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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC3281-2024
Radicación n.° 68001-31-03-002-2018-00229-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil
veinticuatro)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por
Seguros Generales Suramericana S.A. frente a la sentencia
del 20 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga. El trámite se adelanta dentro del proceso
verbal que instauró en su contra Hacienda las Caritas S.A.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión
La sociedad Hacienda las Caritas S.A. instauró
demanda en contra de Seguros Generales Suramericana
S.A., a efectos de que se declare que la demandada incumplió
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con su obligación de «asumir la indemnización en los términos del
contrato de SEGURO MULTIRIESGO EMPRESARIAL No. 030-0253058-
2». Además, que aquella abusa de su posición contractual «al
establecer una relación a través de un tercero esto es, SERVICIOS
GENERALES SURAMERICANA S.A.S., para acceder al derecho del
asegurado para REVOCAR el contrato de SEGURO MULTIRIESGO
EMPRESARIAL No. 030-0253058-2, en detrimento de los derechos de
HACIENDA LAS CARITAS S.A.». En consecuencia, pidió que se
condene a la convocada al pago de la suma de
$1.480.750.237, valor que corresponde a los daños
generados por el incendio que consumió el Galpón no. 1 de
su propiedad.
Subsidiariamente, instó a que se declare que la
aseguradora «reactivó el contrato de seguro No. 030-0253058-2»,
celebrado válidamente con el número de póliza de seguro
multirriesgo empresarial no. 0353014-8; con retroactividad
al 02 de marzo de 2016, y para cubrir la vigencia del 02 de
marzo de 2016 al 02 de marzo de 2017. Y que, a su turno,
incumplió con las obligaciones derivadas de tal convención1.
2.- La causa petendi
2.1. En síntesis, denunció que suscribió el contrato de
seguro no. 111453-1 con Seguros Generales Suramericana
S.A., en la cual, «entre otros amparos, se contrató el de Incendio, por
medio del cual se amparaban unos Edificios y las gallinas, los cuales
1 Páginas 274 y s.s. del archivo «01.Cuaderno 1 Parte 1».
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constan de tres galpones». Póliza que tuvo su vigencia desde el 2
de marzo de 2009 hasta el 2 de marzo de 2010. Tal cartular
fue renovado, para la vigencia del 2 de marzo del 2010 al 2
de marzo del 2011, con «otro número de póliza, esta vez la 0128291-
8, manteniendo las mismas condiciones y amparos».
2.2. La aludida póliza no. 0128291-8 fue renovada
sucesivamente hasta el año 2014-2015, manteniendo las
mismas vigencias. No obstante, para «la renovación de los años
2015 al 2016, la cual tiene como vigencia completa desde el 02 de marzo
de 2015 al 02 de marzo de 2016 se decide separar los riesgos de
incendio, dejando la póliza 0128291-8 para el amparo de los animales
(Gallinas) y la póliza 0253058-2 para los edificios (Galpones); quedando
las dos con la vigencia del 02 de marzo de 2015 al 02 de marzo de 2016».
2.3. El demandante asevera que, para la vigencia del
2015-2016, solicitó la «financiación de las primas» a Servicios
Generales Suramericana S.A.S. -filial de la aseguradora-. En
ese orden, ambas sociedades celebraron contrato de mutuo,
«quedando la póliza 0253058-2 emitida por SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA – SURA., que amparaba los edificios (Galpones)
pagada en la totalidad del valor de las primas para esa vigencia». Tal
procedimiento también fue efectuado para la vigencia del 2
de marzo del 2016 al 2 de marzo del 2017.
2.4. El 28 de mayo del 2016, se presentó un incendio
en el Galpón 1, ubicado en el municipio de Polo Nuevo –
Atlántico.
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2.5. Por ende, procedió a efectuar la correspondiente
reclamación a Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la
póliza no. 0253058-2. No obstante, tras varias pesquisas, la
aseguradora decidió negar la petición el 21 de septiembre de
2016, en atención a la falta de «pago oportuno del crédito para el
financiamiento de las primas». Aseveró que tal documento venía
acompañado de una «petición de revocación de la póliza por parte de
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.».
2.6. El convocante afirma que, por gestiones realizadas
por Comsideral Ltda. Agencia de Seguros, la demandada
realizó la reactivación del contrato de seguro con fecha del 31
de mayo de 2016, «pero con retroactividad para el 02 de marzo de
2016 y con vigencia 02 de marzo de 2016 a 02 de marzo de 2017 con el
número de póliza 030-353014». En atención a ello, en «la carta de
objeción redactada por la compañía de seguros (…) se le da el manejo a
la reclamación a través de la póliza 030-353014 como si se tratara de
un NEGOCIO NUEVO, y no de una RENOVACIÓN». De manera que,
en la aludida comunicación, la demandada objetó que el
contrato 030-353014 fue expedido el 31 de mayo de 2016,
esto es, con posterioridad al incendio.
2.7. Posteriormente, Hacienda Las Caritas presentó
reclamación formal de los daños ocasionados al Galpón no.
1 por el incendio acaecido el 28 de mayo de 2016. «Reclamación
de la cual no fue objetada ni su ocurrencia ni su cuantía».
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3. Posición del demandado.
Seguros Generales Suramericana S.A. se opuso a las
pretensiones de la demanda. Además, propuso las
excepciones que denominó: «Inexistencia de contrato de seguro
multirriesgo empresarial póliza no. 0253058-2, expedida el 06 de marzo
del año 2016 por revocación para la fecha del incendio reclamado»;
«Inexistencia de abuso de posición contractual de Seguros Generales
Suramericana S.A. en relación con la financiación de primas contratada
con Servicios Generales Suramericana S.A.»; «Ausencia de amparo bajo
Seguro Multirriesgo Empresarial póliza no. 0253058-2 emitida el 31 de
mayo del 2016 del incendio ocurrido el 28 de mayo de 2016»; «Ausencia
de interés asegurable por parte de Hacienda Las Caritas bajo la póliza
de seguro Multirriesgo Empresarial póliza no. 0253058-2 respecto del
galpón no. 1 incendiado el día 28 de mayo del 2018»; «Incumplimiento
de los principio de buena fe en relación con la contratación de la póliza
de seguro Multirriesgo Empresarial Póliza No. 0353014-8»;
«Incumplimiento de la demostración de la cuantía y la ocurrencia del
siniestro en los términos del art. 1077 del Código de Comercio»;
«Excepción de pacto de deducible» y la innominada2.
4. Sentencia de primera instancia.
Agotado el trámite de rigor, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bucaramanga dictó fallo de primera instancia el
4 de agosto del 2020, en el cual resolvió negar las
pretensiones de la demanda.
2 Páginas 313 y s.s. del archivo «01.Cuaderno 1 Parte 1».
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5. Sentencia de segunda instancia.
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga resolvió la alzada interpuesta por
las demandadas en sentencia del 20 de septiembre del 2021.
Revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró
civilmente responsable a Seguros Generales Suramericana
S.A. «por el incumplimiento no asumir la indemnización a ella reclamada
con fundamento en la póliza No. 0253058-2, por LA HACIENDA LAS
CARITAS S.A., con ocasión del incendio ocurrido en sus instalaciones el
28 de mayo de 2016». En consecuencia, la condenó a pagar la
suma de $1.332.675.214 más los correspondientes intereses
moratorios causados desde el 21 de septiembre de 2016.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal comenzó por referirse a las características
del contrato de seguro contenidas en el artículo 1036 del
Código de Comercio. Puntualizó al tomador le corresponde
actuar bajo el postulado de la «ubérrima» buena fe incluso
antes de celebrarse el contrato. Y señaló que, «Celebrado el
contrato, se perfilan fundamentalmente cuatro obligaciones a cargo del
tomador del seguro (i) pagar la prima; (ii) implementación o
mantenimiento de garantías exigidas por el asegurador; (iii) conservación
del estado de riesgo; y (iv) dar aviso oportuno del siniestro. Para lo que
al caso interesa, se ocupará la Sala someramente del estudio de la
primera obligación antes dicha»3. Sostuvo que la prima es
3 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Archivo digital «13.Sentencia de segunda
instancia.pdf». pág. 11.
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elemento esencial del contrato de seguro -art. 1045 C.Co- y
que «…ese pago debe ser completo sin perjuicio de que las partes
convengan el pago de la prima por cuotas o instalamentos conforme lo
indica la regla 1069 del Código de Comercio»4. Y precisó que
«Llegados a este punto, perfectamente puede ocurrir que el tomador
acuda a otra financiación del tipo que fuere para el pago de la prima
diferente a la prevista por el asegurador; en este caso, no cabe la menor
duda que existen dos contratos claramente definidos: uno el contrato de
seguro cuyas partes son el tomador y el asegurador y dos, el contrato de
mutuo celebrado entre el mutuante -entidad financiera- y el mutuario -
tomador del seguro- para que aquella pague el valor de la prima al
asegurador, ya en un solo contado ora por instalamentos si es que el
asegurador así lo permite. En todo caso la estipulación del mutuo, por
parte alguna, vincula al asegurador a quien solo le interesa el pago de
la prima, al rompe que, si el tomador o quien haga sus veces incurre en
mora en el pago de esta, no habilita al asegurador para que de por
terminado el contrato de seguro de manera automática, tal como lo
previene el artículo 1068 del mismo Código de Comercio»5.
Refirió que, una vez celebrado el contrato de seguro, al
asegurador corresponden «principalmente obligaciones tales como
(i) expedir la póliza; (ii) pagar la indemnización o la compensación
correspondiente»6. Señaló que este tipo negocial es consensual
y que a tenor del artículo 1046 del Código de Comercio la
póliza o la confesión hacen prueba de la celebración del
contrato, aunque «nada obsta para que en el interior de un proceso
4 Ibidem. pág. 11.
5 Ibidem. pág. 12.
6 Ibidem. pág. 12.
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se acuda a otra clase de pruebas en pos del cometido de establecer ese
marco obligacional»7.
A continuación, y descendiendo al caso concreto, el
Colegiado planteó el siguiente problema jurídico: «Debe la
aseguradora indemnizar a la Hacienda con fundamento en las pólizas
denominadas multirriesgo empresarial No. 0253058-2 o la No. 0353014-
8 por la ocurrencia del siniestro -incendio- ocurrido el 28 de mayo de
2016 en sus instalaciones que interesó al galpón No. 1?»8
Dicho lo anterior, el Tribunal valoró los hechos materia
de litigio. Advirtió que «no cabe la menor duda que entre las partes
ya se habían celebrado contratos de seguro del mismo linaje, de los que
dan cuenta las pólizas aquí referenciadas, afirmación que se hace con
fundamento en los hechos 3.1 a 3.5 de la demanda y la contestación que
de ellos hizo la ASEGURADORA al venir al proceso. Sin embargo, para lo
que a esta actuación interesa, así se trate de la renovación del mismo
contrato, LA HACIENDA estaba advertida que dicho negocio jurídico tiene
unos elementos esenciales y una vigencia insoslayable; de ahí que, al
vencimiento del término pactado se dieran las renovaciones que
asoma»9. Y procedió a auscultar la prueba documental,
empezando por la reclamación del 6 de septiembre de 2016 -
suscrita por el corredor de seguros-, de la cual estimó que
llamaba «poderosamente la atención del Tribunal, que para esa
agencia de seguros la póliza sobre la cual descansa el reclamo que
realiza a nombre de su cliente es la No. 353014-8 y no la póliza No.
0253058-2»10. La objeción a la reclamación del 21 de
7 Ibidem. pág. 12.
8 Ibidem. pág. 13.
9 Ibidem. pág. 13.
10 Ibidem.
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septiembre de 2016 se sustentó en «(i) que con cargo a la póliza
Nº 0253058-2 no era posible el reconocimiento pues aunque fue
renovada el 14 de marzo de 2016 por la ASEGURADORA, la misma fue
revocada el 16 de mayo de 2016 a petición de SERVICIOS GENERALES
SURAMERICANA S.A.S. “con fundamento en el no pago oportuno del
crédito otorgado por dicha entidad, para el financiamiento de las primas
asociadas al contrato de seguro” y, (ii) con cargo a la póliza Nº 0353014-
8 tampoco era posible por virtud de que LA HACIENDA al diligenciarla el
31 de mayo de 2016 le ocultó la ocurrencia del incendio en el galpón Nº
1 hecho ocurrido el 28 de mayo de 2016, “circunstancia esencial para el
análisis del riesgo a asegurar” y que, dadas esas condiciones, si bien
dicha póliza se suscribió de manera retroactiva al 2 de marzo de 2016
“estaba condicionada a que los bienes a asegurar, entre estos, el galpón
Nº 1 se encontraba en buen estado y no habían sido afectados por evento
alguno antes de su expedición” y para al momento de su expedición el
galpón ya había sido afectado por el incendio y por lo mismo “dicho
evento no puede ser indemnizado, toda vez que el mismo no constituía
un riesgo asegurable, al no comprender un evento incierto y futuro”
trayendo a cuento la regla 1054 del C. de Cio.»11. Y apuntaló -el ad
quem- que «el reclamo (i) ciertamente era con base en la póliza Nº
353014-8 y no la póliza Nº 0253058-2 que había sido revocada por
petición de SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S., y (ii) si bien
la póliza Nº 353014-8 fue expedida el 31 de mayo de 2016 con
retroactividad al 2 de marzo de 2016, LA HACIENDA le ocultó el hecho
del incendio ocurrido en sus instalaciones el 28 de mayo de 2016 y que
afectó el galpón Nº 1»12.
