Texto del documento 117.038 caracteres
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC2795-2024
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la accionada principal, demandante en
reconvención, Constructora Colpatria S.A., frente a la
sentencia de 11 de noviembre de 2021 proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
el proceso verbal promovido por Unirep S.A.
I. EL LITIGIO
1. La accionante solicitó declarar que celebró un
contrato de asesoría técnica, comercial y financiera con
Constructora Colpatria S.A. y que esta lo incumplió al no
pagarle toda la remuneración. Exigió US$136.612,90 por la
cuota onceava e igual cantidad por la doceava, convertidos a
moneda legal colombiana con la tasa representativa del
mercado al momento del pago, e intereses moratorios a la
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
2
tasa máxima legal para operaciones en dólares americanos
desde el 19 de agosto de 2009, para el primer valor y desde
el 16 de septiembre para el segundo.
Expuso que el 11 de junio de 2007 Unirep S.A., hizo
oferta a Constructora Colpatria S.A., referida a la prestación
de servicios de asesoría comercial, financiera y técnica en el
«proceso concursal en el cual participa la Constructora Colpatria
y que tiene como fin el acompañamiento, la preparación,
presentación de la oferta y acompañamiento durante la ejecución
del puerto de propiedad de la empresa Complejo Portuario
Industrial de Buenaventura S.A.».
En ese prospecto de negocio, la constructora debía
pagarle una comisión de éxito «equivalente a tres por ciento
(3%) del costo directo del valor total de la obra que firme la
Constructora Colpatria con la sociedad Complejo Portuario
Industrial de Buenaventura SA.», el 20% de ese valor sería
saldado 30 días después de suscrito el contrato y el 80%
dentro de los 12 meses siguientes.
La Constructora Colpatria S.A. aceptó la oferta y la
ejecutó. Suscribió el contrato del Proyecto Construcción
Puerto de Buenaventura con la Sociedad Portuaria Terminal
de Contenedores de Buenaventura S.A. por
$143.443’141.000. Asintió las diez facturas que Unirep S.A.
le presentó por su gestión, que totalizaban US$1’775.967,68,
y las descargó a tiempo.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
3
Desde mayo de 2009 dejó de darle información
necesaria para continuar con la ejecución del contrato y
denunció a la representante legal de Unirep S.A., «por la
presunta comisión de los delitos de estafa (...) alegando entre
otras cosas que no se llevó a cabo la asesoría, pero se
tramitaron y pagaron las cuentas de cobro». Esa indagación
fue archivada por la Fiscalía 72 delegada ante los Tribunales
de Bogotá, el 4 de noviembre de 2016, al no haber encontrado
irregularidades.
Aunque la constructora no exteriorizó su intención de
terminar el contrato, ni pretextó inconformidad frente a la
labor pactada, dejó de amortizarle «las sumas
correspondientes a las cuotas onceava y doceava, que debía
pagar el 15 de agosto de 2009 y el 15 de septiembre de 2009,
respectivamente y tampoco ha pagado los intereses de mora
desde que cada una de ellas se hizo exigible» (fls. 152 a 176 y
185 a 189, cno.1, archivo digital).
2. La Constructora Colpatria S.A. se opuso y alegó:
«Falta de los requisitos mínimos de una oferta comercial al ser
totalmente incierta e inexistente la fecha de remisión»; «falta de los
requisitos mínimos de una oferta comercial ; «Falsedad en la fecha
en que se habría aceptado la oferta»; «falta de aceptación expresa
de la oferta»; «inexistencia de los requisitos legales de la oferta»;
«incumplimiento de las obligaciones contenidas en la oferta»;
«excepción de contrato no cumplido»; «falta de exigibilidad de las
obligaciones pretendidas»; «terminación unilateral por
Constructora Colpatria»; «terminación del contrato por parte de
Constructora Colpatria y aceptación de la terminación»;
«aceptación del demandante de la terminación»; «cobro de lo no
debido»; «pago de lo no debido»; «inexistencia de conocimiento o
experiencia en cabeza del demandante Unirep S.A. para prestar
los servicios que reclama a Constructora Colpatria»; «falta de cobro
de las obligaciones»; «nulidad absoluta del supuesto contrato»;
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
4
«nulidad relativa del supuesto contrato»; «prescripción de la acción
de cobro de honorarios por servicios profesionales de carácter
privado» e «improcedencia en la liquidación de los montos
económicos reclamados» (fl.306 a 384, cno.1, archivo
digital).
3. En escrito separado reconvino y pidió declarar que
nunca aceptó expresamente la oferta de Unirep S.A., que los
pagos efectuados carecen de causa jurídica debiéndole ser
restituidos y que no está obligada a sufragar valores
adicionales, sino que su contraparte debe cubrir el «lucro
cesante, la corrección monetaria y los intereses legales» sobre
el dinero indebidamente recibido. En su defecto, declarar la
nulidad absoluta del acuerdo contenido en la oferta, «por
incapacidad de la sociedad extranjera para celebrar contratos
válidos en Colombia», o el incumplimiento de la oferta,
atribuible a Unirep S.A. por desatender sus débitos y, en todo
caso, rembolsarle lo pagado (fls. 3 a 23, cno.4, archivo digital).
La reconvenida se mostró en desacuerdo y excepcionó:
«Existencia de la oferta mercantil y su aceptación por parte de
Constructora Colpatria»; «contrato legalmente celebrado»;
«cumplimiento del contrato por parte de (...) Unirep»; «las
pretensiones de la demanda de reconvención desconocen el
principio de buena fe con que deben ejecutarse los contratos y
desconoce el postulado que prohíbe actuar en contra de los actos
propios ejecutados por la parte»; «buena fe de Unirep», y «el pago
hecho a favor de Unirep fue hecho conforme al contrato celebrado
entre las partes» (fls. 44 a 78, cno. 4, archivo digital).
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en
fallo de 11 de febrero de 2020, negó las súplicas de la
demanda principal, desestimó las excepciones enarboladas
contra la reconvención y exoneró a la Constructora Colpatria
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
5
S.A. de la obligación de pagar los saldos reclamados. En esa
línea, condenó a Unirep S.A. a reembolsarle
US$3’444.388,16 que le habrían sido sufragados sin causa,
con corrección monetaria (fls. 788-789 cno.2, archivo digital).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver la alzada de Unirep S.A., el Tribunal, en
sentencia de 11 de noviembre de 2021, revocó lo decidido por
el juzgador a quo. En su lugar, declaró que Constructora
Colpatria S.A. incumplió el contrato de 11 de junio de 2007
y le ordenó pagar los saldos solicitados con réditos
moratorios, liquidados a la tasa máxima comercial, para lo
cual expuso:
Los presupuestos de la responsabilidad civil
contractual son la existencia de un contrato y su
incumplimiento culposo por el deudor, el daño irrogado al
acreedor y el nexo causal entre aquel y este.
Identificada la relación jurídica que existió entre las
partes, se establece que Unirep atendió sus obligaciones,
pues de lo contrario sería inexplicable por qué la
Constructora Colpatria S.A. le pagó casi todo el precio
pactado. La cláusula décima de la oferta le otorgó a dicha
constructora la prerrogativa de «[…] dar por terminada la
prestación de la asesoría o acompañamiento dando aviso
escrito al oferente con al menos cinco (5) días de anticipación
a la fecha efectiva de terminación de la asesoría, con el
propósito de que el oferente tenga la oportunidad de tomar
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
6
acción correctiva. Si tal acción correctiva no es tomada, se dará
por terminada la prestación de la asesoría» si la oferente
incumplía sus obligaciones, sin que esté acreditado el
ejercicio de ese privilegio.
Queda sin bases la postura de la Constructora y ello es
suficiente para dar por establecidos los presupuestos de la
responsabilidad civil contractual. Esto, al ser innegable el
daño o perjuicio ocasionado a Unirep S.A., pues de forma
injustificada se le privó del pago de las dos últimas cuotas
pactadas, lo cual fue consecuencia del incumplimiento de su
contraparte. Por lo tanto, prospera la acción principal y se
ordenará el pago de las dos cuotas reclamadas con intereses
de mora, pero sin indexación al haber sido pactadas en
dólares y porque una de las partes no es residente en el país,
ante lo cual es inaplicable la Resolución Externa n.° 53 de
1992 de la Junta Directiva del Banco de la República.
Frente a la reconvención hay que decir que el
documento titulado oferta contiene un contrato de asesoría,
sin que ese negocio se invalide porque Unirep S.A., sea una
sociedad panameña y carezca de sucursal en Colombia, pues
ese pacto tenía carácter transitorio y por ello esta no requería
autorización de ninguna entidad gubernamental, ni debía
crear una sede en el territorio nacional.
No se probó que Unirep S.A. haya incumplido sus
obligaciones. Frente a esto, la declarante Alicia Naranjo,
Vicepresidente de Infraestructura y Concesiones de la
Constructora Colpatria, indicó que laboró en el Invias y
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
7
conocía bien el tema de las concesiones, tanto así que Andrés
Camargo la llevó a la Constructora Colpatria en abril de 2006
para que creara el área de Infraestructura y Concesiones,
pues hasta ese entonces tal entidad se dedicaba solo a
construir viviendas, narró que en febrero de 2007 le dieron
representación legal para suscribir toda clase de contratos.
Añadió que muchas personas acudían a esa
constructora para consolidar alianzas estratégicas y que, al
carecer de experiencia en infraestructura, esta necesitaba
unirse a quienes si la tuvieran a fin de participar en
licitaciones públicas y privadas. Que en una ocasión se
reunieron con Harry Beda, quien le dijo que tenía una
empresa llamada Unirep S.A. y podía hacer que los invitaran
a una subasta. Dijo que, tras ser convocados, Unirep S.A.
comenzó el acompañamiento financiero y técnico en julio de
2007. Agregó que como la Constructora Colpatria presentó la
mejor propuesta ganó la licitación y en mayo de 2008 firmó
contrato. Destacó que Unirep S.A. asistía a las reuniones, les
explicable cómo tenían que construir, prestaba el
asesoramiento necesario en el tema de los pilotes e hizo una
gestión importante para resolver una dificultad sobre la
variación de la tasa representativa del mercado, al punto que
su labor fue meritoria y llevó a que se le entregara a la
Constructora un anticipó del 50% para iniciar la labor.
Ese relato coincide con el del representante legal de
Unirep S.A. cuando fue interrogado, así como con las
manifestaciones del declarante Camilo Gómez Álzate
respecto a que Harry Beda los contactó para saber si era
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
8
posible que, en la fase en que se hallaba el proceso de la
licitación privada, se vinculara a otra compañía y les propuso
invitar a la Constructora Colpatria S.A., a lo cual agregó que
«Se reunieron con el gerente de esa firma constructora y con
[…] Ángel Pérez Maura, y se aceptó la incursión de Colpatria,
atendiendo su trayectoria». Expresó también que «la tasa de
cambio era un problema en el contrato porque había mucha
inestabilidad, situación que por poco trunca la negociación,
pero que el señor Beda intervino dando fórmulas cambiarias
y, además, desplegó gestiones para solucionar el tema que se
presentó con los pilotes». Finalmente, este testigo afirmó que
no se favoreció a nadie y que fue gracias a que Harry Beda
llevó a la Constructora Colpatria S.A. que esta construyó el
puerto, lo cual es concordante con la versión de Juan Manuel
Barraza, quien dio detalles de la negociación.
Esas pruebas desvirtúan lo concluido por el a quo y
hacen ver que Unirep S.A. atendió los compromisos
asumidos al suscribir el contrato, sobre todo porque en la
cláusula segunda la única obligación que asumió fue la de
prestar asesoría técnica, comercial y financiera respecto del
proceso de selección mencionado, así como adelantar todos
los contratos pendientes con el cliente y estudiar con la
constructora todas las propuestas técnicas a presentar con
sus debidos flujos de caja y, en general, a manejar todos los
aspectos tendientes a la negociación de esta para llevar a
cabo las obras específicas del proyecto. Se observa que Alicia
Arango en su declaración dijo que el negocio de Unirep S.A.
iba hasta la adjudicación del proyecto. Ello se fortalece al
tener en cuenta que la Constructora Colpatria le pagó la
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
9
mayor parte del precio del contrato y solo quedaron
pendientes dos de las doce cuotas mensuales pactadas. Ese
panorama indica que la contratista sí cumplió, pues de lo
contrario la contratante no habría atendido gran parte de la
contraprestación convenida.
Carece de justificación que la constructora diga que
esos pagos se hicieron sin saber de la existencia del contrato,
pues tiene diversas áreas [financiera, de control, de
infraestructura] ligadas entre sí y sujetas a la vigilancia por
parte de su presidencia, tanto así que hay soporte de las
autorizaciones de pago dadas por el área respectiva tras
verificar que Unirep S.A. estaba registrada como un servicio
de asesoría comercial, financiera y técnica del puerto. Este
hallazgo se refuerza con la declaración de Andrea Liliana
Ibáñez Galvis, gerente financiera en esa época, quien habló
de los pagos realizados a Unirep S.A. sobre los cuales tenía
conocimiento directo. También aparece la versión de Milady
Johana Alvarado, quien era la revisora fiscal, y dijo no haber
advertido ninguna anomalía en esos desembolsos.
Si la Constructora Colpatria S.A. pagó sin reparo gran
parte del precio, ello es muestra de conformidad con el
cumplimiento de Unirep S.A. que se había comprometido a
lograr que aquella fuera invitada a participar en la licitación
privada, así como a que obtuviera el contrato para construir
el puerto. Los «consumibles» o «entregables» que el a quo
señaló como faltantes para argumentar el incumplimiento
del contrato por Unirep S.A. y a los cuales se refirió Luz
Amparo Polanía en su declaración como presidenta de la
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
10
Constructora Colpatria en esa época, no tenían por qué ser
entregados, dado que no fueron pactados en la negociación.
