1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC2954-2024
Radicación n.° 47001-31-03-004-2017-00421-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil
veinticuatro)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
La Corte decide los recursos de casación interpuestos
por Comercializadora Internacional Bananeros Unidos de
Santa Marta -C.I. Banasan S.A.S.-, Coacosta S.A.S. y Talex
S.A.S., frente a la sentencia proferida el 8 de octubre de 2020
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta. El trámite se adelanta dentro del
proceso verbal de responsabilidad civil que instauró Banasan
S.A.S. contra Coacosta S.A.S. y Talex S.A.S.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión
La demandante pretendió que se declare a Talex S.A.S.
y a Coacosta S.A.S. civilmente responsables de los perjuicios
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
2
sufridos con ocasión de la venta del producto denominado
Klingquel Cobre. En tal virtud, pidió que las demandadas
fueran condenadas a pagar las sumas de: $312.373.471, a
título de lucro cesante; y, $14.767.191.530, a título de daño
emergente1.
2.- Fundamentos de hecho
2.1.- En sustento de sus aspiraciones, narró que, en
desarrollo de la actividad de control de Sigatoka Negra en el
cultivo del banano, contactó a las convocadas. En virtud de
ello, el 27 de noviembre del 2015, el representante técnico y
comercial de Coacosta S.A.S. -Tulio Farelo- formuló oferta
mercantil a Banasan S.A.S. para la venta del producto
Klingquel Cobre, el cual «puede ser buena alternativa en el manejo
de esta enfermedad ya que ha sido probado en aplicaciones en emulsión
como también en disolución en agua»2. Comunicación que estuvo
acompañada del catálogo del producto, su correspondiente
ficha técnica y el registro orgánico.
2.2.- Una vez aceptada oportunamente la oferta, se
perfeccionó la compra de 400 litros de producto, el cual sería
enviado por Talex S.A.S.,3 en dos lotes de producción: No.
13000294 y No. 1600704. En consecuencia, Coacosta S.A.S.
expidió las facturas de venta A1-310194 y A1-315805.
1 Página 15 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
2 Página 41 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
3 Según remisión no. 122 del 2016, obrante en página 80 del PDF «Cuaderno No. 01
Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
4 Página 76 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
5 Página 78 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
3
2.3.- El 21 y 22 de mayo del 2016, Banasan S.A.S.
realizó aspersión aérea del producto adquirido en el lote no.
13000294 sobre plantaciones de banano orgánico en las
fincas denominadas “Bureche”, “Don Carlos”, “Kasuma” y
“La mami”. Posteriormente, el 20 y 25 de junio de 2016, con
el lote no. 1600704 efectuó el segundo ciclo de aspersión
aérea en las mismas plantaciones.
2.4.- Indicó que, aproximadamente una semana
después de las segundas aspersiones, las plantaciones de
banano empezaron a sufrir de «necrosis excesiva en las hojas de
las plantas, maduración prematura de los racimos de banano, rajadura
de la cáscara y momificación y acartonamiento de la pulpa de la fruta».
2.5.- Ante tal situación, representantes de las
sociedades demandadas visitaron los cultivos el 28 de junio
del 20166 (en las fincas “Bureche” y “Don Carlos”) y el 6 de
julio del mismo año7 (en “La Mami”). Reuniones en las que
las partes acordaron «un plan de acción» para determinar las
causas del daño.
2.6. El 27 de julio del 2016, el Laboratorio Lepton Labs
presentó el «reporte de análisis LSA-RA-8404-», en el que aseveró
que la muestra del lote no. 1600704 contenía un producto
denominado “fenpropathrin”8. A su turno, en informe
entregado el 30 de agosto de la misma anualidad por
Cenibanano, se evidenció «una diferencia notable en la composición
de los lotes, con la presencia de un compuesto denominado fenpropathrin
6 Página 114 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
7 Página 134 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
8 Página 242 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
4
en el segundo lote identificado con el número 160704 en comparación
con el primer lote aplicado identificado con el número 13000294»9. Ello,
asegura el demandante, a pesar de que en la oferta comercial
se certificó que los productos eran orgánicos.
2.7. Posteriormente, el 28 de diciembre del 2016, el
Instituto Colombiano Agropecuario rindió informe en el que
estableció que «la mezcla recomendada, antes descrita de Kingquel
Cobre y Aceite mineral Emulsificante, generó la fitotoxicidad en las
pruebas aquí citadas, así como en las fincas Bureche, Don Carlos, La
Mami y Kasuma con la aplicación de esa mezcla para el control de
Sigatoka en Junio de 2016. (…) La recomendación del uso de la mezcla
en cuestión para que tenga efectos fungicidas no es procedente a la luz
de la normatividad Colombiana (…). (…) se infiere a toda probabilidad
que la mezcla usada para el control de la Sigatoka Negra en las fincas
Bureche, Don Carlos, Kasuma y La Mami, fue indebidamente
recomendada y generó los episodios de fitotoxicidad severa que nos
ocupa»10.
2.8. En ese orden de ideas, considera el demandante
que Talex S.A.S. y Coacosta S.A.S. recomendaron a Banasan
S.A.S. un producto - Klingquel Cobre- para el control de la
Sigatoka Negra que no debía mezclarse con aceite mineral
emulsificante y que, además, contenía un insecticida
incompatible con cultivos orgánicos. Circunstancias que no
fueron advertidas por las demandadas para la época de la
compra; así como tampoco constaban en la ficha técnica del
producto o en su etiqueta. Por el contrario, aduce el actor
que fue inducido a error «por parte de las sociedades demandadas,
9 Página 265 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
10 Página 309 del PDF «Cuaderno No. 01 Juzgado Cuarto Civil del Circuito».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
5
quienes, en la oferta y en los documentos adjuntos a la misma, le
recomendaron el producto Klinquel Cobre mezclado con aceite mineral
agrícola (emulsión)».
2.9. La fitotoxicidad severa ocasionada en los cultivos
de banano generó cuantiosos perjuicios a Banasan S.A.S.,
«consistentes en la utilidad no percibida por la imposibilidad de prestar
servicios por concepto de administración y logística (materiales y
suministros, transporte y puerto) en los predios Bureche, La Mami,
Kasuma y Don Carlos a partir del siniestro. Asimismo, por los costos
asumidos de valor de cultivo de banano orgánico afectado y gastos
extraordinarios en los predios». También se vio perjudicada por la
pérdida de la fruta que estaba programada para exportación,
por lo que Banasan S.A.S. incumplió su obligación
contractual con Fyffes International.
3.- Posición de las demandadas
3.1. Coacosta S.A.S. propuso las excepciones que
denominó «culpa exclusiva de C.I. Banasan»; «si se demuestra
causalidad entre el Klinquel Cobre y el daño a las plantaciones, es
responsabilidad exclusiva de Talex S.A.S.»; «Coacosta fue solo un
intermediario de la venta del producto»; y la genérica. En síntesis,
indicó que el daño se produjo por la indebida aplicación del
producto al ser mezclado con otros sin las pruebas previas
que garantizaran su compatibilidad y sin haber logrado una
emulsión estable; «aplicación que fue decisión unilateral del
departamento técnico de C.I. Banasan». En todo caso, aclaró que el
verdadero vendedor fue Talex S.A.S., «siendo Coacosta el
intermediario de la negociación»11.
11 Página 50 del PDF «Cuaderno No. 03 Juzgado Cuarto Civil Cto».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
6
3.2. Talex S.A.S. formuló los siguientes medios
exceptivos: «Culpa exclusiva de Banasan»; «inexistencia de vínculo
causal entre el Fenpropathrin y los perjuicios referidos en la demanda»;
«inoponibilidad de los contratos de transacción suscritos entre Banasan
y terceros»; «falta de legitimación en la causa por pasiva»;
«compensación» y «prescripción». En suma, indicó que los
perjuicios sufridos por la demandada fueron ocasionados por
su propio descuido, el cual se ve reflejado «en la ausencia de
medidas oportunas para evitar el agravamiento de la enfermedad de la
Sigatoka Negra. También en la indebida preparación del coctel Q3
utilizado para el riego de cultivos (…). Por último, en la ausencia de
pruebas de fitotoxicidad que pusieran en evidencia la inestabilidad de la
mezcla en forma previa a su aplicación en los cultivos de banano
orgánico». Además, alegó que Banasan S.A.S. no tiene relación
contractual con Talex S.A.S., por lo que no está legitimada
por pasiva en la acción de responsabilidad civil contractual
ejercida12.
4.- Primera instancia
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de
Santa Marta dictó sentencia del 27 de junio de 2019, por la
cual declaró que Talex S.A.S. y Coacosta S.A.S. son
civilmente responsables de los perjuicios sufridos por
Banasan S.A.S. En consecuencia, las condenó a pagar la
suma de $3.506.296.000. Declaró prósperas las excepciones
de mérito denominadas «inexistencia de vínculo causal entre el
Fenpropathrin y los perjuicios referidos en la demanda» e «inoponibilidad
12 Página 161 del PDF «Cuaderno No. 03 Juzgado Cuarto Civil del Cto».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
7
de los contratos de transacción suscritos entre Banasan y terceros» y
negó las demás defensas.
5.- Segunda instancia
El recurso de apelación, formulado por ambas partes
contra el fallo de primera instancia, fue desatado por el
Tribunal -con sentencia del 08 de octubre de 2020-. Allí
modificó los numerales cuarto y quinto de la providencia
cuestionada. En su lugar, declaró que «Talex S.A.S. y Coacosta
S.A.S., son civilmente responsables de los perjuicios sufridos por la
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE
SANTA MARTA S.A.S. “C.I. BANASAN S.A.S”, en concurrencia de culpas
de ésta última, razón por la cual se reducirá la condena en un 50%» y
condenó a las demandadas a pagar la cantidad de
$1.258.500.000, «cifra que ya tiene aplicado el deducible del 50%,
dada la concurrencia de culpas que se presentó de conformidad con lo
expresado en la parte motiva; más el interés legal (6%) a partir de la
ejecutoria de la presente providencia». Revocó parcialmente el
numeral sexto y adicionó la sentencia «en el sentido de declarar
fundado la objeción al juramento estimatorio». En lo demás,
confirmó el fallo apelado.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal comenzó por explicar el régimen de la
responsabilidad civil contractual a partir de los artículos
2341, 1602, 1502, 1494, 1613 y 1614 del Código Civil. Del
examen de dichas normas y de la jurisprudencia de esta Sala
de Casación Civil, advirtió que quien pretenda obtener el
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
8
resarcimiento de los perjuicios sufridos por el
incumplimiento de un contrato deberá demostrar «la existencia
de un contrato bilateral entre las partes, el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por parte de quien es demandante o el
allanamiento a la satisfacción de ellas, el incumplimiento de las
cláusulas negociales por causa imputable al demandado, el daño
padecido por el promotor de la causa y el nexo causal entre el
incumplimiento advertido y el perjuicio padecido»13.
Dicho esto, procedió a verificar la existencia o no de un
negocio jurídico entre las partes en contienda. Para ello,
aludió a los elementos demostrativos obrantes en el plenario:
el correo electrónico enviado por Tulio Farelo; el catálogo del
producto Klingquel Cobre; la ficha técnica del productor del
fertilizante; las facturas de venta expedidas por Coacosta
S.A.S.; la remisión no. 122 de Talex S.A.S.; el acta de reunión
de Banasan S.A.S., Fyffes International, Talex S.A.S. y
Coacosta S.A.S.; la solicitud de informe técnico a
Cenibanano; el formato de visita a predios por parte del ICA;
el acta de reunión de las partes con el ICA; los resultados del
Laboratorio Lepton Labs; el informe final de Cenibanano; el
informe de seguimiento de ensayo; el informe del ICA; la
etiqueta Klingquel Cobre; la etiqueta del coadyuvante
Agrícola Hipotensor S.A.S; el reporte de resultados del ICA;
el laboratorio de análisis químicos; y, el registro del insumo
agrícola.
Advirtió que, contrario a lo argüido por el a quo, «el correo
electrónico cuyo duplicado milita a folio 42, como ya quedó reseñado, no
13 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 343.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
9
constituye una oferta, toda vez que no están colmados la totalidad de los
requisitos exigidos por el estatuto mercantil para que se le tenga por
tal»14. Por otra parte, en lo que concierne a la confesión del
apoderado judicial de Talex S.A.S., aludió a los artículos 191,
192, 193 y 196 del Código General del Proceso y a la
contestación de los hechos sexto, séptimo y vigésimo sexto,
para concluir que «no se logra evidenciar una confesión de cara al
negocio jurídico»15. El ad-quem consideró que el negocio jurídico
que se ha de examinar es el de compraventa, contrato que «se
demuestra con las facturas de venta expedidas por COACOSTA, en la
medida en que se trata de documentos que, en este caso, el vendedor
expide por los bienes entregados tal como lo consagra el artículo 772 del
C. de Co., en concordancia con lo previsto en el artículo 616-1 del
Estatuto Tributario»16. Aseveración que se acompasa con las
declaraciones de los representantes legales de las sociedades
demandadas. En efecto, «las atestaciones que vienen de ser
referidas, aunadas al análisis de las documentales que les precedió, no
hacen sino imprimir a este Tribunal certeza de la existencia de la relación
comercial habida entre los extremos en contienda»17.
En ese orden de ideas, para el fallador se desechó el
reparo de Coacosta S.A.S. «consistente en que solo se trató de una
intermediación, pues, recuérdese, que de conformidad con lo establecido
en el artículo 1340 del C. de Co., la finalidad de este agente es poner en
relación a dos o más personas para que celebren un negocio comercial,
lo que no ocurrió en el sub judice, pues aun cuando el correo dé cuenta
de la presentación inicial del producto como se detalló, se vislumbra que
la materialización del acto jurídico de compraventa se dio precisamente
entre Coacosta y Banasan, en donde el primero vende al segundo el
14 Ibidem. Fl. 347.
15 Ibidem. Fl. 350.
16 Ibidem.
17 Ibidem. Fl. 352.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
10
producto denominado Klingquel Cobre, mientras que a folio 82 se
visualiza la Remisión No. 122 del año 2016 de TALEX a C.I. BANASAN,
en la que se indica como contacto al señor TULIO FARELO, muy a pesar
de que esta última niega cualquier relación con BANASAN»18. Además,
aludió al registro de venta No. 7080, expedido por el ICA, en
el que figura la sociedad Talex S.A.S como autorizada para
vender el producto en el territorio nacional. En ese orden de
ideas, «siendo TALEX SAS la titular del registro, debe atenderse lo
normado por el Art. 31 de la Resolución No. 150 de 2003 del ICA»19, que
consagra la responsabilidad del titular del registro sobre el
producto.
Todas estas apreciaciones le permitieron al juzgador
concluir que tanto Coacosta S.A.S. como Talex S.A.S.
estaban legitimadas en la causa por pasiva, «al figurar la
primera en la factura de venta como vendedora y la segunda por ser la
entidad autorizada para venta del producto agrícola en el territorio
nacional y responder por éste conforme lo estatuye el canon previamente
citado».20
A continuación, estudió si existía responsabilidad civil
de la distribuidora y vendedora (Coacosta S.A.S.) o de la
importadora (Talex S.A.S). Pues bien, atendiendo a los
lineamientos esgrimidos por esta Sala de Casación Civil
sobre las obligaciones contenidas en el contrato de
compraventa, con fundamento en los medios suasorios, halló
acreditado que el Klingquel Cobre «es un fertilizante foliar líquido
formulado como concentrado soluble, para aplicación foliar, que aporta
cobre en forma de complejo orgánico con aminoácidos y péptidos (F.57
18 Ibidem. Fl. 352.
19 Ibidem. Fl. 353.
20 Ibidem.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
11
Cdno tbnal)»21. Además, fijó la atención en los siguientes
medios probatorios: la etiqueta; las recomendaciones de uso;
los interrogatorios de parte de los representantes legales de
Coacosta S.A.S, Banasan S.A.S. y Talex S.A.S.; y las
declaraciones de Camilo Alvarado Mora, Álvaro Arnulfo
Moreno, Ramsés Hernández, Beatriz Barrios, Tulio Farelo,
Leandro Álvarez y Leonardo González. De una valoración
conjunta de dichos medios, advirtió que «la entidad demandante
no tuvo en cuenta el contenido de la etiqueta del KLINGQUEL COBRE, en
la que se contempla que la aplicación debe hacerse por recomendación
de un ingeniero agrónomo, previo análisis del suelo y/o foliar».22 En
efecto, pese a la advertencia plasmada en el registro de venta
No. 7080 del ICA, «no reposa en el plenario elemento alguno que dé
cuenta de que su uso se dio luego del análisis del suelo o del tejido foliar,
lo que constituye una clara desatención de la advertencia a que se hizo
mención».23Tuvo por sentado que la mezcla que ocasionó los
daños fue una segunda aplicación, en la cual se demostró
«con los laboratorios visibles a folios 976 y 977 una mínima variación
entre sus componentes, con la presencia del FENPROPATHRIM en el
segundo, sin que se estableciese que el daño sea consecuencia directa
de ella; utilizándose en ambas el hipotensor SYS en cuya etiqueta figura
que no es compatible con aceite; probando el resultado de compatibilidad
de la mezcla efectuado por el ICA, que esta no era estable»24.
Adicionalmente, hizo hincapié en que los testimonios de los
ingenieros agrónomos dan cuenta de la importancia de la
compatibilidad y estabilidad que debía tener la mezcla a fin
de evitar una sobre- o sub-dosificación. Por otro lado,
estableció la importancia del análisis foliar y de suelo.
21 Ibidem. Fl. 356.
22 Ibidem. Fl. 361.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
12
Dicho lo anterior, memoró que «la responsabilidad del
distribuidor se establece por las recomendaciones indicadas por él
mismo en el etiquetado o en publicidad hablada o escrita»25. En ese
sentido, apuntó que en la misma etiqueta se advertía sobre
la necesidad del análisis de suelo y/o foliar, del cual «como ya
se anotó en líneas precedentes, no existe probanza alguna de que se
haya realizado»26. Recomendación que también estaba
contenida en la ficha técnica. Además, recordó la obligación
del distribuidor a la luz del canon 51 de la Resolución 150 de
2003 del ICA y el contenido del numeral 16 del artículo 3 de
la Resolución 1167 de 2010 del ICA. Disertaciones que
«reafirman el planteamiento efectuado de la inexistencia de evidencia
alguna que se haya realizado un estudio de suelo y foliar a fin de
establecer el estado nutricional del cultivo y del suelo, contraviniendo así
lo estipulado en la etiqueta del producto y sirven a la vez de soporte para
derivar la responsabilidad de los demandados en la ocurrencia del
daño»27.
A continuación, señaló la descripción del producto
efectuada en la ficha técnica y las conclusiones del ICA en el
informe denominado «DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA
APLICACIÓN EN BANANO, EN UNA MEZCLA DE TANQUE DE TRES
COADYUVANTES Y UN FERTILIZANTE FOLIAR FORMULADO, CON BASE
EN SULFATO DE COBRE Y PECTIDOS». Todo ello para concluir que
«BANASAN contribuyó en la ocurrencia de los daños ocasionados al
omitir, como se ha indicado a lo largo de los planteamientos, el estudio
foliar y/o suelo, aunado a la escogencia de productos que tenían
contraindicado en su etiqueta la mezcla con aceite, como es el caso del
25 Ibidem. Fl. 364.
26 Ibidem.
27 Ibidem. Fl. 365.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
13
Coadyuvante Agrícola Hipotensor S.A.S. de la empresa SYS
TECHNOLOGIES LTDA, el cual también genera fitotoxicidad»28. Sin
embargo, no es posible colegir que la responsable del daño
sea únicamente la demandante.
Coacosta S.A.S., a través del señor Tulio Farelo,
recomendó el producto Klingquel Cobre como ayuda
profiláctica, para ser aplicado en emulsión. En ese sentido,
destacó la conclusión del informe rendido por el ICA, en el
que se aseveró que «la mezcla usada para “el control de la Sigatoka
Negra en las fincas Bureche, Don Carlos, Kasuma y La Mami” fue
indebidamente recomendada y generó los episodios de fitotoxicidad
severa que nos ocupa”»29. Aserción a la que se arribó «atendiendo
a que el KLINGQUEL COBRE está registrado como fertilizante y no como
fungicida y en la ficha técnica del producto se indicó que este puede ser
utilizado “o como activador de la respuesta defensiva de los cultivos,
ayudando a protegerlos del ataque de sus enemigos naturales (hongos,
bacterias y otros); buscando la entidad demandante un producto que le
permitiese al cultivo de banano defenderse de la Sigatoka Negra,
“causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, ...Adicionalmente,
infecciones severas de la Sigatoka Negra causan la madurez prematura
del fruto…”, la que se combate con fungicidas, como previamente se
decantó; lo que ubica la Sala en lo dispuesto en el Art. 51 de la Resolución
150 de 2003 del ICA»30.
En ese orden de ideas, al no ceñirse la recomendación
suministrada por Coacosta S.A.S. al uso conforme al registro
ante el ICA -contenidas en la ficha técnica del producto,
«establecerse en el informe presentado por esa entidad la alta
28 Ibidem. Fl. 368.
29 Ibidem. Fl. 369.
30 Ibidem. Fl. 370.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
14
probabilidad en la consumación del daño, permite establecer que de
igual modo concurrieron a la producción del daño; conclusión que lleva
certeza al juzgador al ser el ICA la máxima autoridad en el área de la
participación de las demandadas en la escogencia del producto por ellas
promocionado y causante del daño»31.
Por tales razones, determinó que Coacosta S.A.S. y
Talex S.A.S. son solidariamente responsables de los
perjuicios ocasionados a Banasan S.A.S. La primera, por
haber publicitado y vendido «un producto agrícola para ser utilizado
en emulsión y con una finalidad que no estaba aprobada por el ICA, como
era su empleo como suplemento profiláctico en el manejo de la Sigatoka
Negra»32. Y, la distribuidora, por cuanto, a pesar de que el
Klingquel Cobre está registrado como fertilizante, «lo ha
distribuido para el control de la Sigatoka en el cultivo de banano, tal
como lo muestran las pruebas del KLINGQUEL COBRE en la finca
TERESA como suplemento profiláctico en el manejo de la Sigatoka Negra,
perteneciente al grupo C.I. TECBACO, como se plasma en los folios 1087-
1088, en el que se mezcló con aceite, ALT-100 al 1% del aceite y agua»33.
Y si bien en la etiqueta se advierte que la venta y
aplicación del producto debe hacerse por recomendación de
un ingeniero agrónomo, previo análisis del suelo y/o foliar,
lo cierto es que «no se le puede dar una interpretación gramatical en
el entendido que para la enajenación era obligación del vendedor el
análisis del suelo y/o foliar, ya que esta se produjo por recomendación
de un ingeniero agrónomo que es la profesión del señor TULIO FARELO,
como se establece con su declaración, mientras que el análisis de suelo
y/o foliar le compete al adquiriente»34.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem. Fl. 371.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
15
Las consideraciones esgrimidas le permitieron al
Tribunal concluir que ambos extremos procesales
contribuyeron a la producción del daño a las plantaciones de
banano orgánico de las fincas Bureche, La Mami, Kasuma y
Don Carlos. En virtud del artículo 2537 del Código Civil,
procede la reducción de la tasación en un 50%. Y es que,
«desde la perspectiva eminentemente causal, y sin entrar en el ámbito
culpabilístico, se tiene, como ya se analizó, que fue igualmente incidente
la contribución de los extremos procesales en la consumación del
daño»35. Y es que la comercialización de un producto
atribuyéndole una utilidad que no está avalada por el
fabricante «ni por los lineamientos técnicos fijados por la autoridad
especializada en la materia, que en este caso es el ICA, conlleva
consecuencias negativas para el adquirente y usuario. De otro lado, no
es menos cierto que al mezclar el producto adquirido con otras sustancias
incompatibles entre sí, produciría efectos distintos a los previstos por el
fabricante»36.
Apuntó que es un hecho probado que las empresas
demandadas recomendaron el insumo Klingquel Cobre como
coadyuvante preventivo del ataque de la Sigatoka Negra en
cultivos de banano. Sin embargo, ello no se compadece con
la información del fabricante del producto, que solo lo
promociona como fertilizante. No obstante, «está igualmente
acreditado que BANASAN aplicó el producto sin efectuar los análisis de
suelo y/o foliar, y dicho sea de paso, decidió, a motu proprio, las
sustancias y proporciones con las cuales mezclar el KLINGQUEL COBRE,
sin consultar al vendedor ni al importador, todo ello sin desconocer que
35 Ibidem.
36 Ibidem.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
16
COACOSTA indicó a la sociedad compradora que el uso recomendado de
tal insumo era en emulsión»37.
Por tanto, evidenció que ambos contendores procesales
contribuyeron a la realización del daño. De ello se sigue que
«la cuantificación de los comportamientos confluyentes en la producción
del resultado, debe ser igualitaria, como lo fue su injerencia en la
causación del perjuicio, traducido en que cada extremo deberá soportar
el 50% de responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que BANASAN
es una sociedad que ejerce de manera profesional y habitual actividades
relacionadas con el cultivo y comercialización de banano, tal como lo
indica su objeto social, luego es evidente que asuntos de esa naturaleza
no le son ajenos, ni mucho menos puede pensarse que sobre ella campea
la inexperiencia, luego, atendiendo tales criterios, es enteramente
plausible que soporte la reducción de la responsabilidad al porcentaje ya
señalado»38.
Decidido lo anterior, procedió a analizar las pruebas
recogidas con el fin de tasar las menguas ocasionadas de la
siguiente manera:
1.- Frente a los contratos de transacción, el ad quem
encontró que tales documentos «no resultan suficientes para
establecer el quantum de la indemnización, pues, como ya quedó
reseñado en la jurisprudencia citada, éste debe ser ‘directo y cierto’ y no
meramente ‘eventual o hipotético’»39. Y porque, principalmente, «de
la lectura de los referidos pactos se advierte con nitidez que de ellos no
se deriva un nexo contractual directo ni indirecto entre los propietarios
de las fincas, ajenos a este litigio, y las aquí encartadas»40. A su
37 Ibidem. Fl. 372.
38 Ibidem.
39 Ibidem. Fl. 378.
40 Ibidem.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
17
turno, al valorar tales medios suasorios con los demás
elementos obrantes en el plenario, «no encuentran respaldo
alguno en los montos por los cuales se concilió los perjuicios que
BANASAN causó con la fumigación con KLINGQUEL COBRE a los
propietarios de las heredades afectadas»41.
2.- En cuanto al dictamen pericial, evidenció que este
«no guarda coherencia y relación causal con las inversiones, gastos y
costas que se debe realizar para la rehabilitación de las fincas, por
cuanto no establece cuál es el rango de matas afectadas, el costo de su
reposición, la periodicidad en la producción del racimo de guineo,
cuántas matas se cultivan en una hectárea, el tiempo de recuperación de
las fincas, pues no puede atenderse únicamente los altibajos en los
ingresos de la empresa demandante, si bien aludió en su declaración
que se atendieron estas variables, en el informe no se detallan, por lo
que sus planteamientos no refulgen con claridad»42. Además, destacó
las declaraciones del representante legal de Banasan S.A.S.
sobre el daño sufrido como consecuencia del hecho, lo cual,
contrastado con lo indicado en la demanda, «permite concluir
que el segundo ciclo de aspersión se efectuó el 22 de mayo de 2016, y si
se contabilizan los 6 meses, sería hasta noviembre de 2016 o que se
extendería a diciembre del mismo año»43. Circunstancia que se
encuentra acorde con la declaración de la señora Beatriz
Elena Barrios. Pese a lo anterior, «el cálculo realizado en la pericia
del valor asumido de la cosecha afectada, se hizo hasta el 27 de junio
de 2017, quiere decir que comprendió aproximadamente 13 meses luego
de efectuarse la segunda aspersión -22 de mayo de 2016-, aun cuando
el representante legal de la entidad demandante reconociera
expresamente que el tiempo que no se exportó fue entre 6 o 7 meses, lo
41 Ibidem.
42 Ibidem. Fl. 380.
43 Ibidem. Fl. 381.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
18
que ratificó la testigo ya aludida»44. Lo que permitió al ad quem
concluir que el dictamen pericial no es preciso ni claro, «al no
delimitarse ni apoyarse en el lapso específico por el que se señala el
monto de la pérdida producto del daño ya analizado»45.
Adicionalmente, enfatizó en que «BANASAN no solo exporta la
fruta de esas cuatro fincas sino de muchas otras de banano tradicional,
indicándonos las reglas de la experiencia que en su producción tiene
incidencia las plagas, los cambios climáticos y en especial las brisas, por
lo que se observa con frecuencia como éstas arrasan los cultivos, sin que
se estableciera la ocurrencia o no de éstos aspectos a fin de establecer
que las pérdidas o ganancias de los estados financieros no fueron
impactadas por el banano tradicional sino el orgánico, tal como lo expuso
uno de los testigos; el banano orgánico solo son las 4 fincas afectadas,
manejando la entidad, tal como lo diera a conocer la señora BARRIOS
ALVARADO, más de 80 fincas»46. Por tales razones, para el ad
quem el dictamen pericial no fue suficiente para acreditar el
monto del lucro cesante. Por consiguiente, y al no reposar
elemento demostrativo que acredite tal concepto, «no hay lugar
a su reconocimiento y a pesar de que la demanda cuenta con juramento
estimatorio, tasándolo en $ 312.373.471,16, ello no puede constituir
prueba de su monto, como quiera que fue objetado por Talex S.A.S., tal
como lo precisa el artículo 206 del CGP.»47.
Respecto del daño emergente, atendió a las
declaraciones de renta de Banasan S.A.S., así como a los
estados financieros de los años 2015 y 2016. Piezas que «dan
cuenta las obligaciones contraídas por la entidad demandante, los
cuales, al comparar los créditos vigentes para el año 2015 y 2016 se
extrae que los adquiridos con los Bancos de Occidente, Davivienda y
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem. Fl. 382.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
19
Bogotá se otorgaron con anterioridad a la fecha del daño, figurando con
Bancolombia para el año 2017»48. Asimismo, con la declaración
de la señora Beatriz Elena Barrios Alvarado se corroboró que
«a la entidad demandante le correspondió efectuar créditos para poder
cumplir con las obligaciones, porque había que pagarles a las fincas las
cajas a pesar de que no se exportaron al realizar BANASAN la
fumigación, lo que se verificó vía anticipo, expresando que, para ello,
fueron tomando créditos y a corte del año 2016 era de 3.900 millones»49.
Valorados tales medios probatorios en conjunto, concluyó el
Tribunal que Banasan S.A.S. vio menguadas sus finanzas «al
punto que para hacer frente a sus obligaciones tramitó préstamos con
entidades bancarias, manifestando la señora Beatriz Elena Barrios
Alvarado que para el año 2016 ascendían a 3.900 millones; sin embargo,
al sumar los valores consignados en el estado de pérdidas y ganancias
arroja la cifra de $4.623.140, empero, de allí no logra establecerse qué
guarismo específico corresponde a los daños ocasionados con la
fumigación con KLINGQUEL COBRE»50.
A continuación, aludió al dictamen pericial, del cual «es
dable extraer de él un dato de utilidad en este punto, cual es el de que
en uno de sus apartes se indicó que los créditos solicitados por la
compañía fueron uno por USD $870.000, equivalentes a $2.653.874.100
a BANCOLOMBIA, y otro por USD $43.800,50 para $133.610.364.97 al
BANCO DE OCCIDENTE»51. Así las cosas, el juez de segundo
grado pudo extraer que la compañía utilizó $2.517.000.000
para atender la contingencia ocasionada con la aplicación del
Klingquel Cobre. Por último, dado que se decantó que la
conducta de la actora también incidió en la contribución del
48 Ibidem. Fl. 384.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem. Fl. 385.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
20
daño en un 50%, el ad quem redujo en ese porcentaje la suma
concerniente al daño emergente.
III. LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Se formularon tres demandas de casación. Todas
fueron admitidas y serán estudiadas por separado. Como
cuestión preliminar, se anticipa que en algunos cargos se
avizoran yerros técnicos. Y en todo caso, se realiza el estudio
de fondo del caso. Precisando que dicho ejercicio no es
extraño para la Corte52.
A. DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR
BANASAN S.A.S.
Formuló cinco cargos. Los embates descansan en la
causal segunda. Las cesuras tercera, cuarta y quinta se
estudiarán por separado. Los reproches primero y segundo
se analizan de manera conjunta, en razón de que combaten
las mismas premisas del fallo impugnado.
CARGO PRIMERO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1494, 1495,
1602, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2357 del Código Civil, así
como los artículos 822 y siguientes del Código de Comercio,
52 Al respecto los siguientes pronunciamientos: CSJ, SC1726-2024; CSJ, SC616-
2024; CSJ, SC490-2024; CSJ, SC446-2023; CSJ, SC496-2023; CSJ, SC437-2023;
CSJ, SC492-2023; CSJ, SC1962-2022; CSJ, SC5040-2021; CSJ, SC4024-2021, CSJ,
SC3729-2021; entre otros
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
21
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 5, 19, 20,
21, 22, 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011, por errores de hecho
y de derecho.
En sustento de su cargo estimó que:
1.- El fallo del Tribunal «involucra dos referentes o marcos
jurídicos», a saber, el Estatuto del Consumidor y la legislación
civil sobre responsabilidad contractual. Así, el decisor
determinó que «Coacosta como vendedora y Talex como importador,
faltaron al cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, debían asumir
la responsabilidad en los daños generados», a la luz de la Ley 1480
de 2011. No obstante, «la Corporación de segunda instancia, en
últimas, desdeñó la aplicación correcta de dichas normas» en tanto
que se centró en aplicar las reglas de la responsabilidad civil
contractual y «abandon[ó] el escenario jurídico apropiado». En
efecto, sostuvo que «el Estatuto del Consumidor vigente contiene una
regulación especial alrededor de qué circunstancias comprometen la
idoneidad del producto, qué personas resultan llamadas a la
correspondiente indemnización, en qué eventos hay reducción de la
responsabilidad y, lo más importante… es que este marco normativo
anida uno de los pocos casos en que nuestro ordenamiento jurídico avala
la responsabilidad objetiva, descartando el elemento culpa como basilar
de dicha responsabilidad». Indicó, pues, que «los componentes de la
Sala violentaron no solo tales reglas sino las referentes a las obligaciones
del vendedor y todo ello debido a los errores denunciados».
2.- A continuación, sostuvo que el fallo de segunda
instancia reconoció acertadamente que las demandadas eran
solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados a
Banasan S.A.S. como consecuencia del incumplimiento de
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
22
los deberes de información en la venta de un producto
contenidos en el Estatuto del Consumidor. No obstante,
indicó, no le era dable al ad quem «la exoneración de las
demandadas», en la medida en que no se probó que estuvieran
incursas en ninguna de las causales de exoneración de
responsabilidad previstas en el artículo 22 ejusdem. Y
añadió que, «una eventual reducción de la responsabilidad, también,
está condicionada por ese marco jurídico». Refirió que, «ahí, nacen los
errores del Tribunal, pues, de un lado, desconoció el artículo 22 en cuanto
que siendo una responsabilidad objetiva la que consagra el Estatuto del
Consumidor, las demandadas únicamente podrían exonerarse de su
responsabilidad invocando una cualquiera de las causales allí previstas,
sin que ninguna de ellas concurra a su causa… Tal asunto no lo asumió
el ad-quem, pues, contrariamente, evidenciando el error denunciado,
atribuyeron a Banasan… una responsabilidad compartida sobre la base
de unos supuestos estudios de suelos que no realizó la actora». En
suma, adujo que «el Tribunal dio por establecido, sin estarlo, que
hubo concurrencia de causas; adicionalmente, pasó por alto que no
cualquier acción u omisión de la víctima se puede erigir en una concausa
del daño sufrido». Y agregó que «el concepto que incorpora el parágrafo
del artículo 22, alusivo a la reducción de la responsabilidad del
generador del daño, es una descripción cualificada del origen o
generación del agravio».
3.- Reseñó que el Tribunal erró al concluir que Banasan
S.A.S. incumplió la obligación de realizar estudios de suelo o
de tejido foliar antes de aplicar el Klingquel Cobre porque «dio
por establecido, erradamente, que a la demandante le correspondía
realizar el estudio de suelos» como consecuencia de «una
deformación en el análisis de la etiqueta del producto». Y planteó que,
aun si se aceptara que Banasan S.A.S. sí tenía dicha
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
23
obligación, «no existe en el proceso… elemento de juicio que permita
concluir que la falta de estudio de suelos o tejido foliar, incidió en la
afectación de las plantas».
4.- Enseguida, enlistó los yerros fácticos que, en su
sentir, llevaron al Tribunal a concluir, erradamente, que
Banasan S.A.S. tenía la obligación de hacer un estudio foliar
o de suelos previo a la aplicación del producto.
