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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC3285-2024
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro1)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Transportes Saferbo S.A., frente a la sentencia S023 del 9 de
agosto de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de
responsabilidad contractual promovido por Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S. contra la aquí recurrente, al que
se acumuló la causa 11001310303220160021300.
I. ANTECEDENTES
1. En su demanda,2 Dongbu Daewoo Electronics
Colombia S.A.S. pidió declarar: (i) que celebró, con las
sociedades Transportes Saferbo S.A. y Master Trans Ltda.,3
1 También discutido en sesión del 14 de noviembre de 2024.
2 Folios 115 a 124. Archivo: 01CuadernoPrincipalParte1.pdf
3 En auto de 19 de febrero de 2020, el juzgado de primera instancia resolvió: «Tener
como sucesor procesal a TRANSPORTES SAFERBO S.A., en condición de sociedad
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un contrato de transporte de cosas, productos o mercancías,
que fue incumplido por las demandadas; (ii) que éstas
incurrieron en abuso del derecho de retención, consagrado
en los artículos 1033 y 1034 del Código de Comercio, por
retener indebida e ilegalmente los bienes de la demandante.
En consecuencia, solicitó condenar a las convocadas a pagar
los perjuicios causados, conforme se pruebe en el presente
trámite; además de las costas procesales.
Dijo estimar, razonadamente bajo juramento, el daño
emergente en un monto de $1.442.626.133,65, por concepto
de «valor de las mercancías entregadas para transporte»:
$834.317.740,85; «pérdida de clientes y/o negocios comerciales»:
$166.949.684,20; «pérdida de imagen comercial»:
$41.737.421,05; «pérdida valor de moneda ($US) a 25/11/2015»:
$421.394.621,09); y en lucro cesante en la suma de
$399.190.607,40, por concepto de «intereses comerciales
moratorios, calculados desde 01/04/2014».
Para soportar sus pretensiones, sostuvo que en
desarrollo de sus actividades de «importación, comercialización,
distribución, compraventa de todo tipo de electrodomésticos o productos
para uso hogar», entregó a las demandadas, en virtud de un
contrato de transporte, electrodomésticos para ser
distribuidos a sus clientes -según el listado adjunto a la
demanda-, valorados comercialmente en $735.081.710,oo,
sin IVA, y $834.317.740,85, IVA incluido; bienes que debían
absorbente de la demandada MASTER TRANS LIMITADA» (Folio 217. Carpeta:
CuadernoPrincipal / 01Archivo: 002 CuadernoPrincipalParte2.pdf).
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recogerse en Bogotá, Cali y Buenaventura, para ser
entregados en diferentes ciudades del país.
Afirmó que, igualmente, entregó, para ser
transportados, facturas o títulos valores con destino a sus
clientes, quienes debían suscribir tales documentos cuando
recibieran las mercancías o productos remitidos.
Explicó que, aunque los días 26, 27 y 28 de marzo de
2014, las convocadas recogieron los elementos mencionados,
éstos nunca fueron entregados, con la justificación remitida
en correo electrónico de 10 de abril de dicho año, consistente
en que «…hicimos uso del derecho de retención de sus mercancías, con
respaldo y garantía a la deuda. Deuda de 638 millones de pesos, de los
cuales están facturados y en su poder por Master Trans Ltda.
$479.295.127 y por Saferbo $479.295.127. Un pendiente por facturar
que se les entrega mañana por $146.985.000, más las cuotas de
almacenamiento de su mercancía que obedecen a servicios efectivamente
ya prestados…, hecho o conducta [señala la demandante] que
consideramos abusiva en derecho, ilegal y desproporcionada».
Precisó que, revisada su contabilidad, para el 1º de abril
de 2014 no debía suma alguna a las sociedades demandadas,
porque las facturas -todas de 4 de marzo de esa anualidad-
No. 400000828 y 400000829 de Master Trans Ltda. y No.
400000818, 400000819, 400000820, 400000821,
400000822, 400000823, 400000824, 400000827 de
Transportes Saferbo S.A., vencían el 3 de abril del
mencionado año.
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Aclaró que, el 28 de marzo de 2014, canceló a Master
Trans Ltda. $204.275.128,oo y a Transportes Saferbo S.A.
$10.195.402,oo, para un total de $214.470.530,oo; pagando,
así, cualquier suma debida y exigible, para esa fecha, a las
empresas transportadoras, con las cuales jamás pactó
cláusula o compromiso que implicara acelerar el vencimiento
de los títulos valores contentivos de los servicios prestados
por éstas.
Indicó que ese actuar ocasionó innumerables
situaciones que Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S.
no debía soportar en el desarrollo normal de su actividad
mercantil, tales como bloqueo de sus actividades
comerciales; imposibilidad de cumplir con las órdenes de
compra; terminación de contratos de suministro,
compraventa y consignación; poner en duda su imagen;
incremento de costos financieros; no permitir la gestión de
cobro de los títulos valores que debían ser aceptados por sus
clientes; entre otros conceptos.
Manifestó que optó por cobrar a las transportadoras
demandadas las mercancías y productos abusivamente
retenidos, pero Master Trans Ltda. devolvió la factura
respectiva, con fundamento en el artículo 2º de la Ley 1231
de 2008, por no responder a la venta efectiva de mercadería
ni acreditarse la entrega real de bienes.
Narró que, en comunicación del 22 de abril de 2014, las
sociedades llamadas a juicio exigieron el pago de
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$447.889287,oo y la solidaridad con los destinarios de las
mercancías, e informaron retener conforme a los artículos
1033 y 1034 del Código de Comercio; requerimiento al que se
opuso Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S.,
alegando incumplimiento contractual y abuso del derecho de
retención.
Expresó que las aquí convocadas, el 13 de mayo
siguiente, reiteraron el rechazo de la factura No. 00000650 y,
ante la negativa de un acuerdo para la solución de la suma
previamente indicada, informaron que procederían a iniciar
los trámites para el depósito y venta en martillo de las cosas
transportadas.
Aseveró que, pese a transcurrir más de 570 días de
haber ejercido el supuesto derecho de retención, «las
sociedades demandadas no han dispuesto acto alguno sobre los bienes
retenidos, que implique que su justificación y objetivo sí corresponde a la
señalada en el artículo 1033 y 1034 del Código de Comercio».
2. Notificadas del auto admisorio, las sociedades
llamadas a juicio se opusieron a las pretensiones de la
demanda, y propusieron como excepciones de mérito:
«LEGALIDAD DEL DERECHO DE RETENCIÓN EJERCIDO POR LAS
TRANSPORTADORAS», «FALTA DE CAUSA PARA PEDIR E INEXISTENCIA
DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA RECLAMADA» y
«PRESCRIPCIÓN».4
4 Folios 27 a 39. Carpeta: 01 CuadernoPrincipal / Archivo:002
CuadernoPrincipalParte2.pdf
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3. En auto de 2 de noviembre de 2017, el juez de
conocimiento ordenó la acumulación del proceso
11001310303220160021300, promovido por Transportes
Saferbo S.A. y Master Trans Ltda. contra Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S.5
3.1. En esta causa,6 pidieron las actoras declarar: (i) la
existencia de un contrato de transporte terrestre de
mercaderías ajustado entre las demandantes, como
transportista, y la demandada, como beneficiaria del
transporte; (ii) que Dongbu Daewoo Electronics Colombia
S.A.S. incumplió su obligación de pagar el precio o flete del
transporte ejecutado. En consecuencia, solicitaron condenar
a esta sociedad a pagar, por concepto de flete, las sumas de
$386.976.812 y $22.998.991, más los intereses moratorios
generados a partir del incumplimiento; además a sufragar la
suma de $415.845.000, por costo de almacenamiento de las
mercancías objeto del derecho de retención válidamente
ejercido, según el artículo 1033 del Código de Comercio.
Como fundamento de sus pedimentos, señalaron que
las convocantes conformaron un grupo empresarial, de
acuerdo con el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, para prestar
el servicio de transporte de carga especializada en el área de
masivos y paqueteo, con cubrimiento en todo el territorio
nacional.
5 Folio 102. Carpeta: 01 CuadernoPrincipal / Archivo:002
CuadernoPrincipalParte2.pdf
6 Folios 44 a 51 102. Carpeta: 01 CuadernoPrincipal / Archivo:002
CuadernoPrincipalParte2.pdf
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Dichos servicios fueron contratados por Dongbu
Daewoo Electronics Colombia S.A.S. para transportar
mercancías a sus clientes, generándose acreencias a favor de
las transportistas por concepto de fletes, que no han sido
cancelados, y se documentaron en facturas tácitamente
aceptadas, según la Ley 1231 de 2008, para un total de
$22.998.991.
También se causaron costos por un monto de
$323.442.000,00 y 15.402,00, por concepto de
almacenamiento de las mercancías legalmente retenidas.
3.2. Tras la notificación respectiva, la demandada
propuso las excepciones que denominó: «INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE TRANSPORTE»; «CULPA Y RESPONSABILIDAD DE
MASTER TRANS LIMITADA Y TRANSPORTES SAFERBO S.A.»; «ABUSO
DEL DERECHO DE RETENCIÓN»; «PLEITO PENDIENTE»; y
«PRESCRIPCIÓN».
4. En sentencia del 24 de noviembre de 2022,7 el a
quo, respecto de la demanda presentada por Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S., declaró no probadas las
defensas que plantearon las sociedades convocadas, por
encontrar que abusaron del derecho, al retener en exceso las
mercancías de la demandante. Por eso, las condenó a pagar
la suma de $551.733.020,13, en favor de la actora, más los
7 Carpeta: PrimeraInstaciaParte3 / 01 CuadernoPrincipal / Archivo: 043
Sentencia.pdf
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intereses legales a la tasa del 6% anual, liquidados desde la
ejecutoria del fallo.
En cuanto a la demanda interpuesta por las compañías
transportistas, tuvo por no acreditada la excepción de
prescripción; pero negó las pretensiones, ordenó terminar la
actuación y condenó en costas a la parte demandante.
5. El ad quem, en sentencia de 9 de agosto de 2023, al
desatar la apelación formulada por ambas partes, confirmó
los numerales primero, segundo, cuarto, sexto y séptimo de
la sentencia impugnada; modificó sus numerales tercero y
quinto, para condenar a Transportes Saferbo S.A. a pagar
$1.327’343.280,63 a favor de Dongbu Daewoo Electronics
Colombia S.A.S. Además, declaró probada la excepción de
prescripción propuesta por la demandada, en la causa
acumulada.8
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL
1. El juzgador de segundo orden sustentó su decisión
en estos términos:
1.1. En el proceso 11001310301620150072000, vio
demostrado que las partes acordaron transportar varios
productos valorados en $735’081.710,oo sin IVA y
$843’317.740,85 incluido el IVA, desde Bogotá,
8 Carpeta comprimida (en zip): 11001310301620150072001-
0010Expediente_remitido / Carpeta: Cuaderno Tribunal / Archivo: 10FalloModifica
2daInstancia. pdf
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Buenaventura y Cali hacía diferentes lugares del país, para
ser entregados por Transportes Saferbo S.A. y Master Trans
Ltda., a los clientes de Dongbu Daewoo Electronics Colombia
S.A.S., a cambio de un flete.
Mercancías no entregadas a sus destinatarios, por el
derecho de retención que ejercieron las empresas
transportistas, amparadas en el artículo 1033 del Código de
Comercio.
Encontró que, para 22 de abril de 2014, las deudas
exigibles al remitente ascendían a $436.134.081, calidad no
predicable de algunos fletes, porque «los pagos no debían hacerse
tan pronto se hubiere prestado el transporte, sino dentro de los treinta
días siguientes o tal como se hubiere dispuesto en los documentos que
recopilaron la facturación elaborada por la transportadora, sin que fuese
inferior a ese término». De ahí que solo podían ser materia de
retención fletes por la cantidad de $ 276.723.018, a la que se
debía deducir $911.463, $522.490 y $23.453 de las facturas
Nos. 20244610, 20244469 y 20234075, por la no entrega de
las mercancías a sus destinatarios. Entonces, al total
procedía descontar $1.457.406,oo, para un resultado de
$275.265.612,oo.
También encontró cumplidos los requisitos exigidos por
el artículo 1034 del Código de Comercio, pues «existía un
legítimo derecho de retención en cabeza de las demandadas
como grupo empresarial, pero en función de los valores
adeudados». No obstante, la parte demandada retuvo
mercancías avaluadas en $843’317.740,85, incluido el IVA, y
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$735’081.710,oo, sin IVA; situación que evidencia una
desproporción de $485’974.376,oo, que constituyó un abuso
del derecho al ejercer en exceso la prerrogativa consagrada
en el artículo 1033 del Código de Comercio.
Estimó que «la única restitución a la que (…) habría lugar sería
la devolución de las mercancías retenidas; sin embargo, al ser (…) bienes
fungibles que sufren un deterioro importante con el paso del tiempo y que
(…) pierden su valor por tratarse de electrodomésticos, sector del
comercio que cambia continuamente su tecnología, no luce acorde a los
postulados referidos ordenar la simple devolución de tales mercaderías».
Por consiguiente, ordenó a Transportes Saferbo S.A. -
absorbente de Master Trans Ltda. por fusión-, devolver las
sumas que excedieron el monto adeudado, equivalente a
$485’974.376,oo, más los intereses comerciales, por tratarse
de un contrato eminentemente mercantil, para un total de
$1.327’343.280,63, pagaderos dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria del fallo, que de no pagarse en el
plazo señalado, se causarían intereses moratorios sobre
$485’974.376,oo, a partir de ese momento y hasta que se
produzca su pago.
