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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1836-2025
Radicación n° 68001-31-03-010-2022-00144-02
(Aprobado en sesión de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Rosa Inés Gualdrón Niño frente a la sentencia proferida el 7
de noviembre de 2024, por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso
de pertenencia que la recurrente le adelantó a Alba Paulina
Rivera Bueno e indeterminados, con vinculación de Emilio
Palacio Niño.
I. EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que adquirió por
prescripción extraordinaria el inmueble de matrícula
inmobiliaria n.° 300-31743, ubicado en la calle 51 # 51-23
de la Urbanización Pan de Azúcar, Sector II de Bucaramanga
y disponer la inscripción de la sentencia en la oficina registral
correspondiente.
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En respaldo expuso que desde el 2010 ha ejercido
posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida sobre ese
bien, comportándose como señora y dueña, pues ha pagado
impuestos, servicios públicos, realizado mejoras y es
reconocida como propietaria.
2. Las convocadas se opusieron, así:
(i) Alba Paulina Rivera Bueno alegó «[n]o configuración de
los requisitos exigidos por la ley para la prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio alegada por la demandante», «[f]alta del elemento
esencial de posesión invocada por la demandante conforme a lo
establecido por la ley y la jurisprudencia, para beneficiarse de la
usucapión» y «[r]econocimiento de dueño aparente», (fls. 1-45, archivo
digital n.° 030).
(ii) Emilio Palacio Niño, en condición de acreedor real,
se opuso y manifestó que Rosa Inés no es poseedora, sino
arrendataria (fls. 3-10, archivo digital n.° 077).
(iii) El curador ad litem de los indeterminados dijo
estarse a lo probado (fls. 1-4, archivo digital n.° 068).
3. El juzgado Décimo Civil del Circuito de
Bucaramanga, en sentencia de 7 de diciembre de 2023,
accedió a las pretensiones (fls. 1-5, archivo digital n.° 097).
4. Al resolver la alzada de Alba Paulina Rivera Bueno,
en fallo de 7 de noviembre de 2024, el Tribunal revocó esa
decisión y negó las súplicas (fls. archivo digital n.°12, cno.2).
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II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
a). La acción de pertenencia exige acreditar la
prescriptibilidad del bien, el ánimo de dueño del detentor, así
como el corpus y el tiempo necesario para adquirirlo por ese
modo originario.
b). El primer requisito fue demostrado con el folio de
matrícula inmobiliaria del predio. Sin embargo, la posesión
exclusiva alegada por la accionante quedó descartada con su
propia declaración y por la prueba testimonial, así:
Rosa Inés Gualdrón Niño reconoció que sostuvo una
relación sentimental con Emilio Palacio Niño y que juntos
habitaron el predio desde enero 2010, tanto así que pagaban
los servicios públicos del inmueble con el dinero de la
sociedad que sostenían y que, con la tarjeta de crédito de él,
amortizaron los impuestos, pues eran equipo, pero que desde
2021 asumió sola los gastos y responsabilidades del hogar.
Francisco Javier Castillo Mantilla afirmó conocer a Rosa
Inés y Emilio Palacio desde el 2010 cuando se mudaron a la
casa y se presentaron como propietarios. Relató que tuvieron
una amistad cercana, al punto que le confiaban las llaves
cuando salían de viaje para que cuidara de sus mascotas.
Según indicó, ambos habitaron el predio hasta enero de
2021, cuando Emilio se retiró del lugar.
Xavier Leonel Montañez Gualdrón señaló que Rosa Inés
y Emilio fueron pareja desde 2004 hasta finales de enero de
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2021, cuando este abandonó la vivienda. Añadió que
compartían gastos, reparaban el inmueble y pagaban
impuestos. Desde la salida de Emilio, su madre -la
demandante- quedó como única habitante y responsable del
bien. Aminta Gualdrón Niño, hermana de Rosa Inés, indicó
que esta y Emilio eran primos, pero mantenían una relación
sentimental, ejercían control conjunto del inmueble y
realizaban mejoras.
c). Se acreditó que Rosa Inés cohabitó el predio con
Emilio desde el 7 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de
2021, cuando él lo abandonó. Durante ese período fueron
coposeedores. Solo desde que este último desalojó el fundo
ella pasó a ser detentora única. El poseedor proindiviso no
puede adquirir el dominio exclusivo por usucapión, ya que
ello vulneraría los derechos del coposeedor.
d). Llama la atención que Emilio Palacio Niño, acreedor
hipotecario y excompañero permanente de la accionante, se
haya opuesto a la demanda y negado ser coposeedor, justo
cuando se adelantaba la liquidación de la sociedad
patrimonial que existió entre ellos.
e). Aunque la impulsora pudo haber reclamado el
dominio para los coposeedores, no lo hizo. Su posesión
exclusiva inició en 2021. Si se aceptara una eventual
renuncia tácita a la prescripción por Emilio, ello sería
insuficiente para configurar una posesión exclusiva de la
accionante, ya que la detentación compartida persistió hasta
que aquél se retiró del inmueble.