4.1.- En primer lugar, indicó que «el Tribunal desconoció, en
su verdadera dimensión probatoria, el registro de venta del producto
Klingquel cobre». Tal documento contiene unas instrucciones
«de uso específico» a cuyo tenor literal: «FERTILIZANTE PARA
APLICACIÓN FOLIAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DE UN INGENIERO
AGRÓNOMO CON BASE EN ANÁLISIS DEL SUELO O DEL TEJIDO
FOLIAR». No obstante, el casacionista manifestó que esas
instrucciones «están dirigidas a quienes utilizan el producto, pero
respecto de los cultivos autorizados y registrados ante el ICA, que no son
otros que el arroz y la papa». En la medida en que Banasan S.A.S.
era adquirente del producto para cultivos de banano, «no era
destinatario de ese mandato general… y… en esa dirección, no
soportaba la obligación de realizar el estudio de suelos o tejido foliar».
En suma, «cuando el Tribunal atribuyó a la demandante la obligación
de realizar los análisis mencionados, así haya sido después de la
compra, tergiversó el texto del certificado de venta, pues dio por
establecido que la demandante era cultivadora de arroz y papa y, por
tanto, la directriz de la realización de estudios de suelos y/o tejido foliar
le era aplicable».
4.2.- En segundo lugar, acusó al ad-quem de tergiversar
el contenido de la etiqueta del producto. Señaló que «la etiqueta
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
24
tiene tres secciones». En el centro aparece que se debe aplicar
con recomendación de un ingeniero agrónomo. En «el lado
derecho o tercer cuerpo, incluye las ‘recomendaciones de uso y manejo’»
donde «se indican los cultivos que fueron objeto de autorización por
parte del ICA para la aplicación del Klingquel Cobre y se reducen a los
de arroz y la papa». De modo que, a su juicio, la obligación de
pedir concepto de un ingeniero agrónomo para utilizar el
producto sólo aplicaría a tales cultivos, que no al de banano.
Con todo, aseveró que «en el tercer cuerpo o lado derecho de la
etiqueta se registra la siguiente lectura: “para uso en otros cultivos se
debe consultar con un ingeniero agrónomo”». Bajo esas premisas,
para aplicar el producto Klingquel Cobre, según la etiqueta,
«la única exigencia… era consultar a un ingeniero agrónomo». En la
medida en que el juzgador arribó a otra conclusión, «alteró el
verdadero sentido y aplicación de la etiqueta…».
4.3.- A juicio del casacionista, el Tribunal también
«desdeñó [la] evaluación» de la ficha técnica del producto en
cuestión. Subrayó que «esta pieza procesal obra en el folio 71 del
cuaderno No. 1 y de su texto, concretamente, de las ‘recomendaciones
de uso’, no se desprende por parte alguna la necesidad del estudio de
suelo y/o foliar previa a la aplicación del químico en otros cultivos
diferentes al arroz y la papa, únicos registrados ante el ICA».
Argumentó que «…la ficha técnica es condición para autorizar la
comercialización del producto» y que «su texto resulta de obligatoria
observancia». Y añadió que «el contenido del numeral 3 de dicha ficha,
en donde se indica el modo de empleo del Klingquel Cobre… no se exige,
en términos generales, la realización de estudios de suelo y/o foliar. Sólo
en algunos pocos eventos. Por esa razón, en la hipótesis de aplicar el
producto a otro cultivo, vr.gr., el banano, la condición es la
recomendación de un ingeniero agrónomo».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
25
4.4.- A continuación, afirmó que «el Tribunal… desatendió,
en su verdadera magnitud o dimensión probatoria, el telegrama que el
señor Tulio Farelo Camargo, vendedor de Coacosta, una de las
demandadas, remitió a la sociedad demandante». Manifestó que
esta persona fue quien le recomendó el producto Klingquel
Cobre a Banasan S.A.S. y que, «sin embargo, al hacerlo no adujo
la necesidad de la realización de estudios previos de suelo y/o foliar».
Precisó que «no debe pasarse por alto… [que] el señor Farelo Camargo
es un Ingeniero Agrónomo» y que «a diferencia de lo que respondió en
el testimonio rendido, su vinculación con Banasan, a propósito de la
venta del producto, no se redujo sólo a brindar información» y citó
textualmente el telegrama, donde el señor Farelo Camargo
señalaba que « “…este producto puede ser una buena alternativa en
el manejo de la enfermedad ya que ha sido probado en aplicaciones en
emulsión como también en disolución en agua”». Y reiteró que «por
ningún lado aparece la mención de la necesidad del estudio de suelos o
análisis del tejido foliar».
4.5.- La pretensora acusó al juez de segundo grado de
pretermitir «el indicio que se generó frente a la respuesta de las dos
sociedades demandadas». Sostuvo que «el indicio comporta, en su
estructura, la concurrencia de tres elementos: i) el hecho indicador; ii) el
hecho indicado o desconocido; y, iii) la inferencia lógica o relación de
causalidad entre ellos». En su criterio, «las demandadas…
presentaron contestación de la demanda y en dicho escrito, cada una,
asumió determinada posición frente a los hechos expuestos por la actora
y de esa particular actitud procesal se pueden deducir indicios que
fortalecen la conclusión en torno al no compromiso por parte de la
demandante en la realización del estudio de suelos». Subrayó que
Coacosta S.A.S., en su contestación, no invocó el supuesto
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
26
incumplimiento de la mentada obligación por parte de
Banasan S.A.S. «y no lo hizo, sencillamente porque no era una
obligación asumida o atribuida a Banasan, como equivocadamente
dedujo el fallador». En igual sentido, en su respuesta al libelo,
Talex S.A.S. «aceptó… que las exigencias de la etiqueta refieren a los
cultivos de arroz y papa, los únicos que se encontraban para la época
registrados ante el ICA» y que, en todo caso, esta encartada
«acepta que la etiqueta y registro de venta, refieren que para otros
cultivos diferentes al arroz y la papa, como por ejemplo el banano, su
aplicación debía estar precedida de la consulta y recomendación de un
ingeniero agrónomo».
4.6.- Adicionalmente, esgrimió que «otro elemento de juicio
que el fallador desdeño (sic), refiere al indicio que surgió del
procedimiento de pruebas y réplicas que implementó el Instituto
Colombiano Agropecuario». Y afirmó que, «en ninguno de esos
antecedentes se menciona la necesidad del estudio de suelo o tejido
foliar; no hay, ni por asomo siquiera, el requerimiento de los
representantes de las demandadas sobre tal estudio; el propio ICA dejó
de lado realizar dicho análisis o exigir la acreditación de haberse llevado
a cabo». En su criterio, del silencio del ICA, «se erige en un indicio
en contra de la realización del estudio ya citado; empero, el Tribunal lo
dejó de lado». Planteó que el Colegiado «no observó tal elemento de
prueba y dicha preterición lo condujo, junto con las demás omisiones de
los restantes indicios, a considerar que mi representada estaba en la
obligación de cumplir con ese estudio».
4.7.- También acusó al fallador de desconocer el
testimonio de Leonardo Daniel González Mendoza, quien es
«Ingeniero Agrónomo» y «Gerente técnico de la empresa Talex S.A.».
Este testigo «ratificó que el registro de venta del producto Klingquel
Cobre sólo comprendía, para la época, el arroz y la papa. A estos cultivos
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
27
únicamente refería la etiqueta, tanto en cuanto a las dosis, modos de
aplicación y, en especial, la: ‘venta y aplicación de este producto debe
hacerse por recomendación de un ingeniero agrónomo, previo análisis de
suelo y/o foliar. (1.09 y ss minutos de la respectiva audiencia)».
Igualmente, «fue enfático en decir que para el uso del Klingquel Cobre
en otros cultivos, debía consultarse con un Ingeniero Agrónomo. (1.10)».
Por lo demás, sostuvo el censor, que el deponente «insistió en
que el uso del producto, incluyendo un posible estudio de suelos o tejido
foliar, uno u otro, dijo es responsabilidad del Ingeniero Agrónomo. Él es
el profesional que asume el compromiso de guiar al usuario; él es el que
recomienda qué se debe hacer». En suma, señaló que «si el Tribunal
hubiese atendido esta declaración, muy seguro, no hubiere incurrido en
el error de: i) concluir que Banasan por el solo hecho de comprar el
producto, no obstante que no cultiva arroz ni papa, debía someterse a
las directrices de la etiqueta y proceder a realizar estudio de suelos o
tejido foliar; ii) desconocer que como el banano no estaba registrado ante
el ICA como un cultivo amparado por el registro de venta, la etiqueta, la
ficha técnica, en fin, por las instrucciones establecida en la aplicación y
uso del producto; lo que le competía, por la misma normatividad vigente,
era acudir a un Ingeniero Agrónomo y lograr de él la correspondiente
recomendación de cómo aplicar y usar el Klingquel Cobre». Concluyó
entonces que, los yerros fácticos referidos «son trascendentes y
evidentes» pues, de no haberlos cometido, el Tribunal no
hubiera puesto en cabeza de la demandante el deber de
realizar las mencionadas pruebas.
5. Sumado a lo anterior, el casacionista le atribuyó error
de derecho al ad quem, al considerar que «el hecho… de que en
el telegrama que el señor Farelo remitió a Banasan cuando les presentó
el producto, no haya referido al estudio de suelo o análisis foliar; así
como que las dos demandadas al momento de la contestación de la
demanda y presentación de excepciones no hayan invocado como
elemento de exoneración de la responsabilidad que se les endilgó, el
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
28
supuesto incumplimiento de Banasan de realizar estudios de suelo y/o
foliar, antes de aplicar el Klingquel Cobre; el hecho de que la misma
etiqueta y registro de venta, no indiquen la inevitable realización del
estudio de suelos y/o foliar o que los mismos queden supeditados a la
recomendación de un ingeniero agrónomo, es una situación disuasiva
alrededor de la inexistencia de tal compromiso». De tal manera que
confutó: «si el Tribunal hubiere analizado todas las pruebas en
conjunto, hubiese concluido, sin duda… que no era indispensable
realizar el estudio ya citado», de modo que, al concluir lo
contrario, «el Tribunal desvió su juicio y erigió una obligación a cargo
de la actora sin respaldo probatorio».
6. De otra parte, aseguró, que aun si se aceptara que
Banasan S.A.S. tenía el deber de realizar el estudio foliar o
de suelos «se arriba a la conclusión definitiva de que no existe elemento
de juicio alrededor de la incidencia o repercusión de esa la falta de
estudio de suelo o foliar, en la generación del daño». Es decir, «el
Tribunal supuso la repercusión nociva de esa falta sólo a partir de la
teoría acogida». En su sentir, «en el expediente no existe ningún
estudio o concepto científico o de expertos que hayan definido que en el
caso particular de las fincas Don Carlos, La Mami, Kasuma y Bureche,
el estudio de suelos o tejido foliar hubiesen evitado la generación del
daño». Y agregó que, «la deducción del fallador en torno a la
repercusión de la ausencia del estudio derivo únicamente, de la teoría
encontrada en una página de internet». En efecto, «tal teoría, válida y
veraz, es sólo eso, una descripción de los beneficios o finalidad de un
determinado análisis» pero «todas esas deducciones estuvieron
soportadas en alguna descripción teórica sobre la incidencia y
justificación del estudio de suelos y/o foliar, que la Magistrada ponente
obtuvo de la página smart-fertilizer.com (folio 362 ib)», no de algún
concepto o estudio arrimado al proceso que así lo haya
indicado. Así, «las demandadas deben soportar la carga
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
29
indemnizatoria a plenitud, en cuanto que no hay prueba de la existencia
concausal para la reducción aplicada por el a-quem (sic)».
CARGO SEGUNDO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1495, 1501,
1602, 1613, 1614, 1615, 2341 y 2357 de Código Civil. Como
consecuencia de errores de hecho.
En sustento del cargo adujo que:
1. El Tribunal «malinterpretó» el informe del ICA pues
«expuso como un elemento adicional para endilgar a la actora
responsabilidad en la generación del daño, el que las mezclas no
resultaban compatibles, estables y, adicionalmente, generaban
toxicidad. Además, que no se hicieron pruebas de fitotoxicidad».
2. En concreto, señaló que el yerro consistió en
«considerar que la mezcla a la que se refirió el ICA, comprometía el
coadyuvante o el hipotensor utilizado por Banasan» cuando, en
realidad, «la mezcla citada por el ICA sólo aludía al Klingquel Cobre y
al Aceite Mineral». Y citó apartes del informe referido donde se
lee que, según el estado del arte en la materia, «“las mezclas de
esos ingredientes activos (sulfato de cobre y el aceite mineral parafínico)
también han presentado episodios de fitotoxicidad en muchas especies
agrícolas y en muchos países”». Y que «“la mezcla del Klingquel Cobre
y un Aceite Mineral de uso agrícola como emulsificante, no se debe
recomendar…”». Estimó que, según el informe del ICA, «el
hipotensor, Sinergy, así como el agua, no incidieron en el episodio de
fitotoxicidad como concluyó el Tribunal». También le achacó yerro
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
30
fáctico al juzgador por pretermisión de la declaración del
señor Álvaro Arnulfo Moreno Flórez. Con fundamento en que
el ad quem «no tuvo presente la intervención del señor Álvaro Arnulfo
Moreno Flórez, quien conceptúo en qué consiste la emulsión, una mezcla,
la estabilidad de dicha mezcla y la fitotoxicidad de un producto». Relató
cómo el testigo explicó para qué se utiliza el emulsionante y
cómo el hecho de que la mezcla sea inestable no conlleva
necesariamente la fitotoxicidad del mismo y citó su dicho en
lo pertinente. Así, el declarante «fue contundente al decir que la
compatibilidad y la fitotoxicidad son conceptos o situaciones muy
diferentes». En otras palabras, refirió que de dicha declaración
se extrae que aún si la mezcla no hubiera sido estable «tal
deficiencia en manera alguna generaba toxicidad». Y bien, alegó que
de «no haber cometido ese desliz, [el Tribunal] muy seguramente hubiera
concluido, como le correspondía, que el daño al cultivo de plátano provino
de estos productos y no del emulsionante o hipotensor cuando fueron
juntados».
CONSIDERACIONES
1. Los cargos primero y segundo fracasan.
2. En el caso sub examine, se acusó la trasgresión de
los artículos 1494, 1495, 1602, 1613, 1614, 1615, 2341 y
2357 del Código Civil, así como los artículos 822 y siguientes
del Código de Comercio, artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y
los artículos 5, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 1480 de
2011. Como consecuencia de errores de hecho y de derecho.
Para efecto del estudio de los embates expuestos y los que en
adelante se analizarán, desde ya se indica que los artículos
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
31
149453, 149554, 160255, 161356, 161457, 161558, del Código
Civil no tienen el carácter de sustancial. La carencia de tal
linaje también se ha señalado en relación con el precepto 822
del Código de Comercio59. Esto se ha dictaminado con
respecto al artículo 16 de la Ley 446 de 199860. En efecto,
dichas normas no consagran derechos ni obligaciones, ni
modifican o extinguen una relación jurídica concreta61. La
recurrente enunció igualmente la transgresión de los
53 CSJ, AC1405-2023; CSJ, AC3651-2023; CSJ, AC1156-2024: «También es
ostensible la ausencia del carácter de norma material en algunos preceptos del Código
Civil invocados por la recurrente, como el artículo 1494, referente a las fuentes de las
obligaciones; el artículo 1498, sobre el contrato conmutativo y aleatorio; el artículo
1502, atinente a los requisitos para obligarse por una declaración de voluntad; y el
artículo 1602, concerniente a que el contrato es ley para las partes; disposiciones que
carecen de la aludida connotación, según lo indicó esta Sala, respectivamente, en
AC1405-2023, rad. 2019-00007-01; AC5331-2022, rad. 2015-00575-01; AC1322-
2023, rad.2020-00084-01; y AC1182-2023, rad. 2018-00473-01».
54 CSJ, AC3488-2022; CSJ, AC1957-2023; CSJ, AC2869-2023: «Los artículos 1495,
1498, 1527 y 2221 del Código Civil también carecen de carácter sustancial pues tiene
precisado esta Corporación que el primero de esos preceptos «es definitorio del contrato
o la convención (…)».
55 CSJ, AC2869-2023; CSJ, AC3651-2023; CSJ, AC866-2024: «Sobre la naturaleza
de las normas cuya vulneración se denuncia, debe señalarse que los artículos 1495,
1502 y 1602 del Código Civil y el 1325 del estatuto mercantil no declaran, crean,
modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas».
56 En cuanto al artículo 1613, esta Corporación ha enseñado que: «los artículos 1613,
1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnización de
perjuicios (daño emergente y lucro cesante), no son sustanciales, pues tan sólo hacen
una clasificación y explicación de dos modalidades de daños resarcibles» (CSJ,
AC2506-2016; CSJ, AC3597-2018, ambos mencionados en CSJ, AC2117-2020).
57 CSJ, AC3597-2022: al sostener que se limita a «la definición de daño emergente y
lucro cesante sin ocuparse de regular ninguna relación de hecho a la que deba seguirle
una determinada consecuencia jurídica» calificándola como una disposición
meramente definitoria con fundamento en los precedentes CSJ SC, 13 mar. 2008,
rad. 2000-05547; CSJ SC, 2 feb. 2005, rad. 1998-00155; CSJ SC, 29 abr. 2005, rad.
0829-92; y CSJ, AC2828-2020.
58 CSJ, SC368-2023: «El canon 1615 CC señala el momento en que comienza a deberse
la indemnización de perjuicio. Sin embargo, dicha norma no consagra derechos ni
obligaciones concretas a las partes, ligadas por un vínculo especial. En efecto, «los
artículos 1613, 1614 y 1615 (…) no son sustanciales pues tan sólo hacen una
clasificación y explicación de dos modalidades de daños resarcibles» (CSJ, AC2506-
2016, CSJ, AC3597-2018, ambos mencionados en CSJ, AC2117-2020).
59 CSJ, AC2634-2024; CSJ, AC3120-2023 y CSJ, SC328-2023.
60 El mandato que contiene, a saber, que «dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y
a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los
criterios técnicos actuariales», no declara, crea, modifica o extingue una relación
jurídica concreta. (CSJ. AC. 18. dic. 2014, rad. 2008-00267-01)» (CSJ, AC5525-2015).
Misma postura expuesta en CSJ, SC434-2023
61 CSJ, AC1241-2019; CSJ AC-051, 2 abr. 2008; CSJ, SC AC del 25 de octubre de
1996, rad. n.° 6228, todas citadas en CSJ, AC3725-2021.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
32
artículos 234162 y 235763 del Código Civil (tanto en cargo
primero como en el segundo). Pese a que dichas normas sí
ostentan un carácter material, se omitió indicar cómo se
presentó su transgresión en la sentencia cuestionada. Así las
cosas, con respecto a los preceptos citados la formulación del
reparo fue incompleta pues no desarrolló la transgresión
sustancial reprochada64. En definitiva, no se demostraron los
cargos.
3. Ahora bien, salvo el artículo 5 de la Ley 1480 de
201165, los preceptos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho cuerpo
legal sí ostentan el carácter de normas sustanciales. En el
embate primero se esbozó el quebrantamiento de dichos
cánones. Por lo que esta Corporación considera necesario
hacer algunas precisiones sobre el alcance del Estatuto del
Consumidor. Teniendo en cuenta que en el caso se denunció
la inaplicación del referido cuerpo normativo.
3.1. El artículo 78 de la Constitución Política dispone
que «la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información
que debe suministrarse al público en su comercialización», y
62 CSJ, SC17654-2017; CSJ, AC703-2020; CSJ, AC-2129-2020 y CSJ, AC1405-2023
63 CSJ, AC2309-2024; CSJ, SC010-2021; CSJ, SC5674-2018.
64 CSJ G.J. t. CXLVIII, pág. 221. Reiterada en CSJ, SC3959-2022: [El censor] «deberá
soportar su impugnación en las precisas causales que contempla el ordenamiento y
satisfacer a cabalidad las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han dispuesto
para la sustentación de la censura, entre estas, que los cargos que se esgriman se
expongan por separado, de forma clara, precisa y completa, no de cualquier manera,
‘y, menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino explicando y
demostrando las específicas transgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que
incurrió el sentenciador al proferir el fallo controvertido’, de donde los argumentos que
se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la
totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso,
o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas».
65 Esta norma se limita a definir varios conceptos jurídicos contenidos a lo largo de la
Ley 1480 de 2011, sin crear, modificar o extinguir relaciones concretas.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
33
que «serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la
producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios». De ahí, pues,
que el Estatuto del Consumidor -ley 1480 de 2011- empiece
por establecer una serie de principios generales orientados a
proteger y garantizar los derechos de los usuarios de bienes
y servicios. El ámbito de aplicación de este régimen está
circunscrito, pues, a la existencia de una relación de
consumo66. Es decir, al vínculo que surge entre productores,
proveedores y consumidores. La finalidad de esta regulación
especial es proteger al usuario frente a los riesgos derivados
del consumo de bienes y servicios. En efecto, el fabricante –
que puede estar ubicado en las antípodas del consumidor-
dispone de una información y conocimientos sobre el proceso
de fabricación y distribución del producto del cual carece el
usuario67. Esta asimetría de la información ubica al
consumidor en una situación de desequilibrio frente a
productores y distribuidores.
3.2. En punto a la responsabilidad por producto
defectuoso, el Estatuto del Consumidor establece una serie
de reglas. En primer lugar, dispone responsabilidad
66 Cfr. SC, 3 de may. de 2005, rad.1999-04421: «El desarrollo y evolución de la
industria, la producción en serie, la masificación de las relaciones jurídicas y
económicas, el mercadeo y la distribución comercial, entre otros factores, han sido
determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientación tuitiva que se ha
denominado Derecho del Consumidor o, para otros, del Consumo, esencialmente
caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de
consumo».
67 «El desarrollo y evolución de la industria, la producción en serie, la masificación de
las relaciones jurídicas y económicas, el mercadeo y la distribución comercial, entre
otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de
orientación tuitiva que se ha denominado Derecho del Consumidor o, para otros, del
Consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores
y a las relaciones de consumo». CSJ, SC, 3 may. 2005, Rad. 1999-04421-01.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
34
solidaria68 entre el productor y el expendedor por daños
causados por producto defectuoso. También señala que le
corresponde al afectado demostrar la anomalía del bien, la
existencia del daño y el nexo de causalidad entre éste y aquél.
Sin embargo, en algunos eventos se establece a favor del
consumidor la presunción de defecto por incumplimiento de
normas sanitarias o medidas fitosanitarias o reglamentos
técnicos69. Y, especialmente, estatuye responsabilidad por la
incompleta información del producto. Así, el artículo 23 de la
Ley 1480 de 2011 dispone que «los proveedores y productores
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz,
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los
productos que ofrezca»; y agrega que, «sin perjuicio de lo señalado
para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que
sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información». Y el
artículo 24 ejusdem establece la información mínima que
debe contener el producto.
3.3. Con todo, el Estatuto del Consumidor, se insiste,
se aplica exclusivamente a las relaciones de consumo. Y esto
obedece a que esta regulación especial presume una
desigualdad o asimetría entre las partes -productores y
usuarios- que no existe cuando quienes entablan una
relación contractual son profesionales que además celebran
negocios en desarrollo intrínseco de su oficio o especialidad.
Resulta, por tanto, de capital importancia determinar quién
es consumidor y quien no, en cada caso. Según el numeral
68 Ley 1480 de 2011. Artículo 20.
69 Ley 1480 de 2011. Artículo 21. Para determinar la responsabilidad, el afectado
deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre éste
y aquél. Parágrafo. Cuando se viole una medida sanitaria o fitosanitaria, o un
reglamento técnico, se presumirá el defecto del bien.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
35
5º del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 - define el
consumidor o usuario, en los siguientes términos: «Toda
persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute
o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad
económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de
usuario»70. De la lectura de la norma se establece que el
elemento determinante para configurar la relación de
consumo es el adquirir, utilizar un producto por fuera del
ámbito profesional -más que ser destinatario final-71.
Ciertamente, el producto puede ser empleado para un uso
personal- destinatario final- pero si se hace en el marco de
una actividad económica profesional no se establece la
relación de consumo, verbigracia, -una empresa de
productos cárnicos que adquiere un cuarto frío para
conservar la carne no es consumidora-, así sea destinatario
final del cuarto frío. Por su parte, de la relación de consumo
surgen principios y derechos favorables al consumidor-
principio pro consumatore-. De allí que, la definición de
consumidor sea restrictiva72. Los principios del régimen
especial no son extrapolables a otro tipo de transacciones
mercantiles. A su turno, la exigencia de actuar por fuera del
ámbito profesional para calificar la relación como de
70 Ley 1480 de 2011. Artículo 5. Numeral 3.
71 Este doble aspecto del consumidor es lo que llevó a esta Sala a afirmar que existen
«dos directrices básicas para la calificación de consumidor: a). la posición de
destinatario o consumidor final del bien o servicio; y b). la adquisición o utilización de
bienes o servicios con una finalidad ubicada por fuera del ámbito profesional o
empresarial». CSJ SC de 3 may. 2005, rad. 1999-04421.
72 Cfr, CSJ, SC 3 mayo de 2005. Exp. 1999-04421. «(...) por tanto, la amplitud y
vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a un entendimiento
indiscriminado, pues con ello perdería toda razón la existencia de un régimen especial
(...)»
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
36
consumo ha tenido desarrollo en otras latitudes73. De tal
suerte que la trascendencia gravita, entre otras, en si se
efectuó la incorporación del producto a la cadena productiva
del adquirente.
3.4. Nótese que en casos anteriores de similares
contornos, esta Sala ha tenido en cuenta el objeto social
como elemento de juicio para calificar el vínculo negocial y
descartar la presencia de una relación de consumo74.
Ciertamente, la sociedad comercial que actúa en desarrollo
de su objeto social probablemente -que no necesariamente-
lo hace para suplir una necesidad ligada intrínsecamente a
su actividad económica. Pero son las condiciones del negocio
y su ejecución en la práctica -más allá del objeto social- los
que deben llevar al sentenciador a develar la existencia -o
ausencia- de la relación de consumo.
4. En este caso, esta Corporación considera que las
partes en contienda son todas profesionales que entraron en
73 Cfr, Ley francesa n°2024-364 de 22 abril 2024 «Code de la consommation. Article
liminaire: «Consumidor: toda persona física que actúa con fines que no se engloban
dentro del ámbito de su actividad comercial, industrial, artesanal, liberal o agrícola».
Lo propio disponen el «Codice del Consumo» de Italia Codice del consumo. Art. 3. Num.
1. Lit. a): «a) consumidor o usuario: la persona física que actúa con fines ajenos a
cualquier actividad empresarial, comercial, artesanal o profesional que realice». y el
código civil alemán, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 13 Verbraucher. «Un
consumidor es cualquier persona física que celebra un negocio jurídico con fines que no
pueden atribuirse principalmente a su actividad comercial o profesional independiente».
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España -artículo
3º- establece que son consumidores las personas naturales «que actúen con un
propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión» Añade que
«son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno
a una actividad comercial o empresarial» Asimismo, la Ley de los Derechos del
Consumidor del Reino Unido, señala: Consumer Rights Act 2015. Section 2. 3.
«consumidor es un individuo que actúa por propósitos que están total o generalmente
por fuera de su oficio, negocio, arte o profesión».
74 Tanto en sentencias de 3 may. 2005, rad. 1999-04421 como en SC443-2023, se
tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el objeto social de la sociedad para determinar
su carácter de consumidor.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
37
contacto en desarrollo de sus respectivas actividades
económicas. Estaban, por tanto, en un plano del todo extraño
a la relación de consumo, como pasa a explicarse.
4.1. Banasan S.A.S. adquirió Klingquel Cobre para
satisfacer una necesidad intrínsecamente vinculada a su
actividad económica. En efecto, el objeto social de Banasan
S.A.S. comprende, de una parte, «la comercialización y venta de
productos colombianos en el exterior, de manera especial, banano,
plátano y otras frutas, así como en general, bienes y productos
agropecuarios, convencionales u orgánicos…»75 y, de otra, «la
importación de bienes o insumos necesarios o convenientes para las
labores de producción agropecuaria, con el fin de abastecer el mercado
interno o la fabricación o producción de productos exportables»76. Y es
que Banasan S.A.S. compró el producto para asperjarlo en
las fincas de unos clientes suyos en cumplimiento de una
obligación contractual propia de su actividad profesional. En
el escrito inicial Banasan S.A.S. manifestó que tenía una
relación de negocios con productores de banano orgánico -
los dueños de las fincas Bureche, don Carlos, Kasuma y la
Mami77-. Lo anterior se confirma al cotejar los contratos de
transacción que celebró con esos productores y que fueron
allegados al proceso por el propio demandante. En estos
documentos las partes contratantes consignaron que «entre
Banasan y el Productor… existe un contrato de suministro de banano,
según el cual el productor se obliga a vender para la exportación a
Banasan y Banasan se obliga a comprar al Productor, durante el primer
y segundo semestre… de cada año contrato, de acuerdo con la curva
natural de producción, todo el volumen de fruta banano orgánico
75 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 22.
76 Ibidem.
77 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Demanda. Fl. 3.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
38
premium larga y fruta corta apta para exportación, que se produzca en
la finca…»78. Que, «además de lo indicado en la cláusula anterior,
dentro del contrato de suministro de banano celebrado entre las partes…
se acordó que el productor contratará con Banasan la prestación de unos
servicios, entre los cuales se encuentra el suministro integral del servicio
de sanidad vegetal para el control de la Sigatoka Negra, mediante la
fumigación de la plantación bananera que se encuentra en el
predio…»79. Y añadieron que, «en desarrollo de la mencionada
relación contractual, Banasan realizó la aspersión aérea en dos ciclos
para el control de la Sigatoka Negra…»80. También emerge la misma
conclusión del interrogatorio de parte del representante legal
de Banasan S.A.S. quien reiteró que el interés de la sociedad
en el proceso era obtener la indemnización de perjuicios «que
sufrimos en el año 2016, 2017… con relación a los daños sufridos en las
fincas Bureche y finca Don Carlos ubicadas en el departamento de la
Guajira y fincas la Mami y Kasuma ubicadas en el departamento del
Magdalena, únicas que nos suministraban banano orgánico a la
empresa Banasan, uno de los negocios estratégicos de la empresa dado
que es un banano que en Colombia los únicos sectores donde se produce
banano orgánico en Colombia es en el sector de la Guajira y
Madgalena… más los eventuales incumplimientos que de nuestra parte
sufrimos en el exterior debido a que nosotros tenemos unos contratos
internacionales con supermercados».81En esta medida, la
adquisición del producto Klingquel Cobre estaba vinculada
intrínsecamente con la actividad económica de Banasan
S.A.S., hacía parte del desarrollo de su actividad profesional.
Por lo demás, Banasan S.A.S. nunca fue el destinatario final
del producto- el producto se incorporó al proceso productivo
de banano de las fincas Bureche, don Carlos, Kasuma y la
78 Cuaderno No. 2 del Juzgado. Fl. 398-399.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Expediente digital. Audiencia Inicial. Archivo digital «Rad. 2017-00421-00 Sentencia
03.mp4». Minuto 00:11:56.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
39
Mami -. De modo que, en este caso, se descarta de plano la
calidad de consumidor de Banasan S.A.S. No se configuró,
pues, relación de consumo entre Banasan S.A.S., y Coacosta
S.A.S. y Talex S.A.S.82 En consecuencia, el Estatuto del
Consumidor es enteramente ajeno a esta controversia.
4.2. De modo que no erró el ad quem al aplicar las reglas
de responsabilidad del Código Civil al caso y señalar que, «al
ser el contrato una fuente de obligaciones, como lo determina el artículo
1494 del CC, de él dimana el deber de los contratantes a proceder acorde
a las estipulaciones concertadas, de ahí que el daño producido por la
inobservancia, cumplimiento imperfecto o tardío de tales disposiciones
genera la obligación de resarcimiento a favor de la parte cumplida». Y
más adelante subrayó, «los ahora contendores procesales
contribuyeron en idéntica medida a la producción del daño... de lo que
se sigue que la cuantificación de los comportamientos confluyentes en la
producción del resultado, debe ser igualitaria, como lo fue su injerencia
en la causación del perjuicio… máxime si se tiene en cuenta que Banasan
es una sociedad que ejerce de manera profesional y habitual actividades
relacionadas con el cultivo y comercialización de banano, tal como lo
indica su objeto social, luego es evidente que asuntos de esa naturaleza
no le son ajenos, ni mucho menos puede pensarse que sobre ella campea
la inexperiencia. Luego, atendiendo tales criterios, es enteramente
plausible que soporte la reducción de la responsabilidad al porcentaje ya
señalado».83
82 Se resalta que, hace parte del objeto social de Coacosta S.A.S. «la comercialización
de toda clase de insumos agropecuarios, semillas para siembra, productos
agroquímicos, veterinarios y agrícolas» y el de Talex S.A.S. incluye «la compra, venta,
promoción, importación, exportación, fabricación y/o elaboración de toda clase de
productos agroquímicos, sustancias químicas, insumos y semillas, incluyendo
fertilizantes…». En suma, todos profesionales de un mismo sector de la economía.
Ibidem. Fl. 32 y Fl. 37, respectivamente.
83 Cuaderno del Tribunal. Fl. 372.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
40
5. Continuando con el análisis del cargo primero,
conviene precisar que el censor incurrió en
entremezclamiento. Ciertamente, en un acápite del embate
planteó la configuración de errores de hecho, pero en otro
aparte del ataque señaló la existencia de errores de derecho
al alegar que, «si el Tribunal hubiere analizado todas las pruebas en
conjunto, hubiese concluido, sin duda… que no era indispensable
realizar el estudio ya citado», circunstancia prevista en el artículo
176 de C.G. P. Y añadió que «el Tribunal desvió su juicio y erigió
una obligación a cargo de la actora sin respaldo probatorio». Esta
mixtura en el embate va en contravía de la claridad del
recurso.
6. En todo caso, esta Sala pasa a estudiar de fondo
ambos errores – de hecho y de derecho – comenzando por los
de hecho enumerados por la pretensora, en su orden.
7. El ataque por la incursión en un error de hecho,
conforme se ha dicho invariablemente84, está vinculado al
defecto en la contemplación, existencia y percepción de
determinado medio suasorio, lo cual repercute en la
transgresión -por inaplicación o aplicación indebida- de las
normas sustanciales que debiendo disciplinar el asunto
sometido a la jurisdicción no fueron aplicadas o lo fueron de
manera indebida. El error se materializa (i) bien en la
desacertada inferencia de la existencia del medio de prueba
-tanto para reputarlo como para negarlo-. O (ii) cuando
concibe su existencia, de cara la realidad del proceso, pero
84 Por todas: CSJ SC del 23 de mayo de 1955, 19 de noviembre de 1956 24 de abril
de 1986, 2 de julio de 1993, 9 de noviembre de 1993
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
41
desfigura su contenido. En uno y en otro caso de manera
ostensible y con incidencia decisiva en la determinación
adoptada. Esto es, el planteamiento del error de hecho en sí
no tiene la virtualidad para reabrir el debate probatorio, cuyo
escenario ordinario está en las instancias. La caracterización
propia del recurso de casación impide realizar un nuevo
examen fáctico sobre la controversia85. Y es que, «sería
insostenible que sólo el juez de la casación tuviera el monopolio de la
razón a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas
allegadas»86.
Las sentencias llegan amparadas bajo la presunción de
acierto en lo que concierne al aspecto factual y jurídico que
desataron las instancias. Por supuesto, allí donde se
advierta, sin mayor esfuerzo ni disquisición, de manera
ostensible, que el ad quem ha pretermitido, cercenado,
supuesto o tergiversado un medio de prueba, se configura el
error de hecho. Esto lo ha precisado la jurisprudencia de esta
Sala, al señalar que, el error de hecho evidente es aquél que
«por su magnitud o protuberancia se aprecia a primera vista, esto es sin
esfuerzo alguno, porque es producto de una conclusión probatoria ilógica
o, más que eso arbitraria» y que, «se presenta cuando la evaluación
probatoria propuesta por el casacionista es la única alternativa
probatoria ofrecida por el proceso»87. Cuando se aducen errores de
hecho, pues, el recurrente tiene la carga de individualizar el
medio de prueba o medios de prueba sobre los cuales recae
el error. Asimismo, debe demostrar cómo se incurrió en la
suposición, cercenamiento, tergiversación o pretermisión en
85 Et al: CSJ SC, 31 jul. 1945; 5 sept. 1955 24 nov. 1958.
86 CSJ SC, 15 abr. 2011 (exp. 2006-0039).
87 CSJ, Sala de Casación Civil, G.J. t CCXXV – Núm. 2464. pág. 623.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
42
cuestión. Y esa conclusión debe fluir diáfanamente del
examen88. A esto se refiere el artículo 344 del Código General
del Proceso cuando exige que, si se alega violación de norma
sustancial como consecuencia de error de hecho en la
apreciación de una determinada prueba, «el recurrente deberá
demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la
sentencia»89.
Lo anterior equivale a decir que, si se alega que la
prueba específicamente determinada fue mal apreciada, el
censor debe, mediante un cotejo o comparación, poner de
presente qué fue lo que concluyó el Tribunal de dicha prueba
y qué es lo que emerge fluidamente de ella, esto es, sin
esforzados razonamientos. Ello, dada la discreta autonomía
del juzgador de instancia en la apreciación del acervo
probatorio, y la necesidad de que el yerro de hecho sea
protuberante, manifiesto, que salte a la vista.
