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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC226-2023
Radicación n° 73001-31-03-002-2015-00039-01
(Aprobado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés)
Bogotá D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés
(2023).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
el demandante Ricardo Garner Escobar frente a la sentencia
proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué el 23 de enero de 2017. Tal
proveído fue dictado dentro del proceso de impugnación de
decisiones de la Junta Directiva, impulsado por el recurrente
contra la Cámara de Comercio de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
El actor radicó la demanda el 12 de febrero de 2015.
En ella, pretendió que se declare la nulidad de las decisiones
adoptadas por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Ibagué el 4 de diciembre de 2014 y aprobadas el 15 de diciembre
del mismo año. Las determinaciones cuestionadas se
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circunscribían a: i) la depuración del censo de afiliados; ii) el
proceso de elección de junta directiva; y iii) la remoción del cargo
del presidente ejecutivo, Silverio Gómez Carmona1. En subsidio,
instó a la declaración de ineficacia de resoluciones «ante la
indebida convocatoria de la junta directiva».
B. Causa petendi
La Cámara de Comercio de Ibagué presentó ante la
Superintendencia de Industria y Comercio las listas de
candidatos aptos para ser elegidos miembros de junta en el
período 2014-2018. Por su parte, la entidad de vigilancia y
control expidió la resolución núm. 71158 del 27 de
noviembre de 2014, por medio de la cual ordenó postergar
las elecciones y verificar el cumplimiento por parte de los
afiliados del registro de libros de socios y actas. Por lo tanto,
la Cámara de Comercio aplicó los lineamientos del acto
administrativo, lo que dio como resultado la modificación del
censo electoral, «al excluir alrededor de 200 afiliados que no
cumplieron con su obligación de registrar los libros de socios y actas
registro de accionistas»2.
El presidente de la Junta Directiva convocó a reunión
extraordinaria para el 4 de diciembre. El demandante
formuló reparos al acto de convocatoria. Consideró que la
Junta Directiva se había extralimitado pues en «las funciones
asignadas a la Junta Directiva de la Cámara no se encuentra ninguna
relacionada con las elecciones de la misma»3. Sin embargo, la
1 Cuaderno 1, Fl. 100- 10.
2 Ejusdem, Fl 97.
3 Ibidem Fl 98.
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reunión prevista se llevó a cabo, se tomaron determinaciones
concernientes a los comicios y a la
terminación del contrato
de trabajo del Presidente Ejecutivo. Previo a la presentación
de la demanda, el actor solicitó la celebración de audiencia
de conciliación prejudicial el 3 de febrero de 2015. No
obstante, en la fecha programada, la convocada no asistió ni
justificó dicho proceder.
C. Posición de la demandada
La interpelada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y propuso las excepciones de mérito que
nominó: «la junta directiva no intervino en asuntos electorales»; «no se
presentó conflicto de intereses»; «la actuación de la junta fue legal»; «la
Junta directiva no destituyó al presidente ejecutivo por asuntos
electorales»; «el acta de la Junta directiva es completamente válida y
legal»; «se trata de un problema laboral que no incumbe a la justicia
ordinaria». En síntesis, sostuvo que las determinaciones no
adolecen de ningún vicio que afecte su eficacia. Por otra
parte, propuso como defensa previa la de «caducidad o
prescripción de la acción», al haberse superado el lapso de los dos
meses siguientes a la fecha de la reunión del órgano
societario para la oportuna interposición de la acción.
D. Resolución en las instancias
El juez de primer grado, al resolver la excepción previa
de caducidad, evidenció que existió una reunión de donde
surgió el acta núm. 680 del 4 diciembre de 20144. Sin
4 F. 192, cuaderno excepciones previas.
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embargo, por virtud de la solicitud de conciliación operó la
suspensión del término para impugnar las decisiones de la
Junta5. En consecuencia, desestimó la excepción previa
planteada. Inconforme, el resistente apeló. Aseveró que,
cuando se trata de impugnación de decisiones de asamblea
o juntas directivas, el asunto no es conciliable. En tal
sentido, «al no haber ni necesidad, ni posibilidad de agotar el
mecanismo de solución de conflictos, se debe necesariamente caer en
presencia tangible y material de la figura conocida como caducidad de
la acción».
