección, lesión dural, lesión radicular, lesión vascular,
y he podido efectuar las preguntas relacionadas con dicho acto las
cuales han sido respondidas en forma satisfactoria; así mismo me
ha sido explicado que no es posible garantizar los resultados
esperados del acto médico (folio 28 del cuaderno 5).
Resáltese que el demandante reconoció ser advertido
sobre los hechos que podrían afectar su salud por la cirugía,
incluyendo los que finalmente se materializaron, como son la
ruptura del saco dural y eventuales infecciones, por lo que la
presencia de los mismos, en línea de principio, son
consecuencias indeseables de la actividad médica pero no
indican, por sí mismos, un error de conducta.
Conclusión reafirmada por Mauricio Toscano, quien
declaró que las complicaciones más usuales en materia de
microdisceptomia son las «infracciones tanto superficiales
sobre la herida, como profundas a nivel del disco..., fistula de
líquido cefalorraquídeo por laceración de la duramadre»
21
Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
(folio 169 del cuaderno 4). Supuesto confirmado por Carlos
Alberto Cure Halcin (folio 207).
Máxime si se tiene en cuenta que se estaba frente a una
reintervención, que aumenta esta clase de riesgo, como bien
lo señala la doctrina especializada:
La durotomía involuntaria es una ocurrencia bastante común
durante la cirugía de la columna con una incidencia reportada que
varía del 1% al 14%. Los factores de riesgo reportados incluyen:
cirugía de revisión, osificación del PLL, entrenamiento del cirujano
y edad del paciente, aunque estos son inconsistentemente
informado entre los estudios. La cirugía de revisión, basada en la
revisión de la literatura, es el factor de riesgo que se informa con
mayor frecuencia2.
Remberto Ignacio Burgos, al testificar sobre el punto,
aseguró: «Cuándo (sic) el paciente tiene el antecedente de
cirugía[,] las complicaciones se aumentan en una forma
significativa. Especialmente dos: La fistula que llega hasta el
20% y la disfunción neurológica,. Más (sic) o menos a un 10%»
(folio 184 de cuaderno 4).
5.2.2. Historia clínica de Gerardo Rodríguez Zuluaga,
que da cuenta de estos hechos:
05/ Mar/ 07 07:10 - Ubicación: Kra 16- 6° Sexto Piso Ala Oriental
Se controlan signos vitales, estables, sin dificultad respiratoria,
refiere que ha presentado cuatro deposiciones semiblandas
en la noche, ha dormido bien... (negrilla fuera de texto, folio 7 del
cuaderno 5)
2 Geoff Baker, B.A., et al, Risk Factors for Unintended Durotomy During Spine Surgery:
a Multivariate Analysis. En Author Manuscript, Febrero 2012, (traducción libre).
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
Urgencias adultos - 12/ Mar/ 07 14:38...
Enfermedad actual: paciente en POP 10 día (sic) de laminectomia
x (sic) hernia discal
Cuadro de 2 días de evolucion (sic) de cefalea intensa asociada a
fiebre no cuantificada, nauseas, vómito, ayer deposiciones
blandas (negrilla fuera de texto, folio 29)
Ortopedia - 15/ mar/ 07...
Persiste cefalea, náuseas y vómito. Requirió de morfina y aún no
le cede. Signos vitales estables, se retira almohada y dejo en
elevacin (sic) de los pies obteniendo remisión del cuadro. Se habla
con laboratorio e informan cocos gram positivos en el frotis... (folio
34)
Ortopedia - 17/ mar/ 07. . .
Cultivo positivo para pseudomona stutzeri y enterococo faecalis,
sensibles a los 2 antibióticos prescritos. Presente eritema en el
dorsoy (sic) zona lumbar así como pruritoN No se aplica drenaje
del CR (folio 35).
Descuella que el paciente presentó diarrea en el
postoperatorio, con los riesgos que esta situación podía tener
sobre una herida ubicada en la zona sacro-lumbar, esto es,
al finalizar la columna vertebral y principiar el cóccix, la que
pudo servir de entrada para gérmenes provenientes del
peritoneo, como es el enterococo faecalis.
Así lo consideró Remberto Burgos: «El entero coco
feclaios (sic) viene del intestino de la región peritoneal, por
ejemplo el paciente que tenga unas deposiciones diarreicas. Si
el paciente tiene una diarrea y contamina la materia fecal, la
herida reciente es muy probable que la infección se deba al
inferoccoco (sic) o (sic) otro germen (sic) que está normalmente
en el intestino» (folio 185 del cuaderno 4).
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
Y es que, «[m]últiples estudios consideran que los
enterococos aislados en las infecciones pertenecen al propio
tracto gastrointestinal03.
Esto explica que el infectólogo que trató a Gerardo
Rodríguez Zuluaga, al hacer un recuento de los hechos,
señalara:
Mi conclusión sobre el caso, es que el paciente presentó
inicialmente una infección del sistema nervioso central, asociada
a la Cirugía y facilitada por la presencia de una fistula de líquido
cefalorraquídeo, la cual rompió la esterilidad de dicho sistema y
facilitó la infección; los gérmenes presentados, en dicha infección
son gérmenes normalmente provenientes de materia fecal y no
fueron asociados con las infecciones hospitalarias que durante el
2007 causaron infección hospitalaria en la clínica del Country, en
ese tipo de cirugías...
