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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1758-2024
Radicación n° 11001-31-03-006-2005-00291-02
(Aprobada en sesión de once de julio de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil
veinticuatro (2024)
En acatamiento de la orden emitida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-029 de 2024, procede
nuevamente esta Corporación a decidir el recurso de
casación interpuesto por la demandada frente a la
sentencia de 29 de agosto de 2014, proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
dentro del proceso ordinario de María Clemencia del
Socorro Hernández de Forero, Gustavo Adolfo, Juan Camilo
y María Fernanda Forero Hernández contra la Corporación
Club El Nogal.
I.- EL LITIGIO
1.- Los accionantes pidieron declarar civil y
extracontractualmente responsable a la contraparte por el
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deceso de su esposo y padre, Gustavo Adolfo Forero Rubio,
como consecuencia del acto terrorista ocurrido en sus
instalaciones sociales el 7 de febrero de 2003, por lo que
está obligada a reconocerles un lucro cesante de
$537’088.385,43, dividido en $418’312.634,71 para María
Clemencia y los restantes $118’775.750,72 en favor de
María Fernanda. Adicionalmente, ordenar el resarcimiento
de los daños morales a todos ellos según «los parámetros de
la doctrina y la jurisprudencia».
Sustentaron su reclamo en que la persona que ingresó
a la edificación el vehículo donde estaban camuflados los
explosivos que ocasionaron los hechos luctuosos, contaba
con autorización del beneficiario de una acción empresarial,
sobrepasando así todas la reglas de seguridad previstas e
incumpliendo la obligación de velar por la protección de «las
personas en el Club», en virtud de la «clara falta de diligencia
y cuidado por parte de la Junta Directiva del Club, y en
general de la Corporación Club El Nogal», a pesar de que
existían razones para prever la ocurrencia del atentado.
Gustavo Adolfo Forero Rubio se encontraba para ese
instante en la estructura afectada y fue una de las víctimas
fatales, por lo que a su deceso quedaron desprotegidos la
cónyuge e hijos que dependían económicamente de él, fuera
de la lesión emocional sufrida1.
2.- Corporación Club El Nogal se opuso y excepcionó
1 Fls. 375 a 478 cno.1 t.I.
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la «inexistencia de la obligación de responsabilidad»2.
3.- En el transcurso de la primera instancia se
informó el fallecimiento de Gustavo Adolfo Forero
Hernández, por lo que se tuvo a la progenitora como
sucesora procesal de aquel3.
4.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en
sentencia de 30 de mayo de 2013, declaró probada la
defensa esgrimida y negó las súplicas del libelo.
Basó tal resultado en que, si bien quedó demostrado
que la muerte de Gustavo Adolfo Forero ocurrió «como
consecuencia del atentado terrorista en las instalaciones del
Club El Nogal», no se acreditó que fuera «consecuencia de no
haberse implementado por el Club las medidas necesarias
para proteger a “los socios e invitados” de cualquier situación
que amenazara su integridad personal», pues los hechos
«configuraron una situación imprevista que de manera
alguna era posible resistir, lo que en efecto constituye la
existencia de una causa extraña, sustentada en “fuerza
mayor o caso fortuito”».
La opositora fue diligente al «custodiar sus
instalaciones en coordinación con las directivas encargadas
de la seguridad», sin que fuera previsible un acto de la
magnitud del perpetrado, «en razón a que para ese momento
2 Fls. 208 al 238 cno. 1 t. II.
3 Fls. 286, 287, 290 y 294 cno. 1 t. III.
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no era normal y frecuente la realización de actos terroristas
en la ciudad de Bogotá, situación por demás excepcional
ante las medidas de seguridad con las que contaba el club
para resguardar este tipo de bienes».
Según las circunstancias el acontecimiento «se originó
como consecuencia de las maniobras de terceos, que pese a
enfrentarse a las mencionadas medidas de seguridad y por
constituir un “acto terrorista” hacían de este un acto
irresistible para el Club El Nogal», máxime cuando no se
evidencia una conducta negligente que se le pudiera
endilgar4.
5.- Dicho pronunciamiento lo apelaron los
promotores y se les concedió el recurso5.
6.- El superior revocó esa determinación y declaró
civilmente responsable a la Corporación Club El Nogal, por
lo que le impuso la condena de pagar: a.-) un lucro cesante
de $148’448.637 a María Fernanda Forero Hernández; b.-)
$557’129.278 por igual concepto a María Clemencia del
Socorro Hernández de Forero, así como $50’000.000 a título
de perjuicios morales; c.-) por este último rubro
$30’000.000 para cada uno de los hijos sobrevivientes del
causante y la sucesión del que falleció en curso del pleito6.
4 Fls. 310 al 317 cno. 1 t. V.
5 Fls. 321 al 323, 326 y 329 cno. 1 t. V.
6 Fls. 220 al 256 cno. 24.
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7.- La demandada recurrió en casación el fallo de
segundo grado y planteo tres cargos que fueron
desestimados en CSJ SC4427-2020.
8.- En virtud de acción de tutela que promovió la
Corporación Club El Nogal contra esta Sala y la del
Tribunal de segunda instancia, en sede de revisión la Corte
Constitucional profirió la CC SU-029 de 2024, por medio de
la cual dejó sin efectos la referida CSJ SC4427-2020 de 23
de noviembre, con el fin de que se desate nuevamente la
impugnación extraordinaria tomando en cuenta las
consideraciones vertidas en dicho proveído de amparo.
Por tal virtud, para salvaguardar la coherencia del
sistema jurídico y respetar las competencias asignadas
constitucionalmente, es necesario, en primer lugar, estudiar
los cargos del remedio extraordinario y, de resultar avante,
proferir el fallo sustitutivo a que hubiere lugar.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La controversia se planteó en el marco de la
responsabilidad civil extracontractual por el incumplimiento
de una obligación de resultado de la opositora de «“proveer
la suficiente seguridad” a las personas que se encontraban
al interior del Club El Nogal el día 7 de febrero de 2003», que
de resultar cierta solo podía eludirse al demostrar la
ocurrencia de una causa extraña.
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Quedó demostrada la explosión de gran magnitud el 7
de febrero de 2003 en las instalaciones del centro social,
que «originó significativas pérdidas materiales y humanas,
entre ellas, el fallecimiento del señor Gustavo Adolfo Forero
Rubio, esposo y padre de los demandantes», época para la
cual dicha Corporación prestaba sus servicios a las
«personas expresamente autorizadas, de conformidad con el
reglamento que lo rige», de ahí que los compromisos
adquiridos «respecto de sus socios o corporados, de las
personas amparadas por acciones empresariales, así como
de sus parientes e invitados, en cuanto a las condiciones de
seguridad para su vida e integridad física dentro del
establecimiento denominado Club El Nogal, sí tienen el
carácter de una verdadera obligación de resultado».
Eso es así porque «el establecimiento no es abierto al
público en general»; para disfrutar los servicios que ofrece es
necesaria «la adquisición de acciones y previa “aprobación
de la Junta Directiva del Club”», con cargo de pagar las
«cuotas ordinarias y extraordinarias que decreten la Junta o
la Asamblea según el caso» y es función expresa del
«Gerente General del Club: “Velar por la seguridad de las
personas en el Club y por los bienes de la Corporación”».
Bajo tales supuestos, quienes se encontraban en la
fecha del estallido en el Club «en sus distintas calidades de
socios, invitados, etc., lo hicieron amparados por el principio
de buena fe, específicamente en el sentido de que estaban en
un lugar seguro para su vida, integridad personal y bienes,
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del cual saldrían sanos y salvos», con la convicción de que
«quien puso a su disposición el ingreso, permanencia y
disfrute de esas instalaciones, es un contratante prudente y
diligente comprometido a garantizarles la salvaguarda de
sus bienes y derechos subjetivos y a evitar que mientras
permanecieran allí sufrieran daños en su persona o bienes».
El incumplimiento de tal compromiso solo puede justificarlo
«la presencia de causa extraña, esto es, fuerza mayor, caso
fortuito, hecho o culpa de la víctima o el hecho de un tercero,
sin que pueda excusarse únicamente en que actuó con
diligencia y cuidado».
La defensa de la opositora incluyó dos argumentos
para derruir el nexo causal al señalar que el daño lo causó
un tercero «con manifiesto dolo contra la corporación
demandada» y obedeció a «fuerza mayor o caso fortuito»,
como lo admitió el a quo y discuten los promotores en la
alzada en vista de que «ante la negligencia de la demandada
en materia de seguridad, también fue partícipe en la
ocurrencia del daño».
Respecto de las circunstancias de imprevisibilidad e
irresistibilidad, propias de la fuerza mayor y el caso fortuito,
deben ser ponderadas para cada evento específico, como se
dijo en CSJ SC 23 jun. 2000, rad. 5475.
Precisamente, el Jefe de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación informó que
en el año inmediatamente anterior «a la fecha del trágico
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suceso acaecido en el Club El Nogal» en el Distrito Capital
ocurrieron 6 atentados con artefactos explosivos, lo que
revela que en el ambiente de la época «refulgía latente la
eventualidad de que se perpetraran actos terroristas en
establecimientos públicos o privados, y aún en espacios
abiertos de la ciudad, sin importar la magnitud de los
mismos ni la individualización de sus destinatarios», lo que
le resta peso al argumento de que no fuera previsible si en
la zozobra reinante «ningún establecimiento que aglomerara
un número significativo de visitantes -entre ellos altos
funcionarios del Estado - como lo era el Club El Nogal, podía
considerarse exento de llegar a ser víctima de hechos
similares», a más de que tenía pólizas de seguro que
amparaban el riesgo de terrorismo y a partir de agosto de
2002 incluyó como medida de seguridad la «vigilancia de
guía con perro entrenado en antiexplosivos».
En lo que concierne a la irresistibilidad porque el
sistema de seguridad del Club era muy superior al de otros,
sólo que fue muy sofisticada la técnica para perpetrar el
atentado, lo cierto es que, a pesar de estar acreditados
controles de acceso al establecimiento, la responsabilidad
se imputó por diversas irregularidades que incidieron en su
ocurrencia, como fueron no verificar la calidad de socio de
una persona que ingresó con carné provisional, la ausencia
de perro antiexplosivos en la portería de acceso vehicular y
la «falta de cuidado en la escogencia de sus accionistas y
beneficiarios de las acciones empresariales».
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La inconsistencia de que una persona con nombre
falso entró en el carro bomba con placas BNX 361 como si
fuera socio sin serlo, se extrae del informe del Investigador
Judicial II del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación y así lo admitió la representante legal
del Club, lo que refuerzan los testimonios rendidos dentro
del proceso penal por Carlos Alberto Uchima Meneses y
Luis Adalver Fúquene Ramírez, de los cuales se colige que
las medidas de seguridad no fueron idóneas en lo que
concernía «a los protocolos de ingreso por cada una de las
entradas al parqueadero, al punto que, los empleados
encargados de autorizarlo, no contaban con suficientes
herramientas de verificación de la calidad de la persona que
exhibió para el efecto un carné provisional de color azul, a
nombre de Luís García».
También llama la atención que para la fecha no se
contaba con vigilancia canina en todos los accesos y,
particularmente, «en la portería por la que ingresó el vehículo
cargado con explosivos» como evidencian las pruebas
recaudadas, entre ellas el dicho de Carlos Alberto Uchima
Meneses y Jaime Alberto Plazas Herrera «al ser interrogados
en la Fiscalía sobre qué pudo haber pasado con los controles
caninos», así como las declaraciones de Luis Adalver
Fúquene Ramírez y Fernando Ruiz Llano.
Aunque Jairo Arturo Parra Cuadrado, técnico en
explosivos y miembro de la Unidad antiexplosivos del DAS,
respondió negativamente a la pregunta de si para los años
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2002 y 2003 existía «algún mecanismo o medida que
brindara el 100% de efectividad para detectar un artefacto
como el utilizado en el Club El Nogal», fuera de desconocer
«si en este caso los perros utilizados para la seguridad del
club eran de "defensa o detección"», tales aspectos se
dilucidan con la copia del contrato suscrito el 2 de agosto
de 2002 entre la Corporación Club El Nogal y Caninos
Profesionales Ltda., en el que ésta se comprometió a
«[d]isponer de todo el personal humano, perros y dotación
necesarios, para prestar oportuna y eficientemente los
servicios de seguridad en la modalidad de Antiexplosivos»,
además del dictamen rendido por una experta en el tema al
señalar que «un vehículo Megane cargado con cerca de 250
kilogramos de una mezcla de C4 y nitrato de amonio, puede
ser detectado normalmente por perros especializados en
labores antiexplosivos si están presentes, en el sitio», lo que
«genera convencimiento acerca de que la presencia de
caninos en la entrada del Club ubicada en la Calle 5, hubiera
permitido detectar los explosivos transportados en el vehículo
en mención».