1.2. Respecto del proceso 11001310303220160021300,
precisó que su decisión se enmarcaba en el artículo 328 del
Código General del Proceso, dado que solo Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S., como parte demandada, apeló
para rebatir la prescripción reconocida por el a quo.
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Pero indicó que dicha sociedad no acreditó el interés
para recurrir, por cuanto «la juzgadora de instancia consideró
que la acción acumulada (…) fue presentada con posterioridad
al acaecimiento de la prescripción -30 de junio de 2016-, pese
a que en la parte motiva equivocadamente hubiese aludido al
año 2014. Sin embargo, se advierte que en la parte resolutiva
del fallo incurrió en un lapsus calami que cobra mayor
relevancia, pues se declaró no probada la defensa en comento,
aunque sí se dispuso la terminación del asunto luego de
concluir en el acápite considerativo sobre la configuración de
aquel medio exceptivo, (…) error de digitación [que] puede ser
enmendado en esta instancia».
III. DEMANDA DE CASACIÓN
En la demanda de casación presentada por Transportes
Saferbo S.A. se propusieron tres cargos, circunscritos a
violaciones normativas por la vía directa; inadmitido el
tercero mediante providencia CSJ AC2309-2024, se
resolverán, a continuación, las acusaciones primera y
segunda.
A. CARGO PRIMERO
1. La recurrente acusó al ad quem de violar
directamente los artículos 1033 y 1034 del Código de
Comercio, por interpretación errónea, que llevó a aplicar
indebidamente el artículo 830 ibidem, el cual tiene origen en
el artículo 95 de la Carta política, «que es la raíz constitucional de
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la responsabilidad por abuso del derecho»; además, inaplicó el
artículo 2497 del Código Civil.
2. Lo anterior, porque el Tribunal entendió
equivocadamente que hay un tope máximo legal del derecho
de retención del transportador, que se determina por el
monto de las obligaciones exigibles al momento de ejercer
dicha prerrogativa, pese a que la cuantía establecida en la
norma responde a «un acto subjetivo, que está definido por el juicio
del transportador, sobre lo que considere suficiente “para pagar su
crédito”, incluyendo claro, las variaciones del mismo por concepto de
intereses, extinción de plazos, las demoras y costos del procedimiento y
los gastos en lo que, necesariamente hay que incurrir para lograr el pago
buscado».
3. Para demostrar su inconformidad, la impugnante
transcribió las disposiciones que consideró quebrantadas, e
indicó las conclusiones probatorias del Tribunal que, según
su dicho, no discute en este cargo, a saber: (i) la existencia
de un contrato de transporte entre Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S., de un lado, y Transportes
Saferbo S.A. y Masters Trans Ltda.; (ii) con ocasión de ese
convenio, se coordinó el envío de mercancía avaluada en
$735.081.710 sin IVA, recogida entre el 27 y 29 de marzo de
2014; (iii) mercancía no entregada a los destinarios por
ejercerse el derecho de retención contemplado en los artículos
1033 y 1034 del Código de Comercio; (iv) para el 22 de abril
de 2014, se adeudaba a las transportadoras demandadas
$275.265.612; (v) por concepto de fletes, Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S. debía $436.134.081; (vi) existían
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otras relaciones de transporte de mercancía entre las partes,
antes y después de la retención efectuada por las convocadas;
(vii) en consecuencia, había un «“LEGÍTIMO DERECHO DE
RETENCIÓN” en cabeza de las demandadas como grupo empresarial».
4. Anotó la casacionista que, no obstante, el juzgador
de segunda instancia acertó en aplicar al caso concreto los
artículos 1033 y 1034 del Código de Comercio, erró al
interpretar su significado, pues tales cánones no dicen lo que
el ad quem creyó que decían, es decir «que el transportador solo
puede retener mercancías hasta por un valor exactamente igual al de los
créditos que, por concepto de portes o fletes, sean exigibles al remitente
en la fecha del ejercicio del derecho de retención».
5. Destacó en los citados artículos 1033 y 1034,
respectivamente, los apartes que señalan:
«El transportador podrá ejercer el derecho de retención sobre los
efectos que conduzca, hasta que le sean pagados el porte y los
gastos que haya suplido. (…) en la cantidad que considere
suficiente para cubrir su crédito y hacerse pagar con el producto
de la venta, con la preferencia correspondiente a los créditos de
segunda clase, sin perjuicio de lo que pactaren las partes»
«El derecho de retención podrá ejercer en relación con deudas
exigibles».
De ahí que concluyera:
• En ninguna parte de estas disposiciones dice que solo puedan
retenerse mercancías que alcancen el MISMO valor o monto
que tienen las obligaciones exigibles a cargo del remitente. Así
lo prueba una hermenéutica simplemente exegética de las
mismas.
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• Si el transportador puede retener los elementos o bienes que
conduce (primer texto resaltado), enseña la práctica cotidiana
y la realidad, pues se encontrará que siempre, o casi siempre,
por simple lógica, las mercancías valen más que los fletes
puesto que, el sentido común enseña que no se incurrirá en el
costo o gasto de un flete que cueste más que las mercancías
puestas en donde el destinatario. Sería un sinsentido pagar
por el porte o flete un valor superior al que tiene la mercancía
entregada a su destinatario. Mucho menos, en el ámbito del
derecho comercial.
• En el inciso tercero del artículo 1033 transcrito, brota con
nitidez, que el techo, o límite superior para el ejercicio del
derecho de retención, no es el que dijo el Tribunal en su
sentencia (el monto de las obligaciones que fueren exigibles al
momento del ejercicio del derecho de retención), sino el que
estime el transportador -cuando no ha habido pacto entre las
partes para cubrir su crédito y hacerse pagar con el producto
de la venta “con la preferencia correspondiente a los créditos
de segunda clase”.
6. Entonces, sostuvo que el límite superior del
derecho de retención no está determinado por el monto
debido y exigible el día en que se ejerza dicha facultad, como
lo señaló el Tribunal, sino que, si los contratantes no lo han
pactado, el tope es el monto estimado por el transportador
«para cubrir su crédito y hacerse pagar con el producto de la venta “con
la preferencia correspondiente a los créditos de segunda clase”»; juicio
de proporcionalidad en el que es imprescindible tener en
cuenta que las mercancías que se retengan resulten
suficientes para que, luego de enajenarse por el
procedimiento de martillo, produzcan una cantidad dineraria
para sufragar: «el valor del capital adeudado, los intereses de este, a
la tasa moratoria definida por la super (artículo 884 Co.Co) y los gastos
del proceso»; como se deduce del inaplicado artículo 2497,
numeral 2, del Código Civil, al que remite el aludido artículo
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1033, «cuando dice que se paga con la preferencia de los créditos de
segunda clase», es decir, «hasta concurrencia de lo que se deba por
acarreo, expensas y daños», según la norma civil referida.
Por eso, precisó la recurrente:
Por manera que lo que las disposiciones contenidas en las normas
sustanciales de los artículos 1033 y 1034 del Co.Co, lo que indican
es que el transportador puede retener mercancías cuyo valor,
alcance un monto que él mismo debe calcular con las variantes
señaladas por la ley, es decir, teniendo en cuenta que debe
adelantar un proceso ejecutivo que dura varios años, atender los
costos del proceso (costas o expensas) y, que se causarán intereses
sobre las sumas que se le adeudan durante todo ese tiempo. A ello,
tendrá que sumarle una consideración adicional para el caso
presente: que las mercancías (electrodomésticos) se devalúan o
pierden su valor de manera acelerada y que, las ventas en pública
subasta o martillo, no se hacen, regularmente por el 100 por ciento
del avalúo de los bienes subastados sino por valores inferiores,
que llegan al 70% de los mismos.
7. Con sustento en lo expuesto, puso de presente que
el grave error interpretativo de las normas que regulan el
ejercicio del derecho de retención por parte del transportador
condujo al fallador de segundo grado a considerar que estaba
frente a un caso de abuso del derecho, y a aplicar
indebidamente el artículo 830 del Código de Comercio, que se
funda en el artículo 95 de la Constitución. Pero si el juzgador
hubiera interpretado adecuadamente los comentados
artículos 1033 y 1034, no habría sostenido equivocadamente
que «la retención de cualquier mercancía por encima del valor del capital
de las obligaciones exigibles, constituía un abuso del derecho en su
modalidad objetiva»; y de haber aplicado el artículo 2497 del
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Código Civil, habría entendido cuál era el límite del derecho
de retención en cuestión.
8. Manifestó que al aplicar indebidamente el artículo
830 del Código de Comercio, el Tribunal olvidó que la
responsabilidad civil por el abuso del derecho, según la
jurisprudencia, exige la presencia de tres elementos: (i)
preexistencia de un derecho; (ii) atribución subjetiva, objetiva
o mixta; y (iii) un daño; siendo el segundo el que, a voces del
ad quem, se configuró en el presente asunto, por haberse
violado el tope consagrado en el artículo 1033 del Código de
Comercio; equivocando su hermenéutica, porque si se
hubiera infringido dicho límite, no se estaría en un caso de
abuso del derecho, sino en «un caso clásico de responsabilidad civil
por el delito, en atención a que ejercer el derecho de retención, por encima
de un límite señalado por la ley, sería sencillamente una conducta
FORMALMENTE proscrita y no habría que acudir a la figura residual del
abuso del derecho que, precisamente muestra al titular de un derecho,
que formalmente se ajusta al comportamiento que señala la ley».
9. Y es que -insistió la impugnante- la aplicación del
citado artículo 830 no tenía cabida, puesto que el Tribunal
no analizó la finalidad de las sociedades aquí convocada para
ejercer el derecho de retención, ya que ni siquiera mencionó
«un reproche por la transgresión de los deberes de obrar con buena fe, o
solidaridad o de atentar, así fuese por negligencia en un uso excesivo del
mismo que diera al traste con la finalidad de la norma que es el de
permitir o garantizar el cobro del derecho de crédito del transportador,
junto con las expensas y los perjuicios por el incumplimiento de las
obligaciones de pagar el precio del remitente».
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Menos consideró dicho sentenciador que no podía
calificarse de inmoral o de intolerable socialmente la
conducta de quienes retuvieron mercancías por 2,95 veces el
monto del capital exigible al remitente, o 1,685 veces el monto
adeudado para el 22 de abril de 2014, es decir,
$436.134.081, que sería exigible antes de 30 días, según se
pactó; plazo que debía esperase para depositar o vender en
martillo las mercancías «fungible[s] con alto deterioro o volatilidad
descendente en su precio final».
Por eso, recalcó que no fue ilegal el derecho de retención
ejercido por las transportistas «en la situación particular que se
ejerció en el caso concreto, es decir, debiéndole $ 436.134.081 de los que
eran exigibles $ 249.107.334, pero (…) se harían exigibles en 30 días
calendario el resto de las obligaciones, hubiera retenido mercancías
avaluadas en 1.685 veces lo adeudado, o 2.95 veces la suma adeudada
ya exigible, sin contar los intereses debidos y los que habrían de
causarse en un proceso ejecutivo que no se podía iniciar aún, las costas
del proceso incluyendo el costo por bodegaje que es elevado y del martillo
y la acelerada pérdida de valor que es inherente al tipo de bienes
(electrodomésticos) que se estaban reteniendo».
En ese sentido, dijo que incluso el artículo 599 del
Código General del Proceso -aplicable analógicamente por
tener finalidad idéntica al derecho de retención- indica un
límite de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo, sobre
los bienes que deben «congelarse» para garantizar el pago la
deuda insoluta, por el doble del capital cobrado más intereses
y costas. Norma que «es una guía interpretativa sistemática, para
entender que era imposible considerar, con los hechos del proceso, que
hubiera un abuso del derecho por atribución objetiva».
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
18
CONSIDERACIONES
Puesto que el núcleo argumentativo del cargo planteado
se dirige a desvirtuar el ejercicio abusivo del derecho de
retención atribuido en las instancias a las trasportadoras
demandadas, se hace necesario hacer algunas precisiones
conceptuales, al respecto:
1. Del derecho de retención.
1.1. En términos generales, el derecho de retención
puede ser entendido como la facultad que la ley concede al
acreedor para no restituir una cosa ajena que detenta
físicamente y debe entregar al deudor o a otra persona, hasta
que le sea pagada la obligación o garantizado su
cumplimiento (CSJ SC19 dic. 1959. G.J. T. XCI No. 2217-
2218- 2219, págs. 898 a 914; CSJ SC 17 may. 1995, exp.
4137; CSJ SC 15 jun. 1995, exp. 4398; CS SC 18 ago, 2000,
exp. 5519; CS SC 6 abr. 2011, exp. 1985-00134-01).
1.2. El derecho de retención solo puede ejercerse en
los casos expresamente señalados en la ley; consagración
taxativa que se ve reflejada en la redacción del inciso 2º del
artículo 2417 del Código Civil, que dispone: «No se podrá retener
una cosa del deudor en seguridad de la deuda, sin su consentimiento;
excepto en los casos que las leyes expresamente designan»
(negrillas fuera de texto); canon «en virtud del cual hay que tener por
cierto que el derecho de retención en materias civiles no existe como regla
general (…) sino como casos de excepción cuando la ley expresamente lo
consagra» (CSJ SC 26 may. 1936, G.J. T. XLIV No. 1914-1915,
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
19
págs. 51-56;9 premisas reiteradas en CSJ S-185-1987, 20
may. 1987. G.J. T. CLXXXVIII No. 2427, págs. 137 a 244;
CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 1985-00134-01).