Por lo tanto, se revoca la sentencia apelada y, en su
lugar, se accede a las pretensiones de Unirep S.A., es decir,
se condena a la Constructora Colpatria S.A. a pagarle el
capital reclamado y los intereses de mora sobre esos valores.
En auto de 9 de diciembre de 2021 resolvió la solicitud
de aclaración hecha por Unirep S.A. e indicó que los intereses
de mora serán liquidados al tenor del artículo 884 del Código
de Comercio, en armonía con los artículos 11.2.5.1.2 y
11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, toda vez que el Banco
de la República no ha previsto tasas específicas para liquidar
los de operaciones en las que uno de los involucrados sea
residente extranjero (fls. 272 a 276, cno.005 archivo digital).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La Constructora Colpatria SA., formuló tres cargos, dos
al amparo de la causal segunda y el restante por la vía
primera del artículo 336 del Código General del Proceso.
La Corte desatará conjuntamente los iniciales porque
alegan errores probatorios que desvirtuarían uno de los
presupuestos de la responsabilidad civil contractual, lo cual
significa que tienen efectos totalizadores, pues de salir
airosos derrumbarían la tesis central de la sentencia del
Tribunal, de ahí que ameriten razonamientos comunes. Si
ninguno progresa, al final, zanjará el tercero.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
11
CARGO PRIMERO
Por la vía segunda de casación, acusó al ad quem de
infringir indirectamente los artículos 1546, 1602, 1603,
1620, 1622 y 2063 del Código Civil; y 870 y 968 del Código
de Comercio, como consecuencia de error de hecho
manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas,
al dar por demostrado que Unirep S.A. cumplió sus
compromisos, aun cuando las pruebas muestran que no
ejecutó ni uno solo. Según el cargo, el Tribunal:
Erró al apreciar las cláusulas primera y segunda del
contrato mercantil de asesoría técnica, comercial y
financiera, ya que estimó que las obligaciones de Unirep S.A.
iban hasta la adjudicación del proyecto de construcción del
puerto sin advertir que, según la primera de esas
estipulaciones, debía brindar asesoría y acompañar a la
Constructora en la ejecución del puerto de propiedad del
Complejo Portuario Industrial de Buenaventura S.A., sin que
haya acreditado esa labor, además no desvirtúo la negación
que en tal sentido realizó Constructora Colpatria S.A.
Inadvirtió que Unirep SA. no demostró que prestó
asesoría comercial, financiera y técnica en el concurso en que
participó Constructora Colpatria SA., ni acreditó haber
observado los acuerdos sobre cronogramas, estrategias
técnicas, comerciales y financieras, presupuesto, plan de
tareas de soporte en periodos mensuales y los informes de
gestión necesarios para la correcta preparación,
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
12
presentación y seguimiento en el caso de que a su
contraparte le fuera adjudicada la licitación.
Varió el objeto del contrato de asesoría técnica,
comercial y financiera que suponía realizar gestiones y
entrega de estudios, informes y tareas para construir el
puerto, por uno de comisión, cuya única obligación de Unirep
S.A. era acercar a la constructora a la firma dueña del puerto,
en contravía de lo pactado, desacierto con el cual alteró las
prestaciones asumidas por las partes.
Relegó la falta de imparcialidad de la declarante Alicia
Arango, al ser quien hizo el contrato. La obligación de Unirep
no consistía en asistir a las reuniones, de ahí que lo expuesto
por esta deponente ninguna relevancia tuvo frente a la
acreditación del cumplimiento de los deberes de esa entidad.
Tampoco tiene credibilidad lo que dijo acerca de que esa
empresa le indicaba a la constructora «cómo tenía que
construir» y que «prestaba el asesoramiento necesario en el
tema de los pilotes» porque ninguno de esos aportes podía
hacer tal compañía ya que su objeto social no estaba
relacionado con las actividades de construcción, de ahí lo
insostenible que resultó la aludida declaración.
Se contradijo al decir que Unirep asesoró a
Constructora Colpatria S.A. en la edificación del puerto, a
pesar de que en un párrafo anterior sostuvo que las
obligaciones de aquella no iban más allá de acercar a las
partes en la fase de adjudicación de esa obra.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
13
Tergiversó el relato de Camilo Gómez Álzate, pues
extrajo que Unirep S.A. satisfizo sus débitos aun cuando este
declarante ninguna alusión efectúo respecto del
cumplimiento de las obligaciones que esa empresa adquirió
en el acuerdo de asesoría técnica, comercial y financiera.
Alteró el testimonio de Juan Manuel Barraza al decir
que se refirió a los pormenores del negocio. Empero, esa
escueta manifestación del tribunal ni siquiera hizo ver cuáles
habrían sido los supuestos detalles del contrato ni precisó
las conclusiones extraídas de ese relato, de ahí el desacierto
en su valoración por falta de motivación sobre su análisis.
Pretirió el testimonio de Andrea Liliana Ibáñez Galvis,
quien indicó que las órdenes de pago de las facturas
presentadas por Unirep S.A. venían con autorización de
Alicia Arango, que era la vicepresidente y representante legal
de la constructora y que, por ello, la gerencia financiera de
esta no verificaba la realización de las obligaciones de la
creadora, sino que las pagaba por orden de la señora Arango
como supervisora del contrato. Esta prueba es relevante
porque muestra que, según la estructura organizacional de
Constructora Colpatria S.A., para la época de los hechos, era
posible que esta hiciera desembolsos sin contraprestación,
pues bastaba que fueran autorizados por el supervisor, que
en el caso era Alicia Arango, de ahí el desacierto del Tribunal
respecto a que si hubo 10 pagos fue porque existió alguna
contraprestación por los servicios cobrados.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
14
Omitió la versión de Luz Amparo Polanía y de Néstor
Andrés Abella que evidencian la falta de contraprestación o
servicio de Unirep que justificaran los pagos hechos y falló
con base en suposiciones y conjeturas, pues la retribución
de una parte del precio jamás ha sido prueba, ni siquiera
circunstancial del cumplimiento de una obligación. Además,
si la Constructora no usó la cláusula de terminación
unilateral por incumplimiento no significa que Unirep S.A.,
haya honrado sus débitos. La solución correcta imponía
resolver el contrato por desatención de la reconvenida, al ser
esa la única salida con sustento probatorio.
CARGO SEGUNDO
Denunció la infracción indirecta de los artículos 1546,
1602, 1603, 1620, 1622 y 2063 del Código Civil; y 870 y 968
del C. de Comercio, a causa de errores de derecho por
desconocer los artículos 164, 167, 176 y 221 del Código
General del Proceso, porque no hay ni una sola prueba que
permita inferir que Unirep SA., cumplió sus obligaciones.
De haber aplicado las reglas de la carga de la prueba, el
tribunal habría concluido que Unirep no demostró haber
cumplido sus débitos, pues faltó al deber de
acompañamiento a la constructora en la preparación y
presentación de la oferta; tampoco intervino en la ejecución
del puerto de Buenaventura, como lo exigía la cláusula
primera. Además, no presentó cronogramas, estrategias
técnicas, comerciales y financieras, presupuesto, plan de
tareas de soporte en períodos mensuales ni los informes de
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
15
gestión necesarios para la correcta preparación,
presentación y seguimiento, como se estipuló en el inciso
segundo de la cláusula primera.
Esa regla probatoria le imponía al ad quem aplicar el
artículo 870 del Código de Comercio, en el sentido de resolver
el contrato de asesoría por incumplimiento de la contratista,
y hacía ver que los tres testimonios en los que se apoyó son
vagos, imprecisos e inexactos, aunado a que no fueron
imparciales sino cercanos a Unirep y a su representante
legal, que fue quien fraguó el ardid para defraudar
patrimonialmente a Constructora Colpatria S.A.
CONSIDERACIONES
1. El principio de autonomía de la voluntad es pieza
clave en la contratación privada contemporánea, ya que
otorga a las partes la posibilidad de regular sus intereses de
manera válida y coercible, siempre que se respeten los límites
del orden público, el ius cogens y las buenas costumbres.
Ese axioma, conocido como pacta sunt servanda, está
reconocido en el artículo 1602 del Código Civil, a cuyo tenor
«[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causales legales». Se trata, stricto
sensu, de un postulado cardinal en la configuración de las
relaciones jurídicas contractuales. Esto porque asegura que
lo convenido sea vinculante para las partes y habilita a quien
cumplió en tiempo o estuvo dispuesto a hacerlo para exigirle
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
16
las indemnizaciones correspondientes a quien infringió sus
compromisos o los atendió de forma imperfecta o tardía.
Al analizar ese ordenamiento legal, en la CSJ SC1962-
2022 se expresó que:
Esa norma determina la fuerza vinculante, obligatoria y coercible
del acuerdo de voluntades, al advertir que si a él se llega de forma
válida «no podrá ser derogado sino por causas legales o por mutuo
consentimiento», lo que significa que ninguno de los contratantes
puede separarse -total o parcialmente- del programa obligacional,
so pena de infringir sus compromisos; en cuyo caso, la otra parte,
que sí satisfizo o estuvo dispuesta a atender los suyos en la forma
y tiempo debido, tiene a su disposición diversos remedios
contractuales de carácter jurídico, ya que puede exigir la
realización de lo pactado u optar por su extinción mediante la
resolución o la terminación (arts. 1546 C.C. y 870 C. de Co.) según
proceda, y reclamar, asimismo, la reparación del demérito sufrido.
Se enfatiza así que, en el ámbito del derecho privado,
los contratantes pueden regular válidamente sus intereses
dentro de los límites legales (art. 16 CC). Por consiguiente, al
establecer una relación jurídica contractual ejercen su
autonomía para configurar y definir el programa obligacional
que desean cumplir en virtud de la libertad de regulación y
autogobierno reconocida por el Estado a los particulares.
Por lo general, los términos del negocio determinan su
objeto y el alcance de lo convenido, así como los deberes de
conducta de cada integrante. Sin embargo, cuando lo
pactado es ambiguo, impreciso e ininteligible, resulta
necesario aplicar métodos hermenéuticos correctivos para
superar esa falta de claridad y comprender adecuadamente
la intención de las partes respecto al acuerdo de voluntades.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
17
Con ese fin, el ordenamiento legal establece varios
sistemas interpretativos. El Código Civil, desde el artículo
1618 hasta el 1624, proporciona un catálogo de reglas
hermenéuticas que guían al juez en la labor de resolver la
obscuridad advertida al escudriñar un negocio jurídico.
Así, en la CSJ SC 18 feb. 2003, rad. 6806 se precisó:
(…) la interpretación de los contratos es cuestión librada por el
legislador a la autonomía del juzgador, para lo cual lo ha dotado
de una serie de pautas o directrices encaminadas a guiarlo en su
tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las
estipulaciones de las partes, descubrir la genuina voluntad que las
animó al celebrar el contrato e identificar los fines perseguidos al
ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la voluntad
negocial. Entre esas reglas, cabe destacar por lo que al caso
interesan, las previstas por los artículos 1618, 1620 y 1621 del
Código Civil.
Eso mismo se volvió a decir en la CSJ SC069-2023:
Bien es sabido que en materia de interpretación de los contratos el
esfuerzo del opugnador para revelar algún desvío del ad quem es
mayúsculo, puesto que por obvias razones la propuesta que haga
siempre va a estar marcada por el sesgo del favorecimiento a sus
intereses particulares, de tal manera que las simples divergencias
entre lo que se convino y la manera como lo entiende cada uno de
los pactantes es insuficiente para suplantar la lectura que en el
ámbito del litigio haga el operador judicial aplicando los principios
que rigen los contratos para revelar su verdadera esencia.
Esas pautas interpretativas son características del
sistema civil del siglo XIX o decimonónico. No obstante,
siguen siendo relevantes y se aplican también al derecho
mercantil por virtud del principio de remisión establecido en
el artículo 822 del Código de Comercio que actúa como
puente comunicante entre ambas legislaciones.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
18
Lo anterior resulta relevante, dado que las partes
pueden regular sus intereses a través de los esquemas
contractuales del Código Civil, del de Comercio y de otros
regímenes del sistema jurídico nacional. También tienen la
libertad de elegir formas jurídicas alternativas, incluso si
carecen de regulación específica, lo que puede llevar a la
creación de contratos atípicos. Esta última opción no
desvirtúa la validez ni la obligatoriedad del convenio, siempre
que cumpla los requisitos legales mínimos de cualquier
contrato. En tal caso, lo consentido se vuelve obligatorio,
coercible y vinculante para quienes lo acordaron.
2. En los dos primeros cargos la Constructora Colpatria
S.A. disputa la tesis central del Tribunal, según la cual
Unirep S.A. cumplió sus obligaciones y tiene derecho al pago
total de la remuneración pactada en el contrato de asesoría
comercial, técnica y financiera, para lo cual argumenta que
ninguna prueba respalda tal conclusión y que el fallador
distorsionó sus cláusulas primera y segunda, pues alteró los
deberes de la contratista.
3. La infracción de la ley sustancial puede ocurrir de
forma directa o indirecta. Esta última modalidad, que fue la
invocada, está regulada por el Código General del Proceso en
la segunda causal de casación y acaece cuando el fallador
comete error de hecho o de derecho. En el primero, el dislate
se manifiesta en la ponderación objetiva de la prueba, la
demanda o su contestación, por cercenamiento, adición o
tergiversación. En el segundo la mácula ocurre en la fase de
la contemplación jurídica de la prueba. En cualquiera de esos
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
19
supuestos, el desacierto, además de manifiesto y
contraevidente, debe haber impactado la decisión, es decir,
tiene que ser trascendente.
