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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC1694-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
(Aprobado en sesión virtual de veintiséis de junio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil
veinticinco (2025)
Decide la Corte el recurso de anulación formulado por
la sociedad mexicana Reaseguradora Patria S. A. frente al
laudo arbitral internacional de 8 de noviembre de 2023 y el
laudo complementario de 10 de marzo de 2024, proferidos
por el tribunal que se conformó ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para
dirimir la controversia suscitada entre BBVA Seguros de Vida
Colombia S. A. y la recurrente.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión extraordinaria
Reaseguradora Patria S.A. solicitó la anulación del
laudo internacional junto con el laudo adicional que negó su
corrección e interpretación. En el primero se impuso condena
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en favor de la convocante con ocasión del contrato de
reaseguro pactado entre las partes.
B. Los hechos del litigio
1. En compendio, BBVA Seguros de Vida Colombia S.
A. en su calidad de cedente suscribió con Patria S. A. como
reaseguradora, en el año 2020, un convenio de Reaseguro de
«exceso de pérdidas por riesgo y por evento» distinguido con
nota de cobertura B122420BPLY1010, cuyo objeto era el
amparar los negocios de seguro celebrados por la primera,
cuya especificación obra en las condiciones particulares y
que corresponden a los ramos de vida y accidentes
personales.
En esa convención se estipuló, en la condición general
IV, que «el REASEGURADOR debe indemnizar a la CEDENTE la parte
de todo siniestro o serie de siniestros derivados de un mismo
acontecimiento o evento, cuyo coste neto definitivo original exceda de la
PRIORIDAD pactada, cifrada en 400 millones de pesos colombianos».
2. En esa misma anualidad, la OMS declaró el
coronavirus COVID-19 como una pandemia, por lo que el
Ministerio de Salud de Colombia declaró el estado de
emergencia sanitaria por dicha causa en todo el territorio
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 (Res. 385, 12 mar.); sin
embargo, con el trasegar del tiempo aquella situación se
intensificó y mantuvo incluso en años posteriores,
registrándose 952.371 casos confirmados y 28.803 muertes
al 18 de octubre de 2020, siendo el sexto país en el mundo y
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el tercero en Latinoamérica con más casos confirmados del
señalado virus.
3. En atención a ello, BBVA, por intermedio del corredor
de reaseguros AON notició, el 22 de octubre de 2020, la
reclamación WXL 2020 – COVID 19 a sus reaseguradores de
«Exceso de Pérdidas por Riesgo y por Evento en los ramos de
vida y accidentes personales», por cuanto había reportado
cada uno de los siniestros pagados en el ramo de vida, de
cuyos excedentes, con cargo al reaseguro con la nota de
cobertura B122420BPLY1010, correspondía a la
Reaseguradora Patria S.A. la cobertura del 5%.
4. El 14 de enero de 2021, el corredor de reaseguros
AON dio a conocer a BBVA Seguros de Vida S. A. la respuesta
de la Reaseguradora Patria sobre su reclamación, según la
cual: «(…) después de analizar el requerimiento de la cedente, les
informamos que el siniestro que se reclama es improcedente debido a la
naturaleza propia del contrato, en tanto que la pandemia no se configura
como un riesgo catastrófico y por ende no es motivo de cobertura en el
contrato de reaseguro cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2020»,
desconociendo que, en virtud de la estipulación contractual
acordada, su responsabilidad como «reaseguradora» era por el
exceso sobre la prioridad del 5%, es decir, la suma en pesos
colombianos de $1.230’131.932,oo. m/cte., encontrándose
en mora de sufragar dicho valor desde el 20 de octubre de
2020.
Con todo, la cedente BBVA precisó que sobrellevó
múltiples siniestros con cargo a «los contratos de seguro de
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vida, por la muerte de personas aseguradas causadas por un
solo acontecimiento o evento: el COVID 19, cuyo monto de
$24.576.068.051 excede la prioridad por un solo evento»
[Archivo MEMORIAL DEMANDA BBVA SEGUROS CONTRA
REASEGURADORA PATRIA.pdf].
C. El petitum
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. deprecó acceder
a las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA. Que se declare que BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA S.A. ha asumido siniestros de muerte causados por un
solo ACONTECIMIENTO o EVENTO: la pandemia del COVID 19,
cuyo monto de $24.576.068.051 excede de la PRIORIDAD del
Contrato de Reaseguro de Exceso de Pérdidas por Riesgo y Evento
en los ramos de Vida y Accidentes Personales celebrado con
REASEGURADORA PATRIA S.A. distinguido con la Nota de
Cobertura número B122420BPLY1010.
SEGUNDA. Que se declare que estos siniestros de muerte de
personas aseguradas causadas por un solo ACONTECIMIENTO o
EVENTO: la pandemia del COVID 19, cuyo monto excede de la
PRIORIDAD del Contrato de Reaseguro de Exceso de Pérdidas por
Riesgo y Evento en los ramos de Vida y Accidentes Personales
distinguido con la Nota de Cobertura B122420BPLY101,
configuran un siniestro con cargo al mismo.
TERCERA. Que se declare que, en adición a lo anterior, también
configuran un siniestro del Contrato de Reaseguro de Exceso de
Pérdidas por Riesgo y Evento en los ramos de Vida y Accidentes
Personales distinguido con la Nota de Cobertura número
B122420BPLY101, los siniestros de muerte de personas
aseguradas causadas por el mismo ACONTECIMIENTO o
EVENTO: la pandemia del COVID 19, que se acrediten en el
proceso arbitral e, incluso, con posterioridad al mismo.
CUARTA. Que se declare que REASEGURADORA PATRIA S.A. se
encuentra en mora de pagar a BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA S.A. su obligación proveniente del Contrato de
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Reaseguro de Exceso de Pérdidas por Riesgo y Evento en los
ramos de Vida y Accidentes Personales distinguido con la Nota de
Cobertura B122420BPLY10, desde el 22 de noviembre de 2020.
QUINTA. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a
REASEGURADORA PATRIA S.A. a pagar a BBVA SEGUROS DE
VIDA COLOMBIA S.A. la suma de $1.230.131.932, así como
también la correspondiente a los siniestros de muerte de personas
aseguradas causadas por el mismo ACONTECIMIENTO o
EVENTO: la pandemia del COVID 19 que se acrediten en el proceso
arbitral e, incluso, con posterioridad al mismo.
SEXTA. Que se condene a REASEGURADORA PATRIA S.A. a
reconocer y pagar a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.
intereses de mora a una tasa equivalente al interés bancario
corriente aumentado en la mitad, desde el 22 de noviembre de
2020 hasta que el pago se produzca, en relación con los siniestros
reclamados en octubre de 2020, y sobre los reclamados en los
meses posteriores, a partir de la remisión mensual de siniestros.
SÉPTIMA. Que se condene a REASEGURADORA PATRIA S.A. al
pago a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. de los gastos
del presente proceso y las agencias en derecho [Archivo
MEMORIAL DEMANDA BBVA SEGUROS CONTRA
REASEGURADORA PATRIA.pdf].
D. El trámite surtido ante el tribunal de arbitramento
1. El Tribunal Arbitral se constituyó el 15 de marzo de
2022 y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá confirmó a sus miembros el 30 de marzo
siguiente, por lo que, se fijó como lugar de funcionamiento la
capital de la República, admitió la demanda y corrió traslado
de esta al extremo pasivo [Sub- carpeta 00. Ordenes procesales y
comunicaciones de Tribunal].
2. La antagonista se opuso a las súplicas del escrito
inicial el 13 de septiembre de 2022 y adujo tres grupos de
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medios exceptivos, a saber: (i) un primer conjunto que
denominó: “LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19 NO HACE
PARTE DE LA COBERTURA DEL CONTRATO”, en el que se
encuentran los siguientes: «inexistencia de acto dispositivo conjunto
o individual que incluyera a la pandemia del covid-19 en la cobertura del
contrato (etapa de formación y conclusión del contrato)»; «el contenido del
contrato permite ver que la pandemia del covid-19 no está en la cobertura
del contrato (contenido del contrato)»; «el comportamiento de las partes
permite ver que la pandemia del covid-19 no está en la cobertura del
contrato (comportamiento de las partes). [la reclamación se dio por «un
giro diferente al esperado»]»; «si existiera ambigüedad respecto de la
cobertura de la pandemia del covid-19, debe resolverse en contra del
estipulante (interpretación contra proferentem)»; y «si existiera
ambigüedad respecto de la cobertura de la pandemia del covid-19, debe
resolverse en contra del estipulante (interpretación contra proferentem)».
La segunda agrupación la tituló: “LA ENFERMEDAD DE LA
COVID-19 Y LAS MUERTES QUE ELLA PUDIERE HABER CAUSADO NO
SON «UN EVENTO». NO SE PUEDEN SUMAR LAS MUERTES, PORQUE NO
HAY UNIVOCIDAD DE EVENTO. LA TESIS DE BBVA SEGUROS NO PASA
EL TEST DE UNIDAD (THE "UNITIES" DOCTRINE)” y en esta planteó
las defensas de «Ausencia de explicación y sustentación de BBVA
SEGUROS. Evade exponer por qué, en su dicho, la pandemia del COVID-
19 es «un evento»; «Tergiversación de las fuentes formales del derecho
colombiano. Injustificado desprecio de la demandante por jurisprudencia
foránea» y; «La enfermedad de la COVID-19 no pasa el Test de Unidad».