1.2.1. Y en esa específica dirección, el Código Civil
confiere derecho de retención al usufructuario sobre la cosa
fructuaria, hasta el pago de los reembolsos e
indemnizaciones a que es obligado el propietario (art. 859); al
poseedor que ha comprado cosa mueble en feria, tienda,
almacén u otro establecimiento industrial en que se vendan
tales bienes, para que se le reembolse lo que haya dado por
ellos y lo que haya gastado en repararlos y mejorarlos (art.
947, inciso 3º); al poseedor vencido, sobre la cosa
reivindicada, cuando tuviere un saldo que reclamar en razón
de expensas y mejoras, hasta que se verifique el pago, o se
le asegure a su satisfacción (art. 970); al arrendatario, sobre
la cosa arrendada, en todos los casos en que el arrendador le
deba indemnización (art. 1995); al arrendador, para
9 Esto porque, según la sentencia citada, «el artículo 2417 de nuestro Código Civil se
halla colocado en el título relativo al contrato de prenda, pudiera pensarse que
interpretar su segundo inciso en el sentido de que la cosa del deudor no se puede
retener como prenda, sin su consentimiento, es decir que la retención no se limite a
una simple seguridad de la deuda, pero que no pueda el acreedor hacer con ella todo
aquello que sí puede con las cosas que tiene en prenda por razón de contrato, tal, por
ejemplo, hacerla vender en pública subasta (art. 2422 del C.C.), y objeto de exclusión y
de preferencia a su favor en caso de concurso. Pero esa interpretación del art. 2417,
equitativa y deseable, no es posible porque a ella se opone terminantemente la carta
histórica legislativa del artículo en cuestión. En efecto ese fue primitivamente el espíritu
con que los redactores de nuestro código concibieron el artículo: pero la proposición no
fue acogida, sino que, al contrario, fe desechada y en cambio se redactó y aprobó en
definitiva el texto opuesto que hoy rige. En el proyecto del Código Civil chileno ese
precepto correspondía al artículo 2559, que decía así: “Se podrá retener una cosa del
deudor como prenda, aún contra su voluntad si la deuda fuere cierta y líquida, salvo
en los casos especialmente exceptuados”. La comisión sustituyó esa fórmula por la
que en sentido contrario fue adoptada y que es exactamente el artículo 2417 del Código
Civil colombiano, idéntico al artículo 2392 del civil chileno, y que vino a ser el 2495 del
Código Civil del Estado Soberano de Cundinamarca. En vista de estos antecedentes y
de la realidad del precepto positivo concluye la Corte que entre nosotros el derecho de
retención no existe como principio general o institucional sino como casos de excepción
cuando la ley expresamente lo consagra».
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
20
seguridad del pago de la renta y de las indemnizaciones a que
tenga derecho, sobre los frutos existentes de la cosa
arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya
amueblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren.
(art. 2000); al mandatario, sobre los efectos que se le hayan
entregado por cuenta del mandante, para la seguridad de las
prestaciones a que este fuere obligado por su parte (art.
2188); al comodatario, sobre la cosa prestada mientras no se
efectúe la indemnización por parte del comodante (art. 2218);
al depositario, sobre la cosa depositada en razón de las
expensas que haya hecho para la conservación de la cosa y
de los perjuicios que, sin culpa suya, le haya ocasionado el
depósito (art. 2258); al posadero, sobre los efectos
introducidos en la posada por quién se aloja en ella, al ser
aplicables las normas del depósito necesario -art. 2265- y a
éste las disposiciones del depósito voluntario -art. 2264-, que
autorizan la retención en favor del depositario -art. 2258-;
siendo aplicables, a su vez, los artículos referentes al depósito
en posada a los administradores de fondas, cafés, casas de
billar o de baños, y otros establecimientos semejante (art.
2272); al secuestre, sobre la cosa secuestrada, por aplicación
de las reglas del depósito propiamente dicho -art. 2258- y por
las facultades de mandatario y deberes de mandatario que se
atribuyen al secuestre -art. 2188; disposiciones que habilitan
la retención (arts. 2274, 2277 y 2279); al acreedor prendario,
sobre la cosa pignorada, mientras el deudor no haya pagado
la totalidad de la deuda en capital e intereses, los gastos
necesarios en que haya incurrido el acreedor para la
conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiere
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
21
ocasionado la tenencia (art. 2421, inc. 1º); al acreedor
prendario, sobre la cosa dada en prenda, si tuviere contra el
mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los
requisitos siguientes: 1) que sean ciertos y líquidos; 2) que se
hayan contraído después que la obligación para la cual se ha
constituido la prenda; y 3) que se hayan hecho exigibles antes
del pago de la obligación anterior (art. 2426); al acreedor que
tiene anticresis, sobre la finca raíz para que se le abonen las
mejoras, y paguen perjuicios y gastos, por tener los mismos
derechos del arrendatario, entre ellos la facultad otorgada por
el artículo 1995 para retener la cosa objeto del contrato (art.
2463).
1.2.2. Por su parte, el Código de Comercio otorga
derecho de retención al comprador, sobre los frutos de la cosa
en proporción a la parte pagada del precio, en caso de
resolución de una compraventa por incumplimiento del
vendedor (art. 942); al transportador de pasajeros, sobre el
equipaje y demás cosas del pasajero que transporte mientras
no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o el del
flete de tales cosas o equipaje, cuando haya lugar a ello (art.
1007); al transportador de cosas, sobre los efectos que
conduzca, hasta que le sean pagados el porte y los gastos que
haya suplido (art. 1033); al transportador de cosas, en
relación con deudas exigibles del mismo remitente o del
mismo destinatario, según el caso, derivadas de contratos de
transporte anteriores (art. 1034); al depositario, sobre la cosa
depositada, para garantizar el pago de las sumas líquidas que
le deba el depositante, relacionadas directamente con el
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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depósito (art. 1177); al almacén general de depósito, sobre las
cosas depositadas, únicamente para hacerse pagar los
derechos de almacenaje, las comisiones y gastos de venta
(art. 1188); al acreedor prendario, sobre la cosa dada en
prenda con tenencia, en garantía del cumplimiento de la
obligación del deudor de pagar los gastos necesarios que el
acreedor o el tercero tenedor hayan hecho en la conservación
de la cosa pignorada y los perjuicios que les hubiese
ocasionado su tenencia, imputables a culpa del deudor
(art.1205); al comisionista, sobre las mercaderías
consignadas o su producto, para que, preferentemente a los
demás acreedores del comitente, se le paguen sus
anticipaciones, intereses, costos y comisión (art.1302); al
agente comercial, sobre los bienes o valores del empresario
que se hallen en su poder o a su disposición hasta que se
cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha
indemnización (art. 1326); a los propietarios de mercancías
arrojadas al mar y recobradas, únicamente lo que les
corresponda en razón de deterioro y gastos de salvamento, si
el importe de esas mercaderías hubiere sido incluido en la
avería común y pagado a los propietarios antes de hacerse el
rescate, debiendo aquellos devolver la cuota percibida o
ejerciendo dicha retención (art. 1527); al capitán sobre la
cosa transportada, por el no pago del flete (art. 1624).
1.3. La lectura de la doctrina especializada10 permite
extraer los siguientes requisitos o condiciones esenciales
del derecho de retención:
10 Leiva Fernández, Luis F. P. Derecho de Retención. Editorial Astera. Buenos Aires,
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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(i) El acreedor retenedor. Es el titular de un crédito
impagado, que ejerce la facultad legal de retener la cosa que
está lícitamente en su poder, mientras el deudor no satisfaga
su obligación o garantice la solución de ésta; por
consiguiente, aquél solo mantiene una relación real de
tenencia con lo retenido y no de poseedor, pues no persigue
incorporar la cosa detentada a su patrimonio.
En posición de acreedor retenedor podrían estar, por
ejemplo, el poseedor vencido en proceso reivindicatorio,
cuando tenga un saldo que reclamar por expensas y mejoras
referentes a la cosa reivindicada; (art. 970 C.C.) o el
arrendatario hasta tanto no se le pague o garantice el importe
de la indemnización debida por el arrendador (art. 1995,
ibidem).
(ii) El deudor del crédito contra quien se ejerce la
retención. Éste es el llamado a satisfacer un crédito en favor
de quien retiene la cosa como garantía de cumplimiento. En
dicho deudor también concurre, simultáneamente, la calidad
de acreedor de la obligación a restituir, a cargo del retenedor;
como sucede con el reivindicador victorioso que debe
expensas y mejoras al poseedor vencido, pero reclama la
entrega de la cosa reivindicada, retenida por quien la venía
poseyendo (art. 970 C.C). Circunstancia similar se presenta
con el comodante que debe al comodatario expensas
1991. Págs. 279 a 321 / Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y
Comparado. Volumen V. De las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de
Chile, 2013. Págs. 496 a 501.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
24
conservativas realizadas e indemnización por mala calidad de
la cosa prestada, cuya restitución aquél solicita, pero ha sido
retenida por quien venía usándola gratuitamente (art. 2218,
ibidem).
(iii) Un crédito que proteger. La persona que retiene la
cosa a cuyo reintegro está obligada, debe demostrar el crédito
insoluto que pretende garantizar con la retención. Ese crédito
ha de ser cierto, esto es, que exista en forma actual, por lo
que no es posible invocar la retención para asegurar el
cumplimiento de acreencias futuras. Además, tiene que ser
exigible, es decir, de plazo vencido o condición cumplida que
habiliten su cobro. También, debe ser líquido o fácilmente
liquidable, o sea, que se pueda establecer, sin dificultad,
cuánto se le adeuda al retenedor.
(iv) El objeto de la facultad de retener. Lo retenido debe
ser una cosa material actualmente existente, que legalmente
permita garantizar el cumplimiento de la obligación (cosa
fructuaria, reivindicada, arrendada, vendida, prestada,
depositada, pignorada; frutos de la cosa, equipaje del
pasajero, efectos transportados, etc.)
(v) La tenencia actual de la cosa. El derecho de
retención solo puede ser ejercido por quien materialmente
tiene en su poder la cosa cuya restitución rehúsa, pues si no
cuenta con la tenencia de la misma, porque nunca la tuvo o
la perdió, carece de la facultad para retenerla, porque,
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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obviamente, no podría conservar como garantía de pago algo
que no tiene.
(vi) Detentación lícita de la cosa. Quien ejerza la
facultad de retención debe haber entrado por medios lícitos a
la relación material con la cosa retenida, ya que el derecho
solo nace de un hecho amparado por la ley.
(vii) Conexidad entre el crédito y la obligación de
restituir la cosa. Respecto de este requisito, se han
presentado varios criterios para explicar el vínculo entre el
ejercicio de la retención y lo que se le adeuda al retenedor, a
saber:
a) Conexidad subjetiva, que limita «el recaudo a la
existencia de obligaciones entre acreedor y el deudor aunque resulten
independientes del objeto retenido. (…) [S]e trata de una mera conexión
entre los sujetos, con total presciencia del objeto retenido. (…). Es, en
síntesis, casi la ausencia de conexión. (…). [Es un] mero vínculo entre
sujetos, con total presidencia de nexo entre el crédito y la cosa».11
b) Conexidad intelectual, que se presenta «cuando la
tenencia de la cosa y el crédito tienen su origen en una misma relación
jurídica; es decir, cuando el retenedor haya recibido la cosa con ocasión
de la relación de derecho que lo ha convertido en acreedor»12
11 Leiva Fernández, Luis F. P. Op. Cit. Pág. 315. Este autor indica que el concepto de
conexidad subjetiva fue sostenido por López de Haro, Colin y Capitán, Bonecase y
Semeraro.
12 Mazeaud, Lecciones, parte III, vol. I, p. 160 No. 115. La bastilla es nuestra; citado
por Leiva Fernández, Luis F. P. Op. Cit. Pág. 317.
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26
c) Conexidad objetiva,13 que ha sido subdividida en:
Conexidad objetiva rígida o romanista, que indica que
«[e]l nexo del crédito -en puridad romanista- debe ser con la cosa misma,
por ejemplo, por haber efectuado gastos para su conservación».14
Conexidad objetiva relativizada, que resulta no
solamente del nexo del crédito con la cosa, «sino también del
crédito con la tenencia de la cosa (v.gr. por daños causados por la cosa)
(…). Esa conexidad relativizada (…) no resulta únicamente de vincular el
origen del crédito con la cosa retenida (como serían los supuestos de
gastos o trabajos efectuados sobre la cosa) como se exigía en el derecho
romano, sino que también se satisface con que el crédito se haya
originado “por razón de la cosa”, lo que configura un espectro más amplio
que [la conexidad objetiva rígida]».15
El ordenamiento jurídico colombiano no adoptó un
solo criterio para determinar el nexo entre la retención
materializada sobre la cosa cuya devolución se exige y la
obligación que se trata de garantizar, tal como pasa a
explicarse:
a) En efecto, se observa que, desde una perspectiva
de conexidad objetiva, esta Sala ha señalado:
[L]a Corte tiene determinado que uno de los supuestos en que hay
lugar a reconocer el mencionado derecho [de retención] es cuando
“lo concede la ley, fuera ya de todo vínculo contractual entre el
13 Leiva Fernández, Luis F. P. Op. Cit. Págs. 318 a 321. Este autor encuadra en el
sistema de la conexidad objetiva a Aubry y Rau, Demolombe, Zachariae, Mourlon,
Pont, Glisson, Beltrán de Heredia de Onís y Viña Mey.