Acorde con esos parámetros técnicos, la adecuada
proposición de un cargo soportado en la comisión de un
desatino de hecho le impone al recurrente individualizar las
pruebas mal apreciadas, ya sea por omisión, suposición o
desfiguración de su contenido, y efectuar la labor de
parangón entre lo que demuestran y lo que dedujo o
inadvirtió el juzgador, pues a partir de ese laborío debe salir
a la luz la apreciación contraevidente y trascendente, sin
perjuicio de enfocar la acusación a desvirtuar todas la
premisas del fallo, de modo que el embiste sea totalizador y
mine su núcleo argumentativo. Si la pifia fue de derecho,
debe hacer ver que el fallador erró en la ponderación jurídica
de la prueba al asignarle valor a la que estaba desprovista de
él por no satisfacer las reglas sobre su aducción, solicitud,
decreto o práctica, ora por quitárselo a la que sí cumple tales
exigencias, so pretexto de no cumplirlas, así como por
valorarla de forma aislada.
Sobre este aspecto, en la CSJ SC1468-2024 se enfatizó
que al aducir yerros probatorios «la labor del impugnante ‘no
puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista
antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones
meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría
de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley’» (CSJ, SC
15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01, CSJ SC 20 Mar. 2013,
Rad. 1995-00037-01, SC2501-2021 y SC4127-2021).
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
20
4. A partir de esas premisas generales, la Sala descarta
la existencia de los yerros de facto y de iure atribuidos al
Tribunal.
Ese juzgador concluyó que el documento denominado
oferta constituye un contrato de asesoría comercial, técnica
y financiera, sin que esa premisa haya sido cuestionada en
casación, ante lo cual se exhibe intangible para la Corte.
Hecha esa precisión, se procede a hacer el cotejo
respectivo. Con ese fin, se transcriben las estipulaciones
primera y segunda del contrato en cuestión:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. […] [Unirep S.A.] de
manera independiente, es decir, sin que exista subordinación
laboral respecto de la Constructora Colpatria S.A.S. se compromete
a prestar asesoría comercial, financiera y técnica dentro del
proceso concursal en el cual participa la Constructora Colpatria
S.A.S. y que tiene como fin el acompañamiento en la preparación,
presentación de la oferta y acompañamiento durante la ejecución
del contrato. En el proceso y seguimiento en caso de salir
favorecido en la construcción del puerto de propiedad de la
empresa Complejo Portuario Industrial De Buenaventura S.A. a
desarrollarse en el Municipio de Buenaventura, Colombia.
La Gerencia Administrativa, Técnica y/o Comercial de la
Constructora Colpatria S.A.S. y [Unirep S.A.] establecerán
acuerdos sobre los cronogramas, estrategias técnicas, comerciales
y financieras, presupuesto, plan de tareas de soporte en períodos
mensuales y los informes de gestión que sean necesarios para la
correcta preparación y presentación y seguimiento en el caso de
ser adjudicatarios del contrato de Construcción del Puerto
Industrial de Buenaventura
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE UNIREP.
Prestándose por ende la asesoría y acompañamiento técnico,
comercial y financiero contemplada (sic) en el término primero (...),
[Unirep S.A.] se compromete a: 1) Prestar asesoría técnica,
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
21
comercial y financiera respecto del proceso concursal mencionado,
adelantando todos los contactos pertinentes con el cliente
(sociedad propietaria del futuro terminal de contenedores),
estudiado (sic) con la Constructora las diferentes propuestas
técnicas a presentar con sus debidos flujos de caja y en general
manejando todos los aspectos tendientes a la contratación de la
Constructora Colpatria S.A.S. para adelantar las obras específicas
involucradas en el desarrollo del proyecto» (fl. 24 a 30. cno. 1, archivo
digital).
La discrepancia central entre las disposiciones
contractuales reproducidas y las objeciones de la
Constructora Colpatria S.A. tiene como núcleo la
interpretación que el Tribunal le otorgó a los compromisos
adquiridos por Unirep S.A., en contraste con la posición
asumida por la casacionista. Esto porque ese fallador asumió
que esta última solo se comprometió a asesorar a la primera
en la presentación de la propuesta para que participara en el
proceso privado de selección del contratista encargado de
construir el Terminal de Contenedores de Buenaventura y
concluyó que cumplió esas obligaciones al facilitar la
adjudicación de la obra a dicha postulante, pues su
intervención fue decisiva en ese propósito. En contraste, la
recurrente argumenta que tal interpretación es limitada, está
fuera de contexto y contradice la cláusula primera del
contrato que establece obligaciones continuas de asesoría
durante la ejecución del puerto del Complejo Portuario
Industrial de Buenaventura S.A.
Una lectura literal de la cláusula primera del contrato
confirmaría la hipótesis de la Constructora Colpatria S.A.,
pues indica que Unirep S.A. se habría obligado a prestar
asesoría comercial, financiera y técnica, así como a
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
22
acompañarla durante la ejecución del contrato en caso de
que le fuera adjudicado el proyecto para construir el puerto
de Buenaventura, tesis que se refuerza con los acuerdos
detallados sobre cronogramas, estrategias técnicas,
comerciales y financieras, así como reportes y seguimiento
mensual.
Sin embargo, junto con esta evidencia documental,
también se deben considerar otras pruebas que le hicieron
ver al Tribunal que esa cláusula no refleja de forma exacta y
fidedigna la verdadera intención de las partes. Tal
razonamiento no asoma desfasado, pues hay situaciones en
las que el texto literal de un contrato no coincide con la
voluntad de las partes, como acontece cuando estas
consignan algo diferente a lo que realmente planean ejecutar,
ya sea de manera intencional o por descuidos en la redacción
del acuerdo, lo que genera una estructura obligacional
oscura, ambigua e inteligible que dificulta la comprensión de
lo estipulado.
Aunque siempre se espera que el contenido del contrato
refleje fielmente la voluntad de las partes involucradas, en
ocasiones su texto literal puede diferir, en mayor o menor
medida, de lo anhelado por ellas. En tal hipótesis, el análisis
probatorio será determinante para establecer si existe alguna
discrepancia entre lo formalizado y lo pretendido por los
contratantes, lo cual permitirá al juez determinar las
implicaciones correspondientes frente al temario materia de
la disputa.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
23
Precisamente, en la CSJ SC6227-2016 se recordó que:
En el derecho privado nacional en materia de interpretación
contractual rige el principio básico según el cual ‘conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella
más que a lo literal de las palabras’ (artículo 1618 del Código
Civil). Desde antiguo, la jurisprudencia y la doctrina han señalado
que este principio es el fundamental dentro de la labor
interpretativa, al lado del cual los demás criterios y reglas
establecidos en el Código Civil toman un carácter subsidiario,
instrumental o de apoyo, en la labor de fijación del contenido
contractual. Se ha indicado, igualmente, como ya se anotó, que la
búsqueda de la común intención de los contratantes no está
condicionada a que la manifestación sea oscura o ambigua, toda
vez que la citada labor será igualmente indispensable si, a pesar
de la claridad en la expresión literal de las estipulaciones, existe
una voluntad común diferente y esta es conocida. Ahora bien,
‘cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un
pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin
asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas
estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad
interna de aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier
intento de interpretación (Cas. Civ. 5 de julio de 1983, Pág. 14,
reiterada en Cas. Civ. de 1º de agosto de 2002. Expediente No.
6907). Es, en todo caso, necesario que la claridad en el sentido de
las expresiones utilizadas surja del examen que el intérprete
realice de su utilización en el contexto en el que las partes han
contratado, pues, además de auscultarse el sentido natural y
obvio de las palabras, menester será, en algunas ocasiones,
acudir a las diversas acepciones que las mismas tengan, o al
significado técnico que en tal contexto se les asigne, o, incluso, al
sentido que los contratantes les hayan dado en otras
oportunidades… (CSJ SCC de 19 de diciembre de 2008, Rad.
2000-00075-01).
Esta precisión es crucial dado que el Tribunal estableció
que el texto explícito de la cláusula primera del contrato de
asesoría técnica, comercial y financiera, particularmente en
lo referente a los compromisos asumidos por Unirep S.A., no
concuerda verdaderamente con la voluntad real de las
partes, ya que existen otros elementos probatorios que ponen
al descubierto esa discordancia.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
24
A esa conclusión arribó tras advertir que las personas
naturales que actuaron como representantes de las partes en
la celebración del contrato, a saber: Harry Beda Malca, por
parte de Unirep S.A. y Alicia María de Jesús Naranjo Uribe,
en nombre de la Constructora Colpatria S.A., coincidieron al
declarar que estuvieron de acuerdo en que la primera
asesoraría a dicha proponente en la presentación de una
propuesta para permitir su participación en el proceso
privado de selección del Terminal de Contenedores de
Buenaventura y que este servicio culminó con el cierre del
proceso concursal y la adjudicación de la obra a tal
compañía, lo que justificó el pago de la remuneración.
Para darle solidez a ese hallazgo, Harry Beda Malca, en
la audiencia de 10 de abril de 2019, sostuvo:
(…) nosotros contactamos a la Constructora Colpatria, yo
personalmente, a ofrecerles la posibilidad de que utilizaran
nuestros servicios para gestionar o participar en un proyecto para
la construcción en un puerto en Buenaventura. La gestión nuestra,
principal, era asesorarlos en la consecución de ese contrato.
Entonces, la Constructora Colpatria aceptó nuestra oferta de
servicios y se firmó un acuerdo de servicios de la sociedad Unirep
que yo represento a la Constructora Colpatria. Se gestionó ante la
sociedad Pérez & Compañía, que eran en ese momento los dueños
del puerto de Buenaventura, había[n] otros socios, pero ellos
tenían control mayoritario y tenían el manejo operativo. Entonces,
se gestionó, se asesoró a la Constructora Colpatria sobre distintos
temas, en la presentación de la oferta. Había un tema muy
sensible que era el tema cambiario, considerando que era un
proyecto a dos años de plazo con peligros de devaluación. También
se evaluaron temas de licencias ambientales, licencias operativas,
es decir, de una serie de temas que teníamos que incluir en la
oferta. Finalmente, la Constructora Colpatria fue favorecida con el
contrato. Contrato que se desarrolló en su totalidad, nosotros
asesoramos a la Constructora muchísimo más al principio en el
proceso de negociación y de solución de problemas, como le digo,
cambiarios jurídicos que presentaba el proyecto, y posteriormente
hicimos algún acompañamiento en la parte técnica en la medida
en que la Constructora nos lo fuera solicitando, aclarándole al
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
25
despacho que la Constructora era libre de pedir la asesoría que
necesitaría y las que pidió, pues se las dimos, en mi opinión, a
satisfacción. La constructora recibió el pago completo por la obra y
le pagó a Unirep el 3% del costo de la obra, que en ese momento
aproximadamente equivalía a 68 millones de dólares. Se pactó el
3% sobre el costo directo, es decir, excluyendo los gastos
administrativos e indirectos de la constructora, y nos pagaron en
un pacto de pagos a un año porque la Constructora, con bastante
fundamento, quería tratar de pagar un poco proporcionalmente en
la misma medida en que el cliente le pagara a la Constructora el
proyecto. Entonces, se pactó un anticipo y se pactó adicionalmente
unas cuotas mensuales que se pagaron todas, con excepción de
dos. Esas cuotas fueron pagadas por la Constructora Colpatria
mediante transferencia, con retención en la fuente, a través del
Banco de la República, es decir, todo absolutamente legal y
transparente, tanto jurídicamente como comercialmente1.
De ese relato se infiere que las obligaciones de Unirep
S.A. consistieron en acompañar a la Constructora Colpatria
S.A. en la etapa precontractual y que así lo hizo, pues logró
que esta fuera invitada a la ronda de selección de
contratistas2 y luego le colaboró en la estructuración de
coberturas de riesgos cambiarios, así como en la evaluación
de «temas de licencias ambientales y licencias operativas»3,
con lo cual contribuyó significativamente a lograr la
adjudicación de la obra de infraestructura anhelada.
Con similar orientación, Alicia María de Jesús Naranjo
Uribe testificó, en lo pertinente, lo siguiente:
«…fue un contrato que se celebró en Bogotá, la idea de este
contrato era (…) en el evento en que nosotros nos ganáramos el
contrato, que era entre privados, Unirep se ganaba una comisión
de éxito del 3% sobre los costos directos del contrato. Por qué se
ganaba eso, yo, como les dije, soy ingeniera Civil y trabajé en
Invias a partir de que yo fui la directora general de Invias, pues
1 Cfr. min. 14:22 a 19:00 record).
2 Cfr. min. 14:22 a record).
3Cfr. min. 16:31).