Finalmente, en el último que nombró: «AD CAUTELAM»
desarrolló las excepciones relacionadas con que el riesgo aún
de considerarse que se hallaba cubierto «la cuantía no es la que
pretende»; «no probaron el nexo»; «no probaron el pago»; y si se
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determinara que la convocada es responsable «deberán
respetarse los demás límites sustanciales y temporales del contrato»
[Archivo BBVA Seguros de Vida vs Patria - RE - Contestación a
demanda.pdf].
3. En memorial de 25 de noviembre de 2021, las partes
informaron al tribunal de arbitramento que acordaron la
modificación del acuerdo arbitral, cuyo texto presentaron
aclarando que esta nueva estipulación dejaba sin efectos la
cláusula compromisoria primigenia [archivo Reaseguradora
Patria - Comunicaci¾n al Centro - Informa acuerdo en nueva clßusula
c..pdf) y (email.pdf), sub-carpeta Modificación Cláusula Arbitral,
carpeta Proceso Reaseguradora parte 1].
4. Posteriormente, los extremos procesales solicitaron,
de consuno, la suspensión del procedimiento y
reprogramación de las audiencias (13 en. 2023), lo que el
Tribunal consintió hasta el 15 de febrero de esa anualidad,
por lo que después de fijar nueva fecha, llevó a cabo la
audiencia de pruebas a que refiere el artículo 3.25, numeral
1° del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá (13 mar. 2023); no
obstante, dado que las partes el día 17 de ese mes, volvieron
a deprecar la suspensión, se accedió a tal pedimento con
efectos hasta el 18 de abril siguiente [Sub-carpeta 00. Ordenes
procesales y comunicaciones de Tribunal].
5. Atendiendo las contingencias presentadas en el
decurso del trámite, a través de «orden procesal No. 5» de 25
de abril de aquella anualidad, prorrogó el término para
proferir el laudo por seis (6) meses adicionales, contados
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desde el «día 16 de mayo del 2023, conforme obra en la parte
resolutiva de la presente Orden Procesal», estableciéndose
como límite para adoptar el laudo el 12 de noviembre de 2023
[Archivo 05. Orden Procesal N° 5.pdf], el cual, fue corregido en
«orden procesal No. 8» de 31 de octubre de ese año, indicando
que dicho lapso vencería «el día dieciséis (16) de noviembre
de 2023» [Archivo 08. Orden Procesal 8.pdf].
6. Oportunamente, los extremos del diferendo
presentaron sus alegaciones conclusivas y el 8 de noviembre
de 2023 se profirió el laudo arbitral.
E. El laudo impugnado
1. Luego de hallar satisfechos los presupuestos
procesales y escrutado lo atinente a la competencia del
tribunal, abordó las problemáticas sustanciales debatidas en
torno al contrato de reaseguro, la modalidad adoptada en la
convención celebrada por las partes y sus coberturas para
concluir finalmente que prosperaban parcialmente las
aspiraciones de la reclamante, al encontrarse fundadas,
también de manera fragmentaria, una de las excepciones
esgrimidas por la llamada al trámite. En la parte resolutiva,
se dispuso:
«1. Declarar probadas las pretensiones primera, segunda y
tercera, conforme a lo razonado en la parte motiva.
2. Declarar probadas parcialmente las pretensiones cuarta,
quinta, sexta y séptima, conforme a lo arriba analizado.
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3. Denegar las excepciones propuestas por la parte convocada
denominadas: “LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19 NO
HACE PARTE DE LA COBERTURA DEL CONTRATO”, y “LA
ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LAS MUERTES QUE ELLA
PUDIERE HABER CAUSADO NO SON «UN EVENTO». NO SE
PUEDEN SUMAR LAS MUERTES, PORQUE NO HAY UNIVOCIDAD
DE EVENTO”, de conformidad con las consideraciones del
presente laudo.
4. Declarar que se hace lugar parcialmente a la tercera excepción
denominada: “AD CAUTELAM”, en los términos arriba razonados.
5. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se resuelve
dictar las siguientes condenas:
5.1. Condenar a la parte convocada REASEGURADORA PATRIA
S.A a pagar a favor de la parte convocante BBVA SEGUROS DE
VIDA COLOMBIA S.A., la suma de en $828.803.402,55, pesos
colombianos, junto con los intereses bancarios moratorios
previstos en el derecho colombiano, según se peticiona en la
demanda, intereses de mora a una tasa equivalente al interés
bancario corriente aumentado en la mitad, pero desde la fecha de
notificación del presente laudo, según lo certifique la secretaria del
Tribunal.
5.2. Condenar en costas y en agencias en derecho a la parte
convocada, en un setenta por ciento, según se dejó expresado en
la parte considerativa» [Archivo 134693_LAUDO_FINAL.pdf].
2. Ambos extremos de la contienda presentaron
solicitudes de interpretación y corrección, que dieron origen
a que el 8 de marzo de 2024 se profiriera un «laudo
aclaratorio» que declaró infundado el pedimento formulado
por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. e improcedentes
las peticiones elevadas por Reaseguradora Patria S.A. [Archivo
BBVA PATRIA Laudo Aclaratorio Final.pdf].
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II. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
1. El 17 de octubre de la pasada anualidad, esta
Corporación admitió el remedio extraordinario planteado por
la sociedad Reaseguradora Patria S.A. [Archivo: 0041Auto.pdf,
Consecutivo 24 ESAV]
2. La sociedad convocada se opuso al mismo, para lo
cual allegó memorial como soporte de su réplica [Archivo
0044Constancia_secretarial.pdf, Consecutivo 26 ESAV].
III. FUNDAMENTOS DE LA ANULACIÓN
La recurrente invocó la configuración de las causales
que se resumen a continuación:
1. «EL LAUDO CONTIENE DECISIONES QUE
EXCEDEN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE
ARBITRAJE».
Con fundamento en la causal contemplada en el literal
c) del numeral 1º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, la
recurrente alegó que la competencia de los árbitros estaba
restringida a «las controversias entre las partes al Contrato de
Reaseguro, que tenía una vigencia (1 de enero de 2020 a 31 de diciembre
de 2020) y términos específicos»; sin embargo, estos concedieron
«condenas a la convocante por siniestros supuestamente ocurridos
después de finalizada la vigencia del Contrato de Reaseguro contentivo
del acuerdo de arbitraje que a su turno le da su competencia, porque
incluyó en su decisión siniestros del año 2021: en el cual NO fue suscrito
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contrato alguno entre las Partes» (negrilla del texto).
Expresó que el Tribunal Arbitral tomó «como base del 5%
de participación de PATRIA-RE en la alegada pérdida de BBVA- valores
que BBVA dijo que correspondían a siniestros del año 2021,
acumulando todo lo que dijo haber pagado por concepto de
indemnizaciones por muertes causadas por COVID-19 en 2020 y
2021»; por tanto, en su criterio, «terminó concediendo
indemnizaciones de reaseguramiento para un periodo no cobijado por el
Contrato de Reaseguro»; máxime cuando «duplicó el techo máximo de
condena al que podía llegar el Tribunal -sin discutir los varios errores de
fondo que lo llevaron al condenar- pues en lugar de reasegurar los 503
presuntos siniestros cobijados por el contrato, reaseguró de facto, sin
contrato, otros 526 siniestros ocurridos en el año 2021», grupo de
siniestros que constituían el 51% de la condena que, «no
estaban reasegurados por ningún contrato entre las partes, pero sí
resultaron reasegurados por el laudo internacional proferido motu
proprio o en el vacío, sin competencia para ello», lo cual, derivó de «un
error de atención sobre los propios límites de la competencia que duplica
el alcance económico del fallo».
De esta manera, afirmó la impugnante, el colegiado
«excedió (…) la ejecución de su mandato jurisdiccional convencional»
decidiendo sobre un asunto «no cobijado por el acuerdo de
arbitraje, que era su única y limitada fuente de competencia
convencional para decidir»; lo cual, no era más que «un craso error
de atención y de negligencia que, con o sin dolo, llevó al Tribunal a decidir
sobre fechas y datos extracontractuales», dado que, no quiso
enmendarlo al momento de dirimir su solicitud de corrección
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matemática del laudo.
2. «EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL NO SE AJUSTÓ AL
ACUERDO DE LAS PARTES – A LOS ÁRBITROS SE LES VENCIÓ EL
TÉRMINO REGLAMENTARIO PARA EMITIR EL LAUDO
ACLARATORIO, EL CUAL PRORROGARON UNA VEZ VENCIDO Y
ACTUANDO SIN COMPETENCIA, VICIANDO TODO EL
PROCEDIMIENTO ARBITRAL».
Con sustento en el motivo previsto en el literal d) del
numeral 1º del artículo 108 del estatuto arbitral, la
impugnante pidió la anulación del laudo por cuanto el panel
arbitral «dejó vencer el término de 30 días previsto en el artículo 3.35
del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de
Comercio de Bogotá para emitir la decisión complementaria de la
sentencia arbitral, y posteriormente lo intentó prorrogar cuando ya
estaba vencido»; en mayor medida porque «las solicitudes de
corrección presentadas por las partes debían ser resueltas dentro de los
30 días calendario siguientes, respectivamente, al 1 de diciembre de
2023 y al 11 de diciembre de 2023. Estos términos vencieron, con
silencio del Tribunal, respectivamente el 31 de diciembre de 2023 y el 10
de enero de 2024», momento para el cual el comentado plazo de
30 días había fenecido, desacatando el «acuerdo de procedimiento
entre las partes al que se refiere la causal de anulación invocada,
vinculante y obligatorio para el Tribunal».