El Tribunal aludió al oficio del 16 de mayo de 2016 del
señor Alejandro Augusto Jaramillo Mesa, gerente de servicios
11 Ibidem. pag. 14.
12 Ibidem. pág. 14.
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financieros, donde consta que le pidió a la aseguradora que
«“En virtud de la autorización dada por el señor a HACIENDA LAS
CARITAS S.A. Identificado con NIT 9001754252 el numeral 3, b y/o 4 de
la solicitud de financiación que tramitó con nosotros, agradecemos su
atención para que procedan a revocar la (s) póliza (s) de seguros de ramo
(S) SEGURO DE INCENDIO, distinguida (s) con el (los) No (s)
030000253058 que el valor de la prima no devengada, sea girado a
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S. con instrucción de
abonar a la deuda que figura a su cargo”»13. Al respecto, estimó que
«es innegable que, para ese momento en que se suscribe el oficio de
petición de “revocatoria” , por un lado, es de una fecha anterior a la
ocurrencia del siniestro, y por el otro, que dicha petición ha de
entenderse, obedece al no pago del crédito otorgado por SERVICIOS
GENERALES SURAMERICANA S.A.S., a la ASEGURADORA para cubrir
el valor de la prima»14. Y puntualizó que dicha comunicación fue
enviada también el 19 de mayo del mismo año al correo
electrónico de quien es, «al parecer, funcionario de la Hacienda en
donde se le comunica lo siguiente: “para tu información, queremos
notificarte que después de la gestión realizada por la Gerencia de
Servicios Financieros de SURA, no logramos recaudar el pago de la
financiación de tu póliza No. 030000253058 Adjunto encontrarás la
solicitud de revocatoria de tu póliza por parte de la compañía. Para
nosotros eres un cliente muy importante y esperamos contar contigo
nuevamente»15. De modo que -razonó- «conforme a este mail, no
cabe la menor duda para el Tribunal que, al parecer la Hacienda por
intermedio de uno de sus funcionarios, estaba noticiada de la petición
13 Ibidem. pág. 14.
14 Ibidem. pág. 15.
15 Ibidem. pág. 15.
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de revocatoria del seguro elevada por la compañía de Servicios
Generales Suramericana S.A.S. a la aseguradora»16.
Al valorar el documento denominado «solicitud de
financiación-pagaré autorización bancaria»17 relacionó la cláusula
del numeral 3, según la cual «“3. Igualmente autorizo a Servicios
Generales Suramericana S.A.: … b. para que en caso de incumplimiento
de mis obligaciones económicas respecto de dicha Entidad solicite a
Suramericana con quien tengo contratada la(s) Póliza(s) de Seguro(s)
objeto de financiación, la terminación de dicho(s) contrato(s) y como tal
Suramericana, gire a Servicios Generales Suramericana S.A., el valor de
la prima no devengada (si es del caso) para que sea imputado al monto
de la suma adeudada a Servicios Generales Suramericana S.A., sin
perjuicio de que esta última pueda continuar el cobro del saldo insoluto
por la vía judicial o extrajudicial. En todo caso Suramericana estará
facultada para atender la instrucción que en este sentido le imparta
Servicios Generales Suramericana S.A.”»18. Sobre el particular,
indicó que este documento suscrito por quien ostentaba la
representación legal de la demandante «probaría la fuente
negocial de la que se sirve la compañía de financiamiento para pedir la
revocatoria del contrato de seguro»19.
El Colegiado estudió entonces la póliza No. 253058-2
expedida el 14 de marzo de 2016, siendo tomador Hacienda
las Caritas S.A. y con vigencia del 2 de marzo de 2016 al 2
marzo de 2017. Señaló que «conforme al tenor literal de esta póliza,
está claro para el Tribunal, que se trataba de una renovación; que su
16 Ibidem.
17 Ibidem. pág. 15.
18 Ibidem. pág. 15.
19 Ibidem. pág. 16.
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vigencia corría entre el 2 de marzo de 2016 y el 2 de marzo de 2017, no
existiendo discusión entre las partes que dicho seguro amparaba el
riesgo de incendio al interior de la granja avícola»20. Estimó que
Servicios Generales Suramericana S.A.S. y Seguros
Generales Suramericana S.A. son «dos personas jurídicas
diferentes… entonces refundir en una sola persona moral por pertenecer
las varias empresas a un conglomerado o grupo económico como lo
plantea la parte recurrente, es un despropósito jurídico»21.
En este punto, el Tribunal reseñó la prueba testimonial.
Sobre la declaración del representante legal de Hacienda las
Caritas S.A. resaltó que éste entendió que «el valor total de la
prima fue pagado en su totalidad a la aseguradora, al paso que reconoce
que “para el momento del siniestro debíamos unas cuotas a la
financiera”, infortunio que según su dicho ocurrió en mayo de 2016»22.
Precisó que el representante legal de la aseguradora en
interrogatorio de parte adujo que «“respecto a la pretensión
principal es a una primera póliza que tenía su vigencia para el año creo
2015-2016 pero que, al momento de su renovación la póliza fue
cancelada por el asegurado a través de la financiera que le realizó la
financiación de las primas, debido a una autorización que tenía esta
financiera para dar por terminado el seguro en caso de mora en el pago
de las cuotas del contrato de mutuo, que había celebrado con el
demandante, entonces esa primera póliza no puede hacerse alguna
indemnización con cargo a estas, debido a que al momento del siniestro,
que en este caso fue un incendio, se encontraba cancelada con
anterioridad a través de la financiera que había recibido autorización por
la sociedad acá demandante, para que en caso de que incurriera en mora
20 Ibidem. pág. 16.
21 Ibidem. pág. 17.
22 Ibidem. pág. 17.
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en el pago de un crédito, solicitara la cancelación de la póliza referida y
que la compañía de seguros le devolviera lo que se llama, la prima no
devengada a la financiera para que esta la imputara al crédito o contrato
de mutuo celebrado con el demandante y así pagar parte de la
deuda”»23. Y, relató que, sobre la segunda póliza, este
interrogado señaló que «“es una póliza que se niega precisamente la
reclamación debido a que, al momento en que se presenta la reclamación,
el evento que da origen al reclamo, es decir, el incendio, es anterior a la
fecha de expedición de la póliza»24.
El Colegiado también reseñó el testimonio de Irida
Johana Galindo Ramos, una funcionaria de Comsideral Ltda.
-el intermediario de seguros-, quien señaló que «era una
relación tripartita, aseguradora, financiera y cliente, manifestando que
no hay cartera directa con la compañía de seguros»25. Precisó -el ad
quem- que, «En lo medular, esta deponente reporta que por la falta de
pago la financiación se “cayó” y ante la existencia de un pagaré firmado
quedaba la opción de reestructurar la financiación, sin embargo, la póliza
fue dada de baja por el Sistema sin que fuera posible efectuar la
reestructuración, y ante eso, lo único que procedía era “pagarla es de
contado (…) toca pagar las pólizas de contado porque es un riego” (sic),
afirmando que se pagó la totalidad de la póliza a la compañía de
seguros, entendiendo que lo hecho fue, rehabilitarla”»26. Sobre el
testimonio de un funcionario de Servicios Generales
Suramericana S.A.S. -la empresa que financió el pago de la
prima- el Colegiado señaló que «es claro y con fundamento en el
dicho de este testigo que, prevalido de la autorización realizara por la
23 Ibidem. pág. 19.
24 Ibidem. pág. 19.
25 Ibidem. pág. 19.
26 Ibidem. pág. 20.
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Hacienda, y debido al no pago de las cuotas que se comprometió a
cancelar la demandante, la financiera le solicitó a la aseguradora la
cancelación de la póliza»27. A lo que se suma el dicho de Laura
Irene Maldonado Vega, auxiliar de cartera de Promotora de
Seguros Ltda., quien informó que en mayo de 2016 «se le
canceló la póliza a la Hacienda… “porque estaba financiada, no
cumplieron con el requisito de pago, entonces directamente desde la
parte empresarial, se empieza a tener contacto con el cliente, se ponen
en contacto las dos partes, tanto la persona encargada en Comsideral
del manejo de la parte empresarial con la persona encargada en la
oficina de la parte empresarial para buscar digamos una solución a la
situación que se presentó y yo desde la parte de cartera, en su momento
cuando estaba manejando me es claro que las pólizas empresariales no
dan lugar a rehabilitar, entonces desde esa parte, sabemos que no da
lugar a rehabilitar y cuando son las soluciones que si dan lugar a
rehabilitar hay una exigencia de una parte de un siniestro de una
confirmación del cliente que el riesgo se encuentra en buen estado y que
no figura siniestro…»28. Deponente que también se refirió a cómo
se financian las primas, así: «En lo medular, esta deponente reporta
que por la falta de pago la financiación se “cayó” y ante la existencia de
un pagaré firmado quedaba la opción de reestructurar la financiación,
sin embargo, la póliza fue dada de baja por el Sistema sin que fuera
posible efectuar la reestructuración, y ante eso, lo único que procedía era
“en el momento que el cliente toma la opción de financiar la figura de la
financiera, es yo tengo una póliza que me costó 10 pesos y no tengo la
oportunidad de sacar los 10 pesos de una vez, entonces yo le digo venga
al interior de Suramericana de Seguros hay una financiera que se
encarga de prestarme a mi esos 10 pesos para que yo pague
directamente el 100% de la póliza a Suramericana y yo quede con una
27 Ibidem. pág. 21.
28 Ibidem. pág. 22.
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deuda con la financiera si, y en el momento de que yo firmo la solicitud
de financiación estoy conociendo y adquiriendo esa responsabilidad de
que debo pagar mensualmente las cuotas que me comprometí y si yo no
lo hago la financiera tiene la potestad de cancelar la póliza, porque la
financiera no exige codeudores, no exige reportes a las centrales de
información, no exige estado financiero, precisamente por eso, porque en
el momento que el cliente incumpla el pago automáticamente la póliza se
cancela por parte de la financiera”»29. Vistos los testimonios
precedentes, el Tribunal sostuvo que «el negocio que aquí nos
concita tiene a LA HACIENDA como tomadora, asegurada y beneficiaria
del seguro; tiene a Comsideral Ltda., como su asesor de seguros y con
quien se entendía para toda la tramitación correspondiente, no solo ante
la ASEGURADORA, sino que además era intermediario para el recaudo
de las cuotas del crédito concedido a LA HACIENDA para financiar el
pago de la prima ante la SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA
S.A.S. y aparece otro nombre que es Glama Promotora de Seguros Ltda.,
que al parecer aglutina a varios asesores de seguros entre ellos
Comsideral Ltda., pues de otra manera no se entendería el porqué esta
deponente que trabaja para Glama Promotora de Seguros Ltda., conozca
el intríngulis de lo acontecido con la póliza que refleja el contrato de
seguro celebrado por LA HACIENDA y la aquí demandada SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A.»30 Reseñó también la
declaración de Gladys Maldonado Vega de Glama Promotora
de Seguros Ltda. -adscrita a Comsideral Ltda.- quien «inicia
haciendo un relato de lo acontecido con la expedición de la póliza a la
Hacienda para la vigencia 2016-2017, exponiendo (i) el sistema de
financiación al que siempre accedía el cliente Hacienda las Caritas, (ii) el
pago tardío de las cuotas de la prima o sobre el límite de las fechas
previstas; (iii) que por parte de la financiera siempre se informó a la
29 Ibidem. pág. 22.
30 Ibidem. pág. 23.
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agencia Comsideral Ltda., de los clientes que se encontraban en riesgo
de cancelación de la póliza por el no cumplimiento en el pago de las
primas financiadas, y a partir de esa información, resalta que, pese a
que la Agencia Comsideral Ltda., conocía desde el 16 de mayo de 2016
que la póliza había sido cancelada por mora en el pago, luego de ocurrido
el siniestro el 28 de mayo de 2016, solicitan “rápidamente la renovación
de la póliza”; iv) aclara que, en dicho proceso de renovación el primero
que tiene injerencia es el asesor, quien igualmente ya sabía que la póliza
estaba cancelada por el no pago; v) explica que, para llevar a cabo el
trámite de “reactivación de la póliza” debía declararse por el cliente la no
ocurrencia del siniestro, pero que en este caso, se faltó al principio de la
ubérrima buena fe y, a sabiendas de ello, se hizo el proceso, omitiéndose
diligenciar por la encargada de la agencia el botón donde se le pregunta
si tiene siniestro, lo cual significa un rompimiento al proceso; vi) tilda que
los trámites que se realizaron en ese proceso “fueron totalmente
desviados”, porque además de la premura con que se dio todo ese
trámite, el contador de la Hacienda canceló no solo dos o tres cuotas,
sino la totalidad del valor de la prima, es decir, la suma de veinte
millones de pesos ($20.000.000). Reiteró que para rehabilitar la póliza
es necesario que no tenga siniestro, por lo que se requería una carta que
así lo manifestara, la que luego indicara que nunca llegó. Explicó en qué
consistía el proceso de rehabilitación así: “… para poder hacer una
rehabilitación en un número de póliza nueva, porque si emitimos una
póliza nueva es porque el aplicativo como es tecnológico no permite traer
el mismo número de la póliza pero en texto colocamos que viene la póliza
número tal, porque si se hubiera remitido póliza nueva tenía que haberle
dicho yo al dueño de Hacienda las Caritas necesito hacer inspección del
riesgo, omitimos ese proceso de hacer inspección del riesgo para hacer
una póliza nueva para hacer una rehabilitación de una póliza de 3 meses
atrás…” reafirmando su dicho que se trataba de la misma póliza…»31.
31 Ibidem. pág. 24.
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El ad quem estimó que «esta declaración saca a descampado que,
el procedimiento adelantado por la agencia comercial Comsideral Ltda.,
para llevar a cabo la renovación o rehabilitación de la póliza no se
cumplió con sujeción a los requisitos que se tienen establecidos por la
aseguradora, para cumplir con dicho proceso, es decir, que se omitió por
parte de los empleados de la agencia diligenciar la casilla de no
ocurrencia del siniestro, así como exigir la carta de declaración de no
siniestro, endilgando un proceder contrario al principio de la ubérrima
buena fe, por parte del contador y los representantes de la Hacienda al
(i) no declarar la ocurrencia del siniestro para el momento que deciden
rehabilitar la póliza, y (ii) cancelar la totalidad del valor de la prima del
seguro, cuando se suponía que eran titulares del beneficio de la
financiación; además, en este testimonio hay un tufillo de queja frente al
comportamiento desplegado por algunos mandos medios de la Agencia
Comsideral Ltda., en este tema de la revocatoria del seguro y la rápida
actuación para lograr la rehabilitación de la póliza»32.