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f). La oposición de la prescribiente a la restitución de
tenencia de inmueble arrendado adelantada por Alba Paulina
Rivera Bueno y Hernando Pico Castillo contra Emilio Palacio
Niño, le resulta inoponible a esta. Aunque allí se ordenó la
entrega del bien, aquella dijo no reconocer otra condición
jurídica distinta a la suya.
g). El proceso de declaración de unión marital de hecho
y de sociedad patrimonial de Rosa Inés contra Emilio Palacio
concluyó con fallo de 17 de enero de 2024, el cual declaró su
convivencia entre el 4 de mayo de 2004 y el 30 de enero de
2021. Esto le impide a la accionante solicitar la adjudicación
exclusiva del bien, pues el animus domini fue compartido
durante el lapso legal. Ella misma reconoce que lo poseyó con
Emilio Palacio Niño entre el 7 de enero de 2010 hasta el 31
de enero de 2021, y que solo a partir de esta última fecha fue
detentora exclusiva. Por tanto, incumple los requisitos
legales para adquirir por usucapión, por lo que debe
revocarse el fallo y negarse las súplicas (archivo digital n.°
12, cno. Tribunal).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante interpuso recurso de casación y planteó
dos (2) cargos: el inicial por la causal primera y el restante
por la segunda. Como están vinculados en sus
planteamientos, se estudiarán simultáneamente y serán
despachados con razonamientos comunes.
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CARGO PRIMERO
Alega la infracción directa de los artículos 2514 y 2515
del Código Civil por indebida aplicación, y la falta de empleo
de los artículos 15, 778, 2512, 2516, 2521, 2523, 2531 y
2533 ídem., así como del 3 y 375 del Código General del
Proceso.
Dice haber acreditado que Rosa Inés y Emilio Palacio
Niño ingresaron al predio en enero de 2010 como
compañeros permanentes y coposeedores, lo cual se
mantuvo hasta el 31 enero de 2021, cuando Emilio se fue por
problemas personales, conforme se reconoció en las
instancias. Desde entonces, la accionante detenta el bien de
forma exclusiva y, al interponer la demanda, habían
transcurrido más de diez (10) años de posesión. No obstante,
el Tribunal vulneró la ley sustancial, ya que calificó la
actuación de Emilio Palacio como eventual renuncia a la
acción de prescripción, cuando lo que existió fue una
abdicación tácita, según los artículos 2514 y 2515 del Código
Civil, que convirtió a la usucapiente en poseedora exclusiva,
desde que inició la detentación conjunta.
El ad quem asumió que la posición procesal de Palacio
Niño aparejó una eventual renuncia a la acción de
prescripción y que, en tal hipótesis, ello no modificaba la
naturaleza jurídica de la coposesión que existió y tampoco
convertía retroactivamente a Rosa Inés en única detentora
del predio durante todo el período alegado.
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Los artículos 2514 y 2515 regulan la renuncia a la
prescripción y la doctrina ha ahondado en la forma como se
produce, de lo cual se deduce que el proceder de Palacio Niño
generó dimisión tácita, la cual se patentó desde el 10 agosto
de 2020 en la conciliación adelantada ante la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, cuando dijo ser arrendatario de
Alba Paulina y de Hernando Pico, pues para ese momento
habían transcurrido diez (10) años de poderío. Lo que el
Tribunal calificó de «eventual renuncia» es una dejación
tácita, generada el 14 de mayo de 2021 cuando Emilio
contestó la demanda de restitución de Alba Paulina y
Hernando Pico, aceptó los hechos y no se opuso, según el
artículo 2514 ejusdem que prevé ese efecto legal, equivalente
a cuando «el poseedor de la cosa la toma en arriendo».
Hechos posteriores ratificaron la renuncia inicial, pues
el 25 de mayo de 2023 Palacio Niño reconoció a Alba Paulina
y Hernando Pico como dueños, y el 11 de diciembre de 2023,
a pesar de haber transcurrido 13 años de posesión, al ser
interrogado, se proclamó su «arrendatario». Estos actos
denotaron un reconocimiento de dominio ajeno, como lo
prevé el artículo 2515 ibídem, cuando ya se había
configurado el tiempo para prescribir. Esto generó una
renuncia tácita válida y eficaz a la prescripción, por lo que el
Tribunal quebrantó las normas que prevén las consecuencias
de ese acto procesal (art. 2514 y 2515 C.C.). Tal renuncia no
afectó a Rosa Inés Gualdrón Niño, contrario a lo que vio dicho
fallador en desmedro del artículo 15 del Código Civil, de ahí
que el proceder de Palacio Niño la benefició y convirtió en
poseedora exclusiva desde enero de 2010 (folios 1 a 42).