Corolario de ello, esgrimió que se configuró «una falsedad
documental» porque se «[prefechó] irregularmente una decisión que
presuntamente fue realmente adoptada el 24 de enero de 2024, y que
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fue notificada en esta última fecha, no en diciembre»; toda vez que, al
verificar las propiedades del documento electrónico (.pdf) con
calenda 28 de diciembre de 2023, «que contiene la decisión de
prórroga notificada - supuestamente- un mes y cuatro días después de
la fecha en que supuestamente fue adoptada» mediante el comando
Ctrl + D, en su criterio, se observa que ese archivo «no fue
creado en la fecha que dice el texto del documento, el 28 de diciembre de
2023, sino que esto ocurrió el 24 de enero de 2024 a las 9:48:53 a.m. -
ese fue el momento en que fue creado el documento que contiene la
decisión arbitral, el .pdf-; menos de 10 minutos antes de haber sido
enviada la decisión a las partes por correo electrónico».
Concluyó que era indudable que «el Laudo Impugnado, el
laudo completo, fue emitido por fuera del término que era de obligatorio
cumplimiento bajo las reglas procedimentales acordadas por las partes
y aceptadas por los árbitros», toda vez que «la providencia
complementaria del 10 de marzo de 2024 hace un todo con la providencia
expedida el 8 de noviembre de 2023, conforme lo disponen tanto el
Reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá como el artículo 106
de la Ley 1563 de 2012».
3. «EL LAUDO ES CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO
INTERNACIONAL DE COLOMBIA».
Con fundamento en la causal prevista en el literal b) del
numeral 2º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, la
convocante solicitó la anulación del laudo, porque estima que
se transgredieron principios de ius cogens u orden público
internacional de Colombia, por cuanto, (i) «los árbitros delegaron
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su indelegable jurisdicción – reconocen en el laudo que la valoración de
las pruebas, para determinar la condena, la hizo la secretaria del
tribunal y no los árbitros»; (ii) «los árbitros derogaron ad hoc el alcance
general, homogéneo, homogeneizador y trasnacional de las normas
internacionales de información financiera (NIIF), que hacen parte del
orden público internacional de Colombia por ser el lenguaje económico
que permite la existencia del comercio internacional y de la fiscalización
contable fidedigna» y; (iii) «los árbitros aplicaron por analogía una norma
sancionatoria – el artículo de agencias en derecho del CGP, que estaba
expresamente excluido por las partes del acuerdo de arbitraje».
3.1. En cuanto al primer aspecto, enunció que los
árbitros quebrantaron el debido proceso en el trámite arbitral
al delegar la valoración probatoria en la secretaria de ese
cuerpo colegiado, en tanto, «[e]n el Laudo obra expresa
manifestación de que las conclusiones sacadas sobre las Pruebas
documentales C-15, C-16 y C-17 son las que la Secretaria le dijo al
Tribunal que estas decían», porque en la página 95 de esa
providencia, se enunció que «“Los riesgos asegurados a la
reaseguradora, consistentes en los cúmulos de siniestros acaecidos y
soportados por la aseguradora con relación a los seguros de vida y
accidentes personales, se hallan demostrados, según lo anunció la
secretaria al Tribunal, por petición que se le realizó”».
Con base en ello, afirmó que «[esa] confesión de delegación
del poder jurisdiccional en funcionario carente de habilitación
convencional ni constitucional para ello, constituye plena prueba de que
el Laudo es contrario al orden público internacional de Colombia» y, por
tanto, «los árbitros delegaron negligentemente su indelegable
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jurisdicción -que incluye la potestad, derecho y deber, de valorar las
pruebas del proceso ellos mismos (principio de inmediación)», tanto
más, «[l]a declaración de estar demostrados “los cúmulos de siniestros
acaecidos y soportados por la aseguradora” no la podían hacer los
árbitros sino motu proprio, no por interpuesta persona».
Sostuvo que esa presunta delegación «de la jurisdicción en
la Secretaria, por efecto del error de atención que esta cometió al tener
en cuenta valores del año sin contrato, llevó al Tribunal a tener en sus
cálculos muertes y otros datos reportados en un espacio temporal
diferente de la vigencia 2020» insistiendo en que, esa anualidad,
era la «única cobijada por el Contrato de Reaseguro de este caso (1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020), que es, entre otras cosas, la
única vigencia frente a la que el Tribunal tenía competencia para
pronunciarse» y, por contera, dicho yerro «[l]levó a que los árbitros
delimitaran para efectos de la condena impuesta en el laudo un universo
de 1026 muertes y datos, cuando solo podían tenerse, en principio, 503
muertes y datos individuales, que eran los que correspondían a un (1)
año de vigencia de contrato, no a dos (2) años, porque para el segundo
año no había contrato de reaseguro».
3.2. Frente al segundo tópico, aseveró que el Tribunal
derogó ad hoc «el régimen existente en Colombia y en la mayoría del
mundo contemporáneo llamado Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS en inglés)» porque en su opinión, «se inventaron que
a las aseguradoras les aplica un régimen contable diferente -no
identificado siquiera en la decisión al (sic) de las NIIF sobre las cuales se
basó el dictamen pericial practicado en el proceso sobre este punto de
hecho -si BBVA pagó o no pagó los siniestros en las cuantías que dijo»,
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teniendo por comprobada la cuantía y ocurrencia del
siniestro reasegurado «con el solo dicho de la propia parte que pedía
las condenas» sin ningún tipo de soporte contable de egreso;
cercenando «el principio básico de trato equitativo de las partes,
reflejado en el artículo 91 del Estatuto Arbitral» al evidenciarse un
estándar probatorio desigual, dado que le «desechó un dictamen
pericial sustentado y no contradicho con mejor prueba, por razón
arbitraria que atenta contra la seguridad jurídica del país por su
manifiesto excepcionalísimo en el entendimiento de la naturaleza y
alcance [de] la contabilidad».
Lo anterior, porque en la página 97 del laudo, el
Tribunal consideró que «[l]a contadora-auditora, Deicy Suárez,
señala que no pudo evidenciar el pago, pero no tiene experiencia en
contabilidad de seguros, tampoco conoce las normas de seguros, ni la
operatividad administrativa y contable en la materia, ni el modo como se
acredita el pago de una obligación aseguraticia, de modo tal, que su
credibilidad para el Tribunal resulta desvanecida», afirmación ésta
que, en su opinión, descalificó el dictamen técnico contable
presentado por aquella, «sobre que no está demostrada la cuantía
de la pérdida objeto de reaseguro según la pretensión de la Demandante
conforme a las leyes y a la ciencia de la contabilidad», aseveración
que «es completamente contraria al alcance general y homogéneo que el
ordenamiento jurídico colombiano le confiere a las NIIF, conforme se
deduce nítidamente de la Ley marco 1314 de 2009».
3.3. Con todo, refirió en torno al último tema que los
árbitros aplicaron analógicamente preceptos sancionatorios
sobre costas procesales (arts. 365 y 366 C.G.P.) que las
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partes habían excluido del procedimiento, pues ellas
acordaron que el panel arbitral debía «limitarse a aplicar las
disposiciones del Reglamento en la materia»; a pesar de lo anterior,
se «concedió (…) a la Demandante unas agencias en derecho bajo ley
procesal colombiana y conforme a las tasas del Consejo Superior de la
Judicatura, decisión completamente imprevisible en tanto comporta un
cambio de reglas de juego, pues, como consta en la Orden Procesal No.
1, el CGP no era parte de la ley adjetiva del trámite arbitral».
Coligió que condenarla «por costos jurídicos desechando
ilícitamente el Reglamento y los mismos parámetros que para otros
rubros (peritos, por ejemplo, fueron aplicados), llevó a una
cuadruplicación de la condena en costas. Pues cumpliendo la ley adjetiva
aplicable, la condena habría tenido que ser, objetivamente, de
COP$18.055.125»; empero, contrario a ello, y con vulneración
de las fuentes del derecho aplicables «optó el Tribunal por aplicar
analógicamente reglas sancionatorias [colombianas] que difieren del
procedimiento acordado en el pacto arbitral; resultando todo ello en una
condena de COP$82.880.340, que supera en 4.5 veces el razonamiento
aplicable bajo el Reglamento».
IV. OPOSICIÓN DEL VINCULADO
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se pronunció
respecto del escrito de impugnación, refiriéndose a la
naturaleza del recurso de anulación, el alcance de las
causales invocadas por la recurrente, haciendo la réplica
correspondiente frente a las mismas, y pidió declarar
infundado el remedio extraordinario [Archivo:
0044Constancia_secretarial.pdf, Consecutivo 26 ESAV].
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V. CONSIDERACIONES
1. De acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del
artículo 68 de la Ley 1563 de 2012, esta Corporación es
competente para resolver los recursos de anulación
formulados contra laudos proferidos en trámites arbitrales
de naturaleza internacional, con sustento en las causales
taxativamente previstas en la ley, supuestos que se
configuran en el presente asunto.
Lo anterior, por cuanto la providencia impugnada es el
laudo arbitral internacional adiado 8 de noviembre de 2023,
no interpretado ni corregido según se dispuso en providencia
de 8 de marzo de 2024, determinaciones que profirió un
tribunal arbitral administrado por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya sede
fue la capital de la República de Colombia, integrado para
dirimir la controversia planteada por la sociedad BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. de origen colombiano contra
Reaseguradora Patria S.A., persona jurídica constituida bajo
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, porque se ha cumplido con el traslado
de rigor que prevé el artículo 109 del estatuto arbitral, por lo
que es del caso que, sin que haya lugar a más trámite, se
profiera la sentencia correspondiente que desate la
impugnación impetrada.
