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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
SC2705-2022
Radicación n° 11001-31-03-028-2013-00188-01
(Aprobado en sesión virtual de siete de julio de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil
veintidós (2022).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación
interpuesto por Roberto Amaya Mejía, Jorge Enrique
Amaya, Diana Cáceres Ferro, Aldo Aníbal Cardona
Arango, Clara Rivadeneira de Cardona, Armando Josué
Duarte Gómez, Pedro Duarte Gómez, Ana Lucía Escobar,
Alicia Ferro de Cáceres, Tulia Pinzón de Garzón, Lucila
Hernández de Giraldo, Jorge Ladino Casallas, Ana
Marcela Cecilia Piñeros Pérez, Claudia Margarita
Pilonieta Dueñas, Andrea Pilonieta Dueñas, Hernando
Pulido Osuna, Esperanza Beatriz Romero Vidal, Nohora
Sánchez, Natalia Jaramillo, Stella Vargas de Tisnes,
Rafael Ramos Urrea y la sociedad Concretos, Equipos y
Estructuras Ltda., contra la sentencia del dieciocho (18) de
julio de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
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proceso ordinario que los mismos promovieron contra la
Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos S.A.
ANTECEDENTES
1.- Los actores solicitaron, en forma principal, que se
declare que la demandada incumplió con el pago de la cesión
de los derechos pecuniarios que surgieron de la celebración
del contrato de concesión No. 047-97. Que corresponden a la
etapa de operación. Estos derechos están cuantificados en
$12.331.588.967. Como requerimientos -primero y segundo
subsidiarios- pidieron que se declare que son inoponibles a
los beneficiarios del fideicomiso, denominado “Corabastos”,
«las cesiones de rentas, derechos pecuniarios, posición contractual o la
cesión del contrato de concesión. No 047 — 97». Y que se declare que
Corabastos «incumplió con el pago de la cesión de los derechos
"pecuniarios" que surgieron de la celebración del contrato de concesión.
No 047 - 97 correspondientes a la etapa de Operación pago y que fueron
cuantificados en la suma de $12.331.588. 967.oo».
A manera de pretensión consecuencial, común a las
anteriores, rogaron que se condene a la pasiva a pagar a los
beneficiarios del Fideicomiso Corabastos, a título de daño
emergente, el capital reconocido en la Resolución No. 01 del
24 de septiembre de 1999 emitida por la Superintendencia
Bancaria de Colombia –hoy Financiera-. A su turno, como
lucro cesante, pidieron el pago de los intereses de mora «desde
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la fecha en que cada uno de los certificados de beneficio fiduciario se
hizo exigible, y hasta cuando se verifique su pago»1.
2. Como soporte fáctico se presentaron los hechos, que
admiten el siguiente compendio.
2.1. Que entre la Unión Temporal A. Muñoz –
conformada por las sociedades Alfredo Muñoz & Cía. Ltda. Y
Alfredo Muñoz Construcciones S.A. – y la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. se celebró el contrato de concesión
no. 047-97 el 25 de septiembre de 1997. Su objeto consistía
en realizar «bajo su propio riesgo la revisión de los estudios y diseños
entregados por CORABASTOS para la bodega denominada “BODEGA
POPULAR”, elaboración de los diseños definitivos, su construcción,
explotación, conservación, suministro de equipos, operación técnica y
administrativa, elaboración de los estudios y diseños definitivos y
construcción de la vía semiperimetral de tráfico de la bodega y estudio,
diseño y construcción del sistema de alcantarillado de la Bodega, que se
conectará con el colector matriz del sector, de acuerdo con el Plan
Maestro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP»2.
Se pactó un precio global fijo de $14.032.581.798,44.
Como remuneración del contrato, las partes acordaron
que Corabastos aportaría el 50% del valor total del contrato
-$7.016.290.899,22-, a través de «[l]a cesión de los derechos de
recaudo de los dineros generados por el canon de arrendamiento y
demás ingresos inherentes a la Administración de acuerdo con el
Reglamento Interno de Funcionamiento de CORABASTOS, cobradas a los
usuarios de la bodega».
1 Páginas 213-226 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
2 Páginas 60-61 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
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2.2. El 06 de agosto de 1998, la citada unión temporal,
en calidad de fideicomitente, celebró contrato de fiducia
mercantil irrevocable, de administración y fuente de pago,
con la sociedad Fiduciaria Cáceres Ferro S.A. Ello con el fin
de constituir un patrimonio autónomo –denominado
“Fideicomiso Corabastos”- para «administrar los recursos y bienes
quien se transfieren a título de fiducia mercantil y ser fuente de pago de
las obligaciones que tenga contraídas y/o llegare a contraer EL
FIDEICOMITENTE, cualquiera de sus miembros, o la FIDUCIA, en
desarrollo del presente patrimonio autónomo, en favor de terceros,
quienes serán llamados BENEFICIARIOS (…)»3. En ese sentido, la
fideicomitente transfirió a la fiducia «la totalidad de los derechos
pecuniarios que a la fecha de la firma del presente contrato le
corresponden durante la etapa de operación del contrato de concesión
No. 047-97 – Bodega Popular», que fueron valorados en
$12.331.588.9674.
2.3. Tal situación fue comunicada a Corabastos, el 31
de agosto de 1998, en donde se le dijo que «en forma irrevocable
y permanente cedemos al fideicomiso Corabastos, administrado por la
Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. los ingresos generados por el canon de
arrendamiento y demás ingresos inherentes a la administración de la
Bodega Popular»5. Con comunicación del 14 de septiembre de
1998, la Unión Temporal A. Muñoz afirmó «ratificar la
notificación de la cesión que de las rentas provenientes del canon de
arrendamiento y demás ingresos inherentes a la administración de la
bodega Popular, hiciera la UNION TEMPORAL A MUÑOZ a la FIDUCIARIA
3 Página 95 del archivo ibídem.
4Cláusula séptima del contrato de fiducia. Página 97 del archivo «Cuaderno Principal
Tomo 01».