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Comenzó por indicar que el estatuto procesal que rige
la instancia es el Código de Procedimiento Civil6.
Seguidamente, señaló que cuando el juez encuentre probada
la excepción de caducidad, la declarará con sentencia. A su
turno, indicó que los problemas jurídicos se concretan en
determinar: i) si en los procesos de impugnación de
decisiones de asambleas, juntas directivas o de socios es
requisito de procedibilidad la audiencia de conciliación
extrajudicial; ii) en el evento en que una de las partes lo
hubiese adelantado, ¿es idóneo tal acto para suspender el
término de prescripción o de caducidad de la acción
respectiva?
5 «ARTÍCULO 191. Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes
podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a
las prescripciones legales o a los estatutos. La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de
los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a
menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro
mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de la fecha de la inscripción».
6 Fl.195. Cuaderno 2. La alzada se propuso el 26 de octubre de 2015.
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En ese orden de ideas, dejó sentado que el demandante
promovió acción de impugnación de actas el 12 de febrero de
2015. Aseveró que, «de conformidad con el derrotero normativo y las
pautas jurisprudenciales, dicha acción sólo puede proponerse dentro de
los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo; si se tratare de
acuerdos o actos sujetos a registro el término se contará desde la fecha
de la inscripción». Adicionalmente, señaló que «el asunto es de
aquellas materias no conciliables por tratarse de una pretensión de
nulidad, que, al suponer un cuestionamiento en derecho, reserva la
definición de la legalidad de lo decidido en la asamblea o junta, al
operador judicial, excluyéndolas así de la voluntad de las partes, de
suerte que, los efectos suspensivos del periplo prescriptivo o de
caducidad, previstos en el artículo 21 de la ley 640 de 2001 no se
proyectan en la acción en estudio». Así las cosas, para el Tribunal
es claro que la conciliación extraprocesal procurada por la
parte demandante no tuvo la virtualidad de suspender los
efectos extintivos de la caducidad.
Por otra parte, en lo que concierne al inicio del cómputo
de la caducidad, determinó su hito a partir de la fecha en que
se efectuó la reunión en la cual la Junta tomó las
determinaciones que se impugnan7.
Por último, indicó que «tampoco podría pregonarse que el
término de caducidad debe contabilizarse desde la aprobación del acta
7 En efecto, consideró que «en los términos del artículo 191 del Estatuto Mercantil, la impugnación
sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual
sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que
deban ser inscritos en el Registro Mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir
de la fecha de la inscripción. Es lo cierto que, en el presente asunto permite concluir que le asiste
razón al apoderado de la Cámara de Comercio en cuanto tomar como punto inicial, para efectos
de la extinción de la acción, la fecha de la reunión en donde se adoptaron las decisiones materia
de impugnación, pues, contrario asegurado por el demandante, no existe carga prevista en la
norma de carácter de ley o reglamentaria o administrativa que imponga el registro de las actas
de Junta directiva de las Cámaras de Comercio ante la Superintendencia a efectos de pregonar
su eficacia» (Fl. 52. Cuaderno 3).
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de la reunión» pues «las hipótesis fácticas de los artículos 421 el Código
de Procedimiento Civil y 199 el Código de Comercio optan como
parámetro objetivo para tal propósito la fecha del acto respectivo, la
fecha de la reunión la cual se han adoptado las decisiones sin
contemplar el trámite posterior aprobatorio del acta como criterio
determinador para el cómputo del término extintivo para accionar»8.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon dos cargos.
A. PRIMER CARGO
1. Denunció la violación indirecta de las normas
consagradas en el artículo 191 del Código de Comercio, así
como en el precepto 421 del Código de Procedimiento Civil y
en el 15 del Decreto 2042 de 2014, por error de hecho en la
valoración probatoria. Tras referir lo considerado por el
Tribunal en torno al término de caducidad, advirtió que su
particular entendimiento «desconoce los efectos jurídicos
probatorios determinantes para contabilizar el plazo de dos meses en los
cuales se puede acudir a la jurisdicción para demandar la nulidad de
sus decisiones».9 Censuró la omisión en valorar el acta
aprobatoria núm. 681 de fecha 15 de diciembre de 2014,
8 Por ende, si la reunión de Junta se celebró el 4 de diciembre de 2014 y la demanda se presentó
el 12 de febrero de 2015, «es evidente que los dos meses de caducidad de la acción, cual debe
entenderse calendarios, transcurrió y feneció antes de la formulación de la pretensión
impugnatoria operando así las consecuencias extintivas de la caducidad» (Fl. 53. ejusdem).
