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SC1644-2025
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
(Aprobado en sesión de cuatro de junio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la demandante, Ludesa de Colombia S.A.S. –
en reorganización, frente a la sentencia que el 21 de julio de
2023 dictó la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de competencia
desleal promovido contra Primax Colombia S.A. y
Organización Terpel S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
A través de demanda judicial presentada el 12 de
noviembre de 2019, Ludesa de Colombia S.A.S. – en
reorganización (en adelante Ludesa) pidió declarar que las
convocadas incurrieron en los actos desleales previstos en
los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley 256 de 1996, debido al
diseño, planificación y ejecución de «una estrategia sistemática
tendiente a sacar[la] deslealmente del mercado».
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Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a las
demandadas al pago de los perjuicios causados, que tasó en
la suma de $122.306’953.213 por concepto de daño
emergente y lucro cesante.
2. Fundamento fáctico de la demanda
2.1. En el año 1996, Ludesa1 celebró un contrato de
distribución con ExxonMobil (hoy Primax Colombia S.A.), con
el objeto de comercializar lubricantes Mobil. A partir del año
2003, ExxonMobil ejecutó una estrategia de consolidación de
mercado consistente en tener menos distribuidores pero con
mayor solidez y presencia en el mercado, en virtud de la cual
Ludesa realizó grandes inversiones para ampliar su
capacidad operativa e incurrió en cuantiosos gastos de
adquisición, operación y capital de trabajo, obteniendo
importantes incentivos por el cumplimiento de metas.
2.2. A lo largo de su relación, las partes celebraron
varios contratos de distribución2 en los que se pactó la
exclusividad de comercialización, se impuso el volumen de
compra mínimo y se incluyeron obligaciones tendientes a
«garantizar la permanencia del vínculo», como la participación en
planes de continuidad de negocios, adquisición y sucesión.
1 Informa la actora que Ludesa nació «de la unión de los esfuerzos de las compañías CASAMOTOR
S.A.S. y LUBRICANTES DE LA SABANA S.A.», motivo por el cual sostiene que, a pesar del cambio de
razón social, tipo societario o composición accionaria, todos los hechos relatados refieren a Ludesa.
2 Verificadas las pruebas, se encuentra que la compañía demandante nació a la vida jurídica el 11 de
septiembre de 2013, tal como consta en el certificado de existencia y representación obrante a folio 54
del archivo pdf “057 - REFORMA DE LA DEMANDA (Parte 1)” del Cuaderno de Primera Instancia del
expediente digital, motivo por el cual el único contrato suscrito por Ludesa es el del 1° nov. 2013.
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2.3. A partir del año 2015, ExxonMobil modificó las
condiciones de comercialización de manera progresiva y
sistemática, en contravía de la operación tradicional,
sometiendo a la actora a «una gravosa variación de las reglas
comerciales», quien resistió múltiples atropellos «sin saber que
ello era apenas el inicio de la estrategia diseñada para sacarlo del
mercado y lograr la terminación desleal de su vínculo contractual»3.
2.4. El último contrato de distribución fue suscrito el
1° de noviembre de 2013, con una vigencia de tres años. En
noviembre de 2016, ExxonMobil «de manera unilateral y
atípicamente» decidió prorrogar el contrato por sólo seis meses,
cuando las renovaciones previas habían sido de tres años.
2.5. El 28 de febrero de 2017 –es decir, durante la
vigencia de la primera prórroga del contrato– Ludesa elevó
solicitud de reorganización empresarial, a pesar de lo cual
ExxonMobil exigió cuantiosos pagos de deudas, suspendió
los pedidos y demandó nuevas capitalizaciones «como condición
para extender la relación comercial por un año más».
2.6. Tras la primera prórroga de seis meses, el 1° de
junio de 2017 se acordó una segunda por el mismo plazo,
extendiendo la vigencia del contrato hasta el día 30 de
noviembre de 2017. Mediante escrito recibido el 25 de
octubre de 2017, ExxonMobil comunicó a Ludesa su decisión
de no renovar el convenio, «terminación que fue el punto cumbre de
3 Dentro de los «sucesos más graves» destaca las alzas de precios, la autorización a los concesionarios
para la venta del producto, los mayores descuentos brindados a aquellos y la eliminación de
bonificaciones, hechos que la actora ubica en el año 2015. Así mismo, la pérdida de clientes, la reducción
del cupo de crédito y nuevos aumentos de precios en el año 2016.
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la estrategia planeada por ambas demandadas (…) para sacar,
sistemática y progresivamente del mercado a Ludesa».
2.7. El contrato terminó el 30 de noviembre de 2017
debido a la decisión unilateral de ExxonMobil y a pesar de
que los nuevos planes de negocio y las conversaciones entre
las partes siempre apuntaron a su continuidad. En tal virtud,
dicha terminación constituyó un acto desleal porque a pesar
de que «la expectativa de duración del vínculo era más que legítima»,
las convocadas decidieron sacar a la actora del mercado para
que Terpel asumiera la venta directa del producto a través de
su propio esquema de distribución.
3. Actuación procesal
3.1. Notificada de la admisión de la demanda, la
convocada Primax Colombia S.A. dio contestación y propuso
las excepciones de «prescripción» y veintiocho defensas más, a
través de las cuales se opuso a las pretensiones, alegando,
entre otras, la ausencia de actos desleales, la finalización del
contrato por vencimiento del plazo4 y la inexistencia de la
obligación de prorrogar el convenio. Frente al contrato
celebrado el 1° de noviembre de 2013, resaltó que, mediante
comunicación de 20 de octubre de 2017, ExxonMobil
comunicó a Ludesa su decisión de no prorrogarlo debido a
los graves incumplimientos de la actora.