5 Página 75 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
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CACERES & FERRO S.A.». En tal misiva, también se confirmó «la
cesión del aporte anual de garantía que hiciera al fondo inmobiliario
Cáceres & Ferro a la UNIÓN TEMPORAL A MUÑOZ por valor total de
$872.133.538»6.
2.4. El 15 de septiembre de 1998, la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. manifestó su inconformidad frente a
la cesión7. No obstante, el 18 del mismo mes y año, la
fiduciaria informó que «el contrato cedido en la referencia se
encuentra perfeccionado en ejecución y la cesión de créditos ha sido
notificada a Corabastos. Conforme a los requisitos de la ley, la cesión de
créditos no requiere aceptación del cedido»8. El 23 de septiembre de
1998, la Unión Temporal A. Muñoz cedió el contrato de
concesión a la Unión Temporal Operación Bodega Popular
Corabastos9 -en la parte correspondiente a su etapa de
operación10-. El 25 de septiembre de 1998, se notificó de la
cesión al representante legal de la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. el 25 de septiembre de 1998.
2.5. Los demandantes afirmaron que la Fiduciaria
Cáceres y Ferro S.A. «obtuvo recursos de inversionistas
(beneficiarios) y se obligó al pago de obligaciones asumidas por el
fideicomitente UNION TEMPORAL A MUÑOZ, y por las Sociedades,
ALFREDO MUÑOZ y CIA LTDA y ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES
S.A, por una suma aproximada de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($2'500'000.000.00) dineros que captó para el pago de
obligaciones contraídas por las Sociedades fideicomitentes». Con la
6 Página 76 del archivo ibídem.
7 Página 77 del archivo ibídem.
8 Página 79 del archivo ibídem.
9 Conformada por las sociedades Asesorías y Representaciones Pradilla Ltda. y
Schmedling Asociados & Cía. Ltda.
10 Página 398 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 02».
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resolución No. 721 del 13 de mayo de 1999, emanada de la
otrora Superintendencia Bancaria de Colombia, se ordenó la
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios con fines
liquidatorios de la fiduciaria11. Con resolución No. 01 del 24
de septiembre de 1999, el liquidador aprobó con cargo a la
masa de la liquidación del fideicomiso “Corabastos” 45
reclamaciones, por concepto de certificados de beneficio
fiduciario y otras acreencias12.
2.6. Narraron los demandantes, que «la Fiduciaria Cáceres
y Ferro S.A. “en liquidación forzosa administrativa”, interpuso demanda
ordinaria contra las sociedades convocadas la cual quedó radicada bajo
el No. 2000-5923 en el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá»13. Ello
para que se declarara la nulidad absoluta de la cesión que
hizo la U.T. A. Muñoz a la Unión Temporal Operación Bodega
Popular de las «rentas y flujos de caja correspondientes a los
arriendos repagos y demás ingresos inherentes a la operación de la
Bodega Popular». Consecuencialmente, instó a tener por no
válidos todos «los pagos hechos por la CORPORACION DE ABASTOS
DE BOGOTA S.A CORABASTOS a la UNION TEMPOIRAL OPERACION
BODEGA POPULAR conformado por las Sociedades ASESORIAS Y
REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA y SCHMEDLING ASOCIADOS &
CIA LTDA por arriendos repagos y cualquier otro pago inherente a la
operación de la Bodega Popular». Y, en atención a ello, que se
«condene a la CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A
CORABASTOS a pagar a la FIDUCIARIA CACERES Y FERRO S.A 'En
liquidación a órdenes y con destino al patrimonio autónomo
FIDEICOMISO CORABASTOS, la suma de $ 9.898.365.325,00 Mcte
sumas correspondientes a las rentas y flujos de caja por arriendos
11 Página 109 del archivo «Cuaderno Principal Tomo01».
12 Página 110 del archivo «Cuaderno Principal Tomo01».
13 Hecho 17.
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repagos y demás ingresos inherentes a la Operación de la Bodega
Popular o lo que resulte probado, como consecuencia de la cesión hecha
la citada Sociedad Fiduciaria»14.
2.7. Sin embargo, tal acción no prosperó en primera
instancia15. Decisión que fue confirmada el 16 de marzo del
2012, por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá16.
2.8. Con resolución No. 133 del 20 de abril del 2009, se
ordenó «ENTREGAR a la FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. Fiduestado
en Liquidación (…) por cuenta del FONDO DE GARANTÍAS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS (…), el PATRIMONIO AUTÓNOMO
CORABASTOS en liquidación»17. Dicha entidad, en acto no.
00194 del 29 de octubre del 2010, ante la falta de activos de
dicha masa, declaró «terminado, liquidado y cancelado el patrimonio
autónomo denominado Corabastos en liquidación constituido mediante
contrato suscrito el 5 de agosto de 1998 en entre Fiduciaria Cáceres y
Ferro S.A. y la Unión Temporal A. Muñoz»18.
2.9. Los demandantes alegaron que la cesión del crédito
efectuada a la Fiduciaria tiene plena validez, «por lo que las
cesiones de la posición contractual, realizadas posteriormente por la
UNION TEMPORAL A MUÑOZ, no le son oponibles al FIDEICOMISO
CORABASTOS, ya liquidado». En tal sentido, aseveraron que la
demandada les causó un perjuicio a los beneficiarios del
Fideicomiso Corabastos «al no entregar los derechos de crédito
14 Hecho 17 de la demanda.
15 En sentencia proferida el 30 de junio del 2011 por el Juzgado Treinta y Tres Civil
del Circuito de Bogotá.
16 Página 114 del archivo ibídem
17 Página 130 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
18 Página 137 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
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cedidos, y pagar los certificados de beneficio fiduciario, perjuicios los
cuales esta (sic) obligada a reparar».
3. El Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá dispuso su
admisión por auto de 03 de julio de 2013, ordenando el
enteramiento del interpelado19.