Las bacterias encontradas en los cultivos, sugieren que dicha
infección no fue adquirida durante la cirugía, pues las mismas no
fueron observadas en otras cirugías durante ese período
observado, siendo una de ellas muy rara dentro de la observación
del Comité de Infecciones y por su origen del tracto gastrointestinal
aunado a la presencia de la complicación relacionada con la fístula
de líquido cefalorraquídeo, sugiere contaminación
postoperatoria relacionada con los cuidados de la herida.
(negrilla fuera de texto, folios 180 y 181).
5.2.3. El dictamen pericial rendido por la Universidad
Nacional aclaró, respecto a las infecciones en heridas por
laminectomia, las siguientes nociones:
2. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes implicados en este
tipo de infecciones?
3 Liba María Ortega González, Enterococos: actualización. En Revista Habanera de
Ciencias Médicas, vol. 9 n.° 4, oct.-nov. 2010.
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
En general son los gérmenes que se encuentran en la piel cercana
al sitio quirúrgico. En este caso predominan infecciones por
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Enterococcus spp y
entero bancterias. Estos dos últimos teniendo en cuenta la cercanía
del sitio quirúrgico con el periné...
4. En ausencia de los gérmenes ~ frecuentes esperados en una
infección asociada al cuidado de la salud como esta, los gérmenes
aislados en este caso, le dan alguna guía sobre su origen, teniendo
en cuenta que dichos gérmenes no fueron encontrados en la clínica
en otras infecciones postoperatorias en dicho período.
En general se considera que el origen de los gérmenes causantes
de una infección corresponde a la misma flora del paciente. En este
caso consideraría que el Enterococo proviene de la flora normal del
paciente, teniendo encuenta (sic) adicionalmente la información del
enunciado de la pregunta (folios 346 y 347 del cuaderno 4).
En suma, para la División de Apoyo de Infectología de
la citada institución educativa, es posible que la herida de
una cirugía lumbar-sacra se infecte con los gérmenes
provenientes del sistema digestivo del paciente, sin que
pueda imputarse responsabilidad a la entidad médica, más
aún frente al hecho de que se trató de un caso aislado, esto
es, no hubo infecciones por el mismo microorganismo en
otros pacientes que tuvieran conexión con el presente.
Hipótesis que cobra fuerza con la declaración de Alvaro
Silva Ardila, que al ser preguntado «Podría indicar al
Despacho con base en su experiencia profesional, en un
eventual caso de infección intraoperatoria aproximadamente,
si lo puede decir, en qué momento el paciente presenta
signos o síntomas de infección», manifestó: «Aunque es
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
imposible hacer una afirmación categórica a (sic) respecto, los
síntomas suelen aparecer en las primeras horas posteriores a
la cirugía» (folio 213).
Como en el caso, la sintomatología de la infección se
hizo evidente varios días después de la intervención
quirúrgica, es posible repudiar que fuera adquirida en el
quirófano o en la clínica.
5.3. Las anteriores pruebas, por su concordancia y
convergencia, desestiman que el germen que colonizó la
meninge de Gerardo Rodríguez Zuluaga se instalara por un
hecho imputable al médico tratante o la institución
prestadora de salud, pues fue un riesgo de estas
intervenciones que se materializó, cuya fuente, es razonable
entender, se ubica en el perineo del demandante.
Esta conclusión trunca la prosperidad de la acción
resarcitoria, al desestimar el ingrediente del nexo causal,
como bien lo dedujo el ad quem.
6. Para recapitular, se desestima la incongruencia
fáctica planteada por el opugnante, amén de que el Tribunal
no se separó abruptamente de los supuestos tácticos del
litigio.
Además, el cargo es intrascendente, porque aún de
prosperar la casación, la sentencia de segundo grado sería
igual a la proferida, pues el argumento del ad quem, relativo
a la imposibilidad de atribuir la infección a los demandados,
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
encuentra pleno apoyo en las pruebas que integran la
foliatura.
Se frustra, entonces, la impugnación extraordinaria,
por lo que deberán imponerse costas a su proponente, según
lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil, así como agencias en derecho de
conformidad con el precepto 392 ibídem, modificado por el
artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en
cuenta que la parte opositora replicó la demanda de
casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
proferida el 19 de julio de 2013, proferida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del
proceso ordinario que promovió, junto a Daniela Rodríguez
Garzón y Luz Amparo Garzón Cadena, en contra de Alfonso
Díaz Sanz y Administradora Country S.A., al cual se vinculó
a Aseguradora Colseguros S.A. como llamada en garantía.
Se condena en costas al recurrente en casación. Por
secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000,
por concepto de agencias en derecho.
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Radicación n.° 11001-31-03-040-2008-00760-01
Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación surtida
al Tribunal de origen.
Notifíquese.
LUIS AR
,N
DO TOLOA VILLABONA
Presidente de/Sala
AROLDO WIL
LUI
FRANCISC
O1WONSALVO
DUQUE
BARRIOS
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