4 En lo que atañe al contrato celebrado con Ludesa, destacó que su vigencia se pactó hasta el 31 de
octubre de 2016 y que por expresa disposición contractual ese término podía ser ampliado máximo por
un año. En ese sentido, las partes acordaron prorrogarlo por un mes –hasta el 30 de noviembre de 2016–
y después, mediante otrosí extendieron su vigencia por seis meses más, en dos oportunidades –la segunda
hasta el 30 de noviembre de 2017–.
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3.2. Organización Terpel S.A. se opuso a las
pretensiones excepcionando «prescripción» y otros diecinueve
medios de defensa, por medio de los cuales acompañó la
oposición de Primax de Colombia y afirmó que la operación
de integración entre las empresas se dio en el año 2018, esto
es, con posterioridad a la
terminación del contrato
con
Ludesa, motivo por el cual no participó en modo alguno en
las supuestas maniobras demandadas.
3.3. Mediante sentencia anticipada de 21 de junio de
2022, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró próspera
la excepción de prescripción propuesta por las convocadas,
por considerar que los hechos denunciados como desleales
eran conocidos desde el 28 de febrero de 2017, cuando
fueron expuestos por Ludesa en su solicitud de
reorganización empresarial.
3.4. Inconforme con esa decisión, la demandante
apeló.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia, con
base en consideraciones que admiten el siguiente compendio:
(i) La acción está fundamentada en un cúmulo de
actos desplegados por las convocadas que, en conjunto,
determinaron la crisis de la empresa accionante y la «pérdida
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de peso en el ámbito que antes dominaba». El primer grupo de las
supuestas acciones desleales «corresponde a la promoción de
operaciones de adquisición o cesión de derechos y la incitación a que
Ludesa invirtiera recursos económicos para su propio crecimiento»,
hechos que, conforme a lo manifestado en la demanda, se
materializaron entre los años 2002 y 2013.
(ii) Otra serie de actos desleales, consistentes en la
reducción y eliminación del cupo de crédito, disminución del
margen de intermediación y la concesión de mejores precios
a otros distribuidores, ocurrieron entre el año 2015 y el mes
de abril de 2017, según lo narrado por la actora. Así mismo,
denunció como conductas desleales «las de imposición de
prórrogas de los contratos durante 6 meses», conducta que tildó de
sospechosa debido a que siempre habían sido por tres años.
Sostuvo la demandante que «la primera extensión por tal tiempo le
fue informada a la convocante en noviembre de 2016, la siguiente se fijó
hasta el 31 de mayo de 2017 y, la última se señaló “por 6 meses a partir
del 1 de junio de 2017”».
(iii) La demanda también hizo mención de la operación
de integración de las convocadas, que calificó como «un
elemento en el inicio de la ejecución de actos que, con el tiempo, fueron
dando forma a las conductas desleales desarrolladas por la pasiva»,
acción que, según se indicó, se ejecutó mediante la
comunicación de intención remitida a la Superintendencia de
Industria y Comercio el 27 de diciembre de 2016. Así mismo,
la eliminación del código de distribuidor y la supuesta
exigencia irregular de cuantiosos pagos fueron hechos que se
produjeron en el mes de abril de 2017.
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(iv) En tal virtud, concluyó el Tribunal que «de la
confrontación de aquellos supuestos “actos desleales demandados”
especificados en la demanda, con las fechas en las que Ludesa alegó
que los mismos se produjeron, resulta evidente que las datas de su
conjeturada ocurrencia abarcaron el período comprendido entre el año
2002 y hasta el 1 de junio de 2017, cuando la demandante y Primax
decidieron prorrogar, por última vez, su vínculo contractual por 6 meses».
(v) En ese sentido, para el colegiado fue claro que «la
supuesta maniobra orquestada por la parte citada, constituida por una
serie de actos con fines deshonestos, ajenos a la buena fe y a las
prácticas propias de una sana competencia, tuvo como hecho final la
última prolongación del contrato, la que empezó el 1 de junio de
2017 y que, por supuesto, fue de conocimiento de ambas contratantes.
No se alegó –ni se demostró- por la demandante, que luego de tal
momento hubiese tenido lugar algún supuesto acto de competencia
desleal».
(viii) Además, encontró carente de prueba el alegato de
la apelante conforme al cual aseguró que, en septiembre de
2017, ExxonMobil y Ludesa celebraron reuniones para
explorar la posibilidad de suscribir un nuevo contrato que
tendría efectos en el año 2018. Tal afirmación no fue de
recibo para la magistratura porque, además de encontrarse
huérfana de demostración, fue negada «en forma rotunda» por
las citadas, y, lo más importante, ese hecho no fue
denunciado en la demanda como una conducta desleal, sino
que se expuso para indicar que en las convocadas no había
preocupación alguna por la situación financiera de Ludesa
aun estando en reorganización, «más no que per se fuera una
acción desleal».
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(ix) Así las cosas, el Tribunal no encontró yerro en la
decisión de primer grado en la medida en que la presentación
de la demanda el 12 de noviembre de 2019, «sucedió luego de
transcurridos más de los dos años previstos en el artículo 23 de la Ley
256 de 1996, ello si se toma como hito temporal para el inicio del conteo
el último de los actos acusados en dicho escrito como constitutivos de
competencia desleal», esto es, la firma de la última prórroga del
contrato, que tuvo lugar el 1° de junio de 2017. En
consecuencia, confirmó la declaratoria de prescripción de la
acción de competencia desleal.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su recurso extraordinario, la convocante
formuló una única censura con fundamento en la causal
segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de vulnerar indirectamente el
artículo 23 de la Ley 256 de 1996, por errores de hecho
manifiestos y trascendentes que llevaron al Tribunal a
declarar probada, sin estarlo, la prescripción de la acción de
competencia desleal; errores que giran en torno a dos
conclusiones: (i) que la maniobra desleal orquestada por las
convocadas tuvo como hecho final la última prórroga del
contrato; y (ii) que no se alegó ni probó que después del 1° de
junio de 2017 hubiese tenido lugar algún acto de
competencia desleal.