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CARGO SEGUNDO
Denuncia la infracción indirecta de los artículos 2514 y
2515 del Código Civil, por indebida aplicación, así como de
los artículos 2512, 2531 y 2533 de la misma obra, y 375 del
Código General del Proceso, por omisión, a causa de errores
de hecho en la apreciación de las pruebas.
Dice que el Tribunal omitió la respuesta que Emilio
Palacio Niño le dio a la demanda, pues allí negó haber sido
compañero permanente de Rosa Inés, pero admitió
decisiones conjuntas y cohabitación efectiva durante 17
años. También dijo haber ocupado el inmueble desde 2010
como arrendatario y reconocer en todo momento a sus
propietarios, lo cual acreditó su actuación fraudulenta.
Al no valorar esas contradicciones el juzgador dejó de
ver la estrategia fraudulenta de Palacio Niño, quien, además,
se hizo pasar como acreedor hipotecario de Alba Paulina,
quien figura como dueña, para burlar el derecho de su
excompañera permanente. Esto hizo que el ad quem
desconociera la estrategia procesal de Emilio, a pesar de que
ello demostró su negativa a reconocer la coposesión con
miras a que el bien no ingrese en la sociedad patrimonial.
En su interrogatorio, Palacio Niño aceptó que tuvo una
relación sentimental con Rosa Inés durante 17 años, pero al
contestar la demanda manifestó que esta es su prima y que
en esa condición ingresaron al predio. Luego, era preciso
valorar esas dos versiones para constatar la maniobra
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fraudulenta de ese litigante y su intención de alterar la
realidad para perjudicar a Rosa.
El ad quem omitió la contestación a la demanda de
restitución de tenencia. De lo contrario habría constatado la
estrategia fraudulenta de Emilio, ya que allí admitió ser
inquilino de Alba Paulina Rivero Bueno y de Hernando Pico
Castillo desde el 9 de enero de 2010, dijo que pactó una renta
mensual de $1’200.000 y que la pagó, y no se opuso a la
entrega en la restitución. Además, la conciliación efectuada
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga corrobora ese
artificio, pues allí Emilio reconoció a Alba Paulina y
Hernando Pico como sus arrendadores, se comprometió a
restituirles el bien y aceptó deberles cánones, pero no
mencionó a Rosa Inés con quien convivió por más de 10 años.
Estos hechos corroboran la maniobra torticera de
Emilio, con el único fin de afectar la coposesión de Rosa Inés
por más de diez (10) años, de ahí que el Tribunal erró al no
valorar esas pruebas en conjunto; de lo contrario, habría
constado el ardid y entendido que ello generó una renuncia
a la prescripción. Ese desfase generó la revocatoria del fallo,
aun cuando la impulsora acreditó los requisitos de la
usucapión. Esto revela la indebida aplicación de los artículos
762, 764, 770, 775, 2512, 2531 y 2532 ibídem.
LA RÉPLICA
Se concedió oportunamente el traslado a los no
recurrentes, quienes guardaron silencio.
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CONSIDERACIONES
1. La prescripción es una institución jurídica que tiene
una naturaleza bifronte: por un lado, cumple la función de
extinguir derechos y acciones, lo cual le confiere carácter
liberatorio. Por el otro, permite adquirir bienes ajenos,
contexto en el cual se le denomina adquisitiva. En ambas
formas, su viabilidad exige un tiempo determinado, así como
la concurrencia de otros requisitos legales.
Su relevancia en la sociedad contemporánea es
indiscutible. Al efecto, en la CSJ SC4704-2021 se precisó que
dicha institución propende por «la estabilidad de las
relaciones jurídicas y la convivencia pacífica», además,
«[p]rocura el dinamismo en el ejercicio de los derechos»,
«[l]imita la conflictividad y litigiosidad al evitar que se
mantenga en interminable interinidad las posibles
discusiones que sobre el reclamo de las prerrogativas se
puedan suscitar» y «[p]ermite el avance de la humanidad, pues
utiliza la medida del tiempo como una herramienta para
zanjar las disputas al interior de la sociedad».
La figura legis, sea adquisitiva o extintiva, puede ser
suspendida, interrumpida y renunciada.