8. De tal manera que, los cargos primero y segundo se
centran en combatir las dos premisas fácticas con apoyo en
las cuales el ad-quem le atribuyó contribución causal en el
resultado lesivo al demandante para reducir la condena a los
demandados en la mitad. En efecto, en palabras del
88 CSJ SC, 15 sep. 1998, expediente 5075, en la cual se puntualizó que «(…) cuando
se aducen yerros de facto en la apreciación de los medios de convicción, el recurrente
tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y
demostrarlo señalando cómo se generó la suposición o preterición o cercenamiento, sin
perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos».
89 Cfr. CSJ SC, 16 agos. 2005, expediente 1999- 00954-01: «[p]ara que se produzca
esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la
equivocación del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el
análisis de las probanzas se debe a que la apreciación probatoria pugna evidentemente
y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de
hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la
existencia de un error de la naturaleza indicada».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
43
Colegiado, «Banasan contribuyó a la ocurrencia de los daños
ocasionados al omitir, como se ha indicado a lo largo de los
planteamientos, que el estudio foliar y/o (sic) suelo, aunado a la
escogencia de productos que tenían contraindicado en su etiqueta la
mezcla con aceite, como es el caso del Coadyuvante Agrícola Hipotensor
S.A.S. de la empresa SYS TECHNOLOGIES LTDA., el cual también
genera fitotoxicidad».
9. Así, el cargo primero estuvo encaminado a demostrar
que «el Tribunal dio por establecido, sin estarlo, que hubo concurrencia
de causas; adicionalmente, pasó por alto que no cualquier acción u
omisión de la víctima se puede erigir en una concausa del daño sufrido».
Lo anterior, como consecuencia de yerros fácticos que lo
llevaron a concluir que Banasan S.A.S. estaba obligada a
llevar a cabo estudios de suelos y/o foliares antes de aplicar
el producto Klingquel Cobre. Y que, al no efectuar estos
estudios previos, incurrió en negligencia que contribuyó a la
producción del daño. La recurrente denunció una indebida
apreciación del registro de venta del Klingquel Cobre90 «en su
verdadera dimensión probatoria». Acusó al sentenciador de
tergiversar el contenido de la etiqueta del producto91. Y
denunció una deficiente evaluación de la ficha técnica92.
También adujo error en la valoración de la comunicación que
el señor Tulio Farelo le envió a Banasan S.A.S. ofreciendo el
fertilizante93 y pretermisión del «el indicio que se generó frente a la
respuesta de las dos sociedades demandadas»94, pues ninguna
90 Fls. 58 y 59 del Cuaderno del Tribunal.
91 Fl. 354 del Cuaderno No. 1 del Juzgado.
92 Fls 72 a 74. Ibidem.
93 Fl. 42. Ibidem.
94 Escrito de contestación de la demanda de Coacosta S.A.S. obra a folios 756 al 774
del Cuaderno No. 3 del Juzgado. Escrito de contestación de la demanda de Talex
S.A.S. obra a folios 880 a 890 del mismo cuaderno.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
44
invocó el incumplimiento de tal obligación por parte de
Banasan S.A.S. Refirió también que el Tribunal desdeñó el
indicio consistente en que en el procedimiento ante el ICA95
no «se menciona la necesidad del estudio de suelo o tejido foliar». Por
último, se acusó al fallador de desconocer el testimonio de
Leonardo Daniel González Mendoza.
9.1. Con respecto al registro de venta, la etiqueta y la
ficha técnica del producto, el Colegiado se pronunció en los
siguientes términos:
«Puesta la Sala en la labor de valorar las pruebas en conjunto y
bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que, de entrada, ha
de decirse que la entidad demandante no tuvo en cuenta el
contenido de la etiqueta del KLINGQUEL COBRE, en la que se
contempla que la aplicación debe hacerse por recomendación de
un ingeniero agrónomo, previo análisis del suelo y/o foliar
Precisamente, a pesar de la advertencia plasmada en el registro
de venta No. 7080 del ICA, de cuyo tenor literal se destaca: “USO
ESPECÍFICO: FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN FOLIAR, SEGÚN
RECOMENDACIONES DE UN INGENIERO AGRÓNOMO CON BASE
EN ANÁLISIS DE SUELO O DEL TEJIDO FOLIAR” (F. 58 Cdno del
Tbnal), no reposa en el plenario elemento alguno que dé cuenta de
que su uso se dio luego del análisis del suelo o del tejido foliar, lo
que constituye una clara desatención de la advertencia a que se
hizo mención.
…
Además, en la ficha técnica, en especial en el acápite de
recomendaciones de uso visible a folio 73, se lee: “Antes de usar
el producto debe leerse completamente la etiqueta. KLINGQUEL
COBRE es compatible con la mayoría de insumos de uso corriente
en la agricultura; algunos cultivos pueden mostrar sensibilidad a
las aplicaciones, por tanto, se recomienda hacer pruebas de
fototoxicidad y usar las dosis bajas en…; debe hacerse un
cuidadoso monitoreo de la calidad del agua para las aplicaciones,
en caso necesario hacer pruebas de compatibilidad de mezclas. La
dosis a aplicar dependerá del tipo de cultivo, su estado nutricional
95 Informe de 28 de diciembre de 2016 del ICA que obra a Fls. 316 a 352 del Cuaderno
No. 1 del Juzgado.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
45
y fenología; algunas recomendaciones generales se presentan a
continuación”.
…
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que, a pesar de que la
etiqueta solo contemplaba expresamente los cultivos de ARROZ y
PAPA, no lo es menos que ésta preveía que también se podía
utilizar en otros cultivos, únicamente con “la recomendación de un
ingeniero agrónomo, previo análisis de suelos y/o foliar”, lo que
reafirma el planteamiento efectuado, premisa que desvirtúa el
contenido del oficio suscrito por la Directora Técnica de Inocuidad
e insumos agrícolas, quien se limitó a mencionar los cultivos antes
aludidos, dejando de lado la advertencia anotada, lo que descarta
el planteamiento que no estaba autorizado para el banano, pues
si bien no está explícitamente contemplado no es menos que no lo
excluye al contemplarse su uso en “otros cultivos”.
…
En este punto es dable aclarar que si bien en la etiqueta que milita
a folio 59 del Cdno del Tbnal se lee “LA VENTA Y APLICACIÓN DE
ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE POR RECOMENDACIÓN DE
UN INGENIERO AGRONOMO, PREVIO ANÁLISIS DE SUELO Y/O
FOLIAR”, no se le puede dar una interpretación gramatical en el
entendido que para la enajenación era obligación del vendedor el
análisis del suelo y/o foliar, ya que esta se produjo por
recomendación de un ingeniero agrónomo que es la profesión del
señor TULIO FARELO, como se establece con su declaración,
mientras que el análisis de suelo y/o foliar le compete al
adquiriente.»
De la lectura de los acápites reseñados no se advierte
que el sentenciador hubiera tergiversado el contenido de los
documentos señalados. No se percibe error manifiesto, ni
mucho menos trascendente. Simplemente, el Tribunal
concluyó que Banasan S.A.S. -en calidad de adquirente del
producto- estaba obligado a llevar a cabo los referidos
estudios de suelo y/o foliares a partir de una interpretación
de la etiqueta, el registro y la ficha técnica del producto. En
la etiqueta y en el registro se advierte que “LA VENTA Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE POR
RECOMENDACIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO, PREVIO ANÁLISIS
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
46
DE SUELO Y/O FOLIAR”. En la ficha técnica, por su parte, se
señala que «algunos cultivos pueden mostrar sensibilidad a las
aplicaciones, por tanto, se recomienda hacer pruebas de fototoxicidad».
La interpretación del juzgador de segunda instancia es una
entre muchas posibles del texto de la etiqueta y esta
Corporación, se itera, no puede arrogarse el monopolio de la
razón en la interpretación del acervo probatorio96. El sentido
del texto que propone la censura -que la obligación de hacer
aquellos estudios solo era aplicable para los usos en cultivos
de papa y arroz, que no en banano- no es forzoso ni el único
posible. De modo que no hay error manifiesto en este sentido.
9.2. En lo que atañe a la deficiente valoración de la
comunicación que el señor Tulio Farelo le envió a Banasan
S.A.S. ofreciendo el fertilizante y la pretermisión del «el indicio
que se generó frente a la respuesta de las dos sociedades demandadas»,
pues ninguna invocó el incumplimiento de tal obligación por
parte de Banasan S.A.S. Así como el desconocimiento del
indicio consistente en que en el procedimiento ante el ICA no
«se menciona la necesidad del estudio de suelo o tejido foliar» y del
testimonio de Leonardo Daniel González Mendoza. Tampoco
se advierten los errores alegados.
Nótese que el Colegiado estimó que Banasan S.A.S.
estaba obligado a llevar a cabo los estudios de suelo y/o
foliares a partir de la lectura de la etiqueta, la ficha técnica y
el registro de venta. La censora, por su parte, alega que el
96 CSJ SC exp. 2006-0039 del 15 de abril de 2011«la necesidad de respetar la
valoración de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque sería insostenible
que sólo el juez de la casación tuviera el monopolio de la razón a la hora de elucidar el
recto entendimiento de las pruebas allegadas».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
47
Tribunal debió llegar al convencimiento de que Banasan
S.A.S. no tenía tal débito a su cargo por el hecho de que ni el
señor Tulio Farelo -en su comunicación del año 2015-, ni el
ICA, ni las demandadas en su contestación hicieron
referencia a tal obligación. O que el testigo González Mendoza
hubiese afirmado que el estudio era para cultivos de papa y
arroz. La recurrente se duele, pues, del hecho de que al ad
quem le dio más valor al contenido de los documentos
referidos, que al silencio de las demandadas sobre un punto
en específico -un supuesto indicio-, o el dicho de un testigo.
Por lo demás, en el aludido informe del ICA, si bien no en los
antecedentes, el ente sí afirmó en las conclusiones del
informe que «el producto Klingquel Cobre también se puede utilizar en
otros cultivos tal como reza en la etiqueta, únicamente con “la
recomendación de un ingeniero agrónomo, bajo previo análisis de suelos
y/o foliar”, lo cual implica que la responsabilidad sobre la eficacia y
demás aspectos que se deriven de su uso, es de quien toma la
determinación de recomendarlo»97. En últimas, el juzgador
encontró suficientes medios de prueba que acreditaban la
existencia de esa obligación de efectuar los estudios previos
-foliares o de suelos- y al tenor de lo establecido en la
etiqueta, concluyó que la misma estaba en cabeza de la
demandante.
10. No pasa por alto esta Sala que el ataque añade una
última hipótesis, a saber, que aún en el caso de que Banasan
S.A.S. hubiere estado obligado a llevar a cabo las pruebas de
suelo o foliares, no hay prueba en el expediente de que tal
incumplimiento hubiere tenido injerencia en la causación del
97 Fl. 341 del Cuaderno No. 1 del Juzgado.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
48
daño. Conviene precisar que no resulta exótico deducir que,
si en la etiqueta de un fertilizante debidamente aprobado
para su venta en Colombia por parte del ICA aparece la
recomendación de hacer el estudio de suelos o foliar antes de
aplicarlo, no hacerlo incrementa el riesgo de resultados
imprevistos y puede ser la causa de estos. Con todo, aún de
aceptarse la conclusión de la casacionista -que no se acepta-
, el error devendría intrascendente por cuanto el ad quem
también le atribuyó a Banasan S.A.S. una participación en
la producción del resultado lesivo como consecuencia de
haber mezclado el hipotensor SYS con los demás elementos.
En lo que viene, ello se atiende en el segundo cargo, en donde
se estudia este aspecto.
11. El segundo cargo estuvo encaminado a demostrar
que el sentenciador «malinterpretó» el informe del ICA al
«considerar que la mezcla a la que se refirió el ICA, comprometía el
coadyuvante o el hipotensor utilizado por Banasan» cuando, en
realidad, «la mezcla citada por el ICA sólo aludía al Klingquel Cobre y
al Aceite Mineral». También adujo error por pretermisión de la
declaración de Álvaro Arnulfo Moreno, quien conceptuó sobre
lo que es una emulsión, estabilidad de la mezcla y
fitotoxicidad del producto. Precisó que el declarante «fue
contundente al decir que la compatibilidad y la fitotoxicidad son
conceptos o situaciones muy diferentes». Y concluyó que, de no
haber cometido el yerro, el Tribunal hubiese concluido que el
daño del cultivo no provino de la mezcla con el hipotensor,
sino de la mezcla del Klingquel Cobre con el aceite mineral.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
49
11.1. Con respecto a la contribución de Banasan S.A.S.
al resultado lesivo, en líneas generales el juez de segundo
grado sostuvo que:
«Puesta la Sala en la labor de valorar las pruebas en conjunto y
bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que, de entrada, ha
de decirse que la entidad demandante no tuvo en cuenta el
contenido de la etiqueta del KLINGQUEL COBRE, en la que se
contempla que la aplicación debe hacerse por recomendación de
un ingeniero agrónomo, previo análisis del suelo y/o foliar.
Precisamente, a pesar de la advertencia plasmada en el registro
de venta No. 7080 del ICA, de cuyo tenor literal se destaca: “USO
ESPECÍFICO: FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN FOLIAR, SEGÚN
RECOMENDACIONES DE UN INGENIERO AGRÓNOMO CON BASE
EN ANÁLISIS DE SUELO O DEL TEJIDO FOLIAR” (F. 58 Cdno del
Tbnal), no reposa en el plenario elemento alguno que dé cuenta de
que su uso se dio luego del análisis del suelo o del tejido foliar, lo
que constituye una clara desatención de la advertencia a que se
hizo mención.
Igualmente, se tiene por sentado que la mezcla que ocasionó los
daños fue una segunda aplicación en la cual se demostró con los
laboratorios visibles a folios 976 y 977 una mínima variación entre
sus componentes, con la presencia del FENPROPATHRIM en el
segundo, sin que se estableciese que el daño sea consecuencia
directa de ella; utilizándose en ambas el hipotensor SYS en cuya
etiqueta figura que no es compatible con aceite; probando el
resultado de compatibilidad de la mezcla efectuado por el ICA, que
esta no era estable».
En otras palabras, el Tribunal dedujo que Banasan
S.A.S. contribuyó al resultado lesivo tanto por no haber
efectuado los estudios de suelo, como por haber mezclado el
Klingquel Cobre con aceite y el hipotensor SYS, que era
incompatible con el aceite. En efecto, en la etiqueta del
hipotensor SYS se lee, en el acápite de compatibilidad, que
«HIPOTENSOR SYS es compatible con los agroquímicos de normal uso en
la agricultura. En caso de mezclas de dos o más productos de uso
agrícola, se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad. No es
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
50
compatible con aceite»98. El informe del ICA da cuenta de que la
mezcla utilizada en el caso analizado fue Klingquel Cobre,
Synergy, aceite mineral, hipotensor SYS y agua99. Coacosta
S.A.S. recomendó la mezcla con aceite y Klingquel Cobre,
pero el hipotensor lo incluyó el propio Banasan S.A.S. y, por
tanto, el sentenciador sostuvo que «el análisis que viene de verse
permite aseverar que BANASAN contribuyó en la ocurrencia de los daños
ocasionados al omitir, como se ha indicado a lo largo de los
planteamientos, el estudio foliar y/o suelo, aunado a la escogencia de
productos que tenían contraindicado en su etiqueta la mezcla con aceite,
como es el caso del Coadyuvante Agrícola Hipotensor S.A.S. de la
empresa SYS TECHNOLOGIES LTDA, el cual también genera
fitotoxicidad».
De lo anotado se advierte que en la sentencia acusada
no se tergiversó el contenido del informe del ICA, como afirma
la censora. Por el contrario, se extrajo de este informe una
conclusión, a saber: que la mezcla de aceite y Klingquel
Cobre era causa probable del daño. No obstante, al hacer una
valoración conjunta del acervo probatorio, se resaltó que en
la etiqueta del Hipotensor SYS -aportada al proceso- se
advertía que era incompatible con aceite. En la medida en
que Banasan S.A.S., por su cuenta, mezcló el hipotensor con
los otros productos, incluido el aceite, no luce absurda, ni
alejada de la sana crítica la conclusión del ad quem. Lo
anterior se reafirma al auscultar la declaración del perito
Álvaro Arnulfo Moreno Flórez y el concepto técnico de su
autoría que fue aportado al expediente por Banasan S.A.S100.
98 Fl. 814 del Cuaderno No. 3 del Juzgado.
99 Ver informe del ICA folios 330 y 331 del Cuaderno No. 1 del Juzgado.
100 Banasan S.A.S. aportó el dictamen del señor Moreno al descorrer el traslado de
las excepciones de Talex S.A.S. El dictamen obra a folios 1386 al 1401 del Cuaderno
No. 4 del Juzgado.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
51
11.2. A voces del artículo 232 del Código General del
Proceso, el juez deberá apreciar el dictamen «de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad,
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del
perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso». Por lo demás, si el perito es citado a la
audiencia y no comparece, «el dictamen no tendrá valor», según
el artículo 228 del Estatuto Procesal.
11.3. En lo relativo a la supuesta pretermisión del
testimonio del perito Álvaro Arnulfo Moreno Flórez, tampoco
se advierte yerro del sentenciador. En efecto, el Tribunal, al
referirse a la declaración del señor Moreno señaló:
«ÁLVARO ARNULFO MORENO FLÓREZ, químico, magíster en
ciencias agrícolas, expresa que una emulsión es la mezcla de 2
sustancias que no se solubiliza una dentro de la otra como el agua
y el aceite, por lo que hay que tener un emulsionante, para que
funcione, porque la emulsión es un sistema que energéticamente
siempre va a tender a separarse o sea no es estable, al ser estable
el producto es compatible para ser asperjado, para que todo el
ingrediente activo o agroquímico que va allí disuelto pueda
distribuirse uniformemente en el cultivo; hay que evaluar la
estabilidad, la cual me permite saber que tanto tiempo la mezcla
es estable, para lo cual existe una norma técnica que es la 292 que
se llama estabilidad de la emulsión, el emulsificante lo único que
hace es lograr que haya emulsión, él tiene la propiedad de unir el
aceite con el agua; el hipotensor es el producto emulsificante que
hace posible la emulsión. Fitotoxicidad es la propiedad que tiene
cada sustancia de ser inherentemente tóxica con un ser vivo, si se
aplica la mezcla y todo el cultivo se quema eso no depende de la
estabilidad de la mezcla sino del factor tóxico del ingrediente que
se está aplicando. Los aceites fueron los primeros insecticidas que
se usaron en la industria del banano, se sabe que los aceites
generan algo de fototoxicidad en la plantación, el beneficio que
genera es que potencializa todas las aspersiones. La fototoxicidad
se dio por el efecto fitotóxico del producto que se está aplicando al
ser aplicado por segunda vez, porque si el problema hubiera sido
la mezcla en la primera aplicación ya se hubiera dado la
fototoxicidad, después de los 15 días se volvió aplicar y fue cuando
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
52
se generó el problema, el ICA en sus conclusiones es enfático en
decir que precisamente el uso del cobre con el aceite fue lo que
generó la fototoxicidad.»
Conviene destacar, de antemano, que el señor Moreno,
en calidad de químico puro, rindió una experticia por escrito
con el objeto de «resolver los… interrogantes formulados por el
apoderado de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S.A.S.». Una de las
preguntas que allí se le hizo fue «¿qué es una emulsión?» a lo
cual contestó: «Las emulsiones son sistemas heterogéneos formados
por dos fases líquidas inmiscibles, donde una de las cuales actúa como
FASE DISCONTINUA (DISPERSA) y el otro liquido (sic) como FASE
CONTINUA (o DISPERSANTE), la fase dispersa forma pequeños glóbulos
o gotas que se suspenden en el líquido que actúa como fase dispersante».
Y amplificó que «las emulsiones son estabilizadas por emulsificantes
o emulsionantes, que en su mayoría son tensoactivos; la actividad del
tensoactivo permite que los dos líquidos mutuamente inmiscibles se
puedan estabilizar formando una EMULSION, que se mantiene estable
por un tiempo determinado»101. En suma, que una emulsión es
una mezcla homogénea de agua con aceite que se logra con
ayuda de un emulsificante. Seguidamente, contestó a la
pregunta de si el Hipotensor SYS es un emulsionante en el
sentido de indicar: «Sí, el producto Hipotensor SYS es un
emulsionante».102Asimismo, se le preguntó «¿qué es la
compatibilidad de una mezcla o de una emulsión?» y respondió: «La
compatibilidad es la cualidad de ser compatible, de poder concurrir en
buenas condiciones con algo o alguien (Wikipedia); aplicada en mezclas
químicas la compatibilidad se define como la formación de una mezcla
homogénea y estable en un lapso de tiempo, durante el cual, la
apariencia física es estable y la composición química». Agregó que
101 Cuaderno No. 4 del Juzgado. Fl. 1387.
102 Ibidem. Fl. 1391.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
53
«cuando los componentes de una mezcla son compatibles, no se
producen reacciones químicas o físicas…». Además, señaló que
«COMPATIBILIDAD, es usado para evaluar y describir la estabilidad
física y química que pueden tener estas mezclas de varios
componentes»103. Advirtió también que la «fitotoxicidad es un
término que se emplea para describir el grado de efecto tóxico producido
por un compuesto sobre el crecimiento de las plantas»104. Finalmente,
se le preguntó: «¿siempre que se habla que un producto es no
compatible, se entiende que es fitotóxico?». Su contestación fue la
siguiente: «No. Aclarados los términos compatibilidad y fitotoxicidad,
se entiende que son conceptos totalmente diferentes y que no se
relacionan entre ellos, y por lo tanto se pueden tener “emulsiones
compatibles que generen fitotoxicidad”, como “emulsiones no
compatibles que no generan fitotoxicidad”, pues la compatibilidad de la
mezcla, entendida como la estabilidad necesaria para aplicar el
producto en un lapso de tiempo dado, no tiene que ver con la toxicidad
de la aplicación de dicha emulsión o mezcla». Explicó que en su
experiencia «en el sector agrícola, cuando se han presentan (sic)
situaciones de fitotoxicidad, se han presentado en todo tipo de mezclas
(soluciones, suspensiones y emulsiones), con buenas, regulares y malas
compatibilidades de las mezclas, sin que exista una relación directa
entre la compatibilidad de la mezcla y su efecto fitotóxico»105. Frente a
la pregunta de qué significa que la etiqueta del hipotensor
dice que no es incompatible con el aceite precisó que «la
compatibilidad es específica para cada mezcla o sistema y el hecho de
que otra sustancia sea adicionada a la mezcla o sistema inicial da
cabida a una nueva mezcla o sistema diferente donde la compatibilidad
debe ser nuevamente evaluada». En concreto, cuando el
Hipotensor SYS en su etiqueta advierte que no es compatible
103 Ibidem. Fl. 1393.
104 Ibidem. Fl. 1394.
105 Ibidem. Fl. 1395.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
54
con aceite, señaló que, «hace referencia a que este sistema o mezcla
en particular, ACEITE+HIPOTENSOR, no es estable en el tiempo y se
separa casi de inmediato al ser mezclado; no obstante, al añadirse agua
para producir un nuevo sistema ACEITE+HPOTENSOR+AGUA, la
emulsión resultante es estable y por tanto compatible para ser aplicada
en un lapso de tiempo dado… En conclusión: la no compatibilidad del
sistema (hipotensor+aceite), nada tiene que ver la compatibilidad de otro
sistema diferente (hipotensor+aceite+agua)»106.
El perito asistió a la audiencia donde fue interrogado
por la Juez y los apoderados de las partes. En lo pertinente,
el señor Moreno dijo lo siguiente: «para aclarar el término de
estabilidad, compatibilidad y fitotoxicidad, repasemos: estabilidad es un
término que me permite saber qué tanto tiempo la mezcla es estable de
acuerdo a una norma o a un ensayo. Cuando esa mezcla cumple yo digo
“es estable”. Pero también existe el término compatible, que en el caso
de las emulsiones se mezcla mucho porque ¿qué me dice a mi que el
producto es compatible? Que pasa la prueba de estabilidad. Cuando el
producto es estable, entre comillas es compatible, yo no hablo de
estabilidad cuando tengo una solución… porque ya tengo el ingrediente
activo disuelto y estable porque naturalmente es su condición. Cuando
tengo una emulsión, al ser ella inestable de por sí, entonces yo defino si
es compatible o no con base en esa estabilidad que me da la prueba. Y
eso en nada tiene que ver con la fitotoxicidad que es la propiedad que
tiene cada sustancia química de ser inherentemente tóxica a un ser
vivo…»107. Al ser interrogado por la apoderada de Talex S.A.S.
sobre cómo conocía el producto Hipotensor SYS contestó: «Es
un producto que fabrica la empresa donde yo trabajo que es la empresa
SYS Technologies que es la fabricante de coadyuvantes agrícolas»108 y
más adelante señaló que es el representante legal y fundador
106 Ibidem. Fl. 1396.
107 Audiencia de pruebas. Minuto 01:02:55 al 01:04:06 del archivo «Rad. 201700421-
00 Sentencia 08.mp4» que reposa en el expediente digital.
108 Ibidem. A partir del minuto 01:26:02.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
55
de SYS Technologies109. Igualmente, se le preguntó si el
producto Hipotensor SYS fue aplicado en la mezcla con
Klingquel Cobre y contestó: «sí… nosotros le vendemos el producto
a Banasan»110. Y añadió que, «son cantidades del orden de seis mil
ocho mil litros al año lo que se vende de producto [a Banasan] y
proporcionalmente a las otras pistas de Banano se les venden
cantidades iguales o mayores…».111Ante el cuestionamiento sobre
si una mezcla incompatible puede o no generar fitotoxicidad,
el perito contestó que «no»112. No obstante, se le preguntó si
era posible descartar si una mezcla incompatible podría ser
eventualmente fitotóxica y contestó: «una mezcla incompatible
físicamente no tiene por qué generar una fitotoxicidad porque
simplemente el producto no quedó bien mezclado. Ya cuando es una
incompatibilidad química que se cambia el producto porque hace otra
configuración ahí sí puede haber esa connotación»113. Y complementó
diciendo: «pero en este caso de las emulsiones esto no sucede porque
lo que se está haciendo es cambiado el vehículo y no haciendo ninguna
reacción química»114. A continuación, la apoderada de Talex
S.A.S. le preguntó: «¿usted conoce qué es el CIAT?»115 y él
contestó: «sí, el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical»116.
Ante lo cual, la apoderada indagó: «El CIAT se refiere a un término
“incompatibilidad fitotóxica”, ¿esto es contradictorio con lo que usted nos
manifestó sobre qué la incompatibilidad y la fitotoxicidad son conceptos
distintos o “incompatibilidad fitotóxica” qué quiere decir? CONTESTÓ:
No… hay una compatibilidad física que es que las emulsiones las
mezclas todo lo que yo hago a nivel de la preparación para que el
ingrediente activo me vaya. Cuando yo hablo de incompatibilidad
109 Ibidem. A partir del minuto 01:28:21.
110 Ibidem. A partir del minuto 01:26:36.
111 Ibidem. A partir del minuto 01:27:53.
112 Ibidem. A partir del minuto 01:30:40.
113 Ibidem. A partir del minuto 01:32:08.
114 Ibidem. A partir del minuto 01:32:29.
115 Ibidem. A partir del minuto 01:36:55.
116 Ibidem. A partir del minuto 01:37:00.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
56
fitotóxica es porque los ingredientes activos que llegan a formar esa
mezcla reaccionan entre sí y generan un componente que es fitotóxico,
entonces esa compatibilidad fue la que yo mencioné “química”, entonces
cuando yo tengo una emulsión yo le puedo evaluar su compatibilidad
física y su compatibilidad química… PREGUNTADO: ¿es correcto afirmar
entonces que dos productos que pueden ser compatibles física y
químicamente pero que al mezclarse se vuelven fitotóxicos? CONTESTÓ:
No, porque si son fitotóxicos… la condición de fitotoxicidad la da la
fitotoxicidad inherente al producto o que se formó un producto que es
fitotóxico entonces si es estable física y químicamente no tiene porqué
formarse algo que vaya a generar fitotoxicidad»117. El interrogatorio
continuó así: «¿usted está familiarizado con una revista que se llama
MetroFlor? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: ¿Usted ha publicado artículos
recientemente en esa revista relacionados con este tema? CONTESTÓ:
Pues, en general los artículos que promovemos ahí es más a nivel de
calidad de aguas y de calidad de mezclas de aspersión. PREGUNTADO:
le pregunto porque encontré un artículo publicado en la revista Metroflor
en la que usted –nos confirma que efectivamente ha publicado- del 11 de
febrero de 2019 que se denomina “fitotoxicidad más que un culpable,
una mirada a los múltiples factores de interacción”, ¿recuerda este
artículo? CONTESTÓ: lo escribimos con María Isabel Peñaranda, la
directora de investigación y desarrollo de la compañía. PREGUNTADO:
La conclusión que le leí hace un momento, que me dijo que no era correcta
respecto a que podían existir productos que podían ser compatibles física
y químicamente al mezclarse pueden ser fitotóxicos –y que usted me
manifestó no es correcta- la extraje de este artículo escrito por usted,
¿nos puede explicar si sí hay una contradicción si no hay una
contradicción esto cómo se relaciona con las conclusiones de su dictamen
para aclarar un poco el panorama? CONTESTÓ: ¿Me repites la expresión
que tu me estás diciendo porque es que ahí pudo haber una contradicción
de redacción. PREGUNTADO: Ok, voy a leer directamente del artículo…
“debe tenerse en cuenta que hay productos que aunque siendo
compatibles física y químicamente al ser mezclados pueden causar
117 Ibidem. A partir del minuto 01:37:09.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
57
fitotoxicidad” y cita al CIAT 1981. CONTESTÓ: Pero es una cita del CIAT.
PREGUNTADO: No, no está entre comillas simplemente entre paréntesis
y la fuente. CONTESTÓ: Cuando se relaciona entre paréntesis está en
una fuente que se relaciona en la bibliografía entonces si está en ese
contexto entre paréntesis es porque eso es lo que dice el CIAT.
PREGUNTADO: ¿Y usted no está de acuerdo con esa afirmación?
CONTESTÓ: A la luz de cómo se redactó no, porque si yo digo que
químicamente hay una estabilidad y una compatibilidad física y química
entonces eso lo que me está diciendo es que las moléculas que yo estoy
mezclando están estables y por lo tanto no tienen por qué volverse un
componente fitotóxico a menos que el ingrediente que esté ahí sea
fitotóxico como tal. Ahí sí tiene sentido esa cita. Entonces yo puedo tener
una emulsión, una solución, donde todo es estable física y químicamente
y si yo dentro de esa mezcla tengo un ingrediente activo que es fitotóxico
pues claro que me va a generar fitotoxicidad porque la condición de
fitotoxicidad es en ese elemento me está contaminando toda la mezcla
porque finalmente yo necesito hacer la mezcla para aplicar el producto.
Entonces, en ese contexto como tú lo estás leyendo ahí sí tiene validez y
es obviamente compatible con lo que he expuesto durante el dictamen,
porque ahí no hace referencia específicamente a que el producto se
vuelve fitotóxico sino que es fitotóxica la mezcla y la mezcla se hace
fitotóxica en la medida en que hay un producto fitotóxico en ella pero
química y físicamente todos los productos son estables y eso de hecho
ratifica más lo que estoy diciendo. Una cosa es que yo tenga unos
productos física y químicamente estables y otra cosa es que tenga un
componente que sea fitotóxico. Entonces, si yo tengo un componente
fitotóxico yo puedo tener una mezcla buena, regular o mala y me va a
generar un problema en el cultivo porque va inherente es al producto que
va ahí. Entonces, en ese contexto, sí tiene lógica lo del CIAT y tiene lógica
lo que yo estoy explicando porque es razonable y tiene sentido todo lo
que estamos explicando… PREGUNTADO: o sea, que, la manifestación o
la afirmación de que los conceptos de compatibilidad y fitotoxicidad son
totalmente diferentes –porque eso sí es textual de su dictamen- “son
conceptos totalmente diferentes y que no se relacionan entre ellos”
¿depende de qué ingrediente activo o compuesto activo estamos
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
58
analizando? CONTESTÓ: No, es que ahí se confunden dos términos.
Cuando yo digo que algo es compatible es porque es compatible y tiene
la propiedad de conservar unas propiedades físicas y químicas. Y
cuando yo digo que es fitotóxico es porque ya inherente a una de esas
sustancias es fitotóxica. Entonces, sin dos conceptos muy diferentes… y
la fitotoxicidad como lo explicaba viene muy relacionado es con el peligro
inherente a la sustancia y de la frecuencia y de la forma en que se expone
el cultivo al producto para generar esa toxicidad…»118. Del mismo
modo discurrió: «PREGUNTADO: continuando con este artículo, que
como veo está plenamente relacionado con el objeto de su dictamen, se
menciona también y de hecho ya lo había mencionado usted en su
declaración que en la agricultura se utilizan diferentes cocteles o mezclas
que pueden desencadenar fitotoxicidades “por errores que van desde el
uso de recipientes contaminados con herbicidas, pasando por errores en
el cálculo de la dosis hasta aspersión de mezclas inestables y sin previa
prueba de fitotoxicidad y compatibilidad” ¿es correcto? CONTESTÓ: Sí,
eso pasa en los cultivos de papa, de hortalizas y temas de ese nivel. Ya
a nivel de floricultores, de bananeros de cafeteros generalmente se hacen
una serie de pruebas con los departamentos técnicos para que ese tipo
de errores no sucedan e igual desafortunadamente suceden porque igual
se pasan muchas cosas y uno quisiera que no pasara y que esa no fuera
la realidad pero desafortunadamente lo es. PREGUNTADO: Usted
menciona también en su dictamen, en la página nueve, que la
fitotoxicidad es un riesgo que está implícito en este tipo de actividades,
¿un mecanismo o un instrumento para reducir este riesgo en esta
actividad es precisamente llevar a cabo estas pruebas de fitotoxicidad y
de estabilidad y de compatibilidad que usted nos ha explicado a lo largo
de su declaración? CONTESTÓ: Sí, de hecho, eso es parte de la dinámica
comercial y de la responsabilidad que los fabricantes tienen para que el
producto se use correctamente. De hecho, hay muchos que si se va más
allá de su dosis pueden generar problemas en los cultivos.
PREGUNTADO: Y de acuerdo con su artículo es correcto afirmar entonces
que se puede presentar una situación de fitotoxicidad por la aspersión
118 Ibidem. A partir del minuto 01:39:15.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
59
de una mezcla inestable que no contó con una prueba de fitotoxicidad y
de compatibilidad, ¿es correcto? CONTESTÓ: Sí, para el caso de las
mezclas con herbicidas de lo que tú planteaste en particular, eso puede
suceder»119. Mas sobre el punto: «PREGUNTADO: cuando usted
habla en su pregunta número nueve respecto a la etiqueta del Hipotensor
SYS que usted conoce perfectamente, pues es el representante legal de
la compañía, y la llevan vendiendo a Banasan en volúmenes
importantes, cuando usted manifiesta que en la etiqueta se dice que “no
es compatible con aceite” nos da una explicación adicional que dice que
cuando se junta con el agua sí es compatible. CONTESTÓ: correcto,
cuando se junta con el agua sí es compatible. PREGUNTADO: Esa
explicación adicional respecto del agua, ¿también está incluida en la
etiqueta o nos la puede dar usted porque es un conocedor de primera
mano del producto? CONTESTÓ: lo que decía anteriormente, ese párrafo
en particular va más de la mano de lo que nos exige el ICA a nivel de dar
la claridad suficiente respecto a las características físico-químicas del
producto. Y, en particular, pues ahí se está haciendo honor a la verdad
y es que el producto cuando está solo con el aceite, no se mezcla, pero es
que él no se usa solo con aceite, él se usa con agua y nos forma la
emulsión entonces en ese contexto ahí claramente se dice y es que no es
lo mismo cuando yo tengo aceite y emulsificante que cuando tengo aceite,
emulsificante y agua porque químicamente es un sistema diferente, aquí
[señalando agua y emulsificante] tengo dos componentes, acá
[señalando el agua, aceite y emulsificante] tengo tres y cada mezcla y
cada solución es un universo diferente por lo mismo, porque finalmente,
cada sistema depende de lo que yo le aplique y en particular cuando es
solo aceite y el producto pues no se mezclan»120. Seguidamente, la
apoderada increpó al perito sobre a quién va dirigida la
advertencia –que está en el producto- sobre la necesidad de
hacer pruebas de fitotoxicidad y compatibilidad. Y el perito
contestó: «Al agricultor»121.
