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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3085-2024
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
(Aprobada en sala de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Luz Eneyda Pérez Paz frente a la sentencia de 31 de marzo
de 2023, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que
promovió contra María Ligia Salgado Izquierdo, en su calidad
de cónyuge supérstite de Fernando Izquierdo Izquierdo, y los
herederos determinados e indeterminados de este último.
I. EL LITIGIO
1. En la demanda (folios 98 a 111 del archivo digital
0001CuadernoPrincipalParte1.pdf) se pidió declarar que
entre la demandante y Fernando Izquierdo Izquierdo
(q.e.p.d.) existió unión marital de hecho desde el 2 de junio
de 1982 hasta el 14 de julio de 2020, fecha de la muerte
del último, con la consecuente sociedad patrimonial, la
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cual solicitó reconocer que se encuentra disuelta y en
estado de liquidación.
En soporte, se expusieron los hechos que admiten este
compendio:
1.1. La pareja convivió de forma continua, singular y
notoria durante el interregno señalado, en las moradas con
nomenclatura carrera 45 calle 2 sur n.° 45-24, carrera 46 n.°
1S-21, y diagonal 1S n.° 49-32, de la ciudad de
Buenaventura.
1.2. Fernando Izquierdo Izquierdo falleció el 14 de julio
de 2020 con lo cual se extinguió la unión marital de hecho.
1.3. El causante estaba casado con María Ligia Salgado
Izquierdo, vínculo que se inscribió en el registro del estado
civil después del deceso, con quien se separó de hecho desde
el 2 de junio de 1982. De este nexo nacieron Jhon Jairo y
Yaneth Izquierdo Salgado.
1.4. El fallecido, de forma paralela o concomitante a la
relación con Luz Eneyda Pérez Paz, tenía otra con Luz Estella
Montañez Casalla (q.e.p.d.), quien murió seis años atrás.
1.5. La promotora participó en los distintos negocios del
causante que derivó en la adquisición de múltiples bienes
muebles e inmuebles, los cuales especificó según su
naturaleza.
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2. Una vez admitido el escrito inaugural el 13 de agosto
de 2021 (folio 120 ibidem), la parte interesada agotó el
proceso de enteramiento de los demandados.
3. Fernando Izquierdo Montañez, al contestar la
demanda, negó los hechos - en lo sustancial-, se opuso a las
pretensiones y propuso las defensas que intituló «ausencia
de legitimación en la causa por activa para solicitar la
mentada unión marital de hecho y la existencia de la sociedad
patrimonial desde 02 de junio de 1982», «inexistencia de la
unión marital de hecho desde el 02 de junio de 1982»,
«inexistencia de la sociedad patrimonial desde el 02 de junio
de 1982», «enriquecimiento sin causa», «inexistencia de la
unión marital de hecho y sociedad patrimonial», «mala fe»,
«carencia e inexistencia de interés jurídico o derecho para
demandar», «inexistencia de la causa invocada», «estimación
anticipada de perjuicios al demandado y buena fe» y la
innominada (folios 488 a 499 ejusdem).
En documento aparte, Jhon Jairo, Yaneth y María Ligia
Izquierdo Salgado replicaron la demanda y propusieron las
excepciones que denominaron «ausencia de legitimación en la
causa por activa», «falta de legitimación en la causa por
pasiva», «falta de legitimación en la causa por activa y pasiva»,
«inexistencia de la unión marital de hecho», «inexistencia de la
sociedad patrimonial», «enriquecimiento sin justa causa»,
«prescripción extintiva de la acción», «carencia de legitimación
en la causa, para pedir y demandar la sociedad patrimonial»
y la común (folios 1 a 6 del archivo digital 0005Cuaderno-
PrincipalParte2.pdf).
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La curadora ad litem de los herederos indeterminados
se atuvo a lo que resultare probado respecto de la unión
marital de hecho y se opuso al reconocimiento de la sociedad
patrimonial, sin blandir excepciones (folios a 59 a 64 idem).
4. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Buenaventura, en sentencia de 7 de julio de 2022, declaró la
unión marital de hecho y la sociedad patrimonial, para el
período comprendido entre el 7 de julio de 2013 y el 14 de
julio de 2020 (folios 469 y 470).
5. Se formularon sendos recursos de apelación, de un
lado, por Jhon Jairo, Yaneth y María Ligia Izquierdo Salgado,
para que se denegara la comunidad de activos declarada
(folios 23 a 26 del archivo digital 0007CuadernoApelacion-
Sentencia.pdf). Por el otro, María Ligia Salgado Izquierdo,
para que la unión convivencial se reconociera sólo desde el
año 2016 (folio 46 a 76). Y finalmente, por Luz Eneyda Pérez
Paz, para insistir en que el vínculo afectivo y patrimonial se
conformó desde 1982 (folios 29 a 43).
6. El ad quem, al resolver los recursos verticales,
determinó que la unión marital de hecho se configuró para el
período del 14 de julio de 2014 al 14 de julio de 2020, aunque
negó la existencia de la sociedad patrimonial (folios 162 a
185), por las razones que se sintetizarán más adelante.
7. El apoderado judicial de la demandante interpuso
recurso de casación (folio 201), el cual fue concedido por auto
del 19 de abril de 2023 (folios 207 a 209), admitido el 31 de
mayo siguiente (archivo digital 1AutoCasacin20210010701-
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admiterecurso.pdf), sustentado en su oportunidad (archivo
digital 0015Demanda.pdf) y asentido a estudio parcialmente
por auto AC2657-2023 (archivo digital 0021Auto.pdf).
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Fijó como problemas jurídicos a resolver «si ¿la
demandante Luz Eneida Pérez Paz acreditó haber sostenido
una comunidad de vida singular y permanente con el señor
Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.) durante el periodo
señalado en el libelo genitor? y de ser el caso, si ¿se configuró
una sociedad patrimonial de hecho entre los compañeros
permanentes, no obstante haber estado casado con otra
persona?».
2. En respuesta recordó que la unión marital de hecho
requiere, para su configuración, de la decisión libre de dos
(2) personas, la ausencia de vínculo matrimonial entre ellos
y la comunidad de vida permanente y singular, que denote
permanencia y univocidad.
Sobre la singularidad rememoró que la relación debe ser
exclusiva, como lo ha sostenido la Corte, pues compartir la
vida excluye que pueda hacerse «con más de una pareja», por
lo que no pueden existir «compromisos similares con terceras
personas», so pena de impedir «la configuración del
fenómeno».
3. De cara al caso concreto, advirtió que la apelación de
la demandante estaba llamada al fracaso, en tanto para la
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época reclamada para la unión marital de hecho el causante
sostenía otro vínculo con Luz Estella Montañez Casallas
(q.e.p.d.).
Aclaró que, si bien los testigos José Jaramillo, Agustín
Montealegre y Fanny Morera, aseguraron que la convivencia
con la promotora empezó en 1982, lo cierto es que no
resultan fiables, por cuanto no dieron cuenta de la razón de
su dicho y su contacto con la pareja fue esporádico.
En cuanto a las atestaciones de Yaneth y John Jairo
Izquierdo Salgado, afirmó que sólo dieron cuenta de que
pernoctaron algunas noches en la casa de la reclamante, sin
que de este hecho pudiera inferirse la existencia de una
unión marital de hecho.
Dudas que acrecentó por la ausencia de pruebas
documentales, «en contraposición a lo que se esperaría de una
relación o vida marital tan extensa como la que se invoca…
llegándose a aportar, apenas tres fotografías [las restantes
son de época reciente]».
Diferenció esta situación de lo acontecido con Luz
Estella Montañez Casallas (q.e.p.d.), por el abundante
material demostrativo de las esferas de vida que compartió
con el causante, durante al menos 30 años, en especial, los
registros fotográficos, los contratos de arrendamiento que
suscribieron como coarrendadores, el reconocimiento de la
unión libre en la escritura pública n.° 1235 de 2004 y la
certificación de afiliación a seguridad social. Hipótesis que se
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ratifica con las declaraciones de María Ligia Salgado
Izquierdo, Luz Esneda Rodríguez Cifuentes y Hoover Valencia
Ramírez.
4. Encontró que, ciertamente, existió un vínculo entre
Fernando Izquierdo y Luz Eneida Pérez, que se concretó con
posterioridad al deceso de Luz Estella Montañez (q.e.p.d.),
como lo relataron los testigos José Javier Jaramillo, Agustín
Montealegre Mendoza y Fanny Morera García, quienes
ubicaron el traslado de la vivienda de la demandante a la del
causante entre los años 2013 y 2014, ratificado por el hecho
cuarto del libelo principal.
«Con todo, la Sala de Decisión no encuentra viable
precisar como hito inicial el 7 de julio de 2013 –día siguiente
al fallecimiento de Luz Estella Montañez Casallas (q.e.p.d.)-,
pues ello implicaría tanto como reconocer que, en algún
periodo, existió pluralidad de uniones del mismo tipo, hipótesis
que ya fue descartada».
Coligió que, «como el causante pereció el 14 de julio de
2020 y, conforme a lo expuesto, los compañeros solo
convivieron durante seis años, emerge imperioso fijar como
baremo inicial de la unión marital de hecho bajo examen, la
fecha del 14 de julio de 2014».
5. Respecto de la conformación de la sociedad
patrimonial, manifestó distanciarse de la sentencia SC4027-
2021, por no constituir doctrina probable de la Sala, sino una
decisión aislada «que ni siquiera logró una posición
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mayoritaria uniforme… con cuatro de siete votos disidentes -
dos salvamentos y dos aclaraciones- sobre la temática
planteada». Además, por falta de similitud fáctica con el
presente litigio, en tanto allí se discutió una simulación, la
disolución de la sociedad conyugal y la legitimación del
demandante, mientras que aquí se cuestiona la existencia de
la comunidad de activos en el caso de esposos separados de
hecho. Por último, por existir reserva legal para gobernar las
causales de disolución de la sociedad conyugal.
6. Al final, analizó lo tocante a la oponibilidad del
matrimonio por haberse registrado hasta el 20 de octubre de
2020, para lo cual aseguró, como regla de principio, que la
falta de anotación conduce a la privación de efectos frente a
terceros, lo que admite excepciones, como cuando debe darse
prevalencia al principio de indivisibilidad, el asunto en
discusión no versa sobre el estado civil o por conducir a
efectos indeseables de cara al carácter constitutivo del estado
civil.
Estimó que el matrimonio entre Fernando Izquierdo y
María Ligia Salgado es oponible a Luz Eneida Pérez, por
cuanto (I) no es posible escindir los efectos del matrimonio
católico; (II) no puede admitirse la eventual coexistencia de
sociedades sobre los bienes del causante; (III) el proceso no
versa sobre el estado civil que se acusa inoponible; (IV) el acto
matrimonial modifica el estado civil, al margen de su
inscripción; y (V) la demandante era conocedora del
casamiento y la consecuente sociedad conyugal.
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7. Manifestó, al abrigo del artículo 2° de la ley 54 de
1990, que Fernando Izquierdo (q.e.p.d.) tenía sociedad
conyugal vigente con María Ligia Salgado, desde 1973, que
era oponible a la actora, lo que impide la conformación de
una sociedad patrimonial de hecho.
DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante planteó tres ataques: el primero por la vía
directa y los restantes por violación indirecta de la ley
sustancial.
Esta Sala, por auto AC2657-2023, inadmitió los finales,
al encontrar que desconocían las reglas técnicas para su
adecuada formulación. El magistrado ponente admitió el
cargo inicial, siendo procedente su resolución en este
momento, con la advertencia de que su alcance es parcial,
por cuanto únicamente cuestionó la interpretación y
aplicación de las normas que gobiernan la extinción de la
sociedad conyugal con el fin de viabilizar el reconocimiento
de la sociedad patrimonial, quedando incólumes las demás
materias, que incluyen la plataforma fáctica del litigio, en
particular, la conformación de la unión marital de hecho de
la pareja Izquierdo-Pérez y el interregno por el que se
extendió -14 de julio de 2014 a 14 de julio de 2020-.
CARGO PRIMERO
Alegó el desconocimiento de los cánones 167 y 1820 del
Código Civil, y 2 -literal b- de la Ley 54 de 1990, en punto a
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la disolución de la sociedad conyugal por la separación de
cuerpos de los cónyuges, en tanto la comunidad de activos
conformada entre Fernando Izquierdo y María Ligia Salgado
se disolvió por el alejamiento ocurrido en 1979, «por lo que la
presunción del artículo 1795 del Código Civil Colombiano,
[sólo] pudiera producir efectos hasta el año de 1979 y no como
se pretende con el fallo del Tribunal» (sic).
Cuestionó que se afirmara que la sociedad conyugal se
disolvió el 14 de julio de 2020, fecha de deceso del causante,
y no desde el momento de la separación de cuerpos, como
aflora del artículo 167 del estatuto civil, lo que condujo a
desconocer la Ley 54 de 1990, relativa a la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes.
Aseveró que la inaplicación del artículo 167 condujo a
un resultado injusto, al negar el acervo patrimonial para la
pareja Izquierdo-Pérez, sin que la justificación para
desatender los veredictos SC4027-2021 y SC5106-2021 sea
suficiente.
Manifestó que la separación de cuerpos extingue la
sociedad conyugal, según lo señalado por el órgano de cierre.
Además, «el tema de la coexistencia de las sociedades de
bienes venía avanzando para proteger los derechos de las
compañeras permanentes y permitía que el requisito para su
existencia de no tener impedimento para contraer matrimonio,
se estaba flexibilizando, pero la Magistrada retrajo, sin
argumentos válidos, el derecho de la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes y cercen[ó] los derechos de mi
prohijada».
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Reclamó que se resguarde la seguridad jurídica y se
proteja la sociedad patrimonial entre compañeros, «que
según la norma sustancial nació luego de la disolución de la
sociedad conyugal que se aclara en el mencionado artículo
167 del código civil colombiano, que expone los efectos de la
separación de cuerpos y que define que esta produce la
disolución de la sociedad conyugal, por lo que a partir de esa
disolución surtida en el año 1979 o antes entre el causante y
María Ligia Salgado, podía nacer como efecto, una sociedad
patrimonial con el permiso o complacencia del artículo 2° literal
B, de la ley 54 de 1990».
CONSIDERACIONES
1. De la prevalencia de la figura matrimonial al
actual reconocimiento de todas las formas de familia.
1.1. El reconocimiento de todas las formas familiares,
que es un punto común en el derecho actual, es el resultado
de un largo proceso, que ha estado mediado por cuestiones
biológicas, culturales, políticas y religiosas.
Se ha trasegado desde «un escenario de anomia
legislativa», caracterizado por una indiferencia sobre las
relaciones familiares, «hacia una regulación limitada a ciertos
temas económicos entre parientes consanguíneos y afines, que
con los años se expandió de acuerdo con la realidad social
para normar aspectos concernientes a los efectos civiles e,
incluso, reconocer novedosas formas de organización familiar
propias de la evolución social» (CSJ, SC1171-2022).
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De las formas arcaicas, basadas en el albur de la
naturaleza, se avanzó hacia las uniones informales, al inicio
plurales y, posteriormente, individuales, que con los siglos se
sustituyeron por las matrimoniales, hasta alcanzar, en
nuestros días, el reconocimiento general a que se ha hecho
referencia.
1.1.1. En efecto, en épocas remotas las relaciones entre
hombres y mujeres eran flexibles, informales y de hecho,
basadas en la satisfacción de necesidades sexuales; el
hombre formaba vínculos efímeros y dejaba en manos de la
mujer la supervivencia de los hijos.
Los recién llegados se integraban a clanes o grupos,
quienes proporcionaban seguridad y acompañamiento
colectivo, bajo la convicción recíproca de que al crecer se
integrarían a las actividades de manutención, caza o
protección.
En verdad, «hombres y mujeres se unían indistintamente
para satisfacer sus necesidades sexuales y de pertenencia,
sin que norma alguna existiera y les impidiera las uniones
sexuales indistintas, es por tanto la unión de hecho y no el
matrimonio, la primera forma de unidad sexual y familiar.
Normas de grupo regularon paulatinamente la unión y
constitución familiar»1.
1 VILLA GUARDIOLA, Vera Judith y HURTADO PEÑA, Arturo, Las uniones maritales
de hecho o concubinatos en la historia mundial. En Advocatus, Vol. 15, n.° 30,
Barranquilla, pág. 86.
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1.1.2. Con el paso de los siglos estas uniones ganaron
estabilidad, lo que permitió el reconocimiento de unos
deberes recíprocos entre los integrantes, basados en la
singularidad y el apoyo conjunto. Además, a partir de la
consanguinidad, se reconoció a los hijos como parte de la
prole, otorgándoles un estatus especial dentro de la
estructura familiar.
El análisis «de la historia primitiva nos revela un estado
de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus
mujeres la poliandria y en que, por consiguiente, los hijos de
unos y otros se consideran comunes. A su vez, ese mismo
estado de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que
se resuelve en la monogamia. Estas modificaciones son de tal
especie, que el círculo comprendido en la unión conyugal
común, y que era muy amplio en su origen, se estrecha poco a
poco hasta que, por último, ya no comprende sino la pareja
aislada que predomina hoy»2.
1.1.3. Estas uniones, monogámicas o cuasi-
monogámicas, fueron sustituidas por las matrimoniales, las
que se hicieron necesarias para fines de seguridad jurídica,
pues la formalidad o ritualidad permitía establecer con
precisión las personas que integraban el núcleo familiar.
Identificar con certeza a los descendientes, receptores
de los derechos económicos y títulos genealógicos de sus
padres, resultaba imperativo por cuestiones políticas y
2 ENGELS, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, Ed. MIA,
2017, pág. 7.
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sociales, tocantes a la transferencia de estatus nobiliarios y
la acumulación patrimonial intergeneracional.
El matrimonio pasó a ser una «práctica social» universal,
presente en todas las formas organizativas «cualquiera sea
nuestro trasfondo religioso en particular», al punto que sus
«límites y forma básica pueden ser discernidos por nuestra
razón humana común»3. De manera correlativa se impidió
que, por otras formas organizativas, pudieran alcanzarse
resultados similares a los del matrimonio, en garantía de la
certidumbre requerida en la sociedad.
Ejemplo de este cambio se encuentra en la sociedad
romana, que, si bien reconoció el «concubinato», para referirse
a la «unión de orden inferior más duradera, y que se distinguía
así de las relaciones pasajeras consideradas como ilícitas», lo
cierto es que «no producía ninguno de los efectos civiles unidos
a las justae nuptiae. Por eso la mujer no era elevada a la
condición social del marido… En cuanto a los hijos… son
cognados de la madre y de los parientes maternos, pero no
están sometidos a la autoridad del padre, y nacen sui juris»4.
1.1.4. Con el mayor peso de la religión hizo aparición el
matrimonio-sacramento. El vínculo civil, fundado en la
procreación y transmisión de derechos hereditarios hacia la
prole, coexiste con consideraciones religiosas, que
encuentran un designio divino en el hecho de casarse.
3 GIRGIS, Sherif y otros, ¿Qué es el matrimonio?. En Ius Humani, vol. 9, 2020.
4 PETIT, Eugéne, Tratado Elemental de Derecho Romano, Ed. Porrúa, 2007, México,
pág. 111.
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El acompañamiento de la deidad, no sólo otorgaba un
componente moral al casorio, sino que comportaba la
aceptación de cargas especiales, como la prohibición de
repudiación, la exclusividad, la adscripción de la
descendencia a la misma fe, el deber de sometimiento, la
indisolubilidad del vínculo, etcétera.