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Frente al primer yerro denunciado, consistente en
basar el dies a quo de la prescripción en el día en que se firmó
la última prórroga del contrato (1° de junio de 2017), acusa
al colegiado de incurrir en equivocación porque «consideró
erróneamente que el último acto que hace parte del acto de competencia
desleal de la parte demandada consistió en haber reducido el plazo del
último contrato de distribución a 6 meses, cuando la razón según las
pretensiones para que Ludesa promoviera demanda (…) fue porque estos
provocaron su salida del mercado, hecho que se concretó cuando terminó
el contrato de distribución (30 de noviembre de 2017)».
Ese desacierto es consecuencia de (i) la tergiversación
del último contrato celebrado, pues se tomó como inicio del
término de prescripción la fecha de su entrada en vigencia en
contravía de su contenido material, del que se desprende que
su fecha de terminación fue el 30 de noviembre de 2017, «que
fue cuando se consolidó el acto de competencia desleal demandado»; y
(ii) la omisión de la comunicación enviada por ExxonMobil el
16 de noviembre de 2017, en la que informó sobre la
terminación del contrato
el día 30 siguiente, de modo que era
esa última fecha la que debía tenerse en cuenta a efectos de
contar el término prescriptivo.
Además, es consecuencia de la indebida apreciación de
la demanda, en la que incurrió el Tribunal al haberse alejado
de su tenor y no tener en cuenta que la causa de la
reclamación fue la estrategia sistemática y malintencionada
puesta en marcha por las convocadas con el propósito de
sacar a Ludesa del mercado, lo que se desprende con claridad
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de las pretensiones 1°, 3°, 6° y 9° de la demanda reformada,
y de los hechos 3.4.15, 3.5.16, 3.5.23, 3.6.1, 3.6.4, 3.7.2.,
3.7.6, y 3.7.8, en los que se relató dicha estrategia desleal.
En tal virtud, denuncia que el colegiado «apreció de
manera incorrecta la demanda, en su acápite de hechos y pretensiones,
ya que extravió su análisis al dejar de tener en cuenta el hecho
fundamental sobre el cual giró la demanda de competencia desleal: la
salida del mercado de Ludesa a causa de la maniobra desleal de los
demandados, y no el término de duración del contrato». Por esa vía, si
el libelo anunciaba sin lugar a equívoco que el acto desleal
denunciado fue el de planificar y ejecutar una estrategia
tendiente a sacar a la censora del mercado, debía entenderse
que ese hecho se concretó cuando el contrato fue terminado
sin una nueva renovación y no antes, esto debido a que
mientras el pacto estuvo vigente, Ludesa siguió participando
en el mercado de distribución de lubricantes Mobil.
Finalmente, el colegiado incurrió en error al considerar
que el último acto integrante de la maniobra desleal
denunciada consistió en haber reducido el plazo contractual
a seis meses, «cuando lo cierto es que el otrosí que antecedió a ese
último contrato también se celebró por un plazo de 6 meses», de modo
que «el que se redujera en dos ocasiones el plazo del contrato de
distribución a 6 meses no fue la causa de la demanda de competencia
desleal de Ludesa, pues ello sería propio de un reclamo de naturaleza
contractual» que no corresponde al tipo de acción instaurada.
Así las cosas, la prescripción de la acción se debía
contabilizar desde la fecha de terminación del último
contrato y no desde su inicio, como erradamente concluyó el
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ad quem, porque el acto que se denunció como desleal no fue
la duración de la prórroga del contrato sino su terminación y
la posterior salida de la actora del mercado. Además, mal
haría en fijarse el inicio del conteo en una fecha en la que
estaba vigente el acuerdo, pues al estar las partes en una
relación negocial, «solo a partir de su rompimiento es que surgió la
posibilidad de la institución de la competencia desleal que es de
naturaleza eminente extracontractual».
El segundo error endilgado a la sentencia de
impugnada atañe a la consideración del colegiado conforme
a la cual, con posterioridad al 1° de junio de 2017 no se
alegaron ni demostraron otros actos desleales, sin que la sola
referencia a las negociaciones de septiembre de 2017, en las
que se exploró la posibilidad de celebrar un nuevo contrato
para el año 2018, sirviera para desvirtuar esa conclusión.
Afirma la casacionista que esos actos posteriores sí
fueron alegados en la demanda y, además, estaban
respaldados por las pruebas aportadas, motivo por el cual
acusa al ad quem en incurrir en error de hecho determinado
por: (i) la indebida apreciación de la demanda reformada, en
la que se alegó como conducta desleal enmarcada en la
prohibición general el que las convocadas le hayan «hecho creer
a Ludesa, con hechos directos y objetivos que la relación contractual
continuaría después del 30 de noviembre de 2017»; (ii) la omisión de
sendos correos electrónicos5, por medio de los cuales
5 Específicamente, los correos enviados por ExxonMobil a Ludesa los días 7 de marzo, 21 de marzo, 31
de mayo, 23 de agosto, 26 de septiembre, 3 de octubre, 22 de octubre, 24 de octubre de 2017, todos los
cuales contenían precios y rangos de descuento cuya vigencia excedía el término del contrato, en lo que
se apoya la actora para sostener que la contraparte siempre le hizo creer que el contrato sería renovado.