Si el propósito de tal medida adicional de seguridad
«era detectar e impedir el ingreso de artefactos explosivos al
club» quiere decir que se incumplió parcialmente, pues «no
se adoptó de manera permanente para todas las entradas al
establecimiento, falencia de la que pudieron valerse los
perpetradores del hecho como conocedores de la dinámica de
vigilancia, para ingresar el carro bomba a la hora y por la
entrada del parqueadero que no contaba con canino
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entrenado en explosivos», si se tiene en cuenta que John
Fredy Arellán Zuñiga frecuentaba el Club en calidad de
beneficiario de una acción empresarial.
De lo anterior se concluye que «si bien, por el tamaño
de la carga explosiva y su enorme capacidad de generar
daño, una vez instalado el carro bomba en los parqueaderos
del Club resultaba poco probable evitar la ocurrencia de la
detonación», la desatención de la «obligación de seguridad»
obedeció precisamente a no impedir ese ingreso que se hizo
«por los conductos generales de acceso, a la vista pública,
con la aquiescencia de los vigilantes encargados de controlar
el paso hacia el interior del lugar y sin tropiezo alguno, pese
a que el conductor del vehículo no ostentaba la calidad de
socio ni de invitado de quien tuviera ese atributo», lo que está
comprobado y sin que resulte suficiente pregonar que se
trató de una acción desestabilizadora del orden público
cometida por un grupo al margen de la ley, como se dijo en
CSJ SC 26 jul. 2005, rad. 2005-00291-01.
En cuanto al hecho de un tercero como exonerativo de
responsabilidad, la jurisprudencia de la Corte tiene dicho
que alcanza mérito cuando tal «conducta sea la única causa
de la lesión, "en cuyo caso, a más de exclusiva, eficaz,
decisiva, definitiva e idónea del quebranto, es menester “que
el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o
evitado por el demandado” (cas. civ. octubre 8 de 1992; 24
de marzo de 1939, XLVII, 1947, p. 63)», por lo que cobra
vigencia lo expuesto en el sentido de que «el hecho dañoso,
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en las condiciones específicas en que se presentó, no puede
calificarse como imprevisible e irresistible».
A pesar de que la opositora fue víctima de la explosión,
no podría decirse que por eso la actividad de los
perpetradores fuera la «exclusiva causa del daño» si se tiene
en cuenta la omisión en el «recto cumplimiento de su
obligación de seguridad», con incidencia en el resultado
lesivo y que en vista de tal concurrencia de culpas surge
una solidaridad al tenor del artículo 2344 del Código Civil,
«por manera que cada uno es responsable ante la víctima o
damnificado por el resarcimiento del total del daño causado
(art. 1571 Código Civil), sin perjuicio de la acción de reintegro
que pueda ejercer contra los demás corresponsables (art.
1579 C. C)», como lo enseña la doctrina y se indicó en CSJ
SC 11 sep. 2002, rad. 6430.
La solidez de los argumentos de la alzada impone la
revocatoria del fallo del a quo para declarar a la
contradictora «civilmente responsable del daño irrogado a los
actores, con ocasión del fallecimiento del señor Gustavo
Adolfo Forero Rubio», con el consecuente pronunciamiento
sobre las pretensiones indemnizatorias que formularon la
cónyuge supérstite e hijos del difunto, cuyo parentesco
quedo demostrado y «de donde emerge nítidamente su
calidad de afectados o damnificados».
Con base en la información recaudada y al aplicar las
fórmulas financieras admitidas por la jurisprudencia, se
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obtiene que los perjuicios materiales ascienden a
$347’533.713,07 en favor de la cónyuge supérstite y
$92.601.318,9 para la hija María Fernanda, sumas que al
ser actualizadas dan $557’129.278 para la primera y
$148.448.637 por la última.
En relación con los daños morales, acreditado como
quedó el vínculo de los accionantes con la víctima y la
afectación emocional sufrida, se estiman en $50’000.000
para la esposa y $30’000.000 por hijo, con la advertencia de
que con el fallecimiento de Gustavo Adolfo Forero
Hernández en curso del pleito, sin que obre constancia de
que se le haya adelantado sucesión, tal indemnización será
para la masa ilíquida.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
La contradictora recurrió en casación y plantea tres
cargos por diferentes motivos de los contemplados en el
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el inicial por
un vicio de procedimiento se abordará de entrada y los dos
restantes por deficiencias in judicando, uno por vía indirecta
y el otro por la directa, se conjuntarán para su estudio por
ameritar precisiones comunes, pero se invertirá su
formulación para empezar por analizar lo atinente a la
hermenéutica del marco normativo que incidió en la
valoración de los medios de convicción recaudados.
Todos se desatarán bajo los parámetros de la referida
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compilación adjetiva, ya que estaba vigente en la época en
que se interpuso la opugnación (12 de septiembre de 2014),
conforme dispone el numeral 5 del artículo 625 de la Ley
1564 de 2012.
PRIMER CARGO
Con base en la causal segunda acusa la sentencia del
Tribunal de no ser congruente con las pretensiones de la
demanda, puesto que la acción se encaminó a obtener una
declaración de responsabilidad civil extracontractual, marco
al cual se refirieron los dos primeros numerales de las
consideraciones, pero ya en lo analizado y decidido el fallo
«se cimentó en una responsabilidad de estirpe contractual».
De haberse quedado en el terreno delimitado lo
determinable era si se cometieron «hechos positivos de
naturaleza culposa que comprometían su responsabilidad, o
si se había abstenido de realizar un acto o varios que se
estimaban debidos y que, a raíz a su inercia o inacción, la
hacían responsable frente a los demandantes; en síntesis, si
existían errores de conducta, u omisiones atribuibles a ella»,
pero en la motivación se enfatizaron las obligaciones del
Club para con sus socios, lo que indica que «tuvo en mente
un vínculo jurídico preexistente que ligaba a los socios con la
Corporación, y, en segundo lugar, que analizó y decidió esta
litis a la luz de la responsabilidad civil contractual que,
ciertamente, ni por asomo, fue la pedida en el libelo».
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Incluso en el numeral primero de la parte resolutiva no
se precisó la «clase o tipo de responsabilidad por la cual se
condenaba a la entidad convocada a juicio», como producto
de «la infracción de una específica obligación contenida en
sus estatutos sociales (aspecto claramente negocial) que,
además, categóricamente concluyó que era de resultado y no
de medios», distinción que siempre ha estado ligada al
«campo de la responsabilidad contractual» según se dijo en
CSJ SC 5 nov. 2013, lo que también acontece respecto de
los «deberes de seguridad» a la luz de la CSJ SC 18 oct.
2005 y la doctrina.
CONSIDERACIONES
1.- La inconsonancia como causal de casación se
refiere al desconocimiento por el fallador de las reglas
contenidas en los artículos 305 y 306 del Código de
Procedimiento Civil, según los cuales la sentencia deberá
estar acorde con los hechos y las pretensiones del libelo, la
defensa esbozada por el demandado y las excepciones que
oficiosamente se encuentren probadas, salvo que fueran de
obligatoria formulación por las partes y se prescindiera de
ellas, por cuanto implica su renuncia.
Tal desfase, como se recordó en CSJ SC8210-2016,
puede acontecer en dos variables la «objetiva, cuando se
peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita); y
(…) la fáctica, cuando el sentenciador imagina o inventa
hechos», de ahí que
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(…) estructurados los yerros, en el primer evento, todo se
concretaría a eliminar lo concedido por fuera o por encima de lo
pedido, a reducir la condena a lo probado o a completar los
faltantes; en la segunda, a retirar el cuadro factual adicionado
arbitrariamente por el juzgador, junto con los efectos jurídicos
atribuidos.
Ahora, si nada de eso se procura, de presentarse los errores,
éstos no serían de las decisiones, en sí mismas consideradas,
sino de su estructura o fundamentos; o de fijación del contenido y
alcance de los mismos hechos controvertidos. En cualesquier de
tales hipótesis, el ataque debe enarbolarse con base en el
artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.
2.- Los reparos de la censora en esta oportunidad no
encajan en alguno de los supuestos indicados, puesto que
dista de aducir la adulteración del marco factual trazado
por los litigantes y mucho menos se duele de que las
condenas impuestas fueran por más de lo pedido o
correspondieran a rubros no reclamados, tan es así que se
prescinde de desarrollar un trabajo comparativo entre los
planteamientos de las partes y las determinaciones
tomadas. Incluso se acepta una plena coincidencia entre el
camino tomado por los accionantes, esto es el de la
aspiración indemnizatoria por responsabilidad civil
extracontractual, con el anuncio del ad quem en el sentido
de que ese era su entendimiento.
De tal manera que como el argumento consiste en que
se produjo un desvío en la verificación de los supuestos que
llevaron al Tribunal a disponer la reparación de los daños
sufridos por el grupo familiar de Gustavo Adolfo Forero
Rubio, toda vez que para llegar a ello incursionó en el
campo de la responsabilidad contractual, en realidad de lo
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que se duele es de una equivocación jurídica mas no
procesal, lo que es propio de la causal primera, como de
todas maneras parece entenderlo la inconforme en la
medida que así lo esboza en el tercer cargo.
3.- Es más, no es necesario hacer un gran esfuerzo
para establecer que, independientemente del fundamento o
no en el devaneo en las consideraciones entre temas
irreconciliables, el desarrollo de la providencia guarda
concordancia con las razones de atribución de
responsabilidad que de manera extensa se desarrolló en la
demanda y que en el hecho «cuatrigésimo sexto» se concretó
a que el perjuicio ocasionado por la contradictora con el
atentado fue «producto de la violación al deber de cuidado,
protección y vigilancia que le asistía frente a las personas
que ingresaran a él [en referencia a El Club El Nogal]», lo
que no discrepa de la conclusión del fallador en el sentido
de que se presentó un «cumplimiento defectuoso de la
obligación de seguridad a cargo del Club El Nogal, respecto
de las personas que se encontraban en sus instalaciones en
el momento del plurimencionado suceso», por lo que
concurría en la entidad la carga de reparar el daño causado
por «el incontrovertible hecho imputable a un tercero».
4.- Ni siquiera tiene cabida la objeción porque en el
numeral primero de la parte resolutiva de la providencia
confutada se declaró a la opositora «civilmente responsable
de los daños», sin precisar la naturaleza de tal
«responsabilidad», puesto que esa manifestación, a pesar de
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lo genérica, estaba dirigida expresamente a lo solicitado por
los gestores, ya que desde un comienzo se dejó claro que «la
controversia jurídica fue planteada en el marco de la
responsabilidad civil extracontractual, siendo fundamento
central de las pretensiones incoadas, el incumplimiento de
una obligación a cargo de la demandada, consistente en
"proveer la suficiente seguridad” a las personas que se
encontraban al interior del Club El Nogal el día 7 de febrero
de 2003», como se pudo comprobar.
5.- En la medida que no se establece la existencia del
defecto in procedendo avisado, fracasa la acusación.
TERCER CARGO
Amparada en la primera causal, señala como
infringidos en forma directa los artículos 641, 1494 y 1603
del Código Civil, porque a pesar de tener claro que los
gestores promovieron una acción de responsabilidad
extracontractual, en los razonamiento jurídicos para
definirla se le dio importancia a la distinción entre las
obligaciones de medio y las de resultado, así como al deber
de seguridad, con lo que rebasó los límites de la
«responsabilidad por culpa aquiliana (…) al campo de la
culpa contractual y tomó, de aquí y de allá, los preceptos que
consideró pertinentes para concluir que la entidad
demandada había cometido culpa», incurriendo en un
hibridismo no permitido.
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Si bien la jurisprudencia de la Corte ha admitido la
distinción entre obligaciones de medios y de resultado es en
el ámbito de la responsabilidad contractual, como se dijo en
CSJ SC 5 nov. 2013, lo que también acontece con el «deber
de seguridad» según CSJ SC 18 oct. 2005, en lo que está de
acuerdo la «mejor doctrina», de ahí que tomar en cuenta
tales aspectos como argumento medular en un proceso que
se anuncia de «responsabilidad civil extracontractual (…)
constituye un manifiesto yerro jurídico que comporta unir,
rozar, amalgamar o confundir dos clases de responsabilidad
que no es dable mezclar, unir o refundir», lo que de antaño
ha pregonado la Corte (XLVII, 411; LIII, 85; LXXVII, 375) y
reiteró en CSJ SC 9 jun. 2015, rad. 2003-0515.