Las relaciones entre concubinos, dentro de este
entorno, fueron ignoradas. Sin duda, continuaron como
práctica social, pero se les negó cualquier eficacia y,
eventualmente, se proscribió su existencia, como se hizo en
los concilios de Nicea, Cartago y Trento, con la prohibición
expresa de que se establecieran relaciones fuera del
matrimonio.
1.1.5. Decía Napoleón: «los concubinos ignoran la ley, la
ley los ignora» (puisque les concubins se désintéressent de la
loi, la loi n’a qu’à se désintéresser d’eux). Esto explica que el
Código Civil Francés de 1804 regulara únicamente el
matrimonio civil, sin mencionar a las demás formas
familiares.
Así, a partir del artículo 143, se gobernó lo tocante a las
cualidades y requisitos para contraer matrimonio,
formalidades relativas a la celebración, oposiciones,
demandas de nulidad, obligaciones, deberes y derechos
respectivos de los cónyuges, disolución, segundas nupcias, y
divorcio. Ninguna regulación se incluyó sobre el concubinato.
Sobre el particular, señala la doctrina: «en el Código
Napoleónico no se consignó disposición alguna sobre las
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situaciones a que diera lugar el abarraganarse hombre y
mujer, como notando que, poniéndose los amancebados fuera
de ley, ésta no se interesaba por ellos o, por mejor decir, que
le ley civil no reconocía efectos civiles al vivir en este estado»5.
1.1.6. Este proceso histórico muestra cómo se gestó la
prevalencia del matrimonio sobre las demás formas de
organización familiar, en particular, sobre el concubinato.
Tendencia que comienza a revertirse con el progresivo
reconocimiento de los Derechos Humanos y la consagración
de la familia como la célula básica del entramado social.
Su principal promotor se encuentra en el artículo 16 DE
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10
de diciembre de 1948, que consagró a la familia como «el
elemento natural y fundamental de la sociedad»,
reconociendo como «derecho» la protección que debe ser
dispensada por «la sociedad y del Estado» (negrilla fuera de
texto).
El canon 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, reiteró que la familia
es «el elemento natural y fundamental de la sociedad»
(negrilla fuera de texto), que «tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado».
En coherencia, el precepto 10 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la misma
5 RODRÍGUEZ FONNEGRA, Jaime, La unión libre ante el Derecho Civil, Fragmentos y
Resúmenes, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1947, pág. 219 y 220.
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data, dispone que «[s]e debe conceder a la familia, que es el
elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para
su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo» (negrilla fuera de texto).
El artículo 17 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, remarcó
que «[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad», pero advirtió que la protección por parte de «la
sociedad y el Estado» es un deber.
El eje comienza a desplazarse, del matrimonio como
figura jurídica, a la familia como institución, lo que
necesariamente se tradujo en aceptar que puede emanar de
diversas fuentes, las cuales deben ser protegidas por el
ordenamiento jurídico en condiciones de igualdad.
Opera una evolución
…desde una concepción predominantemente social y
marcadamente institucional sobre la familia, hacia una mirada
preponderantemente enfocada en el sujeto individual que la
constituye y sus circunstancias afectivas. Esta evolución ha
dejado atrás una imagen institucionalizada de la familia, erigida
sobre la base del matrimonio, ordenada jerárquicamente y dirigida
a la consecución de fines propios de la comunidad familiar, siendo
éstos valorados y priorizados socialmente, sustituyéndola por una
concepción de base contractual, cuya tipología no es
necesariamente matrimonial, que tiende a la igualdad de sus
integrantes y que sitúa muchas veces en un lugar secundario los
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intereses familiares comunitarios, los que son sustituidos cuando
no alentados por la estructura social6.
La protección que ahora se dispensa a la familia no se
limita a una determinada forma, como en antaño se hizo,
sino que se admite una variedad de posibilidades (cfr. CSJ,
SC2505-2021).
Total, a partir del reconocimiento de la igualdad,
libertad individual y libre desarrollo de la personalidad como
derechos humanos, garantía de la dignidad humana que
subyace a la fórmula del estado social de derecho, se excluye
que la organización familiar deba responder a moldes
predeterminados so pena de desprotección.
Hoy se acepta que la familia tiene una naturaleza
dinámica, en respuesta de las necesidades concretas de sus
integrantes, que se materializa en expresiones diversas, que
se construyen en privado y, lentamente, trascienden hacia lo
público, las cuales son merecedores de reconocimiento y
protección, sin ningún tipo de prejuicio o discriminación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene
dicho: «la familia, sin establecer que sea un modelo
específico, es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la
sociedad y el Estado. Dada la importancia de ese derecho, la
Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a
6 DEL PICÓ RUBIO, Jorge, Evolución y actualidad de la concepción de familia. una
apreciación de la incidencia positiva de las tendencias dominantes a partir de la
reforma del derecho matrimonial chileno. En Ius et Praxis, vol.17, n.° 1, Talca, 2011.
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favorecer el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar» (Caso
Tabares Toro y otros vs. Colombia, sentencia 23 de mayo de
2023, pág. 32).
El concubinato se redimensiona, para fines jurídicos,
como una de las formas de familia que debe ser reconocida
y, por tanto, protegida por el Estado y la sociedad, aunque
intitulada como unión de hecho, unión concubinaria, unión
marital de hecho, entre otras. Se abandona el anonimato y/o
proscripción a la que fue sometida, para aceptarla y
salvaguardarla, en atención a sus particularidades.
1.2. Nuestro país se inserta dentro de esta evolución.
En efecto, en el Código Civil únicamente se dio cabida al
matrimonio como forma de constitución familiar, con
algunas pocas prescripciones sobre familias
extramatrimoniales, sometiéndolas, en todo caso, a una
desigualdad estructural.
Empero, la evolución legislativa aceptó ciertos derechos
en favor de los concubinos, incluso la conformación de un
fondo de activos con ocasión de la convivencia. Sin embargo,
fue en desarrollo del cambio constitucional de 1991, que
aceptó todas las formas de familias, que se reconocieron
como tipologías constitutivas del estado civil.
1.2.1. Hasta finales del siglo pasado, el Estado
únicamente reguló los efectos personales y económicos de las
familias constituidas bajo el matrimonio, con hermético
silencio frente a las establecidas con prescindencia de ese
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rito, las que se dejaron por fuera del ordenamiento legal y
estaban, por lo tanto, desprovistas de tutela jurídica.
Visto el matrimonio como un «contrato solemne», entre
«un hombre y una mujer», para vivir juntos, procrear y
auxiliarse mutuamente (artículo 113 del Código Civil).
El concubinato sólo fue mencionado para gobernar lo
relativo a los descendientes naturales, en el sentido de que
«[l]os hijos de la concubina de un hombre serán tenidos como
hijos de éste, a menos que compruebe que durante el tiempo
en que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado
para tener acceso a la mujer» (artículo 328 original),
entendiéndose por concubina a la «mujer que vive
públicamente con [el hombre], como si fueran casados, siempre
que uno y otro sean solteros o viudos» (artículo 329 original).
La primacía del matrimonio se hizo palpable puesto
que: (I) fue reconocido como única institución generadora de
familia; (II) el concubinato sólo era posible en tanto los
integrantes de la pareja fueran solteros o viudos; y (III) el
concubinato sólo servía para reconocer como hijo natural a
la prole común.
1.2.2. Esa situación era perturbadora, pues era
conocido que muchas parejas convivían -sin matrimonio- en
forma singular y duradera, a tal punto que forjaban un hogar
estable y permanente en el que tenían descendencia y
adquirían distintos bienes con el esfuerzo común, sin ningún
tipo de reglamentación ni protección.
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Tal panorama se agudizaba al tener en cuenta que, en
muchos casos, las familias naturales estaban determinadas
por estereotipos de género que reproducían asimetría entre
sus integrantes y discriminaban generalmente a la mujer, lo
cual propiciaba que los haberes conseguidos durante la
convivencia fueran radicados en cabeza del hombre, de modo
que, al concluir la unión familiar, aquélla usualmente
quedaba desprovista de activos y carente de acciones para
reclamar una justa distribución.
En respuesta, a partir del fallo de 30 de noviembre de
1935 (SC 30 nov. 1935, G.J. XLII, pág. 479 y siguientes), esta
Corte dio cabida a las sociedades de hecho entre concubinos,
con el fin de permitir a la pareja que ha contribuido en un
proyecto conjunto con trabajo, esfuerzo y dedicación, que
participe en los resultados de esta empresa, aunque
condicionado a la demostración de los elementos del contrato
de sociedad.
Sobre el punto, son ilustradoras las palabras de esta
Sala:
[M]ás allá del carácter sentimental o de la simple comunidad
marital en la relación de pareja, cuando sus componentes exponen
su consentimiento expreso o, ya tácito o “implícito”, derivado de
hechos o actos inequívocos, con el propósito de obtener utilidades
y enjugar las pérdidas que llegaren a sufrir y, además, hacen
aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho.
De consiguiente, en muchas hipótesis, puede existir al margen del
matrimonio o de la vigente unión marital de hecho prevista en la
Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o
patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil, pudiendo
coexistir ésta última con la sociedad conyugal, o con la sociedad
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patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y
autonomía jurídica. Todo ello, de la misma manera cómo puede
existir la sociedad conyugal, y adlátere, en forma simultánea, una
sociedad mercantil regular integrada por los cónyuges o por uno
de estos con terceros… (SC8225-2016).
De esta forma se abrió una posibilidad, que se mantiene
hasta ahora, para que la parte más frágil de la relación
familiar pueda participar de los activos adquiridos durante la
convivencia, aunque con las restricciones propias del
contrato de sociedad.
1.2.3. No obstante, ante las evidentes inequidades
provocadas por la anomia regulatoria, el legislador se vio
forzado a reconocerle, de forma progresiva, efectos a los
concubinatos en materias precisas.
Efectivamente, con la Ley 90 de 1946 se reconoció a la
mujer supérstite, cuyo compañero haya fallecido por
accidente o enfermedad profesional, el derecho a recibir una
pensión, aunque no estén casados entre sí, siempre que
hubieran tenido vida marital durante los tres años
inmediatamente anteriores y «ambos hubieren permanecido
solteros durante el concubinato» (artículo 52).
El Decreto 2623 de 1950 permitió que la mujer, inscrita
como compañera en el entonces Instituto de Seguros Sociales,
pudiera disfrutar del seguro por riesgos profesionales en caso
de fallecimiento de su compañero, siempre que éste carezca
de viuda.
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Con el Decreto 1848 de 1969 se reconocieron derechos
a los compañeros permanentes, únicamente para fines del
auxilio de maternidad (artículo 33).
La Ley 12 de 1975 equiparó a la cónyuge sobreviviente
y a la compañera permanente, para disfrutar de la pensión
de jubilación, en caso de fallecimiento de la pareja
sentimental (artículo 1).
1.2.4. Años más tarde, y después de un largo proceso
legislativo, la Ley 54 de 1990 dio «un nuevo status a esas
relaciones que optaron por conformar familia fuera del
estamento matrimonial, permitiendo que con ocasión de esa
unión marital igualmente se constituyera una sociedad
patrimonial, con lo cual se procuró poner fin a las situaciones
inequitativas que en este campo se presentaban» (CSJ,
SC1413-2022).
En desarrollo, consagró que, «para todos los efectos
civiles», la unión marital de hecho es la «formada entre un
hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una
comunidad de vida permanente y singular» (artículo 1°).
También previó que una vez formada la unión marital
se presume la sociedad patrimonial entre los compañeros,
siempre que haya una convivencia mínima de dos (2) años y
que no haya impedimento para contraer matrimonio; de
existir impedimento, es menester que «la sociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y
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liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se
inició la unión marital de hecho» (artículo 2° original).
Se trata de un derecho patrimonial, por cuya fuerza se
participa, en partes iguales (artículo 3), de todos los activos
adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial, salvo «los
bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni
los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital
de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, frutos o mayor
valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de
hecho» (parágrafo ídem).
Derechos económicos que, valga la pena señalarlo por
su importancia para el presente caso, quedaron
subordinados a los que emanan del matrimonio, en tanto, de
existir sociedad conyugal previa en cabeza de cualquiera de
los compañeros, se impide la conformación de la sociedad
patrimonial de hecho.
En la práctica, la finalidad de esta directriz es evitar que
la sociedad conyugal coexista con la patrimonial, de allí que
se exija que aquella se disuelva antes de la conformación de
esta. Con esto se evitan confusiones patrimoniales, amén de
la vocación universal de ambos fondos.
1.2.5. La Constitución Política de 1991 reconoció de
forma expresa la familia como una institución,
consagrándose como el «núcleo fundamental de la sociedad»
que puede emanar de «vínculos naturales o jurídicos», fruto de
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la «decisión libre… de contraer matrimonio» o «por la voluntad
responsable de conformarla».
Significa que la organización social es considerada
como el resultado de la conjunción de diversas formas
organizativas, siendo la más primaria la familia, encargada
de acoger a los individuos y brindarles afectividad,
formación, acompañamiento y alegría, la cual puede emanar
de un acto de voluntad o de un hecho material al que se le
reconocen efectos jurídicos.
Familia entendida como «aquella comunidad de
personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o
jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos»
(C.C. C-577-11). Y a la cual se reconoce un «carácter
diverso… sin hacer ninguna distinción», en tanto «el concepto
de familia se ha ampliado de manera progresiva» (C.C. SU-
696-15).
Esta Corporación ha dicho: «La familia constituye el
elemento de cohesión y equilibrio social entre el individuo y el
Estado, al punto de ser entendida, desde una perspectiva
sociológica, como una agrupación relativamente permanente
de personas emparentadas entre sí a través de vínculos
naturales o jurídicos, cuya existencia se basa en el amor, el
respeto y la solidaridad que se proyectan sus
integrantes, además de ser caracterizada por la unidad
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de vida o de destino que liga a sus miembros más
próximos» (negrilla fuera de texto, SC498-2024).
De esta forma se socavó definitivamente la idea de que
la familia sólo puede emanar del matrimonio, pues, ante el
reconocimiento de todas las formas, debe darse cabida a
cualquiera, bien se origine en la voluntad o en el mero
comportamiento de los interesados.
La Sala, refiriéndose a esta nueva realidad, asintió: «la
familia surge, entre otros, por el matrimonio, la unión marital
de hecho o la adopción. Sin embargo, al establecerse la
constitución de la familia por la voluntad responsable, esto
conlleva a que a este concepto se llegue por caminos
diferentes, distintos, y no simplemente a partir del vínculo
entre un hombre y una mujer» (SC009-2024).
1.2.6. El cambio constitucional origina nuevas
preguntas, por ejemplo, si se borraron todas las distinciones
entre el matrimonio y la unión marital de hecho, de suerte
que su regulación tenga que ser unitaria o, por lo menos,
equivalente.
La Corte Constitucional respondió en los siguientes
términos:
El artículo 42 de la Constitución Política reconoce y tutela los
distintos arreglos familiares en un plano de igualdad,
estableciendo que, como núcleo fundamental de la organización
social, el Estado y la sociedad garantizan su protección, y que ésta
se constituye por vínculos naturales o jurídicos “por la decisión
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libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”.
Así, pues, tanto el matrimonio como las uniones maritales de hecho
son arreglos familiares válidos, y el ordenamiento jurídico debe
brindarles protección jurídica en condiciones de igualdad, sin que
ello implique una simbiosis de los dos modelos, pues el
reconocimiento de derechos y deberes a la voluntad
responsable de conformar familia no significa que el
legislador se encuentre obligado constitucionalmente a
equiparar integralmente las dos instituciones, sino que, por
el contrario, debe proteger a cada una en condiciones de igualdad,
en función de sus particularidades y especificidades…
El punto de partida y la directriz general para evaluar las
diferenciaciones normativas es el reconocimiento de tales
estructuras familiares como arreglos legítimos y válidos, y el
mandato de su protección en condiciones de igualdad. Esta
igualdad, empero, no implica necesariamente un “igualitarismo”,
esto es, una asimilación o una equiparación absoluta del
matrimonio y las uniones maritales de hecho, sino una obligación
estatal de protección en función de las particularidades y
especificidades de cada una de estas.
A partir de esta pauta general, la Corte Constitucional ha fijado
dos tipos de criterios para evaluar la validez de las
diferenciaciones legales entre ambas instituciones. Por un lado,
existen algunos escenarios en los que, por la naturaleza misma de
la unión marital, se justifica o incluso se hace indispensable
establecer unos parámetros distintos de los existentes para el
matrimonio, con el propósito, o bien de salvaguardar la
informalidad, la flexibilidad y la libertad inherente a esta
institución, o bien de proteger los intereses de los propios
compañeros permanentes o de los sistemas de provisión de bienes
y servicios estructurados en función de los vínculos familiares,
frente a aquellas relaciones efímeras y pasajeras que no gozan de
la estabilidad y de la solidez propia de las relaciones familiares.
En estos contextos, la Corte ha concluido que el establecimiento de
un régimen especial y diferenciado puede justificarse, o que
incluso puede resultar imperativo. Por otro, la circunstancia de que
las parejas opten por hacer una vida en común y por conformar un
nuevo hogar a partir de la solidaridad mutua y del cuidado y
apoyo recíproco, obliga a establecer un sistema integral que
garantice el equilibrio de cargas y beneficios entre los miembros
que integran la pareja, y a reconocer este núcleo como una familia
para todos los efectos legales. Por tal motivo, el ordenamiento
jurídico debe contar con un esquema integral de protección para
este arreglo familiar y para sus integrantes, semejante o
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equivalente al que existe para el matrimonio (negrilla fuera de
texto, C-456-20).
1.2.7. En el escenario descrito, el desbalance
establecido con la Ley 54 de 1990, al privilegiar la sociedad
conyugal sobre patrimonial, ¿encuentra respaldo en la Carta
Fundamental?
La Corte Constitucional absolvió este cuestionamiento
en los siguientes términos:
a) La finalidad que persigue la medida acusada es legítima a la
luz de la Constitución: La exigencia de disolver la sociedad
conyugal anterior que tiene vigente el compañero permanente con
impedimento legal para contraer matrimonio, como uno de los
hechos indicadores de la presunción de sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, tiene por finalidad evitar la coexistencia
de sociedades universales de gananciales que se puedan
yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio
mismo. La Sala considera que dicha finalidad expuesta por el
legislador al establecer esta medida, desarrolla el valor
constitucional del orden justo y la propiedad privada de los bienes
establecidos en cabeza de la sociedad conyugal ya empezada.
Solo hasta su finalización mediante la disolución, es posible
presumir y reconocer judicialmente la sociedad patrimonial entre
los compañeros permanentes…
b) La medida de disolver la sociedad conyugal anterior como uno
de los hechos básicos para que opere la presunción de sociedad
patrimonial, es necesaria: la Corte considera que no existe otra
medida igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento de la
finalidad de evitar la coexistencia y confusión de patrimonios de
las sociedades universales de gananciales, y de esa forma
fundamentar el orden justo constitucional.
… la Sala estima necesario precisar que la separación de cuerpos
obra por dos vías: la judicial, que disuelve la sociedad conyugal
sin afectar el vínculo principal que es el matrimonio, caso en el cual
la medida analizada no tendría problemas porque el hecho básico
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de la presunción estaría acreditado; y la de hecho, que NO disuelve
la sociedad conyugal y que pasados dos años sin convivencia de
los cónyuges, constituye una de las causales objetivas para
solicitar el divorcio. De lo anterior se desprende que, contrario a lo
afirmado por el actor, la separación de cuerpos de hecho no sirve
para cumplir la finalidad de orden justo pluricitada, ya que en la
mayoría de los casos no existe un límite temporal claro que permita
establecer con seguridad cuándo se presentó la separación de
cuerpos de hecho….
c) La medida de disolver la sociedad conyugal anterior como uno
de los hechos básicos para que opere la presunción de sociedad
patrimonial, es proporcionada en sentido estricto: la Sala
evidencia que esta medida legislativa si bien impediría aplicar la
presunción de sociedad patrimonial y su reconocimiento judicial,
no es menos cierto que el patrimonio común adquirido por los
compañeros permanentes se puede reclamar solicitando la
declaración, disolución y liquidación de una sociedad de hecho.
