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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC2430-2025
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
(Aprobado en sesión de tres de diciembre de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veintiséis
(2026).
Se decide el recurso extraordinario de casación
formulado por John Jairo Marín Martínez frente a la
sentencia de 27 de mayo de 2024, proferida por la Sala Única
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo dentro del proceso de declaración de hijo de crianza
que aquél promovió en contra de los herederos de María
Requilda Plazas Montañez.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Mediante demanda presentada el 18 de mayo de 2021,
John Jairo Marín Martínez pidió ser declarado hijo de crianza
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de María Requilda Plazas Montañez y, en consecuencia, se
reconociera su vocación hereditaria para sucederla.
2. Fundamentos fácticos de la demanda
2.1. Informó el demandante que es hijo biológico de
Lucila Martínez López y Rolfe Asdrúbal Marín Bedoya, quien
falleció en 1982, dejando huérfanos a sus hijos a muy
temprana edad1. Después de la muerte del progenitor, la
familia vivió en condiciones muy desfavorables y de extrema
pobreza en la ciudad de Bogotá, donde, más adelante, la madre
biológica inició otra relación sentimental.
2.2. En el año 1984, Lucila Martínez López entregó a dos
de sus hijos a la señora María Requilda Plazas Montañez «para
que se hiciera cargo de ellos y los criara», motivo por el cual John
Jairo y Rolfe Marín Martínez se trasladaron a vivir con la
señora Plazas a su casa de habitación, ubicada en la vereda
Vado Castro del municipio de Tópaga, cuando tenían seis y
ocho años de edad, respectivamente. En la escuela veredal, los
niños se educaron «bajo la tutela, orientación, y a costa de MARÍA
REQUILDA».
2.3. Desde 1984, María Requilda Plazas asumió la
crianza y cuidado de los dos menores, conformando con ellos
una verdadera familia en la que se comportaron como madre e
hijos, «familia de hecho edificada en la solidaridad, el amor, la protección,
1 Según consta en los registros civiles aportados con la demanda, el señor Rolfe Asdrúbal Marín Bedoya
falleció el 11 de mayo de 1982. Su hijo John Jairo Marín Martínez nació el 11 de noviembre de 1978,
siendo Lucila Martínez su madre biológica. Cfr. archivo 02Demanda y anexos 2021-00113.pdf del
cuaderno de primera instancia.
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el respeto. Los muchachos fueron levantados, criados, educados, y
recibieron apoyo de MARÍA REQUILDA a pesar de no tener ningún vínculo
de sangre ni adoptivo. Siempre irradiaron ante la sociedad señales y
manifestaciones inequívocas de ser lo que significa una familia».
2.4. John Jairo Marín Martínez fue un verdadero hijo de
crianza, pues recibió de María Requilda todo el afecto y
protección propios de una madre y, como hijo, le retribuyó ese
amor brindándole los cuidados que requirió en su vejez y hasta
el 30 de julio de 2020, fecha de su muerte2, labor que asumió
él solo debido a que su hermano Rolfe había fallecido con
anterioridad3. Informa el convocante que en su calidad de hijo
asumió todos los gastos y cuidados derivados de la enfermedad
y muerte de la señora Plazas.
2.5. A pesar de que sobrevive la madre biológica, el
demandante tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de
María Requilda Plazas, puesto que ella lo acogió y protegió
desde niño, «desarrollándose entre ellos una relación afectiva de amor y
cuidado, pese a no existir ese vínculo jurídico (sanguíneo o adoptivo que los
uniera». En tal virtud, cumple con las condiciones requeridas
para que se reconozca esa condición, porque: (i) se dio un
reemplazo de funciones y deberes de la madre biológica; (ii) se
forjó una relación familiar estrecha basada en la convivencia,
afecto, solidaridad y apoyo; (iii) la relación con los padres
biológicos es inexistente o deteriorada; y (iv) siempre hubo
dependencia económica respecto de la madre de crianza.
2 Cfr. Registro civil de defunción en archivo 02Demanda y anexos 2021-00113.pdf del cuaderno de
primera instancia.
3 Consta en el registro de defunción aportado que Rolfe Marín Martínez, hermano del demandante,
falleció el 18 de enero de 2015. Cfr. archivo 02Demanda y anexos 2021-00113.pdf del cuaderno de
primera instancia.
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2.6. Existen múltiples pronunciamientos
jurisprudenciales que reconocen las familias basadas en los
vínculos socioafectivos, motivo por el cual el demandante tiene
derecho a ser reconocido como hijo de crianza sin
discriminación alguna, protegiendo sus derechos en pie de
igualdad con los hijos biológicos o adoptivos.
3. Actuación procesal
3.1. Ante la inexistencia de herederos determinados, se
ordenó el emplazamiento de los indeterminados y la
vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
de Lucila Martínez López como integrantes de la parte
demandada.
3.2. La señora Martínez López, madre biológica del
convocante, guardó silencio frente a la demanda. El curador
ad litem de los herederos indeterminados manifestó no
oponerse a las pretensiones siempre que se demostraran los
requisitos establecidos para la declaratoria del hijo de
crianza. El ICBF, por su parte, sostuvo que el petitum no
estaba llamado a prosperar porque «los hijos de crianza no tienen
los mismos derechos que los hijos matrimoniales o maritales,
extramatrimoniales o extramaritales e hijos adoptivos», de modo que
al no tener parentesco con el causante no pueden
considerarse herederos en los términos del artículo 1045 del
Código Civil.
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3.3. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Sogamoso puso fin a la primera instancia mediante sentencia
de 10 de noviembre de 2022, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda.
3.4. Inconforme, el demandante apeló.
4. La sentencia impugnada
Con decisión de 27 de mayo de 2024, la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo confirmó el fallo de primera instancia, con
fundamento en consideraciones que admiten el siguiente
compendio:
4.1. La familia es, ante todo, «una institución cultural mediada
por lazos sociales», motivo por el cual se ha reconocido la familia
de crianza como aquella que no surge por vínculos de
consanguineidad o jurídicos, sino por razones de hecho en
virtud de las cuales el afecto, el respeto y la solidaridad son lo
que consolida el núcleo familiar, mismo que merece el
reconocimiento y protección del ordenamiento jurídico.
4.2. Con fundamento en varios pronunciamientos
jurisprudenciales, resaltó que la familia de crianza surge ante
la ausencia del padre o madre, quien viene a ser reemplazado
por un tercero, situación que fractura los vínculos afectivos y
económicos respecto del progenitor biológico.
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4.3. En este caso, está probada la relación de afecto,
solidaridad y ayuda que existió entre el demandante y la
señora María Requilda Plazas, «no obstante, la misma no
constituye per se la materialización de los elementos esenciales para la
declaración de hijo de crianza», puesto que para que ella proceda
es indispensable acreditar «el deterioro o ausencia de los lazos de
familia biológica, aunado con que dicha ausencia se reemplace por un
tercero». Tales exigencias no se verificaron en este asunto,
porque la ausencia de la progenitora en la infancia y
adolescencia de John Jairo es un hecho que solo se respalda
en el dicho del demandante, quien además se contradice al
reconocer que en ocasiones se comunicaba con la madre
biológica, situación confirmada por la declaración de la
propia progenitora.
4.4. Sumado a lo anterior, se tiene que la señora Plazas
«no permitió la ruptura de la relación de la familia biológica (…) por
cuanto nunca desconoció a la señora MARTÍNEZ como progenitora de
JOHN JAIRO, no se observa que haya alentado el alejamiento de estos,
por el contrario, se tiene que informaba a la progenitora como se
encontraban sus hijos, recibía lo que esta les enviaba y a ellos les hacía
llegar los mensajes y regalos de su progenitora». Así mismo, «si bien
las pocas llamadas realizadas por la señora LUCILA MARTÍNEZ y las dos
visitas que adujo haber realizado, no acreditan el cuidado, la protección,
sostenimiento y atención constante y permanente que configura y sostiene
en el tiempo la relación materno filial, tampoco desacreditan la misma».
4.5. En virtud de lo anterior, se concluye, por un lado,
que no existió ruptura del «vínculo familiar biológico» del
demandante con la progenitora, y por el otro, que «no se
encuentra elemento demostrativo de la intención de MARÍA REQUILDA (…)
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para reconocer al hoy demandante, circunstancia que se debió plantear
ante autoridad competente cuando el hoy recurrente era menor de edad, o
a través de reconocimiento expreso en documento suscrito ante notario
cuando éste alcanzó su mayoría de edad», situación que llama la
atención porque, además, no se probó documentalmente que
el demandante hubiera estado al cuidado de la señora Plazas
en asuntos educativos y de salud.
4.6. El colegiado reprochó (i) que el demandante haya
reconocido a Lucila Martínez como su madre y ahora repudie
ese vínculo, (ii) que llamara a María Requilda indistintamente
como «la señora María» o «mamá María» -hecho que «no permite
soportar con claridad el vínculo reclamado»-, y (iii) que su único interés
sea herencial, en la medida en que sólo inició el proceso
cuando los arrendatarios del inmueble perteneciente a la
señora Plazas dejaron de pagarle los cánones de
arrendamiento.
4.7. Bajo tales presupuestos no es procedente alegar la
posesión notoria del estado civil, pues ni se reemplazó a la
madre biológica ni se logró determinar con claridad el vínculo
que unía a John Jairo y María Requilda, lo que conlleva la
confirmación de la sentencia impugnada.
DEMANDA DE CASACIÓN
El demandante interpuso oportunamente el recurso
extraordinario de casación, y, tras su admisión, presentó la
demanda de sustentación que se estudia, en la cual formuló
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dos cargos al amparo de las causales primera y segunda del
artículo 336 del estatuto procesal.
CARGO PRIMERO
Con base en la causal primera de casación, el censor
denunció la violación directa de los artículos 1, 2, 5, 13, 42,
44, 83, 93 y 230 de la Constitución, los principios
constitucionales de igualdad, pluralismo, dignidad humana
y protección integral a la familia, y «la jurisprudencia vinculante
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre el
“hijo de crianza”», debido al desconocimiento de esa figura de
creación jurisprudencial, reconocida por las Cortes como
«fuente legítima de derechos».
En este caso se cumplieron todos los requisitos que la
jurisprudencia ha establecido para el reconocimiento de la
familia de crianza, sin embargo, el Tribunal les negó efectos
jurídicos al exigir la ausencia total de vínculo con la madre
biológica, cuando el precedente «ha establecido como suficiente la
relación deteriorada o ausente, sin necesidad de una ruptura absoluta o
declaración formal de abandono». Por esa senda, aplicó un criterio
restrictivo y formalista que no han establecido las Altas
Cortes y, con ello, incurrió «en una violación directa del marco
normativo constitucional aplicable a la “filiación por crianza”, al exigir
requisitos adicionales no contemplados (…), tales como la ruptura formal
o absoluta del vínculo con la familia biológica, y la tramitación de la
custodia legal o proceso de adopción».