Tal equivocación manifiesta al confundir «a su antojo, o
por descuido, elementos propios de la responsabilidad
originada en el delito con la que tiene en su fuente en el
negocio jurídico o, viceversa» no puede minimizarse con que
se trata de un «asunto de mera nomenclatura (nomen),
insustancial o, de poca valía» y así se advirtió en CSJ SC
2008 rad. 1997-00457.
Hay casos en que no se plantea con precisión en el
libelo la fuente de la responsabilidad que se invoca, lo que
confiere al juez cierto margen hermenéutico para
desentrañarlo, pero eso no es posible cuando «se ha
expresado de manera unívoca, amén de rotunda la clase de
responsabilidad que se pretende frente al demandado»,
como aquí acontece, donde se dedicó un acápite a «exponer
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los aspectos más relevantes de esa clase de responsabilidad,
tales como el hecho, la culpa, el daño, el nexo causal, la
ruptura de éste, etc., con aplicación concreta al atentado que
originó la lamentable muerte del señor Forero».
En otras palabras, se impuso un condena con base en
los artículos 2341 y 2344 del Código Civil, pero se
fundamenta «en el incumplimiento de una obligación
supuestamente de resultado derivada de un deber de
seguridad contenido en los estatutos de la Corporación Club
el Nogal», con lo que hizo actuar los artículos 641, 1494 y
1603 ibídem de raigambre negocial y sustancial, así no
aparezcan citados, puesto que «la aplicación indebida de
una norma de tal linaje puede deducirse no solo de su
mención o transcripción en la providencia sino también de las
razones aducidas por el Tribunal que, de igual modo,
permiten identificar el precepto o preceptos que regulan, en
forma concreta, los aspectos a que se contrae la motivación».
Otro yerro jurídico en que incurrió el juzgador de
segundo grado consistió en que «en forma absoluta, a la vez
que categórica, concluyó que las obligaciones o deberes de
seguridad se enmarcan -invariablemente- en las apellidadas
“obligaciones de resultado”, hasta el punto, se itera, que
consideró este aspecto como el “eje” de la providencia»,
cuando en la trascrita CSJ SC 18 oct. 2005 y con respaldo
de la doctrina se «rechaza, en estricto sentido, que las
obligaciones o deberes de seguridad se les asigne
inequívocamente la tipología de obligaciones de resultado,
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según lo hizo con rotundidad el Tribunal de Bogotá, como si
fuera una tesitura que no ofrecía la menor hesitación».
Aunque un sector minoritario admite que talas
«obligaciones o deberes de seguridad» se tornen de resultado
en atención al alcance del respectivo contrato, la regla
general es que es «más a menudo de medios que de
resultado», pero prevalece lo primero «cuando la
aleatoriedad del desenlace haga singular presencia,
conforme se anotó en precedencia, y como lo resaltó la propia
Sala Civil».
SEGUNDO CARGO
Denuncia la infracción indirecta de los artículos 1613,
1614, 2341 y 2344 del Código Civil; 1° de la Ley 95 de 1890
y 16 de la Ley 446 de 1998 por aplicación indebida, con
violación medio de los artículos 174, 175, 179, 183, 185 y
254 del Código de Procedimiento Civil y 64 inciso 4 y 306
del Código Civil por falta de aplicación, como consecuencia
de errores en las dos variables de dicha senda.
Las equivocaciones de hecho consistieron en «[d]ar por
probado, sin estarlo, que el Club tenía sobre sus hombros
una típica obligación de resultado»; «[n]o dar por probado,
estándolo, que el atentado al Club El Nogal ciertamente fue
un evento imprevisible»; «[d]ar por probado, sin estarlo, el
incumplimiento de una obligación de seguridad por parte de
la demandada» al permitir el ingreso del artefacto en las
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circunstancias dadas y «[n]o dar por probado, estándolo, que
las medidas y procedimiento de seguridad del Club El Nogal
el día del atentado eran adecuadas e incluso superiores a las
que existían en otras entidades similares (standard)», todo lo
cual derivó de deficiencias en la interpretación de la
demanda y su contestación, así como al sopesar los
estatutos del Club, los indicios, los testimonios de Jairo
Arturo Parra Cuadrado, Hernando Montoya, Fernando Ruiz
Llano y Carlos Eduardo Balaguera, «el documento de la
policía visible a folios 441 a 443 del C.1.», el «documento del
folio 279 C.1, Tomo V», el informe de ARP Liberty y la
«adición al informe técnico de la Fiscalía General de la Nación
que milita a folios 728 y 729 del C.1.».
Los de derecho radican en la apreciación de «la prueba
documental proveniente de la Fiscalía y del Juzgado Octavo
Penal del Circuito»; los testimonios de Carlos Alberto
Uchima, Luis Aldaver Fúquene y Jaime Alberto Plazas
Herrera y la experticia de Carmen Cecilia Chacón Sánchez.
Las deficiencias se concretan a lo siguiente:
a.-) De los estatutos del Club se extrajo una
obligación de resultado que incidió en la condena impuesta,
pero al revisar el aparte v. del artículo 55, consistente en la
función de velar por la seguridad de las personas en el
Club, el verbo debe entenderse en su sentido natural y
obvio según las acepciones del Diccionario de la Lengua
Española, que para los propósitos del caso se contrae a las
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de «[o]bservar atentamente algo» o «[c]uidar solícitamente de
algo», de las cuales no puede concluirse que el «deber de
seguridad» aludido, en su contexto, consagre «una específica
y arquetípica obligación de resultado», ya que corresponde a
«un deber genérico de conducta o comportamiento» y
compromete su actuación en grado de diligencia a brindar
«los medios que están a su disposición y, naturalmente, a las
posibilidades jurídicas y fácticas en cuyo marco opera, sin
poder ir más allá de las mismas».
Eso lo desfiguró el ad quem al tornar en extremos y
contraevidentes sus alcances, cuando para el caso
corresponde a «una de las llamadas “obligaciones de medio”
o actividad» de imposible cumplimiento porque «nadie está
obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur), con
mayor razón en materia de seguridad y en el frágil campo del
orden público», lo que incluso ha reconocido la
jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de
atentados terroristas «donde impera por regla, una
responsabilidad por “culpa probada” (falla del servicio
probada) y no por falla presunta» del Estado, según
sentencia de 27 de marzo de 2014.
Es diáfano que «la Corporación debe velar por el
bienestar y por la seguridad de sus socios y, en general, de
las personas que se encuentran en sus instalaciones», pero
sin que tal obligación reúna las características de
concreción y especificidad para que se considere de
resultado, puesto que según la literalidad de los estatutos
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«stricto sensu, se trata de un deber genérico e indeterminado
de comportamiento» y en esos eventos, según la doctrina, el
deudor no es responsable por el mero hecho de que no se
logre el objetivo y sólo lo es si puede imputársele incuria,
negligencia, imprudencia, impericia o deficiencia.
Según la lectura que le dio el Tribunal al aparte
estatutario en mención la «obligación o deber de seguridad»
trascendería a «garantizar, a la postre, que ninguna
actuación contraria a la seguridad de los socios, -como la
perpetración de actos terroristas-, acontecería en las
instalaciones del Club El Nogal y, además, responder por
toda situación de este tipo que se presentara», lo que
desdibuja su real alcance de «adoptar con responsabilidad
una serie de conductas y medidas como las adoptadas, pero
sin que, de por sí, se derive responsabilidad por el hecho de
la explosión», máxime cuando se debió a una «deliberada,
programada, metódica y demencial actuación a cargo de un
grupo subversivo acostumbrado al terror que buscaba
sembrar el caos, la zozobra y la confusión, como
efectivamente aconteció», de la cual fue víctima el Club a
pesar de comportarse de manera diligente, acuciosa y
responsable.
Incluso el parágrafo del artículo 14 de los estatutos,
donde se prevé la aceptación de los socios de que ciertas
actividades desarrolladas en las instalaciones son riesgosas,
sin que se tuviera en cuenta, es ilustrativo de que la
obligación de seguridad para el Club es de medio, lo que
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repercute en la carga de la prueba ya que le correspondía a
los promotores «acreditar todos y cada uno de los elementos
de la responsabilidad civil, acreditación que era entonces
menester realizar suficientemente, incluido el elemento
subjetivo o culpa (culpa probada)» y en el expediente obra
que la opugnadora «adoptó las medidas que, a la sazón,
resultaban aconsejables y pertinentes, de lo que es necesario
enfatizar que sí veló ininterrumpida y diligentemente por la
seguridad de los socios e invitados».
De ahí que se cometieron «claros y trascendentes
errores de hecho, no sólo por distorsionar el alcance de la
prueba obrante en el plenario, sino también por no haber
apreciado que los Estatutos, en forma por lo demás expresa,
precisaban la extensión de la responsabilidad del Club El
Nogal, específicamente el diciente parágrafo del art. 14», por
lo que su apreciación resultó parcial y fragmentada.
b.-) El sentenciador de segundo grado, al sopesar el
oficio 1563 del Jefe de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, llegó a la
conclusión de que por los atentados con artefactos
explosivos que ocurrieron en la capital en 2002 y 2003
existía para la época un ambiente de zozobra que hacía
previsible la ocurrencia de actos terroristas como el
perpetrado, pero lo que de manera objetiva aflora de la
respuesta que brindo esa entidad «es que entre abril y
diciembre de 2002 se presentaron en Bogotá seis hechos
aislados y heterogéneos» sin precisar «la cantidad de
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explosivo utilizada en cada uno», solo en dos «se menciona
que existió una explosión, sin puntualizarse sus
características» y ni siquiera se indica que fue blanco de
alguno de esos sucesos un «Club Social, o entidad similar»,
por lo que la conjetura del fallo resulta inverosímil «fruto
más bien de la desbordada imaginación del Tribunal, o de
una exageración desmedida».
Igual apreciación merece la inferencia por el amparo
de terrorismo en la póliza de seguro, lo que demuestra
«diligencia en el aseguramiento de los bienes de la
corporación» y corresponde a una estipulación típica o usual
en esa clase de contrato, cuya presencia no daría a
entender que se sabía de antemano la materialización de un
riesgo que tiene muchas modalidades y del que en las
condiciones presentadas ni siquiera existían antecedentes
en las estadísticas de las aseguradoras.
c.-) Fueron preteridos algunos medios de convicción
que corroboran la imprevisibilidad del atentado, como son:
i) el testimonio de Jairo Arturo Parra Cuadrado cuando
manifestó tener una experiencia de 22 años en el área de
antiexplosivos del DAS y que el primer atentado en un Club
fue el perpetrado en El Nogal; ii) la comunicación de la
Policía Nacional en el sentido de que «a través de ninguno de
sus organismos de seguridad tuvo conocimiento previo que
permitiera inferir la ocurrencia del atentado»; iii) el oficio
UNAT 001805 en el que la Unidad Nacional de Fiscalías
contra el terrorismo expresó que «en ningún momento
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conoció o adelantó investigación penal alguna por la
existencia de amenazas o indicios de atentados contra dicha
corporación, reportadas por otra autoridad judicial o
entidades del estado».
Con tales probanzas se rebate la previsibilidad que
dedujo el ad quem del escrito donde se enuncian «seis
eventos inconexos (…) con explosivos ocurridos en la ciudad,
entre abril y diciembre de 2002», en vista de la ausencia de
«amenazas o indicios de atentados contra dicha corporación»,
fuera de que ni siquiera guardaban relación con el que dio
lugar a la acción, por demás anormal y extraordinario,
imposible de predecir y resistir, sin que fuera posible
descalificar la presencia de «un prototípico hecho de un
tercero».
d.-) Aunque el sentenciador «reconoció, de un modo u
otro, que la explosión era un evento ciertamente irresistible»,
prefirió hacer énfasis en irregularidades por «(i) no verificar
la calidad de socio de una persona con carné provisional; (ii)
no contar con perro antiexplosivos en la portería por la que
ingresó el vehículo y, (iii) falta de cuidado en la escogencia de
sus accionistas o beneficiarios», las que estableció al
contemplar «el documento suscrito por Aníbal Meléndez
Sierra, el interrogatorio de parte rendido por el representante
legal de la demandada, los testimonios de Carlos Alberto
Uchima, Luis Aldaver Fúquene, Jaime Alberto Plazas, Jairo
Arturo Parra Cuadrado, el contrato suscrito con Caninos
Profesionales Ltda. y el dictamen de la señora Carmen
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Cecilia Chacón Sánchez».