Significa lo anterior que existe otro medio judicial a través del cual
el Estado protege el patrimonio de las familias naturales,
independientemente del nombre que reciba la figura jurídica, con
lo cual se garantiza el derecho de acceso a la administración de
justicia… (C-193-16)
1.2.8. En el presente caso, el casacionista propone una
materia que, siendo conexa a las explicadas, ha captado la
atención recientemente en las decisiones judiciales, por las
injusticias que han sido desveladas por la realidad.
En concreto, se propugna por una nueva hermenéutica
sobre los efectos de la separación de hecho de los cónyuges,
cuando se ha mantenido por un largo interregno, en punto a
la subsistencia de la sociedad conyugal y la superación del
impedimento para formar sociedad patrimonial de hecho, en
los casos en que con posterioridad los cónyuges conformen
una unión marital de hecho con terceros.
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Este asunto requiere evaluar cuáles son los límites de
la primacía de la sociedad conyugal sobre la patrimonial de
hecho, como lo indica el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, a
partir de las nuevas directrices constitucionales, en
particular la justicia, el orden social justo y la igualdad.
Y es que, si bien la literalidad de los cánones 167 y 1820
del Código Civil puede arrojar una conclusión, lo cierto es
que no sucede lo mismo al pasarlos para el tamiz de los
cambios sociales y jurídicos que provocaron el
reconocimiento de todas las formas de familia. Máxime por
cuanto la Corporación, aunque no de forma pacífica, ha
avanzado en una nueva hermenéutica, como se advierte en
las sentencias SC4027-2021 y SC2429-2024.
De entrada, y como condición necesaria para permitir el
estudio de esta materia, debe precisarse que lo señalado por
la Corte Constitucional en las sentencias C-746-2011 y C-
193-16, en el sentido de que la separación de hecho «no lleva
a la disolución de dicha sociedad [se refiere a la conyugal]» y
«NO disuelve la sociedad conyugal», en su orden, no es una
respuesta al problema jurídico planteado.
Por un lado, en tanto estas frases no pasaron de ser una
afirmación, fundadas en la letra de los textos legales, sin
someterla al cedazo constitucional, pues sobre estos
artículos no se alzó ningún reproche que habilitara la
revisión de su conformidad con la Carta Fundamental. De
esta forma, se descarta una cosa juzgada constitucional.
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Por otra parte, en el primer caso, fue una locución
suelta -obiter dicta-, sin conexión con los demás
razonamientos del proveído. En el segundo fue parte de un
sub-argumento esgrimido para sostener la exequibilidad
parcial del literal b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, sin
integrar la ratio decidendi del fallo, de allí que no puede
atribuírsele un carácter imperativo.
Y, por último, debe resaltarse que la manifestación del
órgano de cierre constitucional se hizo de forma genérica, sin
evaluar las situaciones que pueden darse alrededor de la
misma, que sin duda pueden tener injerencia en su
interpretación y armonía con la nueva carta de navegación.
Ante la inexistencia de un pronunciamiento de
constitucionalidad sobre los efectos de una elongada
separación de hecho de los cónyuges, de cara al
reconocimiento y protección de todas las formas de familia,
entre ellas, la unión marital de hecho, se hace necesario que
esta Corte siente una postura que guíe la labor de toda la
jurisdicción.
2. La separación de hecho y el vínculo matrimonial
en la legislación nacional.
2.1. El matrimonio fue concebido, en la versión original
del Código Civil, como un vínculo indisoluble, que sólo podía
finiquitarse por muerte de alguno de los consortes o por
nulidad.
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El divorcio fue previsto, pero no como forma de
disolución matrimonial, sino para «suspende[r] la vida común
de los casados» (artículo 153 original), en los casos de
adulterio de la mujer, amancebamiento del marido,
embriaguez habitual, absoluto abandono de los deberes
conyugales y los ultrajes o maltratos de obra (artículo 154
original).
Aceptado el principio de indisolubilidad, «en casos
determinados en que la convivencia conyugal no era ya
tolerable, admitió la separación personal (llamada separatio
imperfecta o divortium semiplenum), la cual, mientras deja
intacto el vínculo matrimonial…, hace cesar, por el contrario,
la obligación de la comunidad de la vida conyugal»7.
Explica la doctrina especializada: «El divorcio se refiere
a dos cosas bien diversas: a la disolución del vínculo
matrimonial -quo ad vinculum- y a la separación de los
cónyuges dejando subsistente el vínculo -quo ad thorum-. La
ley francesa autoriza ambas cosas. Nuestro Código sólo la
segunda en atención a que cuando se hace imposible la vida
común de los casados, bien por graves fallas del uno, o porque
la existencia del otro esté en peligro, no queda más remedio
que decretar la separación para evitar mayores males»8.
Entre sus consecuencias se encontraba que los hijos
quedaran bajo el cuidado de la madre (artículos 160 y 161
7 GANGI, Calogero, Derecho Matrimonial, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 231
8 VÉLEZ, Fernando, Estudio sobre el Derecho Civil colombiano, Tomo I, 2ª ed.,
Imprenta París-América, París, pág. 133.
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originales), la restitución de los bienes aportados por la mujer
(artículo 163 original), el derecho a gananciales (ejusdem) y
la disolución de la sociedad conyugal (artículo 1820 original),
sin perjuicio de las excepciones reconocidas según las
circunstancias.
La separación de bienes fue habilitada «en virtud de
decreto judicial o por disposición de la ley» (artículo 197), lo
que resultaba procedente «en el caso de insolvencia o
administración fraudulenta del marido» (artículo 200
original), caso en el cual «se entregará a la mujer los [bienes]
suyos, y en cuanto a la división de los gananciales se seguirán
las mismas reglas que en el caso de la disolución del
matrimonio» (artículo 203 original).
El artículo 2° de la Ley 8 de 1922 adicionó, a las
causales de separación de bienes, «las que autorizan el
divorcio por hechos imputables al marido de acuerdo con el
artículo 154 del Código Civil, y la disipación y el juego habitual
de que trata el artículo 534 del mismo Código».
Explicó la Corte, refiriéndose a estas figuras, que el
Código Civil organizó «la simple separación de bienes en
beneficio de la mujer, por los motivos señalados su art. 200 a
que se agrega el del art. 1818 ibídem» y los del «art. 20 de la
Ley 8a. de 1922», mientras que «el llamado divorcio de la
legislación colombiana es el de la mera separación de cuerpos,
sin ruptura del vínculo» (SC, 28 de noviembre de 1979, G.J.
n.° 2318-2319 y 2320, pág. 186).
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2.2. Con la Ley 1ª de 1976 se fracturó la idea de la
perpetuidad del matrimonio, claro está, únicamente para los
civiles, por oposición de los religiosos, pues se permitió que
pudiera disolverse «por la muerte real o presunta de uno de
los cónyuges o por divorcio judicialmente declarado»
(negrilla fuera de texto, artículo 1).
Divorcio que va más allá de la cesación de la vida
común, como aseguraba el Código Civil, pues ahora permite
la extinción del vínculo matrimonial. Explica la exposición de
motivos de esta ley que «el divorcio al que se refiere este
proyecto es el denominado divorcio-sanción, por cuanto se
considera que el divorcio-remedio, no es conveniente
estatuirlo, en consideración de la realidad colombiana»9.
Sanción que se expresa en que las causales «están
inspiradas en el principio de culpabilidad, según el cual se
exige la conducta intencionada para perturbar la vida común,
y se apoya en la serie de actos o circunstancias estimados por
el legislador contrarios al derecho conyugal, que deben darse
en la persona del cónyuge culpable para que constituya
infracción jurídica» (CSJ, SC, 4 de junio de 1977).
Finiquitado el matrimonio es natural que también lo
haga la sociedad conyugal, pues, por su naturaleza
accesoria, sólo puede existir en cuanto aquél también perviva
(artículo 10).
9 Anales del Congreso, año XVIII, n.° 48, Imprenta Nacional, 11 de septiembre de
1975, pág. 733.
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Por otra parte, la Ley 1ª de 1976 también consagró la
«separación de cuerpos», aplicable al «matrimonio civil» y al
«canónico» (SC, 24 de julio de 1978), entre otros motivos, «por
mutuo consentimiento de los cónyuges manifestado ante el
juez competente» (artículo 15), con la finalidad de suspender
«la vida en común de los casados», para que de allí en
adelante los consortes no estén «obligados a cohabitar, pues
durante el estado de separación se suspende el derecho
recíproco a la disposición de sus cuerpos, potestad que
emana no sólo del hecho de estar casado, sino de la obligación
de vivir juntos» (negrilla fuera de texto, CSJ, SC, 8 de julio de
1977, G.J. n.° 2396, pág. 164).
En este evento, «[l]os cónyuges al expresar su mutuo
consentimiento en la separación indicarán el estado en que
queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o
temporal y en este caso la duración de la misma, que no puede
exceder de un año» (artículo 16). Si no hay convención, la
comunidad de activos se extingue, «salvo que fundándose en
el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal,
ellos manifiesten su voluntad de mantenerla» (artículo 25).
Por último, en caso de que la separación perdure por
«más de dos años», se configuraría una causal de divorcio
(artículo 4).
Esta ley, en suma, (I) permitió la extinción del
matrimonio civil por las causales expresamente señaladas
por el legislador; (II) consagró que los consortes pueden hacer
cesar su vida común por su propia decisión; (III) señaló que
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la separación de cuerpos, salvo estipulación en contrario,
extingue la sociedad conyugal; y (IV) dispuso que la
separación que se extiende por más de dos (2) años configura
una causal de divorcio.
2.3. La Ley 25 de 1992, por la cual se desarrollan los
incisos 9, 10, 11,12 y 13 del artículo 42 de la Constitución
Política, comportó grandes cambios en el derecho de familia,
pues reconoció los matrimonios religiosos con independencia
del credo e impuso la extinción de sus efectos civiles por
fuerza del divorcio.
En cuanto interesa al sub examine, le otorgó
consecuencias a la separación de hecho de los cónyuges,
hasta entonces ignorada, al consagrarla como causal de
divorcio, siempre que haya perdurado por un período de dos
años o más (artículo 6).
En la exposición de motivos de esta norma se lee:
La causal octava del artículo 4° de la Ley 1ª de 1976 dice que da
lugar al divorcio ‘la separación de cuerpos decretada judicialmente
que perdure más de dos años’. Es una causal que nuestro proyecto
busca mantener, por las mismas razones expuestas por el
legislador del año 1976.
Pero la adicionamos con esta otra: ‘la separación de cuerpos de
hecho que perdura más de cuatro (4) años.
Las razones, las mismas de las causas anteriormente
mencionadas: Cuando una relación conyugal se rompe y ese
rompimiento se mantiene por varios años, concretamente por más
de cuatro (4), no hay razón para forzar al mantenimiento de un
vínculo materialmente inexistente.
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Cuatro años son más que suficientes para continuar esperando al
restablecimiento de la unidad de vida de los casados. Además, la
separación de hecho es la más numerosa en la realidad
colombiana, sobre todo en los sectores medio y bajo y se hace
necesario proveer legalmente a estos casos10.
Dicho de otra manera, cuando los cónyuges, de forma
expresa o tácita, deciden romper la cohabitación sin acudir
al juez, es posible que, de mantenerse esta situación en el
tiempo, acudan al divorcio para finalizar el matrimonio.
No se configura la causal tratándose de alejamientos
temporales o del establecimiento de residencias diferentes
por razones médicas, laborales, profesionales, académicas o
cualesquiera otra, sino que debe existir una ruptura de la
comunidad de vida, que se expresa en la fijación de
domicilios disímiles, extinguiendo el techo, mesa y lecho
comunes. Resumidamente, debe ser un abandono, expresa o
tácitamente consentido, del deber de cohabitación.
2.4. La Ley 25 de 1992, al viabilizar el divorcio por la
separación de hecho, buscó dar respuesta a una necesidad
social, causada por la indisolubilidad del matrimonio
religioso, así como los costos asociados a la separación
judicial de cuerpos, que condujeron a que en el país
proliferaran los denominados concubinatos simple y doble,
esto es, las uniones convivenciales donde uno o ambos
integrantes, respectivamente, tenían matrimonios previos no
disueltos.
10 Anales del Congreso, año XXXV, n.° 57, Imprenta Nacional, 30 de abril de 1992,
pág. 6.
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Estas modalidades se encontraban en «una relativa
aceptación social…, debido a que en un alto porcentaje
desearían legalizar la situación anterior para formalizar su
nueva unión mediante el matrimonio. Sin embargo, en la
mayoría de los casos no se presenta la legitimación debido a
la rigidez normativa, los altos costos y los trámites engorrosos
para regular la situación legal. Se observa pues claramente
cómo un matrimonio que fracasa genera hoy esta modalidad
hasta hace dos décadas inexistente»11.
2.4.1. No obstante, y a pesar de la bondad de la medida,
el legislador abordó el problema desde una sola de las aristas,
huelga resaltarlo, el divorcio para acabar el casamiento, sin
advertir sus implicaciones en los campos personal y
patrimonial.
Total, cuando los desposados se alejan entre sí, es obvio
que faltarán a las cargas que emanan de la vida conjunta,
tales como la convivencia y el débito conyugal. Asimismo,
como «la comunidad [de bienes] presupone necesariamente la
comunidad de vida de los cónyuges», se tiene que la
«comunidad de bienes… se disuelve por efecto de la
separación»12.
El legislador nada dijo sobre estos efectos, lo que
constituye un vacío regulatorio, que hasta tanto haya una
intervención legislativa para su solución, debe ser solventado
por los jueces.
11 ECHEVERRI DE FERRUFINO, Ligia, La familia de hecho en Colombia, Constitución,
características y consecuencias socio-jurídicas, Tercer Mundo, 1987, pág. 59.
12 GANGI, Calogero, op. cit., pág. 235.
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Omisión que resulta inescrutable, pues bastaba que el
legislador de 1992 revisara el contenido y alcance de la
separación judicial de cuerpos, incorporada con la Ley 1ª de
1976, para advertir que la cesación de la cohabitación,
además de dar paso al divorcio, tiene consecuencias sobre la
vida y bienes de los cónyuges, como ya se explayó
previamente.
2.4.2. De esta forma se suscitó, inconscientemente,
una asimetría regulatoria entre las dos modalidades de
separación, por cuanto, mientras que la judicial exime de la
cohabitación a los consortes, disuelve la comunidad de
gananciales y habilita el divorcio después de dos años, la de
hecho sólo da lugar a esta última consecuencia.
Situación agravada por la falta de explicación o
justificación sobre esta diferenciación, en tanto la exposición
de motivos de la Ley 25 de 1992 guardó silencio sobre la
temática.
Así queda en evidencia que se configuró una omisión
legislativa en cuanto a la separación de hecho de los
cónyuges, pues, a pesar de ser reconocida para permitir la
conclusión del matrimonio, no se gobernaron de forma
integral sus efectos, como sí se hizo en el pasado para la
separación judicial de cuerpos.
2.5. La laguna antes advertida adquirió mayor
relevancia con el avance progresivo en el reconocimiento de
los derechos patrimoniales de los compañeros permanentes,
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en tanto la continuidad de la sociedad conyugal, a pesar de
la separación de hecho de los esposos, impedía la
conformación de la sociedad patrimonial.
Con los años, no sólo muchos compañeros
sentimentales vieron truncada la posibilidad de recibir una
participación equitativa sobre los bienes que ayudaron a
conseguir, aunque formalmente estaban en cabeza de su
pareja, sino que adicionalmente aparecieron los casos en que
cónyuges, extraños al proyecto de vida de su consorte por
haberse alejado años atrás, aparecieron sorpresivamente
para pretender la mitad de los activos que no ayudaron a
construir.
Como consecuencia, el compañero o compañera
permanente fueron privados de los bienes comunes,
afectando su patrimonio y los futuros ingresos, los cuales se
ven socavados por la invocación de un matrimonio huero,
que no es más que un cascarón sin sustrato o contenido
alguno, que se funda en la mera formalidad de que la
sociedad conyugal se mantiene a pesar de que no exista
comunidad de vida real entre los consortes.
Y no se diga que este efecto emana de la propia torpeza
de la persona afectada, pues no es dable asegurar, sin
incurrir en la falacia de conclusión desmesurada, que todos
los compañeros permanentes conocen el estado civil y
condiciones patrimoniales de sus parejas.
No en vano se asegura que «[l]a separación de hecho da
a los cónyuges la apariencia de solteros. Esa apariencia es
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capaz de engañar a terceros»13. Por tanto, nada se opone a
que los compañeros sentimentales creen en su pareja la
apariencia de soltería y, bajo este manto, emprendan una
vida conjunta. Además, por convicciones morales o
ignorancia, es posible que los partícipes establezcan un
proyecto familiar sin cuestionar o indagar sobre las
relaciones previas de su homólogo, o que, por engaño o
inducción al error, se haga creer que no existen matrimonios
previos o, por lo menos, que la situación patrimonial con el
cónyuge fue resuelta.
En estos escenarios, el compañero o compañera que
forme una relación estable con una persona que considera
soltera, que finalmente resulta casada, no puede ser
castigada con la pérdida de sus derechos económicos sobre
la unión marital de hecho soportada en el principio de que
nadie puede invocar su incuria en su favor.
Incluso, aunque en gracia de discusión se acepte que
los compañeros deben conocer el estado civil y jurídico de su
pareja, lo cierto es que se encuentran desprovistos de una
acción para garantizar su derecho patrimonial, pues carecen
de mecanismos para obtener la disolución de la sociedad
conyugal y, por ende, viabilizar su comunidad de bienes.
En efecto, según el canon 157 del Código Civil, «[e]n el
juicio de divorcio son partes únicamente los cónyuges», por lo
13 MAZEAUD, Henri y MAZEAUD, Jean, Lecciones de derecho civil, La familia,
organización de la familia, disolución y disgregación de la familia, Parte Primera,
Volumen IV, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1976, pág. 568.
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que el compañero o compañera permanente carece de
legitimación, lo que descarta incuria o negligencia.
Recuérdese que es un principio general del derecho que
«nadie está obligado a lo imposible» (cfr. SC2850-2022,
SC5755-2014 y SC, 5 de julio de 2007, rad. n.° 1989-09134-
01).
2.6. La jurisprudencia respondió a esta iniquidad
echando mano, como lo hizo cien años atrás, de la sociedad
civil de hecho, con la precisión de que «‘no puede exigirse, en
forma tan radical, para [su] reconocimiento… que la conjunción
de aportes comunes, participación en las pérdidas y
ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la
unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear,
prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por el
contrario en uniones concubinarias con las particularidades
de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la
relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus
propósitos económicos pueden estar inmersos en esa
comunidad de vida (…)’ (cas. civ. sentencia de 27 de junio de
2005, exp. 7188)» (SC, 24 feb. 2011, rad. n.° 2002-00084-01).
Empero, esta solución no resulta satisfactoria, porque
(I) obliga a la parte afectada a la demostración de elementos
que no son propios a la vida de pareja, (II) no garantiza un
resultado equitativo en la distribución y, (III) eventualmente,
somete a los compañeros a la disolución y liquidación forzosa
de su comunidad de activos.