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La infracción directa del precedente se concreta en el
desconocimiento de las sentencias CSJ, STC6009-2018 y
SC1171-2022, proferidas por esta Corporación, y de las
providencias CC, C-577/11, T-606/13, T-325/16, T-705/16,
T-316/17 y T-281/18, emitidas por la Corte Constitucional.
Tales fallos reconocen plenos efectos jurídicos a las familias
de crianza y garantizan su protección, sin embargo, fueron
desconocidos «al exigir ruptura total del vínculo biológico, cuando la
jurisprudencia solo exige que exista una relación deteriorada o ausente
con los padres biológicos» y al ignorar «la fuerza probatoria del vínculo
afectivo y social consolidado entre MARÍA y JOHN».
El desconocimiento y desprotección de la familia basada
en vínculos socioafectivos, la cual «también está amparada
constitucionalmente, aunque no medien vínculos de sangre o adopción»,
comporta una vulneración de los mandatos constitucionales
denunciados; especialmente, del artículo 42, que reconoce la
familia como núcleo básico de la sociedad y garantiza su
protección integral por parte del Estado.
CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la segunda causal de casación,
acusó la sentencia de infringir indirectamente la ley
sustancial por errores de hecho en la apreciación de los
documentos y declaraciones obrantes en el expediente, yerro
que llevó al juzgador a concluir que no se cumplían los
requisitos jurisprudencialmente exigidos para el
reconocimiento del hijo de crianza.
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Por esa vía, tergiversó las declaraciones de Julio Daniel
Rincón, Nolberto Holguín y Milton Suancha, quienes dieron
cuenta del verdadero vínculo de madre e hijo que existió
entre el demandante y María Requilda por más de 35 años y
la decidida ausencia de la madre biológica. Así mismo,
desfiguró la declaración de Lucila Martínez, en la que
reconoció que no estuvo presente en la vida del convocante
ni se ocupó de él emocional ni económicamente y que fue la
señora Plazas quien se hizo cargo de su crianza y fue una
verdadera madre para él. También apreció indebidamente la
declaración del demandante, quien narró cómo María
Requilda reemplazó íntegramente las funciones de su madre
biológica ante la absoluta ausencia de aquella durante su
infancia y adolescencia.
En el mismo sentido, denunció la omisión de las
pruebas documentales consistentes en los certificados
escolares en los que la señora Plazas figuraba «como madre y
acudiente de JOHN JAIRO», así como las manifestaciones que,
por escrito, realizaron la madre biológica y los sobrinos del
actor, en los que reconocieron la realidad de los hechos
expuestos en la demanda y manifestaron que se «allanaban»
totalmente a las pretensiones de John Jairo Marín.
En consecuencia, el juzgador incurrió en un «error de
hecho en la apreciación integral o conjunta de las pruebas», pues dejó
de aplicar el artículo 176 del estatuto procesal y con ello,
desconoció «su verdadero contenido, alcance y trascendencia,
restándoles eficacia sin motivación suficiente, con lo cual omitió
reconocer el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia
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para la configuración de “hijo de crianza” en cabeza del demandante»,
infringiendo los mandatos 42 y 44 constitucionales al
interpretar de manera equivocada el concepto de familia,
desconociendo su evolución, sus nuevas formas de
conformación y los mandatos jurisprudenciales que imponen
su protección.
De haber valorado adecuadamente los medios de
convicción, el Tribunal habría tenido por demostrados los
requisitos de trato, fama y tiempo, que constituyen la
posesión notoria del estado civil y, por ende, habría
reconocido la existencia del vínculo socio afectivo que
durante más de tres décadas existió entre María Requilda
Plazas y John Jairo Marín, a quien habría tenido que
reconocer entonces como hijo de crianza, garantizándole la
protección que el ordenamiento jurídico ya ha reconocido a
estos tipos de familia.
CONSIDERACIONES
1. La insuficiencia de la demanda y la necesidad de
intervención oficiosa de la Corte
1.1. Las censuras planteadas por el recurrente apuntan
con precisión hacia los argumentos centrales de la sentencia
impugnada y logran identificar con claridad los yerros en que
incurrió el Tribunal, pues denuncian, con razón, cómo erró
el colegiado al exigir la ruptura total del vínculo con la familia
biológica y cómo no tuvo por probado, estándolo, el fuerte
lazo socio afectivo que lo unió con quien considera su madre
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de crianza, el reemplazo de la figura materna y la relación
fracturada o ausente con la progenitora. Sin embargo, los
cargos presentan deficiencias técnicas que, por sí mismas,
carecen de aptitud para fundamentar el quiebre del fallo
impugnado.
En efecto, aunque el recurrente acierta al sostener que
en este caso se exigieron requisitos más estrictos que los
establecidos en la jurisprudencia, no alcanza a estructurar
adecuadamente el primer cargo en casación, pues aunque
señala que se desconocieron dos pronunciamientos de esta
Corporación4 y seis de la Corte Constitucional, no indica con
precisión cuál es la regla jurídica contenida en ellos ni cuál
es la doctrina consolidada e inobservada por el colegiado,
cuyo desconocimiento habría dado lugar a la violación
directa de la ley sustancial, posibilidad que ya ha sido
reconocida por esta Sala Especializada (cfr. CSJ, SC407-
2023).
En el segundo cargo el casacionista ciertamente hace
un esfuerzo por identificar y explicitar en qué consistió el
error en que incurrió el Tribunal al valorar cada prueba, sin
embargo, el ataque incurre en mixtura, pues denuncia a un
mismo tiempo la comisión de errores de hecho y de derecho
sobre los mismos medios de prueba, lo que es inadmisible en
esta sede.
4 Cabe aclarar que ninguno de los dos fallos señalados por el casacionista constituye un precedente
respecto a sus pretensiones, puesto que en la sentencia CSJ, STC6009-2018 la Corte no se pronunció de
fondo sobre el asunto, sino que simplemente dispuso, en el ámbito formal, que se diera trámite a una
demanda de declaración del hijo de crianza presentada ante un juzgado de familia. En sentencia SC1171-
2022, por su parte, no se declaró al hijo de crianza, pues tratándose de un proceso de impugnación de la
paternidad previamente establecida, se acogió la excepción de posesión notoria del estado de hijo para
defender el vínculo filial extramatrimonial vigente.
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Los defectos técnicos evidenciados cerrarían el paso a
la demanda de casación, no así a la intervención oficiosa de
la Corte, que se torna indispensable en la medida en que la
decisión del ad quem desconoce los derechos y garantías
constitucionales del demandado.
1.2. El artículo 336 del estatuto procesal habilita a la
Sala para casar de oficio la sentencia de segundo grado
«cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o
el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales». Es decir, esta intervención oficiosa procede
cuando se verifica alguno de esos eventos excepcionales, caso
en el cual el legislador flexibilizó el rigor del recurso
extraordinario y habilitó a la Corte para apartarse de sus
estrictos con el objetivo de rectificar errores que conlleven tal
compromiso de derechos, fundándose para ello en motivos
distintos a los alegados en la demanda de casación.
Esta facultad resulta justificada si en cuenta se tiene
que la Constitución Política atribuye a la Corte Suprema de
Justicia la función de actuar como Tribunal de Casación,
recurso extraordinario que tiene como finalidad «defender la
unidad e integridad del ordenamiento jurídico» y «unificar la
jurisprudencia nacional» (art. 333 ib.). Se trata de una labor
nomofiláctica, consistente en garantizar la interpretación
uniforme y adecuada de las normas jurídicas, preservando
no solo la unidad sino la coherencia de la jurisprudencia,
pues en virtud de los lineamientos de la Sala, los jueces y
tribunales pueden aplicar la ley de manera consistente,
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evitando contradicciones que atenten contra la seguridad
jurídica y la igualdad de los ciudadanos.
Sobre las facultades de intervención oficiosa, ha
sostenido la Sala:
En ese contexto de constitucionalización del derecho procesal, y
con el objetivo de que las formas propias del juicio no se
constituyeran en una barrera infranqueable para la realización de
los derechos sustanciales, el legislador consideró viable replantear
la función de las distintas Salas de Casación de la Corte Suprema
de Justicia, permitiéndoles atenuar, en algunos eventos
excepcionales, los estrictos contornos de las causales propuestas
por el impugnante, para materializar los fines previstos en el citado
precepto 333 del estatuto procesal vigente.
Por esa vía, inicialmente se facultó a la Corte para «seleccionar las
sentencias objeto de su pronunciamiento», en los términos del
artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del canon 16 de la
Ley 270 de 1996. Y más recientemente, con la expedición del
Código General del Proceso, se consagró una prerrogativa
adicional, consistente en «casar la sentencia, aún de oficio, cuando
sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el
patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales» (artículo 336).
En cuanto a la primera potestad, es pertinente señalar que según
el texto –reformado– de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, las distintas Salas de esta Corporación pueden elegir «las
sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de
unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos
constitucionales y control de legalidad de los fallos», habilitación
genérica que permite (i) abstenerse de tramitar demandas de
casación, aunque satisfagan las exigencias formales del remedio
(selección negativa); y (ii) examinar de fondo ciertos asuntos, a
pesar de que los alegatos del impugnante no sean técnicamente
admisibles (selección positiva).
En lo que tiene que ver con la casación oficiosa, basta reseñar que
esta resulta procedente cuando se evidencie que el fallo de
segunda instancia «compromete gravemente el orden o el
patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
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constitucionales», lo que se traduce en que, tras verificar alguno de
esos excepcionales eventos enlistados por el legislador, la Corte
puede separarse de los estrictos linderos que impone el carácter
dispositivo del recurso, con el fin de enmendar yerros de la
magnitud de los anunciados, sirviéndose de razones diferentes a
las esgrimidas por el recurrente extraordinario en su escrito de
sustentación (CSJ SC963-2022).
1.3. En este caso, la Sala encuentra gravemente
comprometidos los derechos del demandante a tener una
familia, a la igualdad y a no ser discriminado por razón del
origen familiar, así como el imperativo constitucional de
protección de todas las formas de familia. Lo anterior debido
a que, habiéndose probado el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia para la configuración de la
familia de crianza, el Tribunal negó ese reconocimiento en
virtud de errores de hecho ostensibles en la valoración de las
pruebas, las cuales evidenciaban la existencia de un núcleo
familiar constituido de hecho en virtud de los vínculos de
afecto, solidaridad y cuidado compartidos por sus
integrantes.