El escrito signado por Meléndez Sierra, con destino al
Fiscal 15 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados, obra en copia que carece de autenticidad,
pues dentro del paquete de reproducciones al cual está
incorporado no obra «la copia del auto proferido por la
autoridad judicial en el que se encuentra el original»,
conforme a los lineamientos de CSJ SC 22 abr. 2002, rad.
6636, y SC 7 jun. 2012, rad. 2012-01083-00, lo que
impedía que fuera valorado.
Las «pruebas documentales provenientes del Juzgado
Octavo Penal del Circuito de Bogotá», no fueron pedidas ni
decretadas e incluso se negó solicitarlas de oficio, así que
fue irregular su arribo mediante oficio 679 de 21 de
septiembre de 2012 con «una versión fragmentada e
incompleta del expediente respectivo». Incluso la declarante
Isabel Forero de Plata aportó de manera anómala «otro juego
de copias provenientes del Juzgado 8 Penal del Circuito (…)
en la audiencia que tuvo lugar el 22 de mayo de 2012», sin
que tuvieran relación con su dicho.
A pesar de las señaladas falencias el Tribunal tuvo en
cuenta esos elementos, con lo que infringió los «artículos
174, 175, 179, 183, 185 y 254 del Código de Procedimiento
Civil».
Así pudieran apreciarse esas piezas enviadas por la
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Fiscalía, de todas maneras, se incurrió en otro «yerro de
derecho» en el escrutinio de los testimonios de Carlos
Alberto Uchima, Luis Aldaver Fúquene y Jaime Alberto
Plazas, puesto que fueron recaudados en etapa investigativa
y sin su comparecencia, con desatención del artículo 229
ibídem al no estar ratificados, como se planteó en CSJ SC
125 de 10 dic. 1999, rad. 5367.
No podría decirse que al abstenerse de formular tales
reparos en las instancias es imposible hacerlo por este
medio, porque las normas probatorias son de orden público
y obligatorio cumplimiento, lo que posibilita su examen en
casación, como bien se indicó en CSJ SC G.J. CLXV, 170 y
ss.
e.-) La experticia rendida por Carmen Cecilia Chacón
Sánchez fue objeto de «sendas peticiones de aclaraciones y
complementaciones elevadas por las partes», que se le
ordenó precisar en autos de 23 de noviembre de 2009 y 28
de noviembre de 2011, pero no fueron atendidas por la
auxiliar, de tal manera que «no puede ser apreciada por
cuanto se encuentra aún en periodo de formación o gestación
en el interior del proceso, motivo por el cual es, por expresarlo
de otra manera, un medio probatorio incompleto -e
inacabado- que no ha concluido aún su etapa de plena
maduración y de correlativa contradicción», ya que al estar
integrada por diversos eslabones que conforman un todo
debe ser tasada «en su integridad y plenitud, dado que no es
procedente hacerlo por fracciones, partes o segmentos», con
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mayor razón si los puntos a esclarecer eran relevantes para
las conclusiones del informe al inquirirse si «la clase de
explosivos que fue utilizada en el atentado al Club podía ser
detectada por un perro entrenado en detección de los mismos
cuando había sido recubierta con ajo machacado y aceite
quemado para motor de vehículo, o con cualquier otra
sustancia que impidiera su fácil identificación», lo que no era
factible «como las máximas de la experiencia lo tienen
acreditado» y le restaba peso al tema de la ausencia de los
perros en la puerta por donde ingresaron los explosivos, ya
que «la presencia de tales sustancias -u otras similares-, por
su confeso cometido distractor o de enmascaramiento, no
hubieran podido detectar ningún tipo de explosivo,
tornándose entonces inocua cualquier omisión en esta
materia, en gracia de discusión», pues como el interés del
grupo subversivo era hacer la detonación «costare lo que
costare» pudo incluso ocurrir en la entrada, con resultados
incluso más graves.
f.-) La afirmación de que «la vigilancia con apoyo
canino no se "adoptó de manera permanente para todas las
entradas al establecimiento"» se formula con sustento en
«las pruebas recaudadas», sin precisar cuáles, pero al
revisar el expediente «puede advertirse que la conclusión del
ad quem se observa en el testimonio del señor Luis Adalver
Fúquene Ramírez», que como ya se anotó fue recibido en las
indagaciones del trámite penal sin intervención del Club,
pasando por alto la versión de Fernando Ruiz Llano que la
desvirtuaba.
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Fuero de eso, la medida del soporte canino era
voluntaria y complementaria más no «obligatoria o forzosa
para el Club El Nogal, concretamente en el ámbito de las
obligaciones de medio que le incumbían», que atendió con
«herramientas similares demostrativas del empleo de una
actuación o comportamiento diligente encaminado a "velar"
por la seguridad de los socios e invitados de esa
Corporación», como lo respaldan «diferentes testimonios (…)
en el sentido de que el Club El Nogal, comparado con otros
Clubes de la ciudad y del país, incluso frente a centros
comerciales de la magnitud de Unicentro (Bogotá), contaba
con especiales y mejores medidas de seguridad que se
consideraron adecuadas para la época (…)».
Además, la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada reguló la vigilancia con utilización de
canes en las Resoluciones 02599 y 02601 del 11 de
diciembre de 2003, esto es, con posterioridad al 7 de febrero
de 2003, por lo que es patente «el grado de diligencia
observado voluntariamente (…), a diferencia incluso de otros
clubes o establecimientos similares».
g.-) El interrogatorio absuelto por la representante del
Club, el testimonio de Jairo Arturo Parra Cuadrado, el
contrato suscrito con Caninos Profesionales Limitada y los
restantes documentos aportados, por si solos, no sirven
«para sostener en pie las conclusiones del Tribunal acerca del
supuesto incumplimiento de la “obligación de seguridad”, por
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lo demás erróneamente construida por él».
h.-) Varias afirmaciones en el fallo «son fruto de
errores fácticos por preterición de pruebas», ya que el
artefacto explosivo ingreso «escondido o camuflado con el fin
de que no fuera detectado por los funcionarios encargados de
la vigilancia» como se dijo en el hecho 5 de la demanda y así
se admitió, por lo que resulta contraevidente concluir que
fue a la vista pública y con el consentimiento de
funcionarios encargados de la vigilancia.
Así mismo se pasaron por alto las demás
manifestaciones que se hicieron al contestar dicho hecho y
que tienen la connotación de confesión, en el sentido de que
«el ingreso al Club se realizó “por Oswaldo Arellán, previa
autorización de su sobrino John Freddy Arellán, quien
gozaba de los beneficios del Club el Nogal, toda vez que era
beneficiario de una acción empresarial, adquirida por
Invernar Invernaderos Ltda.”», lo que contradice la
aseveración de que «el conductor del vehículo no ostentaba la
calidad de socio ni de invitado de quien tuviera ese atributo».
En cuanto a la falta de cuidado del Club en la
escogencia de sus accionistas y beneficiarios de acciones
empresariales, se desvirtúa con lo narrado por Fernando
Ruiz Llano sobre dicho procedimiento y la forma como se
adelantó con Invernar Invernaderos, de lo que se desprende
que «existían dos personas jurídicas diversas: la promotora
Club el Nogal que era la dueña de las acciones y el Club El
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Nogal; aquella las vendía o negociaba, verificaba las
referencias y enviaba la documentación respectiva al Club El
Nogal»; así mismo con los anexos del estudio que se le hizo
a la «solicitud de John Freddy Arellan para ingresar como
socio, concretamente, el informe elaborado por la Promotora
Club El Nogal S.A. respecto de la acción vendida a la
sociedad Invernar Invernaderos E.U.».
i.-) También se pretirieron los medios de convicción
que daban fe de que «las medidas de seguridad del Club El
Nogal para la época del atentado eran adecuadas, buenas y
superiores a las de los demás Clubes de la ciudad», como
son las declaraciones de Hernán Montoya, Fernando Ruiz
Llano, Carlos Eduardo Balaguera y Jairo Arturo Parra
Cuadrado, que apreciadas en forma individual y conjunta
dan certeza de que para el 2003 el Club El Nogal «contaba
con un sistema de seguridad confiable que brindaba un alto
nivel o estándar de protección a las personas que acudían a
sus instalaciones, esto es, dotado de un circuito cerrado de
televisión, con guardias propios y contratados, con control de
acceso vehicular con perros», medidas con las que no
contaban otros clubes, aunado a que «hasta esa fecha no
había existido ningún atentado a un Club social» y que a
pesar de los controles de todas maneras «un vehículo
cargado con explosivos, muy bien acondicionado con una
caleta en el asiento trasero, de no fácil detección pudo ser
ingresado a las instalaciones del Club», sin que exista un
sistema de seguridad infalible.
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Se ignoró igualmente el informe de la ARP Liberty
donde se resaltó que «la Corporación Club El Nogal disponía
de uno de los mejores sistemas de seguridad integral que
estaba conformado por un plan general de seguridad en los
aspectos de prevención, emergencia y evacuación» y el acto
terrorista que se perpetró en las instalaciones «no tenía
antecedentes en el país, dada su destructiva y cobarde
naturaleza». Igual omisión se dio con la adición al informe
técnico de la Fiscalía General de la Nación en el que se
informó que «el canino puede llegar a confundirse en una
revisión si llega a encontrar algún recipiente que contenga
alguna clase de combustible derivado del petróleo o que el
vehículo esté emanando gases por estar en marcha».
Todos los errores denunciados fueron evidentes y
trascendentes porque provocaron la revocatoria del fallo del
a quo para imponer una condena sin que hubiera mérito
para ello, puesto que no se demostraron los elementos
constitutivos de responsabilidad y se distorsionó el tema al
tratarlo como el incumplimiento de «una supuesta obligación
de resultado», fuera de que «privó de efectos liberatorios al
caso fortuito y, por esa misma vía al hecho de un tercero
(causas extrañas), suficientes para fractura la relación de
causalidad adecuada», a pesar de que se trató de un «acto
confesa y auténticamente terrorista sin antecedentes en el
medio, caracterizado por su imprevisibilidad, letalidad,
atipicidad, anormalidad, brutalidad e irresistibilidad», tal y
como se comprendió en CSJ SC 29 jul. 2015 en un caso
sobre los mismos hechos.
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CONSIDERACIONES
1.- Delimitación de la denuncia por vía directa.
Ninguna discusión existe en que la responsabilidad
achacada por los gestores a la Corporación Club El Nogal es
netamente extracontractual, por lo que también resulta
pacífica la ausencia de un vínculo directo entre las partes
que restrinja el estudio a unas estipulaciones preacordadas
o asumidas entre ellas.
El motivo de discordia consiste en que, pese a que de
esa manera quedó definida la naturaleza de la acción por el
Tribunal, al entrar a decantar la procedencia del reclamo se
invadió la órbita de la «responsabilidad contractual» ya que
se analizaron aspectos propios de ésta y completamente
ajenos a la aquiliana, fuera de que también se desdibujó la
categoría de la «obligación o deber de seguridad» que es
eminentemente de medio y no de resultado.
2.- Obligaciones de seguridad en el campo de la
responsabilidad extracontractual.
En las reclamaciones de índole extracontractual, como
lo precisó el Tribunal, son tres los elementos concurrentes a
establecer: el hecho dañoso o culpa, el daño y la relación de
causalidad. Bajo ese escenario, la defensa de quien se le
imputa la lesión debe estar encaminada a desvirtuar la
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presencia de al menos uno de tales supuestos, ya sea
porque no se produjo alguna afectación; si a pesar de
haberse presentado no obedeció a un comportamiento
culposo suyo, en vista de que obró con diligencia,
prudencia, pericia y sin violar reglamento alguno; o toda vez
que no fue una consecuencia directa o exclusiva de su
proceder.
Su regulación está contenida en el Título XXXIV del
Libro Cuarto de las Obligaciones, artículos 2341 y
subsiguientes del Código Civil, aparte que ha servido para
desarrollar como manifestaciones de la misma la
responsabilidad por el hecho propio, por el hecho ajeno y
por el hecho de las cosas inanimadas, además de la
derivada de las «actividades peligrosas».