El Tribunal procedió al análisis conjunto del acervo, y
estimó que: «(i) la Hacienda demandante definitivamente renovó la
póliza No. 0253058-2 el 14 de marzo de 2016 y dicha renovación cubriría
el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2016 al 2 de marzo de
2017. Está probado que, para el diligenciamiento de esa póliza la
Hacienda (i.i) acudió para estos menesteres a su asesor de seguros la
firma Comsideral Ltda.; (i.ii) que para el pago de la prima necesitó de la
financiación del valor de la misma, pedimento que fue atendido por la
persona moral Servicios Generales Suramericana S.A.S., quien otorgado
el crédito, debía pagar el valor de la póliza a la aseguradora. (i.iii) este
pago sin duda alguna ocurrió, lo cual se desprende del interrogatorio de
parte rendido por el señor Daniel Zaid Azaf Pastrana representante de
Seguros Generales Suramericana S.A. en esta ciudad y, por tanto, en
32 Ibidem. pág. 24.
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este aspecto tiene razón el impugnante en que la prima fue pagada a la
aseguradora en su totalidad. Sin embargo, (ii) no remite a duda que la
Hacienda las Caritas S.A., incurrió en mora en el pago de las cuotas a la
financiera Servicios Generales Suramericana S.A.S., pues es un hecho
aceptado y confesado por su representante legal Nelson Javier
Castiblanco Mantilla en su interrogatorio de parte, lo cual traía por
consecuencia, que ésta firma -la financiera- habilitada por la facultad a
ella otorgada en el documento denominado “solicitud de financiación -
pagaré y autorización bancaria”, y más concretamente en el acápite
“certificaciones-autorizaciones-declaraciones” ocurriera a la
aseguradora para impetrar la
terminación del contrato
que a la letra dice:
“3. Igualmente autorizo a SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA
S.A.: (...) b. Para que en caso de incumplimiento de mis obligaciones
económicas respecto de dicha Entidad solicite a SURAMERICANA con
quien tengo contratada la(s) Póliza(s) de Seguro(s) objeto de financiación,
la terminación de dicho(s) contrato (s) y como tal SURAMERICANA, gire a
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A., el valor de la prima no
devengada (si es del caso) para que sea imputado al monto de la suma
adeudada a SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A., sin
perjuicio de que esta última pueda continuar el cobro del saldo insoluto
por la vía judicial o extrajudicial. En todo caso SURAMERICANA estará
facultada para atender la instrucción que en este sentido le imparta
Servicios Generales Suramericana S.A.»33. Sostuvo que tal cláusula
era «ambigua estipulada a favor de la compañía de financiamiento»34
pues la terminación automática del contrato de seguro por
mora en el pago de la prima no cabía en este caso al haberse
pagado en su totalidad. Apuntaló que quedó acreditado que,
«Servicios Generales Suramericana S.A.S., haciendo uso de la
mencionada cláusula, le solicitó a la aseguradora la “revocatoria” de la
33 Ibidem. pág. 26.
34 Ibidem. pág. 26.
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póliza el 16 de mayo de 2016, documento que no fue redargüido de falso,
sin que pueda la Sala entrar a avalar y menos, estudiar y definir que la
mencionada cláusula es reflejo de un abuso contractual»35 porque la
compañía en cuestión no fue llamada al proceso en calidad
de parte. Con todo, razonó, con apoyo en el principio de
relatividad de los contratos «los efectos del negocio jurídico, por vía
de principio, solo alcanzan a quienes fueron parte en el negocio y aquí
simple y llanamente la aseguradora demandada no fue parte en el
contrato de mutuo celebrado entre la Hacienda y Servicios Generales
Suramericana S.A., negocio jurídico que para la hora de ahora es válido
y lo estipulado por las partes, les es vinculante, esto es, entre la
Hacienda y la compañía de financiamiento. De suerte entonces que, la
financiera Servicios Generales Suramericana S.A., cuando prevalida de
esa autorización acudió a la aseguradora y esta sí, como profesional de
la actividad aseguradora incurrió en un abuso contractual al despachar
desfavorablemente la reclamación de la indemnización a ella formulada
el 6 de septiembre de 2016, amparada en la petición de revocatoria
dirigida por la financiera y que no respondió ni a la compañía de
financiamiento, ni mucho menos notificó decisión alguna a la asegurada,
prueba de ello es, lo que consignó en el oficio fechado en Medellín el 21
de septiembre de 2016, que respondió negativamente a la reclamación
del pago de la indemnización formulado por la Hacienda, misiva donde
textualmente se consignó lo siguiente: “sea lo primero precisar que el bien
afectado y antes descrito, se encontraba asegurado en la póliza
Multiriesgo Empresarial No. 030-253058, la cual fue revocada el día 16
de mayo de 2016 a petición de Servicios Generales Suramericana S.A.S.,
con fundamento en el no pago oportuno del crédito otorgado por dicha
entidad, para el financiamiento de las primas asociadas al contrato de
seguro”»36. El Tribunal señaló, pues, que la demandante no
35 Ibidem. pág. 26.
36 Ibidem. pág. 27.
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habría autorizado a la financiera para que pidiera la
revocación del contrato, sino su terminación por mora. Y
precisó que «la
terminación del contrato
por mora en el pago de la
prima está consagrada en el artículo 1068 del C.Cio, modificado por el
artículo 82 de la Ley 45 de 1990 y se trata de una terminación
automática del contrato de seguro, potestad reservada por la ley al
asegurador y tiene como único presupuesto la mora en el pago de la
prima…»37. Explicó que la revocación unilateral por parte de la
aseguradora debe notificarse al asegurado, con no menos de
10 días de antelación, mientras que al asegurado le basta
informar por escrito a la compañía de seguros de su
intención. Y estimó que «en el presente caso pronto sale al
descampado y así lo entiende la Sala, que la aseguradora no tenía
motivo alguno para terminar el contrato de seguro … por mora en el pago
de la prima, por cuanto ésta ya le había sido cancelada en su totalidad
por la compañía de Seguros Generales Suramericana S.A.S.»38. No
obstante, indicó, sí podía revocar de manera unilateral el
contrato de seguro, «pero en este caso igualmente era de su
incumbencia (i) expresar la causa de su decisión unilateral, en un acto
de caridad frente a su cocontratante, así la ley no lo imponga, (ii)
notificarla por escrito al asegurado y (iii) tener como cosa suya que, los
efectos de dicha determinación se producirán cumplidos diez -10- días a
partir de la fecha del envío del escrito al asegurado»39.
El Tribunal sostuvo que, en el sub judice, «… si en gracia
de discusión, se aceptara que la petición de revocatoria que el contrato
del contrato de seguro le formulara la compañía Servicios Generales
37 Ibidem. pág. 28.
38 Ibidem. pág. 29.
39 Ibidem. pág. 30.
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Suramericana S.A.S., con fundamento en la mora del pago del crédito
otorgado a la Hacienda para el pago de prima, fuera la razón que tendría
la aseguradora, conforme a la norma citada en precedencia, debía
habérselo comunicado a la Hacienda en escrito dirigido “a su última
dirección conocida, con no menos de diez días de antelación, contados a
partir de la fecha del envío” y frente a estas exigencias impuestas por el
legislador anduvo errática la aseguradora demandada (i) porque en
verdad ella no fue la que revocó el contrato de seguro, si no que dio vía
libre a la petición de revocatoria del contrato de seguro, como secuela del
incumplimiento contractual de la Hacienda frente a la compañía de
financiamiento; (ii) era la aseguradora a quien correspondía remitir el
escrito que daba cuenta de su decisión como lo dice el inciso 1º del
artículo 1071 del C. Cio., y no un vocero de la compañía Servicios
Generales Suramericana S.A.S., como lo es el señor Alejandro Augusto
Jaramillo Mesa Gerente de Servicios Financieros, quien en correo
electrónico dirigido el 19 de mayo de 2016 remitido del correo “informes
cartera asesores”, comunica a
[email protected] (sic) la
solicitud de revocatoria del contrato de seguro que la financiera radicara
el 16 de mayo de 2016 ante la compañía de seguros, persona esta -Ariel
Arteta- que al parecer era quien se entendía a nombre de la Hacienda
con la firma corredora de seguros Comsideral Ltda., cuando lo correcto
era que, la aseguradora comunicara por escrito su decisión una vez
tomada, directamente al representante legal de la Hacienda»40. Añadió
que la parte activa no autorizó poder a ninguno de los
intervinientes en el negocio de aseguramiento para que todas
las comunicaciones relativas al contrato de seguro fueran
hechas a través de esta persona. Y puntualizó, pues, «que a
partir del 19 de mayo de 2016 -fecha de envío del correo electrónico-,
había un plazo de gracia por llamarlo de alguna manera a favor de la
Hacienda de diez -10- (sic) hábiles para que se produjeran los efectos de
40 Ibidem. pág. 31.
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la revocación unilateral», de modo que «ese plazo … estaría vencido el
02 de junio de 2016»41. Y es que, señaló, «dando por descontado que
se cumplieron los dos primeros requisitos para que la aseguradora
echara mano de la figura de la revocación unilateral del contrato prevista
en el artículo 1071 del C. Cio., no se cumple el tercero, esto es, el lapso
de los diez -10- días contados a partir de la fecha del envío de la
comunicación para que campeara a plenitud esta especial forma de
terminación del contrato
de seguro, para cuando ocurrió el siniestro -
incendio-, cuya ocurrencia acaeció el 28 de mayo de 2019; dicho de otra
manera, para ese momento el contrato de seguro de que da cuenta la
póliza No. 0253058-2 estaba vigente y ocurrido el siniestro estaba
obligada la aseguradora al pago de la indemnización reclamada, sin
perjuicio claro está, de la ocurrencia de cualquiera otra circunstancia que
enervara el cumplimiento de su obligación, asunto que para la hora de
ahora es extraño en este proceso»42.
Dicho lo anterior, el Tribunal procedió a resolver las
excepciones propuestas por la pasiva. En cuanto a la de
«inexistencia del contrato de seguro multirriesgo empresarial Póliza No.
0253058-2 expedida el 6 de marzo del año 2016 por revocación para la
fecha del incendio reclamado» insistió en fue la financiera quien
pidió la
terminación del contrato
por mora en el pago de la
deuda, que la aseguradora le informó de esta revocatoria al
asegurado sólo al objetar la reclamación y que, «si en gracia de
discusión se aceptara la validez de todo este procedimiento entre la
financiera y la aseguradora, pronto sale al descampado que, se
pretermitió la notificación y el tiempo de gracia, por llamarlo de alguna
manera, establecido en el artículo 1071 del C.Cio, para que operara la
41 Ibidem. pág. 31.
42 Ibidem. pág. 31.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
23
revocatoria unilateral del contrato de seguro. Se concluye entonces que
la excepción no prospera»43. Sobre la excepción de «inexistencia de
abuso de posición contractual de Seguros Generales Suramericana S.A.,
en relación con la financiación de primas contratadas con Servicios
Generales Suramericana S.A.» el Colegiado apuntó: que no es
competente para resolver sobre el aparente abuso de la
compañía que financió el pago de la prima porque no es parte
en el proceso; no obstante, «en lo que atañe a la aseguradora
ciertamente su abuso contractual radica en que haciendo eco de una
petición de revocación del contrato que le formulara la compañía de
financiamiento, no se pronunció al respecto, sino que lo hizo en la
respuesta fechada el 21 de septiembre de 2016 dirigida al representante
legal de la Hacienda en donde objetaba el reclamo a ella formulado»44.
Apuntaló que, en este caso, hubo acuerdo sobre el valor de
la prima -elemento esencial del contrato de seguro- y que el
asegurado cumplió con su obligación de pagarla «por intermedio
de la compañía de financiamiento»45. A lo que agregó que «el pago
hecho por un tercero es válido conforme el artículo 1630 del C. Civil y por
ello, esta excepción no prospera»46. Las excepciones de «ausencia
de amparo bajo seguro multirriesgo empresarial póliza No. 0253058-2
emitida el 31 de mayo de 2016 del incendio ocurrido el 28 de mayo de
2016» y la de «ausencia de interés asegurable por parte de Hacienda
las Caritas bajo la póliza de seguro multirriesgo empresarial Póliza No.
0253058-2 respecto del Galpón No. 1 incendiado el día 28 de 2018 (sic)»
el Tribunal estimó que: «el contrato al que se refiere la póliza
multirriesgo empresarial No. 025058-2 estaba vigente desde el 2 de
marzo de 2016 al 2 de marzo de 2017. Si había algún hecho que llevara
43 Ibidem. pág. 32.
44 Ibidem. pág. 33.
45 Ibidem. pág. 33.
46 Ibidem. pág. 33.
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a la aseguradora a revocar de manera unilateral dicho contrato de
seguro al abrigo del artículo 1071 del C.Cio., debió cuando menos
tomada su decisión de revocar unilateralmente el contrato de seguro, por
la razón que fuera, comunicarlo por escrito a su asegurada, y los efectos
de su decisión sólo se producirían diez -10-días hábiles contados a partir
de dicha comunicación»47. El Tribunal señaló, pues, que la
demandante habría autorizado a la financiera para que, en
caso de mora, pidiera la
terminación del contrato
de seguro
a la aseguradora, pero no su revocatoria. Y precisó que «la
terminación del contrato
por mora en el pago de la prima está consagrada
en el artículo 1068 del C.Cio, modificado por el artículo 82 de la Ley 45
de 1990 y se trata de una terminación automática del contrato de seguro,
potestad reservada por la ley al asegurador y tiene como único
presupuesto la mora en el pago de la prima; decisión que si siquiera
requiere de notificación al tomador, al asegurado o al beneficiario. Al
paso que la revocación unilateral, consagrada en el artículo 1071 del C.
Cio., es una facultad concedida por ministerio de la ley a cualquiera de
los contratantes: tomador y asegurado, que tiene como presupuesto
diferentes circunstancias que solo consultan el interés particular de
quien se sirve de ella, la que puede ocurrir en cualquier momento y que
exige, la notificación a la contraparte, la cual tiene unos efectos
dependiendo de quien haga uso de ella»48. Y reiteró que, en este
caso, la aseguradora no le comunicó al asegurado su
voluntad unilateral de revocar el contrato de seguro sino
hasta el 21 de septiembre de 2016 al objetar la reclamación.
O bien, el 19 de mayo de 2016, cuando «desde el mail “informes
Cartera Asesores”, para
[email protected] (sic) la compañía de
financiamiento le hace saber a la Hacienda que pidió la revocatoria del
contrato de seguro a la aseguradora, por el no pago del crédito otorgado
47 Ibidem. pág. 34.
48 Ibidem. pág. 28.
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a la Hacienda para la cancelación del valor de la prima y al parecer así
se lo hizo saber por conducto de la firma corredora de seguros
Comsideral Ltda., lo cual corrobora en su declaración el señor Juan
Carlos Tarazona Hernández, Gestor Comercial de la financiera»49. En
cualquier caso, señaló, aun si se aceptara que la
comunicación fue suficiente, debían contarse los 10 días de
que trata el artículo 1071 del Código de Comercio para que
operara la terminación. De modo que el contrato de seguro
contenido en la póliza No. 025058-2 «estaba vigente hasta el 02
de junio de 2016»50. En tanto que el siniestro ocurrió el 28 de
mayo de 2016. Sobre la excepción de «incumplimiento de los
principios de buena fe (sic) en relación con la contratación de la póliza
seguro multirriesgo empresarial No. 0353014-8», el ad quem señaló
que «la aseguradora tiene razón cuando afirma que la Hacienda no obró
de manera honesta al diligenciar la póliza No. 0353014-88 el 31 de mayo
de 2016 con retroactividad al 2 de marzo de 2016; pero ello, no le
alcanza para quebrar la aspiración en el pleito de la demandante, pues
su reclamo principal lo edifica sobre el incumplimiento de la aseguradora
a sus obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro de que
da cuenta la póliza No. 0253058-2»51.