119 Ibidem. A partir del minuto 01:46:26.
120 Ibidem. A partir del minuto 01:49:25.
121 Audiencia de pruebas. «Rad. 201700421-00 Sentencia 08.mp4» que reposa en el
expediente digital. A partir del minuto 00:01:19.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
60
11.4. Obsérvese que en la declaración del experto en
audiencia no se aprecia, como lo afirma el actor, que aquél
hubiere sido «contundente al decir que la compatibilidad y la
fitotoxicidad son conceptos o situaciones muy diferentes», pues en
varias ocasiones se mostró ambivalente al respecto, como
cuando se le puso de presente el artículo académico de su
autoría donde afirmaba lo contrario. Tampoco es verdad
inobjetable, como asevera la recurrente, que del dicho del
declarante se concluya necesariamente que, aún si la mezcla
no hubiera sido estable «tal deficiencia en manera alguna generaba
toxicidad». Por el contrario, el perito refirió que una mezcla
inestable podría dar lugar a una mayor concentración del
producto o ingrediente activo en una zona de los cultivos
asperjados generando fitotoxicidad por sobredosificación, por
ejemplo. Por lo demás, en la audiencia salió a la luz que el
perito le vendía el producto Hipotensor SYS a Banasan S.A.S.
en cantidades importantes, al ser el dueño y representante
legal de la empresa. Producto cuya inocuidad estaba
defendiendo ante los estrados. Apreciado el dictamen y la
declaración del perito a la luz de la sana crítica, a voces del
artículo 232 del Estatuto Procesal y «teniendo en cuenta la
solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso», no aparece
contraevidente la conclusión del Tribunal en el sentido de
que el Klingquel Cobre y el aceite, al mezclarse con
Hipotensor SYS añadido por Banasan S.A.S. -en cuya
etiqueta se advertía la incompatibilidad con el aceite- y
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
61
rociado en los cultivos, contribuyó al desencadenamiento de
un evento de fitotoxicidad.
12. De lo expuesto se advierte que el ad-quem no
incurrió en error al señalar que Banasan S.A.S. tenía la
obligación de realizar pruebas de estudio de suelo, que no
cumplió esa obligación y que, asimismo, contribuyó a la
producción del daño al agregar el hipotensor SYS a la mezcla.
Y es que, al optar por un grupo de pruebas -por sobre otro-,
el sentenciador no incurre per se en yerro fáctico manifiesto.
En otras palabras, la escogencia de unos medios de prueba
por parte del juzgador no configura en sí mismo un error de
hecho manifiesto, máxime cuando dicha elección es el
resultado de la valoración conjunta de las pruebas
recaudadas en el decurso procesal, al tenor del artículo 176
del Código General del Proceso.
13. En ese orden de ideas, tampoco se observa
configuración del error de derecho formulado en el acápite
1.2. del cargo primero. El «error de derecho» supone la
conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se
reclama su indebida contemplación jurídica. Esto por mediar
la violación de normas de disciplina probatoria que atañen
con la aportación, admisión, producción o estimación122. Al
respecto la Sala ha indicado que este error «se configura en el
escenario de la diagnosis jurídica de los elementos de prueba, al ser
desconocidas las reglas sobre su aducción e incorporación, mérito
demostrativo asignado por el legislador, contradicción de la prueba o
122 CSJ, SC437-2023
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
62
valoración del acervo probatorio en conjunto»123. Error que conduce
a la infracción indirecta de normas sustanciales124. En el
caso, la impugnante alegó que «todos los elementos de juicio
señalados, incluyendo los indicios dejados de observar, indican que la
prueba de suelos o tejido foliar no estaba a cargo de Banasan; no era un
compromiso que la actora haya asumido y no podía deducirse tal
obligación por el solo hecho de la compra del producto y menos sabiendo
que el banano no estaba registrado ante el ICA. La experiencia enseña
que si entre comerciantes y frente a una reclamación judicial, de existir
alguna circunstancia que libere a los demandados de responsabilidad,
sin duda, invocarían tal situación». Posteriormente aseveró que «Si
el Tribunal hubiere analizado todas las pruebas en conjunto, hubiese
concluido, sin duda, que el Ingeniero Agrónomo Farelo al no recomendar
el estudio de suelo o análisis foliar y que en la etiqueta del producto no
estaba incluido el cultivo de banano sino el de papa y arroz, no era
indispensable realizar el estudio ya citado. Al no proceder o concluir tal
cosa, el Tribunal desvió su juicio y erigió una obligación a cargo de la
actora sin respaldo probatorio y, contrariamente, transitó en contravía
de los elementos arrimados al plenario». Así y todo, se extraña i) la
indicación de los apartes de las pruebas que muestren que
no se integraron en la apreciación del material conjunto. ii)
La demostración de que las probanzas se valoraron de
manera aislada. No obra ejercicio de contraste para
establecer las coincidencias, diferencias y contradicciones
entre los medios suasorios mencionados. En consecuencia,
no se formuló correctamente el error de derecho por
123 CSJ, SC AC2868-2023 del 31 de octubre de 2023; CSJ, AC5865-2021 citada en
CSJ, AC3442-2022: «Valga decir, la ocurrencia de esta tipología de dislate tiene
ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento
demostrativo irregular, ilegal, extemporáneo, o no idóneo, se le otorga eficacia
demostrativa contrariando así el principio de legalidad (ii), en el evento que se le niegue
eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende
el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al
legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan».
124 CSJ, SC437-2023
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
63
desatención de la regla de valoración en conjunto de las
pruebas.
Por el contrario, se encuentra que en el fallo
cuestionado el Tribunal sí valoró de forma conjunta el acervo
probatorio. Así, el ad-quem apuntó que en la misma etiqueta
se advertía sobre la necesidad del análisis de suelo y/o foliar,
del cual «como ya se anotó en líneas precedentes, no existe probanza
alguna de que se haya realizado»125. Recomendación que también
estaba contenida en la ficha técnica. Además, señaló la
descripción del producto efectuada en la ficha técnica y las
conclusiones del ICA en el informe denominado
«DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN EN BANANO, EN
UNA MEZCLA DE TANQUE DE TRES COADYUVANTES Y UN
FERTILIZANTE FOLIAR FORMULADO, CON BASE EN SULFATO DE
COBRE Y PECTIDOS». Todo ello para concluir que «BANASAN
contribuyó en la ocurrencia de los daños ocasionados al omitir, como se
ha indicado a lo largo de los planteamientos, el estudio foliar y/o suelo,
aunado a la escogencia de productos que tenían contraindicado en su
etiqueta la mezcla con aceite, como es el caso del Coadyuvante Agrícola
Hipotensor S.A.S. de la empresa SYS TECHNOLOGIES LTDA, el cual
también genera fitotoxicidad»126.
14. En consecuencia, los dos cargos fracasan.
CARGO TERCERO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1495, 1602,
125 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 364.
126 Ibidem. Fl. 368.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
64
1613, 1614, 1615, 2341 y 2357 del Código Civil, así como el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 22 de la Ley
1480 de 2011, por errores de hecho.
Para fundamentar su cargo planteó que:
1. El Tribunal incurrió en sendos errores de hecho que
lo llevaron a «declarar a la demandante solidariamente responsable
de los daños padecidos». Sostuvo que el Colegiado, «a pesar de
aceptar la aplicación del Estatuto del Consumidor no hizo operar el
artículo 22 de la Ley 1480 de 2011». Adujo, que el sentenciador
«tergiversó el informe del ICA, las pruebas realizadas por dicho instituto,
las Actas levantadas por las partes luego del siniestro; varios de los
testimonios recibidos, el registro de venta y la etiqueta del producto
Klingquel Cobre», y pretermitió la «prueba indiciaria».
2. Expuso que, en este caso concurren la
responsabilidad con base en el Estatuto del Consumidor y la
relativa al contrato de compraventa y, en concreto, las
causales de «reducción de responsabilidad prevista en uno y otro
estatuto».
3. La censura sostuvo que la Ley 1480 de 2011 «incorpora
las dos eventualidades», a saber, las causales de exoneración de
responsabilidad –artículo 22- y «aquellos eventos donde se
reduciría la misma». Y citó el numeral segundo de tal artículo a
cuyo tenor el productor se exonera de responsabilidad
«“cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del afectado”». En esta
medida, dado que el fallador declaró la responsabilidad tanto
de las demandadas como de Banasan S.A.S., «brota de
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
65
inmediato… que la demandante Banasan no fue culpable de manera
exclusiva del daño generado». Reseñó que, «cuando el Tribunal acogió
la teoría de que la demandante debía haber realizado estudios de suelos
y/o foliar y al no hacerlo concurrió a la generación del daño, desconoció,
abiertamente, la disposición señalada».
4. Con todo, el parágrafo del artículo 22 del Estatuto del
Consumidor dispone que «cuando haya concurrencia de causas en
la producción del daño, la responsabilidad del productor podrá
disminuirse». Pero, invocó que en «en el presente asunto no hubo
concurrencia de causas, por tanto, no procedía, siquiera, la reducción de
responsabilidad». Para el efecto, citó jurisprudencia de esta
Sala atinente a la definición de causa y condición como
antecedentes de un resultado, manifestando que «no cualquier
circunstancia tiene la jerarquía suficiente para ser erigida en una causa
concurrente de la afectación» pues tal evento «debe ser de tal entidad
que incida de manera marcada en el daño». A su juicio, el hecho de
que Banasan S.A.S. no hubiere realizado las pruebas de
suelo o foliares no es un hecho de entidad suficiente para
constituirse en causa o concausa del daño y, en
consecuencia, «es evidente que el resarcimiento pleno de la parte
actora a cargo de las demandadas sobrevendrá como algo inevitable».
Insistió en que Banasan S.A.S. no estaba obligado a realizar
las pruebas referidas y que «definitivamente, BANASAN no
concurrió a la generación del daño ni total ni parcialmente».
5. En concreto, confutó que el Tribunal «pone en igualdad
de condiciones el comportamiento de Banasan y las dos demandadas y
por las razones allí registradas», lo cual constituye «una evidente
equivocación». En su parecer, Banasan S.A.S. no estaba
obligada a realizar estudio de suelos y, «desvanecidos los
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
66
argumentos referidos, atendiendo a lo expresado en los cargos
anteriores, es evidente que el resarcimiento pleno de la parte actora a
cargo de las demandadas sobrevendrá como algo inevitable». Adicionó
que, «por esa razón, en este aparte se deben considerar reproducidos
los mismos planteamientos de los cargos anteriores». En definitiva,
«la “solidaridad” adoptada por el fallador, incluyendo a BANASAN
descansa sobre criterios que desdibujan la capacidad probatoria del
concepto del mismo Instituto Colombiano Agropecuario, en cuanto que
consideró que la razón única del daño generado a las plantaciones de
banano refiere Y, por supuesto, todos los errores denunciados líneas
atrás».
6. Reiteró que del informe del ICA «varias conclusiones
pueden enarbolarse como contundentes frente a la referida reducción de
la responsabilidad a cargo de las demandadas». En primer lugar,
que «Banasan no tenía el compromiso de realizar estudios de suelo o
tejido foliar». En segundo lugar, que no existen causales de
exoneración de responsabilidad a la luz del Estatuto del
Consumidor. En tercer lugar, que en el informe del ICA «no se
indica, por ningún lado, que la utilización por parte de Banasan de
productos como el hipotensor haya incidido en el siniestro».
Adicionalmente, que el ICA «fue contundente al señalar que la
mezcla del KlingQuel Cobre y el Aceite Mineral fueron los elementos que
generaron la fitotoxicidad». Y, por último, que «Banasan no concurrió
a la generación del daño ni total ni parcialmente».
7. A renglón seguido, indicó que el juzgador de segundo
grado pretermitió la «nueva etiqueta» del Klingquel Cobre que
aparece a folio 355 del cuaderno número uno. En tal
documento, el importador incluyó una nueva recomendación
que reza «“no mezclarse con aceites agrícolas de Origen Mineral en
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
67
banano”». En su postura, este documento «evidencia que el
producto estaba siendo mal ofertado o publicitado, pues la omisión en
cuanto a que no podía aplicarse en emulsión indujo a la generación del
daño». Bajo ese hilo argumentativo, «de haberlo tenido en cuenta
[el Tribunal] hubiese concluido que juntar el Klingquel Cobre con aceite
mineral convertía dicha mezcla en un producto tóxico y, por supuesto, tal
percepción hubiese contribuido, junto con las restantes pruebas, a
consolidar la convicción sobre que las demandadas fueron las únicas
responsables del perjuicio».
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del cargo.
2. Preliminarmente, se advierte que al igual que en los
anteriores embates, se aduce la transgresión indirecta de
normas que no constituyen preceptos sustanciales. Tal es el
caso de los artículos 1495, 1602, 1613, 1614 y 1615 del
Código Civil. Así como el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Aunque los cánones 2341 y 2357 del Código Civil y el artículo
22 de la Ley 1480 de 2011 sí ostentan el linaje de materiales,
no se demostró la inobservancia de dichas disposiciones por
parte del fallo de segunda instancia. Se incurrió en
entremezclamiento de las causales primera y segunda.
Defecto técnico que también da al traste con el cargo. En
efecto, la causal directa supone que el recurrente acepta la
valoración probatoria del ad quem pero cuestiona el modo en
que se aplicó la ley sustancial a los hechos probados. La
causal indirecta, por su parte, implica cuestionamiento de
los supuestos de hecho del fallo que llevaron al sentenciador
a aplicar la ley sustancial de manera equivocada. Lo anterior
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
68
revela que los embates por causal primera y segunda son de
suyo incompatibles si se formulan en un mismo cargo.
2.1. En este caso, el actor acusó al fallo de incurrir en
error de hecho debido a que «a pesar de aceptar la aplicación del
Estatuto del Consumidor no hizo operar el artículo 22 de la Ley 1480 de
2011». Insistió en que esta norma incorpora dos supuestos de
hecho: i) el numeral segundo contiene el mandato de
exoneración de responsabilidad al encartado cuando los
daños ocurren por culpa exclusiva de la víctima; y, ii) el
parágrafo advierte que en caso de concurrencia de causas se
podrá disminuir la responsabilidad del productor.
2.2. Con respecto a la primera hipótesis, la censora
adujo que, dado que el Tribunal declaró la responsabilidad
tanto de las demandadas como de Banasan S.A.S., «brota de
inmediato… que la demandante Banasan no fue culpable de manera
exclusiva del daño generado». Y refirió que, «cuando el Tribunal acogió
la teoría de que la demandante debía haber realizado estudios de suelos
y/o foliar y al no hacerlo concurrió a la generación del daño, desconoció,
abiertamente, la disposición señalada». En esta medida, el
impugnante aceptó la valoración probatoria del Tribunal,
pero cuestionó la aplicación de la ley sustancial al caso. Este
tipo de acusación es propio de la causal primera de casación.
2.3. Asimismo, cuestionó la supuesta aplicación del
parágrafo del artículo 22 del Estatuto del Consumidor, por
cuanto, el hecho de que Banasan S.A.S. no hubiere realizado
las pruebas de suelo o foliares no constituye una omisión
suficiente para constituirse en causa o concausa del daño y,
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
69
en consecuencia, «es evidente que el resarcimiento pleno de la parte
actora a cargo de las demandadas sobrevendrá como algo inevitable».
Nuevamente, el impugnante aceptó la valoración probatoria
del ad-quem, pero recriminó el ejercicio de adecuación del
supuesto de hecho a la norma, revelando una especie de
ataque por la vía directa. No obstante, a renglón seguido,
insistió en que Banasan S.A.S. no estaba obligada a realizar
las pruebas referidas y que «definitivamente, BANASAN no
concurrió a la generación del daño ni total ni parcialmente». Para luego
proponer un ataque por la vía indirecta, tal como se analiza
a continuación.
3. En este cargo por la vía indirecta el impugnante
repitió alegatos contenidos en los cargos primero y segundo
que fueron despachados previamente. En efecto, el
casacionista señaló que el sentenciador «tergiversó el informe del
ICA, las pruebas realizadas por dicho instituto, las Actas levantadas por
las partes luego del siniestro; varios de los testimonios recibidos, el
registro de venta y la etiqueta del producto Klingquel Cobre», amén de
pretermitir la «prueba indiciaria». En sustento de su afirmación
esgrimió que, Banasan S.A.S. no estaba obligado a realizar
estudio de suelos y, que, «atendiendo a lo expresado en los cargos
anteriores, es evidente que el resarcimiento pleno de la parte actora a
cargo de las demandadas sobrevendrá como algo inevitable». Sumado
a que, «por esa razón, en este aparte se deben considerar reproducidos
los mismos planteamientos de los cargos anteriores». En este orden
de ideas, se dan por reproducidos también los razonamientos
de esta Sala respecto de los ataques primero y segundo, para
despachar desfavorablemente el presente embate.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
70
4. Quedan en pie, pues, solo dos acusaciones del cargo
tercero: i) la relativa a la tergiversación del informe del ICA;
y, ii) la supuesta pretermisión de la «nueva etiqueta» del
Klingquel Cobre que aparece a folio 355 del cuaderno número
uno. En relación con lo cual, de antemano se advierte que,
así planteado, el cargo está llamado al fracaso por
incompletitud.
4.1. Para acometer el estudio de estos reproches,
conviene referirse al defecto de incompletitud.
Adicionalmente, exponer los alcances del error de hecho por
tergiversación -al que se alude por el informe del ICA- y
pretermisión -de lo cual se duele la pretensora por la nueva
etiqueta del Klingquel Cobre-.
4.1.1. Dado el carácter dispositivo del recurso
extraordinario de casación, la Corte no puede de oficio
enmendar o suplir las falencias en las que incurra el censor.
Una de ellas es el cargo incompleto. Esto es, aquel que, aun
si prosperara, deja intacto uno o algunos de los pilares del
fallo recurrido que por sí mismos constituyen la razón de la
decisión. Y es que «si el juzgador se basó en varias pruebas, y todas
racionalmente, de modo individual o apreciadas en conjunto, soportan la
decisión, es de cargo del recurrente atacarlas -eficazmente- todas» (CSJ
SC563-2021)»127.
4.1.2. El error por tergiversación consiste, como se
antes se anotó, en darle a la prueba un alcance que no tiene.
El error de hecho por pretermisión supone ignorar del todo
127 Reiterada en SC4124-2021 y en AC926-2023.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
71
la existencia de un medio suasorio o incluso en cercenarlo
para asignarle al retazo sobrante un significado que no tiene.
En ambos casos, la pifia debe ser manifiesta y trascendente.
4.2. En este caso, los dos medios de prueba confutados
-el informe del ICA y la nueva etiqueta del Klingquel Cobre-
no constituyen, la totalidad de los pilares en los cuales se
cimentó el razonamiento del Tribunal en torno a la
responsabilidad de Banasan S.A.S. Aun si salieran avante,
las resultas del proceso serían las mismas. De modo que el
cargo deviene incompleto. Por lo demás, lo que se percibe es
que el sentenciador, en ejercicio de su tarea de apreciación
del acervo probatorio, se decantó por unos medios de prueba
en detrimento de otros, para atribuirle a Banasan S.A.S. una
contribución parcial al resultado lesivo, como pasa a
explicarse.
4.2.1. En criterio de la casacionista, del informe del ICA
se desprende que: Banasan S.A.S. no estaba obligado a hacer
estudios de suelo o de tejido foliar; no se configuró causal de
exoneración alguna -del Estatuto del Consumidor-; el
Hipotensor SYS no contribuyó al resultado lesivo; la mezcla
del Klingquel Cobre y el aceite mineral fue la causa de la
fitotoxicidad; y, en fin, Banasan S.A.S. no contribuyó a la
configuración del daño que sufrieron los cultivos. Por
contera, la conclusión del Tribunal, a saber, que Banasan
S.A.S. contribuyó a la producción del daño al no haber
realizado las pruebas de suelos o foliares, así como por haber
añadido el Hipotensor SYS a la muestra, según el actor,
contradice el contenido del informe del ICA.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
72
4.2.2. El informe del ICA, en lo pertinente, precisó lo
siguiente: «Teniendo en cuenta los daños generados y observados en
las aplicaciones de la mezcla en el mes de junio del 2016, la prueba piloto
del mes de Octubre 2016 y los observados en la prueba de fitotoxicidad
del mes de diciembre del presente año, se infiere a toda probabilidad,
que la mezcla usada para “el control de la Sigatoka Negra en las fincas
Bureche, Don Carlos, Kasuma y la Mami” fue indebidamente
recomendada y generó los episodios de fitotoxicidad severa que nos
ocupa»128. Con base en ello, y en otros medios de convicción129,
el Colegiado le imputó responsabilidad a Coacosta S.A.S. por
indebida recomendación de mezclar el producto Klingquel
Cobre con aceite. En otras palabras, el informe del ICA no
sirvió de báculo al ad quem para imputarle a Banasan S.A.S.
ningún tipo de responsabilidad.
4.2.3. En efecto, como se mostró al estudiar los dos
cargos anteriores, el Tribunal concluyó que Banasan S.A.S.
contribuyó al resultado lesivo al incumplir con la obligación
de llevar a cabo estudios previos -de suelo o foliares- y por
adicionar, por su cuenta, el Hipotensor SYS a la mezcla
asperjada sobre los cultivos. El fallador dedujo, pues, la
obligación de hacer estudios previos en cabeza de Banasan
S.A.S. de documentos como la etiqueta, la ficha técnica y el
registro de venta del Klingquel Cobre. A lo que se suma que,
el perito Álvaro Moreno dio cuenta de que era obligación del
agricultor efectuar pruebas antes de aplicar los productos130.
128 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 342.
129 Entre ellos, la comunicación por medio de la cual Tulio Farelo ofreció el producto
que obra a folio 42 del Cuaderno No. 1 del Juzgado.
130 Audiencia de pruebas. «Rad. 201700421-00 Sentencia 08.mp4» que reposa en el
expediente digital. A partir del minuto 00:01:19, donde el perito señala que le
corresponde al agricultor hacer las pruebas.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
73
Asimismo, el Tribunal determinó la contribución de Banasan
S.A.S. al resultado por añadir Hipotensor SYS a la mezcla
cuando en la etiqueta de dicho producto se advertía su
incompatibilidad con aceite.
4.2.4. En este marco argumentativo, aun si el Tribunal
hubiese incurrido en el mentado yerro fáctico, a saber,
tergiversación del informe del ICA -que no fue así-, hubiere
llegado a la misma conclusión. En efecto, su decisión de
atribuirle contribución al daño a Banasan S.A.S. se basó en
otros medios de prueba debidamente incorporados al legajo.
4.2.5. Se alega también la supuesta pretermisión de la
«nueva etiqueta» del Klingquel Cobre, en cuyo cuerpo se
advierte que no debe mezclarse con aceites agrícolas de
origen mineral en banano131. Según la censora, este
documento «evidencia que el producto estaba siendo mal ofertado o
publicitado, pues la omisión en cuanto a que no podía aplicarse en
emulsión indujo a la generación del daño». De haberlo tenido en
cuenta, en la sentencia se debía concluir que mezclar
Klingquel Cobre con aceite mineral «convertía dicha mezcla en un
producto tóxico y, por supuesto, tal percepción hubiese contribuido, junto
con las restantes pruebas, a consolidar la convicción sobre que las
demandadas fueron las únicas responsables del perjuicio». Pero el ad
quem no ignoró este documento. Por el contrario, lo relacionó
en los medios de prueba así: «F.354: Etiqueta de KLINGQUEL
COBRE2, en ella se lee “LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
DEBE HACERSE POR RECOMENDACIÓN DE UN INGENIERO
AGRÓNOMO, PREVIO ANÁLISIS DE SUELO Y/O FOLIAR”, en el aparte
131 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 355.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
74
de Recomendaciones de uso y manejo “KLINGQUEL COBRE es un
fertilizante, foliar líquido, formulado como concentrado soluble, para
aplicación foliar,…” y a folio 355 otra etiqueta en la que se agregó el
BANANO en dosis 0,4 época Realizar hasta dos aplicaciones una
mensual por espacio de (2) meses; a partir de los 90 días de aparición
de la planta sucesión (hija), ** No mezclarse con aceites agrícolas de
Origen Mineral en banano»132. Más adelante, con base en el
informe del ICA, el Tribunal concluyó que Coacosta S.A.S. y
Talex S.A.S. eran responsables frente a Banasan S.A.S.
Coacosta S.A.S., por haber recomendado y comercializado un
producto en emulsión -mezcla con aceite- para una finalidad
no aprobada por el ICA. Y Talex S.A.S., por comercialización
del producto para fines no aprobados por el ICA, en calidad
de distribuidor133. De modo que el fallador tuvo en cuenta el
documento aludido y además llegó a la conclusión que rebate
el actor. Cosa distinta es que, adicionalmente, y con base en
el razonamiento analizado en los cargos uno y dos, el
Tribunal le atribuyó a Banasan S.A.S. una participación en
la realización del efecto dañoso.
5. Para concluir, se estima conveniente referirse
someramente a la discusión que plantea el actor en torno a
la reducción de la condena. La censora recrimina que, en este
132 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 346.
133 Según el Tribunal, «Por las razones indicadas, se concluye que tanto COACOSTA
como ALEX son responsables solidariamente por los perjuicios ocasionados a
BANASAN, como quiera que a primera de las mencionadas publicitó y vendió un
producto agrícola para ser utilizado en emulsión y con una finalidad que no estaba
aprobada por el ICA, como era su empleo como suplemento profiláctico en el manejo de
la Sigatoka Negra y la distribuidora, que para el caso es TALEX, la cual a pesar de que
tal como se observa a folio 64 del expediente indicó que Klinquel cobre está “Registrado
como fertilizante con péptidos”, lo ha distribuido para el control de la Sigatoka en el
cultivo de banano, tal como lo muestran las pruebas del KLINGQUEL COBRE en la finca
TERESA como suplemento profiláctico en el manejo de la Sigatoka Negra, perteneciente
al grupo C.I. TECBACO, como se plasma en los folios 1087-1088, en el que se mezcló
con aceite, ALT-100 al 1% del aceite y agua.» Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl.
370.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
75
caso, no hubo concurrencia de causas y que, por tanto, no le
era aplicable la disminución del monto de la condena. A su
juicio, el hecho de que Banasan S.A.S. no hubiere realizado
las pruebas de suelo o foliares no es un hecho de entidad
suficiente para constituirse en causa o concausa del daño.
5.1. Son tres, en esencia, los elementos o presupuestos
axiológicos de la pretensión de declaratoria de
responsabilidad civil, a saber: el hecho ilícito, el daño o
perjuicio y el nexo de causalidad entre éste y aquél. Con todo,
determinar que un evento haya sido la causa de otro (el daño)
es un asunto complejo. En efecto, en el plano material, unos
eventos suceden a otros en el tiempo de manera permanente,
en una cadena interminable de causas y efectos. Cada una
de ellas, individualmente considerada, es conditio o causa de
su respectivo efecto. En el plano jurídico, con todo, la
discusión debe cualificarse porque no cualquier causa -en
sentido material- es causa jurídica del daño.
5.2. Para atribuirle el carácter de causa -en sentido
jurídico- a un hecho, se han propuesto diversas teorías. Así,
por ejemplo, sería causa jurídica la más próxima en el tiempo
al resultado lesivo (teoría de la causa próxima). O bien, aquel
evento con la entidad idónea para generar el evento
resultante (teoría de la causa adecuada). Y cuando se trata
de aspectos técnicos, se acentúa la importancia de las
experticias y opiniones informadas. En los demás casos, un
juicio razonable de acuerdo con las máximas de la
experiencia basta para establecer la causa adecuada o
probable del daño.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
76
5.3. Es evidente que un daño puede ser -y generalmente
es- resultado de una cadena de eventos antecedentes o
condiciones, de una pluralidad de causas. No obstante, sólo
son relevantes en sentido jurídico aquellas que en el curso
normal de los acontecimientos y según las máximas de la
experiencia o el estado del conocimiento científico, son
adecuadas para explicar el resultado lesivo. Tal es el
escenario que prevé el artículo 2357 del Código Civil, según
el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción
cuando la víctima se expuso al resultado de manera
imprudente. Es decir, cuando la acción u omisión del
afectado es causa adecuada para la materialización del
resultado lesivo, en concurrencia con la acción y omisión -a
su vez causas adecuadas del resultado- de la parte
demandada, la ley dispone que se disminuya la cuantía de la
condena. En efecto, el hecho de la víctima con incidencia
causal activa el reparto de las pérdidas. La cuantía de la
reducción queda al arbitrio del juzgador, quien deberá
hacerla «… en términos de prudencia y razonabilidad, a fin de
establecer la equitativa proporción que corresponde a cada uno de los
autores del hecho lesivo»134.
5.3.1. Ahora bien, conviene precisar que la reducción de
la condena a la luz del artículo 2357 del Código Civil no es
exclusiva de la responsabilidad civil extracontractual, pues
existen escenarios contractuales en los que resulta aplicable.
134 CSJ SC2107 de 2018, rad. 2011-00736.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
77
5.3.2. Más recientemente, en sentencia SC780-2020,
esta Sala tuvo ocasión de estudiar las diferencias y
similitudes existentes entre los dos regímenes de
responsabilidad civil en el contexto de los accidentes de
tránsito. En esa ocasión, se advirtió que en el caso de «los
daños sufridos por pasajeros con ocasión de la ejecución de un contrato
de transporte, la norma especial indica que no es posible que los
contratantes limiten su responsabilidad: “las cláusulas del contrato que
impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de
sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos (inciso 3º,
artículo 992 del Código de Comercio). La injerencia de una característica
del daño extracontractual en esta especie de contrato es evidente, pues
las partes no pueden limitar el alcance de la indemnización, la cual se
rige por el principio de reparación integral de los perjuicios». En otras
palabras, existen vasos comunicantes entre los institutos de
la responsabilidad contractual y extracontractual.
5.3.3. Por lo demás y en todo caso, no basta con que la
víctima haya incurrido en una conducta imprudente, per se,
para aplicar la reducción de la indemnización. Debe
demostrarse, también, que su acción u omisión -la conducta
en sí- contribuyó causalmente al resultado lesivo. Es decir,
que la víctima se expuso al daño que efectivamente se
materializó. En otras palabras, ha dicho esta Sala: «si bien el
cálculo de la contribución de cada uno de los participantes en la
producción del daño, y por esa vía, la moderación del valor a resarcir,
atiende al arbitrio iuris del juez, su análisis no debe ser arbitrario ni
subjetivo, pues frente a la víctima tendrá que examinar, además de la
culpa, el factor de causalidad»135.
135 SC2107-2018.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
78
5.3.4. En el escenario de la compra y venta de insumos
agropecuarios, el ICA, entidad adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural tiene dentro de sus funciones
efectuar el «control técnico de la producción, comercialización y uso de
los insumos agropecuarios»136. Con ese fin, el 21 de enero de
2003, expidió la Resolución 150 «por la cual se adopta el
reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelos para
Colombia» cuyo objeto es, a tenor del artículo 1º, «orientar la
comercialización y el uso y manejo adecuados y racionales de los
fertilizantes y acondicionadores de suelos, tanto para prevenir y
minimizar daños a la salud, a la sanidad agropecuaria y al ambiente
bajo las condiciones autorizadas, como para facilitar el comercio
internacional» y «establecer los requisitos y procedimientos armonizados
con las reglamentaciones internacionales vigentes, tanto para el registro
como para el control legal y técnico de fertilizantes y acondicionadores
de suelos...». Igualmente, el artículo 7 de dicha resolución
estableció una serie de obligaciones especiales para
fabricantes, formuladoras, envasadoras y empacadoras de
fertilizantes y reglamentó en los artículos 25 y siguientes lo
atinente al registro de venta del producto, que contiene la
ficha técnica y el etiquetado. En el artículo 51, por su parte,
se dispuso que «Las indicaciones, recomendaciones de uso y
aplicación y demás aspectos técnicos de fertilizantes y acondicionadores
de suelos serán de responsabilidad directa de su titular y deberán estar
ceñidas a lo aprobado con el registro de venta del producto. Los
vademécum y publicaciones similares deberán cumplir también con lo
estipulado en el presente artículo». Y, si bien de esta norma se
infiere que el titular de un registro de venta de fertilizantes
ante el ICA tiene el deber de ceñirse a las recomendaciones
136 Numeral 5 del artículo 2.13.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1071 de
2015.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
79
de uso y aplicación para las cuales se autorizó el producto,
no lo es menos que el comprador del producto tiene el deber
de utilizar el producto siguiendo las indicaciones de la
etiqueta. El proceder contrario a las recomendaciones de uso
de estos productos es sin duda un caso de exposición
imprudente al daño que da lugar a la reducción de la
condena al tenor del artículo 2357 del Código Civil. Lo
anterior no es más que una aplicación del principio general
del derecho según el cual nadie puede ampararse en su
propia culpa.
5.4. En este caso, según se ha reseñado, el Tribunal le
imputó responsabilidad en la producción del daño a
Coacosta S.A.S. y a Talex S.A.S., por indebida recomendación
del producto Klingquel Cobre en emulsión. Y a Banasan
S.A.S. le atribuyó participación en la producción del daño en
la medida en que incumplió la obligación de llevar a cabo
estudios de suelo o de tejido foliar previos a la aplicación del
producto y agregó el Hipotensor SYS a la mezcla -que incluía
aceite-, cuando este producto decía en su etiqueta que era
incompatible con aceite. Así las cosas, no luce contraevidente
la conclusión del Colegiado, porque tanto la obligación de
realizar estudios previos -en el caso del Klingquel Cobre-
como la advertencia de incompatibilidad con aceite –en el
caso del hipotensor SYS- aparecían en las etiquetas de los
respectivos productos. Las advertencias contenidas en las
etiquetas de los productos -y más tratándose de insumos
agrícolas- contienen información de uso recomendado o
adecuado precisamente para reducir el riesgo de
materialización de resultados nocivos o imprevistos. En esta
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
80
medida, el incumplimiento de las recomendaciones de uso
contenidas en la etiqueta por parte del usuario, incrementó
el riesgo de ocasionar eventos de fitotoxicidad. Es decir, en el
curso normal de los eventos, el uso inadecuado o contrario a
los dispuesto en la etiqueta de un producto fertilizante es
causa de resultados nocivos. En otras palabras, Banasan
S.A.S. contribuyó, en términos de causalidad adecuada, a la
realización del daño que sufrieron los cultivos de banano.
Banasan S.A.S. se expuso de manera imprudente al daño
que efectivamente se materializó.
6. Así las cosas, este cargo fracasa.
CARGO CUARTO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1495, 1501,
1602, 1613, 1614, 1615 y 2357 del Código Civil. También del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2784 de 2012.
Y de la Ley 1324 de 2009, así como de «la norma internacional de
información financiera 13 y la norma internacional de contabilidad 41»,
junto con la Resolución 007 de 2001 expedida por la
Superintendencia de Sociedades. Como consecuencia de
errores de hecho y de derecho.
En sustento de su cargo estimó que:
1. El Tribunal incurrió en error de derecho al
desconocer los artículos 250 y 260 del Código General del
Proceso relativos a la apreciación de la prueba documental.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
81
A su juicio, el ad quem erró al descartar los contratos de
transacción aportados a la causa «bajo el pretexto de la
inoponibilidad». Citó doctrina y jurisprudencia para soportar su
afirmación e insistió en que «el hecho de tener origen en terceros no
es suficiente para excluirlos como así hizo el fallador». Puesto que
tales documentos fueron arrimados al plenario por la parte
demandante con el «propósito de contribuir a la demostración de la
cuantía del daño» y, en esta medida, «no solo debió validarse su
incorporación sino, también, proveerle la fuerza probatoria que su
naturaleza y normas correspondientes autorizan». En suma, a voces
del artículo 262 del Estatuto Procesal «salvo que la parte
contraria, es decir, Coacosta y Talex hubiesen pedido la ratificación de
dichos documentos declarativos emanados de terceros, lo que no
hicieron, el Tribunal debió “apreciar”, dichos documentos y al no hacerlo
incurrió, se insiste, en el error denunciado».
2. Estimó que el Tribunal «incurrió en un error de hecho» al
restarle valor probatorio a los contratos de transacción con
apoyo en el fenómeno de la inoponibilidad. Bajo su postura,
el sentenciador también incurrió en yerro fáctico al
considerar que dichos contratos no tenían la entidad
suficiente para establecer la cuantía de la indemnización en
razón de que no correspondían a un daño cierto y directo.
Con todo, señaló la pretensora, lo de cierto y directo «se
pregona del daño, más no de la cuantía». Por lo demás, le imputó
error de hecho por haber desechado el dictamen pericial
contable y financiero. El cual, según su dicho, explicó con
suficiencia el origen y cuantía del lucro cesante y del daño
emergente, con una descripción de la metodología utilizada.
Censuró que el Colegiado «no entendió el trabajo pericial» y
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
82
«distorsionó la información incorporada en el referido concepto». Agregó
que «la metodología empleada es la que autorizan las normas vigentes
para esa clase de daños y la actividad de la parte afectada». Sostuvo
que el Tribunal le restó valor a la pericia, entre otras razones,
por haber conceptuado sobre un periodo de trece meses,
cuando a folio 529 del cuaderno dos el perito indicó que se
tuvo en cuenta la fitotoxicidad presentada en los cultivos en
un periodo de «aproximadamente 6 o 7 meses, coincidiendo con lo
expuesto por el representante legal de Banasan y la señora Barrios
Alvarado». También le achacó al juzgador el haber tenido en
cuenta unos créditos con entidades bancarias sin que
hubiera prueba de ello y el no haber valorado la experticia
por estar expresada en dólares americanos cuando en
realidad el concepto se expresó en pesos colombianos.