4. Corabastos se opuso a las pretensiones de la
demanda. Y propuso las excepciones que denominó «Falta del
requisito de procedibilidad (audiencia de conciliación) frente a la parte
actora»; «
incumplimiento del contrato
de concesión No 047-97 – bodega
popular- frente a la cesión efectuada del mismo a la fiduciaria Cáceres y
Ferro S.A.»; «ineficacia de la notificación de la cesión». Y, finalmente,
«prescripción»20. Adicionalmente, llamó en garantía al
Consorcio Unión Temporal A. Muñoz. Sin embargo, las
sociedades que lo conforman (Alfredo Muñoz Construcciones
S.A. -En Liquidación y Constructora AMCO LTDA. en
ejecución del acuerdo de reestructuración) guardaron
silencio.
5. El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá
dirimió la instancia el 13 de febrero de 2018, desestimando
las pretensiones de la demanda21.
6. El Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil desató el
recurso de apelación formulado por los demandantes, el 18
19 Página 243 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
20 Páginas 263-272 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 01».
21 Páginas 416-432 del archivo «Cuaderno Principal Tomo 03».
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de julio de 2018, confirmando en su totalidad la decisión de
primer grado.22
7. Inconforme, la parte vencida formuló recurso de
casación -admitido por esta Corporación-.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal sostuvo que, a los demandantes les asiste
un interés para obrar en tanto ostentan un motivo jurídico
particular para blandir las pretensiones del libelo, al ser
beneficiarios del patrimonio autónomo “Fideicomiso
Corabastos”. No obstante, para el ad quem esto no extiende
sus efectos a la legitimación en la causa por activa por las
razones que a continuación expone:
En primer lugar, explicó el concepto de legitimación en
la causa a la luz de la jurisprudencia proferida por esta Sala
de Casación Civil. Bajo el alero de dichas providencias,
sostuvo que aquel es un presupuesto para obtener una
sentencia de fondo estimatoria de la pretensión y que
corresponde a la titularidad del derecho sustancial. Dicho
esto, además de exponer los supuestos fácticos probados en
el curso de la primera instancia, explicó que la declaración
de voluntad está llamada a surtir eficacia jurídica
únicamente entre quienes dieron su consentimiento para
formar el respectivo contrato.23 En consecuencia, para el ad
22 Páginas 36-61 del archivo «Cuaderno Apelación».
23 Estimó que «si bien el ordenamiento jurídico acepta como legitimados en un proceso, sujetos
que no son titulares del derecho o de la relación jurídica sustancial objeto del proceso, situación
que se conoce como "legitimación extraordinaria" -como ocurre, entre otros, con el deudor en la
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quem, era la fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. en liquidación
forzosa administrativa -como vocera del patrimonio
autónomo Corabastos S.A.-, la legitimada por activa para
interponer cualquier acción dirigida a «recaudar dineros
provenientes del contrato de cesión de derechos pecuniarios llevado a
cabo entre Corabastos y la Unión Temporal A. Muñoz».24
acción pauliana, dando génesis a la llamada "acción oblicua", en la que el acreedor ejerce su
derecho auxiliar de perseguir la satisfacción de su crédito, pero fincado en una relación jurídica
ajena (…)-, esa legitimación de los terceros es restringida, a fin de evitar que cualquier persona
intervenga en él».
En ese orden de ideas, el hecho de que la Unión Temporal A. Muñoz haya suscrito el Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de pago el 05 de agosto de 1998
y que, el 23 de septiembre de 1998, hubiera cedido la totalidad del Contrato de Concesión No.
047-47, con el beneplácito de Corabastos, a la Unión Temporal Bodega Operación Popular
Corabastos, no legitima, per se, «a los beneficiarios de los Certificados de Bonos Fiduciarios –
aquí demandantes- para dirigir sus pretensiones hacia Corabastos S.A., pues, el contrato de
concesión número 047-97, fue signado por ésta y la Unión Temporal A. Muñoz, quien transfirió
la totalidad de los derechos pecuniarios a la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.; por lo tanto, en el
presente asunto, quien ostenta la legitimación en la causa por activa, era el patrimonio autónomo
"Corabastos", representado por su liquidador, y no los beneficiarios del Fideicomiso Corabastos».
Recordó que el patrimonio autónomo Corabastos fue creado por la Unión Temporal A. Muñoz,
con la finalidad de administrar los recursos y bienes que se transfieren a título de fiducia
mercantil y ser fuente de pago de las obligaciones que tenga contraídas y/o llegare a contraer.
En dicho negocio, fungió aquella como fideicomitente y Cáceres y Ferro como fiduciario.
Además, se vincularon como beneficiarios los demandantes. Vistas así las cosas, al amparo de
la jurisprudencia de esta Corte y la doctrina especializada, sostuvo que: «(…)aunque los ingresos
del "Patrimonio Autónomo Corabastos" los conformaron los pagos mensuales que remitía en una
primera oportunidad Corabastos a la U.T.A. Muñoz, y luego, ante la cesión del crédito a favor de
la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., los direccionó a esta última, y de ahí el interés para obrar que
les asiste a los beneficiarios de los Certificados de Beneficios Fiduciarios, de ello no sigue, que
los beneficiarios del mentado fideicomiso ostenten alguna relación contractual con la sociedad
Corabastos S.A., en tanto ninguna injerencia tuvo en el mismo, en la medida en que fue el
Fiduciante, U.T.A. Muñoz, quien creó el fideicomiso, al celebrar el contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., y señaló
el sendero que había de honrar la fiduciaria para cumplir su finalidad, que lo era responder por
las obligaciones que éste o cualquiera de sus miembros, hubiese contraído o llegare a contraer,
al igual que la fíduciaria, en desarrollo del patrimonio autónomo, y en favor de los diversos
acreedores, entre ellos, los aquí demandantes».
24 Así mismo, relievó que en virtud de dicha prerrogativa fue que la fiduciaria incoó demanda
«con la que persiguió hacerse a los “arrendamientos, ingresos, servicios, cobro administrativo y
repago (garantías Corabastos)”, que obtuvo en transferencia, por medio del contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago celebrada entre la Fiduciaria Cáceres
y Ferro y Unión Temporal A. Muñoz el 5 de agosto de 1998».