Con respecto a la cuantía de la indemnización, el
Colegiado señaló que «era de incumbencia de la aseguradora
objetante demostrar con rendida prueba que, algunos o todos los ítems
relacionados en el juramento estimatorio estaban desfasados, ya porque
no fueron secuelas del incendio del galpón No. 1 de la Hacienda las
Caritas o porque la tasación hecha bajo juramento desbordó la realidad
49 Ibidem. pág. 34.
50 Ibidem. pág. 34.
51 Ibidem. pág. 35.
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respecto de su monto, lo que en verdad aquí no ocurrió y por ello el
juramento estimatorio se mantiene incólume»52. En esta medida, la
excepción de «incumplimiento de la demostración de la cuantía y la
ocurrencia del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de
Comercio» fracasó. Al respecto, el Tribunal precisó que «el
juramento estimatorio es una prueba precisamente para demostrar la
cuantía, en este caso el daño material que era el que se estaba
reclamando a la aseguradora y que ésta no logró desvirtuar, ya que como
objetante era de su resorte el derruir ese juramento, si en cuenta se tiene
la regla del artículo 167 del C. G. del P.»53. En cuanto a la excepción
por deducible, el Colegiado estimó que se abría paso, en el
equivalente al 10% del valor de la pérdida, tal como se pactó
en el contrato de seguro contenido en la póliza No. 0253058-
2. En consecuencia, se condenó a la pasiva a pagar la suma
de $1.332.675.214, más los intereses moratorios causados a
partir del 21 de septiembre de 2016. Y condenó en costas en
ambas instancias a la aseguradora, fijando agencias en
derecho por cuatro salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El recurrente formuló dos cargos.
CARGO PRIMERO
52 Ibidem. pág. 31.
53 Ibidem. pág. 43.
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Bajo la causal segunda de casación, acusó a la
sentencia de transgredir, por aplicación indebida, los
artículos 822, 884, 1056, 1071 y 1080 del Código de
Comercio, y por falta de aplicación los artículos 282 del
Código General del Proceso y 871 del Código de Comercio, así
como los artículos 1602 y 1603 del Código Civil. Lo anterior
como resultado de sendos yerros fácticos. En sustento de su
cargo, reseñó los argumentos el ad quem y adujo que incurrió
en los siguientes errores de hecho: «No haber dado por probado,
estándolo, la indudable coligación o conexidad contractual que existía
entre el contrato de seguro y el de mutuo, celebrados ambos por
Hacienda Las Caritas con la aquí demandada y con Servicios Generales
Suramericana, respectivamente, no siendo entonces de recibo su
pretendida separación o aislamiento pleno, so pretexto de la aplicación
de la regla de la relatividad de los contratos, equivocadamente entendida
y acotada por el Tribunal»; «No haber dado por probado, estándolo, la
existencia de derechos y obligaciones diversas a las previstas de cara a
los contratos de seguro y de mutuo individualmente considerados,
nacidos de la referida coligación y, por tanto, intercomunicación
contractual, los que en tal virtud era menester observar y respetar»; y
«dar por probado, sin estarlo, que la autorización otorgada por la
demandante en el pagaré constituía una “cláusula ambigua”»54.
Sostuvo que los yerros se refieren a los siguientes medios de
prueba: «la solicitud de financiación-pagaré y autorización bancaria; la
póliza de seguro 0253058-2», «la declaración de parte del representante
legal de Hacienda las Caritas», «los testimonios del Sr. Juan Carlos
Tarazona y de Laura Irene Maldonado», «la declaración de parte del
54 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 12.
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representante legal de Suramericana de Seguros S.A.» y «la carta de
fecha 16 de mayo de 2016»55.
Transcribió la solicitud de financiación y pagaré en los
apartes pertinentes y señaló que «A tono con lo expresado y
transcrito en precedencia, emerge, en forma objetiva del referido
documento, que la demandante conscientemente otorgó sendas
autorizaciones a Servicios Generales Suramericana y a Seguros
Suramericana para que, en desarrollo y aplicación de los contratos de
mutuo y de seguro celebrados con las dos sociedades antes
mencionadas, respectivamente, realizaran varios actos u actuaciones,
según fuere el caso»56. En relación con el mutuo, «para que
Servicios Generales Suramericana consultara, procesara, solicitara,
reportara y divulgara a cualquier entidad que manejara o administrara
bases de datos, la información personal comercial y financiera de la
sociedad y su comportamiento crediticio; y para los fines que aquí
interesan, para que en el evento de incumplimiento de las obligaciones a
su cargo originadas en el contrato de mutuo, solicitara a la aseguradora
la terminación del vínculo aseguraticio, y correlativamente exigiera la
devolución de la prima del seguro, aún no devengada»57. Y respecto
del contrato de seguros -elucidó- «para que Seguros Suramericana
girara a la entidad financiera la prima no devengada y los impuestos no
causados, en caso de presentarse la extinción del contrato por cualquier
causa; el saldo de cualquier suma de dinero que resultara como
consecuencia de la disminución del valor asegurado; y el monto del
crédito, deducido de la indemnización que resultara a favor del
beneficiario en el evento de una pérdida total»58. Además, indicó, «se
55 Ibidem. pág. 12.
56 Ibidem. pág. 15.
57 Ibidem. pág. 16.
58 Ibidem. pág. 16.
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autorizó a cualquiera de las dos entidades para que remitieran a
Hacienda Las Caritas toda notificación por mensaje de texto, correo
electrónico, vía telefónica al celular o sitio informado por tal sociedad; y,
por último, pero no menos importante, vale la pena destacar que la
suscripción del mentado documento contenía la declaración de
conocimiento, entendimiento y aceptación del contenido de todas las
cláusulas antes transcritas»59.
Adujo, pues, «el documento bajo análisis, conforme puede
apreciarse a simple vista, enlaza, articula, asocia o comunica ex
voluntate, en concreto por voluntad de la propia sociedad demandante,
los dos negocios jurídicos en mención: el de mutuo y el de seguro, unión
de la cual, otrora, surgieron válidamente derechos y obligaciones para
las personas jurídicas en cita, que por contera deben ser honrados, todo
como corolario de la fenomenología, cada vez más frecuente y arraigada
en la contratación privada, de la coligación negocial o contractual
(conexidad).»60. E indicó que «El Tribunal, sin embargo, según ya se
acotó, concluyó que la autorización “por donde se le mire, se trata de una
cláusula ambigua estipulada a favor de la compañía de financiamiento,
ya que esa “terminación automática” del contrato de seguro, está
reservada para la ASEGURADORA en el caso de mora en el pago del
valor de la prima, y con lo hasta aquí expresado, pronto sale a
descampado que el valor de la prima estaba cubierto, y por lo mismo, la
ASEGURADORA no podía echar mano a esta precisa causal de
terminación del contrato
de seguro”»61. Estimó que tal estipulación
no incurre en ambigüedad alguna, «sino todo lo contrario:
precisión, certidumbre y claridad, habida cuenta que lo que allí
conscientemente pactado sólo puede entenderse de una manera:
Hacienda las Caritas, sabedor de la conexión contractual en cuestión,
59 Ibidem. pág. 16.
60 Ibidem. pág. 16.
61 Ibidem. pág. 17
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específicamente de la operación jurídico-económica que lícitamente
pretendía llevarse a cabo, autorizó -o facultó- a Servicios Generales para
que, en caso de incumplir el pago de las cuotas mensuales acordadas en
el contrato de mutuo, solicitada a Seguros Suramericana la terminación,
cese, o extinción del contrato de seguro, a pesar de haberse pagado a
esta la totalidad de la prima a la que tenía derecho por asunción de los
riesgos mencionados en la póliza»62. Puntualizó que «luce evidente
que convencional y funcionalmente los contratos de mutuo o financiación
y el contrato de seguro en referencia, ambos celebrados por la
demandante en su oportunidad, no pueden entenderse entonces
desligados, desvinculados, desarticulados o divorciados, como si fueran
negocios enteramente diversos, o sea acuerdos de voluntades aislados
que, entre sí, no comulgan, o no ligan nada, a modo de compartimentos
estancos, de relaciones jurídicas que, por su acendrada individualidad
tipológica, por su virtual autonomía negocial, se celebran, se ejecutan, se
interpretan y expiran separadamente, en cuyo caso se estiman tan
independientes, que no tienen contacto, relación, o cercanía alguna,
conforme lo interpretó erróneamente el Tribunal, para quien uno y otro,
en efecto, eran dos contratos que, aparte de compartir el ADN propio o
inherente a todos los contratos (arquitectura básica contractual),
deambularon solitariamente en el cosmos contractual, en prueba de su
definida independencia y de su carácter autonómico»63. Por el
contrario, tales contratos quedaron unidos, atados o
vinculados -añadió- por voluntad de las partes. A renglón
seguido, el censor reseñó jurisprudencia de esta Corporación
y doctrina sobre la coligación de contratos o coligación
negocial, así como derecho comparado sobre el particular.
62 Ibidem. pág. 18.
63 Ibidem. pág. 20.
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31
Sostuvo que el Tribunal «cercenó y distorsionó la prueba
testimonial que corrobora la arquitectura peculiar del entramado
contractual que fue construido entre la demandante, Servicios Generales
Suramericana y la aseguradora, en palmaria evidencia de la existencia
de una negociación que, en sí misma, trascendió la individualidad de los
contratos de financiamiento o mutuo, y el seguro, aisladamente
considerados, realidad jurídico-económica que fue soslayada
judicialmente, desconociéndose, en consecuencia, el claro animus
colliganti existente»64. Citó, in extenso, el testimonio del señor
Tarazona, funcionario de Servicios Generales Suramericana
y señaló que «queda claro entonces que había conocimiento judicial de
que, en realidad, en esta negociación, de una u otra forma, participaban
tres sociedades, y no dos (coligamento), lo que motivó a que se aludiera
a un “triánculo” (conexidad). Del mismo modo, se aclaró y reiteró que la
compañía de seguros, ante el impago del deudor de la financiera o
empresa de financiación, a su vez asegurado en la respectiva póliza,
debía devolver la prima recibida con antelación, aspecto que tiene una
especial incidencia en este recurso, porque sin prima efectiva no había
razón válida, a la par que justiciera para que el asegurador continuara
asumiendo un riesgo por el que no se le había compensado, finalmente.
De ahí la procedencia de la terminación de la relación aseguraticia»65.
Estimó que «este concreto punto se encuentra corroborado con
dos medios probatorios, a saber: el primero, la carta de fecha 16 de mayo
de 2016 dirigida por Servicios Generales Suramericana a la asegurada
(sic) con copia a la demandante (visible a folio 20 y 316 del Cuaderno
1)»66. Y «el segundo, la declaración de parte rendida por el representante
64 Ibidem. pág. 34.
65 Ibidem. pág. 41.
66 Ibidem. pág. 41.
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legal de mi representada»67. En cualquier caso, agregó, el
Colegiado «mutiló el contenido de la declaración de parte del
representante legal de Hacienda las Caritas, quien respondió varias de
las preguntas que le fueron formuladas, así: “JUEZ: Pero entonces fue la
firma corredora de seguros la [que] habría enviado los documentos a
diligenciar para efectos de obtener de una compañía de financiamiento,
pues obviamente, el respectivo préstamo. Es así? “RL HLC: A través del
corredor es que uno habla todo el tema de seguros, y solicitamos
financiación y la misma compañía de seguros, fue la que envió los
documentos de la financiera al corredor y el corredor me los hizo llegar a
mí, para obtenerla. “JUEZ: La compañía de seguros dice, -voy a emplear
un término como por ser gráfica y darme a entender-, impone quién va a
ser la entidad que financie lo pertinente, es decir la compañía de seguros
impone la entidad financiera? es así? “RL HLC: Se podría entender que
si, porque pues nosotros no hablamos directamente con la compañía de
seguros ni directamente con la compañía, todo la compañía lo envió a
través del corredor de seguros y nosotros simplemente pues nos
limitamos a cumplir con los requisitos y lograr la financiación… “JUEZ:
Acostumbra usted a leer antes de firmar los respectivos documentos, los
documentos pues que digamos que se generan en su ejercicio
profesional, y personal, normalmente lee usted los documentos antes de
firmarlos? “RL HLC: Sí claro doctora. “ABOGADO ASEGURADORA Dentro
del texto de la solicitud de financiamiento de Servicios Generales
Suramericana se lee en su numeral tercero “Igualmente autorizo a
Servicios Generales Suramericana S.A. en el numeral b para que en caso
de incumplimiento de mis obligaciones económicas respecto de dicha
entidad solicite a Suramericana con quien tengo contratada la póliza de
seguro objeto de financiación, la terminación de dicho contrato y como tal
suramericana gire a Servicios Generales Suramericana S.A. el valor de
la prima no devengada (si es del caso) para que sea imputado al monto
67 Ibidem.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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de la suma adeudada a Servicios Generales Suramericana S.A. sin
perjuicio de que esta última pueda continuar el cobro del saldo insoluto
por la vía judicial o la extrajudicial, en todo caso Suramericana estará
facultada para atender la instrucción que en este sentido le imparta
Servicios Generales Suramericana”. “RL HLC: Sí señor eso estaba o eso
está en en los documentos, pero si vemos en el momento que nosotros
nos pusimos al día con la financiera nos renovaron la póliza con
retroactividad, como consta en los documentos que anexamos, en ningún
momento esto… vemos que realmente revocaron la póliza, porque
nosotros tampoco recibimos comunicación alguna acerca de la revocación
de la póliza o la revocatoria, no sé cómo se dice esto, de la póliza, en
ningún momento a mí o a la dirección que tenemos, llegó documento
alguno revocando la póliza, porque no habíamos cancelado las cuotas a
la financiera, en el momento de cancelarla, de pagar las cuotas que
debíamos, vemos que la aseguradora nos renovó la póliza con
retroactividad, en ningún momento la póliza cambió de fecha de inicio,
siempre tenemos como fecha el 2 de marzo de 2016 y con terminación el
2 de marzo de 2017, o sea que si se trataba de una renovación y estaba
vigente la póliza»68.