3. Refirió que los mentados errores de hecho y de
derecho fueron «trascendentes y evidentes», pues, «de no haberse
incurrido en ellos, otro hubiese sido el resultado del fallo» en tanto que
hubiese reconocido el valor suasorio de los contratos de
transacción aportados para acreditar la ocurrencia y cuantía
del daño.
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del cargo.
2. De manera preliminar, se advierte que se atacó el
quebrantamiento de normas que no ostentan el carácter de
sustanciales. Como los artículos 1495, 1501137, 1602, 1613,
137 CSJ, AC3013-2023
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
83
1614 y 1615 del Código Civil; el artículo 16 de la Ley 446 de
1998; la norma internacional de información financiera
13138. Además, no se precisó qué disposición del Decreto
2784 de 2012, de la Ley 1324 de 2009 y de la Resolución 007
de 2001 se estima vulnerada por el fallo censurado. Se
recuerda que, en marco de la vía indirecta, la censora debía
indicar con claridad y precisión la disposición material que a
su juicio hubiese sido infringida139. Y en palabras de la Sala,
«memórese que, cuando se invoca el segundo motivo de casación es
necesario que al menos se deje entrever la razón por la cual se produjo
el quebrantamiento de las disposiciones sustanciales cuya vulneración
se denuncia»140. En el embate estudiado, no obra explicación y
demostración de la violación por parte del sentenciador de la
única norma sustancial mencionada en el cargo, esto es, el
artículo 2357 del Código Civil.
Adicionalmente, se advierte que la censura entremezcló
los dos errores -el de hecho y el de derecho- denunciados.
Con todo, para acometer el estudio de los yerros
denunciados, esta Sala procederá a estudiarlos de manera
separada, empezando por el de derecho.
3. Un sentenciador puede quebrantar la ley sustancial
por vía indirecta, bien por cometer yerros fácticos o de
derecho. El yerro fáctico, se itera, proviene de error en la
apreciación de los medios de convicción y puede consistir en
tergiversación, pretermisión o suposición. Por su parte, el
138 Establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y
requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Más no crea,
extingue o modifica relaciones jurídicas concretas.
139 CSJ, AC1762-2024; y CSJ, AC1763-2024
140 CSJ, SC434-2023.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
84
error de iure se configura cuando se desconocen las reglas
sobre aducción o incorporación de la prueba, o las que le
asignan valor suasorio por ley al medio probatorio, o bien las
reglas de contradicción y valoración conjunta del acervo. En
uno y otro caso, a voces del inciso tercero del literal b) del
numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso «el
recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el
sentido de la sentencia». Con respecto a las reglas de apreciación
de la prueba documental -sean documentos públicos o
privados-, el artículo 250 del Estatuto Procesal dispone que
tal prueba es indivisible y comprende aun lo meramente
enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo
dispositivo del acto o contrato. Es decir, que la ley procesal
ordena valorar la prueba documental como un todo. A su vez,
el artículo 257 ejusdem señala que «los documentos públicos
hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en
ellos haga el funcionario que los autoriza». Y añade que, entre las
partes, tales documentos «tendrán el alcance probatorio señalado
en el artículo 250» y que, «respecto de terceros se apreciarán conforme
a las reglas de la sana crítica». El artículo 260, a su vez, les da a
los documentos privados el mismo valor probatorio entre las
partes y frente a terceros. Y el artículo 262, por lo demás,
dispone que el contenido declarativo de los documentos
emanados por terceros «se apreciará por el juez sin necesidad de
ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su
ratificación».
4. En este caso, el actor reprochó al Tribunal el
desconocimiento de los artículos 250, 260 y 262 del Código
General del Proceso relativos a la apreciación de los medios
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
85
de prueba documentales. En concreto, adujo que, de no
haber desechado los contratos de transacción incorporados
al plenario, se hubiera podido acreditar la cuantía del daño
emergente por los montos allí enunciados.
4.1. Sobre el particular, el Tribunal se pronunció así:
«Frente a los contratos de transacción BANASAN se duele que
estos no fueran atendidos para efectos de la condena, a pesar de
que a cada uno de ellos se acompañó los documentos
denominados “contabilización de anticipos” y “notas de
contabilidad-tesorería”, los cuales reposan en el expediente así:
- F. 359-364 contrato de transacción entre C.I. BANASAN y
RAMIRO DE FRANCISCO REYES, representante legal de
BANAORGANICO S.A.S., quien en adelante se llamará el
PRODUCTOR (Finca BURECHE), acordando pagar al productor la
suma de $2.814.829.827
- F. 398-403 contrato de transacción entre BANASAN y JOSÉ
IGNACIO DIAZ GRANADOS GUIDA (Don CARLOS) $1.615.985.785
- F.454-459 Contrato de Transacción entre BANASAN y ÁLVARO
VIVES LACOUTURE (LA MAMI), $4.765.162.562
- F.489-494 Contrato de Transacción entre BANASAN y ÁLVARO
VIVES LACOUTURE (KASUMA) $731.840.422
En éstos se lee “que el PRODUCTOR ha reclamado la totalidad de
los perjuicios generados por la menor producción de fruta que
derivó en el incumplimiento de las obligaciones de suministro a
BANASAN, así como los costos generados por la destrucción o
disposición de la fruta dañada como consecuencia de la aplicación
del producto y los costos de limpieza de matas y terrenos para
eliminar cualquier vestigio de la fitotoxicidad ocasionada”.
En este orden de ideas, para la Sala emerge diáfano que le asistió
razón al a quo al declarar probada la excepción de inoponibilidad
de los contratos de transacción, no solo porque los documentos que
los acompañan no resultan suficientes para establecer el quantum
de la indemnización, pues, como ya quedó reseñado en la
jurisprudencia citada, éste debe ser ‘directo y cierto’ y no
meramente ‘eventual o hipotético’, sino porque, y este viene a ser
el motivo principal, de la lectura de los referidos pactos se advierte
con nitidez que de ellos no se deriva un nexo contractual directo ni
indirecto entre los propietarios de las fincas, ajenos a este litigio,
y las aquí encartadas.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
86
Convenios que al valorarse en conjunto con los demás elementos
demostrativos no encuentran respaldo alguno en los montos por
los cuales se concilió los perjuicios que BANASAN causó con la
fumigación con KLINGQUEL COBRE a los propietarios de las
heredades afectadas»141.
4.2. Se advierte que el fallador de segunda instancia no
desechó de plano los documentos referidos, sino que los
valoró, pero les restó entidad persuasiva por las siguientes
razones: i) inoponibilidad; ii) insuficiencia para establecer la
cuantía de la indemnización en tanto que no constituyen
daño cierto ni directo; y iii) porque de la valoración conjunta
del acervo los montos que aparecen en tales contratos no
están soportados. Sobre la primera razón, conviene aclarar
que el Tribunal declaró fundada la excepción de
inoponibilidad que propuso Coacosta S.A.S. Con todo, es
cierto, como alega la pretensora, que un entendimiento recto
del fenómeno de la inoponibilidad -esa garantía que tienen
los terceros para no ser vinculados por ciertos negocios
jurídicos que les son ajenos porque no son parte en ellos o
porque no se cumplió con ciertos requisitos de publicidad-
no puede ser el fundamento de la desestimación de los
contratos de transacción como medios de prueba. Con todo,
este yerro es a todas luces intrascendente, porque el fallo
cuestionado contiene dos razones adicionales para restarles
valor a los mentados contratos, y en esta medida no se
advierte que se haya quebrantado las reglas de apreciación
de los documentos. Debido a que la censora no combatió
estas razones adicionales, el embate por error de derecho
está llamado al fracaso.
141 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 378.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
87
5. Resta estudiar, pues, el ataque por error de hecho
por indebida apreciación de los contratos de transacción y el
dictamen pericial de la firma KPMG.
5.1. Con respecto a los contratos de transacción, nótese
que el Tribunal les restó entidad suasoria al considerar que
eran inoponibles a las demandadas, no constituir daño cierto
ni directo y no encontrar apoyo en otros medios de prueba
obrantes en el plenario. Se itera, que el argumento de la
inoponibilidad fue sólo una de las premisas que apoyó la
conclusión del sentenciador. En la medida en que esta es la
única que combate la pretensora en su cargo, el yerro es
intrascendente.
5.2. Para descartar la prueba del lucro cesante, el
Tribunal consideró:
«En aras de determinar la cuantificación de los daños, y, en lo que
concierne inicialmente al lucro cesante, al revisar el informe técnico
se observa que en él se estipuló que KPMG definió la estimación
del nivel de utilidad no percibido por servicios no prestados,
atendiendo a que el principal ingreso de BANASAN es aquel
recibido por concepto de materiales, suministros, operaciones
logísticas en puerto, transporte de insumos y sanidad vegetal en
los cultivos de banano tradicional y orgánico, mostrando la
reducción en cada uno de estos ítems.
Asimismo, solicitó a BANASAN la proyección de cada una de las
variables descritas en el documento, determinó el porcentaje de
producción de fruta para cada uno de los predios e incluyó los
créditos solicitados por la compañía uno por USD $870.000
equivalente a $2.653.874.100 a BANCOLOMBIA y USD
$43.800,50 para $133.610.364.97 al BANCO DE OCCIDENTE.
En esa experticia se consignó que “Debido a que en su totalidad la
cosecha no se afectó y los predios orgánico, a partir del número
real de Cajas 20 Kg exportadas, KPMG procedió a estimar el
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
88
número Neto de Cajas 20 Kg Exportadas Afectada …”, plasmando
líneas después que, luego de obtener el aludido estimado, “se llevó
este Valor Asumido de Cosecha Afectada para cada uno de los
predios al 27 de junio de 2017 mediante la fórmula de valor futuro
(Ver detalle del cálculo en el Anexo VI Metodología de Descuento
de Flujos de Caja, Valoración Lucro Cesante, donde se estimó el
valor del Perjuicio por Daño Emergente causado a BANASAN”.
Pues bien, tal como lo determinó la juzgadora de instancia, la
anterior pericia no guarda coherencia y relación causal con las
inversiones, gastos y costas que se debe realizar para la
rehabilitación de las fincas, por cuanto no establece cuál es el
rango de matas afectadas, el costo de su reposición, la
periodicidad en la producción del racimo de guineo, cuántas matas
se cultivan en una hectárea, el tiempo de recuperación de las
fincas, pues no puede atenderse únicamente los altibajos en los
ingresos de la empresa demandante, si bien aludió en su
declaración que se atendieron estas variables, en el informe no se
detallan, por lo que sus planteamientos no refulgen con claridad.
Aunado a ello, debe tenerse presente que el representante legal de
BANASAN, señor Enrique José Méndez, en el interrogatorio de
parte que absolvió, manifestó que el daño impidió que “durante
todo ese tiempo las cuatro fincas exportar una caja de banano, las
cuales se fueron recuperando paulatinamente”, “el único tiempo
donde las fincas no exportaron fueron los 6 o 7 meses donde las
fincas se recuperaron después de la fumigación”, dato que,
contrastado con lo indicado en la demanda, permite concluir que
el segundo ciclo de aspersión se efectuó el 22 de mayo de 2016, y
si se contabilizan los 6 meses, sería hasta noviembre de 2016 o 7
que se extendería a diciembre del mismo año.
La anterior circunstancia se encuentra acorde con la declaración
de la señora BEATRIZ ELENA BARRIOS ALVARADO, quien expuso
que “estas fincas no pudieron exportar todo el segundo semestre
del año 2016”, “las cajas que exportó de convencional, (…)
orgánico no facturamos, no exportamos”.
Aunado a ello, tal como se dilucidó, el cálculo realizado en la
pericia del valor asumido de la cosecha afectada, se hizo hasta el
27 de junio de 2017, quiere decir que comprendió
aproximadamente 13 meses luego de efectuarse la segunda
aspersión -22 de mayo de 2016-, aun cuando el representante
legal del a entidad demandante reconociera expresamente que el
tiempo que no se exportó fue entre 6 o 7 meses, lo que ratificó la
testigo ya aludida.
Todo lo anterior permite concluir a la Sala, en línea con lo anotado
por la A Quo, que el dictamen en ciernes adolece precisión y
claridad, al no delimitarse ni apoyarse en el lapso específico por el
que se señala el monto de la pérdida producto del daño ya
analizado.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
89
Y lo que es más: BANASAN no solo exporta la fruta de esas cuatro
fincas sino de muchas otras de banano tradicional, indicándonos
las reglas de la experiencia que en su producción tiene incidencia
las plagas, los cambios climáticos y en especial las brisas, por lo
que se observa con frecuencia como éstas arrasan los cultivos, sin
que se estableciera la ocurrencia o no de éstos aspectos a fin de
establecer que las pérdidas o ganancias de los estados financieros
no fueron impactadas por el banano tradicional sino el orgánico,
tal como lo expuso uno de los testigos; el banano orgánico solo son
las 4 fincas afectadas, manejando la entidad, tal como lo diera a
conocer la señora BARRIOS ALVARADO, más de 80 fincas.
Por esas razones, para el Tribunal, en lo que concierne al lucro
cesante, esta pieza no tiene la entidad suficiente para acreditar su
monto, razón por lo que se desechará al disponer el Art. 232 del
CGP que:
“El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y
su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.
En tal virtud, al no reposar elemento demostrativo que acredite el
aludido concepto, no hay lugar a su reconocimiento y a pesar de
que la demanda cuenta con juramento estimatorio, tasándolo en $
312.373.471,16, ello no puede constituir prueba de su monto,
como quiera que fue objetado por Talex S.A.S., tal como lo precisa
el artículo 206 del CGP., aspecto que se desarrollará más
adelante»142.
En lo pertinente, en el dictamen de KPMG se señaló lo
siguiente:
«En este reporte, KPMG identificó como Lucro Cesante aquella
utilidad dejada de percibir por parte de BANASAN, relacionado con
la perdida de cultivo de banano orgánico de los predios BURECHE,
LA MAMI, KASUMA y DON CARLOS en el periodo de 2016, como
consecuencia de la fitotoxicidad en los cultivos de bananos,
producto de la aplicación de KLINGQUEL COBRE para el control
de la Sigatoka Negra.
Es importante tener en cuenta que el principal ingreso de
BANASAN es aquel recibido por concepto de materiales,
suministros, operaciones de logística en puerto, transporte de
142 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 379 a 382.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
90
insumos y sanidad vegetal en los cultivos de banano tradicional y
orgánico.
Para el desarrollo del análisis realizado se llevó a cabo en primer
lugar la revisión de la integridad de la información suministrada
por BANASAN, para efectos de que la información financiera
contiene de forma completa todos los registros sin ninguna omisión
significativa.
KPMG definió la estimación del Nivel de Utilidad no Percibo (sic)
por servicios no prestados, para poder identificar el impacto
financiero de la compañía de la siguiente manera:
- Para calcular el nivel de utilidad no percibo (sic) por servicios
de la línea de negocio no prestados, se tomó el Estado de
Resultados presupuestado versus el Estado de Resultados real
acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, y se identificaron
las líneas de negocio no prestadas a los predios como
consecuencia de la afectación de los cultivos. Seguidamente se
procedió a calcular el margen bruto de los servicios no
prestados (Materiales y suministros, transporte de fruta y
puerto).
- Determinado el margen bruto, se procedió a calcular el valor de
los servicios no prestados con base el número de Cajas Netas
afectadas 20kg y el importe en dólares del Nivel de Utilidad no
Percibida Cosecha Afectada para cada uno de los predios de la
siguiente manera:
- Seguidamente, con base en las estimaciones reales de costo
estimadas por BANASAN, KPMG procedió a replicar el valor de
costos no incurridos en cada una de las cosechas.
- De acuerdo con lo anterior, KPMG estimó el calor de Utilidad
Bruta no Percibida por Servicios no Prestados para cada uno
de los predios de la siguiente manera:
-
- Obtenido el valor de la Utilidad Bruta no Percibida por Servicios
del Línea de Negocio no Prestados para cada uno de los
predios, KPMG estimó la tasa de descuento diaria a aplicar.
Para ello aplicó la metodología del Promedio Ponderado del
Costo de Capital o WACC por sus siglas en inglés…
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
91
- Una vez obtenida la tasa de descuento se procedió a calcular
las fechas de contingencia de afectación para cada uno de los
predios:
- Posteriormente se llevó este valor de Utilidad Bruta no Percibida
por Servicios no Prestados de los predios al 27 de junio de 2017
mediante la fórmula de valor futuro … donde se estimó el valor de
Lucro Cesante causado a Banasan por la fitotoxicidad en los
cultivos de banano»143.
Lo primero que advierte esta Sala es que, tal como adujo
la censora, el Tribunal erró al considerar que KPMG
cuantificó el lucro cesante hasta el 27 de junio de 2017, es
decir, por un periodo superior a los seis meses que duró la
afectación. Lo que hizo KPMG fue estimar el valor del lucro
cesante -entendido como utilidad no percibida por servicios
dejados de prestar- en las fechas que duró la afectación de
los cultivos -año 2016- y, posteriormente, indexar o
reconocer el valor futuro de esa cifra en fecha posterior,
reconociendo la pérdida de valor del dinero en el tiempo,
según la metodología que escogió para el efecto. No obstante,
este yerro resulta intrascendente porque el Colegiado no
descartó el lucro cesante con base en esa apreciación. Por el
contrario, restó peso porque la estimación se hizo con base
en una comparación del presupuesto del propio Banasan
S.A.S. con lo realmente obtenido en el periodo. Sin que se
explicara que la diferencia había sido una consecuencia
directa de la afectación, pues podía haber resultado de otras
variables a las cuales están sujeta la actividad agropecuaria
143 Cuaderno No 1 del Juzgado. Fl. 530 a 531.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
92
-plagas, inundaciones, desastres naturales, cambios en los
precios de mercado-. Lo anterior luce razonable, toda vez
que, las reglas de la experiencia enseñan que en el tráfico
negocial rara vez coincide lo presupuestado con los
resultados obtenidos, pues el ámbito empresarial es
esencialmente dinámico.
5.3. Con todo, el Tribunal valoró el dictamen para
efectos de determinar la cuantía del daño emergente, así:
«Ahora bien, muy a pesar de que el dictamen anexando con la
demanda no fue valorado conforme a las disertaciones ya
realizadas, sí es dable extraer de él un dato de utilidad en este
punto, cual es el de que en uno de sus apartes se indicó que los
créditos solicitados por la compañía fueron uno por USD $870.000,
equivalentes a $2.653.874.100 a BANCOLOMBIA, y otro por USD
$43.800,50 para $133.610.364.97 al BANCO DE
OCCIDENTE»144.
Lo anterior se acompasaba -señaló el ad quem- con lo
contenido en los estados financieros de Banasan S.A.S.
adosados al plenario y el testimonio de la señora Beatriz
Elena Barrios Alvarado, que daban cuenta de que la sociedad
había incurrido en endeudamiento más allá del giro ordinario
de sus negocios para atender la eventualidad. Y es que, en
su declaración, al perito de KPMG se le preguntó: «¿por qué no
se entregó la totalidad de los soportes que se utilizaron para sus
cálculos?». A lo cual respondió: «porque estos no fueron soportados
directamente para el cálculo, fueron soportados para el tema del
contexto»145. También se le indagó: «¿de acuerdo con esa
información el daño emergente no estuvo fundamentado en la
144 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 385.
145 Audiencia de testimonio contenida en el archivo «Rad. 2017-00421.00 Sentencia
06.mp4». Minuto 00:25:11.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
93
contabilidad? CONTESTÓ: Sí, pero le repito, que esta información no es
de la contabilidad. El informe final ICA prueba de fitotoxicidad no incluye
información contable de la compañía. PREGUNTADO: No, yo le estoy
preguntando específicamente sobre los asientos contables y la
contabilidad de Banasan en la que ustedes fundamentan sus cálculos.
Esa, primero, para aclarar… ¿ese es el fundamento del daño emergente
que incluye su dictamen? Y si es así por qué no se aportó. CONTESTÓ:
Correcto, es la información contable, pero entiendo que ya estaba acá
cuando se hizo la exposición de los libros oficiales esa es la contabilidad
sobre la cual nosotros basamos nuestro análisis. PREGUNTADO: …
¿“Acá” es dónde? CONTESTÓ: Que se había presentado en el proceso…
pues realmente y en el trabajo de nosotros nunca adjuntamos la
contabilidad del cliente anexo al informe realmente, tomamos la
información que nos corresponde y sí, de igual manera, queda todo a
disposición para que en el momento que se considere se haga una
exposición y una presentación de la contabilidad. De igual manera pues
esta no ha sido cuestionada anteriormente como parte del proceso ni
como parte de la revisión interna que se ha hecho de informes
contables»146. Y prosiguió: «PREGUNTADO: Continuando frente al
daño emergente. Entiendo que está calculando el valor de los cultivos
que se vieron afectados … ¿ustedes conocieron unos contratos de
transacción suscritos por Banasan? CONTESTÓ: En este momento no lo
recuerdo, tendría que revisar a ver. ¿Está enunciado en algún punto del
informe? … PREGUNTADO: Teniendo en cuenta lo anterior, ¿ustedes
verificaron … que los valores que se incluyeron en la página 28 de su
informe son conceptos o valores que efectivamente salieron del
patrimonio de Banasan y están registrados en los estados financieros?
… CONTESTÓ: Están incluidos en los estados financieros pero no se
pueden buscar de una forma individualizada … están digamos incluidos
dentro de los costos de la operación. Lo que hicimos nosotros fue separar
el costo general de la operación y asociarlo a la cantidad de hectáreas o
de zona de producción afectada para lograr cuantificar el valor exacto de
146 Audiencia de testimonio contenida en el archivo «Rad. 2017-00421.00 Sentencia
06.mp4». A partir del minuto 00:25:45.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
94
esta parte»147. Asimismo: «PREGUNTADO: ¿es correcto cobrar un daño
a través de una solicitud de anticipo? CONTESTÓ: Depende… por poner
un ejemplo si ya tenemos una relación contractual acordada … y si yo a
través de un anticipo estaba esperando pero finalmente no lo recibí
puede estar vinculado a esa situación, pero no sé si sea el caso o el
ejemplo exactamente… PREGUNTADO: ¿por qué se contabilizaron estos
pagos como anticipos [pág. 29 del dictamen] dice que fue una liquidación
que se hizo por daños causados a los predios? CONTESTÓ: Esta
situación la estamos evidenciando pero no entra a sumar dentro del
perjuicio pues dependía de corroborar la existencia del pago, de si se
pagaba todo, que si no se pagaba todo, por eso ninguna de estas sumas
de anticipo como una situación que habían acordado, que había sucedido
asociadas al tema pero ninguna de estas está sumando dentro del
perjuicio estimado por nosotros. Precisamente por ello, porque había
unos valores que no habían sido pagados del todo, no teníamos al
momento de preparar el informe la certeza de que se iba a cancelar si no
se iba a cancelar. Por ello ninguno de estos valores que aparece como
anticipo están sumando dentro del perjuicio»148.
5.5. La valoración del dictamen que hizo el Tribunal, por
tanto, no luce contraevidente o antojadiza. De lo referido
aparece, como una interpretación plausible, que la cuantía
del daño emergente estimada por el perito no daba cuenta de
la certeza del lucro cesante y, en lo relativo al daño
emergente, no había claridad -en el dictamen- sobre las
fuentes de información y soportes de tales estimaciones. No
se configura, por tanto, el error manifiesto.
6. Por tanto, el cargo fracasa.
147 Audiencia de testimonio contenida en el archivo «Rad. 2017-00421.00 Sentencia
06.mp4». A partir del minuto 00:46:05.
148 Audiencia de testimonio contenida en el archivo «Rad. 2017-00421.00 Sentencia
06.mp4». A partir del minuto 00:48:30.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
95
CARGO QUINTO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1495, 1501,
1602, 1613,1614, 1615, 2341 y 2357 del Código Civil, y el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por errores de derecho.
Acusó la transgresión de los artículos 164, 169 y 170 del
Código General del Proceso.
En sustento de su cargo indicó que el Tribunal
reconoció que la demandante sufrió un perjuicio, pero no
condenó a las responsables a indemnizar a la recurrente,
negándole «el acceso real a la administración y la tutela judicial
efectiva». Refirió que en un Estado Social de Derecho «el
funcionario llamado a resolver el conflicto no solo le compete adelantar
una debida administración del proceso y del litigio en cuanto asegurarse
de la realización de todas las etapas propias de la controversia sino que,
igualmente, le corresponde poner a disposición de la causa involucrada
sus potestades y poderes para hacer efectivas tales garantías». De
modo que, una vez acreditada la existencia del daño, «para
concretar el derecho menoscabado… el juez debe acudir a través del
decreto de las pruebas de oficio que le permitan materializar el acceso a
la justicia y, por supuesto, realizar la protección judicial requerida».
Aludió a jurisprudencia de esta Sala y de la Corte
Constitucional sobre el deber de decretar pruebas de oficio y
concluyó que el ad-quem debió haber decretado de oficio la
práctica de ciertos medios suasorios con miras a concretar la
cuantía del perjuicio. Pidió, en consecuencia, que se ordene
«quebrar el fallo y, antes de adoptar la sentencia de reemplazo [se
decrete] la prueba oficiosa» consistente en un dictamen pericial
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
96
para que se cuantifique el perjuicio «y así pueda reconocerse
plenamente la indemnización».
CONSIDERACIONES
1. Este cargo fracasa.
2. Los artículos 1495, 1501, 1602, 1613,1614 y 1615
del Código Civil, y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998
carecen del linaje de materiales. En ese orden, el embate
descansa sobre los artículos 2341 y 2357, disposiciones que
sí se catalogan como sustanciales. No obstante, respecto de
ellas la censora no explicó cómo fueron transgredidas en el
fallo atacado. Por tanto, se quedó a mitad de camino en la
formulación de la acusación. Lo que da al traste con el cargo.
En todo caso, a continuación, se expondrán las razones de
fondo que también derivan en el fracaso de la censura.
3. Al tenor del artículo 167 del Código General del
proceso, «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»149. Al
respecto, esta Corte, desde antiguo, ha dicho que «[l]a carga de
la prueba incumbe a quien afirma un hecho que tiende a cambiar el statu
quo de las cosas»150. Esto es, «[i]ncumbe la prueba al que afirma»151.
149 «(...) El sistema legal distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga
probatoria. Textos expresos señalan al actor y al demandado aquellas circunstancias
que han de probar teniendo en consideración diversas proposiciones hechas en el
juicio». Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2ª edición,
Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1951 págs. 211 a 213.
150 CSJ 16 jul. 1892 G.J. T. VIII, pág. 115.
151 El Digesto de Justiniano. D.22, 3, 2. D’Ors, A. y otros. Pamplona, Aranzadi, 1972,
pág. 89. Con esta regla capital se evita “que las simples aseveraciones de los
contendientes se repliquen hasta el infinito.” Bonnier, É. Traité des preuves. Henri
Plon. París, 1873, pág. 31.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
97
Como se sabe, la carga de la prueba comporta un aspecto
material: la falta de acreditación de un hecho relevante
perjudica a la parte que debía probarlo. En tal virtud, la
insuficiencia probatoria es un riesgo que, en principio, deben
asumir los litigantes152: el juez adopta la decisión en contra
de quien no satisfizo la carga -regla de juicio-153. En efecto,
«el juez que sentencia conforme a justicia en el estado en que las partes
le ofrecen el asunto, cumple regularmente su oficio»154.
3.1. Al respecto, esta Corte ha señalado que:
«El principio de carga de la prueba guarda relación con el interés
que dentro del juicio tiene cada una de las partes en demostrar los
hechos relevantes para obtener decisión favorable. En esa
medida, como carga procesal, indica a los intervinientes en el juicio
cuales son los hechos que deben demostrar para sacar avante sus
aspiraciones, de manera que su omisión trae aparejada una
consecuencia gravosa para el litigante que la incumple, por cuanto,
además, se constituye en una regla que le indica al juez como debe
decidir si las partes no satisfacen dicha carga, determinación que
debe ser de fondo aun cuando no existan medios demostrativos
que acrediten los hechos o los aportados resulten escasos para la
formación del convencimiento del juez…»155
3.2. Por su parte, el artículo 170 del Código General del
Proceso le confiere al funcionario judicial el poder-deber de
decretar pruebas de oficio, «cuando sean necesarias para
esclarecer los hechos objeto de la controversia». Sin embargo, tal
mandato no implica una orden irrestricta a los funcionarios
152 CSJ, SC437-2023.
153 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Roque
Depalma Editor, Buenos Aires, 1958: «(...) Desde este punto de vista, la carga funciona,
diríamos, ὰ double face; por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de
probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene
al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El
riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar
sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la
carga es un imperativo del propio interés…” se resalta. págs. 211 a 213.
154 Ricci, Francisco. Tratado de las pruebas. España moderna, Madrid, 1894, pág. 94.
155 CSJ SC1301-2022.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
98
judiciales para suplir la actividad probatoria de las partes156.
De acuerdo con lo decantado esta Sala, el deber de decretar
pruebas de oficio surge cuando: i) la ley le impone el decreto
oficioso de ciertos medios de prueba -v.g., la experticia de
ADN en los procesos de filiación157 o la inspección judicial en
procesos de pertenencia158-; ii) sean necesarias «en la
verificación de “los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes”, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y
que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que
obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero
siempre y cuando esa omisión tenga relevancia en la forma como se
desató el pleito»159; iii) impidan fallos inhibitorios y para evitar
nulidades; iv) después de la demanda, sobrevengan sucesos
que alteren o extingan la pretensión inicial y se pretenda
demostrar con una prueba que no fue legal ni oportunamente
practicada dentro del proceso. O, finalmente, v) si «existen
elementos de juicio suficientes que indican con gran probabilidad la
existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la
decisión, de suerte que solo falte completar las pruebas que lo insinúan
(CSJ SC, 27 Ago. 2015, Rad. 2004-00059-01)»160.
4. En el sub iudice, no se advierte que se hubiere
configurado ninguna de las situaciones referidas. Por el
contrario, al auscultar el plenario, el Colegiado consideró: «Al
156 Así, «la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las
partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre
particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las
facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no
son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria
o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro
del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad» CSJ,
SC592-2022, citada en CSJ, SC3327-2022 y en CSJ, SC119-2023.
157 Cfr. Artículo 386 del Código General del Proceso.
158 Crf. Artículo 375 del Gódigo General del Proceso.
159 CSJ SC, 21 oct. 2013, rad. 2009-00392-01.
160 CSJ, SC8456-2016.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
99
desatender las transacciones adosadas por BANASAN y el informe de
KPMG y valorar las demás pruebas vertidas en el paginario, éstas dan
cuenta que el monto allí establecido se torna excesivo y carente de
soportes, por el contrario, ellas permiten establecer que la suma por daño
emergente ascendió a $2.517.000.000…»161. Suma que se
disminuyó en un 50% por la participación de Banasan S.A.S.
en la materialización del resultado. De modo que no fue por
falta de medios de convicción que el sentenciador estimó la
cuantía del perjuicio en una suma inferior a las pretensiones
del demandante -que eran del orden de los catorce mil
millones de pesos-, sino porque la prueba allegada no fue
conducente a establecerla. En esta medida, no le competía al
fallador suplir esa carga de la parte.
5. El cargo quinto, en una palabra, fracasa.
B. DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR
COACOSTA S.A.S.
El pretensor formuló dos cargos.
CARGO PRIMERO
Con apoyo en la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de el artículo 51 de la
Resolución No. 150 de 2003 expedida por el ICA, numeral 16
del artículo 3 de la Resolución No. 1167 de 2010 del mismo
161 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 386.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
100
ente, así como de los artículos 1602, 1603, 1613, 1614,
1615, 1616 y 2357 del Código Civil, por errores de hecho.
En apoyo del cargo precisó que:
1. El Tribunal incurrió en yerro fáctico en la apreciación
de los siguientes medios de prueba: «(1) la etiqueta del producto
KLINGQUEL COBRE; (2) el correo de 27 de noviembre de 2015; (3) la
ficha técnica del producto; (4) las declaraciones y testimonios rendidos
por Rodrigo Velásquez Restrepo, Tulio Farello y Leonardo Ariel González
Mendoza; (5) el record de “APLICACIONES REALIZADAS EN FINCA (sic)
BURECHE DESDE LA SEMANA 1 A LA 25 DE 2016”; (6) el
“COMPROBANTE DE ASPERSIÓN AÉREA PARA CONTROL DE
SIGATOKA NEGRA EN BANANO” de 20 de junio de 2016; (7) el correo de
24 de febrero de 2016; (8) el informe de 30 de agosto de 2016 rendido
por CENIBANANO; (9) el acta de 24 de noviembre de 2016; y (10) el
informe del ICA de 28 de diciembre de 2018».
2. De haber valorado correctamente estos medios de
prueba el Tribunal habría exonerado de responsabilidad a
Coacosta S.A.S., en la medida en que no incumplió ninguna
obligación y tampoco existe nexo de causalidad entre la
conducta desplegada por ella y el resultado lesivo. Señaló que
el daño resultó de la culpa exclusiva de Banasan S.A.S. y así
debió haberlo declarado el sentenciador de segunda
instancia.
3. Adujo que no cuestionaría ciertas conclusiones a las
que arribó el Tribunal e insistió en que Coacosta S.A.S. «no
fue más allá de suministrar una información general asociada al
Producto, proveniente de la empresa TALEX, en una etapa muy anterior
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
101
al perfeccionamiento del negocio de compraventa y, sobre todo, al
momento de la aplicación del mismo en los cultivos afectados, sin poder
saber qué uso final se le habría de dar al mismo o el resultado de los
estudios que debía realizar quien prescribiera la aplicación; lo que
claramente indica que entre la remisión de la información
correspondiente y la ocurrencia de los daños existe una evidente ruptura
de la causalidad».
4. A su juicio, «lo que se observa a partir del sentido general del
fallo, es que lo que el Tribunal pretendió reprochar a COACOSTA, en
punto de sus obligaciones, fue la forma particular en que esta empresa
presentó el Producto a BANASAN; acción a la que se refirió
indistintamente a través de las expresiones “publicidad”, “promoción” y
“recomendación”; a las cuales, no obstante, no les asignó un sentido
univocó, sino que las empleó de manera ambigua -en particular a la
palabra recomendación-, mezclando al tiempo y sin rigor argumental,
asuntos meramente publicitarios con otros atinentes a una labor técnica
consistente en la elaboración de una prescripción de uso de insumos
agrícolas». Destacó que el Tribunal les endilgó responsabilidad
a Talex S.A.S. y a Coacosta S.A.S. «casi por la misma conducta,
esto es, por haber comercializado/vendido el producto atribuyéndole una
finalidad no registrada ante el ICA, mediante la
publicitación/promoción/indicación/recomendación “indebida” de que el
mismo podía usarse en emulsión para el manejo de la Sigatoka; ya fuera
porque esa finalidad se hiciera constar en la ficha técnica que acompaña
la publicidad del producto con la cual TALEX lo distribuye; o porque
COACOSTA, a través de TULIO FARELLO, la hubiera hecho figurar en el
correo en el que le remitió a BANASAN toda la información del producto
–incluida la ficha técnica de TALEX- seis meses antes de la venta». Y
añadió que «es manifiestamente claro que la simple promoción o
publicitación de un producto… no puede tener, en lo que a la causalidad
se refiere, el mismo alcance que el hecho de prescribirlo… para emplearlo
concretamente en un cultivo determinado». Así, el Tribunal
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
102
«tergiversó» el correo electrónico que envió Tulio Farello a
Banasan S.A.S. el 27 de noviembre de 2015 «dándole una
extensión sobredimensionada a las expresiones publicitarias o
informativas que allí se contenían; haciéndolas, a la postre, coincidir con
la prescripción que la etiqueta exigía para la venta y/o aplicación del
Producto».