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ExxonMobil envió a la actora información sobre cantidades,
tipo de lubricante, precios y descuentos que estarían vigentes
hasta el año 2018; (iii) la pretermisión de los contratos de
comodato celebrados entre Ludesa y terceros para el apoyo a
la venta de los productos distribuidos por aquella, con
vigencias que se extendían hasta julio de 2018; y (iv) la
omisión del formato de inscripción en el programa de Fondo
de Desarrollo de Marca para Distribuidores, con vigencia al
31 de diciembre de 2017.
La existencia de tales probanzas derrumba el
argumento del Tribunal conforme al cual los actos desleales
posteriores al 1° de junio de 2017 se encuentran huérfanos
de prueba, ya que los medios de convicción omitidos dan
cuenta de que, efectivamente, las convocadas hicieron creer
a la actora con hechos objetivos que el contrato continuaría
después del 30 de noviembre de 2017.
Los errores son trascendentes puesto que si se hubiese
tomado como dies a quo la fecha de
terminación del contrato
(30 de noviembre de 2017) y se hubiese visto que sí se
alegaron y demostraron actos desleales posteriores al 1° de
junio de 2017, se habría concluido que la acción no estaba
prescrita cuando se presentó la demanda el día 12 de
noviembre de 2019.
CONSIDERACIONES
1. Las acciones de competencia desleal y su
prescripción
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La Ley 256 de 1996, sobre prácticas comerciales
desleales, prohíbe aquellos actos realizados en el mercado
con fines concurrenciales, cuando resulten contrarios a las
sanas costumbres mercantiles, a la buena fe comercial, o
estén encaminados a afectar la competencia.
El artículo 20 ib. consagra dos tipos de acciones, una
declarativa y de condena6, orientada a hacer cesar la
infracción y obtener la reparación de los daños causados con
las conductas censuradas; y una preventiva o de prohibición,
dirigida a evitar la realización del acto desleal, en virtud de la
cual se otorga legitimidad a quien crea que puede resultar
afectado por aquellos para «solicitar al juez que evite la realización
de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la
prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno».
El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 establece el término
dentro del cual es posible acudir a la jurisdicción, al señalar
que «las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a
partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona
que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el
transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la
realización del acto».
2. El doble plazo prescriptivo consagrado en la Ley
256 de 1996
6 En virtud de la cual «el afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare
judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover
los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante».
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El referido artículo 23 establece dos momentos a partir
de los cuales empieza a correr el término prescriptivo de la
acción: el primero es uno subjetivo, determinado por el
efectivo conocimiento del sujeto pasivo respecto de la persona
que ejecutó el acto desleal; y el segundo es uno objetivo, que
corre en todo caso y sin consideración diferente al momento
de realización de la conducta reprochada.
Estos plazos prescriptivos no son sucesivos. Por el
contrario, son excluyentes, de modo que el dies a quo del
término corre a partir del momento del efectivo conocimiento
del infractor por parte del perjudicado, o desde el momento
en que se realiza la conducta. Lo que ocurra primero
determinará la procedencia de la declaratoria de la
prescripción de la acción de competencia desleal.
En lo que atañe al conocimiento del demandante como
dies a quo del término subjetivo de prescripción, vale resaltar
que, a diferencia del plazo de tres años establecido para la
prescripción que corre de manera objetiva a partir del
momento de la realización del acto desleal, el término de dos
años está determinado por una circunstancia subjetiva e
interna del convocante, a saber, su efectivo conocimiento
del acto desleal y la persona infractora. Este tipo de
prescripción se funda en la regla de descubrimiento
reconocida por la jurisprudencia anglosajona, en virtud de la
cual el conocimiento del hecho dañoso por parte del
perjudicado resulta determinante a la hora de verificar su
oportunidad de acceso a la justicia.
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Sobre la primera parte del canon 23, que es la que
interesa para el caso que ahora se estudia, ha sostenido la
Sala:
En efecto, la primera parte de la disposición consagra una
prescripción extintiva subjetiva de dos años, pues depende del
momento en que el legitimado para reclamar conozca,
identifique, individualice o sepa quién cometió la conducta
contraria a la leal competencia económica. Se trata, como se
ha dicho, de una regla fundada en la discovery rule, y permite que
el término de prescripción empiece a computarse desde que el
legitimado tenga consciencia no sólo de la conducta
desleal, sino también de quién la perpetró.
Si bien es una regla bastante subjetiva (conocimiento) y
podría referirse a lo que pasa en el interior del legitimado,
y ello podría dificultar demostrar el dies a quo del plazo
prescriptivo, para ello existe libertad demostrativa y el
demandado podrá cumplir su carga de acreditación acudiendo a
múltiples medios de convicción como documentos que den cuenta
de reclamaciones efectuadas por los comportamientos, testimonios
que permitan establecer desde qué fecha sabía el demandante del
perpetrador, confesión (…), indicios, o cualquier otro.
Se destaca que, si el legitimado conoce el comportamiento
desleal, pero aún no su responsable, no puede comenzar a
contarse el término subjetivo de prescripción. Eso sí, no
podrá, en todo caso, transcurrir más de los tres años de la otra
forma de prescripción a la que se hará referencia más adelante
(CSJ, SC370-2023).
En tal virtud, la labor de identificación del dies a quo
del término prescriptivo basado en el conocimiento de la
persona que realizó el acto desleal reviste singular
importancia en la medida en que se trata de una íntima
convicción del demandante, que debe emerger inequívoca a
través de los medios de prueba, los cuales deben mostrar sin
ambages el momento en que aquél supo de la existencia de
la conducta desleal y también de quién la ejecutó.