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2. El canon 107 ibidem establece que frente al laudo
arbitral procede el recurso de anulación limitándolo
solamente a los motivos previstos en el canon 108 eiusdem;
además, restringe la posibilidad de que la autoridad judicial,
en este caso la Corte, se pronuncie «sobre el fondo de la
controversia» o califique los «criterios, valoraciones probatorias,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral».
Al respecto, la Sala ha considerado que:
Su procedencia está restringida en gran medida, y de manera
particular porque solo es dable alegar a través de él las precisas
causales que taxativamente enumera la ley con lo que es bastante
para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su
naturaleza jurídica especial así advertida, sube más de punto si se
observa que a través de dichas causales no es posible obtener,
stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros
pueda ser reexaminada (…). No se trata, pues, de un recurso para
revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante
arbitramento, como en tal caso, entre otras cosas, muy fácil
quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de
administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada
habrían avanzado las partes (…). Por el contrario, las causales de
anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje,
y están inspiradas porque los más preciados derechos de los
litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación
procesal del arbitramento” (Sentencia 13 de junio de 1990).
Posteriormente señalo: “Por esta vía no es factible revisar las
cuestiones de fondo, que contenga el laudo ni menos aún las
apreciaciones críticas, lógicas o históricas en que se funda en el
campo de la prueba, sino que su cometido es el de controlar el
razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral” (CSJ SC de
21 de feb. de 1996, Rad. 5340, criterio reiterado en CSJ,
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SC5677-2018, 19 dic., y CSJ, SC4887-2021, 3 nov.).
3. Bajo el anterior panorama, la Sala soló está
habilitada para emprender el estudio del laudo con
observancia de las causales previstas en el artículo 108 del
estatuto arbitral, bien aquellas que pueden declararse a
solicitud del recurrente (numeral 1º) o por los motivos que
admiten resolución oficiosa (numeral 2º).
En ese orden, las reservadas al impugnante son las
siguientes:
a) «Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada
por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a
este respecto, en virtud de la ley colombiana»; o
b) «Que no fue debidamente notificada de la designación de un
árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por cualquiera
otra razón, hacer valer sus derechos»; o
c) «Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del
acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las
que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas»; o
d) «Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho
acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta sección de la
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que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no
se ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley».
Las causas que la autoridad judicial puede analizar de
oficio son solo dos, a saber: a) cuando conforme a la
legislación patria «el objeto de la controversia no es susceptible de
arbitraje»; o b) en el evento en que el «laudo sea contrario al orden
público internacional de Colombia».
Con todo, ha de tenerse en cuenta que al ser el recurso
de anulación un mecanismo extraordinario, las
irregularidades en que se encuadran las causales referidas,
debieron ser alegadas por el recurrente en el marco del
trámite arbitral, pues, este medio excepcional no es una
instancia adicional para debatir a última hora situaciones
que pudieron remediarse en el escenario natural y a través
de las herramientas allí dispuestas.
4. En el sub examine, se abordará el alcance de las
causales argüidas por la sociedad recurrente en el orden
propuesto, para luego entrar en el estudio concreto del caso.
4.1. «Que el laudo versa sobre una controversia no
prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones
que exceden los términos del acuerdo de arbitraje (…)».
4.1.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la
Ley 1563 de 2012, el acuerdo de arbitraje es aquel mediante
el cual las personas convienen someter a dicho mecanismo
alternativo de solución de conflictos «todas o algunas
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controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de
una determinada relación jurídica, contractual o no».
Una de las características principales que se desprende
de esta definición es que impera el principio de «voluntariedad
o libre habilitación», esto es, que los interesados mediante un
negocio jurídico acuerdan autónomamente supeditar sus
conflictos al conocimiento de un tercero, de ahí que deciden
«sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de
administración de justicia y atribuirla a particulares» (Corte
Constitucional, sentencia C-170 de 2014).
En virtud de este axioma, las partes pueden convenir
tópicos como la conformación del panel arbitral o si debe
dirimirse el caso por árbitro único; el lugar de
funcionamiento, el centro de arbitraje ante el cual se surtirá
el trámite, sus reglas y la ley aplicable en lo atañedero a los
aspectos sustanciales y procedimentales.
4.1.2. Del motivo aludido se desglosan dos hipótesis
que habilitan la invalidación del laudo, esto es, que aquél
resuelva sobre materias no contempladas en el acuerdo de
arbitraje, o que contenga decisiones que exceden los
términos de éste.
En lo atinente al primer evento, esta Sala ha adverado
que:
(…) ante esa competencia delegada que tienen los árbitros, estos
únicamente están llamados a pronunciarse en relación con las
especificas materias que de forma indubitable quisieron las partes
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sustraer de la jurisdicción ordinaria, y que sean susceptibles de
ser resueltas por medio de arbitraje, motivo por el cual, se podrá
anular el laudo cuando el tribunal de arbitramento decide sobre
aspectos no comprendidos en el pacto arbitral; de tal manera que
la configuración o no de dicha causal se determina a partir de una
comparación objetiva entre el contenido del acuerdo arbitral y el
objeto de la controversia definida por los árbitros, amén que
cualquier otra consideración implicaría una intervención
inadmisible al aspecto sustancial, que le está vedada al juez de la
anulación» (CSJ, SC5677-2018, reiterada en CSJ,
SC4887-2021).
En cuanto a que el laudo rebasó lo dispuesto por los
contrincantes en el «acuerdo de arbitraje», esta Corporación ha
dicho que:
(…) hace referencia a un exceso en la decisión arbitral, esto es, que
los árbitros resuelven parcialmente por fuera de lo autorizado en
el pacto, evento en el cual la valoración de su configuración o no
debe realizarse con idéntico rigor que en el anterior, pero como bien
lo autoriza el propio ordenamiento ‘si las disposiciones del laudo
que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, solo se podrán anular estas
últimas’, permitiendo de esta forma que se mantengan incólumes
aquellas determinaciones que sí estuvieron ajustadas a los
precisos senderos convenidos en el pacto arbitral» (Ibidem).
4.1.3. Como se observa, en este motivo de invalidez la
autoridad judicial realiza un examen objetivo entre la
cláusula compromisoria y lo decidido por el juzgador arbitral;
por ende, la labor del recurrente se encamina a demostrar el
desatino en que se incurrió en el fallo, eso sí, sin que puedan
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discutirse aspectos sustanciales del litigio ni tampoco la
valoración probatoria, como tampoco son admisibles
elucubraciones alambicadas para acreditar la procedencia de
aquella causal de anulación, pues el desacierto denunciado
debe aparecer nítido en la determinación combatida, esto es,
que sea manifiesto que el Tribunal estudió temas no
previstos por los adversarios en el acuerdo de arbitraje, o que
hubiese excedido los términos de ese convenio.
Adicionalmente, «para determinar el alcance del pacto deberá
acudirse a las reglas de interpretación del negocio jurídico, así como al
principio pro-arbitraje, teniendo en cuenta su amplitud o limitación, al
igual que la remisión que hagan las partes a las reglas que han de
gobernarlos» (Ídem).
Finalmente, ha estimado la jurisprudencia de esta Corte
que, tratándose de la causal en comento, no es posible
recurrir a la «congruencia prevista en el procedimiento civil colombiano,
ya que, en dicho ámbito, la figura se encuentra referida, no al contenido
de actos como el «pacto arbitral», sino al texto de la demanda, según se
infiere del artículo 281 del Código General del Proceso» (CSJ, SC5207-
2017, citada en CSJ, SC4887-2021).
4.2. «Que la composición del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre
las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en
conflicto con una disposición de esta sección de la que
las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho
acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas
en esta sección de la ley».
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4.2.1. Como se indicó al inicio de esta motiva, una de
las características primordiales del arbitraje es la
«voluntariedad o libre habilitación», la cual se concreta, entre
otros aspectos, en la posibilidad que tienen los contendientes
para definir la conformación del Tribunal arbitral y las
pautas con las que han de adelantarse las diligencias.
En relación con al primer ítem, el artículo 72 de la Ley
1563 de 2012 establece que «[l]as partes podrán determinar
libremente el número de árbitros, que, en todo caso, será impar. A falta
de tal acuerdo, los árbitros serán tres». En este caso, operará la
anulación del laudo cuando se desconozca la autonomía de
los adversarios en la determinación del número de árbitros,
en las calidades que deben ostentar o en el método para su
elección.
Por otro lado, el canon 92 ibidem también instituye la
facultad de los interesados de ajustar el procedimiento del
arbitraje o pactar que se haga conforme a un reglamento en
particular, «sin necesidad de acudir a las normas procesales
de la sede del arbitraje»; en caso contrario, esa potestad la
asume el tribunal arbitral, que podrá fijar las reglas del
litigio, incluyendo lo concerniente a la «admisibilidad, la
pertinencia y el valor de las pruebas».
4.2.2. Sobre la eventualidad de que sean los
adversarios quienes acuerden el trámite del arbitraje, ha sido
la postura de esta Corporación que tal habilitación:
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(…) constituye una exteriorización más del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, que permite a las partes convenir
libremente el procedimiento al que deberán ajustarse los árbitros
en todas sus actuaciones, ya sea a partir de criterios particulares
como son: número y forma de designación y calidad de los árbitros
y su forma de reemplazarlos de ser necesario, idioma que se
utilizará en las actuaciones, aportación de pruebas, práctica de
audiencias, términos, entre otros, sin que en todo caso tenga un
carácter absoluto, habida cuenta que se deberán (sic) tomar en
consideración que aquellas estipulaciones no contraríen algunas
directrices fijadas en la ley y que resulten de imperativo
acatamiento, como sería en (sic) trato igualitario o que cada una
de ellas tenga plena oportunidad de hacer valer sus derechos (art.