9 Consideró que, contrario a lo sostenido por el Colegiado, dicho plazo tiene como cómputo
inicial la fecha de aprobación del acta y no el momento de celebración de la reunión. Sostuvo
que «no cabe duda entonces, que solo las actas aprobadas son las que permiten tener certeza de
lo ocurrido en la reunión, y por virtud legal, son exigencia específica tratándose de las juntas
directivas de las cámaras de comercio, para que tenga efectos jurídicos, entre ellos, para el
cumplimiento de la remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio, a quien no se podrá
remitir el acta o su resumen que no esté previamente aprobada una forma indicada en el citado
artículo 15 del decreto 2042 de 2014».
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«siendo los efectos jurídicos probatorios determinantes para contabilizar
el plazo de dos meses en los cuales se puede acudir a la jurisdicción
para demandar la nulidad de sus decisiones, es decir, sin aprobación
del acta no se pueden tener por cierto los hechos ocurridos en la reunión,
que son la base de la impugnación». Apuntaló que la valoración
probatoria del fallador fue deficiente pues no tuvo en cuenta
las consideraciones de la Superintendencia de Sociedades en
concepto 220-80762, que indica que «las actas constituyen plena
prueba siempre y cuando se encuentren debidamente aprobadas por el
máximo órgano social»10.
Adujo que las conclusiones del Tribunal no guardan
relación con lo que indican las pruebas obrantes en el
plenario, pues indicó que la aprobación del acta núm. 681 se
dio el 12 de diciembre del 2014, cuando, «de la lectura del acta
681 se evidencia claridad que ésta sólo se inició el 12 de diciembre con
terminación el 15 de diciembre de 2014, de manera que es esta última
fecha cuando fue aprobada el acta 680 con los efectos probatorios de
verdad y efectos jurídicos plenos»11.
Así las cosas, sostuvo que «sólo a partir de la aprobación del
acta 680, realizada el 15 de diciembre de 2014, que cumple con los
requisitos legales para tener plenos efectos jurídicos, es que se puede
10 Estimó que, en tratándose de Cámaras de Comercio, a partir de la aprobación y firma del
acta levantada es que se determinan los hechos ocurridos en una reunión de Junta Directiva
«con la plenitud de valor probatorio, que según las pruebas del proceso ocurrió el 15 de diciembre
de 2014, fecha en que fue aprobado el contenido del acta 680 de 2014, que nos ocupa, por lo que
la demanda se encuentra en tiempo, para que sean resueltas las pretensiones de la nulidad de
las decisiones del cuerpo colegiado». Indicó que la relevancia jurídica de la calenda de
aprobación del acta de Junta Directiva se desprende del numeral 2.2.2.38.2.9 del Decreto
1074, que «contiene el régimen legal de las cámaras de comercio, que ordena la remisión a la
Superintendencia de Industria y Comercio de un resumen o copia íntegra del acta de junta
directiva, “dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación”».
11 En ese sentido, insistió en que: «(…) se puede verificar que la aprobación en sesión posterior
de Junta directiva del acta 680, si bien se inició el 12 de diciembre del 2014, en dicha sesión
solo se verificó los asistentes a la reunión, como se observa en el Folio 72 del proceso (…), y que
la aprobación que exige la ley, sólo se realizó en la sesión del 15 de diciembre de 2014, como se
observa en el Folio 71, cuando se determinó el voto favorable o no de los integrantes, y en manera
virtual, con un resultado de 3 votos en contra y 6 a favor de la aprobación del acta».
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tener prueba suficiente de los hechos que consten en ella, y por
ende, es el extremo a partir del cual se debe contabilizar el
término de caducidad o prescripción contenido en el artículo 191
del código de Comercio». Reparó en que el término debía
empezar a computarse a partir de la fecha de aprobación del
acta, pues «no de otra manera se conoce específicamente sus
determinaciones, como la relación escrita de lo sucedido, tratado o
acordado en una Junta directiva, lo cual se concreta en el medio o
instrumento con que se pretende mostrar y hacer patente esa verdad,
aspecto que se cumple “cuando se encuentren debidamente aprobadas
por el máximo órgano social o por la comisión designada para tal fin y
firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario en la
respectiva reunión”». Así, entonces, la valoración del ad quem
constituye causal de casación, «porque siendo un poder
discrecional del fallador, no puede quebrantar los principios de la sana
crítica (…)».