El censor reprochó la valoración que hizo el Tribunal de
los mentados medios suasorios. Con respecto al documento
de financiación o pagaré, «pues terminó separando artificialmente
lo que las partes, de manera libre, consciente y voluntariamente habían
unido e intercomunicado (conexidad) y aisló, en tal virtud, los contratos
celebrados: el de seguro y el de mutuo, sin reconocer, como era menester,
que ambos integraban un “conjunto” o “red contractual” y, de paso, una
negociación o estructura supracontractual que era menester respetar,
cuyo fin último era consolidar -o estructurar- una operación económica
lícita que, al amparo de los dictados de la autonomía privada,
68 Ibidem. pág. 44.
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beneficiaba a todos los integrantes del conjunto en referencia, esto es
Hacienda las Caritas, Servicios Generales Suramericana y Seguros
Suramericana: a la primera, por la protección de los bienes en los cuales
tenía interés asegurable y por la consecución de unos recursos
económicos para el pago de la prima, a la segunda, por la ganancia de
unos réditos y costos adicionales por el préstamo de la suma mutuada
y, en fin, a la última por el pago de la prima como contraprestación
natural por los riesgos que asumía durante la vigencia del seguro»69.
Estimó que «Para el Tribunal, empero, las prestaciones de cada
contrato debían estar confinadas y, por ende, circunscritas a los
contratos individualmente considerados, pues no de otra manera,
efectivamente, pudo aseverar que la financiera no podía pedir a la
aseguradora -a pesar de estar expresamente autorizado por Hacienda
Las Caritas- la extinción del contrato de seguro, es decir, que no tuvo por
probado, estándolo, la coligación o conexidad negocial y la indiscutida
existencia de derechos y obligaciones originados a raíz de la mencionada
conjunción o coordinación contractuales que, en línea de principio rector,
era necesario acatar y tornar eficaz, tal y como lo establece la
jurisprudencia, la doctrina especializada y la propia ley, en lo aplicable
(ya examinadas), a partir del reconocimiento explícito a los particulares
de celebrar y articular negocios jurídicos válidos y eficaces (arts. 333 de
la Constitución Política, 1602 y 1603 del C.C, y 824 y 871 del C. de Co.),
lo que no resulta de suyo extraño tratándose de contratos de seguro y de
mutuo, y de otras operaciones próximas o similares, se anticipa»70.
Sostuvo que «en virtud de la conexidad en cuestión, la cláusula o
autorización consignada en el contrato, encaminada a solicitar la
extinción del negocio aseguraticio no es ambigua como infundadamente
lo concluyó el Tribunal, sino todo lo contrario, es clara, razonable e
inobjetable, y, además, ello es neurálgico, fue aceptada de manera libre
69 Ibidem. pág. 45.
70 Ibidem. pág. 46.
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35
y voluntaria por la sociedad mutuaria, un típico profesional, la que
conscientemente aceptó que la mora en las cuotas del contrato de mutuo
habilitaría a la mutuante -como sujeto integrante del conjunto o red
contractual- para gestionar la terminación o extinción del contrato de
seguro, como en efecto aconteció, pues tal inejecución contractual
impedía el adecuado funcionamiento de la operación económica global
(causa o propósito jurídico), concebida conscientemente -y en los suyo-
por las tres personas jurídicas ya referidas»71. Sobre el testimonio
del señor Tarazona, estimó que «el Tribunal cercenó, sin haberlo
debido hacer, aquella parte trascendente en la que el testigo declara que
la demandante no hizo ninguna manifestación, aclaración, o queja
respecto del sistema de financiación de la primas; que hizo uso de tal
sistema desde el año 2012 hasta el año 2016; que ese sistema
involucraba a tres personas jurídicas diversas, la demandante, la
aseguradora y la financiera, y, que en desarrollo de las autorizaciones
dadas por Hacienda Las Caritas en el convenio de financiación fue que
se solicitó la ‘cesación’ del contrato de seguro, ante el no pago de ninguna
de las cuotas de amortización del contrato de mutuo»72. Y añadió que
lo propio hizo el Tribunal con el testimonio de la señora Laura
Irene Maldonado. También acusó al ad quem de ignorar la
declaración de parte del representante legal de Hacienda las
Caritas S.A., «pues sólo transcribió el pasaje de su declaración en la
que afirmó que su representada ciertamente debía unas cuotas a la
financiera, que la prima estaba cancelada en su totalidad a la
aseguradora, y que no entendía por qué le negaron la indemnización
reclamada, pero omitió los otros pasajes o partes en los que el
declarante, igualmente, reconoció que leía todos los documentos que
firmaba, que el pagaré si traía la autorización que esa sociedad confirió
a la financiera para que solicitara la devolución de la prima pagada a la
71 Ibidem. pág. 46.
72 Ibidem. pág. 46.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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aseguradora en caso de incurrir en mora en el pago de las cuotas del
mutuo, y lo más importante, que entendía y aceptaba lo que se
estipulaba en tal documento, según quedo ya transcrito»73. Y relató
que el Tribunal también cercenó la misiva del 16 de mayo de
2016 y la declaración de parte del representante legal de la
aseguradora, «que evidenciaban la petición que con fundamento en la
autorización otorgada por la sociedad demandante, hizo la financiera a
la aseguradora para la devolución de la prima, por el incumplimiento de
la Hacienda las Caritas en el pago de las cuotas del convenio de
financiación»74.
Señaló que «las pruebas mencionadas en este apartado,
analizadas en forma individual y a la vez en conjunto, entre ellas,
demostraban la inescindible unión y articulación que, en lo predicable,
existía entre el mutuo y el seguro, a la par que las prestaciones,
facultades y derechos que emanaban para las personas que los
celebraron, contratos estos que sólo se explicaban, es cierto, en atención
a una negociación u operación que, bien entendida, tenía carácter más
supracontractual, lo que justificaba y avalaba existencia de un propósito
práctico común, conforme se señaló en precedencia, todo como corolario
de la coligación y conexión en comento, para nada accidental o adjetiva,
sino determinante y sustantiva. No de otra manera, en consecuencia,
habrían surgido a la vida negocial los contratos de mutuo o financiación,
y el de seguro que, en puridad, no afloraron como negocios jurídicos
aislados, según lo consideró erróneamente el Tribunal, quien por lo
demás hizo eco plano de la regla de la relatividad de los contratos desde
una perspectiva limitada -y minimalista-, como también se señaló, en
contravía de lo expresado y explicado por la jurisprudencia y la doctrina
73 Ibidem. pág. 47.
74 Ibidem. pág. 47.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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referidas»75. Apuntaló que los yerros son trascendentes, en
tanto que, si el Tribunal no los hubiera cometido, habría
debido «reconocer la existencia de la coligación o conexidad contractual
en cita, establecida entre -y a partir- el seguro y el mutuo, y advertir que
existía un engranaje simétrico y eficaz entre el pago oportuno de las
cuotas del mutuo y la pervivencia del aseguramiento, y que de tal unión,
como es propio de este tipo de negociación contextual y sistémica,
surgían deberes de conducta y correlativamente derechos respecto a los
intervinientes, uno de los cuales, precisamente, consistió en solicitar la
devolución de la prima pagada y la cesación válida del seguro por el no
pago de la suma mutuada»76. Elucidó que, «la extinción sobreviniente
del seguro no podía examinarse por el Tribunal bajo la óptica -o
perspectiva- de las figuras de la terminación, o de la revocación del
contrato de seguro, dueñas de específicas, autonómicas y delimitadas
reglas (arts. 1068 y 1071 C. de Co.), sino a la luz de las prestaciones y
respuestas que surgían del conjunto contractual, en su genuina
extensión y alcance (in complexu), vale decir, interpretando el contrato -
o mejor los contratos u operación jurídico económica- como diáfanamente
lo ordena el artículo 1622 del C.C., a cuyo tenor: “ las cláusulas de un
contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido
que mejor convenga al contrato en su totalidad”… totalidad esta que,
situada en el marco de la citada operación jurídico económica efectuada
y como producto de un indubitable propósito práctico por parte de todos
los intervinientes, reclama una visión de conjunto que trasciende el
contenido literal del contrato de seguro (regulación originaria), concebido
en forma solitaria y aislada, como expresamente lo hizo el Tribunal,
quien olvidó que el contrato de financiación, y en fin la precitada
operación jurídico-económica que sirvió de apoyatura a la negociación,
en general, no era un acto extraño y apartado, sino el receptáculo de
75 Ibidem. pág. 48.
76 Ibidem. pág. 48.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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relevantes estipulaciones que, válidamente, justificaban su conexión con
el negocio jurídico aseguraticio en lo pertinente»77. Reprochó que se
les hubiera dado «a las figuras de revocación y… terminación
aseguraticias, una inteligencia harto divergente, concluyendo que no
eran de recibo, cuando bien entendida la negociación en referencia,
arquetípica muestra de querer intercomunicar los señalados contratos
(propósito práctico), se tornaba enteramente posible que, ante el
supuesto del impago de las cuotas de amortización del contrato de mutuo
o financiación por parte del deudor y a su vez asegurado el contrato de
seguro (Hacienda las Caritas), se abriera paso la terminación del seguro
-que no su revocación-, o si se prefiere la genuina cesación de sus efectos,
en aplicación a lo acordado ex novo, objeto de observancia y
acatamiento»78. Adujo que, es cierto, «que el contrato de seguro
puede darse por terminado por el no pago de la prima (art. 1068 C. de
Co.) y esta causal de cesación del vínculo aseguraticio es diferente a su
revocación (art. 1071 ib.) pero es que en el documento suscrito por
Hacienda las Caritas se autorizó a Servicios Generales Suramericana
para que solicitara a la aseguradora la cesación del contrato de seguro
en el evento que incumpliera el pago de las cuotas del contrato de mutuo
y la devolución de la prima no devengada, es decir, se trataba de una
estipulación contractual que se consagró como fruto de la autonomía
contractual de las personas jurídicas arriba mencionadas que, en su día,
decidieron acoplar o empalmar dos negocios jurídicos diversos,
estipulación que explícitamente refirió al fenecimiento del contrato de
seguro por una causal convencional no desarrollada y regulada ex lege,
pero no por ello indefectiblemente inaplicable, strictu sensu, motivo por
el cual tal causal de extinción, más allá de su denominación -o nomen
conferido-, debía valorarse en los precisos términos en que se pactó»79.
Y le enrostró al Tribunal, en fin, el haber interpretado los
77 Ibidem. pág. 49.
78 Ibidem. pág. 49.
79 Ibidem. pág. 50.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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contratos de mutuo y de seguro de manera aislada,
ignorando su coligación, para restarle efectos a la cláusula
que autorizaba la terminación del seguro por incumplimiento
de obligaciones derivadas del contrato de mutuo.
En suma, señaló que «bien miradas las cosas, la figura
llamada a aplicarse no era la revocación propiamente dicha (at. 1071 del
C. de Co.), sin perjuicio del empleo tan amplio que se hizo del mismo tanto
por la entidad financiadora como por la aseguradora, sino la cesación de
efectos jurídicos, o en sentido muy lato la ‘terminación’ del negocio
jurídico, conforme a lo estipulado y a posteriori reflejado en el texto
proforma empleado por la sociedad Servicios Generales Suramericana,
de suerte que mi poderdante, en puridad, lo que procedió a noticiar a la
sociedad Hacienda Las Caritas fue la mencionada cesación de efectos
en derecho, actuación ésta que, con basamento en lo acordado
lícitamente entre una y otra, se ciñó a lo genuina y conscientemente
acordado, así luego se pretendiera desconocer lo pactado, con graves
secuelas no sólo frente a lo otrora convenido (fidelidad contractual), sino
respecto a lo ejecutado, en franca contravención de los actos propios
(doctrina de los actos propios), refractaria a la convergencia de
actuaciones carentes de coherencia y regularidad»80.
CONSIDERACIONES
1. Se adelanta el fracaso de este cargo.
80 Ibidem. pág. 57.
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2. El censor acusó al fallo de ser violatorio de los
artículos 82281, 87182, 884, 1056, 1071 y 1080 del Código de
Comercio, 282 del Código General del Proceso83, así como los
preceptos 1602 y 1603 del Código Civil84. De las aludidas
reglas, únicamente las disposiciones 884, 1071 y 1080 del
Código de Comercio ostentan el carácter de norma sustancial
en tanto que declaran, crean, modifican o extinguen
obligaciones. El 1056 ejusdem dispone que «con las restricciones
legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los
riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el
patrimonio o la persona del asegurado». En la medida en que
declara un derecho o facultad que le asiste a las compañías
de seguro, en abstracto, sin que de ello se derive un efecto
sobre el vínculo obligacional concreto, esta norma no tiene
81 Esta Corporación ha precisado que el artículo 822 del Código de Comercio no
ostenta el carácter de norma sustancial en la medida en que es una norma remisoria.
Entre otros: AC5403-2015, AC6491-2016, SC5533-2017, AC1427-2020, AC2117-
2020, SC3941-2020, AC1257-2021, AC4034-2021, AC3195-2022, AC2878-2022,
SC098-2023, AC1182-2023, AC1382-2023, SC328-2023 y AC3120-2023.
82 Este articulo no contiene norma sustancial. Al respecto: AC5613-2016, AC4858-
2017, AC8508-2017, AC2117-2020, AC4043-2021, AC5865-2021, AC1790-2022,
AC2068-2022, AC4117-2022, AC4703-2022, AC5335-2022, AC5331-2022, AC796-
2023 y AC1382-2023.
83 Cfr. AC2818-2020.
84 La Sala de manera reiterada ha decantado que los artículos 1602 y 1603 del Código
Civil no ostentan el carácter de norma sustancial. Sobre el art. 1602: AC961-2016,
AC4529-2017, AC4858-2017, AC7520-2017, AC7709-2017, AC8651-2017, AC4260-
2018, AC877-2019, AC1738-2019, AC2897-2019, AC3139-2019, AC653-2020,
AC742-2020, AC1427-2020, AC1802-2020, AC2117-2020, AC280-2021, AC4043-
2021, SC4139-2021, AC6075-2021, SC042-2022, AC998-2022, AC1790-2022,
AC2068-2022, SC1303-2022, SC963-2022, AC2930-2022, AC3195-2022, AC4117-
2022, AC4703-2022, AC5019-2022, AC5060-2022, SC3985-2022, AC209-2023,
AC796-2023, SC098-2023, SC088-2023, AC1182-2023, AC1382-2023, AC2240-
2023, SC328-2023, AC2869-2023, AC3651-2023, AC866-2024, AC3491-2024 y
AC1156-2024. En lo que atañe al art. 1603: AC5613-2016, AC5856-2016, AC6291-
2017, AC7520-2017, AC7709-2017, AC4260-2018, AC877-2019, AC2897-2019,
AC1427-2020, AC2117-2020, AC280-2021, SC042-2022, AC4117-2022, AC4703-
2022, AC5335-2022, SC3985-2022, AC5331-2022, AC796-2023, SC098-2023,
AC1182-2023, SC328-2023 y AC3651-2023.