5. Para la pretensora, el sentenciador tergiversó el
contenido de la etiqueta del producto Klingquel Cobre junto
con la declaración de Tulio Farelo porque «es absolutamente
errado considerar que quien debe emitir la recomendación de que trata
la etiqueta… es el vendedor» y citó, in extenso, el testimonio de
aquél. Sostuvo, pues, que «la etiqueta dice otra cosa, y su sentido
no puede ser otro que el siguiente: la utilidad de la compra y la aplicación
del producto están condicionadas a las pautas que se establezcan en la
recomendación proveniente de un ingeniero agrónomo -asesor directo del
empresario que explota el cultivo-; y esta, como mínimo, debe estar
fundamentada en un análisis de suelo y/o foliar». Esgrimió que
dicha interpretación fue puesta de presente al despacho por
el señor Rodrigo Velásquez Restrepo en su declaración como
representante legal de Coacosta S.A.S., así como por el
testigo Leonardo Ariel González Mendoza, a la sazón Gerente
Técnico de Talex S.A.S. Resaltó que la leyenda que reza en la
etiqueta del producto no hace más que reproducir lo que
dispone el numeral 13 del artículo 3.2.1.2 del Anexo 9 de la
Resolución No.150 de 2003 expedida por el ICA, norma que
no condiciona la venta de los fertilizantes -como el Klingquel
Cobre- a la «prescripción» de un ingeniero agrónomo, lo cual sí
es obligatorio en el caso de la comercialización de
plaguicidas.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
103
6. Y precisó que «no hubo ningún cumplimiento defectuoso de
las obligaciones del vendedor y menos que se vincule causalmente con
el daño, ya que, ni desde la perspectiva general de la buena fe, ni desde
la perspectiva de regulaciones de materias especializadas, como por
ejemplo, el régimen de protección al consumidor, donde esa obligación es
más gravosa, puede concluirse que Coacosta haya faltado a sus
obligaciones con la compradora». Insistió en que Banasan S.A.S.
es el único responsable de los perjuicios que sufrió por «por la
manera irresponsable en la que se tomaron decisiones sobre el empleo
del producto al interior del Departamento de Sanidad Vegetal de
Banasan, omitiendo efectuar el juicio lógico – deductivo que debe
anteceder a la prescripción». Este hecho «estaba absolutamente
demostrado con base en otros documentos que fueron preteridos por el
ad quem, a saber, de un lado: el “record” de “APLICACIONES
REALIZADAS EN FINCA (sic) BURECHE DESDE LA SEMANA 1 A LA 25
DE 2016” que milita a folios 1498 y 1499 de Cuaderno 5 (incorporado al
proceso por TULIO FARELLO al rendir su testimonio y que no fue tachado
de falso); y de otro, el denominado “COMPROBANTE DE ASPERSIÓN
AÉREA PARA CONTROL DE SIGATOKA NEGRA EN BANANO” de 20 de
junio de 2016, que obra a folio 1500 del mismo Cuaderno (incorporado
por el testigo Ramsés Hernández al testificar y que no fue tachado de
falso); sobre los cuales ninguna mención hizo el Tribunal».
7. Concluyó, pues, que la pretermisión de estas pruebas
documentales aunada a la tergiversación del contenido de la
etiqueta y de las declaraciones y testimonios referidos,
conllevaron a que se pasara por alto que el único que emitió
una recomendación de uso del producto Klingquel Cobre en
este caso fue Banasan S.A.S. «y en particular la ingeniera INES
POSADA, quien con su firma y con respaldo en su tarjeta profesional,
aun sin haber realizado las pruebas exigidas por el producto, autorizó la
aspersión de los distintos “cocteles” que Banasan empleada en sus
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
104
actividades de fumigación, como es el caso del coctel Q3 que generó
fitotoxicidad al ser aplicado por segunda vez en los cultivos».
8. A continuación, refirió que el ad quem tergiversó el
correo electrónico del 27 de noviembre de 2015 remitido por
Tulio Farelo a Banasan S.A.S. En efecto, el Tribunal calificó
al mensaje de datos como una recomendación cuando «lo que
allí se expresa sólo podía ser entendido como un mensaje meramente
informativo o publicitario». Relató que el señor Farelo envió el
mensaje a los correos electrónicos de Arturo Arcia e Inés
Posada, Director de Sanidad Vegetal y Jefe de Sanidad
Vegetal de Banasan S.A.S., respectivamente, y a Jaime
Eduardo Dávila - Gerente de Talex S.A.S.- Citó el contenido
de dicha comunicación con el fin de señalar que «la correcta
apreciación de esta prueba permite concluir… que este mensaje fue
remitido casi seis meses antes de que se concretara la venta». Acusó
al fallador de pretermisión de otro correo electrónico del 24
de febrero de 2016 del mismo remitente y destinatarios, que
«demuestra fehacientemente que tres meses después de haber sido
remitido el correo de 27 de noviembre de 2015 todavía no existía ningún
acuerdo» entre las partes. Precisó que al señalar las dosis
promedio y modo de uso del producto en esa comunicación
el señor Farelo no hizo más que «replicar lo señalado en las
“RECOMENDACIONES GENERALES” contenidas en la información
técnica adjunta al correo, proveniente de la empresa TALEX». Sostuvo
que «la manera concreta en la que se debe utilizar el producto (…) tiene
que ser determinada por cada usuario de manera técnica», tal como
se desprende del informe de Cenibanano aportado al proceso
y que el ad quem «cercenó». Y, en fin, insistió en que si se
hubiese «apreciado correctamente» el correo electrónico
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
105
mencionado «no habría tenido piso para afirmar… que el correo… se
relacionaba causalmente con los daños».
9. Igualmente, la recurrente le atribuyó al Tribunal la
tergiversación del informe de 28 de diciembre de 2016 del
ICA. En tanto que con base en este dio por probado el nexo
de causalidad entre el correo electrónico del 27 de noviembre
de 2015 atrás referido y los daños a los cultivos de banano
ocurridos en junio de 2016. La pretensora estimó que «el
referido informe carece de idoneidad material para acreditar el nexo
causal por la potísima razón de que la muestra utilizada por el ICA para
la realización de sus comprobaciones fue establecida sobre la base de
parámetros enteramente distintos a los que realmente tuvo en cuenta
BANASAN al prescribir la mezcla que irresponsablemente aplicó en los
cultivos orgánicos de las fincas BURECHE, LA MAMI, KASUMA y DON
CARLOS». Planteó que «la mezcla que se acordó para hacer la prueba
tenía previsto utilizar: (1) una dosis de KLINGQUEL COBRE de 0,5 L/ha,
en el errado entendimiento “que fue la recomendación del proveedor” (la
cual se aplicaría en una doble proporción -1000 mL o 1,0 L/ha), y no de
0,4 L/ha como realmente se aplicó; y (2) una mínima variación en la
cantidad de agua utilizada –ya que para la prueba se emplearon 600 mL
menos de agua que en la aplicación original-. Lo que, en último término,
quiere decir que la mezcla escogida para el examen y que, como se verá,
es la que tuvo en cuenta el ICA al momento de hacer la prueba, DE
NINGUNA MANERA “replicó la mezcla utilizada”, como equivocadamente
sostuvo el Tribunal, ya que se construyó a partir de las dosis de los
productos que BANASAN determinó por su cuenta y la dosis PROMEDIO
del Producto KLINGUEL COBRE (sic), que figura en la información técnica
de TALEX –que de ninguna forma no podía entenderse como
recomendada-, mas no a partir de la cantidad realmente usada por
BANASAN para realizar las aspersiones que produjeron los daños». En
concreto, documentos como el acta de 24 de noviembre de
2016, el anexo I del informe del ICA y los récord de la mezcla
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
106
utilizada que fueron cercenados -señaló- «daban cuenta de que
la prueba de fitotoxicidad se llevó a cabo sobre la base equivocada de
que COACOSTA supuestamente recomendó una dosis de KLINGQUEL
COBRE de 0,5 L/ha; cuando en realidad la recomendación de BANASAN
fue otra, a saber: 0,4 L/ha, respaldada con la firma y la tarjeta
profesional de la ingeniera agrónoma INES POSADA del departamento
de sanidad de la demandante». Y enfatizó en que «esta
disconformidad entre la mezcla tomada como base para la realización de
la prueba de fitotoxicidad por parte del ICA y la realmente prescrita y
empleada por BANASAN, por sí sola, permite concluir que los resultados
que arrojó la prueba… no dicen, ni pueden decir absolutamente nada
sobre la causa real de los daños, y mucho menos sobre la
responsabilidad de COACOSTA». Estimó, por lo demás, que «el ICA
fue inducido en el error de tener por cierto que la recomendación que se
observó para aplicar el producto fue OTRA distinta a la que emitió el
departamento de sanidad vegetal de BANASAN».
10. Finalmente, la casacionista argumentó que «todos
esos errores, considerados globalmente, fueron trascendentes al
momento de establecer la improsperidad de las excepciones propuestas
por COACOSTA». Al no dar por probado, estándolo, que la causa
de los daños era enteramente atribuible al actuar de Banasan
S.A.S., declaró equivocadamente la responsabilidad
contractual de Coacosta S.A.S. Asimismo, indicó que al
declarar que Coacosta S.A.S. incumplió o cumplió
defectuosamente con unas supuestas obligaciones de
recomendar el producto, el sentenciador aplicó
indebidamente el artículo 51 de la Resolución 150 de 2003
del ICA y el numeral 16 del artículo 3 de la Resolución 1167
de 2010 de la misma entidad, «los cuales de ninguna forma
estaban llamados a ser aplicados en este asunto». Destacó que los
yerros referidos llevaron al Tribunal a aplicar indebidamente
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
107
el artículo 2357 del Código Civil para reducir la condena,
pues «lo procedente era haber exonerado de toda responsabilidad a
Coacosta». Y agregó que, aún si se aceptara que todas las
partes concurrieron a la producción del daño, el artículo
2357 ejusdem habría sido indebidamente aplicado, «toda vez
que es un verdadero despropósito atribuir contribución causal igualitaria
a las partes».
11. Pidió, en consecuencia, casar la sentencia recurrida
«para los fines de declarar la prosperidad de las excepciones “culpa
exclusiva de Banasan” o, en su defecto, la excepción “si se demuestra
causalidad entre el Klingquel Cobre y el daño a las plantaciones, es
responsabilidad exclusiva de Talex S.A.S.”, desestimando las
pretensiones de la demanda».
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del cargo.
2. Se reitera que los artículos 1602, 1613, 1614 y 1615
del Código Civil, cuya transgresión se reprocha, no tienen el
carácter de disposiciones materiales. Lo propio se ha dicho
en relación con los cánones 1603162 y 1616163 del Estatuto
Civil. Por ende, el cargo solo se sustentaría en el artículo
2357 del Código Civil. En ese sentido, con respecto al
entendimiento del yerro fáctico como causal de casación, se
dan por reproducidos en este acápite las consideraciones
162 CSJ, CSJ AC7709-2017; CSJ, AC3651-2023; CSJ, AC1182-2023; CSJ, AC796-
2023, entre otros.
163 CSJ, AC1182-2023; CSJ, AC1382-2023; CSJ, AC525-2024, entre otros.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
108
pertinentes vertidas en las consideraciones de los cargos
anteriores.
2.1. Con respecto a la aplicación del artículo 2357 del
Código Civil se reitera que, en el escenario de la compra y
venta de insumos agropecuarios sujetos a regulación del ICA,
el cumplimiento de las obligaciones recíprocas de las partes
no se agota con la entrega de la cosa -el insumo- y el pago
del precio. En efecto, la regulación impone deberes
adicionales a las partes, que están fijados en la
reglamentación expedida por el ente regulador para el efecto.
2.2. El ICA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural tiene dentro de sus funciones efectuar el
«control técnico de la producción, comercialización y uso de los insumos
agropecuarios»164. Con ese fin, el 21 de enero de 2003, expidió
la Resolución 150 «por la cual se adopta el reglamento técnico de
fertilizantes y acondicionadores de suelos para Colombia» cuyo objeto
es, a tenor del artículo 1º, «orientar la comercialización y el uso y
manejo adecuados y racionales de los fertilizantes y acondicionadores
de suelos, tanto para prevenir y minimizar daños a la salud, a la sanidad
agropecuaria y al ambiente bajo las condiciones autorizadas, como para
facilitar el comercio internacional» y «establecer los requisitos y
procedimientos armonizados con las reglamentaciones internacionales
vigentes, tanto para el registro como para el control legal y técnico de
fertilizantes y acondicionadores de suelos; especialmente en lo
relacionado con terminología, clasificación, composición garantizada,
etiquetado, tolerancias, contenidos mínimos permisibles y parámetros
para verificación de la conformidad». El distribuidor de este tipo de
164 Numeral 5 del artículo 2.13.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1071 de
2015.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
109
insumos -artículo 3 ejusdem- tiene el deber de registrarse
ante el ICA como tal y entre otras cosas a, «abstenerse de
comercializar fertilizantes o acondicionadores de suelos, sin el registro
de venta correspondiente»165. Y el artículo 25 establece que los
distribuidores e importadores deben obtener el registro de
venta del producto antes de comercializarlo. Por lo demás, el
artículo 31 de esa resolución establece la responsabilidad
inherente al producto en cabeza del titular del registro quien,
asimismo, está obligado a «ajustarse a los contenidos e indicaciones
de las etiquetas aprobadas con el registro de venta, para la publicidad
de productos en prensa, radio, hojas volantes, plegables u otro medio de
comunicación…»166. En el artículo 51, por su parte, se dispuso
que «Las indicaciones, recomendaciones de uso y aplicación y demás
aspectos técnicos de fertilizantes y acondicionadores de suelos serán de
responsabilidad directa de su titular y deberán estar ceñidas a lo
aprobado con el registro de venta del producto. Los vademécum y
publicaciones similares deberán cumplir también con lo estipulado en el
presente artículo». De esta norma se infiere que el titular de un
registro de venta de fertilizantes -sea importador o
distribuidor- ante el ICA, tiene el deber de ceñirse a las
recomendaciones de uso y aplicación para las cuales se
autorizó el producto.
3. En este caso, para declarar la responsabilidad civil
de Coacosta S.A.S., el Tribunal empezó por advertir que las
facturas de venta167 del producto Klingquel Cobre a Banasan
daban cuenta de la existencia del vínculo contractual entre
ésta y Banasan S.A.S. Esta documental tenía su correlato,
165 Numeral 5 del artículo 11 de la Resolución 150 de 2003 del ICA.
166 Numeral 7 del artículo 34 de la Resolución 150 de 2003 del ICA.
167 Facturas de Venta No. A1-31019 y A1-31580 de Coacosta S.A.S. donde aparece
Banasan como cliente. Fls. 78 a 80 del Cuaderno No. 1 del Juzgado.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
110
señaló el Tribunal, en los interrogatorios de los
representantes legales de las demandadas y, en concreto, el
de Coacosta S.A.S., quien manifestó que la empresa tenía
una relación de vendedora o comercializadora frente a
Banasan S.A.S. y que ésta le había pagado las facturas de
venta referidas168. El representante legal de Talex S.A.S.
también hizo manifestaciones que llevaron al convencimiento
de que Coacosta S.A.S. le vendió el producto a Banasan
S.A.S. Al respecto, el ad quem consideró que, «las atestaciones
que vienen de ser referidas, aunadas al análisis de las documentales
que les precedió, no hacen sino imprimir a este Tribunal certeza de la
existencia de la relación comercial habida entre los extremos de la
contienda». A renglón seguido, el sentenciador procedió a
determinar la responsabilidad de las encartadas, Coacosta
S.A.S. como vendedora y Talex S.A.S. como importadora del
producto. Resaltó que «muy a pesar de que en el contrato de
compraventa la principal obligación del vendedor es la entrega de la cosa
vendida, (art. 905 del C.Co.; 1880 C.C.), no puede desconocerse que la
Alta Corporación Ordinaria ha precisado que el rango obligacional va un
poco más allá»169 y citó jurisprudencia de esta Sala relativa a la
responsabilidad de los productores y fabricantes por
producto defectuoso. En este orden de ideas, el Colegiado
encontró acreditado que el Klingquel Cobre, «es un fertilizante
foliar líquido formulado como concentrado soluble, para aplicación foliar
que aporta cobre en forma de complejo orgánico con aminoácidos
péptidos (F.Cdno Tbnal)…»170, en cuya etiqueta consta que «para
uso en otros cultivos se debe consultar con un ingeniero agrónomo»171.
Y que, en las recomendaciones de uso del producto se
168 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fl. 351.
169 Ibidem. Fl. 354.
170 Ibidem. Fl. 356.
171 Ibidem. Fl. 357.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
111
advertía que en banano «debía ser aplicado foliarmente en
emulsión»172. Posteriormente, resumió los interrogatorios de
parte y los testimonios de Camilo Alberto Alvarado Mora,
Álvaro Arnulfo Moreno Flórez, Ramses Hernández Chávez,
Beatriz Elena Barrios Alvarado, Tulio Farelo Camargo,
Leandro Efraín Álvarez Alucema y Leonardo Daniel González
Mendoza.
El Tribunal se refirió a los artículos 51 de la Resolución
150 y el numeral 16 del artículo 3 de la Resolución 1167 de
2010, ambas del ICA, la primera sobre información del
producto y la segunda para la definición de prescripción: «la
formulación escrita expresada en dosis y formas de uso de un producto
recomendado por un ingeniero agrónomo, médico veterinario o médico
veterinario zootecnista según corresponda, para conseguir un efecto de
control y tratamiento de enfermedades en animales o de plagas en
productos agrícolas». Y precisó que, «si bien es cierto que el señor
TULIO FARELO, vendedor de COACOSTA, al momento de remitir la
publicidad envió una ficha técnica en la cual se incluyó una tabla con el
tipo de cultivo, momento de aplicación y la dosificación, en la que se
plasmó el banano señalando que era foliarmente en emulsión, no lo es
menos que en las recomendaciones de uso se anotó: “algunos cultivos
pueden mostrar sensibilidad a las aplicaciones, por tanto se recomienda
hacer pruebas de fototoxicidad…”; lo que replicó el ICA en su informe,
como más adelante se verá»173.
Visto lo anterior, el ad quem se refirió a la
responsabilidad de Coacosta S.A.S. en los siguientes
términos:
172 Ibidem.
173 Ibidem. Fl. 365.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
112
«… es cierto como lo alega BANASAN que COACOSTA SAS a través
del señor TULIO FARELO recomendó el producto KLINGQUEL
COBRE como ayuda profiláctica, para ser aplicado en emulsión,
indicando el ICA en las conclusiones del informe rendido:
“Teniendo en cuenta los daños generados y observados en las
aplicaciones de la mezcla en el mes de junio del 2016, la prueba
piloto del mes de Octubre 2016 y los observados en la prueba de
fitotoxicidad del mes de diciembre del presente año, se infiere a
toda probabilidad, que la mezcla usada para “el control de la
Sigatoka Negra en las fincas Bureche, Don Carlos, Kasuma y La
Mami” fue indebidamente recomendada y generó los episodios de
fitotoxicidad severa que nos ocupa”.
Conclusión a la que arribó atendiendo a que el KLINGQUEL
COBRE está registrado como fertilizante y no como fungicida y en
la ficha técnica del producto se indicó que este puede ser utilizado
“o como activador de la respuesta defensiva de los cultivos,
ayudando a protegerlos del ataque de sus enemigos naturales
(hongos, bacterias y otros); buscando la entidad demandante un
producto que le permitiese al cultivo de banano defenderse de la
Sigatoka Negra, “causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis,
... Adicionalmente, infecciones severas de la Sigatoka Negra
causan la madurez prematura del fruto… ”, la que se combate con
fungicidas, como previamente se decantó; lo que ubica la Sala en
lo dispuesto en el Art. 51 de la Resolución 150 de 2003 del ICA.
Así las cosas, al no ceñirse la recomendación suministrada por
COACOSTA a BANASAN al uso conforme el registro ante el ICA, al
estar éstas contenidas en la ficha técnica del producto, y
establecerse en el informe presentado por esa entidad la alta
probabilidad en la consumación del daño, permite establecer que
de igual modo concurrieron a la producción del daño; conclusión
que lleva certeza al juzgador al ser el ICA la máxima autoridad en
el área de la participación de las demandadas en la escogencia
del producto por ellas promocionado y causante del daño.
Por las razones indicadas, se concluye que tanto COACOSTA como
TALEX son responsables solidariamente por los perjuicios
ocasionados a BANASAN, como quiera que la primera de las
mencionadas publicitó y vendió un producto agrícola para ser
utilizado en emulsión y con una finalidad que no estaba aprobada
por el ICA, como era su empleo como suplemento profiláctico en el
manejo de la Sigatoka Negra y la distribuidora, que para el caso
es TALEX, la cual a pesar de que tal como se observa a folio 64 del
expediente indicó que Klinquel cobre (sic) está “Registrado como
fertilizante con péptidos”, lo ha distribuido para el control de la
Sigatoka en el cultivo de banano, tal como lo muestran las pruebas
del KLINGQUEL COBRE en la finca TERESA como suplemento
profiláctico en el manejo de la Sigatoka Negra, perteneciente al
grupo C.I. TECBACO, como se plasma en los folios 1087-1088, en
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
113
el que se mezcló con aceite, ALT-100 al 1% del aceite y agua»174
(se subraya).
Añadió que, «desde la perspectiva eminentemente causal, y sin
entrar en el ámbito culpabilístico, se tiene, como ya se analizó, que fue
igualmente incidente la contribución de los extremos procesales en la
consumación del daño. Justamente, es indiscutible que la
comercialización de un producto atribuyéndole una utilidad que no está
avalada por el fabricante, ni por los lineamientos técnicos fijados por la
autoridad especializada en la materia, que en este caso es el ICA,
conlleva consecuencias negativas para el adquirente y usuario. De otro
lado, no es menos cierto que al mezclar el producto adquirido con otras
sustancias incompatibles entre sí, produciría efectos distintos a los
previstos por el fabricante»175 (se subraya).
4. Así las cosas, tras auscultar el plenario, el Tribunal
le atribuyó responsabilidad a Coacosta S.A.S. por haber
comercializado el producto Klingquel Cobre en el mercado y,
en concreto, por habérselo vendido a Banasan S.A.S., para
una finalidad -control de hongos o funguicida- no avalada
por el ICA -que lo registró como fertilizante foliar-. Al ser
Coacosta S.A.S. un vendedor de agroinsumos sujetos a la
reglamentación expedida por el ICA, el incumplimiento de las
disposiciones sobre registro, publicidad y venta de tales
productos le era aplicable, incluso en el marco de la relación
contractual -compraventa- que lo ligaba a Banasan S.A.S.
Así, consideró que esta conducta contravino lo dispuesto en
el artículo 51 de la Resolución 150 de 2003 del ICA176 y
174 Ibidem. Fl. 370.
175 Ibidem. Fl. 371.
176 «Las indicaciones, recomendaciones de uso y aplicación y demás aspectos técnicos
de fertilizantes y acondicionadores de suelos serán de responsabilidad directa de su
titular y deberán estar ceñidas a lo aprobado con el registro de venta del producto. Los
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
114
contribuyó a causar el daño que sufrieron los cultivos de
banano.
5. En suma, la impugnante acusó al sentenciador de
incurrir en sendos errores de hecho, producto de los cuales
no dio por probado -estándolo- que Banasan S.A.S. fue el
único responsable de los daños que sufrieron los cultivos de
banano. En su posición, el Colegiado debió haber exonerado
a Coacosta S.A.S. de toda responsabilidad. En efecto, señaló,
que Coacosta S.A.S. se limitó a hacer publicidad de un
producto por medio del envío de información que hizo Tulio
Farelo casi seis meses antes de que ocurrieran los daños,
conducta que no puede configurar prescripción en sentido
técnico. Además, reprochó la aplicación indebida del artículo
51 de la Resolución 150 de 2003 del ICA y el numeral 16 del
artículo 3 de la Resolución 1167 de 2010 de la misma
entidad, «los cuales de ninguna forma estaban llamados a ser
aplicados en este asunto». Adujo que, aún si se aceptara que
todas las partes contribuyeron al resultado, no debió
considerarse que la participación fue igualitaria.
5.1. La demandada acusa al fallo de tergiversar el
contenido de la etiqueta del Klingquel Cobre junto con la
declaración de Tulio Farelo, cuyo testimonio citó in extenso.
Sostuvo que la etiqueta se limitaba a decir que el uso
adecuado del producto debía ir precedido de una
recomendación de ingeniero agrónomo de quien adquiría el
producto, fundamentada en un análisis de suelo y/o foliar.
vademécum y publicaciones similares deberán cumplir también con lo estipulado en el
presente artículo»
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
115
Agregó que esta interpretación se le puso de presente al
juzgado por los testigos Velásquez Restrepo y González
Mendoza. Y precisó que tanto el récord de aplicaciones que
milita a folios 1498 y 1499 del Cuaderno No. 5 del Juzgado
así como el comprobante de aspersión aérea de 20 de junio
de 2016 -Fl. 1500 del mismo cuaderno- «sobre los cuales no hizo
ninguna mención el tribunal» -según refirió- daban cuenta de la
culpa exclusiva de Banasan S.A.S.
5.2. Esta Sala considera necesario precisar, de manera
preliminar, que los yerros fácticos denunciados, aun si se
hubieran presentado -que no fue así- no tendrían la entidad
suficiente para derruir todos los pilares del fallo en lo relativo
a la responsabilidad de Coacosta S.A.S. Y es que, en efecto,
como se señaló antes, el ad-quem le atribuyó responsabilidad
a Coacosta S.A.S. por haber publicitado y vendido un
producto sujeto a la reglamentación del ICA para unas
finalidades -plaguicida- no aprobadas por la autoridad
fitosanitaria. La indebida recomendación de mezclar el
producto con aceite -en emulsión- fue otra de las razones.
Nótese, pues, que la recurrente señala que Coacosta S.A.S.
«no fue más allá de suministrar una información general asociada al
Producto, proveniente de la empresa TALEX, en una etapa muy anterior
al perfeccionamiento del negocio de compraventa y, sobre todo, al
momento de la aplicación del mismo en los cultivos afectados, sin poder
saber qué uso final se le habría de dar al mismo o el resultado de los
estudios que debía realizar quien prescribiera la aplicación; lo que
claramente indica que entre la remisión de la información
correspondiente y la ocurrencia de los daños existe una evidente ruptura
de la causalidad». Pero la censora en ningún momento
cuestionó el contenido del correo electrónico que el señor
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
116
Tulio Farelo envió a Banasan S.A.S. el 27 de noviembre de
2017, en cuyo cuerpo se lee lo siguiente:
«… Adjunto estoy enviando las fichas técnicas, hojas de seguridad
y certificado orgánico del KlingQuel Cobre, para su estudio y
aprobación para ser tenido en cuenta en sus programas de Plan
de manejo de la Sigatoka Negra en el cultivo del banano.
Asimismo les recuerdo que la dosis promedio de uso para esta
enfermedad es de 0,5 lt./ha. Los entreciclos se pueden manejar
cada 30 días.
Les comento que este producto puede ser una buena alternativa
para el manejo de esta enfermedad ya que ha sido probado en
aplicaciones en emulsión como también en disolución en
agua…»177
Es decir, el cargo se enfiló a demostrar que el Tribunal
le dio a este correo el carácter de una recomendación o de
una prescripción en sentido técnico, tergiversando su
contenido. Pero no se cuestionó que el sentenciador hubiere
considerado esa comunicación como un acto publicitario
contrario a la reglamentación del ICA. Y es que de la lectura
del referido correo electrónico se colige, sin mayor esfuerzo,
que el producto estaba siendo publicitado -incluso, si se
quiere, recomendado- con fines plaguicidas, para efectos de
control de una enfermedad y no como fertilizante. Por su
parte, el registro de venta y la etiqueta del producto daban
cuenta de que «Klingquel Cobre es un fertilizante foliar líquido»178. De
modo que aún si el Tribunal hubiere cometido los yerros
fácticos que se le enrostran, para dar por probado -sin
estarlo- que Coacosta S.A.S. prescribió o recomendó el uso
del producto Klingquel Cobre en emulsión, quedaría en pie el
177 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 42.
178 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 54.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
117
argumento principal de la sentencia para atribuirle
responsabilidad a Coacosta S.A.S., a saber: que publicitó y
vendió como plaguicida un producto aprobado por el ICA
como fertilizante.
6. En una palabra, el cargo fracasa.
CARGO SEGUNDO
Con respaldo en la causal segunda, acometió la
sentencia por violar indirectamente los artículos 1602,
1613,1614, 1615, 2341 y 2357 del Código Civil. Derivado de
errores de hecho y por error de derecho. Este último, en
virtud de la transgresión al artículo 167 del Código General
del Proceso.
En sustento del cargo, señaló:
1. Que se ataca el numeral primero de la decisión del
fallo, esta vez por considerar que Banasan S.A.S. «no acreditó
el monto de los perjuicios que supuestamente se le ocasionaron». De
una parte, porque «en el expediente no obraba prueba del perjuicio
reclamado ni de la cuantía del mismo… y porque, en todo caso, los
supuestos “daños” por los que se condenó a Coacosta no eran de
ninguna manera directos, ciertos y/o pervisibles». Tras rememorar
los «pilares de la decisión» del ad quem en lo que a la condena
en daños se refiere, perfiló los errores de hecho y de derecho
en los que, a su juicio, incurrió el sentenciador.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
118
2. En primer lugar, deprecó que «deviene absolutamente
manifiesto que el Tribunal supuso y hasta podría decirse que,
prácticamente, se inventó la prueba del daño emergente… y la de su
cuantía… al hacer equivalentes estos conceptos al valor de un crédito
bancario reflejado en las notas a los estados financieros de Banasan de
2017 a favor de BANCOLOMBIA por valor de DOS MIL QUINIENTOS
DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($2.517.000.000 M/CTE)». En
sustento de su afirmación, remarcó que el juzgador llegó a
esa conclusión con base en el testimonio de Beatriz Elena
Barrios - directora financiera de Banasan S.A.S.-, quien
declaró que la empresa se endeudó para pagarles a los
dueños de las fincas aceptadas las indemnizaciones
derivadas de los contratos de transacción que suscribieron.
El dictamen de KPMG listó los créditos de Banasan S.A.S.
entre los años 2016 y 2017, donde aparecía un crédito con
Bancolombia. De la misma forma, el Tribunal encontró
prueba del préstamo adquirido después de la ocurrencia del
daño en las notas a los estados financieros de Banasan
S.A.S. aportados al proceso. En relación con lo cual, la
censora sostuvo que «al haber razonado de esta forma, esto es al
considerar que por el solo hecho de ser posterior a la afectación de los
cultivos, la contratación del crédito con BANCOLOMBIA estaría
inexorablemente destinada a cubrir los efectos de la fitotoxicidad, el
Tribunal omitió considerar que el crédito referido bien pudo ser tomado
por la demandante para atender necesidades generales de capital de
trabajo, proyectos de inversión, obligaciones contraídas con proveedores,
utilidades o impuestos por pagar, y un largo etcétera de erogaciones
ordinarias de las que suelen cubrirse con recursos de crédito-, hipótesis
que las máximas de experiencia obligan a considerar y que el ad quem
pasó por alto en su análisis con pasmosa simpleza y tranquilidad».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
119
3. En punto del crédito que aparece en las notas a los
estados financieros 2017-2016 de Banasan S.A.S., aseguró
que «de ninguna manera es posible vincular esa obligación financiera
con la ocurrencia de los daños» porque aparece en fecha posterior
al daño de los cultivos. Así, en la medida en que el documento
«únicamente se limita a representar el saldo de las distintas obligaciones
financieras asumidas por la demandante a corte de ese año, sin indicar
de ninguna manera cuál fue la finalidad para la que se adquirió el crédito
de BANCOLOMBIA… ¿cómo puede concluirse que por haber sido
obtenido ese crédito en el año siguiente al de la ocurrencia de los daños,
este préstamo tuviera que ver con los daños que BANASAN alega que se
le causaron?». Por lo demás, señaló, tal crédito en ningún caso
puede considerarse daño cierto ni directo, pues «si realmente el
crédito tuviera algo que ver con el pago de las transacciones -lo cual no
está probado-, no se ve con cuál lógica la operación de financiamiento
hizo entender al ad quem que se había consumado un daño directo y
cierto, cuando en otras de sus consideraciones el fallador de segunda
instancia había desechado tales acuerdos transaccionales porque “de
ellos no se deriva un nexo contractual directo ni indirecto entre los
propietarios de la fincas ajenos a este litigio y las aquí encartadas”».
Con todo, el perjuicio ocurrido resultaría imprevisible, si se
tiene en cuenta que «NUNCA se sugirió siquiera en la demanda, se
intentó probar por BANASAN y/o se concluyó en el fallo de segundo
grado que, de parte de COACOSTA, hubiera existido dolo o mala fe en el
cumplimiento de sus obligaciones».
4. También, la censora acusa al Colegiado de tergiversar
el testimonio de la señora Beatriz Elena Barrios, quien
manifestó ser la directora financiera de Banasan S.A.S. En
palabras de la recurrente: «para los efectos de sostener que el débito
a favor de BANCOLOMBIA -que figura en las notas de los estados
financieros al corte del año de 2017-, se adquirió para solventar el daño
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
120
ocasionado a los dueños de las fincas, el Tribunal únicamente extrajo
del testimonio de BEATRIZ ELENA BARRIOS la simple afirmación de que,
valga la redundancia, con ocasión de la aspersión que habría causado
los daños, BANASAN tuvo que pedir dinero prestado a los bancos (en
general, no necesariamente a BANCOLOMBIA), con la finalidad de
pagarle a los dueños de los cultivos, vía anticipo, el valor de las cosechas
que no se exportaron». Estimó, pues, que «el Tribunal incurre en una
evidente contradicción, cuando considera que el factor de relevancia o
trascendencia del crédito de BANCOLOMBIA sea su novedad frente al
año en que se habrían producido los daños, cuando lo dicho por la testigo
fue precisamente lo contrario -aunque sin concordar con las cifras de las
notas a los estados financieros-, esto es que los créditos relevantes
fueron los del período mismo en que se dice, los daños habrían ocurrido».
Teniendo en cuenta que, «la suma expresada por la testigo ni
siquiera coincidía… con la que figuraba en las notas a los estados
financieros». En otras palabras, para la pretensora la testigo
afirmó que la sociedad recurrió al endeudamiento en el año
2016, después del suceso, para sufragar gastos derivados del
evento dañino, y que el yerro del proveído objeto de la
censura consiste en tergiversar ese dicho para darle valor al
crédito de Bancolombia que aparece en las notas a los
estados financieros de Banasan S.A.S. en el año 2017, lo cual
estaría en contradicción con lo afirmado por la declarante.
5. No obstante, agregó que, aunque el sentenciador
«expresó no haber tenido en cuenta las conclusiones de [el peritaje de
KPMG]», lo tergiversó «al hacer ver la mención que el dictamen hizo de
ese supuesto crédito con BANCOLOMBIA, como si con ello pudiera
establecerse, como verdad, que el valor señalado en las notas a los
estados financieros de BANASAN de 2017 efectivamente fue utilizado
para pagarle el valor convenido a los dueños de las fincas». Y es que
«lo que se tuvo en cuenta KPMG como perjuicios constitutivos de daño
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
121
emergente, no fue de ninguna manera el valor de cualquiera de los
créditos a los que hace alusión el dictamen (entre estos, el de
BANCOLOMBIA), sino el valor (i) de los intereses de esas obligaciones
(USD $43.800,50 - COP $ 133.610.364,97) y (ii) el costo de oportunidad
del valor invertido en los dos créditos (USD $ 63.245,04 - COP $
192.924.552,48), para un total de trescientos veintiséis millones
quinientos treinta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos con cuarenta
y cinco centavos (USD $107.045,54 – COP $326.534.917,45)».
Sostuvo, pues, que «es absolutamente evidente que el Tribunal
supuso la prueba del daño emergente y también la de su cuantía, por la
vía de haber cometido varios errores de apreciación probatoria que lo
llevaron a tergiversar el contenido de las pruebas referidas en los
acápites anteriores, y con fundamento en los cuales, concluyó o imaginó
que en el expediente estaba acreditado que el perjuicio sufrido por
BANASAN era equivalente al valor del saldo de la obligación a favor de
BANCOLOMBIA que obra a folio 1616 del Cuaderno 5».
6. Adicionalmente, consideró que el juez de segundo
grado incurrió en error de derecho, «por desconocimiento de lo
establecido en el inciso primero del artículo 167 del Código General del
Proceso, según el cual… incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».
7. Aseveró que, en cualquier caso, los perjuicios
deprecados por el demandante eran «evidentemente imprevisibles
al momento de la celebración del contrato» pues no le era previsible
esperar que Banasan S.A.S. desoyera la advertencia de hacer
estudios previos a la aplicación del producto. Y, además, «la
enorme desproporción entre el valor de la venta, consignada en las
facturas A1-31019 y A1-31580, adosadas al expediente ($19.613.760)
y el valor de los perjuicios deprecados e incluso el valor del perjuicio tuvo
por probado el Tribunal con elementos espurios, denota prima facie la
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
122
absoluta imprevisibilidad de lo pedido». Todo lo cual derivó en que
el Tribunal inaplicara el artículo 1616 del Código Civil que
prohíbe la condena por perjuicios imprevisibles en la fecha
de celebración del contrato, salvo aquellos causados con
dolo.
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del cargo.
2. La casacionista criticó que el juzgador de segunda
instancia «prácticamente, se inventó la prueba del daño emergente …
y la de su cuantía … al hacer equivalentes estos conceptos al valor de
un crédito bancario reflejado en las notas a los estados financieros de
Banasan de 2017 a favor de BANCOLOMBIA por valor de DOS MIL
QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($2.517.000.000
M/CTE)». Concretando los errores de hecho que habrían
llevado al Colegiado a suponer esta prueba, especialmente, el
crédito con Bancolombia por la suma referida que apareció
en las notas a los Estados Financieros de Banasan S.A.S. de
los años 2017 y 2016. Reprochó que aunque el crédito
apareciese en fecha posterior a los daños no era suficiente
para dar por demostrada la cuantía del daño emergente. A
su juicio «el Tribunal omitió considerar que el crédito referido bien pudo
ser tomado por la demandante para atender necesidades generales de
capital de trabajo, proyectos de inversión, obligaciones contraídas con
proveedores, utilidades o impuestos por pagar, y un largo etcétera de
erogaciones ordinarias de las que suelen cubrirse con recursos de
crédito-, hipótesis que las máximas de experiencia obligan a considerar
y que el ad quem pasó por alto en su análisis con pasmosa simpleza y
tranquilidad». Añadió que, en cualquier caso, tal daño no es
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
123
cierto ni directo. Y acusó la tergiversación del dictamen de
KPMG por haber servido de base al Tribunal para determinar
la cuantía del daño. También le atribuyó error de derecho por
desconocer el artículo 167 del Código General del Proceso,
según el cual a las partes incumbe probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
persiguen. Igualmente planteó que, los perjuicios en todo
caso eran imprevisibles lo cual se demuestra con el simple
hecho de que el valor de la venta del producto -que no supera
los 20 millones de pesos- es una fracción de la condena.