Esa misma compilación en los artículos 1604 a 1617
del Título XII se contrae en exclusiva a la responsabilidad
derivada del incumplimiento de obligaciones contractuales,
tratamiento separado que ha servido para establecer
discrepancias entre ambas figuras, como se hizo ver en CSJ
SC5170-2018 al recordar que la Sala
(…) en relación con la diferencia que existe entre las
responsabilidades contractual y extracontractual sostuvo:
«En múltiples ocasiones la jurisprudencia de la Corte ha reiterado
la notoria diferencia que existe entre la culpa contractual y la
aquiliana, fundamentalmente en cuanto a su origen y trato
jurídico, pues la primera tiene por venero el incumplimiento de
una obligación convencional al paso que la segunda nace con
prescindencia de todo vínculo contractual y tiene lugar cuando
una persona, con motivo de una conducta ilícita (dolosa o
culposa), le irroga daño a otra.
Radicación n° 11001-31-03-006-2005-00291-02
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(…)
Por tal virtud, se ha dicho que la diferente naturaleza de ambas
responsabilidades explica y justifica que el legislador las haya
reglamentado de manera distinta y separada, en tal forma que
los principios legales o reglas establecidas para la una no
pueden indistintamente aplicarse a la otra. En efecto, la Corte ha
sostenido que "dado el distinto tratamiento que el estatuto civil
da a una y a otra en títulos diversos del mismo y la manifiesta
diferencia que hay entre ellas (la culpa contractual y la aquilina),
no ha aceptado que se puedan aplicar a la culpa contractual los
preceptos que rigen la extracontractual, ni al contrario, sino que
cada una se regule por las disposiciones propias" (Cas. Civ. De
17 de junio de 1970, CXXXIV, 124)» (CSJ SC de 30 de mayo de
1980).
No obstante, esa dicotomía lejos está de conllevar una
fractura infranqueable que impida establecer puntos de
conexidad en algunos eventos en los que del quebranto de
compromisos negociales se deriven consecuencias lesivas
tanto para quienes intervienen en su celebración como a
terceros que son ajenos a ellos.
Es así como, a manera de ejemplo, en los casos de
lesiones o muerte ocasionadas a los afiliados y beneficiarios
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por
fallas en atención hospitalaria, no es extraño que al abordar
el estudio de la responsabilidad extracontractual que
implica para sus allegados tales deficiencias, sea necesario
ahondar en las obligaciones que se derivan de la
vinculación y la desatención de las mismas por parte de los
operadores para establecer el hecho dañoso y la relación de
causalidad con el perjuicio ocasionado.
Precisamente en CSJ SC2202-2019, en un asunto
extracontractual para la reparación de los daños
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extrapatrimoniales causados a los familiares de un paciente
que falleció como consecuencia de una inadecuada praxis
médica, se tuvo en cuenta la trascendencia en la prestación
del servicio de salud de las «obligaciones de seguridad»
inmanentes a él, al exponer que
[e]n virtud de las denominadas obligaciones de seguridad, el
deudor de ellos “está obligado a cuidar de la integridad corporal
del acreedor o la de las cosas que éste le ha confiado” (CSJ
SC259-2005 de oct 18 2005, rad. n°. 14.491). Se trata de una
distinción jurisprudencial, proveniente del derecho francés y que
se encuentra aclimatada entre nosotros de tiempo atrás (Cfr. SC
del 25 de noviembre de 1938 en G.J. T. XLVII, págs. 411 y ss.,
sobre todo en punto de la obligación del transportador, de donde
proviene incluso en Francia) que explica el alcance de ese deber
secundario de conducta que puede estar expresamente pactado,
establecido en la ley, o derivado de la naturaleza del contrato o
de su ejecución de buena fe, pero en todo caso dirigido a la
protección de la confianza que el acreedor deposita en su deudor
en el sentido de que sus bienes o su persona quedarán a salvo
(integridad de las cosas y corporal), y que confía a este en el
cumplimiento de la prestación principal, por lo que además de
satisfacer ese débito el deudor garantiza o al menos -ello es
objeto de discusión- debe procurar la indemnidad de su acreedor
respecto de tales intereses.
En el ámbito hospitalario, además de la prestación de los
servicios médicos, paramédicos y asistenciales, y además del
suministro de medicamentos y tratamientos pertinentes, de
hospedaje especial, etc., que debe prestar la entidad nosocomial,
tiene ésta a su cargo la obligación de seguridad “de tomar todas
las medidas necesarias para que no sufra ningún accidente en el
curso o con ocasión del cumplimiento de las prestaciones
esenciales que por razón del contrato dicho centro asume” (GJ.
T.CLXXX, pág. 421, citada en SC-003 de 1º de febrero de 1993,
rad. n°. 3532).
Tal obligación supone la implementación y mantenimiento de
medidas dirigidas a prevenir accidentes e infecciones, sobre la
base de un control estricto acorde con protocolos contentivos de
normas técnicas, adoptados por el propio centro de salud o
exigidos por las autoridades que tienen a su cargo su inspección,
vigilancia y control, y que se extienden pero no se limitan a la
señalización, transporte adecuado de enfermos, dotación
infraestructural apropiada, métodos de limpieza y esterilización,
procedimientos de seguridad, desinfección, control de visitas,
identificación, idoneidad e inspección en materia de salud del
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personal, coordinación de tareas con el fin de aminorar errores en
procesos, disposición de residuos orgánicos, recintos
especializados, entre muchas otras variables. Deberes todos
positivos que coadyuvan en el logro de un non facere: que el
paciente no sufra ningún accidente.
Todas estas aristas son mucho más relevantes y dignas de que
su cumplimiento sea examinado con estrictez, pues, como es
suficiente y comúnmente sabido, las bacterias han ganado en
resistencia a antibióticos, a resultas de lo cual las infecciones que
ellas provocan han multiplicado las muertes por infecciones
intrahospitalarias, constituyéndose dicho fenómeno en un grave
problema de salud pública
Quiere decir lo anterior que a pesar de estar vinculado
el concepto de «obligaciones de seguridad» al campo
contractual, eso no quiere decir que sea completamente
extraño a la generación de detrimentos de estirpe
extracontractual, precisamente por las implicaciones que su
resquebrajamiento puede conllevar a terceros.
En el asunto que es materia de discusión el fallador,
luego de precisar la clase de acción ejercida por los
promotores y sus elementos determinantes, procedió a
establecer si en el marco factual propuesto, donde se
esbozaba el incumplimiento de un «deber de seguridad» por
la demandada, se daban los supuestos necesarios para
acceder a las aspiraciones de reparación por los daños
materiales y emocionales sufridos por el deceso de Gustavo
Adolfo Forero Rubio, como consecuencia del acto terrorista
ocurrido en las instalaciones del Club El Nogal el 7 de
febrero de 2003.
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Bajo esa perspectiva, ningún reproche de índole
interpretativa del marco normativo puede endilgársele al
Tribunal puesto que su raciocinio no constituye un devaneo
entre dos ramales irreconciliables de la responsabilidad
civil, sino la forma de comprobar si existió un proceder
culposo de la opositora que terminó ocasionando el daño
alegado por los gestores.
Cosa muy distinta es que, como se evidenciará más
adelante, se equivocara el ad quem al deducir de las
pruebas recaudadas que existió una insatisfacción a los
compromisos estatutarios extensivos a personas que,
aunque ajenas al Club, estuvieran disfrutando de sus
servicios.
3.- Incidencia demostrativa de la naturaleza dada
a la «obligación de seguridad».
Frente a la deducción de que la «obligación de
seguridad» asumida por la opositora era de resultado y no
de medio, las discordancias al respecto no encajan dentro
de posibles errores de hermenéutica normativa sino frente a
aspectos netamente demostrativos, puesto que, sin
descartar que la figura pudiera tener uno u otro matiz, de
los elementos de convicción el ad quem dedujo que para el
caso concreto se entendía como «de resultado».
Basta con recordar que al respecto se expuso en el
fallo que
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(…) en el criterio de esta Sala de Decisión, las obligaciones
contraídas por la Corporación Club El Nogal respecto de sus
socios o corporados, de las personas amparadas por acciones
empresariales, así como de sus parientes e invitados, en cuanto
a las condiciones de seguridad para su vida e integridad física
dentro del establecimiento denominado Club El Nogal, sí tienen el
carácter de una verdadera obligación de resultado, derivada de
la obligación de garantizarles su estadía en condiciones de
seguridad dentro del Club.
En ese entendido, ninguna posición contraria a algún
precepto material puede predicarse frente a una discusión
dogmática que ni siquiera ha quedado dilucidada en los
precedentes de la Corporación, ya que como se indicó en la
referida CSJ SC2202-2019, donde se estudió la «obligación
de seguridad» en un tema de responsabilidad médica y la
forma de categorizarla,
[a] esta clase de obligación se la ha identificado como de
resultado, a tal punto que algunos consideran tal connotación
como de su esencia para que cumpla la finalidad tuitiva que le es
propia (Ordoqui, Gustavo, buena fe contractual, 2ª ed., Editorial
Ibáñez, Bogotá, 2012, página 389) … No obstante, tal afirmación
no puede hacerse en forma categórica o absoluta, cual si fuese
un dogma (…).
Incluso la confutadora es consciente de que el tema no
es pacífico y que ni siquiera existe estipulación que alindere
la «obligación de seguridad» como exclusivamente de medio,
ya que en la sustentación del embate expuso que
(…) en honor a la realidad, no puede desconocerse tampoco que
un sector minoritario de la doctrina, aun cuando admite la
posibilidad de que la obligación de seguridad eventualmente se
torne de resultado -en atención al alcance del correspondiente
contrato-, afirma que en últimas "...lo que puede decirse es que la
obligación de seguridad es más a menudo de medios que de
resultado", entre otras razones por cuanto fuera del caso de las
"...atracciones feriales....y del transporte de personas, la
obligación de seguridad es ordinariamente una obligación de
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cuidados diligentes", aunque se admite, residualmente, que "...la
obligación contractual de seguridad puede ser determinada
(obligación de resultado). El deudor se compromete a que no
ocurra ningún accidente".
Lo anterior explica que en la hora de ahora se evidencie pues una
marcada tendencia matizadora a considerar que la tesis
correcta en esta materia es la que se inclina por entender
que, por regla general, las obligaciones de seguridad son
obligaciones de medio, regla que excepcionalmente, en función
de las circunstancias, particularmente del contenido prestacional
respectivo, v.gr: el contrato de transporte, puede variar, pero no
cuando la aleatoriedad del desenlace haga singular presencia,
conforme se anotó en precedencia, y como lo resaltó la propia
Sala Civil (se resalta).
Desde esa óptica, tampoco se advierte un verdadero
desfase del juzgador en la interpretación de las normas que
rigen el caso, con mayor razón cuando no es cierto como lo
afirma que «el juzgador de segundo grado, en forma
absoluta, a la vez que categórica, concluyó que las
obligaciones o deberes de seguridad se enmarcan -
invariablemente- en las apellidadas “obligaciones de
resultado”, hasta el punto, se itera, que consideró este
aspecto como el “eje” de la providencia», puesto que ningún
partido tomó al respecto y se limitó a exponer que
estrictamente en el asunto, según las circunstancias
constatadas, la «obligación de seguridad» bajo análisis se
entendía como «de resultado».
Valga recordar como en la multicitada CSJ SC2202-
2019 se expresó que
[s]e ha dicho que la utilidad práctica de la distinción entre
obligaciones de medio y de resultado estriba en la definición de
las cargas probatorias. No obstante, es evidente que lo primero
que debe quedar establecido es que la obligación existe, y eso
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compete acreditarlo al acreedor o demandante, según lo
preceptúa el artículo 1757 del Código Civil.
Pero en lo que hace a su incumplimiento, los precedentes
mencionados indican, de un lado, que el demandante debe
establecer cuáles fueron los actos de inejecución para así dar
paso a que el demandado esgrima su defensa: que fue diligente
y cuidadoso (sentencia del 31 de mayo de 1938 reiterada en
sentencia del cinco de noviembre de 2013), afirmación que por
tanto debe probar. En otro precedente, se afirma que si al deudor
sólo le es exigible un quehacer diligente, se estima que lo
satisfizo en tanto demuestre que el accidente acaecido no se
debió a negligencia, imprudencia o impericia de su parte
(sentencia del 1º de febrero de 1993). Posteriormente se aseveró,
en lo tocante con el deber de seguridad de medios, que incumbía
al acreedor demostrar que el deudor desatendió el deber a su
cargo (sentencia del 18 de octubre de 2005).