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Por esa razón, la determinación de ese hito inicial del
término prescriptivo exige certeza y precisión. Aunque
eventualmente podrían coincidir el momento de realización
de la conducta y el momento del conocimiento del infractor
por parte del actor, se trata de dos circunstancias diferentes
(ejecución – conocimiento) que exigen una concienzuda labor
de identificación en la que concurren el esfuerzo probatorio
del demandado, quien tiene la carga de demostrar que esa
circunstancia íntima y subjetiva del actor ha sido
desentrañada y se encuentra demostrada; y el ejercicio
valorativo del juzgador, quien debe escudriñar en las pruebas
para saber a ciencia cierta cuándo el actor supo del acto
desleal y cuándo identificó a la persona que lo realizó.
La Sala resalta que esa situación subjetiva que
constituye el dies a quo de la prescripción bienal corresponde
al conocimiento real –no presunto– de la persona infractora,
mismo que, como es lógico, supone necesaria e
ineludiblemente el conocimiento de la existencia de la
conducta que se considera desleal. Por esa vía, para que el
actor pueda saber quién fue el infractor, es indispensable que
esté enterado de la comisión del acto, pues de otra manera
no tendría la convicción de estar ante un ilícito
concurrencial que le permita acudir a las acciones de
competencia desleal7 –esto, por supuesto, con independencia
de que su alegato sea o no exitoso ante la justicia–.
7 En sentencia STS5700 de 25 de julio de 2002, el Tribunal Supremo Español se refirió al plazo subjetivo
de prescripción de la acción de competencia desleal, que en esa legislación es de un año y exige la
concurrencia del conocimiento del infractor y de la posibilidad de ejercicio de la acción. En esa
oportunidad sostuvo: «El artículo 21 obliga a que se tenga en cuenta los dos requisitos que comprende,
es decir, el momento en que las acciones pueden ser ejercitadas y el del conocimiento de la persona que
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Así, la exigencia del conocimiento del demandante se
configura como la circunstancia que determina el inicio del
cómputo del plazo, de modo que cuando el juzgador analiza
este tipo de prescripción debe determinar con certeza cuándo
se concretó ese hecho subjetivo e interno del actor,
consistente en el conocimiento de la conducta desleal y de la
identificación de la persona que la realizó. Ese hecho íntimo
y personal, se repite, debe salir a la luz sin dubitación, pues
no es posible declarar fundada una excepción de prescripción
subjetiva de la acción de competencia desleal cuando existe
duda sobre el dies a quo.
En tal virtud, cuando el medio exceptivo se funda en
esta clase de prescripción es indispensable que el juez tenga
en cuenta todas las eventualidades que rodearon el
descubrimiento de la conducta y del agente trasgresor, lo que
impide establecer una regla general de aplicación de un
término que dependerá en cada caso concreto de la
demostración de aquellas circunstancias de tiempo, modo y
lugar que llevaron a que el demandante «conozca, identifique,
individualice o sepa quién cometió la conducta contraria a la leal
competencia económica» (CSJ, SC370-2023).
De lo anterior se colige que (i) el conocimiento del actor
debe acreditarse en forma precisa y suficiente cuando se
realizó el acto constitutivo de competencia desleal, actuando como primero y básico que el acto ilícito
efectivamente se haya producido y llegue a saberlo el que resulte perjudicado por el mismo, lo que
puede coincidir con ese momento la identificación del que resulte ser su autor, o en otro caso la norma
contiene una especie de pausa, en cuanto autoriza la espera para llegar a precisar quien va a asumir la
posición de demandado en el pleito que se promoverá, pues es entonces cuando opera el cómputo
prescrito de un año y entra en juego, con todos sus efectos negativos, operando la inactividad del
interesado en promover el ejercicio de las acciones». Disponible en: www.poderjudicial.es
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alega la prescripción subjetiva de la acción de competencia
desleal; (ii) su demostración incumbe a quien lo señala como
dies a quo del término bienal de prescripción, misma que
debe ser propuesta como excepción en la contestación de la
demanda8; y (iii) el juez debe tener plena certeza de su
ocurrencia para fundar en ella la prosperidad del medio
exceptivo, la cual emana de la adecuada apreciación de la
demanda y de los medios de prueba, que deben demostrar,
sin dubitación alguna, «[el] momento en que el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal».
3. La demanda como acto de postulación por
excelencia y el error de hecho en su apreciación
3.1. La demanda es el acto procesal que inaugura el
proceso y determina los contornos del litigio y del debate
procesal. A través de ella se materializa el derecho de acción
y se concreta la tutela jurisdiccional de los derechos
subjetivos. La demanda recoge los argumentos presentados
por el actor ante el juez en ejercicio de su derecho de acceso
a la administración de justicia, exponiendo en ella las
pretensiones que formula, los hechos que las sustentan y las
normas jurídicas en las que se apoya.
El petitum está determinado por las declaraciones y
condenas solicitadas por el actor, determina los límites
dentro de los cuales debe pronunciarse el juzgador y otorga
certeza al convocado frente a lo reclamado, determinando el
8 Esto en virtud de lo establecido en los artículos 2513 C.C. y 282 del C.G.P.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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ejercicio de su derecho de contradicción. La causa petendi,
por su parte, corresponde a la situación de hecho que se
invoca en la demanda, de la que se busca derivar la
consecuencia jurídica prevista en las normas que
constituyen su fundamento de derecho
La exposición de las pretensiones y de los fundamentos
fácticos y jurídicos que las sustentan dota de sentido la
reclamación judicial y permite al juzgador realizar un análisis
omnicomprensivo que le permita determinar con acierto el
motivo que llevó al actor a acudir ante la administración de
justicia, buscando la resolución de su conflicto. Recuérdese
que, como ha sostenido la Corte, «la intención del actor está
muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los
fundamentos de hecho y de derecho’, bastando ‘que ella aparezca
claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una
interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda» (CSJ,
SC 27 ago. 2008, rad. 1997-14171-01).