Se suspende ministerio legis en beneficio de ciertas
personas que gozan de especial protección, como los menores
de edad y quienes se encuentren bajo patria potestad, tutela
o curaduría, entre otros, y apareja una detención temporal
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del término extintivo hasta que se supere la causa que la
produce (art. 2530 ídem).
Se interrumpe civil o naturalmente. Lo primero ocurre,
al decir del artículo 2539 in fine, por la demanda judicial y el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 94 del
Código General del Proceso. Lo segundo se da cuando el
deudor reconoce -expresa o tácitamente- la obligación (inc.
2º, art. 2539 ídem) y obedece a actos de asentimiento,
beneplácito o aceptación de la prestación. Una notable
diferencia entre la suspensión y la interrupción es que
aquella impide contabilizar el tiempo transcurrido durante el
lapso en que subsista la causa de protección que le dio
origen, mientras que esta lo suprime en su totalidad (CSJ GJ.
CLXXVI n° 2415 pág. 51 a 63).
La renuncia, por su parte, puede ser expresa o táctica,
pero solo es válida cuando la prescripción se ha consolidado
(art. 2514 C.C.); además, requiere de una manifestación
inequívoca del deudor en virtud de la cual reconozca el
derecho del acreedor, pague intereses o pida plazos.
Tratándose de la extintiva, la actual regulación adjetiva
establece que «[c]uando no se proponga oportunamente la
excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada».
Específicamente, la prescripción adquisitiva -o
usucapión- se manifiesta en el ámbito de los derechos reales
y tiene como principal efecto la adquisición de la propiedad.
Hay modalidades de largo y de corto plazo; además, puede
ser ordinaria o extraordinaria.
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La ordinaria exige justo título y buena fe. La posesión
será regular y le permitirá al detentor reclamar la cosa que
ha poseído por tres (3) años si es mueble o cinco (5) si es
inmueble (art.2529 C.C.). La extraordinaria, en cambio, no
precisa de posesión regular y, por lo tanto, exige un tiempo
mayor, que, según la ley civil, es de diez (10) años para toda
clase de bienes materiales, sin desconocer los plazos más
breves de algunos regímenes especiales (agrario e interés social).
2. La posesión puede ser ejercida por una sola persona
o en forma compartida por varias. En este último caso, hay
coposesión (art.779 C.C.), y esa situación de hecho, al ser
proindiviso, genera una relación de comunidad.
Al respecto, en la SC11444-2016 la Corte destacó que:
El punto objeto de esta controversia se relaciona con la posesión
que pertenece proindivisamente a varias personas, por ello caben
las otras denominaciones de coposesión, indivisión posesoria, o
posesión conjunta o compartida, sea que se ejerza mediata o
inmediatamente (por intermedio de otros). (…) como en la posesión
exclusiva de una persona, en la coposesión también hay corpus y
ánimus domini; pero mientras en la posesión de un sujeto de
derecho el animus es pleno e independiente por su autonomía
posesoria, en la coposesión es limitado, porque en esta modalidad,
el señorío de un coposeedor está determinado y condicionado por
el derecho del otro, ya que también lo comparte, y es dependiente
del de los otros coposeedores por virtud del ejercicio conjunto de la
potestad dominical, como voluntad de usar, gozar y disfrutar una
cosa, como unidad de objeto, pero en común; porque en sentido
contrario, si fuese titular de cuota o de un sector material de la
cosa y no sobre la unidad total, existiría una posesión exclusiva y
no una coposesión1.
1 ENNECCERUS, Ludwig; Kipp, Theodor y WOLFF, Martin. Tomo III.
Traducción de Blas Pérez González. Derecho de las cosas. Barcelona: Busch,
2ª. Ed. 1950, pg. 67.
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Esto permite entender que cuando alguien detenta un
bien para sí su posesión es exclusiva. En cambio, si la
comparte con otra persona ello genera coposesión, en cuyo
caso el animus y el corpus son ejercidos por todos sobre el
mismo objeto en forma compartida porque dicha detentación
es proindiviso.