14 Leiva Fernández, Luis F. P. Op. Cit. Pág. 319.
15 Leiva Fernández, Luis F. P. Op. Cit. Pág. 319 y 320.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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dueño de la cosa y el retenedor” por existir un “debitum cum re
junctum, es decir siempre que el crédito haya tenido su origen
con ocasión de la cosa retenida” (se subraya), como acontece en la
hipótesis desarrollada por el artículo 970 del Código Civil, que
“consagra un caso en que el derecho de retención es un desarrollo
inmediato del principio debitum cum re junctum, pues sin mediar
contrato entre el poseedor o el retenedor vencido y el verus
dominus que reivindica, aquél puede oponerle a éste el derecho
de retención como un medio para hacerse pagar el valor de las
expensas y mejoras hechas por él en el inmueble con ocasión de la
cosa retenida” (Cas. Civ., sentencia del 26 de mayo de 1936. G.J.
XLIV, págs. 50 a 57). (…) (Cas. Civ. Sent. De 17 de mayo de 1995.
Exp. 4137). (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 1985-00134-01).
Concatenación objetiva también predicable ante la
existencia de un negocio jurídico, en cuya ejecución la ley
concede el derecho de retención al contratante que incurrió
en gastos para conservar la cosa que debe restituir a su
contraparte, pero que no entrega hasta tanto no le sea pagado
ese débito o garantizado su cumplimiento.
Son claros ejemplos de esas situaciones, el caso del
arrendatario, por los costos de las reparaciones
indispensables no locativas, que realizó en la cosa arrendada
(art. 1995); el del comodatario, cuando incurrió en expensas
para conservar la cosa prestada (art. 2218); el del acreedor
prendario, por los gastos necesarios que efectuó para la
conservación de la prenda (art. 2421).
b) También se encuentran casos de conexidad
intelectual, como aquéllos en los que el vínculo de la
retención y el crédito a proteger está dado por la relación
jurídica que permite al retenedor recibir la cosa que se resiste
devolver, no por haber hecho en ella mejoras o reparaciones
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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conservativas, sino porque surgieron obligaciones en su favor
con ocasión de la ejecución del contrato.
Ejemplifica lo dicho el evento en que el mandatario, que,
para asegurar las prestaciones que le adeude el mandante,
es autorizado a retener los efectos que se le entreguen por
cuenta de éste (art. 2188 C.C.); o el del agente comercial, que
puede retener bienes del empresario, que tenga en su poder
o a su disposición, para garantizar el pago de la
indemnización a cargo de su agenciado (art. 1326 C.Co).
c) Igualmente, se contempla la conexidad subjetiva,
que circunscribe el enlace entre la retención y la deuda que
se busca asegurar con lo que se ha retenido, a la vinculación
existente entre los sujetos por la celebración de varios
contratos, por ejemplo; con independencia del nexo entre el
crédito y la cosa no restituida, o de una concreta relación
jurídica establecida entre las partes.
Muestra de lo anterior se patentiza con la facultad de
retener la cosa pignorada que se otorga al acreedor prendario,
si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2426 del
Código Civil; o con la autorización legal concedida al
porteador para retener la cosa transportada, si existen
obligaciones exigibles a cargo del mismo remitente o del
mismo destinatario, originadas en contratos de transporte
anteriores, siempre y cuando concurran las exigencias de que
trata el artículo 1034 del Código de Comercio.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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En ambos eventos no media conexión directa entre «otros
créditos» o «deudas derivadas de otros contratos de transporte
anteriores» y la cosa retenida, esto es, el bien dado en prenda o
los efectos transportados, ya que la retención está habilitada
solamente por la calidad de los sujetos unidos por varios
vínculos jurídicos, ajustados entre los contratantes (acreedor
prendario – deudor prendario / transportador – remitente –
destinatario).
1.4. Acotado lo anterior, cabe anotar que el Código
General del Proceso, en varias de sus disposiciones, refiere al
derecho de retención, así: (i) en el numeral 3º del artículo 96,
previene que el derecho de retención deberá alegarse en la
contestación de la demanda; (ii) en el artículo 310, respecto
de la ejecución de providencias judiciales, dispone que
«[c]uando en la sentencia se haya reconocido el derecho de retención,
el interesado solo podrá solicitar la entrega si presenta el comprobante
de haber pagado el valor del crédito reconocido en aquella, o de haber
hecho la consignación respectiva. Esta se retendrá hasta cuando el
obligado haya cumplido cabalmente la entrega ordenada en la
sentencia»;16 (iii) para el proceso de expropiación, establece, en
el numeral 11 del artículo 399, que «[c]uando en el acto de la
diligencia de entrega se oponga un tercero que alegue posesión material
o derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega se
efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los diez (10) días
siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente
para que se le reconozca su derecho»;17 (iv) en el proceso divisorio,
el inciso 2º del artículo 412 preceptúa que «[c]uando se trate de
partición material el titular de mejoras reconocidas que no estén situadas
16 Negrillas fuera de texto.
17 Negrillas fuera de texto.
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en la parte adjudicada a él, podrá ejercitar el derecho de retención
en el acto de la entrega y conservar el inmueble hasta cuando le sea
pagado su valor»;18 (v) en la entrega del bien rematado,
determina el artículo 456 que si el secuestre incumple la
orden de entregar los bienes dentro de los tres días siguientes
al recibo de la respectiva comunicación, el rematante deberá
pedir que el juez se los entregue, y la diligencia deberá
realizarse en un plazo no mayor a quince días después de la
solicitud. En este evento no se admitirán en la diligencia de
entrega oposiciones, ni alegar derecho de retención por la
indemnización que le corresponda al secuestre, acorde con el
artículo 2259 del Código Civil; (vi) el artículo 481 establece
que, en los casos de terminación del secuestro, «si el secuestre
se negare a hacer la entrega, se procederá a ella con intervención del
juez, sin que puedan admitirse oposiciones ni derecho de retención»;19
(vii) para la entrega de bienes a los adjudicatarios en el
proceso de sucesión, el inciso 4º del artículo 512 dispone que
«[n]o se admitirán oposiciones de los herederos, ni del secuestre o del
albacea. Sin embargo, los herederos podrán alegar derecho de
retención por mejoras puestas en el inmueble antes del fallecimiento del
causante, o posteriormente a ciencia y paciencia del adjudicatario, casos
en los cuales se procederá como lo dispone el artículo 310».20
Asimismo, se impone destacar que la Ley 1676 de 2013,
«Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre
garantías mobiliaria», prevé en el inciso 3º de su artículo 3º que,
«[c]uando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas
sobre (…) derecho de retención, y a otras similares, dichas figuras se
18 Negrillas fuera de texto.
19 Negrillas fuera de texto.
20 Negrillas fuera de texto.
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considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley»;21 norma que, además, hace mención de dicha
prerrogativa en sus artículos 9º, 21º, 37º y 62º.
1.5. Por último, debe precisarse que el derecho de
retención, como garantía provisional que es, se extingue por
las siguientes causales: (i) el pago del crédito que origina la
retención; (ii) el aseguramiento del crédito mediante una de
las garantías que sirven para este fin (fianza, prenda,
hipoteca, etc.); (iii) el retenedor renunció a seguir reteniendo;
(iv) orden judicial de entrega en los casos autorizados por la
ley; 22 (v) pérdida o destrucción total de la cosa retenida.
2. Abuso del derecho de retención.
2.1. El artículo 95 de la Carta Política consagra los
deberes de la persona y del ciudadano, señalando entre ellos,
en su numeral 1º, el de respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios.
También, el artículo 830 del Código de Comercio
previene que el que abuse de sus derechos estará obligado a
indemnizar los perjuicios que cause.
Esas normas recogen la teoría del abuso del derecho,
que «asigna a aquel que ejerce sus propios derechos en forma desbordada
o desviada respecto de la finalidad que el ordenamiento jurídico reconoce
para ellos teniendo presentes los principios y valores que los inspiran, el
deber de reparar los daños que con su comportamiento hubiese causado».
21 Negrillas fuera de texto.
22 Las primeras cuatro causales fueron indicadas en CS SC 18 ago, 2000, exp. 5519.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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(CSJ SC 1 nov. 2013, rad. 1994-26630-01, reiterada en CSJ
SC1066-2021).
Concerniente al abuso del derecho de retención, la
doctrina ha manifestado:
(…) precisamente porque este derecho es eficaz y temible, debe ser
reducido a sus justos límites, a fin de que sea puesto al servicio de
fines legítimos; debe ser condicionado subjetivamente, de lo
contrario, fácilmente se convertirá, en manos de un acreedor sin
escrúpulos, en un medio de chantaje; debe ejercitarse, no en
atención a un fin cualquiera, sino únicamente según el espíritu de
la institución.
Ahora bien, ¿cuál es ese espíritu? Simplemente un espíritu de
seguridad para el acreedor; se trata, ni más ni menos, de
asegurarle el pago de su deuda; y desde el momento en que el
retenedor obedezca un móvil distinto de éste, emplea su
prerrogativa para un fin ilícito, y corre el riesgo de comprometer su
responsabilidad.23
2.2. Es que el ordenamiento jurídico permite, en ciertos
eventos, que el acreedor rehúse entregar una cosa que debe
restituir, hasta tanto su deudor pague o garantice la
satisfacción de la obligación; pero esa facultad legal, que
persigue el fin legítimo de asegurar la solución de una deuda,
no puede exceder el marco de legalidad que la rige, sino
circunscribirse al crédito cierto y exigible que se busca
garantizar. Por eso, quien traspase esos límites, deberá
resarcir los perjuicios que con su comportamiento abusivo
ocasione.
23 Josserand, Luis. El espíritu de los derechos y su relatividad. Volumen XVII.
Traducido por Eligio Sánchez Larios y José M. Cajica Jr. Editorial José M. Cajica.
Puebla, México. Págs. 32 y 33.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
33
2.3. Incluso, la Corte Constitucional, en Sentencia
C120/23, resaltó el límite que los derechos fundamentales
del deudor imponen al derecho de retención, al precisar:
El derecho de retención, aunque es una figura jurídica que permite
al acreedor retener un bien del deudor hasta el cumplimiento de la
obligación, presenta ciertos límites generales que buscan proteger
al obligado y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
De esta manera, la Corte ha establecido que los contratos no
pueden implicar indignidad o pérdida de la identidad humana, y
que las personas pueden configurar sus relaciones contractuales
siempre que no desconozcan las buenas costumbres, las reglas de
orden público, la prohibición de abuso del derecho y el respeto a
los derechos fundamentales.
Igualmente, tanto la Constitución como el Código de Comercio
establecen que las actuaciones y contratos de los particulares
deben regirse por la buena fe. A la par, la figura del abuso del
derecho, consagrada en el artículo 2421 del Código Civil, garantiza
el equilibrio entre los intereses de las partes involucradas y protege
a quienes puedan verse afectados por un ejercicio arbitrario o
desproporcionado de un derecho legítimo.
A su vez, la inembargabilidad de ciertos bienes del deudor, según
el artículo 594 numeral 11 del Código General del Proceso, protege
elementos indispensables para la subsistencia del afectado y su
familia. Esta figura busca brindar estabilidad y seguridad al
núcleo familiar, preservando su hogar y bienes necesarios para su
supervivencia en condiciones dignas. Aunque el embargo y el
derecho de retención son figuras distintas, ambos son medidas
conservativas del patrimonio y por tanto comparten las
restricciones que salvaguardan la subsistencia y dignidad de los
deudores.
En este contexto, no es evidente cómo las normas censuradas
contienen una premisa normativa según la cual el derecho de
retención consagrado en ellas permite la retención de cualquier
bien del deudor, incluso de aquellos indispensables para preservar
la salud, la vida, la dignidad humana y la especial protección de
las personas de la tercera edad. Lo anterior, por cuanto existen
diversos preceptos que restringen esa posibilidad, los cuales no
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
34
fueron abordados y analizados por el accionante al momento de
estructurar el reproche.
3. Del derecho de retención en el contrato de
transporte de cosas, regulado en el Código de Comercio.
3.1. El prenotado contrato se encuentra regulado, de
manera general y específica, en los artículos 981 a 999 y 1008
a 1035 del Código de Comercio;24 normativa que permite
definirlo como el acuerdo de voluntades mediante el cual una
de las partes, denominada transportador, se obliga para con
otra, denominada remitente, a cambio de un precio, a
conducir cosas de un lugar a otro, por determinado medio y
en el plazo fijado, para ser entregadas al destinatario
(artículos 981 y 1008 ibidem).
Dichas disposiciones especifican las obligaciones de las
partes, que, en términos generales, se contraen -para el
porteador- a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del
contrato; para el remitente, a entregar, por cuenta propia o
ajena, las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar
y tiempo convenido, así como pagar el precio o flete del
transporte y demás gastos que ocasione la cosa, con motivo
de su conducción o hasta el momento de su entrega; y para
el destinatario, salvo pacto en contrario, a responder
solidariamente por el pago del precio o flete del transporte
desde el momento en que reciba a satisfacción la cosa
transportada.
24 Normas que, en su mayoría, fueron modificadas por el Decreto 1 de 1999.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
35
3.2. Para esa relación contractual, la codificación
mercantil consagra el derecho de retención a favor del
transportador.