Aseguró que tal conclusión la refrendan dos circunstancias particulares: i) que los
demandantes se hubieran hecho parte del proceso de liquidación forzosa administrativa, al
quedar incluidos dentro de la resolución no. 01 del 24 de septiembre de 1999; y, ii) que algunos
de los beneficiarios de los Certificados Fiduciarios se hicieron parte civil dentro del proceso
penal adelantado por los representantes legales de la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., y de la
cual obtuvieron indemnización integral de perjuicios así: «a Nohora Sánchez Cuellar, en la suma
de $80.000.000.oo; Natalia Jaramillo Sánchez, en la misma suma; Stella Vargas de Tisnes y sus
hijas Martha Inés y Silvia Eugenia Tisnes Vargas, $60.000.000.oo; Hernando Pulido Osuna, en
$370.000.000.oo, y Ana Lucía Escobar Castro, en monto de $53.983.067,00, acorde con los
certificados de beneficio fiduciario que se les expidieron entre el 18 de agosto y 15 de diciembre
de 1998, más los intereses legales vigentes, desde el momento en que se les expidieron a cada
uno de ellos, y hasta su efectivo pago». De manera que aquellos beneficiarios, que también
actúan en este proceso como demandantes, eran conocedores de la relación comercial que los
ligaba con la fiduciaria. Así pues, para el Tribunal, tales intervenciones permiten corroborar
que «la legitimación por activa la ostentaban los beneficiarios para con la Fiduciaria Cáceres y
Ferro Ltda, en su condición de vocera del Patrimonio Autónomo Corabastos, con miras a exigirle
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Ahora bien, frente al argumento esgrimido por los
apelantes -en torno a que es imposible exigir que sea la
fiduciaria la que persiga el pago de las obligaciones derivadas
de la cesión de los derechos pecuniarios, por encontrarse
esta persona jurídica liquidada-, el Colegiado aseveró que «era
la citada Fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo, y quien
expidió los Certificados de Bonos Fiduciarios, la que debía responderles
por su acreencia».25
Aunado a lo anterior, aunque la fiduciaria haya cesado
en sus funciones, no por ello puede afirmarse su extinción
absoluta. Para el ad quem, nada impide que «en el caso que se
hubiese obtenido el propósito que ha perseguido su liquidador, ella
"perviva", con la específica finalidad de distribuir las ganancias que se
obtengan o los bienes que ingresen a su haber, ya, entre sus acreedores,
ora en favor de los socios, en caso de existir excedente, luego de cancelar
el pasivo existente». Así lo dispone el artículo 64 de la Ley 1116,
la jurisprudencia de esta Corte (SC1182-2016) y los Oficios
220-072561 del 21 de diciembre de 2005 y 220-036327 del
el importe correspondiente a los Certificados de Bonos Fiduciarios, expedidos por ella, mientras
que las atinentes al cumplimiento de la transferencia de la totalidad de los "derechos pecuniarios"
provenientes del Contrato de Concesión No.047- 97- Bodega Popular que entrarían a nutrir el
patrimonio autónomo Corabastos, era del resorte de su vocera, Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.».
25 Y si bien es cierto que la Resolución No. 00194 del 2010, proferida por la Fiduciaria del
Estado S.A., puso fin al patrimonio autónomo Corabastos «no por ello puede afirmarse, como lo
pretende la parte actora, que la facultad legal que le asiste a la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.,
o su liquidador, para perseguir lo pretendido con el libelo, específicamente, declarar que
Corabastos S.A. incumplió el pago de la cesión de los derechos pecuniarios y el consecuente pago
a los beneficiarios del fideicomiso, se traslade a éstos, por el hecho de haberse terminado,
liquidado y cancelado el patrimonio autónomo denominado Corabastos en liquidación».
Tampoco lo adquieren por el hecho de haberse constituido en parte civil dentro del proceso
penal ni tampoco resulta un contrasentido no estar legitimado dentro del presente proceso,
«porque en aquél intervinieron para perseguir el pago de sus certificados a los señores Gustavo
Cáceres Ferro y Rodrigo Borrero Pastrana –representantes legales de la Fiduciaria Cáceres y
Ferro S.A.-, mientras que con la presente demanda pretenden que se declare el incumplimiento
de Corabastos con el pago de la cesión de derechos pecuniarios derivados del contrato de
concesión No. 047- 97 - Bodega Popular-, que celebró la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. como
vocera del Patrimonio Autónomo Corabastos, con Corabastos S.A.».
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21 de mayo de 2008, dictados por la Superintendencia de
Sociedades.26
LA DEMANDA DE CASACIÓN: CARGO ÚNICO
1.- Al amparo de la causal segunda de casación,
denunció la violación indirecta de los artículos 1546, 1602,
1603, 1604, 1605, 1627, 1634, 1959 modificado por el 33 de
la ley 57 de 1887 y 1960 del Código Civil; 1235,1242 y 1243
del Código de Comercio, por falta de aplicación. Y el canon
64 de la Ley 1116 de 2006, por aplicación indebida. Todo ello
como consecuencia de error de hecho en la apreciación de
ciertos medios de prueba.
2.- En su desarrollo, los recurrentes sostuvieron que se
valoró indebidamente el contrato de fiducia, celebrado entre
la Fiduciaria Cáceres y Ferro y la Unión Temporal A. Muñoz,
las resoluciones 01 de 1999, 133 de abril del 2009, 00194 de
26 Y tampoco existe legitimación por activa en cabeza de los beneficiarios por el hecho de
haberse suscrito un contrato de fiducia mercantil de carácter irrevocable entre la Fiduciaria
Cáceres y Ferro S.A. con la Unión Temporal A. Muñoz, cuyos bienes fideicomitidos no pueden
pasar al fideicomitente, como lo contempla el artículo 1242 del Código de Comercio. Ello es así
porque: «(…) quien ostentaba la facultad legal para emprender todas las acciones a su alcance para proteger
los intereses del Patrimonio Autónomo Corabastos – creado para responder por los derechos y obligaciones
que contrajera el fideicomitente o cualquiera de sus miembros o la Fiduciaria, otorgante de los mencionados
certificados (artículos 1227 y 1233 del C. de Co. - era la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. En Liquidación, como
en efecto lo llevó a cabo, al demandar a la Corporación de Abastos de Bogotá, Alfredo Muñoz Construcciones
S.A., Amco Ltda (antes Alfredo Muñoz Cía Ltda), Schmedling Asociados & Cía Ltda, y Asesorías y
Representaciones Pradilla Ltda. - integrantes estas dos últimas de la Unión Temporal Operación Bodega
Popular "Corabastos"- , lo que de suyo excluye la viabilidad del cobro por parte de sus beneficiarios».