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41
carácter sustancial. De modo que sólo con respecto a estas
se entiende encausado el embate.
3. Por regla general, la voluntad común de las partes ha
de recibirse como la regla principal o estructural de la
interpretación85. El contrato es «un todo completo»86. Al
sentenciador compete subsumir o adecuar el negocio jurídico
-la unidad o el todo- que se le presenta para su interpretación
en uno de los tipos negociales regulados por la ley. O bien,
establecer que se trata de un contrato atípico. De ello
depende, en últimas, el régimen legal aplicable al contrato.
3.1. Dicho lo anterior, es verdad que en ocasiones las
partes juntan o coligan dos o más contratos como elementos
de una misma relación negocial compleja. Este fenómeno de
la coligación de actos jurídicos tiene varias vertientes: a) la
simple unión externa sin subordinación o dependencia de
unos con otros, sin una finalidad económica o función causal
común; b) la unión o coligación con dependencia unilateral o
bilateral, donde los distintos contratos tipo se enlazan en una
recíproca dependencia; c) y la unión alternativa, en virtud de
la cual una condición vincula a los distintos negocios
jurídicos de manera tal que acaecido el suceso se entiende
extinguido uno u otro contrato87. En cualquier caso, la
85 CSJ, SC, 28 feb. 2005, Exp 7504. Reiterada en SC5250-2021.
86 Capitant, Henri. De la cause des obligations. Dalloz, París, 1927, pág. 103.
87 «Las uniones de contratos se subdividen a su turno en tres especies: a) unión
simplemente externa. Los distintos contratos tipos, independientes unos de otros,
aparecen unidos externamente sin que haya subordinación de los unos respecto de los
otros… b) unión con dependencia unilateral o bilateral. Los distintos contratos tipos que
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coligación de contratos no implica la existencia de un único
contrato global atípico sino una pluralidad de contratos, cada
uno con causa autónoma. En otras palabras, esta Sala tiene
dicho que, «habrá conexión contractual cuando celebrados varios
convenios deba entenderse que desde el punto de vista jurídico no
pueden ser tratados absolutamente como independientes, bien porque
su naturaleza y estructura así lo exija, o bien porque entonces quedaría
sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes y
articulada mediante la combinación instrumental en cuestión»88. De
modo que, allí donde el juez advierta que las partes tuvieron
la intención de coligar o juntar varios contratos -a modo de
dependencia o subordinación, o de manera alternativa89- le
corresponde interpretar cada una de las convenciones típicas
respetando la común voluntad de las partes encaminada a
articular o enlazar esos negocios. Lo anterior, sin perjuicio de
que a cada uno de los tipos contractuales coligados le sean
aplicables las normas imperativas correspondientes a su
especie. De ahí que en fallos recientes esta Sala haya
advertido que la coligación negocial es la unión de «varios actos
o negocios jurídicos que, sin perder su autonomía y características, en no
pocas ocasiones necesitan coordinarse o interrelacionarse entre sí para
aparecen unidos exteriormente son queridos como un todo. Se establece entre ellos, por
las partes, una recíproca dependencia en el sentido de que el uno o los unos dependan
del otro o de los otros, pero no al contrario. Tal intención de los contratantes debe
aparecer expresa o tácita. En este último caso, ella puede resultar de las relaciones
económicas que medien entre las diferentes prestaciones… salvo para efectos de la
validez y de la revocatoria, en los cuales la del uno implica también la del otro, se
juzgan por las normas del tipo a que se ajustan; c) unión alternativa. Una condición
enlaza los distintos contratos en forma que si el suceso positivo no acaece o si acaece
el negativo se entienda concluido uno u otro contrato». CSJ, SC, 31 may. 1938.
88 CSJ, SC, 6 oct. 1999, Exp. 5224.
89 La coligación, tiene dicho esta Corporación, «no siempre es de reciprocidad, sino que
puede ser de subordinación unilateral de una de las convenciones a la otra». SC4116-
2022.
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alcanzar el propósito fijado»90 (se subraya). Y es que el ejercicio
de la autonomía de la voluntad para juntar o coligar
contratos en el marco de una misma relación económico-
jurídica no puede enarbolarse como justificación para
transgredir las normas de carácter imperativo aplicables a
los contratos coligados considerados de manera
independiente.
3.2. Dado su especial carácter, la ley establece dos
formas de terminación específicas para el contrato de seguro
-además de las generales aplicables a todo tipo de contratos-
que se detallan a continuación.
3.2.1. El inciso primero del artículo 1069 del Estatuto
Mercantil establece el principio de la unicidad del contrato
de seguro al disponer que «el pago fraccionado de la prima no afecta
la unidad del contrato de seguro, ni la de los distintos amparos
individuales que acceden a él». El tomador está obligado, pues, a
pagar la prima «a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir
de la fecha de entrega de la póliza»91. Y, a voces del artículo 1068
ejusdem, la mora en el pago da lugar a la «terminación
automática» del contrato de seguro92 -resolución extrajudicial
y automática-.
90 SC3791-2022. Reiterada en SC1416-2022.
91 Código de Comercio. Artículo 1066.
92 «Desde la modificación que el artículo 82 de la Ley 45 de 1990 le introdujo al 1068
del Código de Comercio, la
terminación del contrato
de seguro que sobreviene como
consecuencia de la mora en el pago de la prima opera automáticamente, es decir, desde
el mismo momento en que el tomador desatiende tal obligación a su cargo, toda vez que
no requiere para su configuración de una manifestación de voluntad por parte del
asegurador, ni de la notificación al tomador y, mucho menos, de sentencia judicial que
la declare, pues tal efecto jurídico acaece de pleno derecho». SC13628-2015.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
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3.2.2. A tenor del artículo 1071 del Estatuto Comercial,
las partes -tomador o asegurado- pueden revocar el contrato
de manera unilateral. Al respecto, esta Corporación
puntualizó lo siguiente: «la revocación, si bien se ofrece como una
amplia potestad para los contratantes del seguro, al estar desprovista
de la exigencia de una justificación o motivo específico, sí requiere de una
expresión de voluntad inequívoca, es decir, no llamada a duda o que
demande un ejercicio de reconstrucción o de indagación del querer del
contratante, y que por lo mismo, para su debida comprobación, es
menester que aparezca necesariamente en un documento escrito, cuya
ausencia conduce a predicar su inexistencia o ineficacia»93. A lo cual
se añade que, en el caso de la revocación por parte de la
aseguradora, el escrito debe estar dirigido a la «última dirección
conocida [del tomador], con no menos de diez días de antelación,
contados a partir de la fecha del envío» -art. 1071 C.Co.-. De modo
que la revocación unilateral por parte de la compañía de
seguros surte efectos diez días hábiles94 -contados a partir
del día que se le comunica en debida forma al asegurado-. A
partir de entonces, el contrato queda sin efectos, y el
asegurado tiene derecho a que se le reembolse la prima no
devengada95. Lo dispuesto en el artículo 1071 referido no
93 SC296-2010.
94 Código Civil. Artículo 70: «En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos
oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse
lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día
fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
95 Es decir, «la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza
a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato». C.Co. art. 1071, inc. 2º.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
45
admite pacto en contrario, salvo para favorecer al tomador,
asegurado o beneficiario96.
4. En el sub examine, el censor acusó al fallo de incurrir
en tres yerros fácticos, a saber: i) no haber tenido por
acreditado, estándolo, la coligación existente entre el
contrato de seguro y el de mutuo; ii) no haber dado por
probado, estándolo, que existían obligaciones entre las
partes más allá de los dos contratos coligados; iii) y, tener por
demostrado, sin estarlo, que la cláusula de autorización –
para que la compañía de financiamiento pidiera la
revocatoria del contrato de seguro a la aseguradora- suscrita
por Hacienda las Caritas S.A. era ambigua. Lo anterior, como
consecuencia de errores en la valoración de sendos medios
de prueba: la solicitud de financiación-pagaré y la póliza de
seguro No. 0253058-2, la declaración de parte del
representante legal de Hacienda las Caritas S.A., los
testimonios del señor Juan Carlos Tarazona y la señora
Laura Irene Maldonado, la declaración de parte del
representante legal de Suramericana de Seguros S.A. y la
misiva del 16 de mayo de 2016. Estos yerros -adujo el
recurrente- fueron manifiestos y trascendentes, en tanto que,
de no haberlos cometido, el Tribunal hubiera debido
96 Código de Comercio. Artículo 1162. «Fuera de las normas que, por su naturaleza o
por su texto, son inmodificables por la convención en este título, tendrán igual carácter
las de los artículos 1058 (incs. 1º, 2º y 4º), 1065, 1075, 1079, 1089, 1091, 1092, 1131,
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1154 y 1159. Y solo podrán modificarse en
sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario los consignados en los artículos
1058 (inc. 3º), 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078 (inc. 1º), 1080, 1093, 1106,
1107, 1110, 1151, 1153, 1155, 1160 y 1161».
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
46
reconocer la coligación de contratos y la existencia y validez
de la autorización dada por la demandante a un tercero -
Servicios Generales Suramericana S.A.- para que pidiera a la
aseguradora la
terminación del contrato
de seguro por mora
en el pago de la suma mutuada. Aseveró, pues, que esta
cesación de los efectos del contrato de seguro era una figura
diferente de la terminación por mora en el pago de la prima
o a la revocatoria unilateral contenidas en los artículos 1068
y 1071 del Código de Comercio, respectivamente. Y que, por
tanto, las partes, dentro de su autonomía, la habían pactado
y debía producir efectos entre ellas. Como consecuencia de
lo anterior, el incendio ocurrido en el galpón de la
demandante no estaba amparado por el contrato de seguro,
porque éste había terminado antes de que ocurriera el evento
dañino.
4.1. En lo pertinente, esto fue lo que sostuvo el
Tribunal:
«(i) la Hacienda demandante definitivamente renovó la póliza No.
0253058-2 el 14 de marzo de 2016 y dicha renovación cubriría el
periodo comprendido entre el 2 de marzo de 2016 al 2 de marzo
de 2017. Está probado que, para el diligenciamiento de esa póliza
la Hacienda (i.i) acudió para estos menesteres a su asesor de
seguros la firma Comsideral Ltda.; (i.ii) que para el pago de la
prima necesitó de la financiación del valor de la misma, pedimento
que fue atendido por la persona moral Servicios Generales
Suramericana S.A.S., quien otorgado el crédito, debía pagar el
valor de la póliza a la aseguradora. (i.iii) este pago sin duda alguna
ocurrió, lo cual se desprende del interrogatorio de parte rendido
por el señor Daniel Zaid Azaf Pastrana representante de Seguros
Generales Suramericana S.A. en esta ciudad y, por tanto, en este
aspecto tiene razón el impugnante en que la prima fue pagada a
la aseguradora en su totalidad. Sin embargo, (ii) no remite a duda
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
47
que la Hacienda las Caritas S.A., incurrió en mora en el pago de
las cuotas a la financiera Servicios Generales Suramericana
S.A.S., pues es un hecho aceptado y confesado por su
representante legal Nelson Javier Castiblanco Mantilla en su
interrogatorio de parte, lo cual traía por consecuencia, que ésta
firma -la financiera- habilitada por la facultad a ella otorgada en
el documento denominado “solicitud de financiación -pagaré y
autorización bancaria”, y más concretamente en el acápite
“certificaciones-autorizaciones-declaraciones” ocurriera a la
aseguradora para impetrar la
terminación del contrato
que a la
letra dice: “3. Igualmente autorizo a SERVICIOS GENERALES
SURAMERICANA S.A.: (...) b. Para que en caso de incumplimiento
de mis obligaciones económicas respecto de dicha Entidad solicite
a SURAMERICANA con quien tengo contratada la(s) Póliza(s) de
Seguro(s) objeto de financiación, la terminación de dicho(s)
contrato (s) y como tal SURAMERICANA, gire a SERVICIOS
GENERALES SURAMERICANA S.A., el valor de la prima no
devengada (si es del caso) para que sea imputado al monto de la
suma adeudada a SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA
S.A., sin perjuicio de que esta última pueda continuar el cobro del
saldo insoluto por la vía judicial o extrajudicial»97.
Consideró que tal disposición era «ambigua estipulada a
favor de la compañía de financiamiento, ya que esa “terminación
automática” del contrato de seguro, está reservada para la asegurador
en el caso de mora en el pago del valor de la prima, y con lo hasta aquí
expresado, pronto sale a descampado que el valor de la prima estaba
cubierto, y por lo mismo, la aseguradora no podía echar mano a esta
precisa causal de
terminación del contrato
de seguro»98. Por lo demás,
agregó, «esta facultad que la Hacienda le concedió a Servicios
Generales Suramericana S.A.S., y no a la aseguradora demandada, si
bien estas personas jurídicas pertenecen a un mismo grupo empresarial
o holding, son personas morales totalmente independientes, con objetos
sociales por entero diferentes, conforme se advierte de la sola lectura de
los certificados de existencia y representación que militan en autos y las
secuelas de la mora en el pago de alguna de las cuotas o todas del
97 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. pág. 26.
98 Ibidem. pág. 26.
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crédito otorgado por la financiera, es un incumplimiento al contrato de
mutuo que por parte alguna puede repercutir en el contrato de seguro,
porque iterase, el valor de la prima estaba pagado»99. Apuntaló que
quedó acreditado que, «Servicios Generales Suramericana S.A.S.,
haciendo uso de la mencionada cláusula, le solicitó a la aseguradora la
“revocatoria” de la póliza el 16 de mayo de 2016, documento que no fue
redargüido de falso, sin que pueda la Sala entrar a avalar y menos,
estudiar y definir que la mencionada cláusula es reflejo de un abuso
contractual como lo pregona el censor, por cuanto para hacerlo debía
estar en el proceso en calidad de parte, la persona moral Servicios
Generales Suramericana S.A., quien en verdad no fue demandada, ni
tampoco se le llamó en garantía y quien fuera la persona jurídica de
quien partió la solicitud de revocatoria del contrato de seguro, a la
aseguradora, prevalida de la autorización de la que se viene
hablando»100.