Precisamente, en el fallo recién citado esta Corte
advirtió que la coposesión, por antonomasia, comporta varios
elementos, a saber:
a). La pluralidad de poseedores, es decir, dos o más sujetos se
dicen y actúan como verdaderos dueños de una misma cosa,
comportándose con tal carácter y ejerciendo sobre ella actos
positivos a los cuales solo da derecho el dominio y actuando de
forma compartida.
b). Identidad de objeto, comoquiera que los actos de posesión
se ejercen sobre una misma cosa y no sobre un sector de la
unidad.
c). Homogeneidad del poder de cada uno de los detentores sobre
la cosa, para aprovecharla proindiviso. Esto significa que cada
poseedor debe actuar ajustado a la limitación generada por la
cotitularidad de la posesión.
d). Ejercicio de un poder de hecho sobre el todo, pero al mismo
tiempo sobre una cuota (alícuota) ideal y abstracta en forma
simultánea.
e). Cada comunero es recíprocamente tenedor con respecto al
derecho del otro coposeedor y así lo aceptan, entienden y respetan
todos los detentores de la cosa común, so pena de minar la
coposesión y de transformar dicho poderío en algo exclusivo y
excluyente con relación a los demás coposeedores.
f). El ánimus domini en la posesión es pleno y exclusivo, mientras
que en la coposesión es limitado, compartido y asociativo. Y no
puede ser de otra forma porque dos personas, dos objetos o dos
entes, desde el punto de vista lógico, no pueden ocupar al mismo
tiempo el mismo lugar en el espacio. En cambio, en la coposesión,
los varios coposeedores no tienen intereses separados, sino
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compartidos y conjuntos sobre la misma cosa, autolimitándose y
ejerciendo la posesión en forma proindivisa, por ello su ánimus
resulta preferible llamarlo ánimus condominii.
g) Es patente la imposibilidad de equiparar la coposesión material
con la posesión del comunero y la de los herederos, pues su fuente
y efectos son diversos. Esto, porque la coposesión puede estar
unida o concurrir con o sin derecho de dominio; se presenta con la
titularidad del derecho de dominio y sus integrantes son
copropietarios.
h) Los coposeedores “proindiviso” cuando no ostentan la
propiedad pueden adquirir el derecho de dominio por prescripción
adquisitiva siempre que demuestren los respectivos requisitos. De
consiguiente, siguen las reglas de prestaciones mutuas en el caso
de la reivindicación, acciones posesorias y demás vicisitudes que
cobijen al poseedor exclusivo.
En resumidas cuentas: en la coposesión varias
personas dominan la misma cosa. Su señorío no es ilimitado
ni independiente, porque cada coposeedor lo comparte y
ejerce en forma conjunta e indivisa; se posee una cosa entera.
Todos disfrutan y utilizan con animus domini el derecho al
mismo bien concurrentemente.
Acorde con esta comprensión, en la SC 22 jul. 2010,
rad. 2000-00855 01, se llamó la atención en cuanto a que:
“Siendo ello así, es evidente que la comunidad también puede
surgir en la posesión, concretamente, de la institución de la
coposesión, hipótesis en la cual ella es ejercida, en forma
compartida y no exclusiva, por todos los coposeedores, o por
conducto de un administrador que los representa (Ibídem).
“La Corte, con apoyo en la doctrina, ha explicado que ‘el animus,
que sólo es la voluntad encaminada a un fin de señorío, permite
concebir la del coposeedor de poseer con sus copartícipes, en tanto
que el corpus continúa siendo idéntico al del ocupante único’; por
consiguiente, no corresponde a varias posesiones individuales, en
el sentido de aparecer aquella como una división cuantitativa de
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éstas, sino que difiere de la posesión única por ser cualitativa
(Cas. Civil, sentencia 23 de julio de 1937, XLV, 322).
“Tal tesis comparte la posición de los doctrinantes que han
aceptado como viable que dos o más personas posean
conjuntamente una misma cosa pro-indiviso, fundada en el hecho
de que ‘en este caso no es la voluntad de cada uno sino la
voluntad de todos la que dispone de la cosa’ (Claro Solar, Luis.
Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. De los
Bienes, Volumen III, Págs. 456 a 457. Editorial Jurídica de Chile,
1979).
“El coposeedor, entonces, ejerce la posesión para la comunidad y,
por ende, para admitir la mutación de ésta por la de poseedor
exclusivo se requiere que aquel ejerza los actos de señorío en forma
personal, autónoma o independiente, desconociendo a los
demás”2.
Por consiguiente, si un coposeedor pide ser declarado
dueño por prescripción del bien sobre el cual ejerció
coposesión, debe acreditar que ese poder de hecho conjunto
mutó, es decir, que se transformó y pasó a ser exclusivo a su
favor durante el tiempo previsto en la ley.
Al efecto, en el pronunciamiento atrás citado la Corte
destacó que:
Es claro, entonces, que en frente de la solicitud de uno de los
coposeedores para que se le declare dueño por usucapión del bien
sobre el cual otrora ejercía poder de hecho la comunidad, la única
posesión que sirve es la exclusiva de quien demanda, cuya
demostración exige acreditar la mutación o transformación de la
posesión común en aquella.