En el mismo cargo se plantean errores que no pueden
entremezclarse ni plantearse de conjuntamente en un mismo
embate. Esto es, el error de hecho y de derecho. Sin embargo,
se procederá a su estudio de fondo separadamente.
3. Son perjuicios patrimoniales el daño emergente y el
lucro cesante. A voces del artículo 1613 del Código Civil, «la
indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro
cesante». A su turno, el artículo1614 señala que el daño
emergente es «el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de
haberse retardado su cumplimiento». Mientras que el lucro cesante
es «la ganancia o provecho que deja de reportarse» como
consecuencia del incumplimiento. El daño emergente, pues,
puede consistir en una erogación o gasto, la pérdida o
disminución del valor de un activo, o el advenimiento de un
pasivo -sin activo correlativo que lo compense-. En suma, el
daño emergente se materializa en una disminución del
patrimonio. El lucro cesante, por su parte, consiste en un
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
124
beneficio que el sujeto de derecho deja de percibir como
consecuencia de la conducta antijurídica del tercero
responsable179.
3.1. Tanto el daño emergente, como el lucro cesante,
pueden ser pasados -consolidados- o futuros. Y en ambos
casos debe tratarse de un perjuicio cierto y directo180. La
certeza del daño estriba en que, a la luz de las máximas de
la experiencia y de la sana crítica, la disminución patrimonial
no es una mera hipótesis, entre muchas otras posibles y de
igual o mayor peso. Que el daño deba ser directo significa
que debe estar vinculado a la conducta antijurídica del
demandado por un nexo de causalidad181. La cuantía del
daño o perjuicio, por lo demás, también debe poder
establecerse con certeza, en el marco de lo razonable. En uno
y otro caso, la certeza no se asimila a un estado de
convencimiento más allá de toda duda razonable -mucho
menos es certeza absoluta-, sino un grado de convencimiento
en el marco de lo razonable y plausible. Asimismo, el artículo
1616 del Código Civil dispone que, en ausencia de dolo, el
deudor sólo es responsable de los perjuicios previsibles a la
fecha del contrato; y hasta de los imprevisibles si lo hubo.
Corresponde también al juez, con base en un análisis
ponderado, determinar los linderos de la previsibilidad en
cada caso, con apoyo en el acervo probatorio.
179 CSJ, SC4843-2021
180 CSJ, SC3971-2023
181 CSJ SC, 11 may. 1976, 10 agos. 1976, G.J. No. 2393, pp. 143 y 320. También
CSJ, SC2758- 2018, reiterada en CSJ, SC3972-2022
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
125
3.2. La denuncia por yerro fáctico en cuanto a la
existencia y cuantificación del daño, por tanto, está sujeta a
las mismas exigencias de trascendencia y notoriedad
aplicables a los demás supuestos fácticos de un proceso. Si
de los medios de convicción vertidos en el plenario se advierte
que el sentenciador derivó conclusiones razonables y
plausibles en cuanto a la existencia del daño cierto y directo,
y su previsibilidad o imprevisibilidad, no hay error
manifiesto182.
4. En este caso, el Tribunal razonó del siguiente modo:
«En cuanto al daño emergente, la A Quo condenó a COACOSTA
S.A.S y TALEX S.A.S. al pago de $3.506.296.000, sin embargo,
revisados los audios de la diligencia en que se profirió la
determinación venida en alzada, no se aprecia explicación alguna
de la que pueda detallarse la fórmula o método empleado para
tasar dicho monto, pues la falladora solo emitió la condena sin
entrar en detalles sobre el particular, en lo que la fijación del
quantum se refiere, siendo que lo único que quedó claro fue que
descartó las transacciones y no valoró el dictamen allegado por la
actora.
Así las cosas, para determinar si este se estructuró, al igual que
su monto, se tiene que al examinar los cuadernos 4, 5 y 9 se
encuentran las declaraciones de renta de BANASAN, al igual que
los estados financieros de los años 2015 y 2016 en los que se pudo
evidenciar:
- El aumento del 11.5% en los activos para el año 2016 con
respecto al año 2015.
182«Los bienes o intereses protegidos por el derecho no están tipificados en todos los
casos, pues la voluntad del legislador ha sido siempre –según una tradición que se
remonta a los orígenes de la codificación– dejar abierta tal posibilidad para que sean
los jueces quienes determinen en cada situación concreta qué eventos o consecuencias
son dignos de ser considerados como daños resarcibles. Por ello los jueces de la
República «detentan un poder discrecional de gran trascendencia, en cuanto a la
valoración del merecimiento de tutela del interés vulnerado». (GIOVANNA VISINTINI.
¿Qué es la responsabilidad civil? Bogotá: U. Externado de Colombia. 2015, p. 101). La
jurisprudencia ha sido, entonces, la encargada de concretar el alcance de la noción de
daño y su tipología en cada momento histórico, de conformidad con los valores y
principios en que se funda el sistema jurídico vigente y atendiendo al postulado de la
reparación integral del perjuicio; lo que impide que se queden sin resarcimiento los
bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento constitucional y legal imperante.» CSJ,
SC13925-2016.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
126
- Los pasivos aumentaron en un 12.8% con respecto al año 2015 y
se utilizó el 36% de cupo en las líneas de crédito otorgados por los
bancos.
- El patrimonio para el año 2016 disminuyó en un 0.8% con
respecto al año 2015, por el aumento de los pasivos del año 2016
- Ingresos netos operacionales del año 2016 presenta un aumento
del 13% con respecto al año 2015.
- Costo de Ventas es el 97% y 98% respectivamente de los ingresos
netos operacionales.
- Gastos Administrativos es de 1.7% respectivamente de los
ingresos netos operacionales, comportándose en un porcentaje
similar para los dos años.
- Gastos de Venta del año 2016 es de 0.059% y del año 2015 es
de 0.027% incrementándose en un 0.032% para el año 2016 con
respecto a los ingresos netos operacionales.
- Otras deducciones presentan un comportamiento del 9.75% para
el año 2016 y 9.77% para el año 2015 con respecto a los ingresos
netos operacionales.
- Renta líquida ordinaria del ejercicio con respecto a los ingresos
netos operacionales disminuyo en un 0.13% para el año 2016 con
respecto al año anterior teniendo en cuenta que para el año 2016
su renta líquida fue de 0.45% y para el año 2015 fue de 0.58%.
- Folio 1581, saldo de las obligaciones financieras a 31 de
diciembre:
Entidad 2016 2015
Bancolombia - 45.833
Bancolombia - 96.487
Banco de occidente 1.236.604 1.258.458
Banco Davivienda 1.020.241 999.999
Banco de Bogotá 2.366.295 2.562.338
- A folio 1616 se detallan los préstamos a 31 de diciembre:
Entidad 2017 2016
Bancolombia 441.205 -
Bancolombia 2.517.000 -
Banco de occidente 431.667 1.236.604
Banco Davivienda 500.393 1.020.241
Banco de Bogotá 2.710.227 2.366.295
Occidental Bank 2.784.400 -
Tales piezas dan cuenta las obligaciones contraídas por la entidad
demandante, los cuales, al comparar los créditos vigentes para el
año 2015 y 2016 se extrae que los adquiridos con los Bancos de
Occidente, Davivienda y Bogotá se otorgaron con anterioridad a la
fecha del daño, figurando con Bancolombia para el año 2017.
Con la declaración de la señora BEATRIZ ELENA BARRIOS
ALVARADO, se corroboró que a la entidad demandante le
correspondió efectuar créditos para poder cumplir con las
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
127
obligaciones, porque había que pagarles a las fincas las cajas a
pesar de que no se exportaron al realizar BANASAN la fumigación,
lo que se verificó vía anticipo, expresando que, para ello, fueron
tomando créditos y a corte del año 2016 era de 3.900 millones.
Al valorar los anteriores medios suasorios en conjunto, permiten
establecer que la entidad con la afectación de las plantaciones en
las fincas BURECHE, LA MAMI, KASUMA y DON DIEGO vio
menguadas sus finanzas al punto que para hacer frente a sus
obligaciones tramitó préstamos con entidades bancarias,
manifestando la señora Beatriz Elena Barrios Alvarado que para
el año 2016 ascendían a 3.900 millones; sin embargo, al sumar
los valores consignados en el estado de pérdidas y ganancias
arroja la cifra de $4.623.140, empero, de allí no logra establecerse
qué guarismo específico corresponde a los daños ocasionados con
la fumigación con KLINGQUEL COBRE.
Ahora bien, muy a pesar de que el dictamen anexado con la
demanda no fue valorado conforme a las disertaciones ya
realizadas, si es dable extraer de él un dato de utilidad en este
punto, cual es el de que en uno de sus apartes se indicó que los
créditos solicitados por la compañía fueron uno por USD $870.000,
equivalentes a $2.653.874.100 a BANCOLOMBIA, y otro por USD
$43.800,50 para $133.610.364.97 al BANCO DE OCCIDENTE.
Así las cosas, se logra establecer que, a pesar de que las ventas
de la Compañía aumentaron para el año 2016, al igual que su
pasivo, se logra extraer que, de este último concepto, esto es, el de
deudas adquiridas, la suma que figura en los estados financieros
de la compañía es $2.517.000.000 fueron para atender la
contingencia ocasionada con la aplicación del KLINGQUEL
COBRE, valores que devienen del crédito realizado con
Bancolombia, y, a pesar de reposar otras obligaciones con
entidades crediticias, no pueden colegirse que ellas hayan sido
para atender las eventualidades del referido daño, en la medida
que, como se esgrimió, su vigencia data desde antes de la
configuración del menoscabo.
Desde luego que, en ese sentido, las deudas adquiridas con los
bancos de Occidente, Davivienda y Bogotá no pueden catalogarse
como adquiridas para satisfacer las obligaciones no cumplidas por
el daño, atendiendo a que, como se dijo, se estructuraron antes de
su ocurrencia.
En ese orden de ideas, se encuentra acreditado, iterase, que, con
ocasión a la aplicación del KLINGQUEL COBRE, en los predios
BURECHE, LA MAMI, KASUMA y DON CARLOS, los cultivos de
banano orgánico sufrieron afectaciones generando ello costos que
fueron asumidos por BANASAN; por lo que, adquirió un crédito con
Bancolombia para atender obligaciones derivadas de la actividad
que, por el suceso, no pudo desarrollar, empero, no por el monto
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
128
aducido por la testigo, sino por el que realmente se demostró con
la pieza documental a la que se hizo alusiones líneas arriba.
…
Al desatender las transacciones adosadas por BANASAN y el
informe de KPMG y valorar las demás pruebas vertidas en el
paginario, éstas dan cuenta que el monto allí establecido se torna
excesivo y carente de soportes, por el contrario, ellas permiten
establecer que la suma por daño emergente ascendió a
$2.517.000.000, por lo que la objeción ha de prosperar y en este
sentido se ha de adicionar el proveído objeto de alzada»183
Nótese que el fallador derivó la prueba de la cuantía del
daño emergente de los pasivos adicionales en los que incurrió
la demandante para atender la contingencia. Esta conclusión
se acompasa con el concepto de daño emergente referido, en
tanto que se trata de un pasivo -disminución patrimonial-
sin activo equivalente como contrapartida. Por lo demás, el
nexo que vincula a ese endeudamiento extraordinario con los
sucesos del año 2016 objeto de litigio no aparece como una
conclusión caprichosa del ad quem. Por el contrario, del
dicho de la testigo, que por entonces fungía como directora
financiera de Banasan S.A.S. y de contrastar esa declaración
con los estados financieros de la sociedad, era plausible
concluir que Banasan S.A.S. había incurrido en un
endeudamiento superior al ordinario. Pues justo en el año
donde ocurrieron los daños a los cultivos aparece el
empréstito referido. A esto se suma el hecho de que, sin
duda, la venta de un compuesto químico -fertilizante- para
fines no aprobados por la autoridad sanitaria hace
previsibles los daños que se deriven de su uso inadecuado.
Coacosta S.A.S. vendió el producto Klingquel Cobre a
183 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. Fls. 383 a 386.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
129
Banasan S.A.S. precisamente para aplicarlo en los cultivos
de banano afectados, de modo que no luce contrario a la
lógica inferir que tales daños eran previsibles -para Coacosta
S.A.S. - en la medida en que había certeza de que se iba a
utilizar el producto para una finalidad distinta a la aprobada
por el ICA. No hay, pues, error manifiesto en las
apreciaciones del Tribunal.
5. No se evidencia la configuración de error de derecho
por transgresión medio del artículo 167 del Código General
del Proceso. Norma procesal que contiene la asignación legal
de la carga de la prueba184: «incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho…185» Al respecto, esta Corte, desde antiguo, ha dicho
que «la carga de la prueba incumbe a quien afirma un hecho que tiende
a cambiar el statu quo de las cosas»186. Recriminó la pretensora
que «BANASAN claramente NO acreditó de ninguna manera el monto de
los perjuicios reclamados por concepto de daño emergente y lucro
cesante, incumpliendo con ello su carga probatoria». Al respecto, en
el asunto bajo estudio, el Tribunal luego de estudiar las
pruebas adosadas determinó que al no reposar elemento
demostrativo que acredite el lucro cesante, «no hay lugar a su
reconocimiento y a pesar de que la demanda cuenta con juramento
estimatorio, tasándolo en $ 312.373.471,16, ello no puede constituir
prueba de su monto, como quiera que fue objetado por Talex S.A.S., tal
184 CSJ, SC 423- 2023: «El Código General del Proceso, en el artículo 167, establece
dos tipos de asignaciones frente a la carga de la prueba. Aquella que hace el legislador
y aquella que ordena el juez -en virtud de la carga dinámica».
185 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2ª edición, Roque
Depalma Editor, Buenos Aires, 1951 «(...) El sistema legal distribuye por anticipado
entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. Textos expresos señalan al actor y al
demandado aquellas circunstancias que han de probar teniendo en consideración
diversas proposiciones hechas en el juicio». (págs. 211 a 213).
186 CSJ 16 jul. 1892 G.J. T. VIII, pág. 115. CSJ, SC SC706-2024 del 23 de abril de
2024
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
130
como lo precisa el artículo 206 del CGP.».187Luego no encuentra
asidero la supuesta trasgresión del precepto procesal
referido.
Ahora bien, respecto del daño emergente, atendió a las
declaraciones de renta de Banasan S.A.S., así como a los
estados financieros de los años 2015 y 2016. Piezas que «dan
cuenta las obligaciones contraídas por la entidad demandante, los
cuales, al comparar los créditos vigentes para el año 2015 y 2016 se
extrae que los adquiridos con los Bancos de Occidente, Davivienda y
Bogotá se otorgaron con anterioridad a la fecha del daño, figurando con
Bancolombia para el año 2017»188. Asimismo, con la declaración
de la señora Beatriz Elena Barrios Alvarado se corroboró que
«a la entidad demandante le correspondió efectuar créditos para poder
cumplir con las obligaciones, porque había que pagarles a las fincas las
cajas a pesar de que no se exportaron al realizar BANASAN la
fumigación, lo que se verificó vía anticipo, expresando que, para ello,
fueron tomando créditos y a corte del año 2016 era de 3.900
millones»189. Valorados tales medios probatorios en conjunto,
concluyó el sentenciador de segundo grado que Banasan
S.A.S. vio menguadas sus finanzas «al punto que para hacer frente
a sus obligaciones tramitó préstamos con entidades bancarias,
manifestando la señora Beatriz Elena Barrios Alvarado que para el año
2016 ascendían a 3.900 millones; sin embargo, al sumar los valores
consignados en el estado de pérdidas y ganancias arroja la cifra de
$4.623.140, empero, de allí no logra establecerse qué guarismo
específico corresponde a los daños ocasionados con la fumigación con
KLINGQUEL COBRE»190.
187 Cuaderno del Tribunal. Sentencia Fl. 382.
188 Ibidem. Fl. 384.
189 Ibidem.
190 Ibidem.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
131
A continuación, aludió al dictamen pericial, del cual «es
dable extraer de él un dato de utilidad en este punto, cual es el de que
en uno de sus apartes se indicó que los créditos solicitados por la
compañía fueron uno por USD $870.000, equivalentes a $2.653.874.100
a BANCOLOMBIA, y otro por USD $43.800,50 para $133.610.364.97 al
BANCO DE OCCIDENTE»191. Así las cosas, el juez de segundo
grado pudo extraer que la compañía utilizó $2.517.000.000
para atender la contingencia ocasionada con la aplicación del
Klingquel Cobre. Por último, dado que se decantó que la
conducta de la actora también incidió en la contribución del
daño en un 50%, el ad quem redujo en ese porcentaje la suma
concerniente al daño emergente. En ese orden de ideas, se
tiene que el juzgador se basó en las pruebas adosadas al
plenario por la parte demandante para determinar la
procedencia del reconocimiento del daño emergente y su
monto. En consecuencia, no hubo transgresión del artículo
167 del Código General del Proceso.
6. Por tanto, el cargo fracasa.
C. DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR
TALEX S.A.S.
La censora formuló dos cargos.
CARGO PRIMERO
Conforme a la causal primera, acusó a la sentencia de
ser directamente violatoria del artículo 1849 del Código Civil
191 Ibidem. Fl. 385.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
132
y el artículo 905 del Código de Comercio por interpretación
errónea. Violatoria del 1494 del Código Civil por aplicación
indebida y consecuente transgresión de los artículos 1495,
1500, 1502, 1527, 1546, 1568, 1571, 1602, 1604, 1613,
1614, 1615, 1616, y 1880 del Código Civil. También se
endilga a la sentencia de ser violatoria de los artículos 824,
825, 864, 870 y 934 del Código de Comercio, por aplicación
indebida, y de los artículos 1757 y 1923 del Código Civil y
822, 864 y 920 del Código de Comercio por falta de
aplicación. Igualmente, le atribuyó a la sentencia -en un
«segundo error juris in judicando»- la trasgresión recta del Decreto
3466 de 1982 por aplicación indebida y consecuente
transgresión de lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley 153
de 1887, y 22 y 58 de la Ley 1480 de 2011, así como del
artículo 281 de la Ley 1564 de 2012.
En sustento del cargo, señaló:
1. Que, en el proceso de marras, según «el propio
Tribunal… el contrato que dio origen al litigio es… de compraventa en el
cual Coacosta actuó como vendedor y Banasan como comprador». Y
añadió que, «está admitido… que la responsabilidad invocada por el
demandante es de carácter civil y contractual». Discurrió que
«También sostuvo el Tribunal que Talex es parte de ese contrato por ser
el importador y titular del registro ante el ICA del producto KlingQuel
Cobre y que, por lo tanto, su responsabilidad deriva de lo establecido en
el artículo 31 de la Resolución 150 de 2003 proferida por dicha entidad».
2. En ese orden, «el Tribunal incurre en una infracción
inexcusable y frontal a varias normas sustanciales [pues] olvida que…
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
133
las partes del contrato de compraventa… son exclusivamente el
vendedor y el comprador», de modo que, «pasa por alto… el artículo
1849 del Código Civil» a cuyas voces, «“la compraventa es un contrato
en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en
dinero. Aquella se dice vender y a ésta comprar”», así como el
artículo 905 del Código de Comercio, del mismo tenor. En
esta medida, señaló, «en el caso que nos ocupa y según lo reconoció
el propio tribunal, Coacosta vendió el KlingQuel cobre (sic) a Banasan…
quien actuaba en calidad de vendedor, es decir quien se obligó a entregar
la cosa, fue Coacosta. No obstante, el Tribunal extendió la calidad de
parte del contrato de compraventa a quien importó el producto vendido,
esto es a Talex. Es decir, le otorgó una posición contractual en la
compraventa a quien no es ni vendedor ni comprador». Por lo que, «la
Sentencia Impugnada incurrió en una violación frontal de las citadas
disposiciones legales sustanciales por interpretación errónea, pues les
dio un alcance que no correspondía ya que incluyó al importador como
parte del contrato de compraventa». Destacó que, en este caso, no
erró el Tribunal al aplicar las normas que regulan el contrato
de compraventa «porque, en efecto, existió este contrato entre
Banasan y Coacosta». Con todo, «la inclusión de Talex dentro de este
contrato obedece a una incorrecta interpretación de las normas en
comento».
3. Adujo que al error anterior se suma el haber aplicado
de manera indebida el artículo 1494 del Código Civil «sobre las
fuentes de las obligaciones y establecer que la responsabilidad de Talex
dentro del negocio que se tuvo como marco proviene del artículo 31 de la
Resolución 150 de 2003 del ICA». Y es que, sostuvo, «el ad quem
introdujo una nueva fuente de las obligaciones de las partes, esto es,
una disposición proveniente de un acto administrativo». Añadió que
cualquier transgresión de la resolución del ICA sólo «acarrearía
las sanciones administrativas contempladas en la propia resolución»
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
134
pero «de ninguna manera podría considerarse que lo establecido en ese
acto administrativo crea obligaciones para las partes de un contrato».
Asimismo, precisó que «en el mejor de los casos, la responsabilidad
a la que hace referencia el artículo 31 de la Resolución 150 de 2003 sería
de carácter extracontractual y, por tanto, no aplicable al caso bajo
estudio». De esta manera, «la inclusión de Talex dentro de este
contrato obedece a una incorrecta interpretación de las normas en
comento».
4. La demandada también le endilgó error in juidicando
al fallo «al aplicar indebidamente la disposición del artículo 1614 del
Código Civil, que establece las reglas de causalidad, al indicar que el
daño emergente es “el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligación” y que el lucro cesante es la “ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haber cumplido con la
obligación». Para ella, el sentenciador le atribuyó un
incumplimiento a Talex S.A.S. por «haber distribuido, en
contravención de la resolución del ICA, el KlingQuel Cobre para el control
de la Sigatoka Negra en cultivos de banano para las pruebas realizadas
en la Finca la Teresa». Pero tal ensayo «no fue -según la propia
Sentencia- la que causó el daño en los cultivos de banano de las fincas
de los proveedores de Banasan» y, en consecuencia, «hay una
evidente aplicación indebida de las normas sobre causalidad antes
citadas y, consecuentemente, un desconocimiento de los requisitos
esenciales del daño indemnizable», a saber, «que sea, directo y cierto».
5. De lo anterior se desprende que la sentencia fue
violatoria no sólo de los referidos artículos, sino también del
1495 del Código Civil que «define el contrato como un acto en el que
una parte se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa determinada»,
porque ató a Talex S.A.S. un vínculo jurídico por reputarlo
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
135
parte del contrato de compraventa, sin serlo. Acusó la
transgresión de los artículos 1500 y 1502 del Código Civil,
sobre consensualidad y consentimiento, respectivamente,
porque «aceptó la existencia de un contrato de compraventa entre
Banasan y Coacosta, e incluyó en el mismo a Talex, a pesar de que no
existe por parte de Mi Poderdante declaración de voluntad alguna para
vincularse al mismo». Indicó que también se vulneró el artículo
1546 del Código Civil, sobre la indemnización de perjuicios
que debe el contratante incumplido pues Talex S.A.S. no era
parte de ningún contrato y, en esta medida, no tenía
obligaciones a cargo. De igual forma, acusó la sentencia de
ser violatoria del artículo 1568 del Código Civil, por
aplicación indebida, por cuanto condenó a Talex S.A.S. de
manera solidaria, sin que fuera parte del contrato. Y es que,
«al haber interpretado erróneamente que Talex era parte del contrato de
compraventa, el Tribunal aceptó una solidaridad con Coacosta».
Confutó la transgresión de los artículos 1602 y 1604 del
Código Civil, nuevamente por haber vinculado a Talex S.A.S.
al contrato de compraventa en calidad de parte, sin serlo.
Alegó que se contravino lo dispuesto en los artículos 1613,
1616 y 1757 del Código Civil, este último en la medida en que
«al ejercer una acción de responsabilidad civil contractual, la
demandante era quien debía probar la obligación incumplida por Talex»
pero el Tribunal «la relevó de esta carga». Talex S.A.S. tampoco
tenía obligación alguna de salir al saneamiento porque no
tenía la calidad de vendedor y, aún si lo hubiera sido, la
acción por vicio redhibitorio habría prescrito (artículo 1923
del Código Civil). Citó la vulneración de los artículos 825,
864, 870, 920 y 934 del Estatuto Mercantil también en lo
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
136
relativo al contrato de compraventa, por las razones anotadas
en relación con el Código Civil.
6. Insistió en que «el soporte básico de la sentencia impugnada
es haber considerado que, Talex, “como importador de un producto” está
vinculado al contrato de compraventa en el que “figuraba Coacosta como
vendedor, Banasan como comprador”». Tal conclusión equivocada
-relató- nace de una «errada interpretación de los artículos 1849 del
Código Civil y 905 del Código de Comercio» y también por «tener como
fuente de una obligación contractual un acto administrativo proferido por
el ICA». La correcta hermenéutica de los mencionados
preceptos habría llevado al ad-quem a concluir que Talex
S.A.S. no era parte en el contrato de compraventa, no
incurrió en responsabilidad civil contractual y, en
consecuencia, no estaba obligada a indemnizar perjuicio
alguno a Banasan S.A.S.
7. Refirió jurisprudencia de esta Sala según la cual es
requisito para la prosperidad de la acción de responsabilidad
civil contractual la existencia de un contrato válidamente
celebrado por las partes y adujo que ahí gravita el error
«mayúsculo» de la sentencia impugnada «comoquiera que allí se ha
dispuesto una responsabilidad civil contractual contra Talex que -según
lo reconoce la propia sentencia-, no era vendedor ni parte en el contrato
de compraventa».
8. Agregó que el error «se agrava al establecer que el
incumplimiento contractual de Talex, derivado de la resolución del ICA,
consistió en distribuir el KlingQuel Cobre para la realización de un
ensayo en una finca ajena al demandante y al pleito». En efecto, lo
anterior pone en evidencia que «el Tribunal incurre en aplicación
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
137
indebida del artículo 1614 del Código Civil, en lo que se refiere a la
forzosa causalidad que debe existir entre el incumplimiento y el daño
según lo prescribe la anterior norma».
9. En cuanto al «segundo error juris in judicando» advirtió
que, a juicio del juzgador, «la relación entre las Partes es… de
consumo» y con base en ello Talex S.A.S. «se hizo parte de ese
negocio al ser importador del producto vendido por Coacosta a
Banasan». Afirmó que «La existencia de la relación de consumo,
entonces, lleva al Tribunal a concluir que las obligaciones del contrato de
compraventa celebrado entre Coacosta y Banasan van “más allá” de la
entrega de la cosa», en apoyo de lo cual el sentenciador «invoca
las normas del Decreto 3466 de 1982, en especial la definición de
consumidor y de producto defectuoso citadas en la sentencia de 30 de
abril de 2009, de la Sala de Casación Civil… en la cual se concluye que
la responsabilidad de los fabricantes y proveedores “trasciende a la
relación derivada de la compraventa o adquisición de bienes y servicios
porque emana de una relación (la de consumo)…». Ahondó en que la
aplicación del Decreto 3466 de 1982 constituye un error in
judicando porque esta norma fue derogada por la Ley 1480
de 2011. Este yerro conllevó a que el fallo trasgrediera el
artículo 3 de la Ley 153 de 1887 sobre aplicación de las
normas en el tiempo. Como también, vulneró el artículo 22
de la Ley 1480 de 2011, en virtud de la cual una causal de
exoneración por daños de producto defectuoso es la culpa
exclusiva de la víctima. De haber aplicado esta disposición,
el Tribunal hubiese debido declarar que «la mezcla que realizó
Banasan [fue] la que causó el daño alegado, mezcla en la cual no tuvo
injerencia alguna Talex ni en su composición, ni en su formulación, ni en
su aplicación». Posteriormente indicó que las acciones
derivadas del Estatuto del Consumidor tienen un término de
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
138
prescripción de un año y, por tanto, el fallador debió haber
declarado la prosperidad de la excepción de prescripción que
propuso Talex S.A.S. En efecto, «la demanda de Banasan fue
radicada en octubre del año 2017, mientras que los hechos que dieron
lugar al daño reclamado fueron conocidos o reportados por la propia
demandante en junio del año 2016.». En su criterio, el Colegiado
incurrió en incongruencia.
10. Pidió, en consecuencia, casar el fallo impugnado.
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del embate.
2. De manera preliminar, esta Sala advierte que la
censora presentó en un mismo cargo dos acusaciones por vía
directa que pueden separarse. En virtud de lo establecido en
el parágrafo segundo del artículo 344 del Estatuto Procesal,
se estudiará cada uno de los ataques por separado.
3. En el primero, se acusa al fallo de transgredir sendos
artículos de los códigos Civil y de Comercio, algunos por
aplicación indebida, otros por interpretación errónea y otros
más por falta de aplicación. No obstante, de las normas
referidas por el actor solo los artículos 870192, 934193 del
Código de Comercio y el 1546 del Código Civil194 tienen el
carácter de ley sustancial, es decir, contienen enunciados
192 CSJ, SC1962-2022. Dispone que, en caso de mora de uno de los contratantes, la
parte cumplida podrá pedir la resolución del contrato o su terminación, más la
indemnización de perjuicios
193 CSJ, SC4454-2020
194 CSJ, AC796-2023; CSJ, AC4117-2022; y CSJ, SC4667-2021
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
139
que crean, extinguen o modifican obligaciones. El centro de
la acusación consistió en que el Tribunal quebrantó los
artículos 1494195 – por aplicación indebida - y 1849 del
Código Civil196 y el artículo 905 del Código de Comercio197 por
interpretación errónea. Dichas normas no tienen carácter
sustancial, sino que se limitan a definir las fuentes de las
obligaciones y el contrato de compraventa, respectivamente.
Recuérdese que, si se acude a la causal primera de casación,
se debe enunciar por lo menos un precepto de estirpe
sustancial que sea basilar en la determinación
cuestionada198.
3.1. Igualmente, la Sala advierte que el cargo es
claramente desenfocado, por cuanto distorsiona el hilo
conductor de la decisión del ad quem, haciéndolo decir algo
que en realidad no dijo199. Al respecto, esta Sala tiene dicho
lo siguiente: «en casación, un ataque preciso y enfocado requiere, al
decir de la Corte, que “guarde adecuada consonancia con lo esencial de
195 CSJ, AC1156-2024; CSJ, AC3651-2023; CSJ, AC2869-2023 entre otros
196 CSJ, AC2869-2023; CSJ, AC5060-2022: «Los artículos 1847, 1849, 1851 del
Código Civil tampoco ostentan la requerida connotación, pues el primer mandato
consagra la suerte de la condición resolutoria -ni otra alguna- en las donaciones entre
vivos o asignaciones testamentarias por causa del matrimonio; el 1849 define el
contrato de compraventa y el 1851 dictamina quienes tienen capacidad para celebrar
dicho negocio. Véase que ninguna de tales normas declara, crea, modifica o extingue
una relación jurídica concreta. Sobre el artículo 1849, se ha sostenido que: «“no [es]
norma de carácter sustancial” (CSJ, SC del 9 de marzo de 1989), puesto que no es una
de aquellas que, “en razón de una situación fáctica concreta, declara, crea, modifica o
extingue relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal
situación” (CSJ, SC del 19 de diciembre de 1999)» (AC4247-2015)»
197 CSJ, AC2256-2024: «Ciertamente, Colmerauto S.A.S. denunció la violación de los
artículos 1690 (modalidades de novación); 1899 (concepto de compraventa) y 1959
(aplicación de las normas de la compraventa al contrato de permuta) del Código Civil,
así como del 905 (definición de compraventa) del Código de Comercio. Pero esas normas
no crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas intersubjetivas, sino que aluden a
cuestiones meramente conceptuales del Derecho Privado. Con otras palabras, no
revisten naturaleza sustancial, pues carecen de aptitud para determinar el modo
jurídicamente correcto de distribuir derechos y deberes entre la convocante y los
convocados, en el marco de este juicio». Misma postura en CSJ, AC5515-2022
198 CJS, AC2309-2024
199 CSJ, SC368-2023.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
140
la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera
directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la
construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta
de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su
mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen
el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto
técnico por desenfoque”»200.
3.1.1. En efecto, la recurrente sostuvo que el Tribunal
declaró civilmente responsable a Talex S.A.S. con base en las
siguientes premisas: i) que el demandante invocó la
responsabilidad civil contractual de los demandados; ii) que
Talex S.A.S. es parte del contrato de compraventa que
celebraron Coacosta S.A.S. y Banasan S.A.S., en calidad de
importador -interpretación errónea de los artículos 1849 del
Código Civil y 905 del Código de Comercio; iii) que «el ad quem
introdujo una nueva fuente de las obligaciones de las partes, esto es,
una disposición proveniente de un acto administrativo», a saber, el
artículo 31 de la Resolución 150 de 2003 expedida por el ICA.
De no haber incurrido en estos yerros -deprecó- el Colegiado
hubiera debido considerar que Talex S.A.S. no era parte del
contrato de compraventa, que no incurrió en responsabilidad
contractual y que, en consecuencia, no estaba obligada a
indemnizar a Banasan S.A.S.
3.1.2. En lo pertinente, esto fue lo que dijo el Tribunal.
Empezó por verificar la existencia del contrato celebrado
entre Coacosta S.A.S. y Banasan S.A.S., con apoyo en las
200 AC2309-2020 del 11 de marzo de 2020. Reitera sentencia del 26 de marzo de 1999,
CCLVIII-294, a su vez reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014, 25 de febrero
de 2013 y 30 de abril de 2014, entre otros.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
141
facturas y las declaraciones de los representantes legales,
entre otros medios de convicción. A continuación, desechó el
reparo de Coacosta S.A.S. «consistente en que solo se trató de una
intermediación, pues, recuérdese, que de conformidad con lo establecido
en el artículo 1340 del C. de Co., la finalidad de este agente es poner en
relación a dos o más personas para que celebren un negocio comercial,
lo que no ocurrió en el sub judice, pues aun cuando el correo dé cuenta
de la presentación inicial del producto como se detalló, se vislumbra que
la materialización del acto jurídico de compraventa se dio precisamente
entre Coacosta y Banasan, en donde el primero vende al segundo el
producto denominado Klingquel Cobre, mientras que a folio 82 se
visualiza la Remisión No. 122 del año 2016 de TALEX a C.I. BANASAN,
en la que se indica como contacto al señor TULIO FARELO, muy a pesar
de que esta última niega cualquier relación con BANASAN». Además,
aludió al registro de venta no. 7080, expedido por el ICA, en
el que figura como autorizado para vender el producto en el
territorio nacional a la sociedad Talex S.A.S. En ese orden de
ideas, consideró que, «siendo TALEX SAS la titular del registro, debe
atenderse lo normado por el Art. 31 de la Resolución No. 150 de 2003
del ICA», que consagra la responsabilidad del titular del
registro sobre el producto. Con base en estas premisas el ad
quem determinó que tanto Coacosta S.A.S. como Talex S.A.S.
estaban legitimadas en la causa por pasiva, «al figurar la
primera en la factura de venta como vendedora y la segunda por ser la
entidad autorizada para venta del producto agrícola en el territorio
nacional y responder por éste conforme lo estatuye el canon previamente
citado». Puntualizó que Banasan S.A.S. había contribuido a la
materialización del daño con su propia conducta, tras
auscultar el plenario y advertir que no había cumplido con la
obligación de llevar a cabo estudios de suelo y por haber
añadido Hipotensor SYS a la mezcla, estando contraindicado.
Con respecto a Coacosta S.A.S., señaló que era responsable
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
142
por haber publicitado y vendido «un producto agrícola para ser
utilizado en emulsión y con una finalidad que no estaba aprobada por el
ICA, como era su empleo como suplemento profiláctico en el manejo de la
Sigatoka Negra». Y en lo concerniente a Talex S.A.S., en calidad
de distribuidora, declaró su responsabilidad por cuanto, a
pesar de que el Klingquel Cobre está registrado como
fertilizante, «lo ha distribuido para el control de la Sigatoka en el cultivo
de banano, tal como lo muestran las pruebas del KLINGQUEL COBRE en
la finca TERESA como suplemento profiláctico en el manejo de la
Sigatoka Negra, perteneciente al grupo C.I. TECBACO, como se plasma
en los folios 1087-1088, en el que se mezcló con aceite, ALT-100 al 1%
del aceite y agua». A la postre, estimó la cuantía del perjuicio y
en virtud del artículo 2537 del Código Civil, procedió a la
reducción de la condena en un 50%. Y es que, «desde la
perspectiva eminentemente causal, y sin entrar en el ámbito
culpabilístico, se tiene, como ya se analizó, que fue igualmente incidente
la contribución de los extremos procesales en la consumación del daño».