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Frente al primero de los puntos basta traer a la memoria
que, para la declaración judicial de la sociedad de hecho
concubinaria, deben demostrarse los ingredientes específicos
del contrato de sociedad, como son los aportes, el ánimo de
asociarse, el desarrollo de un objeto social y el reparto de
utilidades, los cuales son ajenos a una relación de familia.
Requisitos que suponen cargas probatorias adicionales,
quizá difíciles de alcanzar, que entorpecen el disfrute de los
derechos patrimoniales de los compañeros permanentes,
pues suponen probanzas que van más allá de la acreditación
de un proyecto de vida común y permanente, por el tiempo
mínimo señalado en la ley.
Precisamente, sobre esa base se rechaza la asimilación
entre el contrato de sociedad y la comunidad de activos entre
cónyuges, reflexión que se hace extensiva a los compañeros
permanentes:
[L]a sociedad de gananciales no es una sociedad o forma parte de
ella… Mediante el contrato de sociedad se crea una persona
jurídica independiente de los socios; en cambio, la sociedad de
gananciales no tiene personalidad jurídica… Para ingresar a una
sociedad se requiere de una aportación de cada uno de los socios,
lo que no necesariamente sucede en la sociedad de gananciales,
en la cual puede aportar bienes uno solo de los cónyuges. El
contrato de sociedad persigue un fin económico, mientras que la
sociedad conyugal principalmente tiene por objeto solventar la
económica del hogar. Las aportaciones que se hacen a una
sociedad pasan a ser de propiedad de la misma, por eso quien las
otorga deja de ser propietario, lo que no ocurre con la sociedad de
gananciales, pues aquel o aquella que aporta un bien no pierde la
titularidad del mismo, y más bien este régimen lo regula como bien
propio con sus particulares normas; además la sociedad de
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gananciales no tiene el elemento característico que se da en la
persona jurídica, esto es, el animus o affectio societatis…14
Respecto del segundo tópico, se tiene que el patrimonio
de la sociedad de hecho debe ser liquidado de conformidad
con los aportes realizados por cada socio, en comparación
con el total del capital social (artículo 249 del Código de
Comercio), de allí que sea indispensable demostrar su
cuantía y realización.
Diferente a la distribución de la sociedad patrimonial,
pues se divide por partes iguales entre los compañeros, con
independencia del valor o forma de contribución.
Desde esta óptica, los convivientes ya no aspiran a
recibir una alícuota equivalente a la de su compañero, sino
que dependerá del aporte que logren demostrar ante la
autoridad judicial, lo que arrojará reparticiones desiguales.
Finalmente, la disolución y liquidación de la sociedad
civil de hecho puede verse coaccionada por la pretensión del
cónyuge que pretende sus gananciales sobre la sociedad
conyugal no disuelta, pues, de promoverse esta última,
corresponde a los compañeros permanentes acudir a la
terminación del contrato
de sociedad, para determinar sus
derechos y evitar su afectación por parte de la demanda de
aquél.
14 AGUILAR LLANOS, Benjamín, Regímenes patrimoniales del matrimonio, Gaceta
Jurídica, Lima, 2019, pág. 46.
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Actividad que no depende del querer o decisión de los
compañeros, sino que es forzada por la acción del tercero,
quienes resultan compelidos a terminar la empresa conjunta,
aunque no deseen o pretendan hacerlo ante la continuidad
de su vínculo sentimental.
Lo expuesto deja en evidencia que la solución
jurisprudencial, ciertamente noble, deja en una desventaja
sustancial a los compañeros permanentes, al tener que
acudir a las reglas de la sociedad civil de hecho, no sólo
contrarias a la naturaleza y contenido de la sociedad
patrimonial, sino con cargas probatorias y limitaciones que
afecten su participación en el patrimonio familiar construido
en conjunto.
2.7. La problemática descrita adquiere una dimensión
superlativa al evaluarse en el contexto del cambio
constitucional, por cuanto la solución que emana de la
literalidad de la norma comporta un atentado directo a los
valores y principios del nuevo texto fundamental.
En concreto, se afecta la justicia en las relaciones
sociales, la igualdad de todas las clases de familia, la buena
fe y la autonomía de la voluntad, como se mostrará en lo
subsiguiente.
2.7.1. Afectación al valor de la justicia.
(I) Señala el preámbulo de la Constitución Política que
este instrumento fue instituido, entre otros fines, para
«asegurar a sus integrantes… la justicia». Además, al
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enlistar los objetivos del Estado, incluyó «asegurar… la
vigencia de un orden justo» (negrilla fuera de texto).
Justicia «que no solamente compromete al Estado», sino
que implica «a toda la comunidad y a cada uno de sus
miembros» (C.C., C-486/93), por tratarse de un valor que
subyace a toda la estructura jurídica nacional y que
constituye «la estructura básica de toda sociedad
democrática» (SC4052-2021).
Entendiéndose la justicia «como esencial virtud de toda
forma de organización social, ya sea nacional o extranjera»
(SC4049-2021), que, conforme a la clásica enunciación de
Ulpiano, corresponde a «la constante y perpetua voluntad de
conceder a cada uno su derecho» (numeral 1-1-10 del
Digesto15).
Su objeto primario, según la mención realizada por la
Sala a la obra de John Rawls, «es la estructura básica de la
sociedad o, más exactamente, el modo en que las instituciones
sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes
fundamentales y determinan la división de las ventajas
provenientes de la cooperación social» (SC, 21 de mayo de
2010, rad. n.° 2002-00495-01).
La Corte Constitucional ha señalado que la justicia se
traduce en «el compromiso que deben asumir todas las
personas de respetar los derechos de los demás, de no abusar
15 Los cincuenta libros del Digesto, Parte Primera del Digesto o Pandectas del Derecho
Corregido, Tipografía de J. Sebastiá Villa, Barcelona, SAE, pág. 199.
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de los propios y de cumplir con sus deberes y obligaciones
constitucionales y legales» (T-890/14).
Luego, la justicia es un valor que requiere concreción en
cada caso, dentro del contexto de los derechos subjetivos y
las obligaciones correlativas que garantizan su disfrute
efectivo.
(II) Visto lo anterior, anticípese que la pervivencia de la
sociedad conyugal, aún en el escenario de la separación de
los cónyuges por un período significativo, comporta un
aprovechamiento injusto sobre el trabajo y esfuerzo ajeno por
parte del cónyuge separado de hecho.
Así se colige de considerarse que, una vez se rompe la
convivencia por el distanciamiento libre y voluntario de los
consortes, se abandona el proyecto colectivo y comienzan
individuales, en una especie de sustitución de la empresa
conjunta por particulares, en cuya dirección y ejecución
ninguna injerencia tiene la expareja.
Por tanto, las consecuencias positivas o negativas de la
actividad exclusiva deben redundar únicamente en quien
participa de forma directa en ella, como retribución a su
esfuerzo o materialización de los riesgos que asumió de
manera autónoma.
Cuando uno de los consortes pretende aprovecharse de
la actividad ajena o es llamado para que responda de las
consecuencias negativas de la misma, se rompe la equidad
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de las relaciones jurídicas, ya que se atribuyen
consecuencias sobre quien no consintió, promovió, apoyó o
cohonestó su causa.
Expresado a modo de interrogante, ¿cómo podría
hablarse de justicia si un cónyuge separado de hecho, por un
acto o decisión de voluntad, pueda ser llamado muchos años
después para cubrir con su peculio las deudas de su esposo
o esposa, que no conoció ni aceptó? ¿esto mismo no sucede
tratándose de la apropiación de los bienes en los que no
participó?
Sufrir un efecto patrimonial, que no fue fruto de un acto
mancomunado, sino expresión de la individualidad en que se
pusieron libremente los esposos, significa participar en algo
que le es ajeno, tanto en lo positivo como en lo negativo, lo
que contraviene una regla básica de justicia.
2.7.2. Afectación de la igualdad en todas las clases de
familia.
(I) Como ya se explicó, por fuerza del artículo 42 de la
Constitución Política, en nuestro país se reconocen y deben
protegerse todas las formas de organización familiar, sin
distinción de ninguna clase.
La Corte Constitucional afirma: «Como bien corresponde
a un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana (Art. 7 C.N.) no existe un tipo
único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en
los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser
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tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También
se le reconoce consecuencias a la voluntad responsable de
conformar una familia… Es claro… que el Constituyente
consagró un espacio a la familia de hecho en condiciones de
igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el
artículo 13 de la Carta vigente» (T-523-92).
Reconocimiento que no se traduce en un igualitarismo,
pues hay diferencias esenciales entre las tipologías por su
origen o sus efectos. Con todo, en ningún caso son
admisibles tratos disímiles que no encuentren fundamento
legítimo, en garantía del derecho a la igualdad.
Tratándose del matrimonio y la unión marital de hecho,
la prevalencia de la sociedad conyugal sobre la sociedad
patrimonial de hecho se ha explicado así:
[Hay] diferencias esenciales que separan la unión marital de hecho
y el matrimonio…
Por tanto, el hecho de que legislativamente se impida la
declaración judicial de una sociedad patrimonial ante la existencia
de una sociedad conyugal en cabeza de cualquiera de los
compañeros permanentes, sin que suceda lo mismo en el caso
contrario, encuentra soporte en que la Constitución Política no
equiparó estos vínculos, sino que defirió a la libertad de
configuración del Congreso de la República el señalamiento de las
normas que gobiernan a una u otra, así como sus efectos.
Máxime porque el trato diferente tiene un propósito
constitucionalmente admisible, como es evitar la confusión
patrimonial que puede generarse ante la coexistencia de las
universalidades jurídicas emanadas de diversas fuentes,
sin que existan otros instrumentos legales menos gravosos
que permitan la satisfacción de esta finalidad.
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50
Huelga enfatizarlo, como la sociedad conyugal y la patrimonial,
salvo las excepciones legales, se conforman por todos los bienes
adquiridos en vigencia de las mismas, con independencia del
aporte que hubieren realizado los integrantes, permitir su
coexistencia trasluciría una mixtura de irremediable solución.
Frente a esta eventualidad, es constitucionalmente admisible que
se prohíba su simultaneidad, incluso si para estos fines se impide
la conformación del fondo patrimonial entre compañeros
permanentes, hasta tanto no se liquide la preexistente sociedad
conyugal (negrilla fuera de texto, CSJ, SC003-2021).
Remárquese, el derecho a la igualdad se encuentra
garantizado, a pesar de la primacía de la sociedad conyugal
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, por ser
una medida idónea para evitar una coexistencia de
universalidades jurídicas, lo que dificultaría deslindar los
activos y pasivos que las integran.
(II) Sin embargo, este argumento únicamente tiene
plena aplicación tratándose de relaciones concomitantes, en
tanto, de concurrir un matrimonio y una o varias uniones
maritales de hecho, coexistirían múltiples universalidades.
La situación es diferente cuando se trata de vínculos
subsiguientes, pues la sucesión en el tiempo garantiza que,
con la extinción de la previa, pueda formarse una
universalidad posterior, y así de manera sucesiva, sin que
concurran en el mismo período.
Esta última hipótesis es la que se configura cuando hay
separación de hecho entre los cónyuges, pues una vez cesa
la vida común es posible establecer un hito temporal que
servirá para deslindar los activos conyugales de los demás,
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evitando la confusión patrimonial. Huelga explicarlo, una vez
opera el distanciamiento material de los consortes, siempre
que se mantenga por un tiempo suficiente para denotar una
voluntad definitiva, es dable fijar el hito final de la sociedad
de gananciales, sin que las universalidades posteriores se
traduzcan en una mezcla de bienes y pasivos.
Por ende, el impedimento para conformar una sociedad
patrimonial, por la existencia previa de una sociedad
conyugal, desvela una afrenta a la igualdad de todos los tipos
de familia, cuando los cónyuges se han separado de hecho,
pues en este evento la independencia patrimonial se
garantiza con la simple sucesión temporal de universalidades
jurídicas.
(III) Se agrega a lo dicho que, siendo la sociedad
conyugal un efecto accesorio del casamiento, cuando éste
deviene vacuo o vacío, aquélla se queda sin sustrato, por lo
que su protección jurídica, de forma superior a la sociedad
patrimonial de hecho, desatiende el principio de igualdad.
Y es que cuando el matrimonio, entendido como el
convenio por el cual dos personas «se unen con el fin de vivir
juntas, de procrear y auxiliarse mutuamente» (artículo 113 del
Código Civil), cesa materialmente por cuenta de la separación
de hecho de los consortes, el mismo deviene en una simple
formalidad, sin un contenido sustancial que amerite una
tutela jurídica. Lo mismo sucede con la sociedad conyugal,
en tanto pierde su basamento, de allí que propugnar por su
primacía sobre otras comunidades de bienes, en verdad
descubre una parcialidad contraria a la igualdad.
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Dicho de otra manera, la preeminencia de la comunidad
de activos entre los cónyuges sólo resulta explicable en el
supuesto de que haya una comunidad de esfuerzos que
reclame la conjunción de patrimonios, por necesitarse para
llevar a buen puerto este proyecto colectivo. De desaparecer
este fundamento tiene que extinguirse la preferencia, por
decaer en el vacío, o sea, quedarse sin objeto.
No puede olvidarse que la sociedad conyugal, más allá
de la solemnidad matrimonial, es fruto de la fusión de
patrimonios que se genera cuando se contrae un proyecto
familiar, basado en objetivos que son compartidos y que se
propende por su logro, que reclama compromisos
patrimoniales o esfuerzos personales de todos sus
integrantes, sin que sea posible particularizarlos. En
consecuencia, rota la empresa familiar, decae la sociedad de
bienes, por lo que su protección prevalente es reflejo de una
desigualdad estructural, que debe ser superada con la
entrada en vigencia de la Constitución Política.
Asegura la doctrina que el régimen de comunidad de
activos se fundó en «el derecho de la mujer sobre las
conquistas [que] se traducía verdaderamente en una
recuperación de los bienes comunes», que «ve en los esposos
más bien socios que marido y mujer. Conducían a eso no
solamente los principios cristianos, sino también las
comunidades tácitas de la Edad Media: las personas que
compartían la ‘misma olla’ se presumía que formaban una
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sociedad al cabo de un año y un día; era natural aplicarle a
los esposos las reglas de esa sociedad»16.
2.7.3. Afectación a la buena fe y prohibición del abuso
del derecho.
(I) Dispone el numeral 1° del artículo 95 de la
Constitución Política que son deberes de la persona y del
ciudadano «[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios». Regla de la cual dimana, entre otros, la carga de
actuar sin invadir la órbita de prerrogativas de terceros, y
evitar que los derechos propios sean utilizados de forma
contraria a su razón de ser o para dañar a otros.
La Corte Constitucional explica que «los derechos y
principios reconocidos al ser humano no son absolutos y, por
tanto, encuentran limitaciones derivadas, entre otras, de la
propia naturaleza humana o de las imposiciones establecidas
por la Constitución y la ley para mantener el Estado social de
derecho dentro de un clima de convivencia social que implica
la conciliación y regulación de intereses y derechos
particulares» (SU-476-97).
La buena fe «es un principio del ordenamiento que indica
que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus
obligaciones, y, en general, emplear con los demás una
conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos
16 MAZEAUD, Henri y MAZEAUD, Jean, Lecciones de derecho civil, La organización
del patrimonio familiar (los regímenes matrimoniales), Parte Cuarta, Volumen I, Ed.
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, págs. 146 a 148.
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direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de
emplear para con los demás una conducta leal, una conducta
ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo
término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás,
esa misma lealtad» (CSJ, SC, 23 de junio de 1958, G.J.
LXXXVIII, n.° 2198, reiterada SC425-2024).
Sobre el abuso del derecho hay decantada
jurisprudencia que explica que se incurre en este
comportamiento cuando, en el ejercicio de un derecho
legítimo, se desconoce su finalidad o se atenta contra
terceros. En palabras literales de esta Corporación:
[E]l abuso del derecho constituye una especie particular de la
cultura aquiliana; por ende en el abuso puede irse desde la culpa
más grave, equivalente al dolo, en que el agente procede movido
por la intención de causar daño, animus nocendi, hasta el daño
ocasionado por simple negligencia o imprudencia no intencionada.
(SC, 21 de febrero de 1938, G.J. XLVI, n.° 1932, pág. 56).
Explayada así:
Cada día se ha ido hallando más claramente que con
dañada intención o sin ella el titular de un derecho puede
ejercitarlo innecesaria, o excesiva o inoportunamente y aún
desviarlo de su finalidad efectiva. En todos estos casos ésta
se yergue para darle una voz de alto a ese abuso en guarda de sí
misma y, por ende, del interés social, ya que el establecimiento de
los derechos, los individuales inclusive, y su respaldo por el
Estado no pueden descuidar ni dejar de tener presente a todo
momento el bien de la sociedad, a la que no puede ser indiferente
el que el individuo la dañe y la que no puede ejercer su propia
misión de garantía en forma de emplear sus fuerzas en dañarse a
sí misma, como lo haría si no limitara o vedara el mal que en
cualquiera de las formas aludidas cause alguien tan sólo porque
lo causa ejerciendo un derecho, sin que se pudiera, por esto sólo,
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inquirir y discriminar si lo está ejerciendo legítima y normalmente
(negrilla fuera de texto, SC, 24 de marzo de 1939, G.J. XLVII n.°
1940, pág. 742).
Y recientemente remarcada:
El principio que prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos
subjetivos hunde sus raíces en el derecho clásico romano, en el
que al lado de la máxima que sentenciaba que ningún daño hace
quien usa su derecho (nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur)
florecieron otras que atemperaron su rigor, como las que
pregonaron que no se debe usar mal el derecho (male enim
nostro iure uti non debemus) y que un derecho exagerado
constituye una gran injusticia (summum ius summa
iniuria); se vuelve tangible en las edades Media y Moderna con la
«prohibición de realizar los llamados actos
emulativos…entendiéndose por ‘emulación’ la intención de
perjudicar que alguno tuviere al ejecutar un acto realizado dentro
de los límites marcados por la ley» (teoría subjetiva), así como con
la teoría de las inmisiones que reprochaba las emisiones
anormales derivadas de la propiedad, tales como olores, humo,
ruido (objetiva); arriba a la edad contemporánea de la mano del
Código de Napoleón (1804), del que son tributarias muchas otras
codificaciones civiles, incluyendo la colombiana (1887), en la cual,
no obstante su acentuado corte individualista, se puede atisbar
una clara limitación al dominio, al definirlo en su artículo 669 como
el «derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella
arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno» (se
destaca); y definitivamente adquiere un espacio en la práctica
jurídica cotidiana a raíz de los importantes desarrollos que se
dieron en Francia, tanto los jurisprudenciales de finales del siglo
XIX, como los doctrinales de principios del XX con Josserand a la
cabeza.
En Colombia, la Corte de oro (1936-1940) reconoció su existencia
y relevancia en el ordenamiento jurídico, junto a otros conceptos y
principios señeros que en su fructífera labor «descubrió», como el
enriquecimiento sin causa, el error común creador del derecho, la
imprevisión contractual y el fraude a la ley, amén de la teoría de
las actividades peligrosas, entre otros.
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Desde entonces, la jurisprudencia lo ha aplicado indistintamente
en diferendos contractuales y extracontractuales, tales como el
ejercicio de las acciones judiciales en general y, de manera
especial, en el caso de los embargos excesivos, las denuncias
temerarias, la terminación unilateral de contratos y las cláusulas
abusivas, etc., y a la sazón puede predicarse que constituye una
importante herramienta para el planteamiento y resolución de
diversas situaciones jurídicas (negrilla fuera de texto, SC616-
2024).