3.2. Esta labor judicial puede verse entorpecida por la
comisión de un yerro fáctico en la apreciación de la demanda
(CSJ, SC3724-2021), el cual se exterioriza en la valoración
de su contenido material y puede presentarse cuando, siendo
claro el libelo, el juzgador omite, supone o desfigura su
contenido, en franca contravía de lo expuesto por el actor.
También puede incurrirse en ese desacierto cuando el
juzgador, ante la oscuridad o ambigüedad de sus pasajes, se
vea obligado a interpretar la demanda de cara a proferir
sentencia y, en ese ejercicio, altere o sustituya el querer del
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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promotor, equivocándose en la intelección del acto de
postulación (CSJ, SC2491-2021).
Ciertamente, cuando la demanda es ambigua o confusa
es deber del juzgador entrar a desentrañar su verdadero
sentido, sin distorsionarla. Sin embargo, esa labor
hermenéutica se torna injustificada cuando aquella es clara
en su planteamiento, evento en el cual debe ser apreciada en
su verdadero alcance y fundándose en su expreso tenor;
entendimiento que debe responder a un ejercicio lógico,
sistemático e integral, basado en el conjunto del libelo.
4. Análisis del cargo
4.1. Precisión preliminar
En el caso que convoca la atención de la Sala, no existe
una sentencia de fondo en la que se haya determinado si los
actos y conductas denunciados por Ludesa como desleales
pueden en realidad calificarse como tales, toda vez que la
emisión del fallo anticipado impidió la práctica de pruebas y
la resolución del fondo de la controversia.
Es por eso que, al analizar la censura, la Corte hará
referencia a la postura de la demandante contenida en la
demanda y en el cargo formulado en casación, advirtiendo
que dicho ejercicio se hará de cara al análisis de la corrección
de la sentencia anticipada que declaró prescrita la acción de
competencia desleal y sin que ello suponga, en modo alguno,
tomar partido por la posición de la actora ni avalar la
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calificación de la conducta de las convocadas como desleal,
pues ello sólo puede ser objeto de una sentencia de fondo que
se pronuncie expresamente frente a la viabilidad de las
pretensiones.
4.2. Los errores endilgados al ad quem
4.2.1. Sea lo primero señalar que no le asiste razón a la
casacionista cuando sostiene que el término de prescripción
no podía empezar a correr antes de la terminación del
contrato debido a que, al estar las partes inmersas en un
vínculo negocial, «solo a partir de su rompimiento es que surgió la
posibilidad de la institución de la competencia desleal que es de
naturaleza eminente extracontractual».
Esa afirmación no sólo desconoce que un acto de
competencia desleal puede realizarse en el marco de una
relación contractual, sino que, además, contraría la propia
reclamación de la actora, pues todas las conductas
denunciadas tuvieron ocurrencia durante el desarrollo de los
contratos de distribución que, según dice, la vincularon con
ExxonMobil (hoy Primax Colombia).
4.2.2. Ahora bien, a través de una única censura, la
recurrente denunció la comisión de dos yerros fácticos por
parte del colegiado que lo llevaron a declarar probada, sin
estarlo, la prescripción de la acción de competencia desleal.
El primer error habría llevado al juzgador a tomar como
dies a quo del término prescriptivo la fecha en que se firmó
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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la última prórroga del contrato, cuando lo que se denunció
como desleal no fue la disminución del término de duración
sino su terminación. Para demostrarlo, acusa al ad quem de
(i) tergiversar el último contrato celebrado; (ii) omitir la
comunicación de 16 de noviembre de 2017 y (iii) apreciar
indebidamente la demanda –yerro del que se hablará en el
siguiente acápite–.
Frente a la tergiversación del último contrato alega que,
en contravía de su contenido material, el Tribunal tomó la
fecha de suscripción como hito inicial de la prescripción,
cuando del documento se desprende que la fecha de
terminación era el 30 de noviembre de 2017. Ese ataque es
desenfocado en la medida en que para el colegiado era
perfectamente claro que el convenio finalizaba en esa fecha,
lo que descarta la distorsión de la prueba; lo que ocurre es
que consideró que la firma de esa última prórroga era el
hecho final de la estrategia denunciada, cuya suscripción
suponía el conocimiento de la actora a partir del cual
empezaba a correr el término prescriptivo.
En lo que respecta a la pretermisión de la comunicación
enviada por ExxonMobil el 16 de noviembre de 2017, en la
que informaba sobre la
terminación del contrato
el día 30
siguiente, se repite que el colegiado nunca perdió de vista la
efectiva fecha de
terminación del contrato
, sino que encontró
que su última prolongación fue el hecho final de la estrategia
desleal denunciada y cuyo conocimiento se había producido
al momento de su suscripción.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
23
4.2.3. El segundo error denunciado tiene que ver con
la conclusión del ad quem conforme a la cual no se alegaron
ni probaron otros actos desleales con posterioridad al 1° de
junio de 2017, yerro que es consecuencia de la indebida
apreciación de la demanda y la omisión de correos
electrónicos, contratos de comodato y un formato de
inscripción en un programa para distribuidores, documentos
cuyas vigencias excedían la del último contrato de
distribución.