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
26
conocía perfectamente todo lo que era de concesiones y Andrés
Camargo que trabajó conmigo, que trabajamos juntos, me llevó a
la Constructora Colpatria a crear, y esto debemos tenerlo muy
claro, era a crear el área de infraestructura y concesiones. La
Constructora Colpatria, como bien sabemos, es una constructora
que se estaba dedicando solamente a la parte de vivienda. Ellos
hicieron una interiorización de qué era lo que la constructora
Colpatria necesitaba y vieron la necesidad de diversificar hacía el
tema de infraestructura y concesiones ya que se venían unos
contratos importantes en el país en el tema de infraestructura. Me
llamaron a mi para que creara este negocio, este negocio se creó a
partir de cero personas, yo era la primera persona, o sea,
Constructora Colpatria no tenía experiencia en este tipo de
proyectos de infraestructura, razón por la cual me dieron, yo entré
a Constructora Colpatria en abril de 2006 y me dieron la
representación legal con poderes plenos en febrero de 2007 para
que firmara todo tipo de contratos. En este tipo de contratos yo no
solamente firme del puerto de TCB, nos ganamos la doble calzada
Ibagué Cajamarca (…). (1.29:30) Cuando yo inicié el tema de
infraestructura y concesiones en Colpatria… yo lo creé, no había
absolutamente nada. Entonces todo el mundo en aras de verdad
que yo soy estructuradora de proyectos iba (sic) a la constructora
a ver en qué podíamos hacer sociedades estratégicas para
presentar proyectos. En general, los proyectos siempre requieren
de alguien, si, cuando uno no tiene experiencia, para que
entendamos un poquito en el momento en que yo estaba, uno
cuando no tiene experiencia necesita presentar experiencia tanto
en las licitaciones públicas como en las privadas (...). Como la
Constructora Colpatria no tenía experiencia, pues yo me tenía que
unir a la gente que tenían experiencia, nosotros teníamos un
balance financiero importante, y me servía mucho unirme con las
personas que tenían partes técnicas o empresas que creían en
Colpatria, que les presentara proyectos para que Constructora
Colpatria hiciera infraestructura, porque ese era el tema, hacer
infraestructura. Nosotros empezamos, yo empecé a unirme con
muchas empresas, tanto constructoras como de vías, de puentes,
de túneles, de puertos y en una ocasión llegó a la constructora
Juan Manuel Barraza, acompañado, diciéndome que tenía un lote
muy importante, porque yo también tenía proyectos de
infraestructura que no fueran vivienda, tenía un lote importante en
Cartagena y que ese proyecto quería presentármelo a nosotros
para que nosotros lo desarrolláramos como proyecto de no
vivienda. Yo le dije que en realidad yo no estaba interesada en
lotes porque, digamos, mi foco real era infraestructura de vías, de
carreteras, de vías férreas, de puertos, aeropuertos. Ese era mi
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
27
foco. Entonces, después llegó y bueno, me dijo Alicia, yo le tengo
un proyecto para que entremos, para que ustedes puedan entrar y
los inviten, porque en realidad nosotros, pues necesitábamos que
nos presentara alguien para que nos invitara, o nos uniéramos con
alguien para mostrar experiencia en lo que se requería tanto en lo
público como en lo privado. Entonces yo le dije, listo, perfecto.
Fuimos a almorzar con Harry Beda y me dijo yo tengo una
empresa que se llama Unirep, yo puedo hacer que a ustedes los
inviten, y si ustedes se ganan la construcción, pues hacemos una
comisión de éxito. Yo eso lo vi muy normal y es tan normal que en
todas las otras concesiones nosotros dábamos comisiones de éxito.
Qué quiere decir comisión de éxito, que, si yo me presento, por
ejemplo, a la doble calzada Bogotá-Girardot-Cajamarca, como
sucedió, y me la gano, pues yo le doy comisión de éxito a las
personas que colaboraron para que yo me ganara ese premio. Esa
concesión, como yo presenté dentro de toda la historia de todo esto,
desde el 2010 que vengo presentando todo lo que yo hice, yo
presentaba, por ejemplo, la comisión de éxito a Prieto Carrizosa,
yo presentaba comisión de éxito a todos los que me han dicho. Yo
tengo una fija y una variable, en eso es usual, no es que esto sea
un proyecto distinto. El Dr. Beda nos hizo invitar al proyecto porque
era privado (…)»4.
Dijo también que:
(…) fuimos siete empresas invitadas, siete, entre esas nos
escogieron a tres finalistas. Que eso fue como en febrero de 2007
(…) unos chinos, Conalvías y nosotros. Y cada uno tenía que
explicar por qué era que podía hacer el puerto (…) en el precio que
había dicho. (…) nosotros hicimos la mejor propuesta, todo eso
estaba acompañado de Unirep, a mi Unirep empezó a hacerme el
acompañamiento financiero y técnico (…) desde junio de 2007 (…)
quedamos tres finalistas en febrero de 2008 (…). En esos tres
finalistas, ellos tenían que escoger cuál era el que iba a hacer la
construcción, o sea, el subcontrato de construcción del puerto,
nosotros fuimos los que ofrecimos la mejor propuesta, razón por la
cual nos la otorgaron y firmamos el contrato en mayo de 2008. (…).
[Unirep] en la parte técnica, si, nos hizo el acompañamiento de toda
la parte de cómo era que teníamos que construir, o sea yo le
proponía pilotes (…), todo ello y ellos estaban siempre en la reunión
y nos ayudaban con los especialistas de nosotros a tomar las
mejores decisiones si eran los pilotes (…) Unirep era una empresa
que estructuraba los proyectos, si, y estaba pendiente de que
quedara bien estructurado el proyecto, si, que estábamos
trabajando porque no es que Unirep iba por allá y yo iba por acá,
4 Cfr. min. 01:21:33 a 1:22:11 record.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
28
no, nosotros estábamos estructurando el proyecto (…). El equipo
Unirep era Harry Beda, a mí me acompañó también Camilo Gómez,
si, en la parte de Unirep, me acompañó (…), me acompañó Juan
Manuel Barraza, en partes, o sea, pero no en todo (…). Colpatria
fue sola porque tenía la capacidad de hacer, la parte de
edificaciones, o sea, todas las bodegas y eso las podía hacer,
entonces, tenía la parte de pilotes, tenía la parte del muelle tenía
esa parte que no sabía, entonces qué me tocó hacer y por eso hay
dentro de la partida que se le presentó a la junta directiva hay
6.700 millones de estudios y diseños (..) eso no lo ves en las
licitaciones de San Rafael porque adentro había gente, acá no
había gente. (…). Imagínese que el proyecto tenía el 30% de
anticipo estábamos en el año 2008, en febrero de 2008 (…)
nosotros íbamos a firmar en mayo, este era un contrato en dólares,
si, de 85 millones de dólares, en el momento en que nosotros
hicimos la propuesta, si, el dólar estaba en 1.950, por decirle algo,
(…) en mayo, cuando nos íbamos a sentar a hacer la propuesta,
ya el dólar estaba en 1.700. Qué hizo Harry Beda durante en esos
meses, se sentó conmigo y con los dueños del proyecto a que el
anticipo no fuera del 30% sino que fuera del 57%, para que el
proyecto no se disminuyera el valor tanto, o sea, eran 20.000
millones en ese momento, en esos 6 u 8 meses que estaba
perdiendo del valor el contrato por el cambio del dólar (…). Ya nos
habíamos dicho que nosotros éramos los mejores, no adjudicado
el contrato (…). [Beda hizo] el acompañamiento a todo el tema
tributario del puerto (…). Y entonces estábamos sacando durante
todo el tiempo, desde el 2007 hasta el 2008, hasta febrero de
2008, hicimos todos los análisis de precios unitarios y dentro de
los precios unitarios, él nos decía este tiene este no tiene, él nos
asesoró en toda la parte tributaria (..) nos asesoró en la parte
tributaria (min. 1 h 34 min 54 a 1 h 56 min y 40’).
Estas declaraciones respaldan la tesitura del Tribunal,
puntualmente porque los mencionados comparecientes
actuaron como negociadores en representación de las
personas jurídicas contratantes y, adicionalmente, ambos
estuvieron de acuerdo en que el negocio de asesoría se
circunscribió a facilitar a la Constructora Colpatria S.A. la
presentación de una propuesta para ejecutar la obra de
infraestructura portuaria, un mercado al que esta empresa
buscaba expandirse, así como a proporcionarle orientación
para asegurar su selección como contratista, objetivo que se
logró efectivamente con la adjudicación de la obra.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
29
Esto significa que el Tribunal no desfiguró el objeto del
contrato de asesoría y tampoco varió el contenido de sus
cláusulas primera y segunda, contrario a lo alegado por la
casacionista, pues su labor se contrajo a interpretar dichas
estipulaciones para extraer de ellas la intención real de las
partes en coherencia con lo narrado por quienes las
representaron y estuvieron al frente de la negociación.
La recurrente argumentó que Alicia María de Jesús
Naranjo Uribe carece de imparcialidad por haber sido quien
firmó el contrato fuente de las obligaciones discutidas en este
proceso. Sin embargo, la Sala no acoge esa tacha porque esta
única circunstancia es insuficiente para demeritar la
exposición factual de esa declarante.
Al respecto, en CSJ, SC 19 dic. 2001, rad. 6624,
reiterada en SC 9 dic. 2011, rad. 2001-00108-01 y en SC
2499-2021 la Corte indicó:
«“la sospecha no descalifica de antemano [al declarante] -pues
ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira
con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito
merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha
haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que,
primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de
un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más
prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio”».
Esta comprensión jurisprudencial, al ser sólida y
consistente, sirve de faro para ilustrar que en los casos en
que se discrepe sobre la coincidencia entre lo llevado a escrito
y el querer de las partes en un contrato, es útil y de suma
valía preguntarle a quienes intervinieron en su confección
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
30
respecto de la intención genuina que les asistía al vincularse
contractualmente, máxime cuando en este evento esos
interrogantes les fueron planteados a las personas naturales
que, en condición de representantes de las sociedades
implicadas en el negocio, discutieron y convinieron los
términos del pacto bilateral finalmente concertado.
Incluso si la Constructora Colpatria S.A. tuviera razón
y se detectara un posible sesgo o inclinación personal en la
declaración de Alicia María de Jesús Naranjo Uribe hacia
Unirep S.A., ello no implicaría descalificar automáticamente
su versión, sino que haría necesario valorarla con mayor
cautela y atención, lo que desde luego llevaría a cotejarla
celosamente con otras pruebas para determinar si se trata
de una exposición directa, veraz, sincera e imparcial o si, por
el contrario, está sesgada.
Esto último es relevante porque el Tribunal encontró
varios elementos de prueba coincidentes con el testimonio de
Alicia Naranjo Uribe que sustentaron la premisa central de la
sentencia sobre el cumplimiento íntegro de las obligaciones
asumidas por Unirep S.A. Al efecto, se basó también en las
declaraciones de Juan Manuel Barraza Gómez y de Camilo
Gómez Álzate. El primero actuó como intermediario
independiente en la configuración de negocios de
construcción y el segundo desempeñó el rol de asesor jurídico
para los inversionistas privados que encargaron a la
Constructora Colpatria S.A. el diseño y la construcción del
Terminal de Contenedores de Buenaventura. Igualmente, se
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
31
apoyó en los indicios derivados del desarrollo de la fase de
ejecución del contrato objeto de este proceso.
Es crucial señalar, en línea con los argumentos de la
recurrente, que ninguno de estos testigos hizo referencia
directa a los términos específicos del contrato suscrito entre
las partes. Sin embargo, también es cierto que ambos
declarantes [Juan Manuel y Camilo] coincidieron en señalar
que Sabetai Harry Beda Malca, representante legal de Unirep
S.A., fue quien gestionó la invitación para que la
Constructora Colpatria S.A. participara en el proceso privado
de selección antes mencionado, aunado que colaboró en el
diseño de estrategias para asegurar el éxito de la negociación
y que su apoyo estratégico fue determinante para solucionar
algunos temas sensibles [los pilotes y términos cambiarios]
que impedían el cierre del trato.
Cabe resaltar lo expresado por el testigo Juan Manuel
Barraza Gómez:
«Me senté con la doctora Alicia Naranjo después de revisar la
propuesta que le llevaba, de un tema inmobiliario (...) en la ciudad
de Cartagena. Me dijo que no era del interés de la constructora.
Pero, a renglón seguido (...) me manifestó que si estaba muy
interesada en entrar en la en el tema portuario. En ese orden de
ideas, como unos días antes en una velada que había tenido con
el doctor Harry Beda él me había manifestado que estaba
buscando un constructor para un desarrollo portuario que se
pensaba hacer en la ciudad de Buenaventura, pues nos sentamos
los tres y firmaron ellos su contrato»5.
5 Min. 34:30.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
32
Similar exposición factual realizó Camilo Gómez Álzate
al relatar que, en defensa de los intereses de la Constructora
Colpatria SA., se reunió en múltiples ocasiones con el
representante legal de Unirep SA. con el propósito específico
de asegurar la participación de la recurrente en la
presentación de una propuesta y de superar obstáculos para
finalizar la negociación. En particular, el testigo destacó que
«… si Harry Beda no hubiera facilitado la participación de
Colpatria, esta no habría construido el puerto. De igual
manera, sin la intervención de Harry, no estoy seguro de que
hubiéramos encontrado una solución para los pilotes ni
para el problema cambiario»6 (se resalta).
Aunque las anteriores referencias fácticas son aspectos
circunstanciales y extrínsecos a la definición del objeto
contractual, sí constituyen un respaldo indirecto evidente de
la versión proporcionada por los participantes en la
celebración del contrato de asesoría técnica, comercial y
financiera, al atribuirle a Unirep S.A. un papel crucial para
que le fuera adjudicada a la Constructora Colpatria S.A. la
construcción del Terminal de Contenedores de
Buenaventura, mas no en la ejecución directa de esa
compleja obra de infraestructura portuaria.
Este argumento sube de punto y se fortalece al
considerar que Unirep S.A. no es especialista en
construcción, como sí lo es Constructora Colpatria S.A.,
conforme lo reconoce esta al desarrollar los cargos
6 Min. 03:08:44.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
33
analizados. En consecuencia, conforme a sus propios
planteamientos, resultaría poco coherente que buscara
servicios de asesoría por parte de la primera durante la fase
de ejecución del contrato de obra que finalmente le fue
adjudicado.