2. Añadió que, «en el presente asunto, se debe considerar que
se configura la causal de casación citada, por tratarse la indebida
aplicación del artículo 15 del régimen de Cámaras de Comercio contenido
del decreto 2042 de 2014 al momento de valorar las pruebas». Ello,
comoquiera que «en el caso concreto corresponde a una decisión de
Junta directiva, que involucra la remoción y nombramiento del
representante legal, requiere los efectos de publicidad que se asimilan al
registro, comoquiera que una vez aprobado el acta que contiene la
decisión, esto es el 15 de diciembre de 2014, la misma debió ser remitida
en resumen o en texto completo la Superintendencia Industria y
Comercio, para que este iniciara a certificar el nuevo representante legal,
documento con el cual podía ejercer la representación de la entidad ante
las autoridades públicas y privadas (…)».
3. Aseveró que el aspecto sustancial redunda en
determinar si la remisión del acta a la Superintendencia de
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Industria y Comercio -SIC- comporta los efectos de
inscripción y registro, «para efectos de entender la vigencia ante
terceros de dicha decisión y el nacimiento de los efectos jurídicos,
aplicables a la caducidad o prescripción, pues solo a partir de la remisión
del acta, la cual a su vez esté aprobada en sesión posterior, en la que
conste el nombramiento del representante legal, podrá certificarlo de
acuerdo con lo señalado en el decreto 4886 de 2011». En sentir del
casacionista, la respuesta es positiva, tal como se desprende
de la certificación del 05 de marzo de 2015,
«en el que indica que certifica el recién nombrado representante legal,
pero “…de manera temporal y condiciona el actual Representante Legal
y Presidente Ejecutivo Encargado”, por cuanto se encontraba en curso la
investigación de dicho ente, sobre el nombramiento del señor Edilberto
Garzón Sandoval»12.
CONSIDERACIONES
1. El censor edificó su ataque con cimiento en la causal
segunda de casación al estimar la violación indirecta por
error de hecho «de las normas contenidas en el artículo 191 del Código
de Comercio, artículo 421 del código de procedimiento civil y el art. 15
del decreto 2042 de 2014». Sin embargo, fundamentó su reproche
en que «la valoración equivocada de las pruebas al momento de
interpretar las normas constituye causal de casación, porque siendo un
poder discrecional del fallador, no puede quebrantar los principios de la
sana crítica». Esto es, se advierte la ausencia de rigor técnico
12 En concordancia con lo anterior, destacó que era tan importante dicho documento proferido
por la SIC ante terceros, que no fue factible realizar el cambio del representante ante la DIAN
«hasta tanto no fue expedida la citada certificación»; circunstancia que también aconteció con
las entidades financieras, «asuntos que de Perogrullo trae que equivale a la inscripción,
publicidad y efectos ante terceros, por lo que no existe intención distinta a que primen los
aspectos sustanciales y no formales sobre la denominación de la inscripción».
En apoyo del anterior planteamiento, se sirvió de un concepto de la Superintendencia de
Sociedades que señala que «el legislador quiso diferenciar entre los actos que sólo tienen
trascendencia interna para la sociedad que no deben ser dotados de publicidad Mercantil y
aquellos que por ser de interés para terceros deben cumplir con las formalidades del registro».
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derivada de la falta de claridad, al pretender incorporar
razonamientos propios del error de derecho -cuando el
embate fue por yerro de hecho-.
En efecto, se observa que si bien el actor comenzó
endilgando al Tribunal la omisión en la apreciación del acta
aprobatoria núm. 681 de fecha 15 de diciembre de 2014,
alegación que ciertamente comporta una censura por
violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho,
lo cierto es que, a renglón seguido, el casacionista comienza
a cuestionar la forma en que se valoró el acervo y la
inaplicación de la sana crítica. En particular, aseveró que «en
el presente asunto, se debe considerar que se configura la causal de
casación citada, por tratarse la indebida aplicación del artículo 15 del
régimen de Cámaras de Comercio contenido del decreto 2042 de 2014 al
momento de valorar las pruebas». Justamente, aquellos son
señalamientos que se incoan cuando la censura se erige por
la vía indirecta, pero por el defecto de iure.