En este punto debe recordarse que, a juicio del
Tribunal, la actora no alegó ni probó que después del 1° de
junio de 2017 hubiese tenido lugar algún otro acto desleal,
sin que el solo dicho de Ludesa sobre las conversaciones
sostenidas en septiembre de 2017 tendientes a evaluar la
posibilidad de celebrar un nuevo contrato sirviera para
desvirtuar sus conclusiones, porque esa afirmación se
encontraba «huérfana de prueba» y, además, ello no había sido
denunciado como un acto deshonesto en sí mismo.
Nótese cómo el esfuerzo de la recurrente se contrae a
demostrar que sí existía prueba de tales acercamientos, sin
atacar la principal consideración del colegiado, y es que esa
circunstancia no fue alegada en la demanda como conducta
desleal. Recuérdese que, para el juzgador de segundo grado,
«lo que resulta de principal relevancia para la decisión, es que ese hecho
no fue esgrimido como una de las supuestas conductas desleales
acusadas, delimitadas de forma precisa en el libelo contentivo de la
reforma, y según la propia demandante, lo que denotó ese acto es
únicamente, “que no había preocupación alguna de su parte [de Primax
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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y Terpel] por la situación financiera de LUDESA, más no que per se fuera
una acción desleal».
Al sustentar el cargo la actora trata de mostrar cómo, al
amparo de la cláusula general de prohibición una conducta
como «[haber hecho] creer a Ludesa que la relación contractual
continuaría», debía ser entendida como contraria a la buena fe
y las sanas costumbres; pero esto no confronta de manera
directa la consideración del Tribunal. Véase que, para colegir
que los acercamientos para explorar un nuevo negocio no
fueron denunciados como un acto anticompetitivo, el ad
quem se basó en la demanda reformada, en la que
efectivamente no se incluyó dicha actuación dentro del
detallado listado de conductas desleales denunciadas por la
actora como constitutivas de la estrategia desleal de su
contraparte9, y tampoco se le dio dicho calificativo en el relato
de los hechos, lo que descarta el error de apreciación
denunciado.
Además, el juzgador se basó en lo expuesto en el hecho
3.5.48 del libelo, en el que se dijo que las demandadas no
podían excusarse en el proceso de reorganización de Ludesa
para terminar el contrato porque durante ese trámite habían
formulado nuevos planes de negocio, lo que evidenciaba que
en aquellas no existía preocupación por la situación
financiera de la actora; de modo que el entendimiento del
colegiado no luce de ninguna manera irrazonable ni
antojadizo, quedando su conclusión incólume.
9 Contenido en las pretensiones de la demanda reformada.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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4.2.4. Ahora bien, a pesar de la insuficiencia de los
ataques antes referidos, lo cierto es que una de las denuncias
de la censura si tiene vocación de prosperidad, y es la
relacionada con el yerro fáctico en la apreciación de la
demanda, puesto que la magistratura de segundo grado
ciertamente dejó de ver que el principal acto demandado por
Ludesa fue su salida del mercado a causa de la terminación
del vínculo contractual, no la disminución del término de
vigencia de sus prórrogas, como se pasa a explicar.
4.3. El error de hecho en la apreciación de la
demanda reformada
4.3.1. La censora denuncia que el Tribunal erró al
apreciar la demanda porque, alejándose de su tenor, no vio
que la causa de la reclamación fue la planificación y
ejecución de una estrategia «tendiente a sacar a LUDESA
deslealmente del mercado», hecho que se concretó cuando el
contrato fue terminado sin una nueva renovación, esto es, el
30 de noviembre de 2017.
Vista la demanda reformada, encuentra la Sala que,
efectivamente, de la exposición del petitum y la causa petendi
se concluye con claridad que la reclamación de la actora se
basa en un motivo principal: la expulsión de Ludesa del
mercado, antecedida por una estrategia sistemática de las
convocadas y determinada por la finalización del contrato de
distribución de manera -a decir de la actora-,
malintencionada y desleal.
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En el acápite de pretensiones, Ludesa describió con
detalle las declaraciones perseguidas, especificando en qué
actos o conductas se basaba cada una de ellas y aludiendo
en forma insistente a la terminación desleal del contrato y su
salida del mercado a raíz de la estrategia que, según dice,
llevaron a cabo las convocadas:
2.1. Que se declare que EXXONMOBIL Y TERPEL incurrieron en
el acto de competencia desleal previsto en la cláusula general (…)
por cuenta de diseñar, planificar y ejecutar una estrategia
sistemática tendiente a sacar a LUDESA deslealmente del
mercado de la distribución de lubricantes de la marca Mobil.
2.3. Que se declare que EXXONMOBIL incurrió en el acto de
competencia desleal previsto en la cláusula general (…), por cuenta
de instruir a LUDESA para que adquiriera las operaciones o cuotas
de participación en el mercado de distribuidores pequeños, para
luego terminar el contrato de distribución (…).
2.6. Que se declare que EXXONMOBIL incurrió en el acto de
competencia desleal previsto en la cláusula general (…), por
cuenta de terminar de mala fe el contrato de distribución
que lo ligaba a mi poderdante, el cual decantó en la pérdida de
LUDESA como unidad de negocio (…).
2.7. Que se declare que TERPEL incurrió en el acto de
competencia desleal previsto en la cláusula general (…), por cuenta
de haber impuesto a ExxonMobil como condición para asumir el
negocio de lubricantes, terminar el contrato de distribución
con LUDESA.
2.8. Que se declare que TERPEL incurrió en el acto de
competencia desleal de desviación de clientela (…), por exigirle a
ExxonMobil, para la adquisición del negocio de lubricantes,
terminar deslealmente el vínculo contractual con LUDESA,
para efectos de asumir la operación de distribución a través de su
propia red (…).