Por último, tampoco es procedente atender a los argumentos esbozados en torno a la
legitimación por pasiva, pues «ante la falencia de la legitimación en la causa por activa, de más
está abordar la falta de legitimación por la pasiva, pues, aunque los ingresos del "Patrimonio
Autónomo Corabastos" lo conformaron los pagos mensuales que remitía en una primera
oportunidad Corabastos a la U.T.A. Muñoz, y luego, ante la cesión del crédito a favor de la
Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., los direccionó a esta última, y de ahí el interés para obrar que
les asiste a los beneficiarios de los Certificados de Beneficios Fiduciarios, tal circunstancia no
conduce a que los beneficiarios del mentado fideicomiso ostenten alguna relación contractual con
la sociedad Corabastos S.A., que los legitime para incoar la demanda que ocupa la atención de
esta instancia, con la que pretenden declarar el "
incumplimiento del contrato
de cesión de
derechos pecuniarios" suscrito entre la citada fiduciaria y la Unión Temporal A. Muñoz, y alegar
la inoponibilidad referida».
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
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2010 y 00206 de 2010. Documentos de los cuales
transcribieron apartes que consideraron relevantes.27
Sostuvieron que, si bien el Tribunal se refirió
tangencialmente a algunos de estos hechos, de manera
errada concluyó que «quien ostenta la legitimación en la causa por
activa era el patrimonio autónomo "Corabastos" representada por su
liquidador y nos los beneficiarios del Fideicomiso Corabastos». En su
parecer, tal aseveración resulta equivocada pues no se
advirtió, debiendo hacerlo, «que a la fecha en que se inició el
proceso, ya no existía el patrimonio autónomo denominado "Corabastos"
y tampoco ninguna de las personas jurídicas que llevaron su vocería y
representación, esto es, la Fiduciaria Cáceres y Ferro y la Fiduciaria del
Estado S.A. por encontrarse ambas extintas, circunstancia que constituía
un escollo insuperable para promover el proceso». Criticaron que el
ad quem se limitó a examinar exclusivamente el contrato de
fiducia «y, a estimar que cualquier reclamación en torno al
incumplimiento de tal negocio jurídico debía ser hecho por cualquiera de
estos dos contratantes, pero no escudriñó -debiendo hacerlo- la prueba
documental enunciada en este cargo, yerro que lo llevó a concluir, de una
parte, que era la fiduciaria Cáceres y Ferro la única legitimada para
iniciar el proceso, como si se tratara de una legitimación en la causa
normal u ordinaria, y de la otra, a dejar de ver que de tales documentos
se deducía la existencia o configuración de una legitimación en la causa
27 Aseveraron que un análisis crítico individual y conjunto de tales pruebas permiten probar
objetivamente los siguientes hechos: «(i) la calidad de concesionario de la Unión Temporal A.
Muñoz en virtud de la celebración del contrato de concesión No. 047-97 con Corabastos; (ii) la
calidad de fideicomitente de la misma Unión Temporal, por razón de la celebración del contrato
de Fiducia mercantil con la sociedad Cáceres y Ferro el 5 de agosto de 1998; (iii) el nacimiento
del patrimonio autónomo denominado "Corabastos" cuyo objeto fue el pago de las obligaciones
que contrajeran el fideicomitente o la fiduciaria a favor de los denominados "beneficiarios"; (iv) la
calidad que tienen los demandantes en el patrimonio autónomo Corabastos como beneficiarios;
(v) la representación legal de ese patrimonio, primero, por la sociedad Cáceres y Ferro y, luego,
por la Fiduciaria del Estado S.A.; (v) la terminación, liquidación y cancelación del patrimonio
autónomo Corabastos; (vi), finalmente, la extinción legal de Fiduciaria Seguros del Estado S.A. a
partir del 27 de diciembre de 2010».
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extraordinaria, que permitía, a los aquí demandantes, promover el
proceso judicial en contra de Corabastos».28
Con lo dicho, reprocharon que el Tribunal se hubiera
quedado con la postura formal de que el único legitimado
para interponer la acción era la parte del contrato de fiducia.
Esto sin advertir que las sociedades que representaban al
patrimonio autónomo se extinguieron, lo cual «constituía una
razón de suficiente entidad que impedía a tal fiduciaria iniciar el proceso
y, negándose a considerar bajo una óptica garantista de los derechos
subjetivos, la legitimación extraordinaria que tenían los actores para
buscar la satisfacción de las obligaciones insatisfechas de la
demandada y a favor del patrimonio autónomo». Aunado a lo
anterior, calificaron como contraevidente el argumento
esgrimido por el juzgador de segunda instancia, según el
cual, pese a la extinción de la fiduciaria como sujeto de
derechos, esta pervivía y podía válidamente promover el
proceso.29
28 Con sustento en providencias de esta Corporación, apuntalaron que: «(…) es innegable que
los demandantes tienen legitimación en la causa de naturaleza extraordinaria, que deriva de los
certificados de beneficio que les fueron expedidos por la Fiduciaria Cáceres y Ferro, como vocera
y representante del patrimonio autónomo "Corabastos" al que fueron transferidos los derechos
pecuniarios que le pudieran corresponder a la Unión Temporal A. Muñoz como concesionario del
contrato de concesión No. 047-97 Bodega Popular celebrado con la demandada, durante la etapa
de operación.
Ciertamente son terceros que no fueron parte en el contrato de fiducia, pero no extraños, sin
ningún lazo con los contratantes, sino terceros relativos, de quienes se predica una vinculación
jurídica con uno de aquellos por cuanto el contrato de fiducia les irradia derechos como
beneficiarios.