La incidencia de la confusión en la formulación del
cargo se hace más patente cuando puso de presente el
concepto proferido por la Superintendencia de Sociedades y
aseveró que «las actas constituyen plena prueba siempre y cuando se
encuentren debidamente aprobadas por el máximo órgano social». Para
colegir que el juez de segundo grado desconoció, en su
valoración probatoria, las consideraciones de la aludida
entidad. Tal mixtura en los errores presuntamente cometidos
por el ad quem comprometen la precisión y claridad en el
planteamiento del reclamo. Y es que, tal como se dijo en
precedencia, si bien sí propone la comisión de un error de
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hecho, el cargo comienza a trasegar por la vía del error de
derecho cuando critica el desconocimiento de normas de
carácter probatorio al aducir la ausencia de valoración en
conjunto del acervo bajo los lineamientos de la sana crítica y
la calificación como plena prueba del acta que no ha sido
aprobada por el máximo órgano social.
Sobre tal imprecisión, la Sala ha considerado lo
siguiente:
«(…) si en un cargo estructurado bajo la perspectiva del yerro
fáctico se endilga al fallador la vulneración de normas de carácter
probatorio, se incurre en un indebido entremezclamiento que
atenta contra el aludido requisito en sede de casación; así lo
puntualizó la Corte en pretérita ocasión cuando desechó la
prosperidad de una censura por cuanto a pesar de denunciar el
quebrantamiento de la ley sustancial por desatino manifiesto de
hecho en la apreciación de ciertas probanzas, concluyen que con
este yerro se dejó de aplicar por parte de la sentencia demandada,
los artículos 174, 175, 187, 194 y 197 del Código de Procedimiento
Civil, normas probatorias cuya vulneración debe denunciarse por
error de derecho en la vía indirecta'. (…)
También se reitera, que cuando una acusación gira en tomo a la
comisión de yerros fácticos en la apreciación probatoria, pero se
sustenta en normas de linaje probatorio, se incurre en una
imprecisión que impide su admisión; pues la violación de aquellas
"deben denunciarse por error de derecho en la vía indirecta", el
cual no puede confundirse ni mixturarse con análisis soportados
en desatinos de hecho, como imprecisamente lo efectuó el
casacionista» (CSJ AC3642 de 2016, citada en SC3347-
2020).
Asimismo, recientemente se sostuvo:
«Dada esa desemejanza que tienen los diversos motivos
autorizados por el legislador para denunciar una sentencia en
casación, no le será dable al opugnante deambular entre las
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distintas causales o mixturar su contenido, dada la autonomía y
características disímiles de cada uno, incluso, cuando se acude a
la causal segunda no podrá entremezclar errores de hecho y de
derecho, dado que «[l]as dos especies de error en la apreciación de
la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por
lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia
de ambos respecto de idénticos medios de prueba, ni resulta
idóneo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro,
pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de
derecho, o viceversa, amén de que el cargo se torna oscuro e
impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar
carece de fundamentación (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad.
6898).
Ciertamente, de forma reiterada esta Corporación ha sostenido la
inviabilidad de entremezclar, al interior de un mismo cargo y en
relación con unas mismas pruebas, el error de hecho y el de
derecho ya que, como antes se apuntó, el primero se refiere a la
ponderación objetiva de los medios de convicción, mientras que el
segundo alude a su valoración jurídica a la luz de las normas de
disciplina probatoria, que gobiernan su producción y eficacia lo
que, por ende, presupone su adecuada contemplación material por
el juzgador, circunstancias que los tornan excluyentes entre sí.
Al respecto esta Corporación ha expresado que
El artículo 344 del Código General del Proceso ordena que los
cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla
entre las diversas causales, vías o errores; por tanto, cada
acusación debe responder a un motivo concreto y específico, fuera
de divagaciones que puedan conducir a que la vía seleccionada
sea inadecuada a la sustentación esbozada.