3. En este episodio, el Tribunal revocó el fallo apelado
y, en su lugar, negó las pretensiones de Rosa Inés Gualdrón
Niño tras advertir que esta no fue detentora exclusiva del
2 CSJ. SC. 11 feb. 2009. Rad. 2001 00038 01.
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inmueble, sino que compartió dicho poderío con Emilio
Palacio Niño desde el 7 de enero de 2010 hasta el 31 de enero
de 2021, cuando este abandonó el bien, según lo indicó la
propia accionante en su interrogatorio y lo atestaron los
testigos, lo cual imponía colegir que se trató de una posesión
conjunta o compartida.
4. En casación, la recurrente sostiene que ese juzgador
incurrió en graves errores de juicio, unos jurídicos y otros
fácticos. En particular, lo acusa de pasar por alto los actos
de renuncia manifestados por el coposeedor Emilio Palacio
Niño, con quien detentó el inmueble desde el 2010 hasta
inicios de 2021, cuando, según se estableció en las
instancias, este último lo habría abandonado.
5. Al invocar la infracción directa de la ley sustancial,
es indispensable identificar con precisión las normas
sustanciales que, en criterio del recurrente, fueron
vulneradas en la sentencia de segunda instancia. Para ello,
debe demostrarse que el Tribunal las omitió, aplicó las
inapropiadas o, acertó en su selección, pero les atribuyó
efectos ajenos. Esta labor exige una exposición clara de cómo
se produjo la desfiguración del marco jurídico, sin invadir el
campo de los hechos, dado que se entiende que quien
estructura su acusación por esta vía está conforme con la
ponderación fáctica realizada por el fallador.
Si la censura se formula con base en la causal segunda
de casación, en la modalidad de error de hecho, corresponde
demostrar que el Tribunal incurrió en una valoración
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desacertada de la prueba, la demanda o su contestación, ya
sea por omisión, tergiversación o adición. En cualquier caso,
el yerro debe ser manifiesto y contraevidente, pero también
trascendente.
Para justificar adecuadamente el error, el impugnante
debe señalar con claridad los medios de convicción que
fueron desatendidos o mal apreciados, contrastar su
contenido material con la interpretación adoptada por el
juzgador y demostrar cómo dicha desviación de la realidad
procesal lo condujo a una conclusión errada. La acusación,
además, debe atacar todas las premisas esenciales del fallo y
socavar su núcleo argumentativo.
En la CSJ SC593-2025 se enfatizó que, en este ámbito
casacional, «la labor del impugnante ‘no puede reducirse a
una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de
razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas,
porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o
manifiesto conforme lo exige la ley’» (CSJ, SC 15 jul. 2008,
Rad. 2000-00257-01, CSJ SC 20 Mar. 2013, Rad. 1995-
00037-01, SC2501-2021, SC4127-2021 y SC1468-2024).
6. Fracasan las acusaciones, pues la recurrente no
acredita ninguno de los errores atribuidos a la sentencia
impugnada.
Resulta pacífico que Rosa Inés Gualdrón Niño solicitó
declarar que adquirió por usucapión extraordinaria el
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dominio del inmueble localizado en la calle 51 # 51-23 de la
urbanización Pan de Azúcar, Sector II, de Bucaramanga, con
sustento en que lo poseyó de forma exclusiva desde el 2010,
según lo expuso en la demanda.
Tal planteamiento la compelía a acreditar que fue
detentora exclusiva de esa heredad durante un tiempo
ininterrumpido de diez (10) años, como lo prevé el artículo
2532 del Código Civil, que dispone: «[e]l lapso de tiempo
necesario para adquirir por esta especie de prescripción, es de
diez (10) años contra toda persona (…)».
Sin embargo, en el proceso salió a relucir -y así lo
vislumbró el Tribunal-, que dicha demandante no fue la
única poseedora del inmueble durante el lapso legal exigido,
sino que compartió ese poderío con Emilio Palacio Niño desde
el 7 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2021, cuando
este se trasladó a vivir a otro lugar y se desentendió de la
heredad. Esta circunstancia fue reconocida por la impulsora
en su interrogatorio y corroborada por los testigos, lo cual
permitía colegir que su poder de hecho no fue exclusivo, sino
compartido con otra persona, conforme se concluyó en la
sentencia fustigada.
Al fundar la casación, la recurrente no disputa este
hecho ni la tesitura que sobre esa plataforma fáctica
construyó el Tribunal: por el contrario, admite aquello y esto.
Es más, alega que la conducta procesal de Palacio Niño, al
negar ser poseedor y asumirse como tenedor de la persona
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inscrita como propietaria, habría aparejado una renuncia a
la prescripción. Según sostiene, ello rompió la coposesión y
la convirtió en detentora exclusiva del predio.