Ahora bien, el ad quem coligió que el pago de una gran
parte del precio pactado a favor de Unirep S.A., junto con la
falta de prueba de solicitudes de acciones correctivas o
intenciones por parte de la Constructora Colpatria S.A. de
terminar el contrato por incumplimiento de la contratista,
son indicios de que la primera cumplió sus débitos y la
segunda asintió en ello.
Esta última deducción fue trascendental, pues le
permitió al Tribunal establecer que Unirep S.A. fue
contratante cumplida y que la Constructora Colpatria S.A.
solo satisfizo parcialmente sus compromisos al haber dejado
de saldar las dos últimas cuotas acordadas en el esquema
negocial diseñado para la realización de sus intereses. Es
importante advertir que tanto los referidos pagos, que
sumaron un total de once (11) y alcanzaron un importe
acumulado de US$1.775.967,68, como la ausencia de
comunicaciones dirigidas a Unirep S.A. para exigir el
cumplimiento de alguna obligación en la fase de ejecución de
la obra, son hechos probados y no discutidos en casación.
La pugna no cuestiona esos supuestos fácticos en sí
mismos, sino la interpretación que el Tribunal hizo de ellos.
Esto porque ese juzgador concluyó que los pagos fueron
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
34
autorizados y validados por diversas áreas de la Constructora
Colpatria S.A., sin que Unirep S.A. tuviera que cumplir con
ninguna obligación pendiente en ese momento al haberlas
satisfecho plenamente cuando se le adjudicó a su asesorada
la construcción del Puerto de Buenaventura.
Llama la atención que esos desembolsos no se
efectuaron de forma oculta o clandestina, sino previa
radicación de facturas y por medio de los canales internos
establecidos por la Constructora Colpatria S.A., según
aparece soportado en el plenario, de lo cual se infiere que
fueron realizados de manera escalonada durante varios
meses, como consecuencia de que Unirep S.A. ejecutara
todas sus obligaciones. Resulta difícil creer que la
constructora desembolsara US$1’775.967,68 en once (11)
pagos periódicos, amparada en una serie de errores internos.
La práctica comercial, usualmente, dicta que los empresarios
se esfuerzan por tomar todas las precauciones y medidas
protectoras necesarias en sus operaciones económicas.
Sería insólito suponer que esos pagos hayan sido el
resultado de una serie de inadvertencias por parte de la
Constructora Colpatria S.A., dado que se realizaron en un
total de once (11) transferencias, incluido el anticipo del 20%,
en un período de aproximadamente un año. Además, quien
los hizo fue una empresa, lo cual da pábulo para inferir, de
un lado, que se trató de una profesional avisada y versada en
sus actividades habituales, y, del otro, que no era inexperta
en esa clase de transacciones, precisamente por el ánimo de
lucro que subyace a su labor, tanto más si se observa que
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
35
tiene áreas especializadas para el control y la verificación de
todas sus operaciones y de su actividad habitual,
permanente y profesional. Aparte de esto, dicha estructura
organizativa permite deducir razonablemente que se trata de
una entidad proactiva en la gestión y el manejo correcto de
sus negocios, y que también se preocupa por una óptima
administración de sus movimientos y acciones
empresariales.
En esa línea, como tampoco hay soporte de que la
Constructora Colpatria S.A. haya requerido a Unirep S.A.
para que realizara determinada labor o gestión en concreto
después de que se le asignó el negocio para la construcción
del Terminal de Contenedores de Buenaventura, ello refuerza
la posición del Tribunal de que esta última cumplió sus
débitos contractuales al asistir y acompañar a la
adjudicataria para que obtuviera el contrato en un mercado
desconocido hasta entonces para ella, esto es, la
construcción de obras de infraestructura portuaria,
conforme lo enfatizó Alicia Arango en su declaración. De ese
modo, era factible colegir que, si la firma asesora lograba que
a su asistida se le adjudicara la obra, ello no solo hacía
exitosa su gestión, sino que extinguía sus obligaciones y, por
lo tanto, la convertía en acreedora de la remuneración
pactada, sin más requisitos que eso.
En refuerzo de lo expuesto, el ad quem se apoyó también
en la cláusula segunda del contrato de asesoría técnica,
comercial y financiera, la cual dispuso que Unirep S.A. se
obligaba a proporcionar «asesoría técnica, comercial y
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
36
financiera del proceso concursal mencionado, adelantando
todos los contactos pertinentes con el cliente (sociedad
propietaria del futuro Terminal de contenedores), estudia[n]do
con la Constructora las diferentes propuestas técnicas a
presentar con sus debidos flujos de caja y en general
manejando todos los aspectos tendientes a la
contratación de la Constructora Colpatria SA. para
adelantar las obras específicas involucradas en el
desarrollo del proyecto» (se resalta).
Esa estipulación contractual fortalece la postura central
del Tribunal de que Unirep S.A. atendió todos sus débitos
negociales, en rigor, porque detalla explícitamente las
obligaciones asumidas por esa entidad, de lo cual se infiere
razonablemente que estos compromisos se limitaron a la fase
de selección de contratistas llevada a cabo por la Sociedad
Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A.
para la construcción del Terminal de Contenedores de
Buenaventura, sin abarcar en absoluto la fase de ejecución
de esa obra de infraestructura, contrario a lo que podría
entenderse de una lectura textual y descontextualizada de la
primera estipulación.
Este último hallazgo muestra que el criterio adoptado
por el ad quem no fue caprichoso, ni alejando de toda
sindéresis, sino que surgió como resultado de un análisis
racional y objetivo de los medios de prueba acoplados al
informativo, todo lo cual le hizo descubrir la verdadera
intención de las partes a partir de lo expuesto por ellas
mismas, por los testigos, e inclusive, de lo que salió a relucir
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
37
por vía indiciaria, en armonía con el contenido general del
documento que guarda memoria del contrato, el cual no
apreció de forma insular o aislada, sino integral, sistemática
y envolvente, en conjunto con las demás piezas. Luego, ese
contexto desvirtúa plenamente las críticas que sugieren una
valoración parcial, aislada y fragmentada de los soportes
demostrativos obrantes en el expediente.
Ante este panorama, la razonabilidad evidente de la
tesitura adoptada por el Tribunal, respaldada por
argumentos que están sólidamente fundamentados en
pruebas, es suficiente para mantener incólume la tesis
central de la sentencia impugnada. Esto, porque tal
escenario desvirtúa la presencia de los yerros manifiestos y
trascendentes en la valoración de las piezas de convicción,
máxime si se tiene en cuenta que, en la tarea de interpretar
un contrato, cuando este admite más de una lectura posible,
la elección hermenéutica de los jueces de instancia es, en
principio, inatacable en casación. Lo anterior, porque la
exégesis de un negocio jurídico es una prerrogativa reservada
a la discreta autonomía del juzgador, tanto así que debe estar
fundamentada en un estándar de racionalidad y de plena
justificación a partir del sistema de la libre apreciación
probatoria.
En otras palabras, la interpretación de un contrato es
una labor intelectiva del juzgador que normalmente no puede
variarse en casación, excepto cuando se demuestre un error
palmario y garrafal con incidencia en la decisión, lo cual no
acontece en este episodio.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
38
Frente a este aspecto, la Corte ha mantenido un criterio
sólido y reiterado, según consta en la CSJ, SC 20 oct. 2000,
rad. 5497, de que:
"cuando el error denunciado se plantea en el ámbito de apreciación
de hecho por interpretación de cláusulas contractuales, la Corte
sólo puede entrar a modificar la sentencia objeto del recurso en
tanto ésta se apoye en una interpretación originante de un yerro
manifiesto, el cual sucede cuando el documento contractual sólo
tenga una forma de interpretación posible y ésta sea la propuesta
por el impugnante, en contraposición a la elaborada por el
Tribunal, que entonces aparece absurda e ilógica. Si tal elemento
admite diversos entendimientos, todos ellos razonables, entonces
no se presenta el defecto en mención, máxime cuando en materia
de interpretación de contratos, se está frente a una “cuestión que
corresponde a la discreta autonomía de los juzgadores”, como lo
ha predicado la Corte (G.J. CXLII, págs. 218 y 219).
Posteriormente, en la SC 25. 01. 2005, rad. 7881 [SC-
013-2005], indicó:
(…) el fracaso del cargo viene además fortalecido por la amplitud
que reconoce la jurisprudencia al trabajo interpretativo que el
juzgador despliega sobre los contratos y en tanto esa autonomía
no traspase los confines de la arbitrariedad, resulte notoriamente
absurda, ilógica, o manifiestamente contraria a la realidad, merece
el respeto de la Corte, de modo que, habiendo elegido una de las
lecturas admisibles que del negocio resultan, no se abre paso el
quiebre de la sentencia en casación, pues este recurso no puede
fundarse en la duda sino en la certeza.
Ese mismo año, en la SC 28 feb. 2008, rad. 00075-01
volvió a decir:
: “1…la interpretación de los contratos -en línea de principio rector-
es tarea confiada a la ‘…cordura, perspicacia y pericia del juzgador’
(CVIII, 289), a su ‘discreta autonomía’ (CXLVII, 52), razón por la
cual, el resultado de ese laborío ‘no es susceptible de modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente error
de hecho’ (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567). Sin embargo,
a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o irrestricta
libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, sino
que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se
encaminan, precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
39
determinar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de
las partes, de modo que pueda descubrir la genuina voluntad que,
otrora, las animó a celebrar el contrato y a identificar, en la esfera
teleológica, la finalidad perseguida por ellas, en concreto en lo que
concierne al establecimiento de las diversas estipulaciones que,
articuladas, integran el contenido contractual, objeto de escrutinio
por parte de su intérprete. Desde luego que si el juez, tras de
examinar y aplicar las diversas reglas de hermenéutica
establecidas en la ley, opta por uno de los varios sentidos plausibles
de una determinada estipulación contractual, esa elección, en sí
misma considerada, no puede ser enjuiciada ante la Corte, so
pretexto de una construcción más elaborada que pueda presentar el
demandante en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la
decisión judicial no proviene de un error evidente de hecho en la
apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio de
la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia para
la interpretación del contrato”
Esta tesitura ha sido seguida, entre otras, en la SC, 29
jul. 2009, rad. 2001 00588 01, SC, 14 oct. 2010, rad. 2001-
00855-01 y en SC3047-2018. Recientemente, en la CSJ
SC002-2021 se expuso:
«Si el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de
hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios
sentidos plausibles de una determinada estipulación contractual,
esa elección, en sí misma considerada, no puede ser enjuiciada
ante la Corte, so pretexto de una construcción más elaborada que
pueda presentar el demandante en casación, en la medida en que,
en esa hipótesis, la decisión judicial no proviene de un error
evidente de hecho en la apreciación de las pruebas, sino que es el
resultado del ejercicio de la discreta autonomía con que cuenta el
juzgador de instancia para la interpretación del contrato (...).
La interpretación de un contrato está confiada a la discreta
autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede “modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente error
de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente,
que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, ya porque
supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que
ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido
de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que
ellas demuestran”.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
40
El escenario anterior no cambia incluso al fijar la
atención en las pruebas que la censura estima pretermitidas
[las declaraciones de Andrea Liliana Ibáñez Galvis, Luz
Amparo Polanía Guarín y Néstor Andrés Abella Rodríguez],
pues aunque estas versiones respaldan la propuesta
argumentativa de la casacionista, en cuanto se inclinan
porque Unirep S.A. recibió una importante cantidad de
dinero a cambio de nada y tendría que restituirlo, el Tribunal
se basó en otros soportes demostrativos que le generaron el
convencimiento de que el representante legal de esa
compañía sí tuvo una intervención no solo relevante, sino
crucial en los acontecimientos que llevaron a que se le
encargara a la Constructora Colpatria S.A., la construcción
del Terminal de Contenedores de Buenaventura.
Recuérdese que, para el ad quem, fue Harry Beda Malca
quien medió eficazmente para que se le permitiera a la
Constructora Colpatria S.A. presentar una propuesta de
negocios y colaboró de forma también protagónica, para
superar una complicación atinente a la volatilidad del peso
colombiano, que dificultaba el cierre definitivo del trato.
Estos hallazgos no fueron inventados por el Tribunal,
sino extraídos de las declaraciones de Harry Beda Malca,
Camilo Gómez Álzate y Alicia Naranjo Uribe, así como del
análisis indiciario del contexto circunstancial; además, la
opugnadora no refutó dichos medios de juicio, toda vez que
se conformó con ofrecer una apreciación alternativa de otro
grupo de pruebas, sin que ello tenga la virtualidad de minar
la ponderación integral realizada por el ad quem.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
41
Es así como los cargos analizados se dedican a tratar de
justificar un supuesto desatino del Tribunal respecto del
alcance de los compromisos asumidos por Unirep S.A., frente
a lo cual dicen que estos iban más allá de la fase de selección
del contratista que construiría el Terminal de Contenedores
de Buenaventura, al punto que se extendían hasta la etapa
de su ejecución, ello en procura de hacer ver que esa parte
es contratante incumplida, y en ello agotan todo su esfuerzo
argumentativo.