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada
una de ellas está destinada a cuestionar tópicos particulares de la
sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento. De allí
que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya
manifestado que:
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia
impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados,
caracterizados por ser autónomos e individuales, lo que
igualmente se infiere del artículo 368 del Código de Procedimiento
Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de
diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de
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hecho con el de derecho» (CSJ AC6341, 21 oct. 2014, rad. 2007-
00145-01) (CSJ, AC 2707 del 10 de jul. de 2019, Rad. 2016-
46013-01, reiterado CSJ SC3172-2021 de 28 de jul. Rad. 2015-
00149-01; se subraya)» (AC4205-2021).
2. No se atacó frontalmente ni de manera clara todas
las conclusiones del Tribunal. Pasó en silencio la
consideración respecto de la cual «no existe carga prevista en la
norma de carácter de ley o reglamentaria o administrativa que imponga
el registro de las actas de Junta directiva de las Cámaras de Comercio
ante la Superintendencia a efectos de pregonar su eficacia» -aspecto
trascendental para establecer el inicio del cómputo de la
caducidad-. Al respecto, el Tribunal explicó que «el deber de
remitir al órgano de control y vigilancia “constancia de la reunión” (…)
empero, ello no supone, la carga formal de registrar las actas de Junta
Directiva, como si la Superintendencia de Industria y Comercio cumpliera
una función análoga a la ejercida por la Cámara de Comercio frente al
registro mercantil» (destacado propio).
Solamente de manera tangencial indicó que la Decisión
de la Junta Directiva «que involucra la remoción y nombramiento del
representante legal, requiere los efectos de publicidad que se asimilan al
registro, comoquiera que una vez aprobado el acta que contiene la
decisión, esto es el 15 de diciembre de 2014, la misma debió ser remitida
en resumen o en texto completo a la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que esta iniciara a certificar el nuevo representante legal,
documento con el cual podía ejercer la representación de la entidad ante
las autoridades públicas y privadas (…)». Como se advierte, no es
idóneo el embate. No planteó la razón suficiente por la cual
se consideraría, contrario a lo argüido por el ad quem, que la
Decisión debió estar sujeta a «registro» en la Superintendencia
de Industria y Comercio. Simplemente, dio su particular
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visión frente al asunto. Tal postura no tiene la virtualidad
para socavar la razón basilar ofrecida por el Tribunal13.
Sobre este tema la Corte señaló, en consideraciones que
conservan aplicación, que
«[S]in distinción de la razón invocada, deben plantearse las
acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal
manera que de su desprevenida revisión emane el sentido de la
inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o
deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción,
máxime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el
recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los
litigantes en este aspecto…
Lo anterior porque, no son admisibles apuntaciones abstractas y
sin aptitud para afectar los argumentos bastiones del fallo
combatido, menos aun cuando no se hizo un cotejo entre lo que se
encuentra probado y la decisión tomada, siendo necesario que la
fundamentación del embate demuestre la existencia del yerro
atribuido para así desvirtuar la presunción de legalidad y acierto
que la caracteriza» (CSJ AC2194-2014; criterio reiterado en
CSJ AC3919-2017).
3. En definitiva, el cargo no prospera.
B. SEGUNDO CARGO
Al amparo de la causal primera de casación del artículo
336 del Código General del Proceso se formuló el segundo
13 Véase que la claridad, precisión y completitud que exige el artículo 344 del Código General
del Proceso para la formulación de los cargos, implica que la persona que acude a este recurso
extraordinario «debe formular sus embates (…) con la indicación de las razones por las cuales
considera que el juzgador de instancia se equivocó y cómo tal dislate tiene la virtualidad de
afectar la totalidad de la decisión. No es posible soportar la acusación en fórmulas abstractas, o
elucubraciones sobre cuál debió ser la decisión definitiva, según el caudal probatorio incorporado,
sino que se exige al casacionista que haga una revisión comparativa de las pruebas y su
entendimiento objetivo, frente a la decisión de instancia, para evidenciar, sin hesitación alguna,
la necesidad de la anulación del proveído» (CSJ SC3919-2017).
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cargo por la vía directa. Se denunció la violación directa del
artículo 19 de la Ley 640 de 2001. También criticó el análisis
efectuado por el Tribunal al no considerar como susceptible
de conciliación la impugnación de decisiones de la Junta
Directiva: «En este orden tenemos que el artículo 19 de la ley 2001
establece que se podrán considerar todas las materias que sean
susceptibles de transacción desistimiento y conciliación»14.