En ese contexto, no hay duda de que la prescribiente
demandó la usucapión del bien exclusivamente para sí, a
pesar de haberlo poseído de forma compartida, conforme se
estableció probatoriamente a través de lo que ella misma
reconoció al ser interrogada y, también, de la versión de los
testigos. En vista de tal circunstancia, fluye nítido que debía
reclamar para la comunidad, como lo ha sostenido esta Corte
(CSJ SC 28 abr. 1953 G.J. LXXIV-742 n.° 2127, reiterada en
SC1939-2019), o probar que mutó su condición de
coposeedora por la de detentora exclusiva y demostrar
cuándo se produjo dicha variación, para así entrar a
justificar que, desde entonces, transcurrió el tiempo legal
necesario para adquirir para sí el bien por prescripción. Sin
embargo, nada de ello acreditó.
Dicho panorama desvirtúa el fundamento de las
acusaciones. En efecto, como no se disputó ni desvirtuó en
casación la premisa del ad quem consistente en que Rosa
Inés Gualdrón Niño y Emilio Palacio Niño fueron
coposeedores desde enero de 2010 hasta el 31 de enero de
2021, cuando este se fue del predio y no volvió a desplegar
actos de señorío sobre dicho bien, resulta jurídicamente
insostenible que la accionante pretenda adjudicarse su
detentación exclusiva con base en un poderío autónomo e
independiente que no tuvo durante ese lapso y que, por lo
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tanto, tampoco podía demostrar. En vista de esa realidad
procesal, la pretensión carecía de vocación de prosperidad y,
por consiguiente, ningún reproche cabe hacerle al Tribunal
que así lo sentenció.
Es más, como en el proceso salió a relucir que Rosa Inés
y Emilio Palacio Niño convivieron desde 2010 hasta finales
de enero 2021, y que ambos residieron en el predio como
poseedores, conforme lo indicó la accionante al ser
interrogada y lo atestiguaron los testigos, era razonable
inferir que fue en virtud de esa unión personal que
residieron, como pareja, en el inmueble durante el referido
lapso y se comportaron como sus dueños; de ahí que
tampoco resulte reprensible la tesis del Tribunal que así lo
concluyó.
En ese contexto, resulta insólito que la impulsora haya
invocado posesión exclusiva del predio desde 2010 y que su
excompañero Emilio Palacio Niño, quien lo habitó con ella a
partir de ese año y hasta finales de enero de 2021, la niegue
para asumirse como simple tenedor, muy a pesar de lo
expuesto por Rosa Inés cuando fue interrogada respecto a
que ella y su expareja vivían en dicho inmueble y se
comportaban como sus dueños, lo cual coincide con lo
expuesto por los declarantes Francisco Mantilla, Xavier
Leonel Montañez y Aminta Gualdrón Niño. Por lo tanto, dicha
incoherencia reafirma la tesis del Tribunal en cuanto a que
no se estableció perspicuidad sobre la posesión exclusiva que
alegó la demandante.
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No se advierte en la actuación de Emilio Palacio Niño un
propósito avieso de defraudar los intereses económicos de la
usucapiente. Es más, si la acción hubiese prosperado, era
probable que el fundo pasara a integrar la sociedad
patrimonial existente entre ellos, con lo cual el resultado lo
habría favorecido también. Esta circunstancia impedía
asumir que su conducta procesal fue de mala fe, la cual, en
todo caso, debía ser acreditada, sin que así haya ocurrido,
ante lo cual era dable mantener la presunción superlativa
(art. 83 C.P.N.) y legal (art.769 C.C.) de buena fe que rige la
actuación de las personas.
A pesar del actuar procesal exteriorizado por Emilio
Palacio Niño, quien se proclamó tenedor, conforme lo
exteriorizó al oponerse a la demanda y también cuando fue
interrogado -lo que haría pensar que nunca fue poseedor y
que por ello la accionante reclamó la usucapión
exclusivamente para ella-, lo cierto es que en el proceso se
estableció que ambos habitaron en el predio desde enero de
2010 hasta finales de enero de 2021 y que ejercieron sobre
él posesión compartida.
Tal situación hizo que la acción emprendida resultara
improcedente, sobre todo porque la demandante no acreditó
el momento a partir del cual habría dejado de existir la
comunidad posesoria para pasar a ser detentora exclusiva
del bien. Mas allá de las conjeturas que expone al fundar sus
acusaciones, durante el proceso no justificó probatoriamente
dicha mutación, a pesar de que debía acreditarla para así
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mostrar que lo había adquirido motu proprio por usucapión
extraordinaria, circunstancia que hizo inviable su
pretensión.