3.2.1. En primer lugar, el artículo 103325 establece:
El transportador podrá ejercer el derecho de retención sobre los
efectos que conduzca, hasta que le sean pagados el porte y los
gastos que haya suplido.
Este derecho se transmitirá de un transportador a otro hasta el
último que debe verificar la restitución.
Pasados treinta días desde aquel en el cual el remitente tenga
noticia de la retención, el transportador tendrá derecho a solicitar
el depósito y la venta en martillo autorizado de las cosas
transportadas, en la cantidad que considere suficiente para cubrir
su crédito y hacerse pagar con el producto de la venta, con la
preferencia correspondiente a los créditos de segunda clase, sin
perjuicio de lo que pactaren las partes.
Como puede verse, la disposición transcrita desarrolla
el principio debitum cum re junctum,26 propio de la conexidad
objetiva, que explica el ejercicio del derecho de retención por
el origen del crédito en la cosa retenida o con ocasión de ésta.
El primer inciso de dicho canon permite al porteador
retener los efectos transportados, mientras el remitente o el
destinatario, cuando sea el caso, no paguen el porte y las
expensas generadas en la ejecución del transporte, que, de
acuerdo con algunos doctrinantes extranjeros, comprenden:
25 Modificado por el artículo 41 del Decreto 1 de 1990.
26 Analizado por la Corte en: CSJ SC19 dic, 1959. Gaceta Judicial: Tomo XCI n.°
2217 - 2218 - 2219, pág. 898 a 914; CSJ SC 15 jun, 1995, exp. 4398; CS SC 18 ago,
2000, exp. 5519; CS SC 6 abr, 2011, exp. 1985-00134-01.
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[E]l flete o fletes; reembolso de los gastos hechos por el porteador
al satisfacer sus prestaciones accesorias (…), tales como: derechos
de piso, de puentes, de aduanas, almacenaje, carga, descarga,
embalaje, manutención, gastos para evitar el efecto de una fuerza
mayor o de una avería, etc.; la indemnización debida al porteador
por pagos que éste debió afrontar por los hechos del cargador, tales
como: sobrecargas por falsas declaraciones; indemnizaciones
debidas al porteador por daños causados a otras mercaderías o al
vehículo, o a consecuencia de un embalaje defectuoso y que
aparentemente no presentaba vicio, porque aun cuando no sea
gasto de transporte constituye evidentemente un crédito de la
operación de “transporte en su conjunto orgánico”[400 27].28
En la comentada normativa resulta claro el nexo directo
entre el incumplimiento de esta obligación, esto es, pagar «el
porte y los gastos que haya suplido», y la facultad legal concedida
al transportista para no entregar «los efectos que conduzca»;
relación que, se itera, explica el ejercicio de esta prerrogativa
con el criterio de la conexidad objetiva.
Ese derecho de retención, conforme el inciso segundo
del referido artículo 1003, es transmisible entre los distintos
porteadores que intervengan en la conducción de la cosa
remitida -como los aludidos en los artículos 985, 986 y 987
del Código de Comercio-, hasta el último transportador, quien
tiene a su cargo verificar la restitución correspondiente,
porque, en virtud del artículo 988, ibidem,
Salvo estipulación en contrario, el último transportador
representará a los demás para cobrar las prestaciones respectivas
derivadas del contrato, para ejercer el derecho de retención y
los privilegios que por el mismo les correspondan.
27 Segovia, Cód. Com., t. 1, p. 230, nota716. ASQUINI, Del Contr., vol. 2, p. 187.
28 Vásquez, Alejandro A. Derecho de Retención. 2da edición. Ediciones Depalma.
Buenos Aires, 1962. Págs. 123 y 124.
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37
Si omitiere realizar los actos necesarios para el cobro o para el
ejercicio esos privilegios, responderá de las cantidades debidas a
los demás transportadores quedando a salvo el derecho de éstos
para dirigirse directamente contra el destinatario o remitente.29
El inciso tercero de la mentada norma pone de presente
que el trasportador debe comunicar al remitente la retención
practicada sobre las cosas transportadas, para que éste
proceda de conformidad y, a partir de ese momento, aquél
queda habilitado para pedir el depósito y la venta en martillo
de los bienes conducidos, para pagarse con el producto de la
respectiva venta, con la preferencia indicada en el artículo
2497 del Código Civil.
Importa precisar que, pese a que esa disposición señala
que la solicitud que haga el transportador para depositar y
vender las cosas transportadas se hará «en la cantidad que
considere suficiente para cubrir su crédito», tal expresión no puede
entenderse como una autorización irrestricta para que aquél
fije, a su antojo y de manera desproporcionada, el número de
unidades y monto que serán objeto de esas operaciones,
puesto que están circunscritas al valor realmente adeudado
por «el porte y los gastos que haya suplido» el transportista;
conceptos que constituyen los parámetros dentro de los
cuales debe ejercerse el derecho de retención contemplado en
el primer inciso del artículo 1003, para garantizar créditos
ciertos, exigibles y líquidos o fácilmente liquidables, en favor
del porteador.
29 Negrillas fuera de texto.
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3.2.2. También, el artículo 1034 del Código de
Comercio30 consagra otra modalidad de derecho de retención
en favor del transportador, con esta redacción:
El derecho de retención podrá ejercer en relación con deudas
exigibles del mismo remitente o del mismo destinatario según el
caso, derivadas de contratos de transporte anteriores, cuando se
reúnan los siguientes requisitos:
1) Que entre las partes existen relaciones de la misma índole, y
2) Que los débitos provenientes de los servicios prestados y los
créditos por los abonos hechos se lleven bajo una misma cuenta.
La norma trae un caso de conexidad subjetiva, porque
el derecho de retención no depende estrictamente de la
vinculación del crédito a la cosa retenida (conexidad objetiva),
ni de la concreta relación jurídica estructurada en el actual
contrato de transporte celebrado (conexidad intelectual), sino
de la calidad de porteador, remitente y destinatario, como
sujetos participes en varios contratos de transporte
perfeccionados con anterioridad, que sirven de fuente a
obligaciones cuyo cumplimiento puede garantizarse con los
efectos conducidos en virtud de un convenio posterior.
Para eso, la disposición exige la presencia de varias
relaciones de transporte entre las mismas partes y que en
una misma cuenta se lleven las obligaciones derivadas de los
servicios prestados, así como las acreencias por abonos
realizados. A esto se suma la concurrencia de los requisitos
30 Modificado por el artículo 41 del Decreto 1 de 1990
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
39
esenciales del derecho de retención, explicados en el numeral
1.3. de estas consideraciones.
3.2.3. Es de anotar que en los supuestos descritos
en los artículos 1033 y 1034 analizados, desde que los efectos
a ser transportados entran en la esfera de custodia del
porteador, quedan sujetos al derecho de retención que a éste
corresponde, pudiendo ejercer dicha prerrogativa sobre toda
o parte de la carga, pero respetando siempre la
proporcionalidad entre lo realmente adeudado y lo que
efectivamente se retenga. Tope legal que no solo se deduce de
la literalidad de las disposiciones citadas, sino también del
artículo 1035 de la misma codificación, en la que se dispone
que «[e]l destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer
contra el transportador sus demás derechos cuando se hayan pagado
el flete y demás gastos del transporte, conforme a los artículos
anteriores».31
Ahora bien, no se pierde de vista que en ciertas
ocasiones el transportista solo cuenta con una cosa para su
conducción, cuyo valor es mayor a la obligación del remitente
o del destinatario, que con la retención se pretende
garantizar. En este caso, podría el porteador, al ejercer dicha
facultad, negarse a restituirla, por ser el único elemento que
le permite asegurar el cumplimiento de la deuda.
Cosa distinta ocurriría si el transportador dispone de
varios efectos a portear, puesto que en este evento debe
31 Negrillas fuera de texto.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
40
mediar un juicio de proporcionalidad, para determinar cuáles
o cuántas de las mercancías transportadas son suficientes
para ser retenidas como garantía del pago del porte y los
gastos que haya suplido el transportista; sin que sea dable
exceder el derecho de retención conferido por la ley, que debe
ejercerse con la finalidad legítima de asegurar la satisfacción
de obligaciones ciertas, exigibles y liquidas o fácilmente
liquidables.
Con todo, no se descarta que en las hipótesis planteadas
en los artículos 1033 y 1034 se deba ponderar -según las
particularidades de cada caso- si la retención causa un
perjuicio excesivo al remitente o al destinatario o a terceros;
como en aquellos eventos, por ejemplo, en los que la cuantía
de la obligación insoluta sea mínima, y tal vez ínfima, frente
al valor de la cosa que el transportador retenedor mantiene
en su poder, resultando, de ese modo, desmesurado el
ejercicio del derecho de retención.
Igual consideración habría que hacer si el remitente o
destinatario o un tercero con interés ofrecen seriamente
pagar o asegurar el cumplimiento del crédito en cabeza del
transportador, pero éste obstaculiza o hace caso omiso a esa
propuesta y prosigue con la retención; esto sin perjuicio de la
facultad que el artículo 1035 del Código de Comercio da al
destinatario, para «depositar, a órdenes del juez el valor reclamado
por el transportador para que se le haga entrega inmediata de la cosa
transportada mientras se decide la cuestión» y para «obtener la entrega
inmediata de la cosa transportada, prestando una garantía a
satisfacción del juez».
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
41
En este punto cabe insistir en que el fin legítimo de la
facultad de retener la cosa transportada no es otro que
garantizar la solución de la deuda en favor del transportista;
por eso, éste ha de ejercerla responsablemente, sin rebasar el
propósito de obtener el pago efectivo del «porte y los gastos que
haya suplido» (art. 1033) o de «deudas exigibles (…) de contratos de
transporte anteriores» (art. 1034); pues será abusiva la retención
que sobrepase dichos límites, considerado que «siempre es
vicioso lo que es excesivo».32
Y es que, en la ejecución de la relación obligacional de
transporte, en palabras de la Corte,
(…) la actividad del transportador corresponde a la de un
profesional del comercio organizado empresarialmente (numeral
11, art. 20, C. de Co.), que está regida por un sistema de
responsabilidad, si se quiere, más riguroso, en tanto que, a
diferencia de la responsabilidad de la generalidad de las
personas, en la que el factor de comparación, por regla, es “el
comportamiento de un buen padre de familia”, en la del profesional
el estándar de diligencia exigible -el buen profesional-
normalmente es más elevado en virtud del surgimiento para él de
diversos deberes jurídicos de prevención y de evitación de daños,
muchos de ellos incorporados al contrato por aplicación del
principio de buena fe (arts. 1603 del C.C. y 871 del C. de Co.).
(CSJ SC16 dic. 2010, ref. 2000-00012-01).
3.2.4. No está de más acotar que la autorización
para efectuar la retención de que tratan los artículos 1033 y
1034 del compendio mercantil, está radicada expresa y
únicamente en el transportador, es decir, en «la persona que se
32 Luci Anneo Séneca, citado por Arturo Alesssandri R., Manuel Somarriva U., y
Antonio Vodanivic. H., en Tratado de los derechos reales. Bienes. Tomo I. Sexta
edición. Editorial Temis S.A. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 2001. Pág. 80.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
42
obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato» (art.
1008); por ende, dicha habilitación legal no se extiende al
dueño o al conductor del vehículo para ejercer tal derecho, a
no ser que en él también concurra la calidad de porteador.
4. Resolución del cargo.
4.1. Dígase, de una vez, que aunque el cargo se ajusta
a la exigencia técnica establecida en el parágrafo 1º del
artículo 344 del Código General del Proceso, porque los
artículos 1033, 1034 y 820, además de disciplinar la relación
jurídica que se disputa, son de carácter sustancial, pues las
dos primeros confieren el derecho de retención al
transportador sobre los efectos que conduzca, y la última
preceptúa que «[e]l que abuse de sus derechos estará obligado a
indemnizar los perjuicios que cause» (CS AC4034-2021), fracasa la
inconformidad, al no advertirse configurados los errores
endilgados al Tribunal, como en seguida se explica:
4.1.1. Al confrontarse el fallo cuestionado con los
reproches elevados por la recurrente, resulta notorio que ésta
realmente persigue imponer su propio criterio sobre la forma
en que el juzgador de segunda instancia interpretó
juiciosamente las normas referentes al derecho de retención
del transportador y aplicó la figura del abuso del derecho;
soslayando que las opiniones del casacionista para refutar el
argumento razonablemente motivado del sentenciador de
segunda instancia, no tiene cabida en esta vía extraordinaria
(CSJ SC1413-2022, CSJ SC492-2023).
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
43
4.1.2. Téngase en cuenta que la impugnante
sostiene que el ad quem violó directamente los artículos 1033
y 1034 del Código de Comercio, por interpretación errónea, al
entender que existe un tope máximo legal del derecho de
retención en favor del transportador, desconociendo -en su
sentir- que la cuantía establecida en la norma responde a «un
acto subjetivo, que está definido por el juicio del transportador, sobre lo
que considere suficiente “para pagar su crédito”».
Sin embargo, tal hermenéutica es equivocada, ya que,
como quedó establecido en el subnumeral 3.2 de las
consideraciones, el derecho de retención que dichas
disposiciones confieren al transportista no es irrestricto, pues
se permite a éste retener los efectos transportados, pero en
correspondencia al valor realmente adeudado por concepto
de porte y gastos suplidos (art. 1033), así como por deudas
exigibles del mismo remitente o del mismo destinatario,
derivadas de contratos de transporte anteriores (art. 1034);
tope legal que también se desprende del artículo 1035,
ibidem, que prevé que «[e]l destinatario podrá reclamar la cosa
transportada y ejercer contra el transportador sus demás derechos
cuando se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte,
conforme a los artículos anteriores».33
Además, ese derecho de retención se encamina a
garantizar créditos ciertos, exigibles y líquidos o fácilmente
liquidables, en favor del porteador.