CONSIDERACIONES
1. El artículo 19 de la Ley 640 de 2001, que -iterase- se
denuncia como infringido, no ostenta el carácter de norma
de derecho sustancial. Y es que, en lo que concierne a las
causales de casación relacionadas con la violación de normas
sustanciales -primera y segunda-, el artículo 344 del Código
General del Proceso exige el señalamiento de al menos una
norma de carácter sustancial que, constituyendo base
esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio
del censor haya sido violentada. Tal exigencia es
fundamental, porque a partir de ella se despliega la función
nomofiláctica y de tutela del derecho objetivo que la ley
asigna, en sede casacional, a la Corte.
14 Por otra parte, manifestó que con la presentación de la solicitud de conciliación el término
de caducidad se encontraba suspendido. Aseveró que «visto que el 03 de febrero de 2015, el Dr.
Ricardo Garther Escobar presentó ante la Notaría Primera del Círculo de Ibagué solicitud de
conciliación prejudicial, dicha presentación en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad según sea el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o hasta
que el acta de conciliación se haya registrado».
También expuso que «la sentencia objeto del presente proceso incurre en la violación de la norma
establecida en los artículos 19 de la ley 640 de 2001, en virtud, de su errónea interpretación, ya
que el término de los dos meses para impugnar en vía judicial fue suspendido por virtud legal,
desde el 03 de febrero de 2015 al 02 marzo de 2015, intervalo en el cual se adelantó el trámite
de la conciliación prejudicial».
Radicación no. 73001-31-03-002-2015-00039-01
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2. En efecto, si por disposiciones de derecho sustancial
o material hay que entender, como lo ha razonado la
jurisprudencia, aquellas normas que por «una situación fáctica
concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas
también concretas entre las personas implicadas en tal situación» (CSJ
AC de 18 de nov. de 2010, rad. 2002-00007; reiterada en CSJ
AC208-2023). Esto es, el artículo 19 de la Ley 640 de 2001
no reviste tal connotación. Y esto, en lo cardinal, porque es
un precepto que se limita a establecer cuáles asuntos son
conciliables y ante quién podrán conciliarse. En una palabra,
es una norma descriptiva y ordenadora, que no atribuye
derechos subjetivos específicos ni obligaciones concretas
para ningún sujeto de derecho.
Sobre el particular, la Corte ha señalado:
«Por supuesto que mucho menos se pudieron quebrantar los
artículos 19, 31 y 40 de la ley 640 de 2001, de los que el censor
dice que no se aplicaron, sencillamente porque ellos, en su orden,
se refieren tan sólo a las materias que son susceptibles de
conciliar, a los órganos ante los cuales puede adelantarse la
conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia y al
presupuesto de procedibilidad a efecto de iniciar un proceso
judicial sobre los temas allí determinados» (Énfasis para
destacar) (CSJ SC de 10 de junio de 2008, exp. 2000-
00832).
Tratándose de las disposiciones que, como el memorado
artículo 19 de la Ley 640 de 2001, definen o describen
fenómenos jurídicos, la Sala, de antiguo, ha destacado que
no sirven para sustentar un ataque en casación, en tanto,
«(…) esta índole de preceptos no son susceptibles de quebranto directo
para fines de la casación, porque la idea de ley sustancial obra sobre
normas atributivas o declarativas de derecho, y no sobre las que
Radicación no. 73001-31-03-002-2015-00039-01
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contengan la descripción legal de los fenómenos (…)» (CSJ SC de 29
de agosto de 1947, G.J., t. LXII, pág. 736).
3. Para terminar, el cargo bajo estudio no se abre paso.
IV. DECISIÓN
PRIMERO. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia proferida por Sala Civil - Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 23 de
enero de 2017 en el proceso de impugnación de decisiones
de la Junta Directiva, iniciado por el recurrente contra la
Cámara de Comercio de esa capital.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora al pago de las
costas procesales de esta actuación. En la liquidación
inclúyanse $10.000.000, por concepto de agencias en
derecho.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
Radicación no. 73001-31-03-002-2015-00039-01
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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