Aduce la censora que el Tribunal infringió los artículos
2514 y 2515 del Código Civil al no considerar que Emilio
Palacio Niño renunció a la prescripción por haberse
declarado arrendatario de quien figura como propietaria del
inmueble. Dicho planteamiento es inverosímil, pues no es
razonable sostener que, durante los años en que Rosa Inés y
Emilio vivieron como pareja en el fundo -valga decir, desde
enero de 2010 hasta finales de enero de 2021-, aquella fuera
poseedora y este tenedor a nombre de quienes figuran como
dueños. Esta hipótesis incurre en una contradicción lógica
insalvable a la luz del principium contradictionis, conforme al
cual «una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo». Este
apotegma enseña que una proposición y su negación no
pueden ser verdaderas simultáneamente. Bajo esta premisa,
la supuesta coexistencia de una posesión exclusiva de Rosa
Inés y una tenencia dependiente de Emilio en el mismo lapso
y sobre el mismo bien revela una contrariedad evidente,
jurídica y lógicamente insostenible. Luego, ello descarta la
transgresión de las normas citadas.
La accionante aduce que debe aplicarse un enfoque de
género para corregir la asimetría que envuelve el contexto,
alegando que existió una estrategia judicial de su
excompañero sentimental orientada a despojarla del
patrimonio construido en su convivencia marital.
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Tal planteamiento resulta improcedente, pues dicha
usucapiente invocó la prescripción adquisitiva de manera
exclusiva, y quedó acreditado que poseyó el bien de forma
compartida con Emilio Palacio Niño. Esa realidad procesal
tornó inviable su pretensión. El solo hecho de haber existido
entre ellos una relación marital y las particularidades propias
de la vida en común no alteran el desenlace ni justifican
aplicar un enfoque diferenciado. Ello porque, pese a la
eventual incidencia que pudo tener la ruptura de la relación
sentimental, no se acreditó la existencia de un contexto de
violencia, estereotipos, barreras probatorias o limitaciones de
cualquier orden que hubiesen impedido a la usucapiente
demostrar la posesión exclusiva alegada. Por el contrario, fue
precisamente el marco de la convivencia el que permitió
esclarecer que la posesión de Rosa Inés Niño Gualdrón no fue
exclusiva, sino compartida con quien fuera su pareja
sentimental, lo cual refuerza el criterio y la tesis del Tribunal.
Incluso, las circunstancias documentadas que
rodearon la separación de la pareja no evidencian ni permiten
inferir en la accionante una situación de inferioridad o
indefensión capaz de incidir en el diligenciamiento y solución
del proceso, específicamente frente a la prueba de la posesión
exclusiva alegada. Con mayor razón si se considera que la
pertenencia no se dirigió contra su expareja, sino frente a la
persona natural inscrita como titular del derecho real de
dominio del predio reclamado, al ser, en principio, la legítima
contradictora en el litigio.
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En este punto resulta pertinente citar lo expuesto por
la Corte Constitucional en la sentencia T-486-19, en la cual,
al resolver un caso de contornos similares, explicó:
(…) las referencias que se hacen en la sentencia a los episodios de
violencia entre los excompañeros permanentes no pueden
evaluarse como actos de revictimización o de violencia contra la
mujer por el solo hecho de serlo, pues dichas referencias, en
ningún momento, limitaron la prueba de la posesión del bien por
parte de la accionante, solo llevaron a la convicción de que la
posesión no era exclusiva y que, por lo tanto, no podía
considerarse ese tiempo para computar el término de prescripción
adquisitiva de manera individual a favor de la actora. En este
sentido, la accionante y su apoderado estaban en la obligación de
probar la exclusiva posesión sobre el bien, lo que implicaba
desconocer no solo los derechos de los herederos del causante,
sino también los actos de señorío ejercidos de manera
mancomunada con su excompañero permanente, pues el tiempo
necesario para adquirir una cosa por prescripción extraordinaria
es de diez (10) años “contra tod[a] persona” (C.C. art. 2532)
En consecuencia, no progresan los cargos.
7. Como los embates no prosperaron, conforme a los
artículos 349 in fine y 365 del Código General del Proceso, se
impondrá a la impugnante el pago de las costas procesales
en el trámite de esta senda extraordinaria y para tasar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta que dentro del
término legal no se presentó réplica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Bucaramanga, en el proceso de pertenencia de la
referencia.
Costas a cargo de la recurrente, a favor de la
contraparte. Inclúyase ($6’000.000) por agencias en derecho,
que fija el Magistrado ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(Ausencia justificada)
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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