Tales yerros se originan en la pretermisión de
documentos y declaraciones que demuestran en forma
fehaciente la relación ausente con la madre biológica, el
efectivo reemplazo en su rol parental por parte de María
Requilda Plazas y los fuertes vínculos de afecto, solidaridad
y respeto surgidos entre aquella y el convocante y en la
evidente tergiversación de la declaración de la progenitora,
quien dio fe del abandono de su hijo durante su infancia y de
la absoluta asunción de las obligaciones maternas por parte
de la señora Plazas.
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Los errores fácticos aludidos son protuberantes y
tornan las conclusiones probatorias del ad quem
insostenibles. Además, son trascendentes porque de no
haber incurrido en ellos, se habrían tenido por configurados
los requisitos jurisprudenciales de reconocimiento de la
familia de crianza y, en atención de los mandatos superiores
de protección de todos los tipos de familia, se habría
declarado al convocante como hijo de crianza de la señora
Plazas, con su consecuente vocación hereditaria.
De ese modo, el ad quem desconoció la realidad de una
familia de crianza basada en la convivencia permanente, el
amor, el respeto, el auxilio y la solidaridad, cuyos vínculos
socioafectivos forjados a través del tiempo exigían protección
por parte del ordenamiento. Esa omisión hace imperiosa la
intervención de la Corte en esta sede extraordinaria e impone
la casación de oficio de la sentencia de segundo grado.
1.4. En virtud de lo expuesto, la Sala expondrá
inicialmente algunas consideraciones sobre la protección
constitucional de todos los tipos de familia, el reconocimiento
jurisprudencial de la que nace de la crianza, los requisitos
que por vía judicial se han establecido para su configuración
y los efectos de la declaratoria recogidos en la reciente Ley
2388 de 2024, normativa novedosa que exige el
pronunciamiento de la Corte en cumplimiento de la labor de
unificación de la jurisprudencia que le es propia.
Seguidamente se ofrecerán consideraciones sobre los
derechos sucesorales de la familia de crianza, análisis
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indispensable en virtud de las fundadas dudas que la
redacción de la norma que los reconoce puede generar. En
este punto, se establecerá una regla jurisprudencial para el
reconocimiento de los derechos herenciales al interior de este
tipo de familias, la cual deberá ser atendida por los jueces en
todos los casos en los que tales prerrogativas se controviertan
o reclamen.
En tal virtud, la Sala ofrecerá un marco dogmático que
permitirá no solo la resolución del caso concreto sino el
establecimiento de lineamientos que permitan aplicar la
nueva ley de manera consistente y acorde con los avances
jurisprudenciales que la preceden, mismos que responden al
imperativo constitucional de protección de todos los tipos de
familia. Para finalizar, se analizarán los yerros de
juzgamiento en que incurrió el colegiado en el caso concreto
y que conllevan la casación de oficio de la sentencia,
procediendo la Corte a proferir el correspondiente fallo
sustitutivo.
2. La protección constitucional de todos los tipos de
familia
El artículo 42 de la Constitución de 1991 consagra una
fórmula amplia y material de configuración de la familia, que
se constituye no sólo por vínculos naturales o jurídicos sino
también por la voluntad responsable de conformarla. Esta
última posibilidad supone la existencia de un amplio grado
de autonomía en la conformación del núcleo familiar
conforme a los propios proyectos vitales, al tiempo que
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impone al Estado un mandato ineludible de protección
integral de todas las formas de familia.
Ese andamiaje protector se asienta en el respeto de los
derechos constitucionales a la igualdad, autodeterminación,
libre desarrollo de la personalidad e intimidad y en la
prevalencia de principios superiores como la dignidad
humana, la libertad y el pluralismo. Así mismo, ha llevado a
reconocer que la familia es ante todo un fenómeno sociológico,
dinámico, que responde a un criterio material que excede las
formalidades propias del matrimonio y la filiación
consanguínea o adoptiva.
Por esa senda, la salvaguarda prevista en el artículo 42
superior también cobija a aquellas familias «que surgen de facto
o llamadas familias de crianza, atendiendo a un concepto sustancial y
no formal de familia, en donde la convivencia continua, el afecto, la
protección, el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos
familiares de hecho, que el derecho no puede desconocer ni discriminar
cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas a
quienes integran tales familias» (CC, T-606/13).
2.1. El reconocimiento jurisprudencial de la familia
de crianza
2.1.1. Antes de la expedición de la Ley 2388 de 2024,
no existía en Colombia un marco normativo de regulación de
aquellas familias constituidas a partir de la convivencia
permanente, el amor, la protección, el respeto y la solidaridad
entre sus integrantes, que comparten y desarrollan sus
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proyectos de vida al interior de una comunidad doméstica sin
que medie entre ellos vínculo jurídico o consanguíneo.
Pese al vacío legal, la realidad social mostraba que estas
familias no solo existían, sino que garantizaban a los
menores de edad la protección integral, el afecto y el
bienestar que, por múltiples razones, no habían encontrado
en sus familias de origen. Se trataba de situaciones en las
que se producía un reemplazo de los padres biológicos por
una persona o pareja que, de manera generalmente informal
pero continuada e idónea, cumplía el rol parental con
quienes no eran sus hijos, forjando con ellos estrechos lazos
de afecto, respeto y solidaridad.
Ese componente de solidaridad, sustento mismo de la
conformación de las familias de crianza, era el único que
tenía regulación normativa a través del artículo 67 del Código
de Infancia y Adolescencia5, pauta que, aunque reconoce
dicha labor de cuidado, advierte que de ella no se deriva
parentesco y, por ende, otorga el derecho preferente de
adoptar al menor de edad al que se ha acogido.
Ante ese panorama, la jurisprudencia de las Altas
Cortes inició un camino de reconocimiento, amparo y
equiparación de derechos económicos de la familia de
crianza, atendiendo el imperativo constitucional de
5 «SOLIDARIDAD FAMILIAR. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que
ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño,
niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus
derechos. En tal caso no se modifica el parentesco. PARÁGRAFO. Si alguna persona o pareja quiere
adoptar al niño que está al cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones
de adoptabilidad, que exige el código, podrá hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del
niño, niña o adolescente, decida adoptarlo».
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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protección de todas las formas de familia y de no
discriminación por el origen familiar. Ese camino empezó con
la expedición de la sentencia CC, T-217/94 y logró consolidar
un precedente robusto que, treinta años después, sirvió de
base para que el legislador llenara el vacío normativo
existente a través de la expedición de la Ley 2388 de 2024,
por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia
de crianza.
2.1.2. Pues bien, aunque la referida ley ofrece por
primera vez un marco legal de regulación integral de la
familia de crianza en nuestro país, su reconocimiento y
protección estuvo a cargo de los jueces, a través de los
pronunciamientos de las Altas Cortes. Tempranamente, la
jurisprudencia constitucional buscó proteger los lazos
afectivos existentes cuando los menores de edad iban a ser
separados de su familia de crianza, por un lado y equiparar
los derechos prestacionales de sus integrantes para evitar
cualquier forma de discriminación, por el otro.
Aunque esa intervención en sede de tutela era
indispensable para asegurar el interés superior de los
menores de edad y evitar cualquier forma de discriminación,
en el escenario del control de constitucionalidad esa Corte
fue contundente al señalar que la familia de crianza y la
familia biológica no eran categorías análogas, al no ser la
crianza un hecho que la ley hubiera previsto como fuente de
filiación (Cfr. CC, C-359/17, C-085/19, C-028/20). Sobre el
particular, sostuvo el tribunal constitucional:
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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El reconocimiento que esta Corporación le ha otorgado a la familia
de crianza no ha llegado a definir los efectos jurídicos que tiene
sobre la filiación y el parentesco de las personas que hacen parte
de ella. En otras palabras, y en la medida que es una tarea que
compete exclusivamente al legislador, no ha establecido en
términos generales la capacidad para ejercer derechos y contraer
obligaciones de los hijos y padres de crianza como sí ocurre en las
relaciones parentales que surgen a partir de vínculos de
consanguinidad o por adopción.
La crianza no es un hecho que la ley haya previsto como fuente de
filiación. Los hijos y padres de crianza carecen de mecanismos
legales que acrediten su condición jurídica en calidad de padres e
hijos. El mecanismo particular que la ley ha establecido para
acreditar relaciones entre padres e hijos que no tienen un vínculo
de consanguinidad es el trámite de adopción (CC, C-085/19).
De esta manera, la Corte Constitucional acometió una
labor de reconocimiento y protección en casos específicos, sin
equiparar los efectos derivados de la familia de crianza con
los que surgen de la filiación, pues esa tarea era de la
exclusiva competencia del legislador.
2.1.3. La jurisprudencia de esta Sala de Casación
también ha reconocido los vínculos familiares basados en el
afecto, al considerar que la familia de crianza, nacida de los
hechos, debe ser protegida por el ordenamiento en la medida
en que refleja una realidad social innegable, en la que la
paternidad va más allá del aspecto biológico y se sustenta en
el amor, acompañamiento y cuidado integral de un niño, niña
o adolescente a quien adultos diferentes a sus progenitores
acogen de manera voluntaria, responsable y permanente.
Esta Corte ha considerado que, en ocasiones, los
vínculos socioafectivos tienen la fuerza suficiente para
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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resistir una pretensión de impugnación de paternidad o
maternidad basada exclusivamente en la falta de
correspondencia genética entre los concernidos. La Sala ha
reconocido que existen casos en los que la filiación
legalmente establecida, aunque no esté respaldada por la
realidad biológica, puede quedar incólume cuando ha estado
fundada en la solidaridad, el acompañamiento, la
cotidianidad y la decisión de cuidado y protección que
sustentan los vínculos entre padres e hijos (Cfr. CSJ,
STC1509-2021, SC4856-2021, SC592-2022, SC1171-2022,
STC8159-2022, SC1911-2025).
Aunque en esos casos la Corte hizo alusión a los
vínculos socioafectivos, en ninguno de ellos declaró la
filiación con base en la crianza, sino que admitió la
posibilidad de que esos lazos pudieran ser suficientes para
defender y mantener un vínculo filial previamente
establecido y más tarde impugnado por terceros con base en
la verdad biológica. En otras providencias dictadas en sede
de tutela, la Sala aceptó la posibilidad de que se tramiten
procesos de declaración de hijo de crianza como el que ahora
se estudia, pero sin afirmar que el resultado de tales
demandas, en caso de acogerse las pretensiones, sea la
estructuración de la filiación con base en la crianza (Cfr. CSJ,
STC6009-2018, STC8159-2022).