Por tal razón, ante la desaparición del referido patrimonio autónomo Corabastos y de las
personas jurídicas que, en algún momento, llevaron su vocería y representación, no puede
desconocerse la legitimación en la causa que ostentan los promotores del proceso, para pedir
ante el juez competente por los factores establecidos en la ley procesal, la tutela judicial efectiva
de sus derechos por el daño que les fue irrogado al no ser pagados los certificados de beneficio
expedidos a su favor».
29 Manifestaron que tal afirmación «desconoce la extinción total y definitiva de la misma,
demostrada con la resolución 00206 de 2010; desde otro punto de vista, el art. 64 de la ley 1116
de 2006 regula un aspecto por completo diverso, vale decir, la aparición de nuevos bienes del
deudor o la ausencia de adjudicación de algunos de los Inventariados».
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
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Por último, estimaron que los yerros fácticos son
trascendentes pues «condujeron al Tribunal a considerar que los
demandantes, en su condición de beneficiarios del patrimonio autónomo
"Corabastos" no podían reclamar a la demandada el pago de los
derechos pecuniarios provenientes del contrato de concesión No.047-97
Bodega Popular y por esta vía, a confirmar el fallo de primera instancia,
desestimatorio de las súplicas del libelo».
CONSIDERACIONES
1. El ataque sub examine, tal como invariablemente lo
ha sentado esta Corporación30, está vinculado al defecto en
la contemplación, existencia y percepción de determinado
medio convictivo. No se olvide que se impone «la necesidad de
respetar la valoración de las pruebas que hacen los jueces de instancia,
porque sería insostenible que sólo el juez de la casación tuviera el
monopolio de la razón a la hora de elucidar el recto entendimiento de las
pruebas allegadas».31 Esto es, para que este cargo pueda
prosperar, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmación
extraída por el ad quem frente a la verdad indiscutible que
esos medios muestran. Esa antítesis de protuberante
envergadura, expresamente prevista para el error de hecho
cuando se exige que éste sea “manifiesto”.32
30 CSJ SSC del 23 de mayo de 1955 (M.P. José J. Gómez); 19 de noviembre de 1956
(M.P. Guillermo Garavito); 24 de abril de 1986 (M.P. Héctor Marín Naranjo); 2 de julio
de 1993 (M.P. Eduardo García Sarmiento); 9 de noviembre de 1993 (M.P. Eduardo
García Sarmiento).
31 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039).
32 Artículo 336, #2 del Código General del Proceso.
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
16
2.- Desde esta Sala, por las razones que a continuación
se expresan, no se comparte el reproche elevado por los
censores.
2.1. Se afirma que el Tribunal violó indirectamente
ciertas normas sustanciales, por error de hecho en la
valoración del contrato de fiducia celebrado entre la
Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., y la Unión Temporal A.
Muñoz, de las resoluciones 01 de 1999, 133 de abril del
2009, 00194 de 2010 y 00206 de 2010. Probanzas de las
cuales se derivaba la calidad de concesionario de la Unión
Temporal A. Muñoz, su calidad de fideicomitente, la
existencia del patrimonio autónomo Corabastos, entre
otros.33
2.2. Recuérdese que, en la labor de elaboración del
motivo de casación, debe el censor individualizar cada medio
de prueba en el que recae el error, indicarlo y «demostrarlo
señalando cómo se generó la suposición o preterición o cercenamiento,
sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos
(…)»34. En otras palabras, si se alega que la prueba
específicamente determinada fue mal apreciada, el censor
debe, con un cotejo o comparación, exponer qué fue lo que
concluyó el Tribunal de dicha prueba y qué es lo que emerge
33 Sostuvieron que, si bien el juez de segundo grado se refirió tangencialmente a algunos de
estos hechos, de manera errada concluyó que «quien ostenta la legitimación en la causa por
activa era el patrimonio autónomo "Corabastos" representada por su liquidador y nos los
beneficiarios del Fideicomiso Corabastos». En su parecer, tal aseveración resulta equivocada
pues no se advirtió, debiendo hacerlo, «que a la fecha en que se inició el proceso, ya no existía
el patrimonio autónomo denominado "Corabastos" y tampoco ninguna (sic) de las personas
jurídicas que llevaron su vocería y representación, esto es, la Fiduciaria Cáceres y Ferro y la
Fiduciaria del Estado S.A. por encontrarse ambas extintas, circunstancia que constituía un
escollo insuperable para promover el proceso».
34 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075.
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fluidamente de ella, esto es, sin esforzados razonamientos.35
Véase que en el reparo no se expuso la forma en que el
juzgador tergiversó, cercenó, supuso o pretermitió las citadas
probanzas. Aunado a ello, se observa que la sentencia
atacada sí valoró cada uno de tales medios de convicción.
2.2.1. En efecto, el contrato de concesión no. 047-97
permitió al Tribunal colegir la calidad de concesionario de la
Unión Temporal A. Muñoz. En tal sentido, evidenció que
«[e]ntre Corabastos S.A. y la Unión Temporal A. Muñoz, integrada por las
sociedades Alfredo Muñoz & Cia Ltda. y Alfredo Muñoz Construcciones
S.A., se celebró el día 25 de septiembre de 1997, el Contrato de
Concesión No.047-97 - Bodega Popular Corabastos, cuyo fin era,
conforme a la cláusula primera, "realizar por el sistema de concesión,
bajo su propio riesgo, la revisión de los estudios y diseños entregados
por CORABASTOS, para la bodega denominada "BODEGA POPULAR"
(fs.32 a 35), prorrogado el 27 de noviembre de 1998 (f.46)».