(II) Nadie discute que la sociedad conyugal es un efecto
connatural al acto matrimonial, como lo previene el artículo
180 del Código Civil, en el sentido de que por el hecho del
casamiento se conforma una comunidad de activos entre los
cónyuges, que deberá distribuirse al momento de la
disolución, salvo que se hayan convenido capitulaciones
matrimoniales (artículo 1771 ídem).
De allí que la Sala haya fijado:
Si antes de perfeccionarse la unión nupcial, los esposos no otorgan
capitulaciones matrimoniales, entonces, se repite, por ministerio
de la ley y por el solo hecho del matrimonio, se forma entre ellos la
sociedad conyugal que la ley civil reglamenta. En tal evento, es la
voluntad del legislador la que impone este régimen, para cuyo
establecimiento no se exige el querer de los desposados. Por ello
se ha sostenido, con propiedad, que esta sociedad de bienes se
forma aún sin consentimiento de los consortes y aún contra su
expresa voluntad, pues a falta de capitulaciones válidas y aunque
los cónyuges no lo quieran así, por el hecho del matrimonio se
forma entre ellos esa sociedad conyugal, según expresamente lo
disponen los artículos 180 y 1774 del Código Civil (SC, 1 ag. 1979,
G.J. n.° 2400, p. 257).
Comunidad de activos que se extingue por las causales
señaladas en el artículo 1820 del Código Civil, dentro de las
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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que no se encuentra la separación de hecho de los
desposados.
(III) Sin embargo, cuando un cónyuge, al abrigo de estos
preceptos y a pesar de haberse separado de facto y
largamente de su consorte, se aprovecha de los bienes o
activos adquiridos por éste con posterioridad a la separación,
a sabiendas de que no contribuyó en su adquisición, ni
participó de forma directa o indirecta en su conservación,
administración o explotación, está ejerciendo su derecho de
gananciales de forma contraria a la buena fe y en abuso del
mismo, contrariando la Carta Fundamental.
Y es que, reitérese a riesgo de hastiar, una vez cesa la
vida común, por fuerza de la separación física, finiquita el
trabajo mancomunado y los esfuerzos colectivos, por lo que
aguardar pasivamente al paso de los años y después
pretender recibir un porcentaje de los activos adquiridos en
este período, trasluce una conducta contraria a la lealtad,
honestidad y rectitud, además de comportar una
desfiguración del derecho a participar en la sociedad
conyugal, por pretender usufructuar en una empresa de la
cual no hizo parte, que se construyó sin su esfuerzo y que no
cooperó para su realización.
En verdad se busca un incremento patrimonial con
base en una formalidad y con plena conciencia de que no se
contribuyó en su consecución, y muchas veces con la
finalidad de afectar o dañar, tanto al consorte, como al nuevo
compañero o compañera sentimental.
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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Luego, cuando asoma la reclamación de disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, incluyendo el período
posterior a la separación de hecho, se ejerce el derecho de
gananciales de una forma contraria a su finalidad, esto es,
no se invoca para garantizar la distribución de los activos
sociales entre quienes participaron en la comunidad de vida,
sino para amputar la nueva sociedad de bienes y apropiarse
por quien no hizo parte de ella, quitándosela a los que sí
trabajaron para alcanzarla.
Emerger del pasado, aprovechando un título
meramente formal, como es la calidad de esposo o esposa,
para quitarle el fruto del esfuerzo emprendido por los
compañeros permanentes posteriores, es demostración de un
actuar que busca afectar los derechos ajenos y extralimitar
los propios.
2.7.4. Afectación al principio de la autonomía de la
voluntad.
(I) La voluntad individual fue consagrada en los
artículos 16 y 42 de la Constitución Política, relativos al libre
desarrollo de la personalidad y la protección de todas las
clases de familia, que en su conjunto permiten que las
personas puedan autodeterminarse, incluso en asuntos
familiares, sin más restricciones que los derechos de terceros
y las normas de orden público.
Voluntad que puede ser expresa, tácita o incluso fruto
del silencio. Expresa porque emana de un acto de
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comunicación, como el oral o escrito. Tácita si es
consecuencia de un acto inequívoco. Y el silencio, si bien
como regla general «no tiene efectos en el campo del derecho»,
hay contextos donde «puede tenerlos… según la naturaleza o
especificidad de cada derecho o relación jurídica, acorde con
las regulaciones normativas, que no contemplan un efecto
unívoco para el mutismo de las personas, o cuando media
pacto expreso de las partes» (SC130-2018).
(II) La autodeterminación y la protección de todos los
tipos de familia reclaman que la decisión de los consortes, en
asuntos que sólo le conciernen, no pueda ser pretermitida o
ignorada, sino que debe ser considerada y reconocida.
Subsiguientemente, expresada de forma tácita la
determinación de los cónyuges de concluir su vínculo, fruto
del alejamiento voluntario del proyecto común, con la
consecuente cesación de sus obligaciones correlativas,
corresponde al orden jurídico reconocerla, so pena de
socavar su autonomía y desconocer las particularidades de
sus proyectos de vida.
Naturalmente, uno de estos efectos es la extinción de la
sociedad conyugal por causa de la ruptura de la comunidad
marital, que queda sin trasfondo, al no tener justificación
para mantener un vínculo patrimonial sin conjunción de
vidas.
Aseverar que la sociedad conyugal pervive, a pesar de
que los consortes decidieron ponerle fin tácitamente, como
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se infiere del hecho del alejamiento, es un sacrificio
injustificado de la libertad individual, valor, principio y
derecho reconocido en nuestra Carta Fundamental y sería
tanto como desconocer su propia manifestación de voluntad
cuando eligieron distanciarse.
2.8. Deviene de lo expuesto, a título de recapitulación,
que la literalidad de la norma que gobierna las causales de
disolución de la sociedad conyugal -artículo 1820 del Código
Civil-, al no consagrar dentro de ellas la separación de hecho
de los cónyuges, apareja:
(I) un vacío regulatorio, por no gobernar integralmente
los efectos de este acto, al olvidar los efectos personales y
patrimoniales que le son ingénitos;
(II) una asimetría regulatoria, entre la separación
judicial y la de hecho, pues aquélla comprende la cesación
de las obligaciones propias de la vida común, extingue la
sociedad conyugal y, pasado el tiempo, permite el divorcio,
mientras que la de hecho sólo se reconoció para este último
fin; y
(III) su aplicación genera un resultado injusto, por
permitir que el cónyuge separado se aproveche, de forma
consciente y, en cierta medida, maliciosa, de los frutos de
una actividad en la que no participó y que socava la
expectativa legítima de quien los cultivó, incluso de los
posteriores compañero o compañera permanente, en
contravención de los valores y principios constitucionales de
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la justicia, igualdad de todas las especies de familia,
autodeterminación y prohibición de irrespetar los derechos
de terceros o abusar de los propios.
3. La separación de hecho: vacío normativo y
superación por medio de la analogía.
Con lo dicho hasta aquí, está demostrado cómo los
cambios sociales y constitucionales, así como la regulación
deficiente -con la Ley 25 de 1992- de la separación de hecho,
provocaron una anomia con relación al ámbito patrimonial
del matrimonio, que eventualmente puede afectar la
participación en la sociedad patrimonial de hecho entre
compañeros permanentes.
Esto, itérese, queda al descubierto a partir de la
destacada evolución social de las formas de familia, aunado
al reconocimiento constitucional de ese núcleo como
institución y el intento - exiguo - del legislativo por dar cuenta
de ese panorama en el ordenamiento interno. A esa
conclusión se llega luego de realizar, como se hizo en este
proveído, una interpretación histórico-lógico y sistemática
del régimen marital colombiano actual.
Para solucionar esta anomia es menester acudir a los
instrumentos de integración del derecho, en particular, a la
analogía, lo que permitirá encontrar una respuesta armónica
con los valores de la justicia, igualdad, buena fe, prohibición
de abuso del derecho y autonomía de la voluntad, como pasa
a explicarse.
3.1. Los vacíos en el derecho.
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3.1.1. Las lagunas o anomías hacen referencia a los
vacíos regulatorios, esto es, situaciones fácticas que carecen
de preceptos que gobiernen sus elementos o efectos, o éstos
resultan insuficientes.
La Sala ha dicho: «[l]as lagunas son omisiones de las
normas que dejan de regular uno o varios supuestos de hecho
que deben ser resueltos por el juzgador» (SC370-2023).
Y es que, la plenitud hermética del derecho, es una
ficción, pues no es posible que el legislador prevea todas las
respuestas a los problemas jurídicos que existen en la
sociedad, no sólo por su variedad, sino también porque la
evolución impone desafíos impensables en el pasado.
La Sala ha reconocido que
La evidencia palpable de los avances de la ciencia a límites
insospechados, ha puesto en aprietos la tarea del juez, quien so
pretexto de tener ante sí el universo jurídico concebido de manera
que en él quepan cualesquiera situaciones jurídicas, a modo de
plenitud hermética de que ha hablado algún autor, deberá
siempre fallar secundum jus. Y así ante otrora inimaginables
contratos -alquiler de vientres-, o procedimientos -clonación-, se
enfrenta el juez a la dura tarea de concebir, en aras de la
búsqueda del ideal de lo justo, la norma aplicable y su ductilidad
para que en ella se comprendan más aspectos que los que tuvo en
mente el propio legislador (SC, 10 de marzo de 2000).
Fundada en que:
El paradigma de la plenitud del ordenamiento jurídico parece ser
una de las características más discutibles del positivismo jurídico
y se halla asociada al renacer del derecho romano y a la excesiva
confianza en el corpus iuris como una obra que proveía todas las
respuestas a los problemas que la realidad planteaba. Así, el
lugar que inicialmente ocupó el corpus iuris fue tomado por el
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Derecho estatal, que como un signo de poder político desembocó
en la reafirmación del monopolio de la producción del Derecho, y
la confianza, tal vez excesiva, en las grandes codificaciones y en
la exégesis de los textos legales, todo lo cual llevó a una
sobreestimación fetichista del legislador…
No obstante lo anterior, los críticos del positivismo en su momento
denunciaron la existencia de lagunas ideológicas o axiológicas, es
decir no sobre la norma que es, sino la que debería ser, lagunas
de iure condito (reales) y de iure condendo (axiológicas), para
concluir que solo un sistema de derecho natural carecería de
lagunas ideológicas o axiológicas, pero que tal sistema no ha sido
concebido, como enfatiza el positivismo jurídico…
En todo caso, el reconocimiento de la existencia de lagunas,
planteó la necesidad de integrar el ordenamiento jurídico para
suplir la falta de completitud (SC, 7 de octubre de 2009, rad. n.°
2003-00164-01).
3.1.2. También tienen la condición de lagunas las
suscitadas en el proceso de constitucionalización del
derecho, cuando se advierta que en la interpretación o
aplicación de una norma pueda existir una contrariedad con
el texto fundamental, a pesar de su aparente conformidad.
Se ha dicho que «la Constitución no es una norma igual
a las demás, no sólo por su carácter superior y prevalente, sino
por su contenido material que incluye un conjunto de
disposiciones axiológicas y un orden de principios con
vocación de desarrollo legal y judicial, cuya interpretación
y aplicación difícilmente puede efectuarse mediante la
utilización del silogismo» (negrilla fuera de texto, C.C. C-820-
06).
Axiología que se expresa en valores y principios
constitucionales, de obligatoria observancia por todos los
operadores jurídicos:
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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a-. Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual
se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del
ordenamiento jurídico pueden tener consagración explícita o no; lo
importante es que sobre ellos se construya el fundamento y la
finalidad de la organización política.
De este tipo son los valores de convivencia, trabajo, justicia,
igualdad, conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo
de la Constitución. También son valores los consagrados en el
inciso primero del artículo 2 de la Constitución en referencia a los
fines del Estado…. No obstante el carácter programático de los
valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida
como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo
o de un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de
propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones
entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las
limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación,
irradien todo el tramado institucional….
b-. Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que
establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que
suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en
consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace
de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador
como por el juez constitucional… Su alcance normativo no consiste
en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos
institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue
a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que
signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-
jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la
Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su
significado y su razón de ser. Los principios expresan normas
jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los
valores, en cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la
mira que jalona hacia el orden del mañana (T-406-92, reiterada
C-1287-01).
En este escenario, cuando una norma formalmente se
encuentra ajustada a la Constitución, pero al aplicarla, se
transgrede la axiología de ésta, se configura una laguna,
conocida como axiológica, en tanto la disposición revela un
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vacío frente a la situación de hecho en concreto, pues de otra
forma no se explica la desatención de los valores y principios
fundamentales.
Estas anomias, entonces, se originan en los efectos que
una norma comporta en el caso particular, por conducir a
situaciones que devienen opuestas a los valores que
subyacen al texto constitucional, lo que se traduce en que el
legislador olvidó considerar una particularidad fáctica que
necesariamente debe conducir a una solución diferente a la
general.
Ha dicho la Corte Constitucional que la laguna se
«presenta porque, en efecto, no hay una disposición legal en el
ordenamiento jurídico que regule el supuesto fáctico
controvertido, o bien porque existiendo, la aplicación de tal
precepto al caso específico ocasionaría un resultado
notoriamente injusto e incompatible con la
Constitución. En otras palabras, se presenta cuando el caso
está regulado por el derecho pero de forma axiológicamente
inadecuada, ya que el legislador no previó una distinción
especial que conduciría a que la respuesta jurídica fuera
distinta» (negrilla fuera de texto, T-122/17).
En antaño había doctrinado: «se denomina laguna
axiológica no a la falta de cualquier norma sino a la falta de
una norma justa, es decir, de una norma jurídica que no
existe, pero que debería existir a causa del sentido de justicia
del intérprete o para la justa aplicación de una norma superior
(constitucional), subrayando que esta laguna se presenta
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cuando ‘una disposición legal omite la integración de valores
superiores o principios constitucionales que están implícitos en
la Constitución, pero que no han sido expresamente
desarrollados en una norma legal ordinaria’ (negrilla fuera de
texto, C-1026/01).
En el mismo sentido, ese Tribunal reiteró en la
sentencia T-515 de 2012, que «la laguna axiológica no sólo
implica una omisión en la regulación normativa, sino que
revela una desconexión entre las disposiciones legales y los
principios constitucionales que subyacen en el ordenamiento
jurídico».
3.2. Resolución de las lagunas.
3.2.1. La existencia de lagunas o anomias en el
derecho, de ninguna manera, comporta que la situación
material quede por fuera del sistema jurídico o desprovista
de regulación. De allí que, incluso en este escenario, sea
deber del juez resolver el litigio, sin que sea admisible que
emita decisión inhibitoria ya que tal proceder implica
denegación de justicia.
De esto da cuenta el artículo 48 de la Ley 153 de 1887:
«Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando
silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en
responsabilidad por denegación de justicia».
Sobre esta norma, la Sala ha manifestado: «No se
permite una no-decisión. Y una forma de esa denegación se
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realiza cuando el funcionario no decide el fondo de la
controversia por desplazar a las partes su obligación de
interpretar los hechos y pretensiones para inferir de ellos el
instituto jurídico que rige el caso» (SC780-2020).
Para superar la anomia se han previsto mecanismos de
integración del derecho. La integración «designa la técnica
consistente en suplir o llenar las lagunas normativas, los
sectores del ordenamiento jurídico carentes de regulación»17.
La Corporación se ha referido a la materia en los
siguientes términos:
Para llenar las lagunas, Carnelutti sugería acudir a las
herramientas de autointegración y heterointegración. En el primer
caso, se eluden en lo posible las fuentes externas y se disuelven
las lagunas con herramientas del ordenamiento. En la
heterointegración las lagunas del derecho positivo se colman
migrando hacia fuentes externas, al derecho natural, del que -
según él- viene todo derecho positivo y el que por tener una mayor
comprensión valorativa se permite iluminar las zonas de
penumbra del ordenamiento (SC, 7 de octubre de 2009, rad. n.°
2003-00164-01).
3.2.2. En nuestro derecho estas herramientas están
enumeradas en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, a saber:
«Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho»
(negrilla fuera de texto).
17 BELTRÁN SÁNCHEZ, Emilio y ORDUÑA MORENO, Francisco Javier (dir), Curso de
derecho privado, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 78.
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De este listado se tiene que son mecanismos de
autointegración la analogía legis o iuris, de allí que tenga una
aplicación preponderante, mientras que son de
heterointegración la doctrina constitucional y los principios
generales del derecho, lo que explica su subordinación a
aquélla.
Adicionalmente, el artículo 8° de la misma ley establece
que «[l]a costumbre, siendo general y conforme a la moral
cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva»,
por lo que se trata de otro instrumento de integración para
los asuntos civiles y de familia.
El numeral 6 del canon 42 del Código General del
Proceso reiteró y complemento la Ley 153 de 1887, a la luz
del artículo 230 de la Constitución Política, al señalar como
deber del juez «[d]ecidir aunque no haya ley exactamente
aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o
incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen
situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina
constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios
generales del derecho sustancial y procesal».
3.2.3. Por interesar al sub lite, conviene precisar que la
analogía es un raciocinio que va de lo particular a lo
particular coordinado, huelga explicarlo, consiste en aplicar,
a un caso, consecuencias idénticas a las previstas por el
legislador a otro supuesto o grupo de casos que son
sustancialmente equivalentes.
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El ordenamiento define la analogía como la aplicación
de leyes «que regulen casos o materias semejantes», o «las
reglas generales del derecho», al caso que carece de «ley
exactamente aplicable» (artículo 8 de la Ley 153 de 1887).
Existen, como se desprende de la enunciación
normativa, dos clases de analogías: de ley o legis y de derecho
o iuris. Con la primera se trae una norma de un cuerpo legal
concreto para aplicarla a otro. Con la segunda se colige una
regla de derecho del compendio parcial o completo del
sistema legislativo.
La Corte, tomando por suya la opinión de Norberto
Bobbio, explicó: «Por analogía iuris se entiende el
procedimiento con el cual se obtiene una nueva regla para un
caso no previsto, no ya por la regla que se refiere a un caso
individual, como sucede en la analogía legis, sino por todo el
sistema o por una parte del sistema, es decir que este
procedimiento no difiere del que se emplea cuando se recurre
a los principios generales del derecho» (SC, 7 de octubre de
2009, rad. n.° 2003-00164-01).
La primera especie, remárquese, «consiste en la
aplicación de una situación contemplada en forma expresa en
la ley a otra que no lo está. Ambas cuestiones se identifican
en que son esencialmente iguales. Y se diferencian en
aspectos apenas irrelevantes, distintos a la razón de ser de la
norma base» (SC5185-2020).
La segunda busca las «aplicaciones concretas que el
Código hizo, pero que se derivan de un principio superior no
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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inscrito expresamente. Corresponde, en consecuencia al
juzgador, en posesión del principio y teniendo en cuenta,
desde luego, las aplicaciones hechas por el Código, su sentido
y orientación, aplicar tal principio a otros casos análogos» (SC,
23 de junio de 1958, G.J. LXXXVIII, pág. 222).
3.2.4. Para que pueda acudirse a la analogía legis, se
tiene por admitido que deben concurrir los siguientes
requisitos:
(I) ausencia o insuficiencia de regulación legal en la
solución de una controversia sometida a la justicia, por
cuanto la materia no se subsume en ninguna regla existente
o encaja de manera imperfecta provocando inequidad e
injusticia;
(II) similitud o semejanza relevante y sustancial en los
supuestos de hecho de una norma sustancial positivizada y
el elemento fáctico acreditado en el proceso; y
(III) compatibilidad en los motivos que explican la
norma a aplicar y la nueva situación.