Recientemente, esta Corporación explicó que la crianza
no constituye una forma de filiación sino un estado civil
autónomo que puede coexistir con aquella y que genera
consecuencias jurídicas en el ámbito patrimonial. La Sala
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sostuvo que, según la postura jurisprudencial mayoritaria, la
crianza «constituye un tipo de relacionamiento familiar autónomo, que,
sin interferir con la filiación, genera un nuevo estado civil con efectos
jurídicos propios»; entendimiento que posteriormente fue
respaldado por la Ley 2388 de 2024, que no consagró como
efecto de la declaratoria de hijo de crianza la supresión de los
vínculos filiales preexistentes ni le reconoció efectos
intrínsecamente ligados a la filiación, como la determinación
del nombre, la definición de la nacionalidad o la atribución
de la patria potestad. Dijo la Corte:
El legislador, con la autoridad que le es propia, optó por una
configuración particular: reconoció la familia de crianza como un
estado civil autónomo, con efectos principalmente
patrimoniales, sin afectar derechos preexistentes, ni crear lazos
filiales. Se trata de una regulación que confirma la tesis sostenida
mayoritariamente por la jurisprudencia: la crianza, por sí sola,
no es fuente de filiación –ni requiere serlo, para obtener
protección jurídica– (CSJ, SC1702-2025).
2.1.4. Pues bien, el reconocimiento jurisprudencial de
este tipo de familia a través de los últimos treinta años
supuso el establecimiento de una serie de requisitos que
deben acreditarse para poder determinar si, en cada caso
concreto, se está ante una verdadera familia de crianza que
deba ser protegida por el ordenamiento, los cuales, en
términos generales, corresponden con los que recientemente
consagró el legislador en la Ley 2388 de 2024.
2.2. Los requisitos establecidos para la
configuración de la familia de crianza
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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2.2.1. Asunción voluntaria y efectiva del rol parental en
virtud de la solidaridad. La familia de crianza se estructura
en torno a la solidaridad a partir de la cual un adulto -o
pareja de adultos- acoge voluntariamente a un menor de
edad con el que no tiene relación filial, y en cuyo favor
compromete su tiempo, su cuidado y su patrimonio. Al
prohijarlo bajo su techo, se genera una convivencia que da
origen a un verdadero vínculo de amor, auxilio, respeto y
protección.
Se trata de un compromiso permanente, duradero en el
tiempo, en el que el adulto se responsabiliza emocional y
económicamente del menor de edad y a raíz del cual surge
entre ellos un lazo afectivo que sustenta la comunidad
doméstica y que equivale al que, normalmente, existiría en
una relación de padres e hijos. En ese sentido, cuando se
alegue la configuración de un vínculo de crianza debe
demostrarse la existencia de esa vida familiar, «que implica
afecto y compromisos materiales, se soporta en la intención de brindar
un hogar adecuado para un hijo o hijos, como sucede en la mayoría de
las familias. Asimismo, la formación y protección de los menores es un
propósito fundante y justificante de la organización familiar» (CC, T-
525/16).
2.2.2. La relación inexistente o precaria con los padres
biológicos y su reemplazo por parte de un tercero. La
configuración de la familia de crianza supone la asunción
voluntaria de una serie de deberes, obligaciones y derechos
parentales por parte de un tercero, cuando por abandono,
muerte o «por diversos problemas -entre otros los relativos a la
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destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y
obviamente los económicos-», el menor ha sido desvinculado de
su familia biológica. En esos casos, «resulta necesario sustituir
al grupo familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta
donde se pueda con la misma o similar intensidad, el cometido de
brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda
desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral,
intelectual y síquico» (CC, T-049/99).
En ese sentido, la asunción de las obligaciones
parentales por parte de un adulto diferente a los padres
biológicos es una característica esencial de este tipo de
familias. Los padres de crianza reemplazan en forma total y
permanente a los biológicos en el cumplimiento de tales
deberes y son quienes, en sustitución de aquellos, ejercen de
manera personal y permanente el rol parental frente al menor
de edad, quien tiene en ellos su figura paterna/materna.
Ese reemplazo en el rol parental se concreta cuando el
padre o madre de crianza es quien despliega de manera
cotidiana y permanente los actos de cuidado personal,
socorro y protección del hijo; se ocupa de su crianza,
educación6 y formación moral e intelectual7, sufraga los
gastos propios de su manutención8 y cumple con el deber de
vigilancia, corrección y sanción9. Es el padre de crianza, y no
el biológico, el que aún sin tener la atribución legal de la
patria potestad, ejerce a cabalidad y de manera cotidiana la
6 Cfr. Artículo 253 del Código Civil.
7 Cfr. Artículo 264 del Código Civil.
8 Cfr. Artículo 257 del Código Civil.
9 Cfr. Artículo 262 del Código Civil.
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llamada responsabilidad parental10, en virtud de la cual
orienta, cuida y acompaña al menor de edad al que
amorosamente ha acogido en el seno de su hogar.
Dicho de otro modo, la sustitución a la que se hace
alusión implica que sean los padres de crianza quienes
cumplen el rol parental en sus tres facetas: (i) en la
emocional, pues son quienes acompañan en la cotidianidad,
sostienen, guían y rodean de amor, comprensión y seguridad
afectiva al menor de edad; (ii) en la de formación, pues son
quienes se encargan de educarlos, guiarlos y corregirlos; y
(iii) en la económica, pues son quienes asumen «todo lo que es
indispensable para [su] sustento, habitación, vestido, asistencia médica,
recreación, educación o instrucción»11, lo que conlleva la
dependencia económica del niño respecto de aquellos.
Tratándose de un vínculo recíproco, el reemplazo de la
figura paterna no solo supone el cumplimiento de esas
obligaciones por parte de los padres de crianza, sino también
el disfrute de las prerrogativas que esa calidad supone, pues
son ellos los destinatarios del respeto y la obediencia de los
hijos12, quienes, en virtud del vínculo emocional forjado en
los años de vida común, asumirán también los deberes de
cuidado y auxilio en la vejez de sus padres de crianza13.
Finalmente, vale resaltar que el reemplazo de la figura
paterna sólo es posible en aquellos casos en los que la
10 Cfr. Artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia.
11 Cfr. Artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia.
12 Cfr. Artículo 250 del Código Civil.
13 Cfr. Artículo 251 del Código Civil.
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relación con la familia de origen, en caso de existir, es
ausente, insuficiente o precaria, esto es, cuando los padres
biológicos no están presentes en la vida de los hijos y por
ende no ejercen de manera personal su rol parental,
manteniendo con ellos un vínculo estrictamente formal, pero
privándolos materialmente de su presencia, cuidado y
soporte tanto emocional como económico.
Sobre el particular, tiene dicho la Sala:
Los artículos 253 del Código Civil y 14 del Código de Infancia y
Adolescencia son categóricos al señalar que la crianza y educación
de los hijos son responsabilidades jurídicas inherentes y
primarias de los progenitores; de este modo se preserva la unidad
de la autoridad parental y la estabilidad de las relaciones jurídico-
filiales (Cfr. CC C-066 de 2022 y CC T-007 de 2024).
Por tanto, mientras los progenitores mantengan una presencia
funcional en la vida de sus hijos menores de edad, es decir,
ejerzan efectivamente sus responsabilidades parentales, no
existiría fundamento para que terceras personas obtengan frente
a esos niños, niñas o adolescentes el reconocimiento jurídico
formal como “padres de crianza”, con independencia del apoyo
efectivo que les brinden.
Dicho de otro modo, la jurisprudencia acudió a la categoría de
“familia de crianza” buscando suplir un déficit estructural en el
cumplimiento de las responsabilidades parentales. Su
configuración presupondría, en tal sentido, que la crianza de un
niño, niña o adolescente no esté siendo ejercida por sus padres, o,
lo que es lo mismo, que entre estos y aquél o aquella no exista una
relación funcional –como ocurre en los supuestos de orfandad o
abandono–, o que dicha relación sea extremadamente precaria
(CSJ, SC1702-2025).
2.2.3. El trato, la fama y el tiempo. La jurisprudencia
también ha establecido como requisitos de conformación de
la familia de crianza (i) el efectivo tratamiento del menor de
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edad como un verdadero hijo; (ii) el reconocimiento de la
relación entre padres e hijos tanto al interior del núcleo
doméstico como frente a la comunidad; y (iii) la existencia de
un término razonable de duración del vínculo socioafectivo,
que permita verificar la vocación de permanencia y la
correspondiente configuración de la familia de crianza.
La Sala encuentra necesario precisar que, aunque los
elementos de trato, fama y tiempo son propios de la posesión
notoria del estado civil de hijo, en lo que atañe a la familia de
crianza esos elementos se han utilizado como «evidencia
demostrativa del afianzamiento de la relación socioafectiva» (CSJ,
SC1702-2025), sin que ello signifique que la crianza pueda
dar origen a una filiación con base en esa figura.
Téngase en cuenta que la posesión notoria del estado
civil del hijo consagrada en los artículos 397, 398 y 399 del
Código Civil es un mecanismo concebido para demostrar la
existencia de un vínculo filial de consanguinidad que no ha
sido formalmente establecido y que, por tanto, no tiene
asiento en el registro de nacimiento. En otras palabras, el
estatuto civil admite esa posesión notoria como una forma de
demostrar la filiación y obtener su declaratoria judicial14.
14 En armonía con lo anterior, el artículo 6° de la Ley 75 de 1968 establece que «se presume la paternidad
natural y hay lugar a declararla judicialmente: 6. Cuando se acredite la posesión notoria del estado de
hijo», la cual consiste «en que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a
su subsistencia, educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del domicilio
en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento» (art.
6° Ley 45 de 1936).
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En ese sentido, mientras que en materia de filiación la
posesión notoria del estado de hijo permite la declaración
judicial de un vínculo filial de consanguinidad no reconocido
o respecto del cual no existe asiento en la correspondiente
partida del registro civil; en lo que atañe a la familia de
crianza los elementos de trato, fama y tiempo son evidencias
demostrativas de la configuración de ese tipo de familia, que
genera un estado civil autónomo, diferente a la filiación.
2.3. Los efectos de la declaratoria de hijo de crianza
en la Ley 2388 de 2024
2.3.1. La Ley 2388 de 2024 supone la primera
regulación normativa de la familia de crianza en nuestro país,
por medio de la cual se otorga reconocimiento y protección
legal a una figura que, previamente, había sido aceptada y
tutelada por la jurisprudencia. La nueva normativa define la
familia de crianza como «aquella en la cual han surgido de hecho, y
por causa de la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto,
apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutuos entre sus
integrantes propios de la relación, durante un periodo de tiempo no
menor a cinco (5) años» (art. 2°); así mismo, precisa el concepto
de hijos, padres, abuelos y nietos de crianza.
Además, establece que la calidad de padre o hijo de
crianza puede hacerse valer cuando, además de las
circunstancias de hecho que originan los vínculos
socioafectivos, se formaliza su reconocimiento jurídico a
través de un procedimiento que «solo procederá por iniciativa
voluntaria de los padres de crianza» (art. 3°); y en el que deberá
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demostrarse la existencia del vínculo a través de una serie de
evidencias materiales, hechos materia de prueba y elementos
jurídicos de valoración (art. 6°), que otorgarán la certeza
necesaria sobre la existencia y naturaleza del estatus
reclamado. Dicho procedimiento concluye con la declaratoria
del vínculo de crianza a través de escritura pública o de
sentencia judicial emitida en un trámite de jurisdicción
voluntaria.