2.2.2. A su turno, el contrato de fiducia también llevó a
que el juez de segundo grado coligiera la calidad de
fideicomitente de la Unión Temporal A. Muñoz y «el nacimiento
del patrimonio autónomo denominado "Corabastos" cuyo objeto fue el
pago de las obligaciones que contrajeran el fideicomitente o la fiduciaria
a favor de los denominados "beneficiarios"».36
35 En el caso en concreto se enlistaron ciertos elementos suasorios, para decir que, de ellos, se
derivaba de forma objetiva los siguientes hechos: «(i) la calidad de concesionario de la Unión
Temporal A. Muñoz en virtud de la celebración del contrato de concesión No. 047-97 con
Corabastos; (ii) la calidad de fideicomitente de la misma Unión Temporal, por razón de la
celebración del contrato de Fiducia mercantil con la sociedad Cáceres y Ferro el 5 de agosto de
1998; (iii) el nacimiento del patrimonio autónomo denominado "Corabastos" cuyo objeto fue el
pago de las obligaciones que contrajeran el fideicomitente o la fiduciaria a favor de los
denominados "beneficiarios"; (iv) la calidad que tienen los demandantes en el patrimonio
autónomo Corabastos como beneficiarios; (v) la representación legal de ese patrimonio, primero,
por la sociedad Cáceres y Ferro y, luego, por la Fiduciaria del Estado S.A.; (v) (sic) la terminación,
liquidación y cancelación del patrimonio autónomo Corabastos; (vi) (sic), finalmente, la extinción
legal de Fiduciaria Seguros del Estado S.A. a partir del 27 de diciembre de 2010».
36 Al respecto, al valorar dicho documento, se indicó que «recuérdese que el patrimonio autónomo
Corabastos, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato de fiducia, fue creado por U.T.A.
Muñoz, para "la constitución de un patrimonio autónomo, con la finalidad de administrar los
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
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2.2.3. Con respecto a la calidad de beneficiarios de los
demandantes, el Tribunal tuvo por probado en múltiples
ocasiones que los integrantes de la parte demandante eran
beneficiarios del patrimonio autónomo “Corabastos” en
atención a los certificados de bonos fiduciarios. En tal
sentido, aseveró que «aunque los ingresos del "Patrimonio Autónomo
Corabastos" los conformaron los pagos mensuales que remitía en una
primera oportunidad Corabastos a la U.T.A. Muñoz, y luego, ante la
cesión del crédito a favor de la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., los
direccionó a esta última, y de ahí el interés para obrar que les asiste a
los beneficiarios de los Certificados de Beneficios Fiduciarios (…)».
2.2.4. Por último, de las resoluciones 133 del 20 de abril
de 2009 y 00194 del 29 de octubre del 2010, en segunda
instancia sí se estimó lo que viene. Por un lado, se aseveró
que «la vocera del patrimonio autónomo Corabastos pasó a ser la
Fiduciaria del Estado S.A. (fs. l02 a 106 y 431 a 432)». Y, por el otro,
«que por Resolución No. 00194 del 29 de octubre de 2010, el gerente
liquidador le puso fin al patrimonio autónomo Corabastos en liquidación,
constituido mediante contrato suscrito el 5 de agosto de 1998 entre
Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. y la Unión Temporal A. Muñoz (fs. 107 a
109 y 433 a 435)»; frente al hecho (vi), el juez colegiado dijo que: «si bien
no se discute que la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. fue objeto de toma
de posesión y liquidación forzada».
2.3. Esto es, no es manifiesto el alegado error de hecho
derivado de la falta de valoración del contrato de fiducia
celebrado entre la Fiduciaria Cáceres y Ferro y la Unión
recursos y bienes que se transfieren a título de fiducia mercantil y ser fuente de pago de las
obligaciones que tenga contraídas y/o llegare a contraer EL FIDEICOMITENTE, cualquiera de sus
miembros, o LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente patrimonio autónomo...", dentro del cual
aquella fungió como "fideicomitente", y Cáceres y Ferro, en calidad de fiduciaria de
administración, a la que se vincularon como beneficiarios, entre otros, los aquí demandantes»;
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Temporal A. Muñoz y las resoluciones 01 de 1999, 133 de
abril del 2009, 00194 de 2010 y 00206 de 2010.
2.4. En ese orden de ideas, lo que se reprocha es una
violación directa de la norma sustancial, porque la discusión
se centra exclusivamente en un punto de derecho. Cual es,
si en el caso en concreto debe o no aplicarse la teoría de la
legitimación extraordinaria37: para facultar a los
beneficiarios de un fideicomiso impetrar la acción en contra
de Corabastos.38
3. Respecto de la incompletitud del ataque se anota lo
que viene. Se aseveró que el Tribunal «se limitó a examinar, en
forma exclusiva, el contrato de fiducia celebrado entre la Fiduciaria
Cáceres y Ferro y la Unión Temporal A. Muñoz». Sin embargo, tal
aseveración no es compartida por esta Sala. Es cierto que ad
quem sí aseveró que del contrato de fiducia se colegía que la
37 Se refiere a aquellos casos excepcionales en que la ley faculta a una persona para
ejercitar derechos materiales de otro. esta Sala advirtió, citando a Rocco, que «los
terceros a quienes la ley reconoce una legitimación extraordinaria -indicó el autor
italiano- «están autorizados para pretender en nombre propio la declaración de certeza
o la realización coactiva de dichas relaciones jurídicas, conjunta o paralelamente, o con
exclusión y en sustitución, de los verdaderos sujetos de las relaciones jurídicas
sustanciales», de modo que «puede ocurrir que en ciertas y particulares relaciones
jurídicas, cuando otro sujeto tenga un interés igual, o preeminente, en la realización de
la relación sustancial, incluso frente al verdadero titular de ella, la ley procesal da el
derecho de acción a dicho sujeto, precisamente en consideración a aquel interés» (el
subrayado no es del texto)» SC16669-2016 del 18 de nov., exp. 2005-00668-01.
38 Al respecto, tiene dicho la Sala que:
«El artículo 344 del Código General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera
separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, vías o errores; por tanto, cada
acusación debe responder a un motivo concreto y específico, fuera de divagaciones que puedan
conducir a que la vía seleccionada sea inadecuada a la sustentación esbozada.
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas está destinada a
cuestionar tópicos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento.