Ello significa que dejan de lado la premisa del Tribunal
de que Unirep S.A. facilitó un primer acercamiento al proceso
de selección y presentó propuestas de solución a ciertas
problemáticas que se dieron durante la negociación del
contrato de construcción del Terminal de Contenedores de
Buenaventura. Por lo tanto, al quedar en firme este puntal
de la sentencia, ello derrumba la acusación fundada en la
narración de los aludidos testigos [Andrea Liliana Ibáñez
Galvis, Luz Amparo Polanía Guarín y Néstor Andrés Abella
Rodríguez] con la cual se quiso acreditar que esa entidad
habría sido remunerada a cambio de nada, pues esto a lo
sumo haría pensar que obtuvo una alta retribución por una
gestión de relacionamiento con cierto grado de trascendencia
de cara al objetivo buscado, sin que este aspecto haya sido
planteado en las instancias, luego tampoco tiene cabida en
casación.
En todo caso, tampoco incurrió el Tribunal en error de
hecho al haberse guiado por la versión de Harry Beda Malca,
Camilo Gómez Álzate y Alicia Naranjo Uribe, y apartarse de
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
42
la declaración de Andrea Liliana Ibáñez Galvis, Luz Amparo
Polanía Guarín y Néstor Andrés Abella Rodríguez, pues, como
la del primer grupo de testigos fue incompatible con la del
segundo, bien podía apoyarse en cualquiera de ellos, como
en efecto lo hizo, al inclinarse por la del inicial, tras dilucidar
la relación circunstancial que dichos deponentes tuvieron
con el desarrollo de la negociación, sin que ese escogimiento
luzca per se reprochable al provenir de la discreta autonomía
del fallador para ponderar la evidencia de acuerdo con las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica. Frente a
ello, en la CSJ SC 11151-2015, la Sala relievó que:
(…) si en un proceso se encuentran, por ejemplo, dos grupos de
testigos que afirman posiciones contrarias, dando cada uno la razón
de la ciencia de su dicho, no puede cometer per se el Tribunal error
evidente si se inclina por uno de esos grupos de testigos, máxime si
en apoyo de su elección se sustenta en otras pruebas que
corroboran el dicho del grupo escogido. Se trata, en efecto, de que
en casos como el que abstractamente se plantea, el Tribunal hace
uso racional de su discreta autonomía en la apreciación de las
pruebas, no pudiendo en consecuencia, cometer yerro fáctico en esa
tarea (CSJ SC 003-2003 del 11 de febrero de 2003, rad. 6948)
Lo mismo dijo en la CSJ SC2503-2021 al destacar que:
(…) la prevalencia que el Tribunal le confirió a las pruebas que lo
condujeron a deducir la existencia del vínculo, se ajusta a la
discreta autonomía que tenía para escrutar los elementos de juicio
de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de manera que el
antagonismo advertido entre los dos grupos de medios, lo obligaron
a optar por lo que de uno de ellos emergía, selección que no
comporta la comisión de un error de juicio en la apreciación de las
pruebas, pues como lo sostuvo la Corte en SC 18 sep. 1998, exp.
5058, “cuando se está frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de
instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y
apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación del restante,
pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad del
proceso”.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
43
Siguiendo la línea por la que se decantó el ad quem,
puede afirmarse que Unirep S.A. cumplió lo que asumió en
el marco del contrato de asesoría comercial, técnica y
financiera, es decir, servir de facilitador para que la
Constructora Colpatria S.A. fuera incluida en el proceso
privado de selección y aconsejarla en la contratación de
coberturas para mitigar un riesgo cambiario que
obstaculizaba el cierre del negocio.
En últimas, si Unirep S.A. no tenía obligaciones
específicas en la fase de ejecución del contrato de
construcción del Puerto de Contenedores de Buenaventura,
como se demostró en el proceso y lo identificó con acierto el
Tribunal, ello impide reprocharle su inacción en esta etapa
contractual, toda vez que le resultaba extraña. Además, la
conducta de la Constructora Colpatria S.A., al pagarle gran
parte de las sumas convenidas y no haberle reclamado de
manera convencional los presuntos débitos pendientes, hace
pensar que asumió que la responsabilidad de esa contratista
terminó tras asegurar el proyecto deseado, y que estuvo
satisfecha con la labor efectuada por dicha firma asesora.
Aunque la recurrente dice que, según un sector de la
doctrina, la única forma válida de poner fin al vínculo
contractual por incumplimiento de una de las partes es a
través de la vía judicial, y que la terminación unilateral no
sería adecuada para ese propósito, esto no concuerda con el
precedente de esta Corte, que le ha otorgado plenos efectos a
una estipulación de ese calibre (SC, 4 may. 2005, rad. 1999-
00861-01, SC 30 ago. 2011, rad. 1999-01957-01 y SC1962-
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
44
2022, entre otras). En todo caso, es notable que no fue la
recurrente quien inició acciones civiles con este fin, sino su
contraparte. Es más, fue solo después de ser notificada y
vinculada al litigio que la constructora decidió
contrademandar y alegar un presunto incumplimiento de la
contratista.
Todo lo anterior respalda la tesis central del Tribunal y
descarta las pifias que le fueron atribuidas en torno a la
valoración de las cláusulas primera y segunda del contrato,
a la comprensión de su objeto y también en la apreciación de
la prueba testimonial, así como los defectos de iure
endilgados, los que, por lo tanto, quedan sin piso.
5. En definitiva, por donde se miren, las acusaciones no
progresan.
CARGO TERCERO
Alegó la violación directa del artículo 884 del C. de
Comercio por aplicación indebida al ser ajena al caso, ya que
no es dable calcular el costo de oportunidad de una
operación en divisa extranjera con un procedimiento que
involucra el componente inflacionario y remuneratorio del
peso colombiano, por tratarse de dos universos
conceptualmente distintos e incompatibles.
No se puede equiparar el tratamiento de un deudor
cumplido y uno que no lo es, pues la indemnización implícita
en el interés de mora es mayor que el valor del remuneratorio
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
45
del compensatorio, porque presupone una sanción ante el
incumplimiento culpable de las prestaciones a su cargo. Por
lo tanto, es inviable aplicar la presunción legal del costo de
oportunidad que habría generado una operación pactada en
divisa extranjera con base en el interés moratorio del artículo
884 ibidem, pues este se calcula con el precio del peso
colombiano y el índice de depreciación de la moneda legal,
factores incompatibles con el valor de una divisa extranjera.
Como el negocio involucró una divisa extranjera y una
de las partes no reside en el país [Unirep SA.], la Resolución
Externa n.° 53 de 4 de diciembre de 1992, expedida por la
Junta Directiva del Banco de la República, y tampoco el
artículo 884 del C. de Comercio son aplicables. Por
consiguiente, la reclamante debía demostrar el daño sufrido
ante el incumplimiento atribuido a Constructora Colpatria
SA. Como no lo hizo, erró el Tribunal al reconocerle intereses.
CONSIDERACIONES
1. La globalización es un proceso integral y dinámico
que comprende dimensiones económicas, políticas,
tecnológicas, sociales y culturales a nivel mundial, razón por
la cual ha propiciado la aparición de las economías abiertas,
facilitado el comercio internacional de bienes y servicios, y
flexibilizado la circulación del capital y del trabajo. Lo
anterior ha generado la realización de transacciones en
diversas divisas y ha hecho tangible la necesidad de ajustar
las variables regulatorias de los países involucrados para
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
46
enfrentar los riesgos asociados al cambio monetario y sus
repercusiones internas.
En 1944, durante la Conferencia Monetaria y
Financiera de las Naciones Unidas en Bretton Woods, se
estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el
propósito de facilitar el comercio internacional, estabilizar los
tipos de cambio, promover el crecimiento económico y evitar
las devaluaciones cambiarias. Este foro mundial permitió a
los estados adoptar medidas de control para regular los
movimientos internacionales de capital.
A partir de esa habilitación multilateral, Colombia le
asignó a la Junta Directiva del Banco de la República la
facultad de fijar medidas monetarias, cambiarias y de
crédito. Con la Ley 21 de 1963 esas funciones pasaron a la
Junta Monetaria. Luego, la Ley 6ª de 1967 autorizó al
Gobierno Nacional para expedir un estatuto cambiario y de
comercio exterior, con el objetivo de regular de manera
integral las transferencias de capital y de prevenir
alteraciones «bruscas en el valor externo de la divisa
nacional», lo cual dio lugar al Decreto Ley 444 de 1967 que
instituyó el régimen de cambios internacionales y de
comercio exterior.
Varias décadas después, las Leyes 7ª y 9ª de 1991
ampliaron el comercio exterior y establecieron las «normas
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional
para regular los cambios internacionales». La última de esas
regulaciones buscó «promover el desarrollo económico y social
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
47
y el equilibrio cambiario» en procura de propiciar la
internacionalización de la economía. Entre sus objetivos se
incluyó «[p]romover, fomentar y estimular el comercio exterior
de bienes y servicios, en particular las exportaciones, y la
mayor libertad en la actuación de los agentes económicos en
esas transacciones», facilitar las operaciones corrientes con
el exterior y «[a]plicar controles adecuados a los movimientos
de capital», entre otros objetivos.
En vigencia de la Constitución Política de 1991 se le
otorgó al Banco de la República la facultad de actuar como
banca central y se le asignaron diversas funciones, entre
ellas la de «regular la moneda, los cambios internacionales y
el crédito» (art. 371 CPN). Además, se previó que la «[j]unta
Directiva del Banco de la República será la autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones
que le asigne la ley» que sería expedida por el Congreso con
base en el numeral 22 del artículo 150, con el consecuente
desaparecimiento de la Junta Monetaria.
De conformidad con ese mandato superior se dictó la
Ley 31 de 1992, que fijó las normas a las cuales debe
sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus
funciones. En su artículo 16 se previó que la «Junta Directiva
del Banco de la República ejercerá las funciones de regulación
cambiaria prevista en el parágrafo 1º del artículo 3º y en los
artículos 5 a 13, 16, 22, 27, 28 y 31 de la Ley 9ª de 1991».
Igualmente, este artículo estableció que la Junta podría
intervenir en el mercado cambiario como compradora o
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
48
vendedora de divisas, así como emitir y colocar títulos
representativos de las mismas, entre otros aspectos.
Ese mismo artículo 16, en su literal e), advirtió que «e)
… Las tasas máximas de interés que pueden convenirse en
las operaciones en moneda extranjera continuarán sujetas a
las determinaciones de la Junta Directiva…». Fue por ello que
esta expidió la Resolución Externa n.° 53 de 4 diciembre de
1992 y en ella estableció las tasas máximas de interés -tanto
corrientes como moratorias- para las operaciones en dólares
estadounidenses. Esta resolución fue emitida por la Junta
Directiva del Banco de la República, por virtud de las
funciones básicas otorgadas en el artículo 371 de la
Constitución Política. Allí previó que los artículos 1617 del
Código Civil y 884 del Código de Comercio «solo resultan
aplicables respecto de obligaciones en moneda legal»
Es relevante destacar que, desde el punto de vista
cambiario, en Colombia se distingue entre operaciones
internas, que son las realizadas por residentes cambiarios, y
las externas o de cambio, que se refieren al intercambio de
divisas entre quienes carecen de esa condición.
Al efecto, el numeral primero del artículo 2.17.1.2 del
Decreto Único 1068 de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 119 de 2017, determina que se consideran
residentes cambiarios, las siguientes personas:
“a) Las personas naturales nacionales colombianas que habiten
en el territorio nacional o las extranjeras que permanezcan
continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
49
y tres (183) días calendario, incluyendo los días de entrada y de
salida del país, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco
(365) días calendario consecutivos.
b) Las entidades de derecho público, las personas jurídicas,
incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio
principal en el país. Igualmente, tienen la condición de residentes
para efectos cambiarios las sucursales de sociedades extranjeras
establecidas en el país.”
Por su parte, el numeral segundo del art. 2.17.1.2 del
Decreto Único 1068 de 2015, modificado por el art. 1º del
Decreto 119 de 2017, dispone que son operaciones externas
o de cambio las realizadas por: «a) Las personas naturales
nacionales colombianos o extranjeros que no cumplan la
condición de permanencia prevista en literal a) del numeral 1
este artículo», por «b) Las personas jurídicas que no tengan su
domicilio principal dentro territorio nacional, incluidas
aquellas sin ánimo de lucro», y «c) Otras entidades que no
tengan personería jurídica ni domicilio dentro del territorio
nacional». Frente a estas últimas, el artículo 86 de la
Resolución Externa n.° 1 de 2018 de la Junta Directiva del
Banco de la República estipula que «[l]as obligaciones que se
estipulen en moneda extranjera y correspondan a operaciones
de cambio, se pagarán en la divisa estipulada».
Es así como el régimen cambiario nacional considera
que las operaciones entre residentes cambiarios son internas
y permite pactar las obligaciones en moneda extranjera. No
obstante, el pago debe efectuarse en moneda legal
colombiana, a la tasa representativa del mercado (TRM)
vigente cuando fueron adquiridas, salvo que las partes
convengan una fecha o tasa de referencia distinta.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
50
Esto armoniza con el artículo 2.17.1.3 del Decreto 1068
de 2015, el cual prevé que «[s]alvo autorización expresa en
contrario, ningún contrato, convenio u operación que se celebre
entre residentes se considerará operación de cambio. En
consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales
contratos, convenios u operaciones, deberán cumplirse en
moneda legal colombiana».
De lo anterior se infiere, sin ambages, que cuando las
obligaciones en moneda extranjera sean pactadas entre
residentes cambiarios nacionales la operación será interna y
su pago deberá hacerse en pesos, que es la moneda oficial,
de curso y con poder liberatorio en Colombia7. En contraste,
las que involucren a no residentes cambiarios son externas y
deben cumplirse en la divisa acordada. En todo caso, si
cualquier obligación -emanada de una relación interna o
externa- se pacta en moneda extranjera, deberá ser pagada
en esa divisa si fuera ello posible o, de lo contrario, en pesos
(art. 874 C. Co).