2.3.2. El reconocimiento de la familia de crianza tiene
efectos registrales, personales y patrimoniales. En lo que
atañe a los registrales, el artículo 3° de la Ley 2388 establece
la obligatoriedad de inscribir la declaración en el registro civil
de nacimiento pues, como estado civil que es, debe tener
asiento en la correspondiente partida, única prueba
admisible para demostrarlo (D. 1260 de 1970, art. 106).
Como quiera que la crianza no es una forma de filiación,
dicha inscripción deberá hacerse en el Libro de Varios, pues
la declaratoria no altera en modo alguno los vínculos filiales
del hijo de crianza (Cfr. CSJ, SC1702-2025).
En lo que respecta a derechos personales, la norma
extiende el derecho de visitas a los padres y abuelos de
crianza, que podrán ser titulares de la regulación del régimen
previsto en la Ley 2229 de 2022 (art. 10); así mismo, amplía
la prerrogativa de las visitas carcelarias a los hijos, padres y
abuelos de crianza del interno, a quienes se aplicará el
procedimiento establecido en los cánones 112 y 112A de la
Ley 65 de 1993 (art. 8).
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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Ahora bien, el grueso de los efectos jurídicos de la
declaratoria del hijo de crianza se concreta en la concesión
de una serie derechos de carácter patrimonial y
prestacional, que se resumen como sigue:
(i) El derecho de alimentos, pues incluye a los padres
e hijos de crianza como acreedores de la obligación
alimentaria, adicionando en lo correspondiente el
artículo 411 del Código Civil (art. 9).
(ii) La licencia por luto, que se extiende a los padres e
hijos de crianza, para lo cual se adiciona la pauta
57 del Código Sustantivo del Trabajo (art. 11).
(iii) Los beneficios tributarios, ya que los «parentescos de
crianza» serán objeto de las deducciones de renta
de que trata el precepto 387 del Estatuto
Tributario (art. 12).
(iv) La pensión de sobrevivientes, de la que los hijos de
crianza serán también beneficiarios, modificando
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (art. 13).
(v) La equiparación general de derechos derivados del
sistema general de seguridad social para los hijos
de crianza (art. 14).
(vi) Los derechos sucesorales, que se analizan a
continuación.
2.4. Los derechos sucesorales en la familia de
crianza
2.4.1. El artículo 7° de la Ley 2388 de 2024 establece
que «la familia de crianza tendrá, en materia de sucesión testada o
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intestada, la calidad de herederos o legatarios, teniendo en cuenta los
derechos y obligaciones que suscita el Libro Tercero, Título I, II y III de la
Ley 84 de 1873».
Véase como, en lo que atañe a los derechos sucesorales,
la Ley 2388 no dispuso expresamente la adición o
modificación de normas específicas, como sí lo hizo en el caso
de los alimentos, la pensión de sobrevivientes, la licencia por
luto, las visitas carcelarias y las deducciones fiscales. En este
caso, el legislador utilizó una fórmula diferente: dispuso que
los integrantes de la familia de crianza tendrán la calidad de
herederos o legatarios, para lo cual se tendrían en cuenta «los
derechos y obligaciones» contenidos en el Libro Tercero, Títulos
I, II y III del Código Civil.
Esa redacción trae aparejado el surgimiento de
fundadas dudas respecto al alcance de los derechos
sucesorales reconocidos a la familia de crianza, toda vez que,
al no disponer en forma expresa qué artículos del Código Civil
serían modificados o adicionados y de qué manera, no se
cuenta con disposiciones concretas que indiquen en qué
ordenes hereditarios estarán incluidos sus integrantes ni
cuál es la extensión de sus derechos. Además, aunque el
artículo 7° establece que serán herederos o legatarios
conforme a los «derechos y obligaciones» regulados en los Títulos
I, II y III del Libro Tercero del Código Civil, se evidencia una
omisión inexplicable frente a los demás títulos de ese Libro,
que regulan aspectos neurálgicos en el derecho de
sucesiones como las asignaciones forzosas, la apertura de la
sucesión o la partición de bienes.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
33
2.4.2. Esa parquedad impone a la Corte acometer una
labor hermenéutica encaminada a superar las justificadas
dudas que la escueta redacción del artículo 7° puede generar,
interpretación que debe estar orientada por los principios
que de antaño han irradiado la construcción del precedente
judicial sobre la familia de crianza, a saber, la protección de
todas las formas de familia y la prohibición de cualquier tipo
de discriminación por razón del origen familiar.
Por esa senda, encuentra la Sala que la exposición de
motivos de la Ley 2388 de 2024 muestra con claridad la
intención del legislador, pues al analizar la situación del hijo
de crianza frente a las sucesiones, encontró que aquél
«parecería estar desprotegido por no incluirse en los órdenes hereditarios
de la ley», sin embargo, consideró que, conforme a la
aplicación de los principios y valores emanados de la
Constitución, aunque no se encontraran expresamente
incluidos en tales órdenes, los hijos de crianza tendrían los
mismos derechos herenciales que los hijos consanguíneos o
adoptivos, puesto que «al hijo adoptivo se le otorgan derechos y
obligaciones como a un hijo consanguíneo en virtud del nuevo vínculo
jurídico. En el caso del hijo de crianza, estos derechos y obligaciones se
le conceden a la luz de la principialística»15.
En armonía con lo anterior, la propuesta contenida en
el proyecto inicial incluía un artículo en el que se reconocían
15 Cfr. Exposición de Motivos Proyecto de Ley 152-2022 Cámara. Gaceta nº 1021 de 2022.
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derechos sucesorales al hijo de crianza16. Sin embargo, la
redacción de la norma fue cambiando a lo largo de los
debates parlamentarios en el sentido de (i) otorgar derechos
herenciales no solo al hijo sino a la familia de crianza; (ii)
señalar que sus integrantes tendrán la calidad de heredero o
legatario en las sucesiones testadas e intestadas; y (iii) tener
en cuenta la regulación establecida en el Libro III del Código
Civil17.
De esta manera, el texto aprobado por las plenarias de
las cámaras legislativas y finalmente incluido como artículo
7° en la Ley 2388 de 2024, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 7o. LA FAMILIA DE CRIANZA EN LAS
SUCESIONES. La familia de crianza tendrá, en materia de
sucesión testada o intestada, la calidad de herederos o legatarios,
teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que suscita el Libro
Tercero, Título I, II y III de la Ley 84 de 1873.
De lo anterior se colige que el legislador tuvo la
inequívoca voluntad de ampliar el reconocimiento de los
derechos sucesorales -inicialmente previstos para el hijo de
crianza- a los integrantes de la «la familia de crianza», a quienes
en forma expresa atribuyó la calidad de herederos o
legatarios teniendo en cuenta la regulación del Código Civil.
16 El texto propuesto en los debates ante la Cámara de Representantes fue el siguiente: «Hijos de crianza
en las sucesiones. Los hijos de crianza, frente a su familia de crianza podrán tener, en materia de
sucesión testada o intestada, la calidad de herederos o legatarios». Cfr. Ponencias para primer y
segundo debate en Cámara, Proyecto de Ley 152-2022 Cámara, Gacetas n.° 206/2023 y 792/2023.
17 El texto definitivo aprobado en las plenarias y en la posterior conciliación corresponde con la redacción
final incluida en la Ley 2388 de 2024. Cfr. Texto Definitivo Plenaria, Proyecto de Ley 152-2022 Cámara,
Gaceta n.° 322/2024, Texto Definitivo Plenaria Senado, Proyecto de Ley 266 de 2024 Senado – 152 de
2022 Cámara, Gaceta n.° 1010/2024 e Informe de conciliación, Gaceta n.° 962/2024.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
35
Ahora bien, esa alusión del legislador a las normas
civiles debe entenderse en armonía con lo consignado en la
exposición de motivos, en la que se dijo que «aunque no estén
taxativamente relacionados en los órdenes hereditarios frente a la
sucesión intestada, los hijos de crianza tendrían dentro de un
plano de sucesiones los mismos derechos de herencia que los
demás hijos, no por derecho propio, sino por la ponderación de
principios que en cada caso hiciera el juez a la luz del principio del
pluralismo, y de toda la principialística considerada, no solo por la Corte
Constitucional, sino por la Corte Suprema y el Consejo de Estado»18.
Por esa vía, como la protección jurisprudencial otorgada
a la familia de crianza se ha basado en la equiparación
prestacional, en la no discriminación en razón del origen
familiar y en la reivindicación del derecho a la igualdad, debe
entenderse que la remisión legislativa a las normas civiles
sobre sucesiones se hizo con el ánimo de asimilar los
derechos patrimoniales de la familia de crianza en materia de
sucesiones y, por ende, debe entenderse que los hijos y nietos
de crianza, de la misma forma que los descendientes, se
ubican en el primer orden hereditario, y que los padres y
abuelos quedan comprendidos, junto con los ascendientes,
en el segundo orden, siguiendo las reglas establecidas en los
artículos 1045 y 1046 del Código Civil.
2.4.3. Ahora bien, no puede perderse de vista que el
artículo 7° de la Ley 2388 otorga derechos sucesorales a «la
familia de crianza», concepto amplio que permitiría pensar,
prima facie, que incluye a cualquier integrante del núcleo
18 Cfr. Exposición de Motivos Proyecto de Ley 152-2022 Cámara. Gaceta nº 1021 de 2022.
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doméstico. Sin embargo, lo cierto es que la misma normativa
acota el reconocimiento de la familia de crianza a los padres,
hijos, abuelos y nietos de crianza, a quienes el artículo 2° ib.
expresamente define19.
En ese sentido, la correcta intelección de la norma exige
tener en cuenta que la Ley 2388 de 2024 sólo reconoce a los
padres, hijos, abuelos y nietos como integrantes de la familia
de crianza y que, además, es clara al establecer que para
todos los efectos legales, se exige la formalización del
reconocimiento de esa calidad a través de sentencia judicial
o de escritura pública (art. 2 parágrafo), de donde se colige
que «para alcanzar plenitud de efectos jurídicos, resulta indispensable
un trámite previo de formalización, replicando el modelo ya establecido
para la unión marital de hecho» (CSJ, SC1702-2025).