En sentencia del 30 de enero de 2001 (rad. n°. 5507), y para dar
respuesta a una afirmación del Tribunal inserta en su decisión
según la cual la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que
ha debido emplearlo pues así se establece en el artículo 1604 del
Código Civil, estableciendo por tanto una presunción de culpa
contractual a cargo de los médicos, dijo la Corte que no podían
sentarse principios generales absolutos de presunción de culpa a
cargo de los médicos si en cuenta se tiene que ese mismo
precepto establece en su inciso final que esas normas se
entienden sin perjuicio de las disposiciones especiales de las
leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes. Y,
reiterando la distinción entre obligaciones de medio y de
resultado, resaltó la corporación en ese fallo que lo fundamental
era identificar el contenido y alcance de la prestación.
4.- Deducciones probatorias en que se sustenta la
determinación controvertida.
En la estructuración del fallo confutado el Tribunal
comenzó por constatar la existencia de una obligación de
«seguridad de las personas que visitaban el Club», que
encontró demostrada y calificó como de resultado a la luz
de varias estipulaciones de los estatutos.
Verificado lo anterior procedió a desvirtuar las
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«causales exonerativas de responsabilidad de fuerza mayor o
caso fortuito y el hecho de un tercero», que adujo la
contradictora y dio por probadas el a quo, toda vez que no
se cumplen las exigencias de imprevisibilidad,
irresistibilidad y exclusividad por «la negligencia de la
demandada en materia de seguridad», lo que también la
hizo «partícipe en la ocurrencia del daño».
Fue así como para «establecer la connatural
característica de la imprevisibilidad» acudió al examen de «la
respuesta ofrecida por el Jefe de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación al oficio Nro.
1563 de 25 de mayo de 2012 emitido por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de esta ciudad», que le restaban peso a ese
argumento.
En relación con la aducida «irresistibilidad del hecho»,
que se centró en las características del «sistema de
seguridad» y su superioridad en comparación con otros
clubes, al sopesar la documental relacionada con el tema
que aportó la opositora y el interrogatorio que absolvió su
representante legal, admitió «que existían controles de
acceso a dicho establecimiento, incluyendo la verificación de
que las personas que pretendieran hacerlo estuvieran
autorizadas, así como la revisión de los vehículos en cada
una de las respectivas entradas», lo que resultaba
insuficiente si la responsabilidad derivó de varias
irregularidades que «incidieron causalmente y en forma
determinante en la ocurrencia del hecho generador del daño,
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concretamente por no haber impedido el ingreso del carro
bomba a los parqueaderos del Club».
Concretó el escudriñamiento a tres falencias: i.- el
irregular acceso a las instalaciones de una persona que se
hizo pasar por socio, como lo dedujo de «copia auténtica del
informe rendido por el señor Aníbal Meléndez Sierra,
Investigador Judicial II del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Fiscalía General de la Nación»; ii.- «no contar con perro
antiexplosivos en la portería por la que ingresó el vehículo» y
iii.- «falta de cuidado en la escogencia de sus accionistas y
beneficiarios de las acciones empresariales»; pero se enfocó
en las dos primeras al analizar los testimonios rendidos en
proceso penal por Carlos Alberto Uchima Meneses, Luís
Adalver Fúquene Ramírez, Jaime Alberto Plazas Herrera y
Fernando Ruiz Llano y la confesión de la representante del
Club. Por demás, se reveló la trascendencia de la falta de
revisión canina en el debilitamiento de los controles de
paso, previa confrontación de lo expuesto por Jairo Arturo
Parra Cuadrado, los documentos relacionados con las
medidas de seguridad del Club, el contrato suscrito con
Caninos Profesionales Ltda. y «la respuesta ofrecida en su
dictamen por la experta en explosivos».
Reforzó lo anterior con precedente jurisprudencial en
el sentido de que «las acciones perpetradas por movimientos
subversivos o, en general, al margen de la ley, o de los actos
calificados como terroristas -lato sensu-, debe señalarse que,
in abstracto, no pueden ser catalogados inexorable e
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indefectiblemente como constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito» (CSJ SC 26 jul. 2005, rad. 1998-6569-02), por lo
que la naturaleza del acto en cuestión por sí no podía
calificarse dentro de dichas figuras porque «al margen de la
naturaleza de las medidas de seguridad reinantes en el Club
El Nogal para el día 7 de febrero de 2003, lo cierto es que las
mismas fallaron o, dicho en otras palabras, no fueron lo
suficientemente idóneas y efectivas para evitar la infiltración
de un vehículo cargado con explosivos cuya detonación
generó cuantiosas pérdidas humanas y materiales».
Finalizó la labor de demeritar la defensa planteada al
precisar que el hecho de un tercero para ser exonerativo de
responsabilidad requería que fuera la única causa de la
lesión, lo que se incumplía en el caso porque así la
explosión no le fuera atribuible a la opositora, que incluso
resultó víctima, su omisión «en el recto cumplimiento de su
obligación de seguridad, también contribuyó para que los
agentes del grupo subversivo perpetrador del estallido del
carro bomba, ingresaran sin mayor dificultad al edificio y
llevaran a efecto su macabro plan», lo que la constituye en
obligada solidaria «ante la víctima o damnificado por el
resarcimiento del total del daño causado».
5.- Equivocaciones manifiestas del Tribunal en la
valoración de los medios de convicción.
A pesar del estructurado desarrollo conceptual de la
providencia confutada, en lo que si desacertó el Colegiado
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de segundo grado fue en lo que encontró determinado al
sopesar las probanzas para revaluar que la contradictora
fue diligente al custodiar las instalaciones y el
acontecimiento ocurrido el 7 de febrero de 2003 era
imprevisible, fuera de que derivó de maniobras de terceros,
como acertadamente dedujo el a quo.
Ese desacierto se materializa al refutar tales
argumentos con que para la fecha del suceso la Corporación
tenía una carga de brindar «seguridad» a todas las personas
que estuvieran en la sede social, ya fuera en virtud de su
calidad de asociados o de invitados, que desatendió en vista
de irregularidades anteriores y concomitantes a la
ocurrencia del siniestro, así como al desdeñar las causales
eximentes de responsabilidad invocadas por la
contradictora.
Tales deficiencias, como lo patentiza la recurrente,
derivaron de una inadecuada lectura del material
documental y los demás elementos demostrativos, así como
al desatender las circunstancias extraordinarias del acto
terrorista que derivó en el hecho luctuoso en que se cimenta
el reclamo de los promotores, como se pasa a discriminar:
a.-) La deducción de que la obligación de seguridad
de la Corporación para con los socios y sus invitados es de
resultado, se extrajo de una lectura segmentada de los
estatutos, esto es, pequeños apartes de los artículos 2, 3, 8,
10, 14 y 23, a lo que entrelazó la función v. que el artículo
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55 predica del Gerente General.
Sobre el particular precisó el fallador que
(…) conforme a sus estatutos (fl. 28 a 42 c. 1, t. II), la Corporación
Club El Nogal es una persona jurídica civil, sin ánimo de lucro y,
el Club El Nogal, es un “establecimiento de naturaleza cultural,
social y deportiva, dirigido fundamentalmente a hombres y
mujeres de empresa y de trabajo” con claros objetivos
relacionados con el cumplimiento de su objeto social.
Adicionalmente, consagra los derechos y obligaciones de los
socios o corporados y de las personas amparadas por acciones
empresariales, y en el capítulo X, regula las funciones del
Gerente General, entre las cuales se hallan: “Garantizar la
excelencia de los servicios del Club, tanto para los socios como
para los invitados” y “Velar por la seguridad de las personas en
el Club y por los bienes de la Corporación”.
Como puede advertirse, el establecimiento denominado Club El
Nogal, en cumplimiento de sus objetivos, para la época de los
hechos que dieron origen a la demanda, prestaba servicios al
interior de sus instalaciones a las personas expresamente
autorizadas, de conformidad con el reglamento que lo rige.
6. Partiendo de las precedentes premisas, es preciso poner de
relieve que, en el criterio de esta Sala de Decisión, las
obligaciones contraídas por la Corporación Club El Nogal respecto
de sus socios o corporados, de las personas amparadas por
acciones empresariales, así como de sus parientes e invitados,
en cuanto a las condiciones de seguridad para su vida e
integridad física dentro del establecimiento denominado Club El
Nogal, sí tienen el carácter de una verdadera obligación de
resultado, derivada de la obligación de garantizarles su estadía
en condiciones de seguridad dentro del Club.
Y no podría ser de otro modo si se tiene en cuenta: i) que el
establecimiento no es abierto al público en general, ii) De acuerdo
a los estatutos del Club, los socios o corporados y las personas
amparadas por acciones empresariales, para tener derechos en
esa Corporación, entre los cuales se halla “usar y disfrutar de los
servicios e instalaciones del Club” junto con su cónyuge, hijos, e
invitados (arts. 10 y 23), están obligados a obtener dicha calidad
mediante la adquisición de acciones y previa “aprobación de la
Junta Directiva del Club” (arts. 3 y 8). iii) Entre las obligaciones
de aquellos, se encuentra también la de “pagar oportunamente
las cuotas ordinarias y extraordinarias que decreten la Junta o la
Asamblea según el caso (...)” y, iv) Expresamente se erige como
una de las funciones del Gerente General del Club: “Velar por la
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seguridad de las personas en el Club y por los bienes de la
Corporación”.
Desde esa perspectiva, como el primer objetivo del
Club es «servir como centro de encuentro para el
entendimiento, el intercambio de conocimientos, el estudio y
la cooperación entre sus socios, y entre ellos con
empresarios, científicos, artistas, intelectuales y líderes de
Colombia y del resto del mundo»7, no resulta un desacierto
mayúsculo precisar que la compensación esperada por los
socios, que debieron desembolsar una suma considerable
para hacer parte del mismo y quedan comprometidos a
realizar aportes periódicos en pos de beneficiarse de los
servicios, es el cumplimiento del deber de «velar por la
seguridad de las personas en el Club».
Sin embargo, tal nivel de exigencia se refiere a las
condiciones normales de las actividades sociales que se
despliegan en las instalaciones, pero sin que trascienda a
contemplar y prever exhaustivamente situaciones
extraordinarias, incluidas aquellas en las que ni siquiera
tenga incidencia el ente corporativo, mucho menos cuando
desembocan en el campo de lo incierto y sorpresivo, como
acontece con atentados terroristas a las instalaciones de los
cuales no exista noticia o advertencia previa.
Resulta excesivo pretender que el término «velar», que
en las acepciones más aceptables para la situación según el
7 Artículo 2° de los Estatutos, fl. 29 cno. 1 T II.
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DRAE se refiere a «observar atentamente algo» y «cuidar
solícitamente de algo», se extienda a un compromiso de
garantizar que no se conjurará alguna situación adversa e
intempestiva que ocasione alguna afrenta a los asociados o
sus invitados, por lo que sus alcances se restringen a un
mero deber genérico de conducta o comportamiento, esto
es, corresponde a una «obligación de medio» y no «de
resultado» como esbozó el juzgador de segundo grado, por lo
que resultaba suficiente a la opositora demostrar que obró
con prudencia y diligencia en sus esfuerzos por atender los
compromisos estatutarios, a efecto de liberarse de la
responsabilidad endilgada.
Baste con observar cómo la «naturaleza cultural, social
y deportiva» alejaba a la Corporación de cualquier actividad
que pudiera considerarse riesgosa e incluso generara la idea
de que fuera objeto de actos terroristas, como extraña y
sorpresivamente aconteció en esta oportunidad, máxime
ante la ausencia de algún indicio de que pudiera ser víctima
de un ataque como el sufrido, del cual ni siquiera existían
precedentes próximos ni remotos.
b.-) Como consecuencia del anterior desfase también
se configuró una equivocación mayúscula al deducir un
comportamiento negligente de la demandada con incidencia
en el resultado lesivo, por las deficiencias que facilitaron el
acceso a las instalaciones de quien perpetró el acto
terrorista.
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La expresa calificación de «establecimiento de
naturaleza cultural, social y deportiva, dirigido
fundamentalmente a hombres y mujeres de empresa y de
trabajo», al tenor del artículo 2° de los estatutos
corporativos, no permite vislumbrar de qué manera hubiera
podido contemplarse la ocurrencia de hechos violentos que
involucraran las instalaciones del Club en el escenario del
conflicto armado interno, con mayor razón cuando ninguna
de tales campos encaja dentro de la categoría de
«actividades peligrosas» y, por el contrario, a la luz del
Derecho Internacional Humanitario lo razonable era que se
estimara improbable ante el repudio generalizado de un
acontecimiento de tales connotaciones.