Adicionalmente, en las operaciones internas pactadas
en dólares estadounidenses, el interés, tanto remuneratorio
como moratorio, está limitado por las tasas máximas
establecidas en la Resolución Externa n.° 53 de 19928 de la
Junta Directiva del Banco de la República, la cual fijó «en
veinte por ciento (20%) la tasa anual efectiva como tasa
7 Cfr. Art. 86 de la Resolución Externa n.° 1 de 2018, de la Junta Directiva del Banco
de la República.
8 Cfr. Se reitera que esta norma fue expedida en virtud del literal e), artículo 16 de la
Ley 31 de 1992 el cual dispone que «[l]as tasas máximas de interés que pueden
convenirse en las operaciones en moneda extranjera continuarán sujetas a las
determinaciones de la Junta Directiva».
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
51
máxima de interés corriente que puede convenirse en
operaciones en dólares de los Estados Unidos de América»
(art. 1º) y estableció «en veinticinco por ciento (25%) la tasa
anual efectiva como tasa máxima de interés moratorio que
puede convenirse en operaciones en dólares de los Estados
Unidos de América» (art. 2o).
A contrario sensu, en las operaciones externas o de
cambio la autoridad cambiaria no ha fijado tasas máximas
de interés de mora, sin que ello impida reconocerlo ante un
incumplimiento del deudor en los casos en que los
contratantes hayan guardado silencio al respecto, pues este
débito surge por ministerio de la ley, según se desprende del
artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el
artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en armonía con el artículo
1617 del Código Civil, habida cuenta que dicho interés
constituye un detrimento que se presume tratándose de
obligaciones dinerarias sin necesidad de que el acreedor lo
acredite. Luego, desconocer esa connotación y no reconocerlo
resultaría inequitativo y desproporcionado, además que
significaría ir en contra de valiosos postulados normativos
que propugnan por la reparación integral del perjuicio y la
plenitud de pago.
Es importante resaltar que, sobre este último
postulado, en la CSJ SC507-2023 se destacó:
La orientación que ahora se emprende hace tangible el principio de
plenitud de pago, en armonía con los postulados de justicia,
equidad, razonabilidad, proporcionalidad y reparación integral o
plena establecidos en el ordenamiento jurídico, conforme lo
registran importantes normas, entre ellas el artículo 230 de la
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
52
Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y
también el artículo 283 del Código General del Proceso, que guían
en ese sentido la actividad del juez y le permiten solucionar de
forma completa, ordenada y justa los conflictos sociales sometidos
a composición por vía jurisdiccional.
En fin, tanto en el ámbito civil como en el mercantil, la
ley nacional establece que la mora en el cumplimiento de
obligaciones causa perjuicios al acreedor, y que, siendo estas
dinerarias, este no necesita probarlos al reclamar solo el
interés moratorio, dado su origen legal. No obstante, el orden
jurídico no especifica una tasa para prestaciones en
operaciones de cambio, de ahí que haya una laguna o, en
palabras de Diez Picazo9, «una deficiencia de la ley o una
inexistencia de ley que sea exactamente aplicable al punto o
tema controvertido». Ese vacío legal debe ser cubierto
mediante analogía legis, conforme al artículo 8º de la Ley 153
de 1887 para aplicar la norma jurídica que regule una
situación o materia semejante. Tal laborío supone integrar el
ordenamiento positivo para darle plenitud a partir de una
regla regulatoria de una hipótesis semejante o similar, sin
que ello signifique imponer una sanción, pues esta tiene
como fuente a los artículos 884 ibídem y 1617 núm. 2º
ejusdem. La pauta legal a la cual se acude, a saber, el artículo
2º de la Resolución Externa n.° 53 de 1992, solamente
determina la tasa máxima del interés moratorio aplicable en
este evento.
Al referirse a la analogía, en la CSJ SC 22 oct. 2001,
rad. 5817 se precisó que «(…) para acudir a ese método de
9 DIEZ PICAZO, Luis. Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho. Editorial Ariel.
Barcelona. 1973, pág. 280.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
53
autointegración jurídica, es necesario que exista entre las dos
situaciones una semejanza relevante, es decir, que evidencien
ambos una calidad común, y que la misma constituya la
justificación suficiente de que al caso legalmente regulado se
le haya atribuido una determinada consecuencia y no otra».
2. En este evento, las partes no acordaron intereses de
mora para hacerle frente al incumplimiento de obligaciones
en dólares estadounidenses por parte de la Constructora
Colpatria S.A. Sin embargo, como esa entidad se negó a
pagar las dos últimas cuotas dinerarias convenidas con
Unirep S.A., esta los reclamó amparada en el artículo 884 del
Código de Comercio, y el Tribunal los reconoció a la tasa
máxima legal allí prevista, desde el día siguiente en que esas
prestaciones se hicieron exigibles.
En desacuerdo con esa resolución la recurrente
argumenta que esos intereses son improcedentes al no haber
sido pactados y que, para obtener indemnización por el
impago de las sumas reclamadas, la acreedora debía
demostrar el daño y su cuantía.
Dicho argumento es inaceptable, ya que en el ámbito
nacional el interés moratorio es una figura legal aplicable a
cualquier relación contractual para sancionar el
incumplimiento una vez la parte deudora queda en mora,
conforme al artículo 1608 del Código Civil, que rige también
en materia mercantil, según el artículo 822 del Código de
Comercio.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
54
Al efecto, el Código de Comercio en su artículo 884
dispone:
Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de
un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será
el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés
moratorio, será equivalente a una y media veces del
bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos
montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 (se enfatiza).
Al integrar esas normas jurídicas [art. 884 CCo. y art.
1617 CC], se colige que en el ámbito mercantil se aplica el
mismo principio que en el civil. Así, cuando el deudor
incumple una obligación dineraria sujeta a plazo, se genera
interés moratorio a la tasa pactada y, en ausencia de un
acuerdo, se aplica el interés legal para suplir el silencio de
las partes.
Por ejemplo, la Ley 45 de 1990, que regula la
intermediación financiera y contiene otras disposiciones
generales, establece en su artículo 65 que «[e]n las
obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor
estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir
de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanción por
el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación
dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su
denominación», lo cual reafirma que el interés moratorio tiene
carácter legal.
Adicionalmente, el artículo 870 del Código de Comercio
otorga a la parte que cumplió a tiempo sus obligaciones o
estuvo dispuesta a hacerlo un derecho de opción: le permite
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
55
optar por continuar en el negocio y exigir la prestación o, por
el contrario, buscar su extinción, es decir, resolverlo o
terminarlo, según proceda, y reclamar, en todo caso,
perjuicios. Esto sube de punto porque el interés moratorio
actúa como una sanción legal por el incumplimiento. En el
caso de obligaciones dinerarias, el artículo 1617 del Código
Civil, aplicable por remisión al ámbito mercantil, dispone que
el solo retardo del deudor lo pone en mora y permite al
acreedor reclamarle intereses y así obtener el resarcimiento
tarifado o indemnizatorio de los perjuicios por no tener
consigo el dinero en la oportunidad debida. No se requiere
pacto expreso para su aplicación. Bajo esa arista, la
infracción negocial de la Constructora Colpatria S.A. la
colocó automáticamente en mora y por ello debía aplicarse
dicho interés legal, conforme a los artículos 1608, núm. 1,
1613, 1615 y 1617 ejusdem.
Se enfatiza que el interés de mora actúa como una
sanción por el incumplimiento contractual. Además, el
dinero es un bien fungible susceptible de generar réditos
(CSJ SC1230-2018), lo cual constituye una regla de la
experiencia de indiscutible vigencia (SC514-2023). Por lo
tanto, esta consecuencia se impone ministerio legis desde que
el deudor queda en mora, conforme a los artículos 1608 y
1617 del Código Civil. Empero, importa relievar que,
tratándose de obligaciones dinerarias sujetas a plazo que
sean liquidas o estén plenamente determinadas, la mora se
produce automáticamente al vencimiento del término
pactado para su pago, siendo efectiva desde el día siguiente
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
56
a aquel en que la prestación se hizo exigible10 (CSJ SC 27
ago. 1930 (G. J. T. XXXVIII, pág. 128), reiterada en la SC 10
jul. 1995, rad. 4540 y en SC514-2023, entre otras).
Al efecto, la doctrina nacional11 apuntala que:
[s]i entre el acreedor y el deudor se ha pactado término para el
cumplimiento de la obligación, es de presumir que el primero
necesita la satisfacción de su derecho a más tardar al vencimiento
de aquel y que el segundo tiene conocimiento de tal circunstancia.
Bien está, pues, que en este caso no se exija nueva reconvención,
porque el deudor ya está prevenido desde la celebración del
contrato, de que, si deja vencer el plazo sin cumplir, se hace
responsable de los perjuicios consiguientes. El aforismo dies
interpellat pro homine describe gráficamente este sistema de
constitución en mora del deudor por el vencimiento del plazo
estipulado, el que acogen, además de la nuestra, varias
legislaciones modernas».
10 Cfr. En CSJ SC 5217-2019 la Corte hizo rectificación doctrinaria respecto a que la
mora frente a obligaciones dinerarias se produce solo a partir de la sentencia que
determina la cuantía de la prestación. Sin embargo, dicha corrección fue hecha
exclusivamente sobre la interpretación del artículo 1080 del Código de Comercio en punto
del contrato de seguro, lo cual reiteró en SC1947-2021, conforme lo explicó luego en CSJ
SC514-2023.
Acorde con esta nueva comprensión jurisprudencial:
“(…) la constitución en mora, según la transcrita previsión del artículo 1608 del
Código Civil, debe estar expresamente prevista en las normas positivas, sin que en
materia de seguros haya una que imponga la satisfacción de tal formalidad en el
supuesto de que el asegurador no pague la prestación a su cargo, lo que descarta la
aplicabilidad de las normas en precedencia especificadas.
Estimar que con la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se reclama
a la aseguradora la indemnización a su cargo, sobreviene la mora de esta última, como
cuestión automática, comporta en un buen número de casos, anticipar indebidamente
el momento en que ello tiene ocurrencia, pues como ya se analizó, la demostración del
siniestro y de la cuantía de la pérdida puede ser resultado de la actividad probatoria
cumplida en el proceso, incluso, en segunda instancia, comprobaciones que son
necesarias para computar el mes previsto en el artículo 1080 del estatuto mercantil,
cuyo vencimiento fija la mora del asegurador y, por ende, el momento desde el cual
éste queda obligado al pago de intereses de tal linaje”.
11 Cfr. OSPINA F. GUILLERMO. Régimen General de las Obligaciones (8a Edición).
Editorial Temis S.A., Bogotá, 2018, pág. 97.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
57
Igualmente, la ley patria exonera al acreedor de una
obligación dineraria de demostrar perjuicios al reclamar solo
intereses moratorios. En esa hipótesis, el retardo del deudor
automáticamente lo coloca en mora, según el artículo 1617
del Código Civil, que forma parte del Título XII del Libro IV
del Código Civil y trata «Del efecto de las obligaciones». Esta
regla normativa constituye una presunción de derecho y por
ello no admite prueba en contrario.
Al estudiar esa norma jurídica, don Fernando Vélez12
anota que:
Decimos que este artículo es una excepción a las reglas sobre
perjuicios, porque señala los que debe satisfacer una persona que
es deudora de una suma de dinero y no la paga el día que se vence
el plazo; porque determina el hecho que constituye en mora al
deudor, sin que sea necesario para que ésta exista reconvención
judicial (art. 1608, No. 1), y porque los intereses se deben sin tener
en cuenta ni daño emergente, ni lucro cesante, ni si hay dolo por
parte del deudor, o si los perjuicios pudieron o no preverse. En
suma, basta la mora en el pago para que deba intereses el deudor.
Con esa misma orientación ideológica, Guillermo
Ospina Fernández13 señala que los intereses moratorios son
aquellos que el deudor debe costear a título de indemnización
de perjuicios desde el momento en que se constituya en mora
de pagar su crédito. Para dicho jurista:
El dinero, aunque esté representado por moneda fiduciaria, esto
es, respaldada en todo o en parte por la fe del Estado, es también
en sí mismo un bien patrimonial susceptible de constituir objeto de
transacciones comerciales, ya a cambio de otros bienes, ya al
facilitárselo alguien a otro para obtener como contraprestación el
pago de un rédito o interés. (…) Teniendo en cuenta la preindicada
12 VÉLEZ FERNANDO. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, Imprenta París
América, 2a. Edición, Bogotá, [Editado 1982] tomo VI, pág. 248.
13 Op. Cit. OSPINA F. GUILLERMO, pág. 280.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
58
naturaleza del dinero, su función en el intercambio comercial y la
facilidad de su inversión, el legislador reconoce, en general, su
rentabilidad o aptitud para producir intereses que así
constituyen los frutos civiles del dinero (art. 717); y,
además, establece al respecto una serie de regulaciones que
miran a varios fines, tales como el de sancionar el
incumplimiento de las obligaciones de dinero, el de prefijar
el monto de los intereses a falta de estipulación
convencional y, de otro lado, siguiendo una tradición legislativa
inspirada en el propósito de combatir la usura, a mantener las
estipulaciones al respecto dentro de los límites que se consideran
razonables y justos.