33 Negrillas fuera de texto.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
44
En similar dirección, el juzgador de segundo grado
concluyó:
(…) para la Sala podían acogerse las obligaciones exigibles para el
22 de abril de 2014, en vista de que el artículo 1034 del Código de
Comercio prevé que “[e]l derecho de retención podrá ejercer en
relación con deudas exigibles del mismo remitente o del mismo
destinatario según el caso, derivadas de contratos de
transporte anteriores (…)” (se resalta), lo que se traduce en que
fueran de contratos previos y se encontraran vencidas.
(…)
No obstante, algunos de los fletes relacionados no eran exigibles al
22 de abril de 2014 (…).
(…)
En principio, la demandada tenía la facultad de retener los bienes
transportados; no obstante, aquella no puede ser ilimitada, ya que
el mismo legislador estableció que esa prerrogativa solo puede
usarse para garantizar el pago al transportador de los portes y
gastos en que hubiera incurrido. Así, el límite del derecho para el
caso en estudio era la suma de los fletes debidos por
$275’265.612.oo.
4.1.3. Insistiendo en el desacierto interpretativo del
Tribunal, agrega la recurrente que «los artículos 1033 y 1034 del
Co.Co, lo que indican es que el transportador puede retener mercancías
cuyo valor, alcance un monto que él mismo debe calcular con las
variantes señaladas por la ley», como las costas o expensas del
proceso ejecutivo que se debe adelantar; los intereses
adeudados durante ese tiempo; la devaluación de las
mercancías; y el valor de los bienes vendidos en pública
subasta o martillo, operaciones mercantiles que «no se hacen,
regularmente por el 100 por ciento del avalúo de los bienes subastados
sino por valores inferiores, que llegan al 70% de los mismos».
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
45
Pero, en esa afirmación, deja de lado la impugnante que
los cánones citados son claros en determinar los conceptos
por los cuales procede el derecho de retención, en los que no
están incluidos los posibles gastos previamente señalados
por la de casacionista, que claramente no cumplen con la
certeza y exigibilidad requerida de las obligaciones que se
tratan de garantizar con la prerrogativa que se concede al
transportador.
Además, la recurrente atribuye al porteador una
facultad irrestricta, a modo de patente de corso, para retener
las mercancías transportadas, pese a que ni la ley, en
particular, ni el ordenamiento jurídico, en general, confieren
en materia mercantil un derecho ilimitado, como lo propone
la inconforme, desdeñando que la potestad legal del
transportador para resistir la entrega de las cosas conducidas
no puede ser ejercida de manera desproporcionada, sino
responsablemente; máxime si la actividad del transportista
corresponde a la de un profesional del comercio organizado
empresarialmente, que involucra deberes jurídicos de
prevención y de evitación de daños, normalmente
incorporados al contrato, en virtud del principio de buena fe.
4.1.4. Por lo anterior, tampoco le asiste razón a la
impugnante cuando asevera que el Tribunal aplicó
indebidamente el artículo 830 del Código de Comercio, por
considerar erróneamente que estaba frente a un caso de
abuso del derecho, pese a que no podía reprocharse la no
restitución de mercancías por 2,95 veces el monto del capital
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
46
exigible al remitente, o 1,685 veces el monto adeudado para
el 22 de abril de 2014, es decir, $436.134.081, que sería
exigible antes de 30 días, según se pactó. Pero vuelve a pasar
por alto la recurrente que el transportador solo puede ejercer
la retención para asegurar el pago de obligaciones vencidas;
y así lo entendió el ad quem cuando concluyó que «algunos de
los fletes relacionados no eran exigibles al 22 de abril de 2014», tras
verificar las facturas presentadas y los acuerdos comerciales
respectivos.
De ahí que, aunque el Tribunal expresamente no citó el
artículo 830 del Código de Comercio, sí aplicó correctamente
la teoría del abuso del derecho -recogida en dicha disposición
y en el artículo 95, numeral 1º, de la Carta Política- porque,
pese a existir legítimo derecho de retención en cabeza de las
demandadas, hubo exceso en su ejercicio por incluirse sumas
que aún no se adeudaban, para el momento en que se
materializó dicha prerrogativa; sin que fuera pertinente
aplicar el artículo 2497 del Código Civil -como lo indica la
casacionista- porque en el juicio no se discutió la preferencia
correspondiente a los créditos de segunda clase; ni tampoco
resultaba procedente acudir al artículo 599 del Código
General del Proceso -según señala la recurrente- para tener
por límite del derecho de retención el capital cobrado más
intereses, al igual que en las medidas cautelares, ya que los
artículos 1033 y 1034 del Código de Comercio son de
interpretación restrictiva, puesto que la facultad en ellos
contemplada solo opera en los casos expresamente señalados
en la ley, sumado a que dichas normas claramente establecen
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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que esa prerrogativa se ejercerá «hasta que le sean pagados el porte
y los gastos que haya suplido» y «en relación con deudas exigibles del
mismo remitente o del mismo destinatario según el caso, derivadas de
contratos de transporte anteriores».
4.2. Por lo expuesto, el cargo no prospera.
B. CARGO SEGUNDO
1. La casacionista denunció que el Tribunal violó
directamente los artículos 1614, 717, 1616, 1617 del Código
Civil, artículos 884, 1163, 1165 del Código de Comercio y 16
de la ley 446 de 1998 y artículo 65 Ley 45 de 1990, porque
«al momento de determinar la consecuencia concreta que se seguía de
haber encontrado probado el supuesto jurídico de abuso del derecho de
retención (…) erró al aplicar equivocadamente la ley, en unos casos y
dejar de aplicarla también erradamente en otros, para llegar a considerar
que, en la indemnización de los perjuicios, debía incluir intereses
comerciales sobre el valor de las mercancías y, con ello, condenó a pagar
perjuicios que no son ciertos y no caben en el concepto de lucro cesante.
Lo hizo, so pretexto de aplicar el principio de reparación integral y de
equidad, pero terminó generando un enriquecimiento sin causa a favor
de la víctima y en contra de las transportadoras».
2. Para demostrar el cargo, después de transcribir las
disposiciones que estimó infringidas, relacionó los hechos
que el ad quem tuvo por acreditados -conclusiones
probatorias que no discute, según advirtió-, así: (i) «las
mercancías retenidas tenían un valor de $ 735’081.710.oo (Sin incluir el
IVA)»; (ii) «las demandadas, (…), podían retener mercancías por valor de
$249’107.334.oo»; (iii) «se retuvieron en exceso, unas mercancías cuyo
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
48
valor ascendía a la suma de $485’974.376.oo»; (iv) «los bienes retenidos
eran fungibles y que perdían rápidamente el valor comercial por ser
electrodomésticos».
3. Aseveró que el Tribunal acertó cuando ordenó a las
demandadas restituir el valor de las mercancías en dinero,
porque su devolución material rompería el principio de
reparación integral y el de equidad, pero se equivocó al
«adicionar» a esa condena intereses comerciales
remuneratorios, toda vez que, aunque la equidad permite
convertir a dinero el valor de los bienes para conservar el
equilibrio, también impone que esa suma pecuniaria
equivalga a las mercancías, debidamente indexada. Pero
dicho postulado no habilita hacer la referida conversión «para
luego generar ganancia, frutos o utilidades (intereses comerciales
remuneratorios) a favor de la remitente en el contrato de transporte
porque, esas utilidades no hacen parte del proceso racional de conversión
de la mercancía en su equivalente en dinero, sino que reportan, una suma
adicional al mismo». Por eso, el fallador de segunda instancia
aplicó indebidamente el artículo 16 de la Ley 448 de 1998,
comoquiera que «esa norma y sus principios, no permitían inventar un
lucro cesante a partir de la transformación racional de las mercancías en
dinero (…) [pues] si los principios aludidos, justificaron que no se
condenara a restituir los bienes fungibles ya sin valor, sino a su
equivalente en dinero, ellos mismos no permitían hacer producir a ese
valor, frutos civiles».
4. De igual forma, sostuvo que el Tribunal inaplicó el
artículo 1616 del Código Civil, porque afirmó que las
demandadas no tuvieron intención de dañar; entonces, era
necesario aplicar dicha norma que dispone que «en ausencia de
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
49
dolo, el deudor “solo es responsable de los perjuicios que se
previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato”». De ahí
que, si la condena debía ser restituir las mercancías,
resultaba imprevisible, como perjuicio, pagar intereses
remuneratorios comerciales sobre el valor de las mismas.
5. Sobre ese razonamiento precisó que el ad quem
aplicó indebidamente el artículo 1617 ibidem, que regula la
indemnización de perjuicios por la mora, en obligaciones
dinerarias, pero el débito de marras no era de esa naturaleza,
pues consistió en restituir mercancías que, por aplicación de
los principios de reparación integral y de equidad, se convirtió
en dinero.
6. Además, afirmó la recurrente que el Tribunal
también erró al aludir al artículo 884 del Código de Comercio
que establece que «[c]uando en los negocios mercantiles haya de
pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el
interés, éste será el bancario corriente…», porque, a pesar de ser
mercantil el contrato de transporte, en el asunto concerniente
a la demanda principal no hay ninguna obligación
contractual de pagar réditos de un capital, pues la condena
consistió en reparar los perjuicios causados, restituyendo las
mercancías retenidas en exceso, pero, en virtud del principio
de equidad y ante la inocultable y gravísima pérdida del valor
venal de esos bienes, se ordenó pagar lo que valían al tiempo
de su retención abusiva.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
50
Sumado a ello, el contrato de transporte no es uno de
esos negocios en los que la ley ordena el pago de intereses,
siendo la regla general que el deudor no está obligado a cubrir
réditos remuneratorios, a menos que así se pacte
expresamente, y ese es el entendimiento que debe darse al
mentado artículo 884. Tampoco era aplicable al caso concreto
el artículo 65 de la Ley 45 de 1990, ya que esta disposición
refiere a una hipótesis abstracta de hecho, diferente a la
ocurrida en este juicio, puesto que regula específicamente la
mora y sus efectos.
7. También -continúa la impugnante- se desconoció
el artículo del 1614 del Código Civil, por aplicación indebida,
dado que el ad quem condenó al pago intereses
remuneratorios comerciales sobre el valor de las mercancías
retenidas, pese que dichos réditos no corresponden al
concepto legal de lucro cesante, pues éste, en el presente
asunto, refiere a la ganancia que iba a obtener el remitente
con la entrega de esas mercancías retenidas abusivamente,
como fue razonando en el fallo recurrido.
8. Por último, expresó la transportadora inconforme
que,
[s]i el Tribunal no hubiese incurrido en las conductas reprochadas
de violación directa por aplicación indebida, y de falta de
aplicación en la forma en la que se ha explicado, entonces se
hubiese limitado a condenar al pago de la restitución por
equivalencia o lo que es lo mismo, se hubiese limitado a condenar
a pagar en dinero, el valor de las mercancías retenidas en exceso,
incluso, como es razonable y jurídicamente correcto, a su
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
51
indexación pero, no hubiese condenado, como equivocadamente lo
hizo, al pago de intereses remuneratorios de ningún tipo.
CONSIDERACIONES
1. Precesiones preliminares sobre la condena por
equivalencia.
1.1. Sea lo primero recordar que, aunque el artículo
1627 del Código Civil previene que «[e]l acreedor no podrá ser
obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de
ser de igual o mayor valor la ofrecida», hay ocasiones en las que,
acaecido el incumplimiento imputable al deudor, satisfacer
específicamente la prestación se torna imposible y, pese a
ello, aquél no queda liberado del pago, pues es factible
solucionar la obligación en su equivalente pecuniario.
En tal eventualidad, resulta procedente que, por virtud
de los principios de reparación integral y equidad,
consagrados en el artículo 16 de la ley 446 de 199834 y en el
inciso final del artículo 283 del Código General del Proceso35,
el juez haga subsistir el débito como una prestación
dineraria, si, por ejemplo, el demandado en acciones
resolutorias, simulatorias o reivindicatorias ha enajenado a
un tercero de buena fe el bien que debe restituirse al
34 Establece el canon: «Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración
de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales».
35 Reza la disposición: «En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá
los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales».
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
52
demandante; o si la cosa litigada se destruyó por un caso
fortuito estando el deudor en mora o el caso fortuito
sobrevino por su culpa, casos en los que éste es responsable
de ese hecho irresistible;36 circunstancias que, ciertamente,
constituirían un escollo infranqueable para ordenar la
devolución material pretendida.
Facticidad que habilita, entonces, la sustitución por
dinero de la cosa adeudada, mas no la prestación en sí misma
considerada (dar, entregar, restituir, pagar, etc.), comoquiera
que la obligación pervive en atención a la perpetuatio
obligationis («'Perpetuación de la obligación'. La obligación incumplida
se prolonga en el deber de resarcir»37),38 regla que se encamina a
36 Hipótesis contempladas en el inciso 2º del artículo 1604 del Código Civil, que
dispone: «El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la
cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya
sobrevenido por su culpa».