91 ley 1563 de 2012). También podrán acordar que el arbitraje se
sujete a las reglas preestablecidas en un determinado reglamento
arbitral, como serían los referidos en la Ley Modelo de la CNUDMI,
la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional, o la
Cámara de Comercio Internacional, entre otros (CSJ, SC5677-
2018, reiterada en CSJ, SC4887-2021).
Ahora, si es el juzgador quien fija el procedimiento del
litigio, la Corte ha considerado que «los árbitros dirigirán el
arbitraje del modo que consideren apropiado, sin que les resulte forzoso
acudir a las normas procesales que rigen en la sede del arbitraje, salvo
que las partes hayan pactado una ley procesal diferente, pero haciendo
efectiva la garantía ius fundamental al debido proceso, atendiendo para
ello los parámetros que en general prevé la ley para el ejercicio de la
función arbitral, acorde con las facultades que se reconocen en los
convenios internacionales avalados por Colombia» (ibidem).
4.2.3. Así las cosas, esta causal se configura, de un
lado, cuando el juez arbitral adelanta el juicio apartándose
de las pautas convenidas por los contendientes o, en
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ausencia de ello, desatiende el reglamento previamente fijado
por aquel.
En palabras de la Corte:
Se tiene entonces, que la causal de anulación referida en el literal
d) del citado artículo 108 se puede configurar, cuando el tribunal
desatiende injustificadamente aquellas pautas de procedimiento
fijadas por las partes, bien por definición directa o por remisión a
un reglamento arbitral, siempre que la omisión recaiga sobre todo
el trámite y no de una actuación determinada, o que con ello se
haya vulnerado el derecho de contradicción y defensa y, pese a
ser puesto en conocimiento del tribunal por el afectado, no se
hubieran adoptado las medidas para superar la vulneración, caso
contrario, si estas no hacen manifestación alguna en relación con
la mecánica procesal, no habrá lugar a cuestionamientos
posteriores.
También se configura cuando sin que medie autorización expresa
de las partes para que se profiera un fallo en equidad, el tribunal
procede así, dejando de aplicar las normas que aquellos acordaron
para la definición del caso» (ídem).
4.3. «El laudo sea contrario al orden público
internacional de Colombia».
4.3.1. Este motivo propende por la guarda del orden
público internacional del Estado, lo que se justifica por el
imperativo que tienen todas las autoridades de velar por su
defensa y la de los principios básicos fundamentales del
ordenamiento o instituciones del país; sin embargo, aquél no
es igual al orden público interno, el que concibe normas
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locales de carácter imperativo que mal podrían derogarse por
convenios particulares (art. 16 C.C.).
Bajo ese panorama, de vieja data esta Corte ha señalado
que:
(…) de entre las distintas concepciones doctrinarias que se
preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de
‘orden público’ a límites razonables y evitar que su empleo pueda
llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun
ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales inmersos
también en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al
menos en el entorno continental americano… es aquella que
entiende y define al ‘orden público’ como una cláusula de
reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley
extranjera, calificada normalmente como la competente
para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no
obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en
forma manifiesta los principios fundamentales en que se
inspira el ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe
olvidarse que… lo que en este plano le concierne al ‘orden público’
es, en último análisis, un problema de justicia que obliga a advertir
la evolución de ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen
que por lo tanto ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos
actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones que
cual ocurre por ejemplo con los Arts. 19 y 20 del C. Civil
colombiano, al tomarlas de manera aislada traen como resultado
el hacer prevalecer un ‘orden público’ defensivo y destructivo, no
así el ‘orden público’ dinámico, tolerante y constructivo que
reclama la comunidad internacional en el mundo
contemporáneo» -negrilla para enfatizar- (CSJ, SC 5 nov.
1996, rad. 5130).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
29
4.3.2. Sobre el “alcance” de la referida noción, más
adelante precisó:
(…) c. La noción de “orden público” en el “Derecho Internacional
Privado”, concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar que es
diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el
“Privado Interno”, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar
a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico,
se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera
cuando se demanda el “reconocimiento y ejecución de un fallo
foráneo”.
d. En procura de generar alguna ilustración al respecto, se tiene,
por ejemplo, que en Alemania el "orden público internacional",
también denominado "orden público absoluto", o "cláusula de
reserva", se ha explicado esquemáticamente de la siguiente
manera: “En una comunidad internacional existen principios
básicos comunes, que reflejan el tipo de civilización o de formación
jurídica a que pertenece ese grupo de países. Por ello no existe
inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque
difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos
de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la
sentencia que la aplica se basan en principios no sólo diferentes
sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que
aquellas pretenden aplicarse, los jueces de este Estado pueden,
excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que
se aparta de esa comunidad de principios”1.
Por su lado el Tribunal Supremo de España consideró que el “orden
público internacional” es posible entenderlo como “(…) el conjunto
de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos,
morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios
1 BARTIN, citado por Marco Gerardo MONROY CABRA, en “Liber Amicorum”, homenaje al
profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.
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para la conservación del orden social en un pueblo y en una época
determinada”2.
En suma, el concepto que acoge el “Derecho Internacional Privado”
es el de "orden público internacional" que difiere de la noción de
“orden público interno”, que en palabras de Werner
GOLDSCHMIDT "constituye la barrera de la autonomía de las
partes y abarca la totalidad del derecho civil coactivo”. 3 (…)
(CSJ, SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00).
Con similar temperamento, esta Colegiatura esbozó:
(…) El Ordenamiento Público Internacional es el límite que fija el
legislador o el constituyente a la autonomía de la voluntad en el
marco de las relaciones obligatorias que entrelaza a los diferentes
sujetos de derecho en el territorio nacional; esta frontera y marco,
realmente corresponde a un tinglado de normas imperativas de
naturaleza constitucional y legal que se imponen como obligatorias
para las partes cuando estipulan actos jurídicos, porque no
pueden ser derogadas ni desconocidas en las convenciones que
celebren.
Ahora el concepto de orden público internacional privado es la
excepción (entendida como cláusula de reserva) frente al gobierno
de la norma sustancial extranjera designada por la ley de
conflicto, aplicable, por ejemplo, al reconocimiento y ejecución de
decisiones extranjeras, cuando están en contraposición a los
principios de un Estado, de su ideología o de los principios
esenciales, con el propósito de salvaguardarlos. Por esta razón,
según la doctrina consiste en “(…) una excepción a la aplicación
2 Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando ÁLVAREZ LONDOÑO y otros. Derecho
Internacional Privado - Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.
3 Werner GOLDSCHMIDT. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos
Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.
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normal de las leyes extranjeras o de las sentencias o laudos
proferidos en el exterior”4.
En el punto, esta Corte, ya ha expuesto que “(…) consiste en
cualquier principio indispensable para la salvaguardia de la
sociedad que aquellos representan, principios referentes como se
sabe a los intereses esenciales de los países dadas las ideas
particulares en ellos imperantes en la época y que pueden ser
intereses políticos, morales, religiosos o económicos”5. Y lo ha
repetido, por ejemplo, en la sentencia del 29 de febrero de 1996;
también lo ha hecho la Corte Constitucional en la sentencia C-410
de abril 25 de 2001, definiéndolo de manera un tanto análoga.
De consiguiente, es un medio de protección, de defensa y de
preservación de los postulados fundamentales de un sistema
jurídico, de sus intereses esenciales en su estructura económica,
política, social o ética, razón por la cual, su naturaleza es privativa
e interna de cada Estado, frente al desequilibrio, perturbación o
desorden que pueda engendrar la aplicación de una norma
extranjera.
Sin embargo, ese broquel no puede tornarse en un medio para
destruir la integración regional, la cooperación entre los diferentes
pueblos y los procesos de unificación justificando nacionalismos
falsos, egoístas y aislacionistas. (…) (CSJ, SC12467-2016,
reiterada en CSJ, SC5288-2021).
Y en otro veredicto, añadió:
(…) Es pertinente resaltar que en Colombia a diferencia de lo que
ocurre en otras latitudes y lo previsto en las convenciones de New
4 Holguín Holguín, Carlos, “La noción de orden público en el campo internacional” en
Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, núm. 290-29, agosto
de 1990 a febrero de 1991, pp. 9 y ss.
5 CSJ. Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de julio de 1994.
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York y Panamá o la Ley Modelo de Arbitraje, constituye motivo
para no reconocer un laudo internacional o declarar su anulación
que el laudo sea contrario al orden público «internacional» del país;
expresión esta con la cual se da una mayor concreción al concepto,
una visión más internacionalista y, por ende, se da una aplicación
más restringida, ajustándose así a las nuevas tendencias de
internacionalización de la economía o globalización de los
mercados» (CSJ, SC5677-2018).
4.3.3. Ahora bien, con apoyo en la Resolución 2/2002
adoptada por la International Law Association durante su
LXX Conferencia Bienal celebrada en Nueva Delhi, India, la
Sala ha acogido la subdivisión del concepto que se comenta
en las vertientes de “orden público internacional sustantivo” y
“orden público internacional procesal”, en punto de las cuales
demarcó:
(…) “Dentro de la categoría de ‘orden público internacional
sustantivo’ se encontrarían los principios de ‘no abuso de los
derechos’, ‘buena fe’, ‘fuerza obligatoria del contrato’, ‘prohibición
de discriminación y expropiación sin indemnización’ y ‘prohibición
de actividades contrarias a las buenas costumbres, como la
proscripción de la piratería, el terrorismo, el genocidio, la
esclavitud, el contrabando, el tráfico de drogas y la pedofilia’.6
“Y en la de ‘orden público internacional procesal’ se incluyen
las garantías fundamentales que permitan asegurar la defensa y
un juicio ecuánime, como el derecho a recibir una adecuada
notificación, una oportunidad razonable de defensa, igualdad
entre las partes y un procedimiento justo ante un juzgador
6 Informe Provisional Conferencia de Londres en junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal
celebrada en Nueva Delhi del 2 al 6 de abril de 2002, en: www.ila-hq.org.