La Sala tiene decantado: «esa especie de integración
preceptiva exige las siguientes condiciones: ‘a) Que no haya
ley exactamente aplicable al caso controvertido; b) Que la
especie legislada sea semejante a la especie carente de
norma, y c) Que exista la misma razón para aplicar a la última
el precepto estatuido respecto de la primera: Ubi eadem legis
ratio ibi eadem legis dispositio’ (Cas. Civ., sentencia de 30 de
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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enero de 1962)» (SC5185-2020, en el mismo sentido SC3727-
2020 y SC101-2008).
La Corte Constitucional, al analizar la
constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 153 de 1886,
aseguró: «La consagración positiva de la analogía halla su
justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la
justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones
iguales deben recibir un tratamiento igual… Por ende, la
analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la
legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de
atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la
disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo
230 de la Constitución» (C-083-1995).
Mecanismo que no es procedente tratándose de normas
taxativas, exceptivas o sancionatorias, pues, por su
naturaleza, no admiten aplicación a casos diferentes a los
expresamente previstos por el Congreso, so pena de hacer
nugatoria su excepcionalidad.
Sobre el punto, esta Corporación manifestó: «En común,
las modalidades de integración dichas, exigen para su
activación anomia legal. Además, que los elementos de
comparación no sean taxativos, exceptivos o sancionatorios.
Es regla general que los preceptos de esa estirpe carecen de
un alcance extensivo. La razón se encuentra en el principio de
legalidad. Tratándose de normas de naturaleza restrictiva, su
operatividad es limitada, únicamente, a los casos en ellas
formulados» (SC5185-2020).
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
72
En síntesis, en la labor de edificar la sentencia, el juez
debe reconstruir el relato factual de las partes para luego
pasar a escoger, interpretar y aplicar la norma sustancial que
gobierna el litigio. En el evento en el que en la segunda fase
aludida aquél advierta un vacío legal absoluto o relativo, o un
efecto contrario a la axiología constitucional, entonces
deberá buscar una regla (o varias) que contengan supuestos
de hecho similares (no necesariamente idénticos) a los de la
controversia que juzga, para de allí tomar sus consecuencias
jurídicas a aplicar al caso.
Todo, como es obvio, tras un trabajo de argumentación
o motivación suficiente que permita corroborar y dar
legitimidad a cada una de las etapas expuestas.
3.3. Laguna en materia de separación de hecho
conyugal y solución propuesta.
3.3.1. Laguna normativa y axiológica.
Por brevedad basta recordar que, como ya se demostró,
una interpretaci��n histórico-lógico y sistemática descubre
que, en verdad, el legislador con la Ley 25 de 1992 omitió
regular la separación de hecho de los cónyuges de forma
integral, lo que se traduce en una omisión normativa y, en
razón de este olvido, vulneró valores y principios
constitucionales, incurriendo en una laguna axiológica.
En efecto, el reconocimiento de la separación de hecho,
por medio de la Ley 25 de 1992, dejó de lado aspectos
nucleares de esta problemática, en particular, y por interesar
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
73
al presente caso, la extinción de la comunidad de activos
fruto de la cesación del proyecto de vida colectivo, que en
antaño sí fue prevista para la separación judicial de cuerpos.
Inadvertencia que emana al revisarse el trámite
legislativo, pues en el mismo no se advierte ninguna
explicación sobre esta materia. Efectivamente, revisada la
exposición de motivos y las deliberaciones parlamentarias,
no hubo justificación o discusión sobre las razones por los
cuales esa corporación legislativa obvió referirse a las
consecuencias económicas que brotan de la extinción de la
cohabitación. Se descarta, por tanto, la existencia de una
decisión expresa en el sentido de que la materia fuera
gobernada en un determinado sentido, por medio de una
regulación negativa o por falta de positivización.
Además, de haber sido tal la pretensión del Congreso de
la República, no cabe duda que se habrían incorporado las
directrices normativas que brindaran claridad, como en su
momento se hizo por la Ley 1ª de 1976 para la separación de
cuerpos, por lo que, al no procederse de esta forma, se
desdice la idea de que existe una regulación negativa.
Ciertamente, este vacío fue interpretado por la doctrina
y la jurisprudencia en el sentido de mantener la sociedad
conyugal, aunque los consortes estén distanciados
físicamente y no contribuyan al proyecto común; colofón
fundado en una revisión literal de los preceptos y, sin duda,
una visión histórica que ha propendido por la prevalencia del
matrimonio sobre otras formas de familia.
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Entendimiento que, simplemente, ignoró lo sucedido en
el trámite legislativo y, con la constitucionalización del
derecho, entra en crisis, so pena de sacrificar importantes
postulados de la Carta Fundamental, como la justicia, la
igualdad, la buena fe, la prohibición de abuso del derecho y
la autonomía de la voluntad, lo que se traduce en una laguna
axiológica.
3.3.2. Resolución la laguna: analogía legis.
3.3.2.1. Para solventar las anomias referidas, estima la
Corte que lo procedente es acudir a la analogía legis, pues en
el sistema jurídico existen disposiciones que regulan las
consecuencias de la cesación de la cohabitación, que, por
compartir la misma filosofía que la separación de hecho, le
son aplicables.
Estos preceptos son los artículos 167 y 1820 -numeral
2- del Código Civil, los cuales prescriben, en cuanto
interesan, que «[l]a separación de cuerpos disuelve la
sociedad conyugal» y que «[l]a sociedad conyugal se
disuelve… [p]or la separación judicial de cuerpos, salvo que
fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y
siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de
mantenerla».
Total, se satisfacen los requisitos para acudir a este
instrumento de autointegración del derecho.
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(I) En primera medida por estar comprobada, como
quedó a lo largo de los razonamientos precedentes, la
existencia de la anomía normativa y axiológica.
(II) En segundo lugar, porque son palpables las
semejanzas, entre la situación fáctica gobernada por las
normas reguladoras - artículo 167 y numeral 2 del artículo
1820 del Código Civil- y la que se encuentra huérfana de
regulación (separación de hecho de los cónyuges).
Por un lado, el acto que da lugar a la consecuencia
jurídica es materialmente idéntico, como es el alejamiento
físico de los consortes por un acto de voluntad. En la
separación de cuerpos -judicial-, es la decisión de los
consortes que da lugar a la misma, expresada en una
demanda judicial cuando se invoca una causal subjetiva u
objetiva, o el acuerdo efectuado ante la autoridad competente
(artículo 165 del Código Civil); lo mismo sucede en la de
hecho, que también emana de «la decisión personal de
cualquiera de los cónyuges» de distanciarse, como lo
reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-746-
2011.
Se agrega que, en ninguna de las formas de
apartamiento, los consortes tienen la pretensión de finiquitar
su matrimonio de forma inmediata, el cual se mantendrá por
el tiempo que estimen pertinente y hasta tanto se configure
alguna de las causales de extinción.
Por último, en ambas figuras los consortes desean
suspender la vida común, lo que se traduce en una cesación
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de los deberes de cohabitación y débito conyugal, haciendo
del matrimonio una envoltura que perdió una parte esencial
de su contenido, a la espera de que los esposos decidan volver
a llenarla o simplemente preparen todo lo que es necesario
para el divorcio.
Es cierto que hay una diferencia entre ambas formas de
separación, como es la intervención de una autoridad para
su configuración. Mientras que en la separación de cuerpos
se requiere de sentencia judicial, en la de hecho basta la
determinación de uno o ambos consortes.
Sin embargo, esta divergencia no es sustancial, sino
que se explica por razones históricas y de evolución
legislativas, como ya se mostró. Recuérdese, mientras la
separación de cuerpos fue un mecanismo ideado para
solventar la situación de los matrimonios religiosos, en aquél
entonces indisolubles para efectos civiles, razón para
asimilarlo al divorcio en cuanto fuera procedente (artículo
168 del Código Civil), de allí que se impusiera una decisión
judicial que verificara el cumplimiento de cualquiera de las
causales de éste; la de hecho fue un reconocimiento de una
situación patente en la sociedad, que simplemente sucede
ante el fracaso de la comunidad de vida, de allí que se
encuentre desprovista de formalidades.
(III) En tercer lugar, por cuanto los motivos que explican
los artículos 167 y 1820 -numeral 2- del Código Civil, son
plenamente compatibles con la situación que emerge de la
separación de hecho de los cónyuges.
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En verdad, el reconocimiento de la extinción de la
sociedad conyugal, por la separación de cuerpos, tiene como
fundamento la ruptura del proyecto colecto, por desaparecer
la fusión de vidas que necesariamente conduce a una
amalgama de activos, alrededor de los objetivos compartidos.
Esto mismo sucede con la separación de hecho, pues
más allá de la informalidad de la cual se encuentra revestida,
también hay una fractura del hogar común y, por ende, de la
comunidad de bienes.
3.3.2.2. Con el fin de garantizar que la separación de
hecho comporte una ruptura definitiva de la vida común, se
hace necesario acoger un período mínimo a partir del cual se
ponga fin a la sociedad conyugal.
No en vano la Ley 25 de 1992, al consagrar como causal
de divorcio la separación de hecho, fijó un lapso que sirva
para abandonar la esperanza del «restablecimiento de la
unidad de vida de los casados»18. Interregno que, después de
las discusiones parlamentarias, se fijó en dos (2) años, según
la ponencia para segundo debate en el Senado de la
República19.
Nuevamente, por analogía se propone acudir a este
término, es decir, dos años contados a partir de la separación
de hecho, momento a partir del cual se entenderá que la
18 Imprenta Nacional, Anales del Congreso, Año XXXV, n.° 76, 26 de mayo de 1992,
p. 3.
19 Ibídem.
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sociedad conyugal se disuelve; salvo que, fundándose en el
mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal,
ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente.
Así las cosas, ocurrido el distanciamiento físico, más
dos años, finiquita la comunidad de gananciales, y los bienes
adquiridos por los cónyuges dejarán de pertenecer a ella,
siendo posible que, desde este instante y de conformarse una
unión marital de hecho, se supere el impedimento que
imposibilita la conformación de una sociedad patrimonial de
hecho.
3.3.2.3. La integración normativa que ahora se afirma,
deberá tenerse en cuenta al interpretar sistemáticamente los
cánones tocantes a la disolución de la sociedad conyugal o
su liquidación.
Por tanto, agotados los dos años siguientes a la
separación de hecho, la comunidad de bienes entre los
cónyuges se tendrá por disuelta, desde este momento, de lo
cual deberá dar cuenta la sentencia respectiva, en caso de
que las partes acudan al aparato judicial para la declaratoria
de divorcio o para la liquidación de la masa de gananciales.
3.3.2.4. Con las subreglas que ahora se asientan se
corrige la omisión normativa y axiológica respecto de la
separación de hecho, por medio de la aplicación de los
artículos 167 y 1820 del Código Civil de forma analógica.
De esta forma se garantiza una respuesta a la situación
patrimonial de los cónyuges que se han alejado; asimismo,
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se superan los vacíos axiológicos advertidos ampliamente por
esta Corporación:
a) Se garantiza la justicia, por cuanto los activos
posteriores a la cesación de la vida común serán
usufructuados solamente por quienes en verdad han
participado en su consecución y explotación;
b) Se evita que la primacía de la sociedad conyugal
sobre la sociedad patrimonial, que en principio es
constitucional, se soporte en una solemnidad huera, lo que
representa una transgresión de la igualdad material entre
todas las formas de familia;
c) Se desestimulan las prácticas desleales y abusivas, al
impedir que un cónyuge, extraño a la actividad de su
expareja, pretenda apropiarse de sus resultados económicos
y de esta manera privar a eventuales compañeros
permanentes de sus derechos económicos; y
d) Se respeta la autonomía de voluntad de los consortes,
que al distanciarse por dos años o más, dejan en claro su
voluntad de cesar en la empresa común para acometer
proyectos individuales.
3.3.3. Reiteración jurisprudencial.
La Corporación, aunque no de forma pacífica, arribó a
la proposición que ahora se fija, en la sentencia SC4027-
2021, cuando sostuvo:
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Cesada la convivencia matrimonial, ninguno de los cónyuges tiene
legitimación para beneficiarse de los bienes que no han contribuido
a formar. Lo contrario, implica desconocer el principio de la buena
fe, así como la realidad social, con manifiesto abuso del derecho,
pues no resulta ético o moral participar de algo que no se ayudó a
construir, nada de lo cual permite una lectura legal y
constitucional.
Acreditada la separación de hecho definitiva e irrevocable de los
cónyuges, esto trae consigo, la disolución de la sociedad conyugal,
faltando entonces la decisión judicial que tendrá efectos
retroactivos a la data cierta demostrada de la separación de hecho
definitiva y permanente.
Idéntico colofón fue plasmado en el proveído SC2429-
2024, a saber:
…la simple separación de cuerpos -de hecho- por un lapso superior
a dos años, disuelve la sociedad conyugal. Incluso sin que medie
declaración judicial -o de las partes ante autoridad competente-…
Así, se dota de efectos jurídicos a una realidad incontestable que
revelan los hechos. A saber, que cuando se ha roto de manera
definitiva y por lapso superior a dos años la convivencia entre los
cónyuges y cada uno de ellos -o al menos uno de ellos- ha hecho
vida marital aparte, no existe sociedad conyugal alguna entre los
unidos por vínculo matrimonial. Y es que «la palabra sociedad,
tomada en su más lata acepción, tiene el sentido de asociación. Se
aplica a toda reunión de personas que se proponen conseguir un
fin común». Allí donde no hay plan de vida en común, ni aportes,
no hay sociedad conyugal.
Total, como afirma Julio López del Carril, en palabras
aplicables al caso, mutatis mutandi, «sería inmoral y contrario
a las buenas costumbres y a toda equidad, que la ‘unión de
dos personas libres’ sirviera para burlar económicamente a
una de ellas en provecho injusto de la otra, llevando a una -
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generalmente la mujer- al desamparo y a la miseria, cuando
la ley no prohíbe ese tipo de unión»20.
Solución aceptada por la doctrina nacional lustros
atrás:
Si la sociedad conyugal es consecuencia directa de la comunidad
doméstica, o sea, el hecho de que marido y mujer vivan bajo un
mismo techo, lógico es concluir que cuando semejante comunidad
se rompe de hecho, debe romperse la sociedad conyugal. En
Colombia se ha interpretado la sociedad conyugal como efecto del
vínculo matrimonial y no como resultado de la vida en común que
deben realizar los cónyuges y del cumplimiento en general de las
obligaciones matrimoniales. Por este motivo, la Corte Suprema
decidió en sentencia del 1° de agosto de 1979 que no existen otras
causales de disolución fuera de las previstas por el art. 1820 del
C.C… Pero se abre paso en el país la tesis de que la sociedad
conyugal es más efecto de la vida común que hacen los casados
que de un vínculo matrimonial teórico21.
Y por la doctrina internacional:
La comunidad o sociedad conyugal no es una sociedad de bienes
con un límite de duración prefijado. Siendo su finalidad la
satisfacción de intereses comunes a los esposos y su fundamento
la colaboración del marido y la mujer, lógicamente ha de terminar
cuando se disuelva el matrimonio, y, también cuando no obstante
subsistir el lazo matrimonial, la vida en común cesa o si, por
impericia del marido, la colaboración de los cónyuges se hace
imposible22.
Este órgano de cierre ratifica esta posición jurídica, en
desarrollo de la misión atribuida como tribunal de casación
20 Derecho de familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984, pág. 533
21 Arturo Valencia Zea, et. al., Derecho civil. Derecho de familia, Temis, 1995, p. 356.
22 Marcelo Planiol y Jorge Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés, Ed.
Cultural S.A., Habana, 1946, p. 7.
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82
y en defensa de la unidad e integridad del orden jurídico, la
promoción de la eficacia de los instrumentos internacionales,
la protección de los derechos constitucionales y la unificación
de la jurisprudencia.
4. El caso concreto
Planteado el estado del arte sobre la materia en
discusión, la Corte acometerá el estudio del embate
propuesto en casación, con el fin de establecer si el Tribunal,
en el presente litigio, desatendió de forma directa las normas
denunciadas.
4.1. El cargo planteado.
4.1.1. Rememórese que la demandante acusó el
desconocimiento de los preceptos 167 y 180 del Código Civil,
en concordancia en el literal b) del canon 2 de la ley 54 de
1990, por cuanto el ad quem negó la sociedad patrimonial
reclamada con el libelo genitor del proceso, al encontrar que
Fernando Izquierdo Izquierdo estuvo casado -con sociedad
conyugal-, hasta el final de sus días con María Ligia Salgado
Izquierdo, lo que le impidió conformar con Luz Eneyda la
sociedad de activos que ésta persigue.
En fundamento, arguyó que «el Tribunal no debe afectar
el pensamiento del legislador y con ello crear una
incertidumbre jurídica, aplicando una norma extraña al caso
en concreto, pues en la claridad tenemos, que el artículo 167
del código civil colombiano es el que permite para los fines de
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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la separación de cuerpos entre casados, como es el caso, que
nos ocupa, que se produzca unos efectos como el que traduce
dicho artículo que es la disolución de la sociedad conyugal y
que debe quedar claro que es una falencia grave en la
sentencia que debe corregirse para evitar transgredir derechos
ya reconocidos legalmente».
4.1.2. Advierte la Sala que, en atención a la senda
escogida en casación, como fue el numeral 1° del artículo 336
del Código General del Proceso, cuya finalidad es cuestionar
la interpretación y aplicación de las prescripciones que
gobiernan sustancialmente el litigio, se entiende que la
casacionista aceptó plenamente las conclusiones extraídas
por el Tribunal en el campo de los hechos, las que devienen
intangibles en casación.
Así lo ha puesto de presente la jurisprudencia
refiriéndose a las implicaciones de la senda recta: «en la
demostración de un cargo por violación directa, el recurrente
no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea
del examen de los hechos baya llegado el Tribunal. En
tal evento, como lo ha dicho la Corte, la actividad dialéctica del
impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente
en torno a los textos legales sustanciales que considere no
aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente
interpretados; pero en todo caso con absoluta
prescindencia de cualquier consideración que implique
discrepancia con el juicio que el sentenciador haya
hecho en relación con las pruebas» (SC, 25 de marzo de
1973, G.J. CXLVI, n.° 2366-2371, pág. 60).
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Directrices que se ha mantenido en el tiempo: «cuando
se invoque la transgresión directa de normas sustanciales, ‘el
cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni
extenderse a la materia probatoria’, es decir, aceptando los
hechos que el Tribunal tuvo como probados o estimó
descartados y planteando una controversia exclusivamente
jurídica» (negrilla fuera de texto, AC6052-2021).
Por tanto, en el sub examine, la demandante consintió
en que las pruebas del proceso son demostrativas de que la
unión marital de hecho con el causante comenzó el 14 de
julio de 2014 y terminó el 14 de julio de 2020.
4.1.3. Es cierto que en desarrollo del embate la
casacionista refirió fechas diferentes a las señaladas por el
Tribunal en el veredicto confutado. Sin embargo, estas
menciones no traslucen una censura por la vía indirecta, que
descubra la desatención de la regla técnica de la separación,
pues ninguna prueba se denunció como vulnerada, ni se alzó
reprobación alguna contra la valoración probatoria que sirvió
al Tribunal para soportar su decisión.
En verdad, las nuevas fechas se incluyeron como una
simple afirmación y en coherencia con lo pretendido en los
cargos segundo y tercero, en los que se pretendió la casación
por errores de hecho y de derecho en la determinación de los
hitos temporales de la unión marital, que resultaron
inadmitidos por auto AC2657-2023.
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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4.1.4. La Sala, en coherencia con lo explicado, se
centrará únicamente en la discusión de puro de derecho,
conforme al sentido de la acusación en estudio.