37 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico
[https://dpej.rae.es/lema/perpetuatio-obligationis]
38 Acerca de esta regla, algunos autores chilenos dicen que la perpetuatio obligationis
es «la subsistencia de una obligación de especie en aquellos casos en que, sin llegar a
configurarse el modo de extinguir pérdida de la cosa, la ejecución de la prestación ha
devenido total y definitivamente imposible. En este evento, a fin de posibilitar la
subsistencia de la obligación, la especie perdida sería sustituida por su valor en dinero
(aestimatio rei)». (Campos Micin, Sebastián, Profesor instructor, Universidad de Chile,
Santiago, Chile. SOBRE EL EXCEPCIONAL DERECHO DEL ACREEDOR AL VALOR DE
LA COSA O HECHO OBJETO DE LA PRESTACIÓN ¿REPARACIÓN DE UN DAÑO
INTRÍNSECO O CUMPLIMIENTO POR EQUIVALENCIA? BASES PARA UNA REFUTACIÓN
DEL REALISMO INTEGRADOR. Rev. derecho
(Concepc.) vol.89 no.249 Concepción jun. 2021. Versión impresa ISSN 0303-
9986versión On-line ISSN 0718-591X).
Sobre el tema, algunos doctrinantes españoles sostienen que en el «supuesto de
imposibilidad en el cumplimiento de la prestación debida, en el marco de una obligación
contractual, es donde ha aparecido reiteradamente el fantasma del “cumplimiento por
equivalente”, basado en una supuesta subsistencia de la obligación debida pero
transformada en su equivalente pecuniario o aestimatio rei. Se trata de una
reminiscencia de la perpetuatio obligationis propia del Derecho romano» (Sánchez
Castro, Juan David. El cumplimiento por equivalente: un modo de evitar los requisitos
imprescindibles en toda pretensión indemnizatoria?. Trabajo insertado en el Proyecto
de investigación «El coste del incumplimiento: danos indemnizables y danos
indemnizados», dirigido por el profesor Dr. D. Antonio Manuel Morales Moreno,
(DER2008-00968) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidad
Autónoma de Madrid. ADC, tomo LXIII, 2010, fasc. IV).
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
53
impedir que el comportamiento culposo del deudor
incumplidor afecte desfavorablemente el derecho del
acreedor, que debe quedar a salvo para preservar el adecuado
equilibrio en su patrimonio.39
Sobre el particular, la Corte ha señalado:
4. Acerca de las consecuentes restituciones mutuas que deben
hacer las partes, conforme lo señalado en el art. 1545 del Código
Civil, la Sala observa que con las pruebas documentales
ordenadas en el fallo de casación, se encuentra acreditado que los
litigantes enajenaron a terceros, en virtud de la celebración de
varios negocios jurídicos [que no son materia de la acción
resolutoria ejercida], los bienes que, en su día, mayoritariamente
se transfirieron recíprocamente -en desarrollo del contrato de
promesa-, mediante el otorgamiento de escrituras públicas de
compraventa y su ulterior inscripción en las correspondientes
oficinas de registro de instrumentos públicos circunstancia que
constituye obstáculo insalvable para ordenar que cada una
devuelva a la otra, materialmente, a título de restituciones mutuas,
los bienes que recibió en desarrollo del pluricitado negocio jurídico,
lo cual implica, que debe adoptarse la decisión que mejor se
acomode a la voluntad abstracta de la ley, que en este caso, será
disponer unas restituciones por equivalente, que coloquen a las
partes en la misma situación patrimonial que tenían al momento
de contratar.
El anunciado reconocimiento por equivalencia, en manera
alguna, denota un cambio o mutación del objeto de la
prestación respectiva, pues “...cuando el Juez opta por
condenar a pagar el equivalente monetario, no empece a
haberse formulado pretensión dirigida a la persecución de
la cosa.., lo único que hace es consultar la realidad
probatoria del proceso, en cuanto le indica que se ha ‘hecho
imposible o difícil’ la persecución’ en los términos que de
ordinario correspondería decretar” (CCXLIX, Vol. I, 320), tesis
que si bien fue esgrimida por la Corte en un proceso reivindicatorio
39 Ver diferentes posiciones sobre esta regla, presentadas por Torrent, Armando.
Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. CULPA
DEBITORIS -IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA- PERPETUATIOOBLIGATIONIS. AFDUDC,
10, 2006, 1169-1194.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
54
en el que se ejercitó una acción real, puede ser aplicable a este
asunto, en el que el actor promovió una acción personal, esto es, la
tendiente a obtener la resolución del contrato de promesa por
incumplimiento de la demandada.
Bajo este entendimiento no podría la Corte, ante la imposibilidad
de disponer las restituciones mutuas que, ordinariamente, se
ordenan en juicios de esta naturaleza, limitarse a declarar la
resolución del negocio jurídico sin tomar ninguna determinación
encaminada a lograr la restauración de las cosas al estado en que
se hallarían sino hubiese existido el acto o contrato resuelto, pues
un pronunciamiento con tal naturaleza, ciertamente carecería de
eficacia y sería apenas aparente, puesto que cada contratante
seguiría detentando los bienes que recibió en desarrollo del
contrato, no obstante haberse declarado su resolución, lo que
desconocería el alcance retroactivo que se ha reconocido al
fenómeno resolutorio (art. 1544 Código Civil).
Recientemente, a propósito de los efectos que generaba la
declaración de una simulación de unos negocios jurídicos, cuando
los bienes materia de los mismos se encontraban en poder de
terceros, esta Sala puntualizó que “Cuando la simulación ha
quedado al descubierto, pero las secuelas restitutorias se hacen
imposibles, porque los bienes han sido embargados a petición de
los acreedores del comprador, nada justificaría que el propietario
aparente pudiera retener bienes que son ajenos con claro
desmedro de los derechos de los acreedores del dueño real. Basta
con pensar por un momento en el fracaso total o parcial de la
ejecución seguida contra el propietario aparente, o que luego de la
venta en pública subasta algo quedase, para constatar cuán
injusto sería que quien apenas pasa por dueño, sin serlo
verdaderamente, pudiera recoger lo que quedase después de la
ejecución seguida en su contra, o lo que es igual, que pudiese
hacerse a unos bienes ajenos, y mientras tal injusto se consuma,
los acreedores del verdadero dueño quedaran al margen de la
posibilidad de valerse de ese patrimonio para la satisfacción de la
deuda”, por lo que “En semejante situación lo que más consulta los
dictados de la justicia es, ante la imposibilidad de aniquilar los
actos de enajenación fingidos, que el decreto de simulación se
limite a reconocer el derecho de los acreedores del propietario real
a recoger lo que llegase a quedar en las ejecuciones seguidas
contra el propietario aparente” (cas. civ. 4 de septiembre de 2006,
Exp. 5826), doctrina que, mutatis mutandis, puede ser aplicada al
presente asunto, pues no sería justo, ni equitativo, declarar la
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
55
resolución del negocio jurídico sin imponer unas restituciones
mutuas que retrotraigan a las partes, aunque de forma distinta, a
la situación patrimonial que tenían al momento de celebración del
contrato.
Con otras palabras, pese a la resolución del contrato de promesa
que se hará, es lo cierto que el demandante no podrá recuperar el
dominio sobre el apartamento que, en su momento, enajenó a la
demandada y, de igual modo, ésta tampoco recibirá los bienes que
entregó al actor, pues tales negocios jurídicos, se itera, no están
incluidos en la pretensión resolutoria contenida en la demanda y,
adicionalmente, los objetos de los mismos se encuentran en poder
de terceros, circunstancias que impiden que las restituciones
mutuas comporten la orden de devolverlos real y materialmente.40
(CSJ SC 06 jul. 2007, exp. 7386).
1.2. Al imponer una condena por equivalencia, es
crucial que el juzgador tenga en cuenta que el cumplimiento
de la obligación en su correspondiente monetario no
comporta, indefectiblemente, darle un estricto tratamiento de
prestación dineraria, desligada del crédito cuyo cumplimiento
in natura sobrevino imposible; ya que es necesario tener
presente que en estos eventos, según la jurisprudencia
transcrita, no se produce una variación del objeto de la
prestación correspondiente, situación que exige analizar, en
cada caso particular, el alcance y efectos de la relación
jurídica ventilada en el juicio, para determinar si, por
ejemplo, el valor de la cosa que se ordena entregar como
equivalente pecuniario, ha de sufragarse con intereses, o no,
porque «si no se deben frutos de la cosa, tampoco se deberán intereses
del dinero entregado a cambio de ella».41
40 Negrillas fuera de texto.
41 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las
obligaciones. El Negocio Jurídico. Vol. II. Universidad Externado de Colombia. Primera
Edición. Bogotá, 2015. Pág. 789.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
56
Por eso, la suma de dinero que el fallador estime pagar
en equivalencia, en principio es el valor de la cosa que
físicamente no se pudo entregar o restituir, que se
acompañará con sus intereses respectivos si el interesado,
conforme al artículo 167 del Código General del Proceso,
prueba que la cosa sustituida generaba frutos.
Acerca de esa carga probatoria, esta Sala anotó:
Ahora, aunque el daño debe ser íntegramente indemnizado, ello no
significa que la víctima esté liberada de probarlo y fijar su cuantía,
pues la Corte tiene dicho que:
[c]omo de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba
(art. 174 del C. de P. Civil), toda decisión judicial debe fundarse en
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el
reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la
indemnización de un perjuicio, supone la demostración de todos y
cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de
dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos
eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de
la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en
los casos de los artículos 1599 y 1617 num. 2 del C. Civil. Sin
embargo, una es la prueba del daño, o sea la de la lesión o
menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra, la prueba de
su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina
haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su
intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como
patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto
considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que más
conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera
una reparación por equivalencia o propiamente
indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que implica
‘volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el
hecho dañoso´” (CSJ SC, 9 agos. 1999, Rad. 4897).42 (CSJ
SC5142-2020).
42 Negrillas fuera de texto.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
57
1.3. No se desconoce que el dinero, por excelencia, es
fructífero, pues cuenta con aptitud de producir utilidades,
siendo los intereses el lucro cesante que permite la
reparación integral, de conformidad con los mencionados
artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del Código General
del Proceso (CSJ SC1230-2018). No obstante, esas premisas
no tienen aplicación a raja tabla en el caso de una condena o
restitución por equivalencia, puesto que, se insiste, el monto
dinerario que se ordena entregar por la cosa debida pero
imposible de restituir, no apareja derechamente el
reconocimiento de réditos, en razón de que tal consecuencia
se deriva de si la cosa sustituida producía frutos.
1.4. No ocurre lo mismo con la indexación del monto
monetario establecido como equivalente, porque tal figura
resulta procedente en aplicación de los prenombrados
principios de equidad y reparación integral, puesto que, a
voces de esta Corporación:
[E]l pago no será completo, (…) sin la consiguiente corrección
monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e
incompleto, (…), porque esa es la única forma de cumplir con el
requisito de la integridad del pago». (CSJ SC, 19 nov. 2001,
rad. 6094; citada en CSJ SC1987-2024). «[L]a corrección
monetaria, en sí misma considerada, no constituye un factor
adicional del daño, (…), toda vez que ella, en estrictez, no es más
que lo que denota su significado semántico: la mera actualización
de una determinada suma de dinero, sin que ese ajuste, per se,
entrañe alteración o mutación objetiva del quantum primigenio,
pues la operación de indexar conduce, necesariamente, a una cifra
que equivale cualitativamente al monto que se indexa, en cuanto
reconstruye o restaura la capacidad adquisitiva del dinero, la que
se puede ver minada por el transcurso implacable del tiempo, sobre
todo en economías sometidas a un proceso sostenido de carácter
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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inflacionario. (CSJ, SC 18 may. 2005, dad. 0832-01;
reiterada en CSJ SC042-2022).
2. Resolución del cargo.
2.1. Esta Sala ha reiterado que cuando se acude la vía
directa para denunciar la violación de la ley sustancial, se
requiere «limitar la formulación del ataque a establecer la existencia de
falsos juicios sobre las normas materiales que gobiernan el caso, ya sea
por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación
indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en
asumirles efectos para situaciones no contempladas; o cuando se
acierta en su escogencia pero se concluye de las mismas un alcance que
no tienen, presentándose una interpretación errónea»43 (CSJ SC 01
nov. 2011, exp. 2006-00092-01; SC 17 nov. 2005 exp. 7567;
SC1364-2024).
2.2. En el cargo bajo estudio, la sociedad recurrente
alega la trasgresión directa de varias disposiciones, pero
únicamente el artículo 884 del Código de Comercio es de
naturaleza sustancial, en la medida en que «se ocupa
de regular una situación de hecho, respecto de la cual deba seguirse una
consecuencia jurídica»,44 pues determina los intereses que deben
pagarse en los negocios mercantiles si no media estipulación
al respecto, y la sanción por sobrepasar los montos allí
43 Negrillas fuera de texto.
44 CSJ SC 1° jun. 2010, rad. 2005-00611-01; SC 14 dic. 2010, rad. 2006-00050-01;
SC 6 mar. 2012, rad. 2001-00026-01; SC 15 jul. 2014, rad. 2005-00209-01;
SC17296-2014; citadas en SC444-2023.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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establecidos; norma que, en sentir de la impugnante, fue
indebidamente aplicada por el Tribunal; censura cuyo análisis
se restringirá a verificar si se presentó tal desatino frente al
contenido jurídico de la decisión, sin considerar aspectos de
carácter fáctico o probatorio, en los términos del literal a) del
numeral 2º del artículo 344 del Código General del Proceso.