En virtud de lo anterior, la correcta interpretación del
artículo 7° de la Ley 2388 de 2024 impone concluir que dicho
precepto extiende los derechos sucesorales a los padres, a los
hijos, a los abuelos y a los nietos de crianza, sin que pueda
predicarse una ampliación de esas calidades a quienes, en
las familias consanguíneas o adoptivas, tendrían otros
grados de parentesco. Dicho de otro modo, como el legislador
previó expresamente una familia de crianza compuesta por
19 ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para todos los efectos legales, prestacionales y asistenciales, que
se apliquen a la presente ley se tomarán las siguientes definiciones: (…) Hijo(a) de Crianza: Persona
que ha sido acogida para su cuidado, protección y educación durante un periodo de tiempo no menor a
cinco (5) años, por una familia o personas diferente a la de sus padres biológicos; sean estas familias
consanguíneas o no. Padre o Madre de Crianza: Persona(s) que de forma voluntaria y en virtud de lazos
afectivos y emotivos ha(n) acogido dentro de su núcleo familiar o un menor del cual no son sus
progenitores, pero que pueden tener o no una filiación biológica, y se encargan de su protección y
cuidado como uno más de sus hijos durante un periodo de tiempo no menor o cinco (5) años. Abuelo o
abuela de crianza: Ascendientes en el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de parentesco
civil del padre o madre de crianza de un niño, niño o adolescente. Nieto o nieta de crianza: Hijo o hijo
de crianza, del padre o madre de crianza, en los términos de la presente ley.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
37
los integrantes antes aludidos (art. 2°), los derechos
herenciales reconocidos a la familia de crianza se agotan en
los dos primeros órdenes hereditarios y no se extienden a los
sucesivos.
2.4.4. Por otra parte, es necesario señalar que el
ejercicio de las prerrogativas y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del derecho de sucesiones no puede
fraccionarse cuando se trata de la familia de crianza, es decir,
no es procedente considerar que en esos casos únicamente
se aplican los preceptos contenidos en los Títulos I -
definiciones y reglas generales-, II -reglas relativas a la
sucesión intestada- y III -de la ordenación del testamento-
del Libro III del Código Civil, con prescindencia de las demás
disposiciones contenidas en ese Libro.
Ese entendimiento es insostenible porque una
aplicación fragmentada de las normas civiles sobre derecho
de sucesiones haría que el marco legal de protección que la
Ley 2388 buscó ofrecer a la familia de crianza quedara
incompleto y el sistema normativo, incoherente. Es por ello
que el reconocimiento de las calidades de heredero y legatario
previstas en la Ley 2388 exige la aplicación total del Libro
Tercero del Código Civil, que regula de manera integral lo
relacionado con la sucesión por causa de muerte y las
donaciones entre vivos y que incluye disposiciones sobre
asignaciones testamentarias -Título IV-, asignaciones
forzosas -V-, revocación y reforma del testamento -VI-,
apertura de la sucesión, aceptación, repudiación e inventario
-VII-, ejecutores testamentarios -VIII-, albaceas fiduciarios -
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
38
IX-, partición de bienes -X-, pago de deudas -XI-, beneficio
de separación -XII-, y donaciones entre vivos -XIII-.
En tal virtud, aunque el artículo 7° de la Ley 2388 de
2024 remita únicamente a las normas consagradas en los
tres primeros títulos del Libro Tercero del Código Civil, los
jueces tendrán que aplicar por analogía el resto de las
disposiciones, para garantizar una aplicación sistemática y
coherente de la ley en aquellos casos en los que se ventilen
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y protección
de los derechos sucesorales de la familia de crianza.
2.4.5. Adicionalmente, debe indicarse que, en la
práctica, los jueces de familia pueden encontrarse frente a
una disyuntiva en aquellos casos en los que se reclamen
derechos sucesorales respecto de un causante fallecido con
anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 2388 (26 jul.
2024), esto es, en eventos en los que la delación de la
herencia es anterior a la fecha en que se expidió la norma
que reconoce formalmente la calidad de herederos o
legatarios a los integrantes de la familia de crianza.
Lo anterior debido a que, conforme lo establece el
artículo 37 de la Ley 153 de 1887, «[e]n la adjudicación y partición
de una herencia o legado se observarán las reglas que regían al tiempo
de su delación», lo que llevaría a pensar que los padres o hijos
de crianza, aun habiendo obtenido su declaratoria, no
podrían ser considerados como herederos o legatarios
porque, para la fecha del fallecimiento del causante, no se
había expedido la norma que les reconoció tal calidad.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
39
Sin embargo, esa problemática es sólo aparente. Siendo
la familia de crianza una figura de creación judicial en razón
del vacío normativo existente hasta el año 2024, una
interpretación basada en principios y valores
constitucionales permite concluir que en tales eventos,
aunque para la fecha de la delación de la herencia no se
hubiera atribuido legalmente la calidad de herederos y
legatarios, sí que existían mandatos superiores de protección
de todas las formas de familia y no discriminación por el
origen familiar que exigían una equiparación de sus derechos
patrimoniales, así como se hizo -por vía jurisprudencial- en
materia prestacional.
Además, la evolución del proyecto de ley a lo largo del
trámite parlamentario muestra cómo la intención del
legislador fue precisamente garantizar el reconocimiento y
disfrute de esos derechos20, lo que sumado al mandato
conforme al cual las normas deben interpretarse de manera
que produzcan efectos y no resulten inanes, refuerzan las
conclusiones expuestas.
2.4.6. De lo anterior se colige que el artículo 7° de la
nueva normativa reconoce derechos sucesorales a los padres,
20 Cfr. Segunda Ponencia Senado Proyecto de Ley 266 de 2024 Senado, Gaceta n.° 859/2024. Allí se
consignó: «En el amparo de la familia como institución básica de la sociedad, debe reconocerse también
el vínculo de familia de crianza incluso para el caso de hijos de crianza mayores de edad que cumplan
con los mismos requisitos que el proyecto de ley establece. Esto se prevé especialmente para garantizar
los derechos sucesorales y de seguridad social a los vínculos de la familia de facto, de modo que la ley
respete los deseos y la voluntad de una familia constituida de esta manera de heredar y beneficiarse
entre ellos de ciertos derechos que otorga la ley en materia de sucesiones y seguridad social».
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
40
hijos, abuelos y nietos de crianza, quienes como herederos se
ubicarán, junto con los ascendientes y descendientes, en el
primer y segundo orden hereditario, siendo aplicables en su
caso todas las normas civiles que regulan los derechos y
obligaciones propios de las sucesiones testadas e intestadas,
y siendo indiferente que para la fecha de delación de la
herencia no existiese mandato legal que reconociera su
calidad de herederos o legatarios, pues los principios
constitucionales exigían su plena equiparación patrimonial.
3. El caso concreto
3.1. Los errores del Tribunal
3.1.1. Sea lo primero recordar que la sentencia del
Tribunal llega a esta sede amparada en una doble presunción
de legalidad y acierto, motivo por el cual no cualquier error
es susceptible de ser corregido en casación, recurso
extraordinario que no supone una tercera instancia ni una
nueva oportunidad de revivir el debate probatorio. De antaño
se tiene establecido que «el ejercicio de las facultades de los jueces
de instancia en el terreno de las probanzas no es susceptible de control en
sede de casación sino en los eventos específicos de evidentes errores de
hecho o de errores de derecho» (CSJ, SC 29 ago. 2000, exp. 6417).
Es por eso que el error reprochable en esta sede
extraordinaria no puede limitarse a una crítica de las
conclusiones probatorias del juzgador ni a la proposición de
una alternativa de valoración, sino que debe evidenciarse de
manera incontrovertible una equivocación trascendente del
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
41
sentenciador, que puede enmarcarse en la comisión de un
«error de derecho» determinado por la inobservancia de las
normas probatorias que gobiernan la actividad de valoración
jurídica de los medios de convicción –aducción,
incorporación y apreciación–; o de un «error de hecho»
exteriorizado en la valoración del contenido material de la
demanda, de la contestación o de las pruebas legal y
oportunamente allegadas al juicio.
Este yerro factico, a su vez, puede presentarse en virtud
de la pretermisión o suposición de los medios de prueba,
demanda o contestación; o por alteración de su contenido
material por adición o cercenamiento de expresiones o frases,
o por la tergiversación arbitraria o ilógica de su texto. Es así
como la discreta autonomía de la que gozan los jueces de
instancia en la valoración de las pruebas no puede ser
revisada en casación, a menos que se demuestre la comisión
de errores de tal magnitud que muestren a primera vista que
la valoración probatoria del colegiado es «contraevidente, absurda,
alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación fáctica»
(CSJ, SC11334-2015).
3.1.2. En este caso, encuentra la Sala que el ad quem
incurrió en ostensibles errores de hecho que tornan sus
conclusiones probatorias insostenibles, pues consideró que
no se había acreditado la relación ausente o deteriorada con
la madre biológica ni el efectivo reemplazo en su rol parental
por parte de María Requilda Plazas. Para llegar a esa
conclusión, el Tribunal consideró que la ausencia de la
madre biológica durante la infancia y adolescencia de John
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
42
Jairo Marín era un hecho que solo se respaldaba con el dicho
de aquél, desconociendo el abundante material probatorio
que daba cuenta del abandono del entonces menor de edad
y de la plena asunción de obligaciones parentales por parte
de la señora Plazas.
Por esa senda, el juzgador desfiguró la declaración de
Lucila Martínez pues, aunque manifestó que María Requilda
Plazas nunca la desconoció como madre biológica e incluso
inculcó en los menores respeto y cariño hacia ella, también
reconoció que sus hijos tuvieron en la señora Plazas a su
verdadera madre, pues fue aquella quien se ocupó de su
educación, salud y pleno sostenimiento económico y
emocional. La madre biológica confesó bajo juramento que
no estuvo presente en la vida de su hijo John Jairo, a quien
entregó a la edad de seis años debido a su precaria situación
económica, visitándolo en una única oportunidad durante su
infancia y volviéndolo a ver cuando «ya era un hombre».
Pese a la claridad de la declaración, el colegiado
tergiversó lo dicho por la progenitora y coligió de allí la
existencia de una relación maternofilial afectuosa y
suficiente para impedir la consolidación del vínculo de
crianza alegado. En el mismo sentido, pretermitió la
declaración de los testigos Nolberto Holguín, Milton Suancha
y Julio Daniel Rincón, quienes dieron cuenta de la total
ausencia de la madre biológica durante la infancia del
demandante y de su efectivo reemplazo por parte de María
Requilda; y omitió los documentos que dan cuenta de la
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
43
calidad de la señora Plazas como acudiente del entonces
menor durante sus años escolares.
Tales medios de convicción evidencian cómo las
conclusiones probatorias según las cuales (i) la ausencia de
la madre biológica solo se respaldaba con el dicho del
demandante y (ii) no se demostró el efectivo reemplazo y la
asunción del rol maternal por parte de la señora Plazas, son
ciertamente contraevidentes y, de ese modo, insostenibles.