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imparcial”» -negrilla añadida- (CSJ, SC8453-2016, citada en
CSJ, SC5288-2021).
4.3.4. En la materia que concita el estudio de la Corte,
el orden público internacional de Colombia bien puede
abarcar, entre otros tópicos, «las conductas relacionadas con el
ejercicio abusivo de los derechos, transgresiones manifiestas a los
postulados de la buena fe y de la imparcialidad del tribunal arbitral, así
como irregularidades violatorias del debido proceso, debiéndose
considerar para la procedencia de este último supuesto en el ámbito del
arbitraje internacional, que no se haya producido la ‘renuncia al derecho
de objetar’ a que se refiere el artículo 66 ibídem» (CSJ, SC5677-2018,
reiterada en CSJ, SC5288-2021).
5. Con venero en el anterior marco conceptual y
jurisprudencial, la Sala considera que el presente recurso
extraordinario de anulación deberá declararse infundado,
con base en lo siguiente:
5.1. El primer embate, la censora lo encauzó bajo el
abrigo de la causal contemplada en el literal c) del numeral
1º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, pues a su juicio,
el Tribunal Arbitral «excedió (…) la ejecución de su mandato
jurisdiccional convencional» resolviendo sobre un asunto «no
cobijado por el acuerdo de arbitraje (…)»; en tanto, aquella
competencia se circunscribía a «las controversias entre las partes
al Contrato de Reaseguro, que tenía una vigencia (1 de enero de 2020 a
31 de diciembre de 2020) y términos específicos»; no obstante, estos
concedieron «condenas a la convocante por siniestros supuestamente
ocurridos después de finalizada la vigencia del Contrato de Reaseguro
contentivo del acuerdo de arbitraje que a su turno le da su competencia,
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porque incluyó en su decisión siniestros del año 2021: en el cual NO fue
suscrito contrato alguno entre las Partes». Por tanto, los árbitros
decidieron «sobre fechas y datos extracontractuales», al conceder
«indemnizaciones de reaseguramiento para un periodo no cobijado por el
Contrato de Reaseguro».
5.1.1. Empero, si se repara en el «acuerdo de arbitraje»,
se advierte con facilidad que la crítica del impugnante dista
mucho del marco de configuración de la causal invocada y,
en cambio, revela una disconformidad de la impugnante con
la valoración de las pruebas realizada por los árbitros.
En efecto, en el artículo XIV del contrato de reaseguro
celebrado por las partes se pactó que las controversias
asociadas debían someterse al mecanismo hetero
compositivo del arbitraje, estipulación que fue sustituida por
el acuerdo arbitral celebrado por las partes allegado en el
trámite de arbitramento (25 nov. 2021), indicándose que la
nueva cláusula compromisoria «no solo deja sin efectos su
predecesora o cualquier disposición anterior que hiciera alusión a la
arbitrabilidad de controversias derivadas del contrato a que accedía,
sino que recoge, entre otras cosas, lo relativo a la designación de la
institución arbitral nominadora y administradora, así como las reglas
aplicables» [archivo Reaseguradora Patria - Comunicaci¾n al Centro -
Informa acuerdo en nueva clßusula c..pdf) y (email.pdf), sub-carpeta
Modificación Cláusula Arbitral, carpeta Proceso Reaseguradora parte
1].
Según el tenor literal de la indicada cláusula, el objeto
del arbitraje recaía sobre «[c]ualquier controversia o diferencia entre
las partes que surja o esté relacionada con este Contrato, relativa a su
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
35
celebración, interpretación, ejecución, terminación o liquidación, será
resuelta por un Tribunal de Arbitramento que funcionará en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (el “Centro”)
(…).
5.1.2. Luego, si fue la voluntad de las partes
enfrentadas atribuir a la «justicia arbitral» amplia
competencia para zanjar «[c]ualquier controversia o diferencia entre
las partes que surja o esté relacionada con este Contrato», que derive
de la «celebración, interpretación, ejecución, terminación o liquidación»
(se subraya) del contrato de Reaseguro de «Exceso de Pérdidas
por Riesgo y Evento de Vida y Accidentes Personales», resulta
contradictorio el reproche formulado por la recurrente para
derruir los razonamientos y las valoraciones realizadas por el
Tribunal Arbitral respecto de la interpretación de los
elementos suasorios y las condiciones particulares que
abrigaban esa convención; máxime cuando, no planteó, como
medio defensivo en el proceso arbitral, los argumentos que
sustentan la causal invocada.
Y es que sólo en los alegatos conclusivos, la convocante
expuso que «523 de los registros allí contenidos pertenecen a
presuntos fallecimientos del año 2021. En otros términos, 50,9% de los
registros totales corresponden a muertes ocurridas fuera de la vigencia
del Contrato (1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020)»,
asegurando que la circunstancia de que «más de la mitad de los
registros que hacen parte de sus pretensiones sean de vigencias
diferentes a la cubierta en el Contrato dice mucho de lo inviable de la
tesis de BBVA SEGUROS, pero, sobre todo, de su comportamiento,
ciertamente reprochable, porque a sabiendas de ser aspectos que nada
tienen que ver con el Contrato fueron incluidos para elevar el monto de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
36
sus aspiraciones económicas»; empero, como se enunció, lo
precedente no fue materia de objeción a la acción arbitral y,
no es este escenario extraordinario, propicio para plantear
elucubraciones al respecto.
5.1.3. Bajo ese panorama, refulge diáfano que lo
anhelado por la recurrente, en últimas, no es más que
debatir en el presente escenario las consideraciones de orden
sustancial y probatorio contenidas en el laudo sobre la
interpretación de las estipulaciones contractuales y los
hechos materia de la decisión, lo que sin duda, desatiende el
carácter extraordinario de este mecanismo, el cual, no puede
ser utilizado como una instancia adicional para confrontar el
parecer del interesado con lo resuelto por el juez arbitral, ni
ahondar en si los medios suasorios fueron correcta o
incorrectamente apreciados.
Si lo que pretendía discutir Reaseguradora Patria S.A.
era el valor de las condenas que se le ordenó pagar, porque,
en su sentir, el laudo «duplicó el techo máximo de condena al que
podía llegar el Tribunal -sin discutir los varios errores de fondo que lo
llevaron al condenar- pues en lugar de reasegurar los 503 presuntos
siniestros cobijados por el contrato, reaseguró de facto, sin contrato, otros
526 siniestros ocurridos en el año 2021», grupo de siniestros que
constituían el 51% de la condena, los cuales «no estaban
reasegurados por ningún contrato entre las partes, pero sí resultaron
reasegurados por el laudo internacional proferido motu proprio o en el
vacío, sin competencia para ello»; ese es un reproche que, bajo la
causal implorada, no tiene vocación de prosperidad, como se
deriva de la explicación que se suministró en torno al alcance
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
37
y contenido de dicho motivo de anulación.
5.2. En lo atañedero al segundo ataque, según el cual,
se profirió el laudo por fuera del plazo pactado, por cuanto,
se «dejó vencer el término de 30 días previsto en el artículo 3.35 del
Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de
Comercio de Bogotá para emitir la decisión complementaria de la
sentencia arbitral, y posteriormente lo intentó prorrogar cuando ya
estaba vencido», inobservándose que el laudo complementario
(8 mar. 2024) «hace un todo con la providencia expedida el 8 de
noviembre de 2023, conforme lo disponen tanto el Reglamento de la
Cámara de Comercio de Bogotá como el artículo 106 de la Ley 1563 de
2012», estima la Sala que es infructuoso para obtener la
exorada anulación, por las razones que a continuación se
exponen.
5.2.1. A la luz del actual estatuto arbitral la superación
del término aludido no constituye motivo para declarar la
invalidez del arbitraje internacional (CSJ, SC4887-2021) y,
eventualmente, de entenderse que el reclamo tiene origen en
el presunto desconocimiento del límite temporal para proferir
la resolución definitiva, encausado éste bajo la égida de la
causal d) del numeral 1º del artículo 108 del Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional, porque el «procedimiento
arbitral no se ajust[ó] al acuerdo entre las partes», al
supuestamente no acompasarse la duración a las previsiones
del reglamento que eligieron para su resolución, tampoco
resulta exitoso.
Lo antedicho porque en primer lugar, si analógicamente
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
38
se aplicará a la causal aquí invocada lo previsto en el motivo
de anulación del arbitraje nacional que prevé el numeral 6°
del canon 41 eiusdem, según el cual, lo constituye el «[h]aberse
proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección
después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral», ese
mismo precepto, exige en su último inciso que, «[l]a causal 6 no
podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer
oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el
término».
De suerte que, revisado el infolio, emerge que después
de configurarse, presuntamente, la expiración del lapso
aludido, no hubo pronunciamiento alguno de la convocante
en torno al tópico acá esgrimido, lo que resulta suficiente
para desechar la arremetida.