De allí que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya manifestado que:
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el
recurrente en cargos separados, caracterizados por ser autónomos e individuales, lo que
igualmente se infiere del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, premisas que le impiden
entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho
con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.° 2007-00145-01)» (CSJ, AC 2707 del 10 de julio
de 2019, Rad. n.° 2016-46013-01).
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
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legitimada en la causa por activa.39 Empero, su análisis no
se agotó en dicho medio de prueba.40 Tal situación permitió
al juez plural concluir que los demandantes «eran conocedores
de la relación comercial que los ligaba con la fiduciaria en mención».41
Por lo demás, no se enrostraron todos los fundamentos de la
sentencia atacada.42
4. Aunado a ello, los demandantes reprocharon que «no
escudriñó -debiendo hacerlo- la prueba documental enunciada en este
39 Se estimó que «para impetrar cualquier acción que tienda a recaudar dineros provenientes del
contrato de cesión de derechos pecuniarios llevado a cabo entre Corabastos y la Unión Temporal
A. Muñoz» era la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. en Liquidación Forzosa Administrativa, como
vocera del patrimonio autónomo Corabastos.
40 Por el contrario, se sostuvo que tal conclusión también encontraba soporte en que los
beneficiarios del patrimonio autónomo Corabastos «se hicieron parte dentro del proceso de
Liquidación Forzosa Administrativa, al quedar incluidos dentro de la Resolución N° 01 de
septiembre 24 de 199 (fs. 112 a 184), cuyas reclamaciones fueron aprobadas a cargo del quinto
grado de la masa de la liquidación del Fideicomiso por concepto de certificados de beneficio
fiduciario y otras acreencias que aquella expidió (fs. 81 a 83 y 169 y 170)». A lo cual le sumó
que «algunos de los beneficiarios de los Certificados Fiduciarios, se hicieron parte civil dentro del
proceso penal adelantado en contra de Gustavo Cáceres Ferro y Rodrigo Borrero Pastrana,
representante legales de la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.» y del cual los señores Nohora
Sánchez Cuellar, Natalia Jaramillo Sánchez, Stella Vargas de Tisnes, Martha Inés y Silvia
Eugenia Tisnes Vargas, Hernando Pulido Osuna y Ana Lucía Escobar Castro obtuvieron
condena pecuniaria favorable en sumas «acorde con los certificados de beneficio fiduciario que
se les expidieron entre el 18 de agosto y 15 de diciembre de 1998, más los intereses legales
vigentes, desde el momento en que se les expidieron a cada uno de ellos, y hasta su efectivo pago
(fs.342 a 390)».
41 Esto es, a la postre, se corroboró que «la legitimación por activa la ostentaban los beneficiarios
para con la Fiduciaria Cáceres y Ferro Ltda, en su condición de vocera del Patrimonio Autónomo
Corabastos, con miras a exigirle el importe correspondiente a los Certificados de Bonos
Fiduciarios, expedidos por ella, mientras que las atinentes al cumplimiento de la transferencia
de la totalidad de los "derechos pecuniarios" provenientes del Contrato de Concesión No.047- 97-
Bodega Popular que entrarían a nutrir el patrimonio autónomo Corabastos, era del resorte de su
vocera, Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.».
42 La Sala ha dicho «que la demanda de casación debe desandar los pasos del tribunal para
derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida
en que sus argumentos basilares se mantengan incólumes, la presunción de legalidad y acierto
que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable» (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.º 2007-
00181-01). En efecto, la «actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de
[los] argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a
cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias
denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario…; el cargo…
debe ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los
auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida» (SC5674, 18 dic. 2018, rad. n.º
2009-00190-01, reitera AC, 19 dic. 2012, rad. n.º 2001-00038-01).
Sobre la completitud de la demanda, esta Sala ha señalado que:
«De ahí, que la incompletitud de la censura impida su estudio de mérito. Al respecto, tiene sentado
esta Corte «una acusación incompleta, esto es, una imputación en casación que deje intacto un
argumento del Tribunal que por sí mismo preste base suficiente al fallo, es inane porque la Corte,
dado lo dispositivo del recurso, no puede de oficio enmendar o suplir la omisión o falencia en que
incurrió el censor. En esa medida, si el juzgador se basó en varias pruebas, y todas
racionalmente, de modo individual o apreciadas en conjunto, soportan la decisión, es de cargo
del recurrente atacarlas -eficazmente- todas» (CSJ SC563-2021)» (SC 4124 de 2021).
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cargo, yerro que lo llevó a concluir, de una parte, que era la fiduciaria
Cáceres y Ferro la única legitimada para iniciar el proceso, como si se
tratara de una legitimación en la causa normal u ordinaria, y de la otra,
a dejar de ver que de tales documentos se deducía la existencia o
configuración de una legitimación en la causa extraordinaria, que
permitía, a los aquí demandantes, promover el proceso judicial en contra
de Corabastos». Sobre el particular, véase que sí se valoraron
las resoluciones 01 del 24 de septiembre de 1999, 133 del 20
de abril del 2009 y 194 del 29 de octubre de 2010.43
5. En una palabra, el cargo no prospera.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018),
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el proceso indicado en precedencia.
Se condena en costas al recurrente en casación. El
magistrado ponente fija la suma de seis (6) s.m.l.m.v. por
concepto de agencias en derecho.
43 Sin embargo, de tal situación fáctica, se concluyó que «[no] puede afirmarse, como lo pretende
la parte actora, que la facultad legal que le asiste a la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., o su
liquidador, para perseguir lo pretendido con el libelo, específicamente, declarar que Corabastos
S.A. incumplió el pago de la cesión de los derechos pecuniarios y el consecuente pago a los
beneficiarios del fideicomiso, se traslade a éstos, por el hecho de haberse terminado, liquidado y
cancelado el patrimonio autónomo denominado Corabastos en liquidación, constituido mediante
contrato suscrito el 5 de agosto de 1998 entre Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. y la Unión Temporal
A. Muñoz, por medio de la Resolución No.00194 del 29 de octubre de 2010».
Radicación nº 11001-31-03-028-2013-00188-01
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Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
(comisión de servicios)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(comisión de servicios)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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