Con todo, razonó el Tribunal, que «nadie osaría en
desconocer el principio de la relatividad de los contratos conforme al cual,
los efectos del negocio jurídico, por vía de principio, solo alcanzan a
quienes fueron parte en el negocio y aquí simple y llanamente la
aseguradora demandada no fue parte en el contrato de mutuo celebrado
entre la Hacienda y Servicios Generales Suramericana S.A., negocio
jurídico que para la hora de ahora es válido y lo estipulado por las partes,
les es vinculante, esto es, entre la Hacienda y la compañía de
financiamiento. De suerte entonces que, la financiera Servicios Generales
Suramericana S.A., cuando prevalida de esa autorización acudió a la
aseguradora y esta sí, como profesional de la actividad aseguradora
incurrió en un abuso contractual al despachar desfavorablemente la
reclamación de la indemnización a ella formulada el 6 de septiembre de
99 Ibidem. pág. 26.
100 Ibidem. pág. 26.
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2016, amparada en la petición de revocatoria dirigida por la financiera
y que no respondió ni a la compañía de financiamiento, ni mucho menos
notificó decisión alguna a la asegurada, prueba de ello es, lo que
consignó en el oficio fechado en Medellín el 21 de septiembre de 2016,
que respondió negativamente a la reclamación del pago de la
indemnización formulado por la Hacienda, misiva donde textualmente se
consignó lo siguiente: “sea lo primero precisar que el bien afectado y
antes descrito, se encontraba asegurado en la póliza Multiriesgo
Empresarial No. 030-253058, la cual fue revocada el día 16 de mayo de
2016 a petición de Servicios Generales Suramericana S.A.S., con
fundamento en el no pago oportuno del crédito otorgado por dicha
entidad, para el financiamiento de las primas asociadas al contrato de
seguro”»101. Señaló, pues, que la demandante habría
autorizado a la financiera para que, en caso de mora, pidiera
la
terminación del contrato
de seguro a la aseguradora, pero
no su revocatoria. Y precisó que «la
terminación del contrato
por
mora en el pago de la prima está consagrada en el artículo 1068 del
C.Cio, modificado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990 y se trata de
una terminación automática del contrato de seguro, potestad reservada
por la ley al asegurador y tiene como único presupuesto la mora en el
pago de la prima; decisión que si siquiera requiere de notificación al
tomador, al asegurado o al beneficiario. Al paso que la revocación
unilateral, consagrada en el artículo 1071 del C. Cio., es una facultad
concedida por ministerio de la ley a cualquiera de los contratantes:
tomador y asegurado, que tiene como presupuesto diferentes
circunstancias que solo consultan el interés particular de quien se sirve
de ella, la que puede ocurrir en cualquier momento y que exige, la
notificación a la contraparte, la cual tiene unos efectos dependiendo de
quien haga uso de ella»102.
101 Ibidem. pág. 27.
102 Ibidem. pág. 28.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
50
El Colegiado también indicó que la revocación unilateral
por parte de la aseguradora debe notificarse al asegurado,
con no menos de 10 días de antelación, mientras que al
asegurado le basta informar por escrito a la compañía de
seguros. Citó jurisprudencia de esta Corporación en apoyo
de esta distinción. Y estimó que «en el presente caso pronto sale
al descampado y así lo entiende la Sala, que la aseguradora no tenía
motivo alguno para terminar el contrato de seguro suscrito con la
Hacienda por mora en el pago de la prima, por cuanto ésta ya le había
sido cancelada en su totalidad por la compañía de Seguros Generales
Suramericana S.A.S.»103. No obstante, indicó, la compañía de
seguros sí podía revocar de manera unilateral el contrato de
seguro, «pero en este caso igualmente era de su incumbencia (i)
expresar la causa de su decisión unilateral, en un acto de caridad frente
a su cocontratante, así la ley no lo imponga, (ii) notificarla por escrito al
asegurado y (iii) tener como cosa suya que, los efectos de dicha
determinación se producirán cumplidos diez -10- días a partir de la fecha
del envío del escrito al asegurado»104.
El Tribunal sostuvo que, en el sub judice, «no hubo una
causal que asomara la aseguradora de su cuño, que la llevara a tomar
la decisión de la revocatoria unilateral del contrato de seguro; pero si en
gracia de discusión, se aceptara que la petición de revocatoria que el
contrato del contrato de seguro le formulara la compañía Servicios
Generales Suramericana S.A.S., con fundamento en la mora del pago del
crédito otorgado a la Hacienda para el pago de prima, fuera la razón que
tendría la aseguradora, conforme a la norma citada en precedencia,
103 Ibidem. pág. 29.
104 Ibidem. pág. 30.
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51
debía habérselo comunicado a la Hacienda en escrito dirigido “a su
última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación,
contados a partir de la fecha del envío” y frente a estas exigencias
impuestas por el legislador anduvo errática la aseguradora demandada
(i) porque en verdad ella no fue la que revocó el contrato de seguro, si no
que dio vía libre a la petición de revocatoria del contrato de seguro, como
secuela del incumplimiento contractual de la Hacienda frente a la
compañía de financiamiento; (ii) era la aseguradora a quien correspondía
remitir el escrito que daba cuenta de su decisión como lo dice el inciso 1º
del artículo 1071 del C. Cio., y no un vocero de la compañía Servicios
Generales Suramericana S.A.S., como lo es el señor Alejandro Augusto
Jaramillo Mesa Gerente de Servicios Financieros, quien en correo
electrónico dirigido el 19 de mayo de 2016 remitido del correo “informes
cartera asesores”, comunica a
[email protected] (sic) la
solicitud de revocatoria del contrato de seguro que la financiera radicara
el 16 de mayo de 2016 ante la compañía de seguros, persona esta -Ariel
Arteta- que al parecer era quien se entendía a nombre de la Hacienda
con la firma corredora de seguros Comsideral Ltda., cuando lo correcto
era que, la aseguradora comunicara por escrito su decisión una vez
tomada, directamente al representante legal de la Hacienda»105.
Añadió que, en el plenario no obra prueba de que la parte
activa le hubiera otorgado poder a ninguno de los
intervinientes en el negocio de aseguramiento para que todas
las comunicaciones relativas al contrato de seguro fueran
hechas a través de esta persona. Y estimó, pues, «que a partir
del 19 de mayo de 2016 -fecha de envío del correo electrónico-, había un
plazo de gracia por llamarlo de alguna manera a favor de la Hacienda
de diez -10- (sic) hábiles para que se produjeran los efectos de la
revocación unilateral», de modo que «si en gracia de discusión
105 Ibidem. pág. 31.
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aceptáramos la bondad de la comunicación a que la Sala ha hecho
referencia, para producir los efectos de la revocatoria unilateral del
contrato de seguro por parte de la aseguradora, ese plazo de diez -10-
días estaría vencido el 02 de junio de 2016»106. Y es que, señaló,
«dando por descontado que se cumplieron los dos primeros requisitos
para que la aseguradora echara mano de la figura de la revocación
unilateral del contrato prevista en el artículo 1071 del C. Cio., no se
cumple el tercero, esto es, el lapso de los diez -10- días contados a partir
de la fecha del envío de la comunicación para que campeara a plenitud
esta especial forma de
terminación del contrato
de seguro, para cuando
ocurrió el siniestro -incendio-, cuya ocurrencia acaeció el 28 de mayo de
2019; dicho de otra manera, para ese momento el contrato de seguro de
que da cuenta la póliza No. 0253058-2 estaba vigente y ocurrido el
siniestro estaba obligada la aseguradora al pago de la indemnización
reclamada, sin perjuicio claro está, de la ocurrencia de cualquiera otra
circunstancia que enervara el cumplimiento de su obligación, asunto que
para la hora de ahora es extraño en este proceso»107.
4.2. El embate distorsionaría el hilo conductor de la
decisión del ad quem.108 No se combatieron, por lo demás, los
pilares fundamentales del fallo atacado -desenfoque e
incompletitud-.
4.2.1. Nótese que el Tribunal tuvo por demostrado que
el contrato de seguro contenido en la póliza No. 0253058-2
se renovó el 14 de marzo de 2016; que la demandante pagó
la totalidad de la prima prevaliéndose de un mutuo que
106 Ibidem. pág. 31.
107 Ibidem. pág. 31.
108 CSJ, SC368-2023.
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
53
celebró con Servicios Generales Suramericana S.A.S.; que
Hacienda las Caritas S.A. no pagó las cuotas pactadas para
ese mutuo. Y que, con apoyo en la autorización que le había
dado a la financiadora -en documento de solicitud de
financiación y pagaré- para pedir la
terminación del contrato
de seguro por mora en el pago del préstamo, Servicios
Generales Suramericana S.A.S. pidió la terminación a
Seguros Generales Suramericana S.A. Que, no obstante, esa
estipulación era ambigua, pero no podía declararla sin
efectos porque Servicios Generales Suramericana S.A.S. no
era parte en el proceso. No obstante, el Colegiado consideró,
en síntesis, que esa autorización para pedir la terminación
por mora -pactada por la compañía prestamista y la
demandante- no podía producir efectos de cara al contrato
de seguro -celebrado entre la aseguradora y el demandante-
porque el artículo 1068 del Código de Comercio reservó la
terminación del seguro a la mora en el pago de la prima -no
del mutuo-. Y que, en cualquier caso, Seguros Generales
Suramericana S.A. podía revocar unilateralmente el contrato
de seguro al abrigo de lo dispuesto en el artículo 1071
ejusdem. Pero que, no obstante, la aseguradora no había
cumplido con los requisitos establecidos en esta disposición
legal para ejercer su derecho de revocación unilateral. De
modo que el contrato de seguro estaba vigente -no había
terminado ni había sido revocado- a la fecha en que ocurrió
el siniestro -28 de mayo de 2016- y, en consecuencia, -adujo
el Colegiado- la aseguradora había actuado de manera
abusiva al denegar la reclamación de la demandante
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54
alegando la
terminación del contrato
por solicitud de
Servicios Generales Suramericana S.A.
4.2.2. El ataque se dirigió a señalar que el Tribunal no
dio por demostrado que existió coligación entre los contratos
de mutuo y de seguro; que de esa coligación nacieron a la
vida jurídica deberes y obligaciones recíprocos entre las
partes, más allá de lo estipulado en los contratos referidos. Y
que el ad quem erró al considerar ambigua la cláusula de
autorización pactada entre mutuante y mutuario. En suma,
el censor estimó que, en virtud de la unión o coligación de
contratos, Servicios Generales Suramericana S.A. estaba
facultada para pedir la terminación contrato de seguro por
mora en el pago de las cuotas del mutuo, y la aseguradora
podía darlo por terminado, como en efecto lo hizo, en
cumplimiento de esa solicitud. A su juicio, esta forma de
cesación de efectos del contrato de seguro no corresponde a
ninguna de las contenidas en los artículos 1068 o 1071 del
Código de Comercio y, por tanto, debía surtir plenos efectos
entre las partes.
4.2.3. No se cuestionaron los pilares fundamentales de
la decisión del Tribunal. Esto es, que en este caso no se dio
ninguno de los supuestos para la terminación automática
por mora en el pago de la prima -art. 1068 C.Co.- o para la
revocación unilateral del contrato de seguro por parte de la
aseguradora -art. 1071 C. Co-. Se partió de la base de que,
en efecto, en este caso no se configuró los supuestos de
Radicación. 68001-31-03-002-2018-00229-01
55
hecho de las normas aludidas. En una palabra, incluso
aceptando la profundidad de la tesis, habría de reconocerse
que se trataría de una interpretación alternativa de los
medios de prueba cuestionados -aduciendo la pretendida
existencia de una coligación negocial que el Tribunal habría
pasado por alto en el sub judice-. Y que, de haberla
contemplado, lo habría llevado a reconocer que las partes
habían pactado una forma de
terminación del contrato
de
seguro diferente de las establecidas en esas normas.109
4.2.3.1. Así, con respecto a la solicitud de financiación
y pagaré se señaló que «en forma objetiva del referido documento»110
emerge que la demandante autorizó a Seguros Generales
Suramericana S.A.S. para que, «en el evento de incumplimiento de
las obligaciones a su cargo originadas en el contrato de mutuo, solicitara
a la aseguradora la terminación del vínculo aseguraticio, y
correlativamente exigiera la devolución de la prima del seguro, aún no
devengada»111. Además, se indicó, «se autorizó a cualquiera de las
dos entidades para que remitieran a Hacienda Las Caritas toda
notificación por mensaje de texto, correo electrónico, vía telefónica al
109 En la página 50 de la demanda de casación se lee que es cierto, «que el contrato de
seguro puede darse por terminado por el no pago de la prima (art. 1068 C. de Co.) y
esta causal de cesación del vínculo aseguraticio es diferente a su revocación (art. 1071
ib.) pero es que en el documento suscrito por Hacienda las Caritas se autorizó a
Servicios Generales Suramericana para que solicitara a la aseguradora la cesación del
contrato de seguro en el evento que incumpliera el pago de las cuotas del contrato de
mutuo y la devolución de la prima no devengada, es decir, se trataba de una
estipulación contractual que se consagró como fruto de la autonomía contractual de las
personas jurídicas arriba mencionadas que, en su día, decidieron acoplar o empalmar
dos negocios jurídicos diversos, estipulación que explícitamente refirió al fenecimiento
del contrato de seguro por una causal convencional no desarrollada y regulada ex lege,
pero no por ello indefectiblemente inaplicable, strictu sensu, motivo por el cual tal causal
de extinción, más allá de su denominación -o nomen conferido-, debía valorarse en los
precisos términos en que se pactó».
110 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 15.
111 Ibidem. pág. 16.
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56
celular o sitio informado por tal sociedad; y, por último, pero no menos
importante, vale la pena destacar que la suscripción del mentado
documento contenía la declaración de conocimiento, entendimiento y
aceptación del contenido de todas las cláusulas antes transcritas»112.