5.2.2. Aun soslayándose lo anterior, vistas con
detenimiento las actuaciones, el tribunal se sujetó a los
lineamientos de los artículos 3.1. y 3.35 del Reglamento de
Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para
determinar y dirimir las solicitudes sometidas a su
consideración con posterioridad al fallo, conforme a los
términos que allí se contemplan, aplicables por expresa
disposición de la cláusula compromisoria que, al respecto,
señaló:
«“ARTICULO XIV – ARBITRAJE
(…) “El Tribunal de Arbitramento se sujetará a las reglas de
procedimiento de arbitraje comercial internacional del Centro de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
39
Arbitraje y Conciliación de la cámara de Comercio de Bogotá, que
se considera incorporado a la presente cláusula, entidad que
administrará el procedimiento (…)».7
5.2.3. Ahora bien, el primer precepto que contempla las
definiciones y el ámbito de aplicación de aquel reglamento
supra citado prevé que «[d]icho arbitraje será conducido de
conformidad con este Reglamento, salvo en lo modificado por las partes»,
y enseguida dispone: «[l]as partes de un arbitraje conducido de
conformidad con este Reglamento podrán modificarlo de común acuerdo
y por escrito, excepto en lo dispuesto por los artículos 3.5, 3.6, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14, 3.21 y 3.39.»8.
Por su parte, el canon 3.35 del Reglamento prevé:
Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional.
1.Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo a las
partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal arbitral que:
a. Corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia,
tipográfico o de naturaleza similar; y,
b. Dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del
laudo.
2. Si el tribunal arbitral considera procedente la solicitud realizada
en los términos del párrafo 1 anterior, efectuará la corrección o
dará la interpretación dentro de los 30 días siguientes a la
recepción de la solicitud. Dicha corrección o interpretación formará
parte del laudo y se harán por escrito, con aplicación a lo
estipulado en el artículo 3.33.
7 Archivo digital: Reaseguradora Patria - Comunicaci¾n al Centro - Informa acuerdo
en nueva clßusula c..pdf, Subcarpeta: Modificación Cláusula Arbitral de la Carpeta:
00. Ordenes procesales y comunicaciones de Tribunal.
8 Inciso final, numeral 2; numeral 3, artículo 3.1. (Folio 40, archivo digital Reglamento
CAC CCB.pdf].
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
40
3. El tribunal arbitral podrá corregir de oficio cualquier error de los
mencionados en el párrafo 1 letra a. anterior, por su propia
iniciativa dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el
laudo fue dictado.
4. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo,
cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá
solicitar al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto
de reclamaciones formuladas durante las actuaciones arbitrales,
pero omitidas en el laudo.
5. Si el tribunal arbitral considera procedente la solicitud realizada
en los términos del párrafo 4 anterior, dictará el laudo adicional
dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la solicitud.
6. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo
para efectuar una corrección, dar una interpretación o dictar un
laudo adicional, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.
7. En lo relativo a las correcciones o interpretaciones del laudo o
en los laudos adicionales se aplicará lo dispuesto en el artículo
3.33 del presente Reglamento.
El tribunal arbitral deberá dar traslado a la parte contraria de
cualquier solicitud de corrección e interpretación del laudo y laudo
adicional, la cual podrá presentar sus observaciones a dicha
solicitud en un plazo de 15 días desde su notificación.
5.2.4. En el desarrollo de las diligencias confutadas, a
través de la «orden procesal No. 1» de 18 de mayo de 2022, el
Tribunal, en cuanto a la normatividad aplicable en los
aspectos procesales, dispuso en el ordinal 7°:
El proceso arbitral internacional se regirá por: (i) las reglas
contenidas en el acuerdo arbitral (cláusula compromisoria); (ii) lo
previsto en esta Orden Procesal y en cualquier otra orden
procesal adicional que regule la materia; y (iii) en el
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá – Parte III: “Reglamento de Arbitraje Comercial
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
41
Internacional” (el “Reglamento”). En lo no regulado en alguno de
estos instrumentos, el Tribunal adoptará las decisiones que estime
necesarias, considerando siempre el carácter internacional del
arbitraje» [fl. 3, archivo 01. OP1. (134693)] -se destaca-.
Y, en su último ordinal (88), determinó:
En consonancia con lo dispuesto en el acápite IV de la presente
Orden Procesal, además de lo dispuesto en el artículo 3.35 del
Reglamento, las Partes podrán presentar solicitudes de aclaración
al laudo. La presentación de la solicitud de aclaración deberá
regirse por la regla general de notificaciones contenida en el
artículo 3.2, numeral 1°, del Reglamento, en consonancia con el
acápite VIII de la presente Orden Procesal. En todo evento, el
término para que el Tribunal profiera una decisión sobre
eventuales solicitudes de aclaración, interpretación o
corrección del laudo, no se encuentra comprendido dentro
del término máximo para proferir el laudo» -negrilla
agregada- [folio 14, ibidem].
5.2.5. Antes del fenecimiento del límite temporal para
proferir el laudo, contado a partir de la contestación de la
demanda, la «orden procesal No. 5» de 25 de abril de 2023
prorrogó el término para proferir la indicada providencia por
seis (6) meses, contados desde el «día 16 de mayo del 2023»,
fijando como plazo para dictar la sentencia arbitral el 12 de
noviembre de 20239, el cual fue corregido en «orden procesal
No. 8» de 31 de octubre de ese año, indicando que el aludido
lapso vencería «el día dieciséis (16) de noviembre de 2023»10,
calenda antes de la cual se dirimió la controversia.
9 Archivo 05. Orden Procesal N° 5.pdf.
10 Archivo 08. Orden Pocesal 8.pdf.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
42
Con todo, tal como se enunció en la orden procesal n.°
1, el aludido término no comprendería el intervalo para
resolver otros pedimentos posteriores, atestación que no fue
refutada por las partes y, por contera, frente a esta se produjo
el asentimiento de los intervinientes, por lo que la acusación
deviene infundada.
5.2.6. Y si lo que aqueja a la recurrente es que la
resolución que estimó improcedentes sus pedimentos de
interpretación y corrección que elevó contra el laudo, se
profirió sobrepasando el término que fijó el Reglamento,
comoquiera que se produjo su prórroga cuando se hallaba
vencido el comentado lapso, lo cierto es que, esa inferencia
acerca de la tempestividad del pronunciamiento adicional,
hace parte de los criterios de valoración que tuvo el Tribunal
para resolver las solicitudes planteadas por ambos extremos,
por manera que, no pueden ser objeto de reproche en este
remedio excepcional, ni está habilitada la Corte para
inmiscuirse en la interpretación realizada por el iudex plural
e imponer su propio discernimiento.
En gracia de discusión, aunque se dejara de lado lo
dicho en precedencia, contrario a lo afirmado por el censor,
el Tribunal en comunicación de 28 de diciembre de 2023,
antes de fenecido el límite temporal de 30 días previsto en el
canon 3.35 del Reglamento, prorrogó el «término de decisión»
de todas las peticiones provenientes de las partes, «hasta el
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
43
10 de marzo de 2024»11, data para la cual se había emitido el
pronunciamiento complementario, por lo que, no se
vislumbra la irregularidad procesal endilgada al actuar del
Colegiado y, aun de pensarse que se hubiese podido
configurar, debe repararse en que, para la procedencia de
esta causal, se requiere que la desatención de las pautas
procedimentales fijadas por las partes con arreglo al
reglamento arbitral, recaiga sobre todo el trámite y no
respecto de una actuación determinada (CSJ, SC4887-2021).
5.2.7. Tampoco tienen la virtud de configurar el motivo
de invalidez, las disertaciones de la impugnante en torno a la
«falsedad documental» que enrostró al Tribunal, con
fundamento en que el laudo adicional que no accedió a sus
solicitudes, «no fue creado en la fecha que dice el texto del documento,
el 28 de diciembre de 2023, sino que esto ocurrió el 24 de enero de 2024
a las 9:48:53 a.m.», porque, además de que solo vienen a ser
conjeturas, memórese que, en virtud de las pautas
instrumentales establecidas en la orden procesal n.° 1, el
término para dictar el laudo no se vería comprometido por el
lapso que ocupara el tribunal en resolver las solicitudes
posteriores.
5.3. El último motivo de anulación invocado se erige
bajo la premisa de que el laudo es «contrario al orden público
internacional», soportado en que los árbitros: (i) «(…) delegaron
su indelegable jurisdicción – reconocen en el laudo que la valoración de
las pruebas, para determinar la condena, la hizo la secretaria del
tribunal (…)»; (ii) «(…) derogaron ad hoc el alcance general, homogéneo,
11 Archivo digital 09. Comunicación AI 134693.pdf.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
44
homogeneizador y trasnacional de las normas internacionales de
información financiera (NIIF), que hacen parte del orden público
internacional de Colombia por ser el lenguaje económico que permite la
existencia del comercio internacional y de la fiscalización contable
fidedigna» y; (iii) «(...) aplicaron por analogía una norma sancionatoria -
el artículo de agencias en derecho del CGP, que estaba expresamente
excluido por las partes del acuerdo de arbitraje».