3.1.3. Estos errores llevaron al colegiado a considerar
que el demandante no cumplía con los requisitos para ser
declarado hijo de crianza y, buscando reforzar sus
argumentos, impuso exigencias no contempladas en la
jurisprudencia, pues reprochó (i) que el convocante no haya
desconocido la existencia de su vínculo materno filial con la
progenitora, (ii) que María Requilda no hubiera alentado el
alejamiento o el desconocimiento de la madre biológica y (iii)
que no hubiera iniciado trámites para formalizar la tenencia
del menor de edad, como la adopción, custodia o aún el
“reconocimiento voluntario”, exigiendo así el agotamiento de
acciones tendientes a formalizar un vínculo que surge
precisamente de los hechos, en contravía del desarrollo
jurisprudencial sobre la materia.
3.2. La trascendencia de los errores
En esta sede extraordinaria, los errores en los que
eventualmente pueda incurrir el Tribunal deben tener
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
44
«trascendencia en el sentido de la sentencia»21, pues no basta una
equivocación del juzgador, sino que ella debe ser relevante y
evidente en el sentido de la decisión, pues solo el error
manifiesto y trascendente tiene la virtualidad de infirmar la
sentencia impugnada (CSJ, SC1644-2025).
En ese sentido, encuentra la Corte que los yerros en que
incurrió el ad quem son trascendentes, puesto que, de no
haber incurrido en ellos, se habría reconocido la existencia
de una relación ausente y deteriorada con la madre biológica,
el reemplazo total de la figura materna y los fuertes vínculos
socioafectivos que unieron al demandante con María
Requilda Plazas; y en su lugar, se habría declarado a John
Jairo Marín Martínez como hijo de crianza de esta última.
Así las cosas, dado que los errores advertidos por la Sala
son trascendentes, se impone el quiebre de la sentencia
impugnada, siendo procedente emitir sentencia sustitutiva
que desate la apelación del convocante.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Precisión preliminar
Esta Corporación ha aceptado la posibilidad de
adelantar procesos declarativos con el fin de ventilar
pretensiones relativas a la configuración de la familia de
crianza (Cfr. CSJ, STC6009-2018 y STC8159-2022).
21 Artículo 344, literal a), numeral 1°, Código General del Proceso.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
45
Incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 2388
de 2024, la Sala ha considerado que el hijo de crianza puede
promover proceso declarativo verbal para obtener el
reconocimiento de esa calidad cuando no sea posible acudir
al trámite de jurisdicción voluntaria consagrado en la nueva
normativa (Cfr. CSJ, STC2156-2025, SC1702-2025), esto
debido a que el derecho a tener una familia es de doble vía y
por lo tanto, está en cabeza tanto de los padres como de los
hijos de crianza, estando ambos legitimados para elevar su
reclamo ante la administración de justicia.
En este caso, la demanda fue instaurada en el año 2021
y en ella se solicitó la declaratoria de John Jairo Marín como
hijo de crianza de María Requilda Plazas, buscando con esa
declaratoria la estructuración de un vínculo filial entre ellos,
petición improcedente en la medida en que, como se ha
explicado, la crianza no es un hecho considerado por el
legislador como constitutivo de filiación.
Sin embargo, como la Corte casará la sentencia y,
actuando como tribunal de instancia dictará un fallo de
reemplazo, es menester atender en esta oportunidad las
directrices impartidas en la referida sentencia CSJ, SC1702-
2025, conforme a las cuales:
En los procesos judiciales en trámite, que no cuenten con
sentencia ejecutoriada, y donde se haya solicitado el
reconocimiento de una “filiación por crianza” o cualquier
denominación semejante, el juez debe interpretar tales
pretensiones como dirigidas al establecimiento de un
estado civil de crianza, no a una filiación.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
46
Esta lectura se fundamenta en el principio iura novit curia; las
facultades ultra y extra petita de los jueces de familia (art. 281,
par. 1º, Código General del Proceso) y el deber judicial de
interpretar la demanda para determinar la verdadera intención del
actor (art. 42-5, ib.). Como señaló esta Corporación en la sentencia
de tutela STC6009-2018, ante la ausencia histórica de regulación
específica, es deber del juez «interpretar la demanda y usar los
instrumentos procesales para determinar el derecho aplicable».
Con esa claridad, procede la Sala a analizar el caso.
2. La sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso
negó las pretensiones de la demanda por considerar que,
aunque se probó la existencia de una relación de amor,
solidaridad, protección y cuidado entre John Jairo Marín y
María Requilda Plazas, lo cierto es que aquél nunca rompió
ni desconoció los vínculos afectivos con su madre biológica,
relación que «aunque alejada y poco frecuente, no fue inexistente o
nula», de donde colige que «en realidad, nunca se rompieron los
vínculos afectivos entre la familia biológica y la de crianza».
Consideró el a quo que María Requilda nunca adelantó
ningún trámite tendiente a adoptar al entonces menor o
reclamar para sí su custodia, y que la señora Lucila Martínez
procuró mantener el contacto a través de llamadas
telefónicas y el envío esporádico de «zapaticos», de donde
concluye que la relación con la madre biológica si existió y su
comunicación «aunque escasa y esporádica no significa que haya
sido nula». En ese sentido, encontró que, aunque esa relación
fue ciertamente distante, no se probó que fuera inexistente
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
47
ni que se hubiera dado un abandono total de la madre
biológica, lo que impedía reconocer al demandante como hijo
de crianza de María Requilda Plazas, pues:
aunque fue acogido desde su infancia en el seno familiar de la
señora María Requilda Plazas (…) quien le prodigó el amor, los
cuidados, la protección necesaria durante su infancia y la de su
hermano Rolfe desde los 6 y 8 años hasta su adultez, los educó,
visitó, los alimentó y los formó como personas de bien, y con quien
se trazaron lazos fraternos de solidaridad, afecto, apoyo, similares
a los que se dan en una verdadera familia de sangre ante la
comunidad de la que hacían parte (…), sin embargo, dicha
condición no genera un estado civil por no estar previsto en la ley
ni tampoco es posible su reconocimiento atendiendo a los criterios
jurisprudenciales, en tanto que (…) no se probó uno de los criterios
pues no se estableció con certeza una ruptura total o definitiva de
los vínculos con su familia biológica (…), específicamente con su
madre biológica, quien por su precaria condición económica se vio
obligada a dar a sus hijos (…) para que los cuidara y criara sin la
intención de abandonarlos, quedó claro que en medio de sus
posibilidades trató de mantener por algún medio la comunicación
con sus hijos y su cuidadora, tendiente a saber cómo se
encontraban (…), es decir que la condición de hijos biológicos de
Lucila Martínez no fue rechazada ni desconocida, por ende, más
allá del afecto, no resulta procedente reconocerle la calidad de hijo
de la causante (Cfr. Audiencia 10 nov. 2022).
3. Los motivos de inconformidad del apelante
El demandante interpuso recurso de alzada, en cuya
sustentación se opuso a lo decidido en primera instancia,
exponiendo las razones que a continuación se compendian22:
(i) La jurisprudencia ha reconocido la existencia de las
familias de crianza en un esfuerzo por interpretar y aplicar
22 Cfr. reparos presentados en audiencia de 10 de noviembre de 2022, en: “40. 20221110 Audiencia –
Sentencia. pdf” en “C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia, y sustentación del recurso, en “09.
Escrito Sustentación Demandante. pdf” en “C01Apelación Sentencia”, carpeta 02 Segunda Instancia.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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los principios superiores consagrados en la Constitución,
estableciendo los requisitos para su declaración, alcances,
derechos, obligaciones y efectos, y fijando como condiciones
para su configuración: «1. Que haya una estrecha relación familiar
con los presuntos padres de crianza. 2. Que haya una deteriorada o
ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos. 3. Que se
dé un reemplazo de funciones y deberes de sus padres de origen a sus
padres de crianza. 4. Que haya constante dependencia económica».
Tales exigencias se cumplen a cabalidad en este caso,
pues María Requilda acogió a John Jairo desde que era un
niño de 6 años, le proveyó amor, cuidado y protección por
más de tres décadas y hasta la fecha de su muerte, siendo
ella quien se encargó de su crianza, educación y
sostenimiento económico.
(ii) La sentencia exige la inexistencia de relación con la
madre biológica, al señalar que «no se estableció con certeza una
ruptura total o definitiva de los vínculos con su familia biológica». Sin
embargo, el precedente nunca ha establecido la inexistencia
de relación como requisito para el reconocimiento como hijo
de crianza, pues lo que se exige es el vínculo ausente o
deteriorado, que aquí se probó. Al exigir el desconocimiento
de la madre biológica y la promoción de acciones legales por
parte de la madre de crianza, se contraría la jurisprudencia,
que en modo alguno exige tales requisitos para reconocer y
proteger el vínculo familiar surgido de los hechos.
(iii) Las pruebas demuestran la relación ausente y
deteriorada del demandante con la madre biológica, marcada
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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por «años de ausencia, de abandono, de descuido, de desidia, de
irresponsabilidad, de desatención material y moral», que no se
suplen con llamadas esporádicas o dos visitas en «quince o
veinte años». Los testigos fueron contundentes al afirmar que
María Requilda y John Jairo eran madre e hijo, sin que
supieran siquiera de la existencia de la madre biológica.
4. Análisis de los reparos
Le asiste razón al apelante, pues el a quo se equivocó al
exigir que la relación con la madre biológica fuera nula o
inexistente. Como se explicó en detalle en sede de casación,
basta con la demostración de un vínculo deteriorado,
distante o precario, marcado por la ausencia de la
progenitora en la vida cotidiana del menor de edad, al punto
de no ejercer en forma personal y directa sus obligaciones
maternofiliales. En este caso, la valoración conjunta del
acervo probatorio muestra cómo María Requilda Plazas
asumió de manera voluntaria y solidaria el compromiso
permanente de asunción de obligaciones parentales con los
entonces menores de edad Rolfe y John Jairo Marín, a
quienes acogió en su hogar en el año 1984 y con quienes forjó
verdaderos lazos de amor, respeto y cuidado, que
configuraron una familia de crianza en la que desarrollaron
sus vidas en un marco de afecto y protección mutua.
Véase cómo la declaración bajo juramento de la señora
Lucila Martínez López23 demuestra cómo la muerte de su
23 Cfr. declaración de Lucila Marín López, Audiencia de 3 de octubre de 2022, en: en: “37. 20221003
Audiencia D. Hijo de crianza 2021-00113-00” en “C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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esposo en el año 1982 la dejó sumida en una situación de
extrema pobreza, con cuatro hijos pequeños y uno más en
gestación, lo que la llevó a entregar a sus hijos Rolfe y John
Jairo, de ocho y seis años, a la señora María Requilda Plazas,
en quien confiaba debido a la amistad y el cariño que las unía
y quien, ciertamente, fue la persona que se encargó de darle
a los menores techo y educación, así como el afecto y cuidado
propios de una madre, al punto que sus hijos la veían como
tal y llamaban «mamá o mamá María el chiquito».