A partir de esta perspectiva, carece de fundamento la
argumentación de la recurrente consistente en que no se
pueden reconocer intereses de mora simplemente porque las
partes no los pactaron. Aceptar tal tesitura implicaría ignorar
que en las obligaciones monetarias esa partida opera ipso
iure desde que la parte deudora incurre en mora. Esto,
porque su objetivo es resarcir al acreedor por la falta de pago
puntual del dinero, garantizando así la compensación
automática por el incumplimiento contractual, es decir,
indemnizar al beneficiario por no tener consigo el capital en
el momento debido14.
Específicamente, el interés de mora tiene como función
reparar el daño sufrido por el acreedor a causa del retraso en
el cumplimiento de la obligación dineraria por parte del
deudor, hasta el punto de que, según Messineo, constituye
14 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág.
632; Concordante con HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las
Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165.
PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1983, pág.
225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
59
la medida del resarcimiento15. Ello coincide con el
pensamiento de Ambrosio Colin y H. Capitant, quienes
sostienen que, en tal eventualidad, «[e]l acreedor tiene
derecho a indemnización de daños y perjuicios sin que
necesite acreditar alguna»16. Igualmente, Karl Larenz explica
que «el acreedor de una obligación dineraria puede exigir en
concepto de daños mínimos, que irrefutablemente se
presumen derivados de la mora, los intereses»17.
Todo lo anterior muestra el acierto del Tribunal al
reconocer los intereses de mora solicitados, toda vez que
estos se causaron ante el no pago oportuno de las últimas
cuotas convenidas, sobre todo porque la deudora ninguna
justificación plausible exhibió para ser eximida de atender
esos débitos. Sin embargo, ese juzgador se equivocó al
autorizar su liquidación con la tasa máxima y variable del
artículo 884 del Código de Comercio. Aunque advirtió que las
obligaciones derivaban de una operación de cambio y se
pactaron en dólares estadounidenses, pasó por alto que
debían cumplirse en esa moneda extranjera, según el artículo
874 del Código de Comercio, que establece que «[l]as
obligaciones que se contraigan en moneda o divisa
extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si
fuere legalmente posible», lo cual se reafirma con el artículo
86 de la Resolución Externa n.° 1 de 2018, expedida por la
Junta Directiva del Banco de la República, en la que se indica
15 MESSINEO, FRANCESCO: Manual de Derecho Civil y Comercial, t. IV. Pág. 339.
16 COLIN AMBROSIO y CAPITANT H. Curso Elemental de Derecho Civil. 4ª
Edición. Teoría General de las Obligaciones, t. III. Instituto Editorial Reus. Centro de
Enseñanza y Publicaciones. Madrid, 1960, pág. 52.
17 LARENZ KARL. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Editorial Revista de Derecho
Privado. Madrid, 1958, pág. 350.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
60
que «[l]as obligaciones que se estipulen en moneda
extranjera y correspondan a operaciones de cambio, se
pagarán en la divisa estipulada» (se enfatiza).
Es crucial recordar que el ordenamiento jurídico
nacional no establece una tasa específica de interés de mora
o sancionatorio para obligaciones dinerarias en moneda
extranjera que deben ser pagadas en esa divisa [operaciones
externas]. Se trata de un tema que las partes pueden regular
a través de su autonomía dispositiva, sin sobrepasar los
límites de la usura. No obstante, si omiten establecer una
tasa concreta, esto no impide el reconocimiento de la
moratoria y tampoco su pago. En tal caso, se debe recurrir a
la regla semejante que resulte pertinente y sea, por lo tanto,
aplicable a través de analogía legis para llenar el vacío
jurídico.
La norma más próxima es el artículo 2º de la Resolución
Externa n.° 53 de 1992, de la Junta Directiva del Banco de
la República, mediante la cual se fija una tasa máxima de
interés moratorio del 25% efectiva anual para obligaciones
pactadas en dólares estadounidenses y que, en principio,
solo aplica para débitos surgidos de operaciones internas18,
18 Cfr. Concepto JDS-06787 de 30 de marzo de 2016 de la Junta Directiva del Banco
de la República. En este se indicó que «[e]n materia de operaciones de cambio, como
lo son “Los actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un residente resulte
o pueda resultar acreedor o deudor de un no residente…” 1 así como “Todas aquellas
que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda extranjera entre
residentes y no residentes en el país” 2, la Junta Directiva como autoridad cambiaria
en general no ha señalado límites a las tasas de interés remuneratorio ni moratorio a
que haya lugar ni normas supletorias. Por tanto, no existen límites a los intereses
moratorios que se lleguen a cobrar, si son del caso, por la mora en el pago de laudos
arbitrales que generen o se pronuncien sobre operaciones de cambio». Esto en
armonía con los Conceptos SCD-000039628 de 2 de febrero de 2024 y SCD-
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
61
pero que resulta pertinente, toda vez que, en este evento y en
la precitada resolución, se alude a sumas convenidas en la
misma divisa extranjera [dólares estadounidenses] que
deben ser cumplidas en esa moneda, de ahí que sea apenas
razonable, justo y coherente tomar la tasa máxima de interés
de mora prevista en esa regulación legal como parámetro
dirimente aplicable al sub júdice.
El error jurídico del Tribunal es evidente y trascendente,
ya que, al aplicar el artículo 884 del Código de Comercio, que
regula una tasa de interés variable para deudas en pesos,
ignoró que las obligaciones dinerarias no solo fueron
pactadas en dólares estadounidenses, sino que deben
pagarse en esa divisa extranjera por hacer parte de una
operación externa desde el punto de vista de la política
cambiaria nacional. Ese desatino lo condujo a fijar el interés
de mora con una tasa fluctuante e inapropiada, aun cuando
debió aplicar por analogía legis el artículo 2º de la Resolución
Externa n.° 53 de 4 de diciembre de 1992, que establece la
tasa máxima legal respecto de operaciones en dólares
estadounidenses, para así garantizar la homogeneidad entre
lo accesorio y lo principal, de tal modo que se liquidara el
interés de mora en la divisa en que se debe pagar el capital.
En resumen, el Tribunal cometió el error jurídico
atribuido porque pasó por alto que las obligaciones
dinerarias pendientes, pactadas en dólares estadounidenses
como parte de una operación externa, deben pagarse en esa
000039844 de 7 de marzo de 2024, todos de la Secretaría de la Junta Directiva del
Banco de la República.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
62
moneda y que ello impide calcular su interés de mora con
una norma exclusivamente destinada a deudas en pesos
colombianos.
Lo contrario resultaría antitécnico e inapropiado, ya que
el peso es una moneda blanda con una tasa fluctuante y
variable. Luego, esa volatilidad podría generar distorsiones
significativas en detrimento del deudor, pues le permitiría al
acreedor obtener no solo la indemnización de los perjuicios
por el no pago oportuno de su crédito, sino alcanzar
ganancias exorbitantes. En contraste, el dólar
estadounidense (USD) es una divisa dura, presente en la
mayoría de las transacciones mundiales y con una
estabilidad económica que limita su devaluación. Por ello,
resulta evidente que la Resolución Externa n.° 53 de 1992,
que fija la tasa de interés moratorio para obligaciones en esta
moneda, es aquí la norma adecuada para asegurar la
coherencia y la estabilidad en el cálculo de esa partida.
En vista del panorama anterior, la tercera acusación se
abre paso, pero únicamente en el aspecto indicado, al
configurarse la indebida selección normativa denunciada por
la recurrente en torno a la tasa máxima seleccionada para
liquidar el interés moratorio reconocido.
Por consiguiente, se casará parcialmente la sentencia
impugnada y, en su lugar, se dictará la de remplazo ajustada
a derecho.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
63
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. La Corte, situada como juez de instancia, tiene su
competencia restringida al único aspecto del cargo que
prosperó; por lo tanto, se circunscribirá a revocar la decisión
del Tribunal que reconoció intereses de mora al tenor del
artículo 884 del Código de Comercio, el cual no es aplicable
a la operación externa en cuestión, para disponer su
liquidación con la tasa aplicable por analogía legis. En los
demás aspectos, la sentencia de segunda instancia se
mantendrá incólume, sin necesidad de realizar otros análisis.
2. Unirep S.A. tiene derecho al reconocimiento de
intereses de mora ante el incumplimiento de la Constructora
Colpatria S.A., pero estos se liquidarán utilizando la tasa fija
máxima del 25% efectiva anual prevista en el artículo 2º de
la Resolución Externa n.° 53 de 1992 de la Junta Directiva
del Banco de la República, aplicable por analogía legis. Ello
se hará desde el día siguiente del vencimiento de cada
obligación hasta su cancelación.
Esto se debe a que las obligaciones dinerarias
emergieron de una operación contractual de cambio,
realizada entre una sociedad colombiana y otra extranjera;
además, fueron pactadas en dólares estadounidenses y la
deudora automáticamente entró en mora desde el día
siguiente al vencimiento del plazo acordado para saldar cada
débito. No se requería su reconvención judicial (art. 1608,
inc. 1 y 1615 del Código Civil).
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
64
Para el capital insoluto y el interés de mora se tendrá
en cuenta la Tasa de Cambio Representativa de Mercado
(TRM) vigente en el momento del pago, según lo pactado por
las partes19.
Aun cuando la Secretaría de la Junta Directiva del
Banco de la República ha sido enfática en conceptuar que,
como autoridad cambiaria, «no ha señalado límites a las
tasas de interés remuneratorio ni moratorio a que haya lugar,
ni normas supletorias» y que «[p]or tanto, no existen límites
para los intereses moratorios en el caso de las
operaciones de cambio»20 (se enfatiza), también es cierto
que el artículo 305 del Código Penal tipifica el delito de usura
cuando se supera el límite legal, independientemente de si el
exceso ocurre en operaciones internas o externas.
Tal panorama impide sobrepasar la tasa máxima del
interés moratorio mercantil en Colombia. Esto halla
respaldo, inclusive, en la doctrina clásica. Al efecto,
Josserand indica que «[h]ay una materia en la que la libertad
de las partes se encuentra, independientemente de toda idea
de fraude, encerrada en ciertos límites. Cuando la deuda es
de una suma de dinero, los daños y perjuicios moratorios no
pueden ser fijados libremente por las partes sino solamente
hasta un límite por encima del cual el interés sería usurario»21.
19 Cfr. Ver inc. 2º de la cláusula quinta de la oferta contenida en el documento de 11 de
junio de 2007, anexo a la demanda.
20 Cfr. Conceptos JDS-28188 de 7 de diciembre de 2015, JDS-03054 de 19 de febrero
de 2019 y SCD-000052048 de 6 de septiembre de 2024, entre otros.
21 JOSSERAND LOUIS. Derecho Civil. Tomo II. Vol. I. Teoría General de las
Obligaciones. Ediciones Jurídicas Europa-América Bosch y Cía. Editores. Buenos
Aires. 1950, pág. 519.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
65
A la luz de esta realidad, se concluye que, si la tasa fija
del 25% efectiva anual reconocida en este evento supera, en
algún período liquidable, la máxima moratoria del orden
nacional en materia mercantil22, se aplicará esta última en el
respectivo ciclo. Esto porque se trata de un asunto de orden
público, relacionado con necesidades de convivencia social y
sujeto a un límite legal que no puede ser excedido por
ninguna circunstancia, bajo riesgo de incurrir en usura.
En consecuencia, se modificará el fallo apelado. En la
parte resolutiva se reproducirá la decisión que no sufrió
alteración y, en lo demás, se harán los ajustes necesarios.
3. Según el numeral 1º, artículo 365 del Código General
del Proceso, se condenará en costas de ambas instancias a
la demandada, y el Magistrado Ponente fijará las agencias en
derecho de la última de esas fases.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, aclarada el 9 de
diciembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, en el proceso verbal de Unirep S.A.
contra la Constructora Colpatria S.A.
22 Cfr. Art. 111 Ley 510 de 1999.
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
66
Sin costas en casación.
Y situada en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 11 de
febrero de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bogotá.
SEGUNDO. Declarar no probadas las excepciones de
mérito invocadas por la Constructora Colpatria S.A.
TERCERO. Declarar que la Constructora Colpatria S.A.
incumplió el contrato de asesoría celebrado con Unirep S.A.,
el 11 de junio de 2007 y, en consecuencia, se le condena a
pagarle, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de este fallo, las siguientes sumas: (i) ciento treinta
y seis mil seiscientos doce dólares estadounidenses con
noventa centavos de dólar (U$136.612.90), por la cuota n.°
11 exigible el 15 de agosto de 2009 y (ii) ciento treinta y seis
mil seiscientos doce dólares estadounidenses con noventa
centavos de dólar (U$136.612.90), por la cuota n.° 12 exigible
el 15 de septiembre de 2009.
Sobre esas cantidades la Constructora Colpatria S.A.
deberá sufragar interés de mora a la tasa máxima fija del 25%
efectiva anual, según el art. 2º de la Resolución Externa n.°
53 de 1992, de la Junta Directiva del Banco de la República,
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
67
respecto de la primera desde el 16 de agosto de 2009 y de la
segunda a partir del 16 de septiembre de 2009, hasta el pago
total de cada obligación. Si en algún período esta tasa supera
la máxima moratoria en materia mercantil del orden
nacional, se le aplicará esta última, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Para el capital insoluto y el interés de mora se tendrá
en cuenta la Tasa de Cambio Representativa de Mercado
(TRM) vigente al momento del pago.
CUARTO: Negar las pretensiones de la reconvención.
QUINTO: Costas de ambas instancias a cargo de la
demandada, a favor de su contraparte. Inclúyase en las de
segunda ($7’500.000) por agencias en derecho, que fija el
Magistrado ponente.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Radicación n.º 11001-31-03-001-2018-00093-01
68
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 04281A323FA59411D40F6A03044CF2878CCC05E802BEAB2A547B2D69DC888438
Documento generado en 2024-11-29