2.3. En ese contexto, téngase en cuenta que el ad quem,
tras concluir que la parte demandada abusó del derecho de
retención que legitimante tenía en su condición de
transportadora, precisó:
Valga aclarar que la única restitución a la que, en principio, habría
lugar sería la devolución de las mercancías retenidas; sin embargo,
al ser aquellos bienes fungibles que sufren un deterioro importante
con el paso del tiempo y que, en igual medida, pierden su valor por
tratarse de electrodomésticos, sector del comercio que cambia
continuamente su tecnología, no luce acorde a los postulados
referidos ordenar la simple devolución de tales mercaderías.
(…)
En cambio, al ordenar a Transportes Saferbo S.A., quien absorbió
a Master Trans Ltda. por fusión, la devolución del dinero que
excedía los montos adeudados, equivalente a $485’974.376.oo,
con el reconocimiento de intereses comerciales
remuneratorios por tratarse de un contrato eminentemente
mercantil, liquidados desde la fecha en que le fueron retenidas,
(…), se ubica a las dos partes en la misma posición que se
encontraban al momento de la retención (…).
(…)
Así las cosas, el rubro a restituir a la demandante es de
$1.327’343.280,63, a la fecha en que se profiere esta decisión, la
cual se haya integrada por el daño emergente constituido por el
valor de las mercancías retenidas en exceso y por el lucro cesante
definido por los rendimientos o ganancias que dicha suma
de dinero pudo producir a dicha data, como consecuencia del
hecho lesivo de la retención de mercancías en exceso de lo
adeudado a las demandadas para la fecha en que se hizo ejercicio
de dicha prerrogativa (…). (Negrillas fuera de texto).
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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2.4. De ese modo, se observa que el fallador de segunda
instancia, ante la imposibilidad de restituir los
electrodomésticos retenidos en exceso por las trasportistas
demandadas, modificó el quantum de la condena por
equivalencia que les impuso el a quo, consistente en pagar a
la demandante el valor de dichas mercancías, más los
intereses comerciales remuneratorios causados desde el
momento de la retención, por «tratarse de un contrato
eminentemente mercantil», en alusión al artículo 884 del Código
de Comercio, el cual preceptúa que «[c]uando en los negocios
mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique
por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no
han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces
del bancario corriente (…)».
Pero, en el caso examinado, la aplicación de la regla
establecida en la citada norma, no procedía automáticamente
por el hecho de ser el contrato de transporte de carácter
comercial, puesto que, como quedó establecido en párrafos
precedentes, la suma determinada como equivalente de los
bienes cuya devolución se hizo imposible de materializar, no
puede recibir el tratamiento de una simple obligación
dineraria, para entender que, por ese matiz, debía generar
intereses, sin considerar que estos podrían ser reconocidos si
las cosas sustituidas, es decir las mercancías, generaban
frutos para la fecha en que se produjo su retención abusiva,
ya que, según la jurisprudencia, el «reconocimiento por
equivalencia, en manera alguna, denota un cambio o mutación del objeto
de la prestación respectiva». (CSJ SC 06 jul. 2007, exp. 7386).
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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2.5. En esas condiciones, se casará parcialmente la
sentencia recurrida en lo concerniente al reconocimiento de
intereses comerciales remuneratorios, considerando que la
sociedad impugnante estimó acertado que el Tribunal
ordenara restituir, por equivalencia, el valor en dinero de las
mercancías retenidas en exceso, es decir, $485’974.376,oo,
porque su restitución material rompería el principio de
reparación integral y el de equidad; pero se mostró
inconforme con la condena de pagar dichos réditos, pues solo
procedía el pago de aquél monto pecuniario, debidamente
indexado.
De conformidad con el artículo 349 -inciso 5º- del
Código General del Proceso, no se impondrá condena en
costas.
IV.- SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. La competencia de la Corte, en sede de instancia,
se circunscribe a la única cuestión de la acusación que salió
avante; por consiguiente, se modificará la decisión del a quo
para actualizar el valor pecuniario de las mercancías
retenidas abusivamente por las sociedades accionadas, esto
es, la suma $485’974.376,oo, que se ordenó restituir por
equivalencia; teniéndose por incorporados a esta
determinación complementaria, por economía procesal, los
antecedentes de la sentencia de casación, así como los
lineamientos jurídicos que sirvieron para atender la
prosperidad del cargo segundo.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
62
2. En el caso analizado se advierte que, en su
demanda, Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S. no
manifestó, en manera alguna, que las mercaderías retenidas
por Transportes Saferbo S.A., y Master Trans Ltda.45
produjeran frutos, pues, al respecto, sostuvo que «[l]as
mercancías retenidas pierden día a día su valor, en el sentido que la
tecnología de los productos, al ser electrodomésticos, están en un
constante cambio, modernidad, y por ende su valor al pasar los días se
deprecia»;46 y, a renglón seguido, agregó que los intereses
generados con la retención fueron causados a sus «clientes»,
sin precisar que hubiera sufragado a éstos tales réditos,
pues, en ese sentido, señaló que «[d]esde el momento en que se
retuvieron los productos, mercancías, indebidamente, debido a este
abuso de derecho, se causan intereses comerciales sobre el valor
comercial a los clientes de los productos retenidos, como se ha perdido el
valor éstas sumas, por lo que al momento de restituir el valor de las
mismas (…) se han de reconocer su indexación como intereses moratorios
comerciales».47
Adicionalmente, la sociedad convocante, pese a incluir
en sus pretensiones condenar a las demandadas al pago del
daño emergente y lucro cesante, concretando escuetamente
este último rubro -en el juramento estimatorio- a los intereses
comerciales moratorios calculados desde el 1 de abril de
2014, por valor de $399.190.607,40, realmente no explicó
razonadamente tal estimación.48
45 De acuerdo con el certificado de existencia y representación de Transportes Saferbo
S.A., está sociedad absorbió a Master Trans Ldta., según Escritura Pública 18340
otorgada el 6 de diciembre de 2018, en la Notaria 15 del Círculo de Medellín.
46 Folio 119. Archivo: 01CuadernoPrincipalParte1.pdf
47 Folio 119. Archivo: 01CuadernoPrincipalParte1.pdf
48 De conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado
por el artículo 10 de la 1395 de 2010; noma aplicable a este asunto porque su reparto
ocurrió el 30 de noviembre de 2015, y el Código General del Proceso entró a regir en
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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De ahí que sobre la restitución por equivalencia de
pagar el valor en dinero de las mercancías retenidas en
exceso por las transportadoras llamadas a juicio, no sea
dable reconocer intereses remuneratorios, ni siquiera en
atención a la regla establecida en el artículo 884 del Código
de Comercio, toda vez que la accionante en su demanda no
indicó que tales bienes estuvieran generando frutos al
momento de efectuarse la retención de marras, presupuesto
necesario para que se debieran intereses del dinero entregado
a cambio de las cosas cuya entrega material devino imposible.
Y aunque Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S.
indicó que en favor de sus clientes destinatarios de los bienes
transportados, se causaron réditos mercantiles respecto del
valor de los electrodomésticos retenidos, lo cierto es que no
alegó que hubiera pagado tales intereses, ni pidió, en
consecuencia, su reembolso, pues, específicamente solicitó,
como lucro cesante, el monto $399.190.607,40, por concepto
de intereses comerciales moratorios, sin brindar explicación
razonada de esa estimación, ni tampoco fundamentar la
supuesta generación de la ganancia o provecho que, en ese
sentido, habría dejado de percibir, según la definición
contenida en el artículo 1614 del Código Civil.
3. Puesta de ese modo la situación litigiosa, se tiene
que, sobre el valor dinerario de las mercancías retenidas
abusivamente por las demandadas ($485’974.376.oo), solo
Bogotá el 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del 1º de octubre de
2015.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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era viable la indexación correspondiente, en aplicación de los
principios de reparación integral y equidad, consagrados en
el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y en el inciso final del
artículo 283 del Código General del Proceso.
Para ese propósito, se recurrirá a esta fórmula:
VP = VH x (IPC.F / IPC.I)
Donde:
VP = Valor Presente
VH = Valor Histórico (Capital) [$485’974.376,oo Suma
equivalente a bienes retenidos en exceso. Octubre de
2014]
IPC.F = Índice de Precios al Consumidor. Final [143,83
octubre 2024]49
IPC.I = Índice de Precios al Consumidor. Inicial [81,14
abril 2014]50
Al aplicar la fórmula con los datos del caso, se obtiene
como valor actualizado de las mercancías retenidas en
exceso, este resultado:
49 Tabla del I.P.C. DANE
50 Tabla del I.P.C. DANE
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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VP = $485’974.376 (143.83 / 81.14) =
$861.445.581,71
Operación que, para mejor comprensión, se discrimina
así:
Tabla de Indexación
Período
Inicial
Período
Final
Capital IPC
Inicial
IPC Final Factor
Indexación
Indexación
Abr 2014 Oct 2024 485.974.376,oo 81,14 143,83 1,772615 375.471.205,71
Liquidación Indexación
Capital 485.974.376,oo
Valor Indexación 375.471.205,71
Liquidación Total 861.445.581,71
4. Es de anotar que Transportes Saferbo S.A. no fue
apelante único, condición que impondría la restricción de la
non reformatio in pejus -principio contemplado en los
artículos 31 de la Carta Política y 328 del Código General del
Proceso-, comoquiera que su contraparte también impugnó
la decisión del a quo, y, entre varios reparos, atacó el
segmento resolutivo que aquí interesa, esto es, «Condenar a
TRANSPORTES SAFERBO S.A. a pagar a favor de DONGBU DAEWOO
ELECTRONICS COLOMBIA S.A.S. la suma de $551’733.020,13, más los
intereses legales liquidados a la tasa del 6% anual desde la ejecutoria
de esta sentencia hasta que se verifique su pago total».
Véase que, concretamente, reprochó:
c. El señor Juez del Circuito omite incluso los aspectos de lucro
cesante, o bien intereses comerciales, o bien indexación, como que
el valor real de las mercancías al proveedor de DONGBU DAEWOO
era en dólares americanos (moneda que sumó valor alto)
conllevándose diversos perjuicios diferentes a un daño emergente.
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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d. Desde la fecha de los hechos, en abril de 2014, desde la fecha
de la demanda noviembre de 2015, a la fecha de hoy, más de siete
años el valor de la moneda o dinero, suma la devaluación como
otros aspectos perjuicios que el Despacho de Primera Instancia
incluso omitió pronunciarse, pese al dictamen pericial presentado,
que en firme no fue objetado.51
5. De ahí que, además de no ser la demandada una
impugnante en solicitarlo, se tiene que la demandante, en
posición de apelante, trajo a discusión el tema de la
indexación; situación que torna procedente actualizar el
monto de $485’974.376,oo, por no existir obstáculo para
emitir pronunciamiento oficioso, considerando la Corte tiene
dicho que «la actividad del juez de segunda instancia, cuando hay un
único apelante, está limitada por la prohibición de reforma en peor, que
abarca la imposibilidad de proveer de oficio sobre prestaciones
recíprocas o incrementos de cualquier naturaleza a favor del lesionado
con la omisión o negativa del a quo a ese respecto, cuando este no
manifestó inconformidad por vía de apelación» (Negrillas fuera de texto)
(CSJ SC2217-2021).
6. Por lo anterior, se modificará el numeral 3º de la
sentencia proferida el 24 de noviembre 2022, por el Juzgado
Dieciséis Civil de Circuito de Bogotá, para condenar a
Transportes Saferbo S.A. a pagar a favor de Dongbu Daewoo
Electronics Colombia S.A.S. la suma de $861.445.581,71,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
decisión, más los intereses legales liquidados a la tasa del 6%
anual desde la ejecutoria de esta sentencia hasta que se
51 Carpeta: PriemraInstanciaParte3 /Subcarpeta: 01CuadernoPrincilal / Archivo:
048ApelacionSenetencia.pdf Y Carpeta: CuadernoTribunal /Archivo:
007SustentacionRecurso.pdf
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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verifique su pago efectivo total; réditos que pueden ser
acumulados con la variación del costo de vida, como se ha
reiterado en CSJ SC, 25 abr. 2003, rad. 7140; SC10097-
2015; SC11331-2015, 27; CSJ SC 2307-2018; SC002-202;
entre otras providencias.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia 023 proferida el 9 de
agosto de 2023, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso promovido por
Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S en contra de
Transportes Saferbo S.A., y Master Trans Ltda.; únicamente
en lo concerniente al reconocimiento de intereses comerciales
remuneratorios sobre el valor de las mercancías retenidas en
exceso por las demandadas, que se ordenó restituir por
equivalencia. En lo demás, el fallo de segunda instancia
permanece incólume.
En consecuencia, actuando en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia
proferida, el 24 de noviembre 2022, por el Juzgado 16 Civil
de Circuito de Bogotá, que quedará así:
Radicación n° 11001-31-03-016-2015-00720-01
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3º. CONDENAR a TRANSPORTES SAFERBO S.A. a pagar
a favor de DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA
S.A.S. la suma de $861.445.581,71, dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de esta decisión, más los intereses
legales liquidados a la tasa del 6% anual desde la ejecutoria
de esta sentencia hasta que se verifique su pago efectivo total.
SEGUNDO: Sin costas por el recurso de casación
resuelto en esta providencia, de conformidad con el artículo
349 -inciso 5º- del Código General del Proceso.
TERCERO: Por secretaría, devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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