Lo anterior no reñiría, necesariamente, con la estimación del
Tribunal en el sentido de que esa autorización se la dio la
demandante a la sociedad prestamista. Sin que ello implicara
que la aseguradora quedaba facultada para terminar el
contrato de seguro por esa causal. Mucho menos en
contravía de las normas imperativas que rigen ese especial
tipo negocial y aun aceptando que hubiera existido la alegada
coligación. Al denunciar el cercenamiento de la prueba
testimonial -señores Juan Carlos Tarazona y Laura Irene
Maldonado- el embate solamente aseveró que «corrobora la
arquitectura peculiar del entramado contractual que fue construido entre
la demandante, Servicios Generales Suramericana y la aseguradora, en
palmaria evidencia de la existencia de una negociación que, en sí misma,
trascendió la individualidad de los contratos de financiamiento o mutuo,
y el seguro, aisladamente considerados, realidad jurídico-económica que
fue soslayada judicialmente, desconociéndose, en consecuencia, el claro
animus colliganti existente»113. También denunció la indebida
valoración de la declaración de parte del representante legal
de Seguros Generales Suramericana S.A. y de la
comunicación del 16 de mayo de 2016 de Servicios Generales
Suramericana S.A.S. dirigida al asegurado, con copia a la
demandante, medios suasorios «que evidenciaban la petición que
con fundamento en la autorización otorgada por la sociedad
112 Ibidem. pág. 16.
113 Ibidem. pág. 34.
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demandante, hizo la financiera a la aseguradora para la devolución de
la prima, por el incumplimiento de la Hacienda las Caritas en el pago de
las cuotas del convenio de financiación»114. A juicio del censor,
estos medios de convicción mutilados o indebidamente
valorados «analizadas en forma individual y a la vez en conjunto…
demostraban la inescindible unión y articulación que, en lo predicable,
existía entre el mutuo y el seguro, a la par que las prestaciones,
facultades y derechos que emanaban para las personas que los
celebraron, contratos estos que sólo se explicaban, es cierto, en atención
a una negociación u operación que, bien entendida, tenía carácter más
supracontractual, lo que justificaba y avalaba existencia de un propósito
práctico común, conforme se señaló en precedencia, todo como corolario
de la coligación y conexión en comento, para nada accidental o adjetiva,
sino determinante y sustantiva»115. Así y todo, pese a lo agudo del
argumento, y aun aceptando que el contrato de seguro y el
de mutuo se hubiesen coligado -por voluntad de las partes-,
las normas imperativas sobre terminación automática y
revocación unilateral seguirían siendo aplicables al asunto.
4.2.3.2 En síntesis, en el sub examine quedó
demostrado -y no fue cuestionado en esta sede
extraordinaria- que no se dio ninguno de los supuestos de
hecho establecidos en los artículos 1068 y 1071 para la
terminación o revocación del contrato de seguro contenido en
la póliza No. 0253058-2 que se renovó el 14 de marzo de 2016
por un año contado a partir del 2 de marzo. También se
acreditó -y no se cuestionó en sede de casación-, que el 28
114 Ibidem. pág. 47.
115 Ibidem. pág. 48.
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de mayo de 2016 -estando vigente la póliza- se incendió uno
de los galpones amparados contra el riesgo de incendio por
la póliza referida. En esta medida, la decisión del Tribunal en
el sentido de declarar la responsabilidad de la aseguradora y
condenarla a indemnizar a la demandante resulta ajustada a
derecho.
5. Por las razones anotadas, este cargo no prospera.
CARGO SEGUNDO
Bajo la causal segunda de casación, atacó la sentencia
de segunda instancia por transgredir los artículos 871, 884,
1071, 1080, 1045, 1054 del Código de Comercio, 282 del
Código General del Proceso, y los artículos 1602 y 1603 del
Código Civil como consecuencia de haber incurrido en yerros
fácticos.
En sustento de su embate, sostuvo el Tribunal
desestimó las excepciones de mérito de «“Inexistencia de contrato
de seguro multiriesgo empresarial póliza número 025-3058-2 expedida
el 6 de marzo del año 2016 por revocación para la fecha de incendio
reclamado”, (ii) “Inexistencia de abuso de posición contractual de
Seguros Generales Suramericana S.A. en relación con la financiación de
primas contratada con servicios generales suramericana S.A.”, (iii)
“Ausencia de amparo bajo seguro multiriesgo empresarial póliza número
025-3058-2 emitida el 31 de mayo de 2016 del incendio ocurrido el 28
de mayo del 2016”, (iv) “Ausencia de interés asegurable por parte de
Hacienda Las Caritas bajo la póliza de seguro multiriesgo empresarial
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póliza número 025-3058-2 respecto del galpón número 1 incendiado el
día 28 de mayo de 2018”»116. Lo anterior, con base en el
incumplimiento -por parte de la aseguradora- del
procedimiento de revocatoria del contrato de seguro
contemplado en el artículo 1071 del Código de Comercio.
Adujo el censor que este argumento se combatió en el embate
primero. No obstante, en lo que atañe a la excepción de
«incumplimiento de los principios de buena fe en relación con la
contratación de la póliza de seguro múltiple empresarial póliza número
035-3014-8» el Tribunal incurrió en sendos yerros fácticos, a
saber: «(ii) Por no dar por probado, estándolo, que el 31 de mayo de
2016 cuando se expidió la póliza con retroactividad al 2 de marzo de ese
año, ya se había incendiado el galpón No. 1, es decir, ya se había
realizado el riesgo asegurado. (iii) Por no dar probado, estándolo, que el
asegurado no informó a la aseguradora, como era de esperar, la
ocurrencia del siniestro en mención antes de que se expidiera la póliza
0353014-8. (iv) Por no dar por probado, estándolo, que existió mala fe de
la demandante en la presentación de la reclamación»117.
Dicho lo anterior, expuso que el Tribunal erró al valorar
la declaración de parte de la Hacienda las Caritas S.A., el
testimonio de la señora Gladys Maldonado y la carta del 6 de
septiembre de 2016 -contentiva de la reclamación-. Adujo
que «las dos declaraciones cuyos pasajes más relevantes fueron antes
transcritos, y las pruebas documentales citadas demuestran,
inequívocamente, que existió una relación jurídica ininterrumpida por
cerca de 15 años entre las partes aquí contendientes; que para la
116 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 61.
117 Ibidem. pág. 63.
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vigencia 2016-2017 la demandante acudió al mecanismo de la
financiación y no pagó las cuotas a que se había comprometido; que el
incumplimiento de esa prestación generó la ‘terminación’ o cesación del
contrato de seguro -más allá de que se hubiera empleado la expresión
‘revocación’, lo que fue de conocimiento de la Sociedad demandante
desde el 16 de mayo de 2016; que se solicitó la rehabilitación de la póliza
el 31 de mayo de 2016, fecha en la que se canceló la totalidad de la
prima por valor cercano a los 20 millones de pesos que fue pagada en la
ciudad de Barranquilla, época para la cual ya se había presentado el
siniestro, vale decir, el incendio del galpón número 1, hecho que acaeció
el 28 de mayo de ese año; que el diverso número de póliza con el cual
fue expedida la póliza el 31 de mayo de 2016 obedeció a un aspecto
meramente tecnológico y, por ende mecánico, por la forma en que se
expedían las pólizas pero que, en rigor, bien vistas las cosas, se trataba
de la misma relación jurídica, y por ello se expidió con retroactividad al
2 de marzo de ese año. De allí que categóricamente se expresó que, en
realidad, sólo hubo una “…misma póliza”; finalmente que la reclamación
presentada por el beneficiario, por una fabulosa suma, superior a los
1480 millones de pesos, se fundamentó en la póliza 353014-8, la misma
cuya expedición se logró callando a la aseguradora la ocurrencia del
siniestro, tres días antes de la referida expedición»118. El censor
insistió en que el representante legal de la parte activa
confesó que no se le comunicó a la aseguradora el
acaecimiento del siniestro del 28 de mayo de 2016, cuando
se pidió la «reactivación» de la póliza anterior el 30 de mayo del
mismo año. Estimó que «el Juzgador de segunda instancia
indubitablemente constató la ausencia de buena fe por parte de la
demandante “al diligenciar la póliza No. 0353014-88 el 31 de mayo de
2016 con retroactividad al 02 de marzo de 2016” pero paradójicamente,
a renglón seguido, purgó, toleró, enervó o soslayó dicho comportamiento
118 Ibidem. pág. 72.
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a través de un argumento sorprendente, amén que contraevidente,
carente de los efectos inhibitorios por él atribuidos, vale decir, que el
número de las dos pólizas era diferente»119. Adujo que el contrato
de seguro es consensual, no solemne, y que, por tanto,
«desvanecer los efectos que emergen de un comportamiento que el propio
Tribunal tildó de deshonesto al reconocer que “….la ASEGURADORA
tiene razón cuando afirma que LA HACIENDA no obró de manera
honesta…..”, so pretexto de que la pretensiones de la demanda se
fundan en un número de póliza y las excepciones, a su turno, se refieren
a otro número, no deja de ser un sofisma, fruto de un mayúsculo y
trascendente yerro en la apreciación de las pruebas antes transcritas
que fueron cercenadas en aquella parte o segmento en la que se
mencionaba la razón por la cual para la vigencia 2016-2017 había dos
números diferentes de póliza pero un sólo contrato de Seguro o ‘póliza’
(o relación) y lo más decisivo, que para la fecha de expedición de la póliza
que rehabilitó la anterior, ya se había presentado el siniestro y no se
informó a mi representada, hecho que, bien entendido, no puede ser
minimizado, o relativizado»120. Argumentó que la demandante
también actuó de manera contraria a la buena fe cuando
presentó la reclamación en septiembre de 2016, pero el
Tribunal lo ignoró, en contravía de lo que establece el artículo
1078 del Código de Comercio. Y apuntaló que «En el presente
asunto, está demostrado por la confesión de la propia demandante, lo
que emerge de la prueba documental y por la aseveración del propio
Tribunal que el asegurado “…LA HACIENDA no obró de manera
honesta….”, circunstancia que, por su significado y alcance, de
conformidad con lo señalado en el inciso segundo del artículo 1078 del
Código de Comercio, es entendible que se origine la pérdida del derecho
119 Ibidem. pág. 73
120 Ibidem. pág. 74.
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al pago de la indemnización, de lo que es consecuente derivar que la
sociedad demandada no está llamada a responder por tal siniestro»121.
Pidió, en consecuencia, casar el fallo impugnado.
CONSIDERACIONES
1. Este cargo no prospera.
2. El censor fincó su descontento con el fallo atacado en
el hecho de que, a pesar de haber quedado demostrado que
la demandante no actuó de buena fe al renovar el contrato
de seguro contenido en la póliza No. 0353014 el 31 de mayo
de 2016, ni al momento de presentar su reclamación
posteriormente en septiembre del mismo año, se declaró la
responsabilidad de la aseguradora y se la condenó a
indemnizar. Adujo que el número de póliza diferente al
anterior obedeció a una razón mecánica que impidió
expedirla con el mismo número que la anterior, pero que se
trataba del mismo seguro.
2.2. Al resolver la excepción de «incumplimiento de los
principios de buena fe en relación con la contratación de la póliza seguro
multirriesgo empresarial No. 0353014-8», el ad quem señaló que «la
aseguradora tiene razón cuando afirma que la Hacienda no obró de
manera honesta al diligenciar la póliza No. 0353014-88 el 31 de mayo
de 2016 con retroactividad al 2 de marzo de 2016; pero ello, no le
121 Ibidem. pág. 78.
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alcanza para quebrar la aspiración en el pleito de la demandante, pues
su reclamo principal lo edifica sobre el incumplimiento de la aseguradora
a sus obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro de que
da cuenta la póliza No. 0253058-2»122.
2.3. Nótese que el Tribunal declaró la responsabilidad
de la aseguradora con apoyo en la póliza No. 0253058-2 con
vigencia de 2 marzo de 2016 al 2 de marzo de 2017. Al
estudiar el cargo anterior se puntualizó que el Tribunal no
erró al considerar que ese contrato de seguro no terminó ni
fue revocado por ninguna de las vías establecidas en la ley
para el efecto -arts. 1068 y 1071 C. Co-. Y que, en
consecuencia, estaba vigente y amparó el siniestro acaecido
el 28 de mayo de 2016. El embate se propone, pues, derruir
una consideración aislada del Tribunal con respecto a una
de las excepciones propuestas por la demandada. Excepción
que fue despachada de manera desfavorable. Y que estaba
relacionada con la falta de buena fe de la demandante al
pedir la expedición de la póliza No. 0353014-8. En efecto, en
el sub examine el Colegiado encontró acreditado que la
demandante le ocultó a la aseguradora la ocurrencia del
incendio -del 28 de mayo de 2016- cuando acudió a ella para
pedir que expidiera un amparo de incendio el 31 de mayo del
mismo año, pero de manera retroactiva al 2 de marzo de
2016. La inexistencia del riesgo asegurado -porque el suceso
no sería futuro ni incierto sino un hecho consumado-, daría
lugar a la correspondiente inexistencia del contrato de seguro
122 Ibidem. pág. 35.
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mismo por falta de uno de sus elementos esenciales. O bien,
llevaría a concluir que el asegurado perdió el derecho a la
reclamación por mala fe -art. 1078 C.Co. inc. 2º-. Todo lo
anterior, si y solo si, se hubiere acreditado que el contrato de
seguro contenido en la póliza No. 0253058-2 con vigencia de
2 marzo de 2016 al 2 de marzo de 2017 terminó -o fue
revocado unilateralmente antes de la ocurrencia del
siniestro-. Y que, por tanto, la póliza expedida posteriormente
estaba encaminada a amparar un riesgo asegurable. Esto es.
incluso si se aceptare que el demandante hubiere incurrido
en un obrar contrario a la buena fe negocial al pedir la
expedición de la Póliza No. 0353014-8 de manera retroactiva,
la póliza anterior estaba vigente. Sin embargo, si se asumiera
que la Póliza No. 0353014-8 fue una renovación de la
anterior -No. 0253058-2-, con vigencia (retroactiva) del 2 de
marzo de 2016, nuevamente, tendría que entrarse a estudiar
el cargo primero para determinar si la primera póliza
realmente perdió su vigencia -por terminación automática o
por revocación unilateral-. Lo cual, según se estudió ut
supra, no ocurrió.
3. En una palabra, este cargo, fracasa.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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NO CASA la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2021,
proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso de marras.
Costas en casación a cargo de la recurrente. Comoquiera
que la parte opositora replicó en tiempo la demanda, inclúyase
en la liquidación de las costas la suma de $10.000.000, por
concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 3C4137653035446702568DA016D71629DAED6659B267595E216B82DC1A48A680
Documento generado en 2024-12-16