La madre biológica reconoció que duró «mucho tiempo (…)
sin darme cuenta de mis hijos» por su situación económica, el
establecimiento de un nuevo hogar y el nacimiento de nueva
progenie; sin embargo, trataba de indagar por su bienestar a
través de llamadas telefónicas realizadas unas dos veces al
año, y procuraba enviarles saludos o «cualquier regalito» de
manera esporádica, cuando una vecina viajaba a Boyacá. Así
mismo, advirtió que el sostenimiento de sus hijos estuvo a
cargo de la señora Plazas, exclusivamente, quien le pidió sus
partidas de bautismo para darles estudio y afiliarlos a salud,
sin que ella como madre bilógica indagara sobre esos asuntos
ni participara en modo alguno en su crianza.
Lo expuesto por la madre biológica encuentra respaldo
en la declaración de los testigos, quienes dieron cuenta de su
ausencia durante la infancia y adolescencia del demandante,
y de la plena asunción de obligaciones maternas por parte de
María Requilda Plazas. Véase como el señor Nolberto
Holguín, vecino de la vereda Vado Castro, manifestó bajo
juramento que para el año 1984 los menores Rolfe y John
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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Jairo Marín llegaron a vivir a la casa de la señora Plazas,
quien los acogió bajo su techo y les dio estudio, afecto y
sostenimiento, siendo ella la que los corregía y a quien los
menores trataban con respeto. Le consta que existió entre los
tres una relación de amor y solidaridad propia de una familia,
al punto que sólo supo de la existencia de la madre biológica
en el año 2015, cuando Rolfe Marín murió en un accidente24.
En el mismo sentido, el testigo Julio Daniel Rincón,
también vecino de la vereda, relató cómo en el año 1984
María Requilda Plazas acogió al menor Rolfe Marín y a los
pocos meses también a su hermano John Jairo, quienes le
fueron entregados debido a la muerte del padre. Afirmó que
la señora Plazas se ocupó de los niños y «les dio todo», pues se
encargó de su vivienda y manutención, era su acudiente en
la escuela veredal e iba a todas las reuniones, afirmación que
encuentra respaldo en la certificación expedida por el rector
de la Institución Educativa Vado Castro, en la que se informa
que «revisados los libros y registros de matrícula de los años 1988 se
evidencia que él, (sic) señor JHON JAIRO MARIN MARTINEZ curso (sic)
el grado segundo, firmando como acudiente la señora MARIA PLAZAS»25.
El mismo declarante resaltó que María Requilda educó
a John Jairo y Rolfe en la decencia desde niños, les inculcó
el buen trato con la gente e hizo de ellos unas personas de
bien; que toda la sociedad los reconocía como madre e hijos
y que constituyeron un verdadero núcleo familiar, al punto
24 Cfr. declaración de Nolberto Holguín Amaya, Audiencia de 10 de noviembre de 2022, en: “40.
20221110 Audiencia – Sentencia. pdf” en “C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia.
25 Cfr. Certificado y libro de matrícula obrantes en: “17. Respuesta Colegio vado castro”, en
“C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia”.
Radicación n.º 15759-31-84-002-2021-00113-01
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que ya en la vejez y enfermedad de María Requilda, fue su
hijo John Jairo quien la acompañó en todo momento y estuvo
pendiente de las citas, medicamentos y posterior
hospitalización, asumiendo al final todos los gastos
relacionados con su sepelio26.
Finalmente, el testigo Milton Suancha informó cómo
forjó una amistad con Rolfe y John Jairo ya siendo adultos,
conociendo a María Requilda como su madre y compartiendo
con la familia momentos de esparcimiento y fraternidad, al
punto que sólo se enteró de que ella no era su madre
biológica cuando Rolfe falleció y se enteró de la existencia de
la señora Lucila Martínez27.
Pues bien, ubicada la Corte en sede de instancia
encuentra que la valoración conjunta de estos medios de
prueba muestra cómo María Requilda Plazas asumió de
manera voluntaria, solidaria y permanente las obligaciones
parentales, sustituyendo totalmente a la madre biológica en
ese rol.
Está probado que desde al año 1984, la señora Plazas
acogió al demandante bajo su techo cuando era un niño de
tan solo 6 años, y fue ella quien lo cuidó, lo protegió, lo formó
moralmente y garantizó su educación y desarrollo integral,
se encargó en forma exclusiva su manutención y fue la
persona que estuvo a su lado como madre durante treinta y
26 Cfr. declaración de Julio Daniel Rincón Acevedo, Audiencia de 10 de noviembre de 2022, en: “40.
20221110 Audiencia – Sentencia. pdf” en “C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia.
27 Cfr. declaración de Milton Suancha Chaparro, Audiencia de 10 de noviembre de 2022, en: “40.
20221110 Audiencia – Sentencia. pdf” en “C01Principal”, carpeta 01 Primera Instancia.
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seis años y hasta la fecha de su fallecimiento, momento para
el cual John Jairo pudo devolver a María Requilda todo el
amor y cuidado que ella le dio de niño, acompañándola en su
enfermedad y asumiendo esta vez él todos los gastos y
cuidados que demandó la enfermedad de su madre, con lo
que se demuestra el cumplimiento del requisito consistente
la asunción voluntaria y efectiva del rol parental en virtud de
la solidaridad.
Así mismo, los medios de convicción ponen de presente
el abandono al que, por razones de extrema pobreza, la
madre biológica sometió a sus hijos, encargando a otra
persona su crianza y haciendo llamadas esporádicas para
indagar por su bienestar, pero sin estar presente en la vida
de sus descendientes, a quienes visitó en una única ocasión
durante su infancia y a quienes sólo volvió a ver cuando ya
«eran unos hombres».
De lo anterior se colige que Lucila Martínez no ejerció
con el demandante rol maternal alguno, no fue para él una
figura materna ni cumplió con sus obligaciones parentales;
por el contrario, el soporte emocional, el cuidado, la
formación y la manutención que John Jairo Marín necesitó
en su infancia y adolescencia le fueron brindados por María
Requilda, exclusivamente. Esa ausencia a lo largo de los años
desdice por completo de la existencia de un vínculo real y
cercano con la progenitora, motivo por el cual se encuentra
acreditado el requisito consistente en la existencia de una
relación deteriorada o precaria con los padres biológicos y su
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reemplazo en el cumplimiento de sus funciones por parte de
un tercero.
Finalmente, encuentra la Sala que María Requilda
Plazas y John Jairo Marín fueron reconocidos como madre e
hijo por amigos, vecinos y familia, se trataron como tal
durante más de tres décadas y conformaron una verdadera
familia de crianza, lo que impone colegir que existió entre
ellos un verdadero vínculo socioafectivo derivado de la
crianza, caracterizado por el amor, la solidaridad, el respeto,
cuidado y protección que constituyen este tipo de familias.
Por esa senda, estando cumplidos y demostrados los
requisitos de existencia de la familia de crianza, se imponía
su declaratoria, más aún cuando ella no supone la
destrucción de los vínculos filiales con los padres biológicos
y constituye, por el contrario, un estado civil autónomo que
puede concurrir con el de la filiación y que es destinatario de
toda la protección del ordenamiento jurídico.
5. Conclusión
En este caso, la sentencia de primera instancia exigió al
demandante la acreditación de un requisito no consagrado
en la jurisprudencia para el reconocimiento del hijo de
crianza, a saber, que la relación con la familia de origen sea
inexistente o nula. Además, confundió la presencia distante,
lejana y ocasional de la madre biológica con la asunción real,
efectiva y permanente de las obligaciones parentales, las
cuales siempre estuvieron en cabeza de María Requilda
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Plazas, lo que conllevó el desconocimiento de la configuración
de la familia de crianza y el consecuente desamparo de los
derechos del demandante.
En virtud de lo anterior, la Corte concluye que la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Sogamoso no se encuentra ajustada a derecho y,
por ende, debe ser revocada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CASAR la sentencia de 27 de mayo de
2024, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso
de declaración de hijo de crianza que John Jairo Marín
Martínez promovió en contra de los herederos de María
Requilda Plazas Montañez.
SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en
costas, dada la prosperidad del remedio extraordinario
(artículo 365, numeral 1, Código General del Proceso).
Y situada la Corte en sede de instancia,
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RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso el 10
de noviembre de 2022, dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO. DECLARAR que John Jairo Marín
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía n.°
74’184.979 es hijo de crianza de María Requilda Plazas
Montañez, quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía n.° 21’204.738.
TERCERO. En consecuencia, se reconoce la
vocación hereditaria de John Jairo Marín Martínez para
suceder a la causante María Requilda Plazas Montañez, en el
primer orden hereditario en virtud de su calidad de hijo de
crianza.
CUARTO. INSCRÍBASE la anterior declaración en
el Libro de Varios del correspondiente registro civil de
nacimiento. El a quo librará los oficios correspondientes.
QUINTO. Sin costas en esta instancia.
SEXTO. En firme esta providencia, devuélvase la
actuación al juzgado de origen.
Notifíquese y cúmplase.
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
(con aclaración de voto)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto acostumbrado por los demás integrantes
de la Sala, brevemente expreso la muy concreta razón que
me conduce a aclarar el voto con el que acompaño la acertada
y justa decisión de fondo adoptada en el asunto de la
referencia.
Estimo comedidamente que el presente se compadece
con un evento de válido y fundado ejercicio de selección
positiva28 que implica «examinar de fondo ciertos asuntos, a pesar
de que los alegatos del impugnante no sean técnicamente admisibles»
(CSJ, SC1984-2025).
Aunque en el mismo régimen de potestades
extraordinarias de la Corte, en este caso no podría advertir
realizado un supuesto de auténtica casación oficiosa, en
tanto que los defectos finalmente advertidos y conjurados por
la Corte son aquellos que al amparo de las causales de
casación legalmente contempladas denunció la parte
afectada, sólo que con algunas deficiencias técnicas.
De manera que no hay una total o al menos
preponderante oficiosidad en la intervención de la Corte para
«separarse de los estrictos linderos que impone el carácter dispositivo del
recurso, con el fin de enmendar yerros de la magnitud de los anunciados,
sirviéndose de razones diferentes a las esgrimidas por el recurrente
extraordinario en su escrito de sustentación» (CSJ SC963-2022),
28 En los términos del artículo 7 de la Ley 1285 de 2009,
reformatorio del canon 16 de la Ley 270 de 1996.
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sino una muy valiosa y fundada flexibilización en la
apreciación de los requisitos técnicos que habilitaron la
admisión y estudio de fondo de las censuras acertadas de la
parte recurrente.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Adriana Consuelo López Martínez
Magistrada
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Aclaración de voto
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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