Incluso de la información que brindó el Jefe de la
Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General
de la Nación, luego de revisar el Sistema de Información
Judicial “SIJUF”8, aunque se relacionaron 5 «investigaciones
adelantadas por actos terroristas cometidos por las FARC»
durante 2002 y antes del que es materia del pleito, el claro
objetivo de los mismos era la fuerza pública y funcionarios
públicos al llevase a cabo «en la avenida Boyacá con calle
52, frente al CAI del Barrio Normandía» y el «lavadero de
carros ubicado frente a las instalaciones de la SUIN
MEBOG» y consistir en el envío de un libro bomba a quien
se desempeñaba como «Fiscal General de la Nación».
A pesar de que también se extendieron a un «[p]etardo
8 Fl. 32 cno. 1 t. v.
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colocado frente a la carrera 17 con calle 19, en la entrada de
un parqueadero» y una «[e]xplosión ocurrida en el piso 30 de
las residencias Tequendama», la falta de conexidad de tales
sitios con la edificación social lejos estaba de convertirla en
un blanco seguro e irrefutable solo porque «aglomerara un
número significativo de visitantes -entre ellos altos
funcionarios del Estado».
No se discute que para la época reinaba cierta zozobra
generalizada «en el ambiente citadino», esto es, una
incertidumbre de cuándo y cómo ocurriría un suceso
dañino de tal magnitud, pero eso no significa que
particularmente para entidades como la involucrada fuera
«latente la eventualidad de que se perpetraran actos
terroristas», una posibilidad sí, más no una certidumbre,
pues eso no es lo que indica el elemento de convicción
referido.
El documento en cita, por ende, no logra servir de
respaldo al argumento con que se rebatió la
«imprevisibilidad» del acto, mucho menos asociándolo con
que «la previsibilidad del atentado no era tan ajena a las
directivas del Club», por el solo hecho de contar con pólizas
de seguro que amparaban el riesgo de «terrorismo» o que «a
partir del mes de agosto de 2002, incluyó la de vigilancia de
guía con perro entrenado en antiexplosivos», ya que la
existencia de ambas solo refleja la toma de decisiones
encaminadas a lograr una protección adecuada en
condiciones normales.
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53
c.-) La premisa de que «las medidas de seguridad
adoptadas» fueron insuficientes, derivó indefectiblemente de
concluir que la «obligación de seguridad» a cargo del Club
era de resultado, de ahí que el Tribunal fijara unos patrones
de conducta más allá del esperado para cualquier otra
entidad de iguales características, equiparándolo a lo que se
esperaba de organismos públicos que por su connotación
requerían de mayores niveles de protección.
Independientemente de cómo arribaron al expediente
las reproducciones enviadas por el Juzgado Octavo Penal
del Circuito Especializado de Bogotá de algunas diligencias
adelantadas en trámite que cursó contra Fernando Arellán
Barajas y otros, de su contenido, más allá de establecer las
circunstancias como se planeó y ejecutó el acto terrorista,
no era posible extraer la desatención de algún deber
ineludible por el personal encargado de la seguridad, si se
tiene en cuenta que la infiltración de uno de los sindicados
como socio del club y otro como autor material del hecho,
fue producto de un trabajo de seguimiento prolongado y
ejecutado con precisión, con el ánimo de eludir los
mecanismos de seguridad implementados por la
contradictora.
Resulta así inusitada la trascendencia brindada al
informe 108694 de 29 de abril de 2003, suscrito por el
Investigador Judicial II Aníbal Meléndez Sierra y los
testimonios de Carlos Alberto Uchima, Luis Aldaver
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Fúquene y Jaime Alberto Plazas, para fijar las
irregularidades que incidieron en la «ocurrencia del hecho
generador del daño», porque de dicho impulso no fueron
partícipes los litigantes y en ningún momento las
diligencias estuvieron encaminadas a establecer la
responsabilidad de la Corporación Club El Nogal o el
personal encargado de permitir el ingreso a las
instalaciones, sino esclarecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los hechos delictivos, de los cuáles solo
eran responsables los ejecutores.
El rigorismo exacerbado se hace evidente cuando el
Tribunal señala que al sopesar las probanzas «no llama a
duda que existían controles de acceso a dicho
establecimiento, incluyendo la verificación de que las
personas que pretendieran hacerlo estuvieran autorizadas,
así como la revisión de los vehículos en cada una de las
respectivas entradas», lo que corresponde a lo que se espera
de cualquier entidad de iguales condiciones a las de la
opositora, pero a renglón seguido profundiza en aspectos
que «en el criterio de la parte activa, incidieron causalmente y
en forma determinante en la ocurrencia del hecho generador
del daño, concretamente por no haber impedido el ingreso del
carro bomba a los parqueaderos del Club», lo que contradice
lo anterior o al menos lo hace más oneroso al extender los
cuestionamientos a «i) no verificar algo tan elemental como lo
es la calidad de socio de una persona con carné provisional,
al punto que el vehículo con explosivos iba conducido por una
persona que se identificó como Luis García, sin que nadie le
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impidiera el ingreso; ii) no contar con perro antiexplosivos en
la portería por la que ingresó el vehículo y, iii) falta de
cuidado en la escogencia de sus accionistas y beneficiarios
de las acciones empresariales».
En ese ejercicio, a pesar de reconocer la existencia de
un servicio de seguridad contratado por la demandada
acorde con sus necesidades, se duele el fallo de que no se
contaba con acompañamiento canino en todas las puertas o
que los perros no fueran antiexplosivos, lo que excede las
previsiones que debía tener en cuenta para la época de los
acontecimientos, perdiendo relevancia cualquier dictamen o
informe sobre la posible detección de los explosivos si se
hubieran cumplido tales exigencias extremas y
desconociendo que como señaló el testigo Fernando Ruiz
Llano «antes de febrero de 2003, las medidas de seguridad
del Club El Nogal, eran de bastante más alto estándar que
las del Gun Club y El Club Los Lagartos» y que «los sistemas
de seguridad que tenía el Club El Nogal funcionaron
normalmente la noche del 7 de febrero de 2003, estando los
perros en sus habituales funciones la revisión de los
vehículos se cumplió también esa noche y los procedimientos
de seguridad y seguridad industrial y de cámaras también
se cumplieron»9.
Incluso sobre ese aspecto fueron coincidentes Hernán
Montoya, Carlos Eduardo Balaguera y Jairo Arturo Parra
Cuadrado en el sentido de que para el 2003 el sistema de
9 Fl. 355 cno. 1 t. III.
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seguridad del Club El Nogal era confiable y de altos
estándares, como reconoció la ARP Liberty en informe
donde dejó constancia que
(…) para la época del atentado terrorista, la Corporación Club El
Nogal, disponía de uno de los mejores sistemas de seguridad
integral que estaba conformado por un plan general de seguridad
en los aspectos de prevención, emergencia y evacuación. Para su
implementación se contaba con una dotación de alta sofisticación
técnica (Sistema de grabación digital, sistemas con incendios,
radios y alarmas), así como con el soporte de una firma de
vigilancia especializada, la cual fue objeto de un proceso de
selección, de cara a las distintas compañías que participaron en
una licitación privada que hizo El Club. Como mecanismo de
seguridad complementarias y de excepcional empleo para un
Club Social en la fecha en que ocurrieron los hechos, el Nogal con
un soporte de seguridad canina10.
Es más, dicha aseguradora resaltó allí mismo la
imprevisibilidad del suceso al constituir un «acto terrorista
(…) que no tenía antecedentes en el país, dada su destructiva
y cobarde naturaleza»11.
d.-) Finalmente, llama la atención en el fallo que
enunciara como omisión de la Corporación Club El Nogal la
«falta de cuidado en la escogencia de sus accionistas y
beneficiarios de las acciones empresariales», sin profundizar
al respecto, desatendiendo que Fernando Ruiz Llano expuso
sobre la complejidad en el procedimiento de admisión de
asociados, que comprometía a «dos personas jurídicas
diversas: la promotora Club el Nogal que era la dueña de las
acciones y el Club El Nogal; aquella las vendía o negociaba,
verificaba las referencias y enviaba la documentación
10 Fl. 493 cno. 1 t. II.
11 Id 4.
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respectiva al Club El Nogal», así como los documentos del
estudio que se le hizo con tal fin a «John Freddy Arellan
para ingresar como socio».
6.- Conclusión.
Las graves equivocaciones del Tribunal en la
valoración del material probatorio para estructurar una
responsabilidad por incumplimiento de una «obligación de
seguridad» que interpretó como de resultado para el caso
concreto, constituyó una afrenta inaceptable para la víctima
del hecho lesivo, esto es, la Corporación Club El Nogal, que
repercutió en las personas que se encontraban en sus
instalaciones, sin que pudiera endilgársele una
responsabilidad solidaria con el grupo al margen de la ley
que lo perpetró.
Pretender, como se dejó sentado por el Colegiado de
segundo grado, que por el hecho de que la sede social era
frecuentada por «un número significativo de visitantes -entre
ellos altos funcionarios del Estado» lo constituía en un
potencial blanco «en las circunstancias de zozobra reinantes
en este centro urbano» y, por demás el suceso luctuoso era
previsible por «las directivas del Club, si se tiene en cuenta
que dentro de los riesgos amparados en las pólizas de
seguro vigentes en aquella época, se encontraba el
"terrorismo" y que, dentro de las medidas de seguridad
adoptadas a partir del mes de agosto de 2002, incluyó la de
vigilancia de guía con perro entrenado en antiexplosivos»,
Radicación n° 11001-31-03-006-2005-00291-02
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constituye un desacierto mayúsculo que amerita casar el
fallo confutado.
7.- Costas.
No hay lugar a condena en costas en la impugnación
extraordinaria por los resultados obtenidos.
IV.- SENTENCIA SUSTITUTIVA
1.- En vista de la prosperidad de la acusación
corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el
recurso de apelación interpuesto por los promotores frente
a la sentencia de 30 de mayo de 2013, proferida por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, que declaró
probada la defensa esgrimida y negó las súplicas del libelo,
puesto que la contradictora fue diligente al custodiar las
instalaciones y el acontecimiento que allí ocurrió el 7 de
febrero de 2003 era imprevisible.
2.- El disentimiento de los apelantes radica en que se
demostró la culpa de la demandada al incumplir la
obligación de seguridad, catalogada como de resultado, por
deficiencias en los filtros de ingreso a las instalaciones del
Club y errores de conducta en la escogencia de los socios
accionistas y beneficiarios de las acciones empresariales, de
ahí que se estructuró el nexo causal y que los hechos
acaecidos el 7 de febrero de 2003, no pueden catalogarse
como fuerza mayor o caso fortuito.
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Aún de entenderse que la obligación era de medios y
no de resultado, tampoco demostró El Club que hubiera
dispuesto de todos los medios para atender su obligación y
prevenir el acto.
Para controvertir la decisión adversa alude a varias
pruebas recaudadas demostrativas de la negligencia de su
contendiente, por el reconocimiento de varios empleados de
deficiencias en las medidas de seguridad implementadas,
así como la previsibilidad del suceso por la situación de la
época. En cuanto a la causa extraña por el hecho de un
tercero no lo estiman justificativo por no concurrir los
elementos de irresistibilidad e imprevisibilidad, amén de
que, por las marcadas negligencias en materia de
seguridad, existe participación de la opositora derivada de
sus omisiones.
3.- Las anotaciones que evidenciaron las graves
falencias probatorias del Tribunal son suficientes para
demeritar los argumentos antes esbozados, puesto que
ninguno de los planteamientos de los censores logra
desvirtuar los postulados en que sentó el a quo la decisión
adversa a los intereses de los gestores.
Como se dejó expuesto, si bien existía una obligación
de seguridad en cabeza de la Corporación Club El Nogal, la
misma no era de resultado sino de medio, de ahí que era
inviable exigir del ente medidas excesivas encaminadas a
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brindar la protección acorde con las actividades que se
desarrollaban en sus instalaciones.