La comercialización de un producto atribuyéndole una
utilidad que no está avalada por el fabricante «ni por los
lineamientos técnicos fijados por la autoridad especializada en la
materia, que en este caso es el ICA, conlleva consecuencias negativas
para el adquirente y usuario. De otro lado, no es menos cierto que al
mezclar el producto adquirido con otras sustancias incompatibles entre
sí, produciría efectos distintos a los previstos por el fabricante».
Resolvió, en consecuencia, «Declarar que TALEX S.A.S. y
COACOSTA S.A.S., son civilmente responsables de los perjuicios sufridos
por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE
SANTA MARTA S.A.S. “C.I. BANASAN S.A.S”, en concurrencia de culpas
de ésta última, razón por la cual se reducirá la condena en un 50%».
3.1.3. De la lectura del fallo no se infiere, ni mucho
menos, que hubiere incluido a Talex S.A.S. como parte del
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
143
contrato de compraventa, ni que la hubiere condenado
aduciendo responsabilidad contractual. Por el contrario, se
observa que le endilgó responsabilidad por incumplimiento
de una norma de carácter administrativo que constituyó el
hecho ilícito -primer elemento de la responsabilidad civil-.
Halló acreditado el daño y la cuantía del perjuicio. Y, por lo
demás, consideró que el incumplimiento del precepto
señalado fue una de las causas del daño que sufrieron los
cultivos de banano. De modo que Talex S.A.S. fue declarada
civilmente responsable, pero no en virtud del incumplimiento
de un contrato, sino por quebrantamiento del deber general
de cuidado, que para el caso de un importador de productos
agropecuarios -con riesgos fitosanitarios- incluye el deber de
ceñirse a las normas dictadas por el ICA sobre la materia.
3.2. En el segundo ataque acusó al fallo de quebrantar,
por vía directa, el Decreto 3466 de 1982 en tanto era una
norma derogada -antiguo Estatuto del Consumidor- para la
fecha en que sucedieron los hechos. Debido a esto, achacó la
trasgresión del artículo 3 de la Ley 153 de 1887, así como el
artículo 22 de la Ley 1480 de 2011. Precisó que, de haber
aplicado esta disposición, el ad-quem hubiese debido
declarar que Banasan S.A.S. fue el único culpable del daño
que sufrieron los cultivos, pues al mezclar el Hipotensor SYS
por su cuenta se rompió el nexo de causalidad entre la
conducta de Talex S.A.S. y el resultado lesivo. Por su parte,
plantó que el sentenciador erró al no declarar la prescripción
de la acción derivada del Estatuto del Consumidor, que es de
un año, incurriendo en incongruencia.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
144
3.2.1. Se anticipa que este cargo también resulta
infructuoso, nuevamente por estar desenfocado. Y es que el
Tribunal trajo a colación el Estatuto del Consumidor, con el
fin de ilustrar el punto relativo a las especiales obligaciones
de los productores y distribuidores frente a los consumidores
en el tráfico mercantil. Corolario de lo anterior es, en
palabras del mismo: «muy a pesar de que en el contrato de
compraventa la principal obligación del vendedor es la entrega de la cosa
vendida, (art. 905 del C.Co.; 1880 C.C.), no puede desconocerse que la
Alta Corporación Ordinaria ha precisado que el rango obligacional va un
poco más allá». Y citó jurisprudencia de esta Sala relativa al
concepto del producto defectuoso en el marco del Estatuto
del Consumidor. No obstante, con respecto a Talex S.A.S.
señaló lo siguiente: «Así las cosas, siendo TALEX SAS la titular del
registro, debe atenderse lo normado por el Art. 31 de la Resolución No.
150 de 2003 del ICA, que consagra en ella una responsabilidad
consistente en que: “El titular del registro asume la responsabilidad
inherente al producto, la cual incluye además de la información y las
recomendaciones indicadas por el mismo en el etiquetado o en publicidad
hablada o escrita, los efectos adversos a la sanidad agropecuaria, la
salud humana y al ambiente, provenientes de transgresiones a lo
dispuesto en la presente Reglamento Técnico y demás normas vigentes.”
Todas estas premisas permiten concluir que, tanto COACOSTA SAS como
TALEX SAS se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, al figurar
la primera en la factura de venta como vendedora y la segunda por ser
la entidad autorizada para venta del producto agrícola en el territorio
nacional y responder por éste conforme lo estatuye el canon previamente
citado» (se resalta).
3.2.2. Bajo esa lógica, no es cierto, como aduce la
casacionista, que el Tribunal hubiera hecho una aplicación
errónea del artículo 22 del Estatuto del Consumidor. Ni
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
145
mucho menos que hubiera debido declarar próspera la
excepción de prescripción de la acción del consumidor. Se
insiste, se declaró civilmente responsable a Talex S.A.S. por
quebrantamiento del deber general de cuidado, que para el
caso de un importador de productos fertilizantes incluye el
deber de ceñirse a las normas dictadas por el ICA sobre la
materia. Este razonamiento no se acompasa, pues, con lo que
reprocha la demandada y, en esa medida, el cargo es
desenfocado.
4. Aunque las razones esbozadas son suficientes para
desestimar los cargos, esta Sala estima pertinente ahondar
en la responsabilidad civil que se le atribuyó a Talex S.A.S.
en este caso. En efecto, tal como se advierte de la lectura del
fallo, no se le atribuyó responsabilidad civil contractual a
Talex S.A.S. Tampoco atribuyó responsabilidad civil dentro
del marco del Estatuto del Consumidor -lo cual se aclarará
en el desarrollo del cargo siguiente- en calidad de productor.
Por el contrario, se declaró civilmente responsable en virtud
del incumplimiento de una norma expedida por el ICA que
desencadenó un resultado lesivo.
4.1. Como se señaló antes, son tres -cuando menos- los
elementos de la responsabilidad civil: i) el hecho ilícito o
conducta antijurídica; ii) el daño; y iii) el nexo de
causalidad201. En el sub judice, esta Sala se ocupa de precisar
el alcance del concepto de hecho ilícito o conducta
201 artículo 2341 del Código Civil dispone que «el que ha cometido un delito o culpa,
que ha inferido un daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena
principal que la ley le imponga por la culpa o el delito cometido».
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
146
antijurídica. Y, específicamente, en la hipótesis de
responsabilidad civil extracontractual en casos de
incumplimiento de normas administrativas.
4.2. De antaño se dice que en sociedad rige el postulado
alterum non laedere202. La conducta antijurídica o hecho
ilícito es, en principio, la acción que contraviene un «deber
general de cuidado» al cual están sometidos los sujetos de
derecho por el mero hecho de convivir en sociedad. De allí
que el artículo 2341 del Código Civil se refiera a la
responsabilidad civil por el «delito o culpa», pues la simple
infracción de ese deber general de prudencia o cuidado,
cuando es causa de daños a terceros, es fuente de la
obligación de indemnizar. Para efectos de la responsabilidad
civil basta que la conducta haya sido culpable, en sentido
lato203. Para determinar si un sujeto de derecho contravino el
deber general de cuidado basta con constatar, pues, que no
actuó «con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios» (artículo 63 del
Código Civil).
4.3. Por regla general, basta contrastar la conducta del
agente con la del «hombre de poca prudencia» para calificar si fue
negligente o no. Con todo, en el tráfico jurídico moderno los
sujetos de derecho participan en actividades especializadas o
altamente reguladas, sujetas a normas de rango legal y
administrativo, cuyo cumplimiento impone el Estado con el
202 «Juris praecepta sunt haec: honestoe vivere alterum non laedere, suum cuique
tribuere». J. Inst. I.i.iii. Trad. Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no
dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo.
203 SC13925-2016.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
147
fin de prevenir riesgos que afectan intereses jurídicos
tutelados por el ordenamiento, tales como los daños al medio
ambiente o a la salud humana, la sanidad animal o vegetal.
En ese contexto, incumplir normas imperativas que regulan
la actividad en cuestión por parte de los agentes sujetos a la
regulación respectiva constituye una conducta -contraria a
derecho- y, por tanto, reprochable. En sentencia SC12063-
2017 se estudió el caso en el cual la parte demandada estaba
cultivando plantas de variedades sujetas a derechos de
obtentor regulados por el ICA en perjuicio de su legítimo
titular. Al respecto, esta Sala manifestó lo siguiente:
«…para el caso en concreto, se determina, que el hecho ilícito
atribuido a la demandada se relaciona con la violación del
«derecho de obtentor» sobre las variedades de rosa Hilrap y
Hilmoc, del que es titular «EG Hill Company Inc» y su licenciataria
«Hills de Colombia Ltda», ya que sin contar con autorización o
licencia se le halló en su cultivo o sementara numerosas plantas
de rosa de las mencionadas variedades, para su propagación y
comercialización
… así mismo, el «régimen común de protección de los derechos de
los obtentores de variedades vegetales», que rige en los países de
la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 345 de 21 de
octubre de 1993 y a nivel interno en Colombia, el Decreto 533 de
8 de marzo de 1994, reglamentario del citado régimen común, al
igual que la Resolución ICA n° 1893 de 29 de junio de 1995,
mediante la cual se dispuso «la apertura del Registro Nacional de
Variedades Vegetales Protegidas, se establece el procedimiento
para la obtención del Certificado de Obtentor y se dictan otras
disposiciones».»
4.4. El incumplimiento de normas imperativas
expedidas por el ICA por parte de los importadores de
productos agropecuarios es, sin duda, uno de esos
escenarios. El Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- es
una entidad con personería jurídica adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Corresponde a esta entidad,
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
148
entre otras funciones, efectuar el «control técnico de la producción,
comercialización y uso de los insumos agropecuarios»204. Así, el 21
de enero de 2003, el ICA expidió la Resolución 150 «por la cual
se adopta el reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de
suelos para Colombia». Allí se estableció el procedimiento para
obtener registro de venta de insumos agrícolas fertilizantes,
se reglamentó lo relativo a la importación, y en su artículo 31
se estableció que: «El titular del registro asume la responsabilidad
inherente al producto, la cual incluye además de la información y las
recomendaciones indicadas por el mismo en el etiquetado o en publicidad
hablada o escrita, los efectos adversos a la sanidad agropecuaria, la
salud humana y al ambiente, provenientes de transgresiones a lo
dispuesto en la presente Reglamento Técnico y demás normas vigentes».
En el artículo 51, por su parte, se dispuso que «Las
indicaciones, recomendaciones de uso y aplicación y demás aspectos
técnicos de fertilizantes y acondicionadores de suelos serán de
responsabilidad directa de su titular y deberán estar ceñidas a lo
aprobado con el registro de venta del producto. Los vademécum y
publicaciones similares deberán cumplir también con lo estipulado en el
presente artículo». De ahí, pues, que el importador titular de un
registro de venta de fertilizantes ante el ICA tiene el deber de
ceñirse a las recomendaciones de uso y aplicación para las
cuales se autorizó el producto. La conducta contraria a esta
disposición es, por supuesto, antijurídica205. Si de tal
conducta se deriva un daño a terceros, el transgresor de la
norma es civilmente responsable. No se trata, ni mucho
menos, de una novedosa fuente de las obligaciones -como se
propuso en la censura- sino de un caso especial de
responsabilidad civil extracontractual.
204 Numeral 5 del artículo 2.13.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1071 de
2015.
205 CSJ, SC13925-2016.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
149
4.5. En el asunto que nos convoca, se itera, Talex S.A.S.
publicitó un fertilizante con fines fungicidas -para combatir
la enfermedad causada por la Sigatoka Negra en el banano-,
transgrediendo las normas imperativas expedidas por el ICA
sobre la materia. De su conducta se derivaron unos daños a
cultivos de propiedad de terceros sobre los cuales Banasan
S.A.S. asperjó el producto. Por esta razón, Talex S.A.S. fue
declarada civilmente responsable y condenado a indemnizar
al demandante.
5. Por todo lo expuesto, el cargo fracasa.
CARGO SEGUNDO
Invocando la causal segunda, se acusa a la sentencia
de ser indirectamente violatoria de los artículos 1494, 1495,
1500, 1502, 1527, 1568, 1571, 1602, 1604, 1613, 1614,
1615, 1849, 1880, 1915 y 1923 del Código Civil; 822,
824,825, 864, 905, 920 y 934 del Código de Comercio; y 2,
5, 20, 21, 22 de la Ley 1480 de 2011, por errores de hecho.
En sustento de su cargo, señaló:
1. Que el Tribunal erró al concluir que existió una
relación de consumo entre Talex S.A.S. y Banasan S.A.S. y al
dar por probado -sin estarlo- que Talex S.A.S. recomendó y
participó en la aplicación del producto Klingquel Cobre en las
fincas Bureche, La Mami, Kasuma y Don Carlos. Sumado a
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
150
que el Colegiado se equivocó al concluir que el producto
causó daño en las plantaciones de banano.
2. Reseñó el razonamiento contenido en la sentencia
cuestionada para arribar a la conclusión de que Talex S.A.S.
recomendó la aplicación de Klingquel Cobre en mezcla y con
ello contribuyó al daño que sufrieron los cultivos de banano
de las referidas fincas. El sentenciador, señaló, «además de
sostener que la recomendación de la aplicación del producto en mezcla
configuró la responsabilidad de Talex, el Tribunal en sus conclusiones
también indicó que la causa del daño había sido, no la mezcla, sino la
aplicación del KlingQuel Cobre». Y agregó que, para el ad quem «la
responsabilidad por la recomendación de la aplicación del producto en
mezcla deriva, a su vez, de la relación de consumo existente entre las
Partes». Lo anterior con base en que Talex S.A.S. era
importador y titular del registro de la etiqueta del producto
Klingquel Cobre ante el ICA y, por tanto, responsable por la
información y recomendaciones del producto a la luz del
artículo 31 de la Resolución 150 del 2003. Sostuvo que el
Tribunal le atribuyó una responsabilidad a Talex S.A.S.
«proveniente de una relación “contractual” de consumo» con apoyo en
la antes citada sentencia de esta Sala. Y refirió que «con base
en las anteriores apreciaciones, el Tribunal determinó que Talex fue parte
del contrato de compraventa celebrado entre Coacosta y Banasan».
3. Aterrizó en que el primer yerro fáctico consistió en
suponer la prueba de existencia de un contrato entre Talex
S.A.S. y Banasan S.A.S. En su sentir, «en el expediente no obra
una sola prueba que evidencia que Talex hizo parte del mencionado
contrato de compraventa». Las partes del contrato eran Coacosta
S.A.S. y Banasan S.A.S., que no Talex S.A.S. Precisó, pues,
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
151
que «resulta curioso que el propio Tribunal analizó estas facturas,
determinó que, en efecto, el vendedor era Coacosta y el comprador era
Banasan y que Talex no figuraba en estas, pero, en todo caso, sin prueba
adicional, tuvo como parte del contrato a Talex». Este error es
trascendente, anotó, «en la medida en que al atribuirle la calidad de
contratante a Talex, el Tribunal dio por satisfecho el primer requisito de
la responsabilidad civil contractual» incurriendo en fallo violatorio
de los artículos 1494, 1500, 1502, 1527, 1568, 1571, 1602 y
1849 del Código Civil, así como los artículos 822, 824, 825,
864 y 905 del Código de Comercio.
4. El siguiente yerro fáctico consistió en tergiversación
de la Remisión No. 122 de 2016, documento que obra a folio
82 del cuaderno uno del Juzgado, en el cual consta la
remisión del producto Klingquel Cobre de Talex S.A.S. a
Banasan S.A.S. Argumentó que «para la sentencia impugnada,
este documento da cuenta de una relación entre Talex y la demandante»
más «el alcance que da el Tribunal a la guía de envío es completamente
errado». En efecto, indicó, «en el marco de la comercialización de un
producto, es común que el importador del mismo lo remita directamente
al comprador» sin que esto signifique que el importador sea el
vendedor del producto. Por ello, Talex S.A.S. remitió el
producto por indicación de Coacosta S.A.S. y por eso en el
documento de remisión se señala a Tulio Farelo -comercial
de Coacosta S.A.S.- como contacto encargado. En esta
medida, «al dar un alcance que no corresponde a la Remisión del
producto, el Tribunal tergiversó la prueba y cometió un yerro consistente
en determinar que Talex era parte del contrato de compraventa». Tal
error es trascendente, señaló, «en la medida en que, al atribuirle la
calidad de contratante a Talex, el Tribunal dio por satisfecho el primer
requisito de la responsabilidad civil contractual, lo cual es imperativo
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
152
para dictar una condena en contra de un deudor incumplido». Y reiteró
que el yerro fáctico torna a la sentencia en violatoria de los
artículos 1494, 1500, 1502, 1527, 1568, 1571, 1602 y 1849
del Código Civil, así como los artículos 822, 824, 825, 864 y
905 del Código de Comercio.
5. El tercer error de hecho se materializó en «la suposición
de una prueba que indica que Talex recomendó la mezcla que afectó las
plantaciones de banano». Aseveró que, «La Sentencia Impugnada
declarara la responsabilidad de Talex al haber encontrado que esta
recomendó el Kingquel Cobre “como coadyuvante preventivo del ataque
de la Sigatoka negra en cultivos de banano, lo que no se compadece con
la información del fabricante del producto, que solo lo promociona como
fertilizante, tal como lo prevé el ICA”». Advirtió que, «en el expediente
no obra una sola prueba que indique que Talex haya efectuado
semejante recomendación». Por el contrario, «se encuentra
ampliamente acreditado que, quien recomendó la aplicación del
KlingQuel Cobre en emulsión y para una finalidad diferente a la
autorizada por el ICA fue Coacosta». Entre otras, indicó, existe «una
confesión de la demandante en la que señala que nunca recibió una
recomendación por parte de las demandadas de cómo mezclar el
producto y que, en todo caso, la recomendación de uso en emulsión
provino de Coacosta». Insistió en que el error es trascendente
pues de no haber supuesto la existencia de tal hecho, el
Colegiado hubiese tenido que concluir que Talex S.A.S. no
hizo una recomendación indebida ni incumplió obligación
alguna. Corolario de lo anterior fue que el Tribunal aplicó
indebidamente los artículos 1495, 1527, 1546 y 1613 a 1616
del Código Civil pues «al suponer la prueba antes mencionada…
indirectamente consideró que existía una obligación de no hacer en
cabeza de Talex, consistente en no recomendar una mezcla no
autorizada; que dicha obligación fue incumplida, que el incumplimiento
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
153
causó un daño y que, en consecuencia, Talex debía indemnizar a
Banasan».
6. La censora refirió un cuarto error consistente en la
tergiversación del correo electrónico del 27 de noviembre de
2015, que llevó al fallador de segundo grado a concluir que
las demandadas habían recomendado un uso indebido del
producto Klingquel Cobre. Con todo, «el remitente del correo es
Tulio Farelo, funcionario de Coacosta, y el receptor es
[email protected]. En ningún aparte del correo aparece como
remitente o firmante un funcionario de Talex, ni en el cuerpo del correo
se hace referencia a que mi representada recomiende la forma de uso del
KlingQuel Cobre. Por el contrario, los documentos adjuntos al correo,
correspondientes a las fichas técnicas del producto contienen las
instrucciones de uso correcto del mismo». Manifestó que aun si
pudiera considerarse que el correo electrónico involucrara a
Talex S.A.S. de alguna manera «de la literalidad del mismo no se
evidencia recomendación alguna en el sentido indicado por el Tribunal».
En contraposición, «lo que indica el correo, de manera anecdótica, es
que el KlingQuel Cobre ha sido probado» en determinada forma, sin
que esto constituya recomendación. Y es que el señor Farelo
no es empleado de Talex S.A.S. pero, en todo caso, «no le está
sugiriendo a la demandante utilizarlo de una forma determinada, sino
que revise las fichas técnicas para determinar si le sirve para
implementarlo dentro de su “plan de manejo de la Sigatoka Negra”».
Insistió en que el error es trascendente, por cuanto llevó al
Tribunal a concluir que Talex S.A.S. incumplió cierta
obligación, sin que en el expediente obrara prueba de ello.
Apuntaló que «con este error, el Tribunal nuevamente aplicó
indebidamente los artículos 1495, 1527, 1546 y 1613 a 1616 del Código
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
154
Civil al suponer la existencia de una obligación en cabeza de Talex, el
incumplimiento de ésta y el consecuente daño a Banasan».
7. Otro traspié consistió en «falta de apreciación de la prueba
por confesión». Fundamentado en que al descorrer traslado de
las excepciones, la demandante afirmó que «“Cabe destacar a
su Señoría que las demandadas nunca recomendaron a mi mandante el
uso de productos específicos en la elaboración de la mezcla que sería
aplicada a las plantaciones, contrario a esto la única recomendación
recibió (sic) sobre el uso del KLINGQUEL COBRE fue por parte de la
demandada COACOSTA”». Conforme a lo cual, «es claro que para la
demandante Talex nunca estuvo involucrada en sugerencias sobre la
realización de la mezcla o uso del producto diferentes, por supuesto, a
las señaladas en la etiqueta y en la ficha técnica del KlingQuel Cobre».
Resaltó que la afirmación del demandante en su escrito
«cumple con los requisitos establecidos en el artículo 191 del CGP, en la
medida en que el apoderado de la demandada tiene capacidad para
confesar y el hecho anunciado, en efecto, produce una consecuencia
favorable a Talex». La trascendencia del error estriba en que, de
no haber omitido esta prueba, el sentenciador hubiese
debido exonerar de responsabilidad a Talex S.A.S.
8. Asimismo, la censora acusó a la sentencia de error
de hecho por tergiversación del «protocolo de ensayo realizado en
la finca Teresa». En efecto, sostuvo, «el documento en cuestión
corresponde al protocolo de un ensayo o evaluación que se realizó en el
año 2013 con el producto, en una finca completamente ajena al presente
pleito y de una sociedad que no tiene relación alguna con la
demandante». Y agregó que «del contenido del documento antes
señalado no se puede concluir de manera alguna que se trate de una
distribución o recomendación de Talex para la aplicación del KlingQuel
Cobre de una manera determinada». Por el contrario, se trata de
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
155
«un ensayo en la aplicación del producto… dentro de un marco
netamente científico y no comercial», lo cual se desprende del título
mismo del documento que reza «evaluación del KlingQuel Cobre en
el control de Sigatoka en el cultivo de banano». Esto demuestra, a
juicio de la impugnante, que «lo sucedido en la finca Teresa no se
trató de una distribución ni una recomendación del producto». Enfatizó
en que «la mezcla utilizada en la exposición es completamente diferente
a la realizada unilateralmente por Banasan» pero el ad quem «parte
de la base de que la mezcla de KlingQuel Cobre que hizo Talex en la finca
Teresa es la misma utilizada por Banasan en las cuatro fincas
afectadas». Así, «el informe del ICA del 28 de diciembre de 2016 indica
que la mezcla utilizada por Banasan tenía los siguientes componentes:
KlingQuel Cobre, Synergy, aceite agrícola Banole, hipotensor y agua.
Mientras tanto, la mezcla utilizada en la finca Teresa contenía: KlingQuel
Cobre, ALT-100, aceite y agua». De modo que, «la [mezcla] utilizada
por Banasan contenía Synergy y un hipotensor, componentes que no
tenía la utilizada por Talex, y no contenía ALT-100». El error fue
trascendente, recalcó, porque llevó al Tribunal a declarar la
responsabilidad de Talex S.A.S. por una indebida
distribución de un producto en incumplimiento de una
obligación.
9. El siguiente error puesto de manifiesto consistió en
la «distorsión del informe del ICA del 26 de diciembre de 2016». Señaló
que «Las conclusiones del informe se encuentran entre los folios 340 a
342 del cuaderno N° 1 del Juzgado. Sin embargo, en ninguna de las
referidas conclusiones se menciona la “alta probabilidad en la
consumación del daño” como lo anuncia el Tribunal. En las conclusiones
del informe no existe ninguna información que permita soportar la
afirmación realizada por el Tribunal en relación con la supuesta conexión
entre la consumación del daño y alguna conducta y/o información
proporcionada por Talex o la denominada alta probabilidad en la
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
156
consumación del daño». Y es que «en ningún aparte de esas
conclusiones se indica que la información brindada por Talex fue la que
desencadenó en la utilización de la mezcla». De no haber incurrido
en este yerro, el Tribunal hubiese debido absolver a Talex
S.A.S., pero al condenarla transgredió los artículos 1614 y
1615 del Código Civil «en la medida que el daño emergente y el lucro
cesante solo es indemnizable por la parte que incumple una obligación».
10. En la sentencia recurrida también se tergiversó el
contenido del registro del Klingquel Cobre ante el ICA. En
tanto «el Tribunal concluyó que encontraba acreditada la concurrencia
de Talex en la producción del daño… en atención al uso registrado ante
el ICA». Al respecto, a folios 57 a 59 del cuaderno del
sentenciador se encuentra que el uso específico autorizado
del producto corresponde a «FERTILIZANTES PARA APLICACIÓN
FOLIAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DE UN INGENIERO AGRÓNOMO
CON BASE EN ANÁLISIS DE SUELO O DEL TEJIDO FOLIAR». Y que «LA
VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE POR
RECOMENDACIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO, PREVIO ANÁLISIS
DE SUELO Y/O FOLIAR». Igualmente, para uso en otros cultivos,
se lee, «debe consultar con un ingeniero agrónomo». En su parecer,
quedó demostrado que el producto en cuestión «estaba
autorizado por el ICA para ser utilizado en productos diferentes al arroz
y la papa… No sobra advertir, en la información registrada ante el ICA
no hay evidencia sobre indicaciones para realizar mezclas del producto
como la que realizó Banasan». Estimó que «De haberse percatado el
Tribunal que la información del producto era suficiente para que el
responsable de la aplicación (Banasan) lo utilizara sin generar efectos
adversos, en la sentencia se habría absuelto a Talex». El yerro
acarreó el quebrantamiento de los artículos 1604, 1613,
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
157
1614 del Código Civil, señaló, «en la medida que Talex no cometió
ninguna culpa, incumplió ninguna obligación contractual».
11. Según el criterio de la censora, el fallo también
incurrió en un yerro fáctico consistente en la «distorsión de la
ficha técnica del KlingQuel Cobre» que se le remitió a Banasan
S.A.S. en donde se lee que «“Antes de usar el producto debe leerse
completamente la etiqueta. KLINGQUEL COBRE es compatible con la
mayoría de los insumos de uso corriente en la agricultura, algunos
cultivos pueden mostrar sensibilidad a las aplicaciones, por tanto se
recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad […] debe hacer un cuidadoso
monitoreo de la calidad del agua para las aplicaciones, en caso necesario
hacer pruebas de compatibilidad de mezclas. Las dosis a aplicar
dependerán del tipo de cultivo, su estado nutricional y fenología; algunas
recomendaciones generales se presentan a continuación (…)”». En esta
medida, «Talex compartió la información disponible sobre el producto
para la utilización responsable del producto. El hecho que este se haya
utilizado o no según estas instrucciones, es totalmente ajeno a Talex».
Alegó que «si El Tribunal hubiese tenido como acreditado que la ficha
técnica del KlingQuel Cobre relacionada con el registro de venta otorgado
a Talex, contenía la información necesaria para la aplicación del
producto… habría absuelto a Talex en la medida que no tuvo ninguna
incidencia en la ocurrencia del daño alegado». Reiteró que esta falla
derivó en el quebrantamiento de los artículos 1604, 1613,
1614 del Código Civil.
12. De otra parte, plantó un yerro fáctico «singularizado
en la suposición de una prueba de la relación entre el uso del KlingQuel
Cobre y el daño sufrido por Banasan». En el proveído final se dijo:
«“En ese orden de ideas, se encuentra acreditado, iterase, que, con
ocasión a la aplicación del KLINGQUEL COBRE, en los predios URECHE,
LA MAMI, KASUMA y DON CARLOS los cultivos de banano orgánico
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
158
sufrieron afectaciones generando ello costos que fueron asumidos por
BANASAN”». Para la censora, «no obra en autos ninguna prueba que
confirme lo establecido por el Tribunal en este sentido». En contraste,
indicó que el juzgador aceptó el informe del ICA de diciembre
de 2016 donde se evidencia que lo que ocasionó el daño fue
la mezcla utilizada por Banasan S.A.S. A su juicio, «En el
evento en que el Tribunal hubiese arribado a la conclusión coherente,
esto es que la mezcla causó el daño y no el KlingQuel Cobre, Talex habría
sido absuelto». Señaló que esta falla acarreó el
quebrantamiento de los artículos 1613 y 1614 del Código
Civil.
13. Un yerro fáctico adicional consistió en la «suposición
de una prueba de la relación de consumo entre Banasan y Talex». Y es
que el Colegiado «analizó una responsabilidad diferente (consumo) a
la pretendida (contractual)… con fundamento en una sentencia de la H.
Corte que hace referencia a la trascendencia de las obligaciones de la
compraventa en las situaciones aplicables al derecho de consumo».
Argumentó que no obra prueba de que Banasan S.A.S.
tuviere la calidad de consumidor y, por tanto, «si el Tribunal no
hubiese supuesto la acreditación de la supuesta relación de consumo…
la sentencia habría resuelto la absolución de Talex». En el mismo
sentido, para la impugnante el ad-quem se equivocó en «la
preterición del certificado de existencia y representación legal de
Banasan» pues al dar por acreditada una supuesta relación de
consumo entre Talex S.A.S. y la demandante, «la sentencia
impugnada desconoce el hecho de que Banasan era una persona jurídica
dedicada a la actividad profesional de comercialización y asesoría
técnica en fincas de plantación de banano». Corolario de lo anterior
es que, si el Tribunal hubiese concluido que no existía
relación de consumo entre las partes, como correspondía,
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
159
habría resuelto a favor de Talex S.A.S. En ese orden, la
sentencia es violatoria de los artículos 2, 5, 20, 21 y 22 de la
Ley 1480 de 2011.
14. La censora atacó el fallo por existir yerro fáctico por
«indebida apreciación de la demanda… habida cuenta que: (i) dedujo que
se la había pedido algo de la demanda, que no fue así; y, (ii) como
consecuencia de esta deducción, el ad quem resolvió de manera diferente
de cómo se le había solicitado». Subrayó que en el hecho trigésimo
sexto del escrito inicial la demandante afirmó que «existe
responsabilidad civil contractual de las sociedades demandadas, TALEX
S.A.S. y COACOSTA S.A.S.». En esta medida, el Tribunal «anunció
en la sentencia que se iba a dedicar a examinar la responsabilidad
contractual de los demandados, entre ellos Talex» pero derivó en el
examen de «la responsabilidad por la vía de la supuesta relación de
consumidor entre Banasan y Talex», lo cual no se le pidió. Y es que
«a partir de la errada deducción del Tribunal de la existencia de una
relación de consumo entre Talex y Banasan, concluyó que eran
aplicables obligaciones más allá de las tradicionales el contrato de
compraventa». De este modo, «el Tribunal claramente afectó el
derecho de contradicción y defensa de Talex, en la medida que desdibujó
la pretensión del demandante (contractual) y le dio una aplicación
diferente (consumidor)».
15. A guisa de conclusión, la casacionista reiteró que
los errores señalados son manifiestos y trascendentes en la
medida en que llevaron al sentenciador a colegir la existencia
de un contrato entre Talex S.A.S. y la demandante, un
supuesto incumplimiento de una obligación, la existencia de
una relación de consumo y suponer el nexo de causalidad
entre el daño y el incumplimiento. De no haber incurrido en
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
160
tales dislates, el Colegiado no hubiese atribuido
responsabilidad alguna a Talex S.A.S. Pidió, en
consecuencia, casar la sentencia.
CONSIDERACIONES
1. Este cargo está llamado a fracasar.
2. Esta Sala advierte nuevamente que la censora
anduvo desenfocada a la hora de plantear el ataque. En
efecto, acusó al fallo de haber dado por acreditado -sin
estarlo- que entre Talex S.A.S. y Banasan S.A.S. existió una
relación «“contractual” de consumo» para hacerla parte
indebidamente en el contrato de compraventa entre Coacosta
S.A.S. y Banasan S.A.S. Adujo que el Tribunal supuso la
prueba del incumplimiento de una obligación por parte de
Talex S.A.S. y que, también, supuso la existencia de un nexo
de causalidad entre ese incumplimiento y el daño. Con todo,
tal como se precisó al desarrollar el cargo anterior, el
Colegiado no le endilgó responsabilidad contractual a Talex
S.A.S., sino que la hizo responsable por la vía
extracontractual.
2.1. Sin embargo, se advierte que una parte del cargo
no está fincada en cuestión de la relación de consumo. Sino
que se deprecó yerro fáctico por suposición de la prueba
según la cual Talex S.A.S. recomendó la mezcla que causó el
resultado lesivo. Refirió que este error provino de haber
tergiversado la comunicación que el señor Tulio Farelo le
envió a Banasan S.A.S. en noviembre de 2015 y la prueba
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
161
realizada en la finca Teresa, así como la por distorsionar el
contenido del informe del ICA. Además, alegó pretermisión de
la confesión de Banasan S.A.S. en el sentido de que las
demandadas nunca recomendaron la mezcla. Reprochó
tergiversación de la ficha técnica del Klingquel Cobre. Y,
finalmente, señaló que el Tribunal supuso o imaginó la
prueba del nexo causal entre el daño y el uso del Klingquel
Cobre.
2.2. No obstante, los errores denunciados -de haberlos
cometido el ad-quem- resultan intrascendentes. Esto porque
se atribuyó responsabilidad a Talex S.A.S., en calidad de
distribuidora, por dos razones: i) porque a pesar de que el
Klingquel Cobre está registrado como fertilizante ante el ICA,
Talex S.A.S. lo venía distribuyendo para el control de una
enfermedad en cultivo del banano -la Sigatoka Negra-; y ii)
por recomendar su aplicación en mezcla con aceite. Nótese
que los desatinos que se le reprochan al juez de segunda
instancia se refieren a esta última conclusión -
recomendación de mezcla indebida-, pero no desmienten la
primera -publicidad para uso distinto al aprobado por el ICA-
. Es decir, no se cuestiona la conclusión relativa a la indebida
publicidad del producto para fines diferentes a los permitidos
por el ICA. Así las cosas, los errores denunciados no son
manifiestos ni trascendentes.
3. Solo resta por estudiar el reproche relativo a que la
demanda fue mal apreciada por cuanto en ella se pidió la
declaración de responsabilidad civil contractual, pero el
Tribunal derivó en el examen de la supuesta relación de
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
162
consumo entre Talex S.A.S. y Banasan S.A.S. y la
consecuente responsabilidad. Frente a ello debe decirse que
el juez goza de cierta libertad para darle sentido al texto de
la demanda, dentro de los límites de la razonabilidad y la
lógica. Como se sabe, la insatisfacción de la obligación
contractual constituye el elemento cardinal de la
responsabilidad contractual. Esto significa que el debate
probatorio se centra en la demostración del daño, existencia
del contrato, sus obligaciones e incumplimiento. Y, por
supuesto, del lado de la defensa, las excepciones perentorias
encaminadas a derruir el sustento fáctico del demandante.
Por su parte, el debate probatorio en las hipótesis de
responsabilidad civil extracontractual atañe a la
demostración del daño y de su hecho generador -extraño del
contrato-. De modo que, en tratándose de una misma causa
petendi, una parte no puede ser a la vez responsable por la
vía contractual y por la extracontractual. Este es el sustento,
si se quiere, ontológico, de la prohibición de opción.
4. Así las cosas, en este caso, el Tribunal no erró a la
hora de interpretar la demanda. En efecto, en el hecho
trigésimo sexto el demandante manifestó que «existe
responsabilidad civil contractual de las sociedades demandadas». No
obstante, en el acápite de pretensiones pidió que se declarara
que Talex S.A.S. y Coacosta S.A.S. «son civilmente responsables
de los perjuicios (daño emergente y lucro cesante)»206 que sufrió
Banasan S.A.S. En tal virtud, confluyeron de manera
diferenciada la responsabilidad común y la derivada del acto
206 Cuardeno No. 1 del Juzgado. Fl. 14.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
163
jurídico. De allí que, el sentenciador, declaró civilmente
responsables a las demandadas. En el caso de Coacosta
S.A.S., por la vía contractual y en el de Talex S.A.S., por la
extracontractual, de acuerdo con el convencimiento al que
arribó tras valorar el material suasorio. En otras palabras, el
fallador le dio al escrito inicial una interpretación -entre
muchas posibles- que se adecúa al acervo probatorio que
obra en el plenario, sin que su interpretación luzca
antojadiza ni contraevidente. Y, por lo demás, cumplió con
su labor de encuadrar el sustento fáctico de la demanda en
el instituto jurídico correspondiente para cada una de las
partes.
5. Por las razones anotadas, el cargo no prospera.
En definitiva, emerge la frustración de las demandas
formuladas. En efecto, las dos partes ostentan la condición
de vencidas. De allí que, no se condene en costas, según lo
previsto en el numeral 1 del artículo 365 del Código General
del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia proferida el 8 de octubre de 2020,
proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso sub examine.
Radicación n° 47001-31-03-004-2017-00421-01
164
Sin condena en costas.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: BD81A161361205E59039BDF51CB428671B8E292483478C3AF3A308F169119315
Documento generado en 2024-12-16