Se sigue de esto que la censura deviene parcial, frente
al contenido del fallo de alzada, por acotarse a la formación
de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros
permanentes, quedando intangibles las demás materias
objeto de determinación judicial, en especial, la formación de
la unión marital de hecho entre Fernando Izquierdo Izquierdo
y Luz Eneyda Pérez Paz, así como sus extremos temporales.
4.2. Resolución del cargo.
Adelántese que la acusación se abrirá paso, en tanto la
hermenéutica del fallador de segundo grado, basada en una
revisión formal y textual de los preceptos denunciados, pasó
por alto que, como lo preconiza la casacionista, a la
separación de hecho ocurrida entre el causante y su cónyuge
le era aplicable el artículo 167 del Código Civil, con el fin de
dar por extinguida la sociedad conyugal y, por esta vía,
superar el impedimento para la formación de la sociedad
patrimonial.
4.2.1. Para dilucidar, conviene rememorar los
argumentos que sirvieron al juzgador de alzada, en cuanto
resultan relevantes para el cargo admitido:
El último tópico frente al cual ha de pronunciarse este cuerpo
colegiado atañe a la conformación de la sociedad patrimonial de
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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hecho entre Luz Eneida Pérez Paz y Fernando Izquierdo Izquierdo
(q.e.p.d.), desde el hito inicial de la unión marital y hasta el 14 de
julio de 2020 conforme a los recursos que sobre ese particular
formularan todos los demandados. Esto, bajo el entendido que la
unión marital de hecho declarada en este proceso sucedió en
vigencia del matrimonio existente entre el compañero y la señora
María Ligia Salgado Izquierdo.
Lo primero que ha de sentar este Tribunal al respecto, es que se
aparta del precedente dictado por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC4027-2021 del 14 de
septiembre de 202139, que sirvió de apoyo a la decisión de primer
grado, para acceder a la declaración de la sociedad patrimonial de
hecho entre compañeros permanentes… (i) No nos encontramos
frente a una doctrina probable del órgano de cierre… (ii) No existe
similitud fáctica entre lo resuelto en el proveído SC4027-2021 del
14 de septiembre de 2021 y el caso concreto… (iii) La
interpretación normativa allá expuesta, a juicio de este juez
colegiado, supone un desconocimiento a los designios del
legislador…, trátese de una reserva legal, que impide al operador
de justicia, reconocer casuales de disolución diferentes a las
contenidas en el citado canon [se refiere al 1820 del Código Civil],
cualquier otra interpretación, resulta contraria a la Constitución…
De suerte que, para los efectos de este pronunciamiento, el
matrimonio de don Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.) y la
señora María Ligia Salgado Izquierdo, celebrado el 15 de
noviembre de 197345, no obstante, la separación de hecho
definitiva ocurrida en el año 1979, según confesión de esta última
surtió efectos hasta el 14 de julio de 2020, fecha en la que falleció
el esposo.
4.2.2. Resáltese que esta hermenéutica, al margen de
su acuidad, se centró en la literalidad del canon 1820 del
estatuto civil, encontrando en el artículo 42 de la
Constitución Política una reserva legislativa que impide la
intervención del juez para el abordaje de la separación de
hecho de los cónyuges desde una óptica diferente.
Tal método de interpretación, por centrarse en la norma
legislada y su contenido textual, obvió los demás, en
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concreto, los histórico-lógico y sistemático, y sacrificó valores
y principios reconocidos en la Constitución Política.
Lo primero, porque al centrarse en la literalidad del
artículo 1820 del Código Civil, no tuvo en cuenta los cambios
legislativos alrededor del reconocimiento de la separación de
cuerpos de los cónyuges, en el contexto de la evolución del
derecho de familia y el reconocimiento progresivo de sus
diversas formas.
Desarrollo que, como ya se mostró con detenimiento en
el estado del arte de esta providencia, nos enseña que (I) la
primacía otorgada al matrimonio sobre otras formas ha
perdido peso, ante la aceptación de que la familia es una
institución que puede emanar de múltiples fuentes, todas
merecedoras de protección por parte del Estado y de la
sociedad, en condiciones de igualdad; (II) el reconocimiento
de la separación de hecho en Colombia, por medio de la Ley
25 de 1992, fue una respuesta a una problemática existente
-indisolubilidad civil de los matrimonios religiosos-, cuya
incorporación se hizo de forma fragmentaria; y (III) existe una
laguna normativa, pues el legislador no evaluó ni resolvió
todas las implicaciones de la separación de hecho, como en
antaño se hizo tratándose de la separación de cuerpos
judicial por la Ley 1ª de 1976.
Lo segundo, ya que, como se puso de relieve por la
Corporación, aceptar que la sociedad conyugal se extienda
con posterioridad a la separación de hecho prolongada de los
esposos, permite que un cónyuge tome provecho de esta
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situación para apropiarse de bienes que no ayudó a
construir, socave los derechos de quienes sí invirtieron su
trabajo y esfuerzo para acumular un patrimonio común. Al
mismo tiempo, contribuiría a privilegiar la formalidad de un
vínculo que perdió contenido con ocasión de la destrucción
de la vida conjunta, en desatención de la justicia, la igualdad,
la buena fe, la prohibición del abuso del derecho y la
autonomía de la voluntad.
Lagunas -normativa y axiológica- que deben solventarse
con la aplicación analógica del artículo 167 del Código Civil
a la separación de hecho, en concordancia con el numeral 2
del artículo 1820 ídem, en el sentido de tener por disuelta la
sociedad conyugal formada por los consortes cuando haya
una separación de hecho por dos o más años.
Ante la extinción de la comunidad de gananciales, la
restricción establecida en el literal b) del artículo 2° de la Ley
54 de 1990 se torna inoperante, contrario a lo aseverado por
el sentenciador de segunda instancia.
4.2.3. En consecuencia, el cargo prospera, por la
desatención directa de las normas denunciadas, aunque la
casación del fallo del 31 de marzo de 2023 tendrá un alcance
parcial, por acotarse al análisis de la sociedad patrimonial de
hecho.
5. Como el embate prosperó, conforme al artículo 349
del Código General del Proceso, no se impondrá condena en
costas procesales en la senda extraordinaria.
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6. En sede de instancia la Corte proferirá la
determinación de reemplazo, colindante, reitérese, a las
materias casadas.
III. SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Pretensiones. En lo que resulta relevante, la
demandante reclamó el reconocimiento de la unión marital
de hecho con Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.), con la
«consecuente declaración de la existencia de la sociedad
ptrimonial (sic) entre los compañeros permanentes», la cual se
encuentra «disuelta y en estado de liquidación».
2. La sentencia de primera instancia. El Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, el 7 de julio
de 2022, profirió decisión de primera instancia, en la que,
entre otras cosas, declaró «la existencia de la sociedad
patrimonial entre Luz Eneida Pérez Paz y Fernando Izquierdo
Izquierdo, la cual inicio (sic) el 7 de julio de 2013 y finiquito (sic)
el 14 de julio de 2020», que se encuentra «disuelta y en estado
de liquidación».
3. Argumentos de la apelación. La apoderada judicial
de Fernando Izquierdo Montañez cuestionó la declaración de
existencia de la sociedad patrimonial, pues la sociedad
conyugal conformada entre Fernando Izquierdo Izquierdo
(q.e.p.d.) y María Ligia Salgado Izquierdo se mantuvo hasta el
14 de julio de 2020, fecha de fallecimiento de aquél.
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Aseguró que en el caso no es aplicable «lo dispuesto por
la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de casación
SC006 de 2021 (sic) para justificar la existencia de la sociedad
patrimonial anotada, por cuanto la sociedad conyugal entre el
causante y su esposa María Ligia Salgado Izquierdo estuvo
vigente hasta la muerte del esposo al haber dado éste socorro
y ayuda a su esposa hasta el momento de su muerte».
El apoderado judicial de Yaneth Izquierdo Salgado, María
Ligia Salgado Izquierdo y Jhon Jairo Izquierdo Salgado criticó
la valoración que sirvió para reconocer la unión marital y,
porque de existir, sólo pudo iniciar después del año 2016.
4. Sentencia del Tribunal. Como la casación que se
decretó fue de alcance parcial, se tiene que los argumentos
del ad quem tocantes a la relación formada por la pareja
Izquierdo-Montañez y su duración -1982 a 2013-, la falta de
demostración del inicio de convivencia de la pareja Izquierdo-
Pérez a partir del año 1982, y su comienzo desde el año 2014,
se mantiene inalterados. Por tanto, los parágrafos primero,
tercero y cuarto del veredicto del 31 de marzo de 2023
permanecerán incólumes.
5. Consideraciones. Acotado a los argumentos
concretos expuestos al apelar, conforme al artículo 328 del
Código General del Proceso, y a la materia sub judice por haber
sido objeto de la casación, la Sala se concentrará en evaluar si
existe impedimento legal para que surja la sociedad
patrimonial de hecho de la pareja Izquierdo-Pérez, así como la
procedencia de aplicar, al caso, la sentencia SC4027-2021.
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5.1. Inexistencia de impedimento legal.
5.1.1. En gracia de concreción, a la presente decisión
sustitutiva se entienden incorporados todos los argumentos
expuestos al casar, en punto al vacío normativo y axiológico
existente sobre la separación de hecho de los cónyuges y la
extinción de la sociedad conyugal, así como su resolución por
medio de la analogía de los artículos 167 y 1820 -numeral
2°- del Código Civil.
5.1.2. Para resolver, en cuanto interesa, se tiene que en
el presente caso está probado que:
(I) Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.) contrajo
matrimonio religioso con María Ligia Salgado Izquierdo el 15
de noviembre de 1973 (folio 141 del archivo digital
0001CuadernoPrincipalParte1.pdf), que concluyó con el
deceso de aquél el 14 de julio de 2020 (folio 3 ibídem).
(II) Los consortes se separaron de hecho antes del
fallecimiento, como fue relatado en el hecho décimo de la
demanda (folio 103 ibidem) y aceptado en la contestación de
la misma (folio 488 ejusdem).
(III) El distanciamiento físico de los esposos ocurrió en
1979, según fue admitido en el interrogatorio practicado a
María Ligia Salgado Izquierdo, aunque con la precisión de
que el causante siguió dispensándole ayuda económica
(audiencia del 2 de mayo de 2023):
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Preguntada: María Ligia ¿Hasta cuándo vivió usted con don
Fernando?
Respondió: Yo viví 10 años… 10 años en 1979…
Preguntado: Entonces usted se casó en 1973 y vivió 10 años con
el señor Fernando Izquierdo Izquierdo y su separación se dio en
1979, de acuerdo con lo que ha dicho, ¿es así?
Respondió: Si señor Juez… No me separe sino que nos
distanciamos, porque el siempre me siguió ayudando, todo el
tiempo…
Preguntado: Pero viviendo como marido y mujer, bajo el
mismo techo, lecho, cama, todo lo que llamados compartir
como marido y mujer, ¿hasta cuándo fue?
Respondió: Hasta el 79…
Al ser inquirida sobre la relación del causante con Luz
Estella Montañez (q.e.p.d.), aseguró:
Respondió: a los 6 años yo descubrí eso, entonces pues yo lo
esperé 3 años más, por eso nos distanciamos, o yo me distancié
de él en el 79, porque no hubo arreglo ninguno, yo hablé con
ella… pero no… Él me prometió que, a donde yo me fuera, él me
seguiría ayudando, y así fue, hasta el marzo de la pandemia que
me ayudó porque ya se enfermó…
Preguntada: doña María Ligia, no obstante, usted señala que en
1979 fue cuando se separó, según su dicho por adulterio…, usted
quedó embarazada y fruto de ese nuevo embarazo fue que nació
John Jairo en 1982 ¿es así?
Respondió: Si señor Juez
Preguntada: ¿o sea que hubo una reconciliación entre usted y don
Fernando a mediados de 1982?
Respondió: Si señor Juez
Preguntada: Nació John Jairo y ¿cuánto tiempo más siguieron
como marido y mujer?
Respondió: Pues él iba, el iba, donde yo estuviera él iba a
visitarnos…
Y al ser cuestionada por el apoderado judicial de la
demandante reiteró:
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
93
Interrogada: Manifestó usted doña María Ligia… que
efectivamente… tuvo matrimonio vigente hasta 1979, ¿es
cierto sí o no?
Respondió: Pues yo me distancié de él y seguimos como si
fuéramos casados porque no nos divorciamos por papeles ni
con firmas…
Interrogada: lo que quiere decir es que separó de hecho más
no hubo un documento ¿verdad?
Respondió: Si señor abogado… (negrilla fuera de texto).
(IV) Según la sentencia del 31 de marzo de 2023,
proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, en las materias no rescindidas por
el remedio casacional, se tiene que la unión marital de hecho
de Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.) y Luz Estella
Montañez Casallas (q.e.p.d.) estuvo vigente de 1982 a 2013.
A su vez, la relación convivencial entre Fernando Izquierdo
Izquierdo (q.e.p.d.) y Luz Eneida Pérez Paz tiene «como
baremo inicial… la fecha del 14 de julio de 2014» y terminó
con el perecimiento del compañero permanente «el 14 de julio
de 2020».
5.1.3. Según la subregla fijada en la decisión
casacional, se tiene que la separación física de los cónyuges
da lugar a la disolución de la comunidad de gananciales,
siempre que se traduzca en rompimiento del proyecto de vida
común, por un término igual o superior a un bienio.
Así sucedió en el caso de la pareja Izquierdo-Salgado,
pues desde 1979 decidieron echar a pique la empresa
conjunta, lo que se materializó en que la consorte se alejó de
su esposo, cambiando su domicilio a un municipio diferente,
según lo reconoció en su interrogatorio.
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
94
Como consecuencia, Fernando Izquierdo Izquierdo
(q.e.d.p.) determinó consolidar una nueva relación
sentimental con Luz Estella Montañez Casallas (q.e.p.d.),
quien era reconocida como su compañera permanente, según
se asintió en la sentencia del Tribunal.
5.1.4. Estos razonamientos no se modifican por el
hecho de que los cónyuges tuvieran encuentros sexuales
posteriores, pues éstos no desvelan un proyecto de vida
compartido, no sólo por su carácter esporádico, sino también
porque no estaban acompañados de la fijación de objetivos y
metas connaturales a un proyecto familiar.
Tampoco tiene este alcance la ayuda económica
brindada por el causante a su familia matrimonial, porque
realmente era la forma en que cumplía su deber alimentario,
destinándose a la manutención y estudio de sus hijos
comunes. Con todo, incluso de aceptarse que estas
contribuciones eran disfrutadas por su cónyuge, su fuente se
encuentra en el deber de solidaridad, explicable por el hecho
de que fue el culpable de la separación.
Refulge de lo expuesto que para el año de 1981 se
entiende disuelta la sociedad conyugal, esto es, dos años
después de la separación de hecho.
5.1.5. Como la pareja Izquierdo-Montañez comenzó su
vida común el 14 de julio de 2014, es diáfano que para esta
data había operado la disolución de la comunidad de activos
matrimonial, por lo que no se configura el impedimento a que
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
95
se refiere el literal b) del artículo 2° de la ley 54 de 1990, en
orden a imposibilitar el surgimiento de la sociedad
patrimonial de hecho entre aquéllos.
5.2. Configuración de los supuestos para declarar la
sociedad patrimonial de hecho.
5.3.1. La última de las disposiciones citadas, después
de sus modificaciones y exclusiones por
inconstitucionalidad, prescribe:
Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes
y hay lugar a declararla judicialmente… Cuando exista una unión
marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento
legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas… por lo
menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital
de hecho.
Añádase que, según la jurisprudencia de la Sala, se «ha
inaplicado por vía de excepción de inconstitucionalidad la
exigencia temporal, pues… el legislador al fijar el tiempo de
espera de ‘por lo menos un año’, no fundamentó la finalidad
que persigue ese término, situación que lo convierte en un
tiempo muerto que causa perjuicio a la familia natural que
conforman los compañeros permanentes del literal b)
parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser
corregido por esta Corporación» (SC311-2023).
5.3.2. La Corte ha compilado y explicado los requisitos
normativos de marras de la siguiente forma:
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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(a) comunidad de vida entre los compañeros, quienes deciden
unirse con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y desarrollar
un proyecto de vida compartido (CSJ, SC, 12 dic. 2012, rad. n.°
2003-01261-01);
(b) singularidad, que se traduce en que los consortes no pueden
establecer compromisos similares con otras personas, ‘porque si
alguno de ellos, o los dos, sostienen además uniones con otros
sujetos o un vínculo matrimonial en el que no estén separados de
cuerpos los cónyuges, esa circunstancia impide la configuración
del fenómeno’ (CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.° 2008-00162-
01);
(c) permanencia, entendida como la conjunción de acciones y
decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan
inferir la decisión de conformar un hogar y no simplemente de
sostener encuentros esporádicos (CSJ, SC, 20 sep. 2000, exp. n.°
6117);
(d) inexistencia de impedimentos legales que hagan ilícita la unión,
como sucede, por ejemplo, con el incesto (CSJ, SC, 25 mar. 2009,
rad. n.° 2002-00079-01); y
(e) convivencia ininterrumpida por dos (2) años, que hace presumir
la conformación de la sociedad patrimonial (CSJ, SC268, 28 oct.
2005, rad. n.° 2000-00591-01)… (SC128, 12 feb. 2018, rad. n.°
2008-00331-01).
[f] A los cuales habrá que añadirse, que «si alguno o ambos lo
tienen, ‘que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan
sido disueltas’» (SC, 20 sep. 2000, exp. n.° 6117, reiterada en
SC11949, 26 ag. 2016, rad. n.° 2001-00011-01) (SC003-2021).
5.3.3. Estos requerimientos se encuentran satisfechos
en el sub examine, a saber:
(I) Conforme a la sentencia del Tribunal, la pareja
formada por Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.d.p.) y Luz
Eneida Pérez Paz, construyeron una vida común.
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(II) Con posterioridad al año 2014 la relación fue
singular, pues para esta data se había extinguido la relación
entre Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.d.p.) y Luz Estella
Montañez Casallas (q.e.p.d.), según lo precisado por el ad
quem.
(III) La pareja Izquierdo-Pérez alcanzó un vínculo
estable, que se proyectó en el tiempo por muchos años, de
acuerdo con el veredicto de alzada en los acápites no
casados.
(IV) No se demostró en el expediente la presencia de
situaciones que hicieran ilícita la unión sentimental.
(V) La convivencia se extendió del 14 de julio de 2014 al
14 de julio de 2020 con lo que se superó el plazo de dos años
requerido para presumir la sociedad patrimonial de hecho.
(VI) Para la fecha en que principió la relación de hecho
ya estaba disuelta la sociedad conyugal que previamente
había formado Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.) con
María Ligia Salgado Izquierdo, como ya se explicó.
Por lo expuesto, deviene procedente acceder al
reconocimiento de la comunidad de activos entre los
compañeros permanentes, como se hará en la parte
resolutiva de este proveído.
En este punto habrá que modificar el numeral segundo
de la decisión de primera instancia, pues el a quo indicó como
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
98
fecha de iniciación el 7 de julio de 2013, por corresponder al
extremo inaugural de la unión marital, data que resultó
modificada por el Tribunal en materia ajena a la casación.
5.3. Alcance del precedente SC4027-2021
Al margen del valor de la sentencia del 14 de septiembre
de 2021, dentro del sistema de fuentes de nuestro orden
jurídico, lo cierto es que la Corte, en esta providencia, en
garantía de la integridad del plexo normativo y para evitar el
desconocimiento de la axiología de la Constitución Política,
realizó una interpretación histórica y sistemática de las
normas que gobiernan la separación de hecho de los
cónyuges y sus efectos sobre la sociedad patrimonial de
hecho, fijando una subregla que servirá a todos los
sentenciadores de instancia para resolver los asuntos que en
el futuro sean sometidos a conocimiento, quienes tienen el
deber de considerarla en desarrollo de los artículos 13 de la
Constitución Política, 7 y 42 del Código General del Proceso.