5.3.1. No obstante, se observa que ésta última causal
también está llamada al fracaso, siendo suficiente para
desestimarla, el hecho que la alegación inicial presenta
similitudes con los argumentos que soportaron el primer
cuestionamiento referente a que «el laudo versa sobre una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones
que exceden los términos del acuerdo de arbitraje (…)», en tanto, bajo
la presunta delegación «de la jurisdicción en la Secretaria, por efecto
del error de atención que esta cometió al tener en cuenta valores del año
sin contrato, llevó al Tribunal a tener en sus cálculos muertes y otros
datos reportados en un espacio temporal diferente de la vigencia 2020»,
insistiendo la recurrente en que la indicada anualidad era la
«única cobijada por el Contrato de Reaseguro de este caso (1 de enero de
2020 al 31 de diciembre de 2020)» y, por ende, a su juicio, dicho
desacierto «[l]levó a que los árbitros delimitaran para efectos de la
condena impuesta en el laudo un universo de 1026 muertes y datos,
cuando solo podían tenerse, en principio, 503 muertes y datos
individuales, que eran los que correspondían a un (1) año de vigencia de
contrato, no a dos (2) años, porque para el segundo año no había contrato
de reaseguro».
El anterior reclamo, amparado en la transgresión al
«debido proceso» en el trámite arbitral, al delegarse, en la
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
45
secretaria del tribunal, la valoración de las pruebas
documentales C-15, C-16 y C-17, quien habría extraído de
las mismas unas conclusiones que los árbitros acogieron, no
es más que una apreciación subjetiva de la recurrente que
desconoce la labor de valoración realizada por el panel
arbitral y la aplicación de las normas mercantiles aplicables;
por contera, la circunstancia de haber sido adversa la
solución del litigio a los intereses de la llamada al pleito, no
atenta en manera alguna contra el orden público
internacional, menos aún, vulnera la prerrogativa al «debido
proceso», comoquiera que, a la citada parte se le garantizó su
participación en el trámite, la defensa de sus intereses, la
contradicción de las probanzas aducidas por su contraparte
y la posibilidad de refutar las decisiones adoptadas.
5.3.2. La misma suerte corre el segundo aspecto de este
embate, esto es, el atinente a que los árbitros «se inventaron que
a las aseguradoras les aplica un régimen contable diferente», probando
la cuantía y ocurrencia del siniestro reasegurado «con el solo
dicho de la propia parte que pedía las condenas», con lo cual
cercenaron «el principio básico de trato equitativo de las partes,
reflejado en el artículo 91 del Estatuto Arbitral», al establecer un
estándar demostrativo desigual en la contienda, dado que
«desechó un dictamen pericial» que aportó la impugnante «por razón
arbitraria que atenta contra la seguridad jurídica del país por su
manifiesto excepcionalísimo en el entendimiento de la naturaleza y
alcance de la contabilidad».
La razón de lo anterior reside en que mal podría
tacharse el laudo combatido de conculcar el «debido proceso»
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
46
de comportar una decisión arbitraria o caprichosa, como
sugiere la recurrente, o de desconocer el «trámite procesal»,
porque los reparos planteados corresponden a una
manifestación de discrepancia con las consideraciones de la
resolución arbitral, pero no ponen en evidencia el choque del
veredicto con los principios básicos de las instituciones
fundamentales del ordenamiento jurídico, es decir, no
permiten entrever, en modo alguno, la contrariedad con el
«orden público internacional».
Por tanto, son inadmisibles los planteamientos que
esgrimió la censora para descalificar la apreciación efectuada
por los árbitros en relación con el testimonio de Deicy Suárez
al restarle credibilidad porque la declarante «no tiene experiencia
en contabilidad de seguros, tampoco conoce las normas de los seguros,
ni la operatividad administrativa y contable en la materia, ni el modo
como se acredita el pago de una obligación aseguraticia»12, pues al
margen de que se compartan o no tales reflexiones, el
mecanismo excepcional al que se acude no es la vía para
debatir sobre el mérito probatorio otorgado a los distintos
medios de persuasión recaudados en el procedimiento
arbitral.
5.3.3. Finalmente, el último planteamiento que
compone este ataque, según el cual, los árbitros aplicaron,
por vía analógica, preceptos sancionatorios que los
contendientes habían excluido (arts. 365 y 366 del C.G.P.),
dado que «contrarió el acuerdo procedimental de las partes de limitarse
a aplicar las disposiciones del Reglamento en la materia», aduciendo
12 Folio 97, archivo laudo arbitral.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
47
el Tribunal una laguna «existente en todas las normas limitadas
aplicables en la Orden Procesal No. 1 (…)», debió el opugnador
encausarlo bajo la causal d) del numeral 1º del precepto 108
de la Ley 1563 de 2012, esto es, «[q]ue la composición del tribunal
arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las
partes (…)».
No obstante, abordando dicha argumentación, emerge
del paginario que los árbitros se sujetaron a las pautas
establecidas en (i) el pacto arbitral, (ii) el Reglamento de
Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y (iii) la
orden procesal n.° 1 de 18 de mayo de 2022.
5.3.3.1. Se afirma lo precedente porque en el mentado
Reglamento, aplicable por expresa disposición de la cláusula
compromisoria, se contempló en los artículos 3.36, 3.37. y
3.38. lo atinente a los gastos y costas, su asignación y
condena en los siguientes términos:
Artículo 3.36. Gastos y costas.
1. El tribunal arbitral fijará las cosas del arbitraje en el laudo final
y, si lo considera adecuado, en cualquier otra decisión.
2. El término “costas” comprende lo siguiente:
a. Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por
separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de
conformidad con el párrafo 4 del presente artículo.
b. Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los árbitros.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
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c. El costo razonable del asesoramiento pericial o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral.
d. Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean
aprobados por el tribunal arbitral.
e. Los costos jurídicos y de otro tipo ocasionados a las partes por
el procedimiento arbitral y solo en la medida en que el tribunal
arbitral decida que el monto de esos costos es razonable.
(…)
Artículo 3.37. Asignación de gastos y costas.
1. Las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida o las
partes vencidas. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá
prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las
partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.
2. El tribunal fijará en el laudo final o, si lo estima oportuno, en
otro laudo, la suma que una parte pueda tener que pagar a otra
a raíz de la decisión sobre la asignación de las costas.
Artículo 3.38. Condena en costas.
1. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las
actuaciones arbitrales o eleve a categoría de laudo un acuerdo de
las partes, deberá incluir la determinación de las costas.
2. Si el Centro lo considera razonable y justificado, el tribunal
arbitral podrá solicitar el pago de honorarios adicionales para
cubrir el procedimiento de corrección, interpretación o adición del
laudo. Este pago deberá ser cubierto en su totalidad por las partes
antes de que el tribunal arbitral proceda con dicha corrección,
interpretación o adición.
3. Los artículos 3.35 y 3.36 del presente Reglamento, se aplicarán
al pago de honorarios previsto en el párrafo 2 anterior» - subrayado
no es del texto13.
13 Páginas 60 -62 del Reglamento, de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Al efecto, véase, archivo: Reglamento CAC
CCB.pdf, del expediente digital.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
49
5.3.3.2. En ese mismo sentido, la orden procesal n.° 1
de 18 de mayo de 2022, en cuanto a la normativa aplicable a
la disputa, en lo procesal, dispone en el acápite IV:
«IV. NORMATIVA APLICABLE A LA DISPUTA
A. En lo procesal
7. El proceso arbitral internacional se regirá por: (i) las reglas
contenidas en el acuerdo arbitral (cláusula compromisoria); (ii) lo
previsto en esta Orden Procesal y en cualquier otra orden procesal
adicional que regule la materia; y (iii) en el Reglamento del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá –
Parte III: “Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional” (el
“Reglamento”). En lo no regulado en alguno de estos instrumentos,
el Tribunal adoptará las decisiones que estime necesarias,
considerando siempre el carácter internacional del arbitraje».14
5.3.3.3. Ergo, el Tribunal Arbitral al condenar en costas
y agencias en derecho a la recurrente en un 70%, con base
en la normatividad colombiana (Ley 1564 de 2012), en el
ordinal 5.2. de la parte resolutiva, conforme a lo considerado
en el acápite denominado «Los gastos y costas así
denominados en el reglamento», en manera alguna
desobedeció o alteró lo estipulado por las partes y, una vez
más, son deducciones que hacen parte de los razonamientos
y criterios de apreciación jurídica utilizados por el tribunal
arbitral para zanjar el asunto que, por tanto, no son
susceptibles de discutirse en la vía extraordinaria del recurso
de anulación; en adición, la acusación no constituye una
embestida dirigida contra el trámite arbitral en su integridad,
sino frente a una actuación procesal específica, en la que, por
14 Folio 3, archivo 01. OP1. (134693) Orden Procesal No. 1 (18.05.2022).pdf.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
50
demás, no se quebrantaron los «principios de contradicción y
defensa», razón por la cual la acusación se advierte
infundada.
En esas condiciones, tampoco prospera la última de las
críticas imploradas por la interesada.
6. Por lo discurrido, se declararán infundados los
motivos de anulación alegados contra el laudo arbitral de 8
de noviembre de 2023, no aclarado en decisión de 8 de marzo
de 2024.
Es procedente la condena en costas a cargo de la
sociedad mexicana Reaseguradora Patria S.A., en aplicación
del numeral 4° del artículo 109 eiúsdem, para lo cual se
tendrá en cuenta la presentación de réplica por la
contradictora.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso de
anulación interpuesto contra el laudo arbitral internacional
de 8 de noviembre de 2023, no aclarado en decisión de 8 de
marzo de 2024, proferido por el tribunal arbitral integrado
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01289-00
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ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, dentro de la causa promovida por BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. contra Reaseguradora Patria
S.A.
SEGUNDO. Condenar en costas a la sociedad
impugnante. Liquídense por la Secretaría de la Sala,
incluyendo la cantidad de diez salarios mínimos legales
mensuales vigentes, que fija la magistrada sustanciadora
como agencias en derecho.
TERCERO. En oportunidad, archívese la actuación,
previas las constancias y comunicaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AUSENCIA JUSTIFICADA
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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