En adición, los medios de convicción en que se apoyan
los reclamos de los apelantes y sirvieron de báculo al fallo
del Tribunal que se esta reemplazando, no logran desvirtuar
que la contradictora demostró satisfechos a cabalidad sus
deberes frente a los asociados y visitantes presentes en la
sede para desarrollar los fines culturales, sociales y
deportivos delimitados en los estatutos,
Frente a la imprevisibilidad e irresistibilidad del acto
terrorista, también quedó develado que, a pesar de la
existencia del enfrentamiento armado interno de un grupo
subversivo con el Estado, no existían razones para predecir
o avisar que una edificación de propiedad privada dedicada
a actividades ajenas al conflicto pudiera verse afectada
directamente por el mismo, como objetivo de ataque,
máxime cuando cualquier acción de tal naturaleza es
repudiada por el Derecho Internacional Humanitario,
conforme a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus
dos Protocolos adicionales de 1977.
Esa misma situación le resta cualquier grado de
coparticipación que se pudiera vislumbrar por el lado de
quien resultó sorpresivamente afectado con un suceso
catalogado de extraordinario y excepcional, sin comparación
con lo que había acontecido hasta ese momento, frente al
cual ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala en CSJ
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61
SC9788-2015, donde no se casó una sentencia
desestimatoria en una reclamación extracontractual con
sustento en el mismo hecho violento del presente asunto,
bajo el entendido de que
(…) frente a la «negligencia determinante en la causación del
daño» señalada como constitutiva de responsabilidad, el
sentenciador inició la labor verificando si la persona jurídica
accionada era de aquellas que calificaba como generadora de
riesgo, lo que desechó con base en sus estatutos.
Baste recordar como precisó al respecto que, «de la simple lectura
del objeto social, salta de bulto la ausencia de las características
mentadas para que la actividad desarrollada se repute como
peligrosa y por ende se rechaza el argumento al respecto».
Descontado ese tema pasó a revisar si las especiales condiciones
de quienes concurren a la sede, que por sus dignidades y
desempeño profesional cuentan con exigentes medidas de
seguridad, trasciende a la categoría de «acciones peligrosas» a
cargo del Club, para concluir que «la calidad de los socios o
invitados en lo que ataña a su seguridad personal por los cargos
que ocupan no resultan ser extensivos a la actividad de la
demandada».
A pesar de lo anterior, se procedió al estudio de la existencia de
«un hecho propio en la modalidad de omisión», con base en el
material probatorio obrante, lo que no pudo hallar, razón por la
cual «ausente el elemento de culpa y siendo éste uno de los
elementos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual
alegada, deviene la denegación de la misma».
Ese entendimiento revela que el pleito se abordó desde la
perspectiva de la responsabilidad extracontractual, como lo
plantearon los accionantes, sólo que al no encontrar razón para
aplicar la «presunción de culpabilidad» de que trata el artículo
2356 del Código Civil, se procedió a examinar si se daban los
supuestos del artículo 2341 ibidem, a lo que tampoco encontró
asidero.
A pesar de que en esa ocasión el resultado adverso fue
el producto de deficiencias probatorias que se pretendieron
superar bajo el supuesto de la peligrosidad de la actividad
desarrollada por El Club El Nogal, allí quedó sentada la
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ausencia de «peligrosidad» de las actividades que se
llevaban a cabo en sus instalaciones, aspecto tangencial
que ha sido tratado en esta oportunidad.
4.- En refuerzo de lo expuesto y conforme a lo que
preveía el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el 1° numeral 135 del Decreto 2282 de
1989, es necesario tomar en cuenta «cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda (…) que la ley permita considerarlo de oficio».
Esta precisión se hace porque, ante cualquier
resquicio de duda sobre la responsabilidad que pudiera
predicarse de la Corporación Club El Nogal derivada del
acto terrorista ocurrido en sus instalaciones sociales el 7 de
febrero de 2003, cobra relevancia la firma el 24 de
noviembre de 2016, por representantes del Gobierno
Nacional y de la FARC-EP, del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, en el cual dicha organización
asumió entre sus compromisos realizar el reconocimiento
de responsabilidad individual y colectiva por el daño
causado en el conflicto, así como acciones concretas de
contribución a la reparación, en los términos del punto
5.1.3.
En virtud del mismo se expidió el Acto Legislativo 01
de 2017 que en su artículo 18 transitorio dispuso
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Reparación integral en el sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición. En el marco del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el
Estado garantizará el derecho a la reparación a las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños,
individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado. La
reparación será garantizada por el Estado de manera integral,
adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de
las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta
el universo de víctimas del conflicto armado y buscando la
igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los
recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los
sujetos de especial protección constitucional.
Parágrafo. En los casos en que se aplique amnistía, indulto o
renuncia a la persecución penal, no procederán acciones
judiciales contra los beneficiarios de tales medidas para la
indemnización de las víctimas. En todo caso, deberán contribuir
al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y
garantizar la no repetición.
De dicha disposición deriva para el Estado un deber
general de reparación material frente a las víctimas que se
vieron afectadas por estar en medio de la irregular situación
que se buscó conjurar, a pesar de la amnistía e indulto
otorgado a los integrantes del grupo guerrillero, con la
precisión de que eso no constituyó una liberación total de la
responsabilidad frente a las víctimas, como se señaló en CC
C-674 de 2017 y se reiteró con posterioridad en CC C-080
de 2018 al resaltar que la norma en cita y el artículo 26
transitorio ibídem, que alude a los miembros de la fuerza
pública en similar situación,
(…) no configuran una liberación de la responsabilidad de los
victimarios frente a las víctimas, teniendo en cuenta los
siguientes elementos: (i) primero, que en el caso de los miembros
de las FARC, la medida se encuentra precedida de la entrega de
los bienes del grupo guerrillero, bienes que, a su turno, se
encuentran destinados a la reparación; (ii) segundo, la limitación
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legal se refiere exclusivamente al patrimonio personal de los
miembros de los grupos armados que participaron en el conflicto,
de modo que si alguno de estos miembros actúa como testaferro
del grupo como tal para ocultar sus bienes, no existe ningún título
jurídico que impida perseguir los bienes correspondientes para
reparar a las víctimas; (iii) por último, aunque efectivamente el
Acto Legislativo 01 de 2017 dispone una liberación parcial de la
responsabilidad de los victimarios frente a las víctimas, esta
liberación opera únicamente frente al componente patrimonial de
la reparación y no se extiende a los demás elementos de la
misma, por lo cual, la contribución de los victimarios en estos
otros frentes deberá aplicarse con mayor rigor.
Por tal razón resulta trascendental para los efectos del
presente litigio que el 10 de febrero de 2018, se llevó a cabo
un acto público de «verdad, perdón, reconciliación y
reparación con las víctimas del atentado al Club El Nogal», en
el cual algunos antiguos mandos y excombatientes de las
FARC-EP aceptaron la planeación y ejecución del acto
terrorista en sus instalaciones, como ya lo había establecido
la justicia penal, y así lo reiteró el 7 de febrero de 2023
Rodrigo Londoño (alias Timochenko), último comandante
del grupo insurgente, según publicación en medios
electrónicos del Partido Comunes en el cual milita12, donde
expresó en un aparte que en extenso se transcribe que
[a]gobiados por la vergüenza y conscientes hoy más que nunca
del horror que causamos, de la tragedia sin fin desatada contra
personas inocentes y sus familias, los antiguos mandos
guerrilleros sobrevivientes a la sangrienta confrontación, nos
sentimos obligados, por imperativos humanos y éticos,
independientes de cualquier consideración legal, no solamente a
reconocer la responsabilidad directa de la organización
FARC-EP en tan horrendo crimen, sino a presentarnos de
nuevo, y cuantas veces lo consideren necesario ustedes, las
víctimas, a darles la cara y pedirles perdón, una y mil veces, por
lo ocurrido en el Club El Nogal de Bogotá, a las 8 y 11 minutos de
la noche del 7 de febrero de 2003. Cualquiera fuera el argumento
12 https://partidocomunes.com.co/palabras-de-rodrigo-londono-a-los-
veinte-anos-del-atentado-al-club-el-nogal-en-bogota/
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con el que se pretendiera explicar o justificar semejante atentado,
se transformaría en cenizas ante sus terribles consecuencias.
¿Cómo reparar el indescriptible dolor que causamos? ¿Acaso una
vida truncada puede reponerse de alguna manera? ¿Puede
siquiera pensarse en reparar el trauma físico y sicológico que
tuvieron que soportar los heridos y sus familias? ¿Existe un
remedio para la zozobra largamente vivida?
¿Para los sueños y las alegrías despedazadas? ¿Para compensar
las lágrimas derramadas por nuestra causa? Tenemos que
reconocer que no. Amargamente, no existe.
Quizás nos sirva de algún consuelo saber que la guerra que
vivimos y en medio de la cual sucedió tan atroz acción,
finalmente terminó con los Acuerdos de Paz de La Habana. Si
aún persisten manifestaciones de conflicto armado en nuestro
país, cabe decir que pese a los hechos violentos que se derivan
del mismo, y que anhelamos puedan llegar a su fin con el actual
Gobierno, no pueden compararse ni de lejos, con la dimensión de
lo que acontecía 20 años atrás. Posiciones irreconciliables de
lado y lado nos sumían en crecientes y cada vez más
aterradoras acciones de guerra. El Nogal, para desgracia
de todos, podría ser emblemática.
Primero que todo, porque en sí mismo el Club no era una
instalación de carácter militar. Se trataba de una entidad
privada, ubicada en el corazón de la capital de Colombia.
A ella concurrían sus socios, confiados en el ambiente
social y familiar que la caracterizaba. Y además decenas
de trabajadores, gente que se ganaba la vida prestando
sus servicios personales para sostener a sus seres
queridos. Jamás por sus mentes debió pasar la idea de
correr un grave peligro.
No tenían por qué ser objetivos de una acción militar. Las
FARC estábamos estructuradas en bloques y frentes. Desde
nuestra Octava Conferencia, en el año 1993, se adoptó la
decisión de que un miembro del Secretariado Nacional se
apersonara de la coordinación del trabajo en un bloque, viajando
hasta allá y encargándose de sus principales asuntos. En lo
personal, tuve que instalarme en el llamado Bloque del
Magdalena Medio, que cubría desde el cuarto frente, en el
nordeste antioqueño, hasta el frente treinta y tres en el
Catatumbo. Las cuestiones relacionadas con la estrategia de la
organización eran producto de intercambio entre los miembros del
Secretariado, mediante comunicaciones radiales y correos que
iban y volvían. Las cuestiones locales de cada bloque eran
decididas por sus mandos. Así funcionábamos en verdad.
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La decisión de atentar contra El Nogal fue adoptada entonces en
el suroriente del país, tuvo que corresponderse con los bloques
oriental y sur. Recalco que no por eso dejamos de reconocer la
responsabilidad del Secretariado Nacional, del que hacía parte
yo como explicaba. Fueron las FARC, y todos sus mandos de
dirección asumíamos la responsabilidad por lo que hiciera
el movimiento (…) -negrita adrede-.
Tales apreciaciones y las circunstancias coyunturales
que permitieron tan trascendental reconocimiento no hacen
más que convalidar la certeza sobre lo irracional del hecho y
la completa ausencia de la responsabilidad que
pretendieron adjudicar a la Corporación Club El Nogal
terceros afectados, muy a pesar de la justeza de sus
aspiraciones indemnizatorias cuyo resarcimiento debe
buscarse en otros escenarios, si ya no lo han hecho.
5.- El fracaso de las objeciones de los apelantes
frente a lo resuelto en primera instancia conduce a la
confirmación de la determinación absolutoria, con la
consecuente condena en costas de segunda instancia.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia de 29 de agosto de
2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de
María Clemencia del Socorro Hernández de Forero, Gustavo
Adolfo, Juan Camilo y María Fernanda Forero Hernández
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contra la Corporación Club El Nogal. Por lo tanto, en sede
de instancia RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia de 30
de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bogotá en dicho asunto.
Condénese en costas de segunda instancia a los
demandantes en favor de la opositora y se fijan agencias en
derecho en cuatro salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a la luz de lo dispuesto en el numeral 1 de artículo
5° del Acuerdo PSAA16-10554, de 5 de agosto de 2016, del
Consejo Superior de la Judicatura.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(Impedida)13
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
13 La Magistrada Hilda González Neira participó en la sesión del Tribunal
donde se aprobó la sentencia de segunda instancia en este asunto, la cual también
suscribió, situación de la cual puso al tanto a la Sala donde se sometería a estudio
el presente proyecto, razón por la cual se aceptó en el acto su impedimento para
participar en su discusión y acogimiento, en virtud a las excepcionales
circunstancias de cumplimiento de la CC SU-029 de 2024, tal cual fue consignado
en el acta de la sesión.
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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