Máxime porque en el proveído SC2429-2024 se reiteró igual
directriz interpretativa para la resolución de un asunto
casacional.
6. Sumario de cierre.
Una vez casada parcialmente la sentencia del Tribunal
por infringir de manera directa los artículos 167 y 1820 -
numeral 2- del Código Civil, en concordancia con el artículo 2
-literal b- de la ley 54 de 1990, en sede de instancia se emitirá
veredicto de segundo grado únicamente sobre la materia
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
99
objeto de casación, confirmando la decisión de primer grado
relativa al reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho,
con la precisión realizada en el veredicto de alzada sobre las
fechas en que ocurrió la convivencia.
Con todo, para fines de claridad, se reproducirán en el
acápite resolutivo de este veredicto todas las determinaciones
de la apelación.
Se impondrá condena en costas a la demandante en la
alzada conforme al numeral 1° del artículo 365 del Código
General del Proceso, por cuanto su recurso se despachó de
forma desfavorable. Las agencias en derecho las fija el
magistrado ponente de acuerdo con las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CASA PARCIALMENTE la sentencia de 31 de marzo de 2023,
proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, en el proceso verbal de Declaración
de Existencia de Unión Marital de Hecho y Sociedad
Patrimonial entre compañeros permanentes que la
recurrente le adelantó a María Ligia Salgado Izquierdo, como
cónyuge supérstite de Fernando Izquierdo Izquierdo y
herederos de este. En consecuencia, en sede de instancia,
RESUELVE:
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100
Primero. Modificar el numeral segundo de la sentencia
de primer grado, de fecha y procedencia conocidas, en el
sentido de señalar que la sociedad patrimonial de hecho que
existió entre Luz Eneida Pérez Paz y Fernando Izquierdo
Izquierdo (q.e.p.d.), inició el 14 de julio de 2014.
Segundo. El acápite resolutivo de la decisión de segunda
instancia se compendia así:
Primero: modificar el numeral primero de la sentencia apelada, de
fecha y procedencia conocidas, en el sentido de señalar que la
unión marital de hecho que existió entre Luz Eneida Pérez Paz y
Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.), inició el 14 de julio de
2014.
Segundo: Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada,
de fecha y procedencia conocidas, en el sentido de señalar que la
sociedad patrimonial de hecho que existió entre Luz Eneida Pérez
Paz y Fernando Izquierdo Izquierdo (q.e.p.d.), inició el 14 de julio
de 2014.
Tercero: En lo demás, confirmar la decisión objeto del presente
pronunciamiento.
Tercero. Condenar en costas de la apelación a la parte
demandante. El magistrado ponente fija como agencias en
derecho la suma equivalente a tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia.
Cuarto. No condenar en costas en casación.
Tómense las anotaciones pertinentes, por secretaria, y
envíese al Tribunal copia de esta providencia.
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101
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
(Salvamento de voto)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(Salvamento de voto)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
(Aclaración de voto)
HERNANDO HERRERA MERCADO
(Conjuez)
(Aclaración de voto)
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
102
JOHN FREDY IBÁÑEZ DÍAZ
(Conjuez)
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
103
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
SALVAMENTO DE VOTO
Con el mayor respeto por la decisión adoptada por la
mayoría de la Sala en la sentencia SC3085-2024, nos
permitimos expresar las razones jurídicas por las cuales
disentimos de la posición mayoritaria.
Reconocemos, en primer lugar, la importancia del
problema jurídico abordado y valoramos el riguroso esfuerzo
de la Sala por proteger los derechos patrimoniales de los
compañeros permanentes, adaptando el derecho de familia a
las realidades sociales actuales. La sentencia refleja un
trabajo académico minucioso y una genuina preocupación
por la justicia material en las relaciones familiares.
Sin embargo, después de un cuidadoso análisis, los
suscritos Magistrados consideramos que la solución
adoptada, aunque movida por un fin constitucionalmente
valioso, puede generar dificultades significativas en su
implementación práctica, y plantea algunos desafíos desde el
punto de vista de la seguridad jurídica:
1. El uso de la analogía y los límites de la creación
judicial de derecho.
1.1. La sentencia de la cual respetuosamente
disentimos propone que los efectos de la separación de hecho
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104
de los cónyuges, sumada al transcurso de cierto tiempo,
pueden equipararse a la separación judicial de cuerpos
prevista en el artículo 1820-2 del Código Civil como causal
de disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, esta
interpretación presenta algunas dificultades jurídicas que
merecen ser analizadas.
En primer lugar, la norma en cuestión establece
expresamente que la sociedad conyugal se disuelve por «la
separación judicial de cuerpos»23, lo que presupone la
necesaria intervención de la jurisdicción para ratificar tanto
la separación como sus efectos patrimoniales. Esta exigencia
no es accidental sino que responde a un principio general del
derecho según el cual “las cosas se deshacen como se hacen”,
principio que cobra especial relevancia tratándose de actos
solemnes como el matrimonio y sus efectos –tanto
personales, como patrimoniales–.
1.2. La decisión mayoritaria fundamenta el uso de la
analogía en la existencia de un vacío normativo. Sin embargo,
esta premisa requiere un análisis más detenido. El artículo
1820 del Código Civil establece de manera taxativa las
causales de disolución de la sociedad conyugal, y esta
taxatividad sugiere que el legislador, al enumerar los
supuestos específicos que dan lugar a este efecto jurídico,
decidió conscientemente excluir otras posibles causas, entre
ellas la separación de hecho de los cónyuges.
23 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-222 de 1995; C-006 de 1998; C-228 de 1998; C-007 de 2002
y C-510 de 2008, entre otras.
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105
En este mismo sentido, el hecho de que la Ley 25 de
1992 no hubiera regulado expresamente los efectos
patrimoniales de la separación, de hecho no necesariamente
constituye un vacío normativo que deba ser llenado por vía
judicial. Por el contrario, este silencio, en presencia de una
regulación clara sobre las causales de disolución de la
sociedad conyugal, podría interpretarse como una decisión
consciente de mantener el régimen existente.
2. Los efectos generales y retroactivos de la
decisión
2.1. La interpretación adoptada por la mayoría de la
Sala establece que la separación de hecho de los cónyuges por
más de dos años produce la disolución automática de la
sociedad conyugal. E insistimos en que esta determinación,
aunque busca resolver una situación de inequidad, tiene
implicaciones que trascienden el caso concreto, pues modifica
el estado civil y la situación patrimonial de todas las parejas
separadas de hecho en Colombia.
Un aspecto que genera particular inquietud es que la
decisión no establece claramente sus efectos temporales.
Esta indeterminación podría afectar situaciones jurídicas
consolidadas bajo el entendimiento anterior de la norma,
alterando derechos adquiridos y expectativas legítimas de
parejas que se separaron hace años o décadas.
La seguridad jurídica, principio fundamental de nuestro
ordenamiento, sugiere la necesidad de establecer
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106
lineamientos absolutamente claros sobre la aplicación en el
tiempo de nuevas interpretaciones normativas, en especial
cuando estas afectan el estado civil y las relaciones
patrimoniales de las personas.
2.2. La función creadora de derecho que corresponde a
la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria se materializa a través de la
construcción de subreglas jurisprudenciales que emergen de
la resolución de casos concretos. Estas subreglas, por su
naturaleza, son adaptables a las particularidades de cada
controversia y permiten a los jueces resolver situaciones
análogas considerando sus circunstancias específicas.
Sin embargo, esto no puede entenderse como una
facultad para establecer efectos de pleno derecho, que
modifican situaciones jurídicas incluso en ausencia de
controversia judicial. Ese tipo de cambios estructurales al
ordenamiento tradicionalmente han sido materia de
regulación legislativa, ya que es el Congreso quien cuenta con
mecanismos de deliberación y participación democrática que
permiten evaluar comprehensivamente sus impactos.
Además, cuando el legislador introduce cambios de esta
magnitud, suele establecer regímenes de transición que
facilitan una adaptación ordenada a las nuevas realidades
normativas (y ello no ocurrió así en este caso).
3. Autonomía de la voluntad .
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3.1. La decisión mayoritaria parte de una premisa que
merece un análisis cuidadoso: que la separación de hecho
prolongada por dos años refleja necesariamente una voluntad
tácita de los cónyuges de cesar su proyecto de vida común y,
con él, sus efectos patrimoniales. Esta interpretación, aunque
razonable en algunos casos, podría no reflejar la complejidad
de las relaciones familiares.
En efecto, la falta de formalización de la ruptura
matrimonial también podría interpretarse como una
manifestación de la voluntad de mantener el vínculo, por
diversos motivos que merecen igual respeto y consideración:
móviles religiosos, expectativas pensionales, razones
emocionales o familiares, entre otros. Nuestro ordenamiento,
precisamente reconociendo esta complejidad, ofrece
herramientas específicas para que los consortes formalicen
su situación personal y patrimonial cuando así lo deseen.
En ese sentido, estimamos prudente permitir que las
partes gobiernen sus relaciones con libertad y conciencia. Tal
como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU617
de 2014, la protección estatal a la familia debe materializarse
principalmente a través del reconocimiento de su capacidad
de autodeterminación, lo que equivale a decir que la
intervención de las autoridades en el devenir y las decisiones
familiares debe ser la excepción, y no la regla.
3.2. La pauta adoptada por la mayoría, aunque busca
proteger los derechos patrimoniales de los compañeros
permanentes, tiene efectos que trascienden este propósito. Al
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108
establecer la disolución automática de todas las sociedades
conyugales después de dos años de separación de hecho, la
decisión afectaría incluso a parejas donde no existe un tercero
cuya calidad de compañero requiera protección.
Esta consecuencia general plantea interrogantes sobre
la preservación de la naturaleza solemne del vínculo
matrimonial, característica que ha cumplido históricamente
una función importante en la protección de la seguridad
jurídica y la estabilidad de las relaciones familiares.
Adicionalmente, esta interpretación podría tener un
efecto no deseado en el comportamiento social: en lugar de
promover la definición responsable y ordenada de las
situaciones familiares, podría incentivar la informalidad.
Recordemos que la Constitución enfatiza que la familia debe
surgir de una “voluntad responsable”, lo que implica atender
adecuadamente las obligaciones y relaciones jurídicas.
Los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, pilares fundamentales de nuestro ordenamiento,
sugieren la importancia de mantener reglas claras y
previsibles en las relaciones familiares, especialmente en su
dimensión patrimonial.
4. Desafíos prácticos de implementación
4.1. La solución adoptada por la mayoría, aunque
busca atender una necesidad legítima de protección
patrimonial, genera interrogantes importantes sobre su
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
109
implementación práctica que merecen ser analizados
cuidadosamente:
Primero, surgen preguntas sobre el procedimiento
judicial adecuado: ¿En qué tipo de proceso debe declararse
la disolución de la sociedad conyugal derivada de la
separación de hecho? ¿Esta declaración podría hacerse en el
mismo proceso donde se reconoce la unión marital de hecho,
o requeriría un trámite independiente?
Segundo, existen inquietudes sobre la garantía del
derecho de defensa: El cónyuge, siendo titular de derechos
en la sociedad conyugal y por tanto litisconsorte necesario en
asuntos que afecten su disolución, ¿cómo ejercería sus
derechos procesales en el marco de un proceso declarativo de
unión marital que involucra a su consorte con un tercero?
Tercero, hay cuestiones probatorias relevantes: Si el
objeto principal del proceso es la declaración de la unión
marital, ¿cómo se estructuraría el debate probatorio sobre la
separación de hecho del matrimonio preexistente? ¿Qué
garantías tendría el cónyuge –tercero respecto de la cuestión
de la unión marital– para controvertir esta evidencia?
Finalmente, se presentan dudas sobre publicidad y
oponibilidad: ¿Cómo se garantizaría el derecho a la
información de los acreedores de la sociedad conyugal? ¿Qué
mecanismo permitiría dar publicidad a la disolución para
hacerla oponible a terceros?
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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4.2. La determinación del momento exacto de la
separación de hecho, punto de partida del plazo bienal
establecido en la sentencia, también presenta desafíos
prácticos significativos. Las separaciones matrimoniales rara
vez son eventos precisos y delimitados en el tiempo; más
comúnmente se presentan como procesos graduales que
pueden incluir períodos de distanciamiento y reconciliación.
Esta realidad dificulta establecer con certeza el inicio del
término que llevaría a la disolución de la sociedad conyugal.
4.3. Otro aspecto que genera especial preocupación es
que la regla establecida por la mayoría tiene efectos que
trascienden el propósito declarado de proteger los derechos
patrimoniales de los compañeros permanentes. En efecto,
todas las sociedades conyugales vigentes se entenderían
disueltas automáticamente tras dos años de separación de
hecho, exista o no una tercera persona cuya calidad de
compañero permanente requiera protección.
Esta consecuencia general, se reitera no solo carece de
respaldo normativo explícito, sino que pasa por alto la
naturaleza solemne que históricamente ha caracterizado al
vínculo matrimonial .Y más preocupante aún es el mensaje
que esta decisión envía a la sociedad: en lugar de promover
la organización responsable de los asuntos familiares y
patrimoniales antes de constituir nuevos núcleos familiares,
la sentencia crea un incentivo para la informalidad.
La familia, como lo establece nuestra Constitución,
debe surgir de una “voluntad responsable” de conformarla; y
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esta responsabilidad implica, necesariamente, definir y
concluir de manera ordenada las situaciones jurídicas
preexistentes, especialmente en el ámbito patrimonial.
5. Alternativas jurídicas adecuadas.
Queremos insistir en que el precedente de esta
Corporación ya ha desarrollado una solución sustantiva que
permite proteger efectivamente los derechos patrimoniales de
las parejas de hecho, sin necesidad de modificar el régimen
de disolución de la sociedad conyugal: la sociedad de hecho
entre compañeros permanentes.
Esta figura ha evolucionado significativamente gracias
a la jurisprudencia reciente. La Corte ha reconocido que la
decisión de conformar una familia implica naturalmente la
intención de construir un patrimonio común, lo que satisface
el requisito de affectio societatis propio de las sociedades de
hecho. Además, se ha dado pleno valor jurídico y económico
a todas las formas de contribución a la economía familiar,
incluyendo el trabajo doméstico y los aportes en especie,
garantizando una verdadera igualdad entre los compañeros.
La sentencia SC3463-2022 consolidó esta evolución al
establecer que la convivencia singular y estable constituye
un indicio significativo del ánimo de asociación, siempre que
las contribuciones al proyecto común se desarrollen en
condiciones de igualdad. Esta decisión validó expresamente
que los aportes pueden materializarse en servicios o trabajo,
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
112
incluyendo las labores del hogar como factor esencial para la
conformación y consolidación del núcleo familiar.
Esta alternativa jurisprudencial ofrece ventajas
importantes:
(i) Preserva la integridad del sistema jurídico al no
crear nuevas causales de disolución de la sociedad conyugal.
(ii) Armoniza con la naturaleza solemne del
matrimonio y sus efectos patrimoniales.
(iii) Protege adecuadamente tanto los derechos de los
compañeros permanentes como los intereses legítimos del
cónyuge y de terceros.
(iv) Ofrece seguridad jurídica al operar dentro de
marcos procesales ya establecidos.
(v) Promueve la formalización y organización
responsable de las relaciones familiares.
En este sentido, consideramos que la protección
efectiva de los derechos patrimoniales de los compañeros
permanentes podría lograrse mediante el desarrollo y
fortalecimiento de esta figura jurídica, que cuenta ya con
respaldo jurisprudencial sólido y vías instrumentales claras
para su efectiva implementación.
6. Conclusiones.
Radicación n.° 76109-31-10-002-2021-00107-01
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La evolución del derecho de familia representa uno de
los mayores desafíos que enfrenta la jurisprudencia. La
decisión adoptada por la mayoría de la Sala refleja una
genuina preocupación por adaptar nuestro ordenamiento
jurídico a las realidades sociales actuales y, particularmente,
por proteger los derechos patrimoniales de quienes
conforman familias por fuera del vínculo matrimonial.
Compartimos plenamente estos propósitos. La
necesidad de garantizar la equidad en las relaciones
económicas familiares y de proteger a las personas más
vulnerables en estos contextos constituye un imperativo
constitucional que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, está llamada a materializar.
Sin embargo, después de un análisis cuidadoso,
consideramos que la solución específica adoptada por la
mayoría –aunque teóricamente sofisticada–, podría generar
dificultades significativas. La modificación del régimen de
disolución de la sociedad conyugal, por sus profundas
implicaciones en la seguridad jurídica y en la estabilidad de
las relaciones familiares, quizás requeriría una intervención
más comprehensiva, que establezca reglas sustanciales y
mecanismos instrumentales para su realización.
Estas preocupaciones, sumadas a la existencia de
alternativas jurisprudenciales ya desarrolladas que
permitirían alcanzar objetivos similares, nos llevan a
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expresar, con el mayor respeto y consideración por nuestros
colegas, nuestro disenso con la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
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ACLARACIÓN DE VOTO
HERNANDO HERRERA MERCADO
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Con el debido respeto, consignamos las razones por las
cuales aclaramos el voto.
1.- Sea lo primero indicar que estamos conformes con
la determinación adoptada por la Sala.
2. Sin embargo, consideramos que se debe aclarar que
si existe una sociedad conyugal vigente no puede surgir a la
vida jurídica una sociedad patrimonial de hecho. Esto es, el
legislador ha pretendido evitar la coexistencia de
universalidades de bienes.
2.1. Ahora bien, por regla general, la sociedad conyugal
se disuelve por las causales establecidas en el artículo 1820
del Código Civil. Y según el artículo 167 del Código Civil “la
separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo
que, fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges
y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla
vigente”.
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2.2. Se ha venido discutiendo en la Sala que la
disolución de la sociedad conyugal también puede producirse
por la ruptura definitiva de los deberes maritales entre los
cónyuges. Pero, para que esa subregla pueda ser aplicada se
considera que deben cumplirse las siguientes condiciones o
presupuestos.
2.2.1. Primero, debe existir una unión marital entre
uno de los cónyuges -o ambos- y un tercero.
2.2.2. Y segundo, debe verificarse que en efecto se
produjo una cesación definitiva y permanente de los deberes
conyugales. Así y todo, de avizorarse cumplimiento de uno o
algunos de esos deberes no podría afincarse la ruptura
definitiva de hecho. En otras palabras, debe estudiarse si
los hechos probados revelaron una realidad incontestable
e inequívoca. Esto es, que se ha roto de manera definitiva -
y por lapso superior a dos años-, la convivencia y deberes
maritales entre los cónyuges, uno de los cuales hizo vida
marital por separado -para que se abriese camino la
declaratoria de la novel sociedad patrimonial-.
2.3. Como ha sido posición decantada de la Sala, lo
relevante es determinar cuándo se disolvió una sociedad
conyugal para poder delimitar el inicio de otra comunidad
universal. Allí donde no hay ánimo ni plan de vida en común,
no hay propósito asociativo. Por último, se precisa que se ha
exigido en el marco de la subregla, la separación definitiva y
la cesación absoluta de los deberes maritales por un término
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superior a dos años. Ello, puesto que se ha hecho analogía
con la causal de divorcio de separación de hecho por más de
dos años (por ser la situación más parecida a la situación
fáctica que genera el problema jurídico).
Con el mayor respeto,
HERNANDO HERRERA MERCADO
Conjuez
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
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