2.9. Que se declare que EXXONMOBIL y TERPEL incurrieron en
el acto de competencia desleal previsto en el artículo 9° de la Ley
256 de 1996, por haber desorganizado (…) a LUDESA,
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modificando las condiciones contractuales históricamente
manejadas (…) con la finalidad de lograr su salida del
mercado y deshacerse de ella como distribuidor (…).
Acertadamente, el Tribunal entendió que se denunciaba
una estrategia desleal, al resaltar: «la Sala advierte que, en efecto,
Ludesa compendió en su escrito inicial el cúmulo de “los actos desleales
demandados” desplegados por las convocadas, los que sirvieron de pilar
a su acción». Sin embargo, erró al considerar que el hecho final
de dicha estratagema fue la última prolongación del contrato.
Basta ver las pretensiones transcritas para concluir que
la disminución de los términos de vigencia del convenio no
fue lo que se denunció como punto cumbre de la maniobra
atribuida a las convocadas, sino la
terminación del contrato
que originó la salida de Ludesa del mercado.
4.3.2. Y es que, al denunciar la supuesta estrategia
desleal, Ludesa relató una serie de actos que, vistos
aisladamente, no tenían un tinte diferente al de vicisitudes
contractuales pero que, concurriendo con otros actos
diferentes acontecidos a través del tiempo, merecieron para
la actora el reproche de deslealtad que fundamenta la acción
impetrada.
Atinó el colegiado al entender que en este caso se
denunciaba una estrategia desleal, pero desvió el camino
cuando entendió que aquella «tuvo como hecho final la última
prolongación del contrato, la que empezó el 1 de junio de 2017 y que,
por supuesto, fue de conocimiento de ambas contratantes» y al
concluir con firmeza que «no se alegó –ni se demostró- por la
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demandante, que luego de tal momento hubiese tenido lugar
algún supuesto acto de competencia desleal».
Contrario al entendimiento del ad quem, lo que la
demanda reprocha no es la firma de la última prórroga por
un lapso inferior al acostumbrado, sino la efectiva
terminación del contrato
de distribución, que ocurrió el 30
de noviembre de 2017 y que, según se relata en el libelo, fue
«el punto cumbre» de la estrategia puesta en marcha por las
convocadas que desembocó en la salida de Ludesa del
mercado de distribución de combustibles marca Mobil.
Véase que sobre esa reducción en el plazo, en el relato
de los hechos se indica que, aunque a la demandante le
pareció «sospechosamente corto» el término de renovación del
contrato, ella «desconocía la dimensión del acuerdo entre las
demandadas, por lo que accionistas y administradores (…) confiaron en
que se trataba de una situación transitoria, pues estaban convencidos
de que la relación comercial de más de 50 años se tenía (sic) con
EXXONMOBIL era lo suficientemente sólida como para retomar las
condiciones contractuales progresivamente modificadas»10.
Por esa senda, perdió de vista el juzgador que el hecho
de la
terminación del contrato
fue denunciado como «el punto
cumbre de la estrategia planeada por ambas demandadas en el presente
asunto para sacar, sistemática y progresivamente del mercado a
Ludesa», y fue reiterado por la demandante, de forma
10 Cfr. Hecho 3.5.27 de la demanda reformada.
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insistente, a lo largo de la exposición de los supuestos
fácticos de la demanda11.
Esa equivocación llevó al ad quem a entender que el
«hecho final» de la estrategia denunciada fue «la última
prolongación del contrato, la que empezó el 1 de junio de 2017»,
dejando de lado la reiterativa denuncia de la terminación
misma del pacto de distribución como acto desleal. En virtud
de este errado entendimiento, el colegiado fincó el dies a quo
en la fecha en que se firmó la última prórroga del contrato -
1° de junio de 2017-, afirmando que no se habían
denunciado actos desleales posteriores y declarando
prescrita la acción de competencia desleal.
Tal conclusión se aleja por completo de lo expresamente
consignado en el acápite de pretensiones y de la causa
petendi de la demanda y, por lo tanto, constituye un
auténtico error de hecho en la apreciación del libelo, el cual
es trascendente en lo que atañe a una de las demandadas, e
impone el quiebre parcial de la sentencia impugnada, como
se pasa a explicar.
4.4. La trascendencia del yerro
4.4.1. En esta sede extraordinaria, el recurrente debe
«demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la
sentencia»12, es decir, su influencia en el fallo impugnado,
11 A la existencia de una estrategia que tenía como fin sacar a Ludesa del mercado y a la terminación
del contrato que finalmente la provocó, se alude en los siguientes hechos: 3.4.11, 3.4.15, 3.5.5, 3.5.6,
3.5.12, 3.5.13, 3.5.16, 3.5.23, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.38, 3.5.49, 3.6.1 a 3.6.5 y 3.7.1 a 3.7.8.
12 Artículo 344, literal a), numeral 1°, Código General del Proceso.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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pues no basta una equivocación del juzgador, sino que ella
debe ser relevante y evidente en el sentido de la decisión,
pues solo el error manifiesto y trascendente tiene la
virtualidad de infirmar la sentencia recurrida. De esta
manera, demostrado el yerro, se debe verificar su alcance en
el sentido decisorio, esto es, si el fallo impugnado tendría que
ser distinto del cuestionado.
En ese sentido, encuentra la Corte que el error de hecho
en la apreciación de la demanda sólo es trascendente en
cuanto a lo decidido respecto de una de las convocadas, a
saber, la Organización Terpel, esto debido a que en lo que
atañe a Primax Colombia, situada la Sala en sede de
instancia, encontraría que, aunque tomando el dies a quo
que realmente corresponde al momento en el cual la actora
tuvo conocimiento de la
terminación del contrato
, la acción
estaría igualmente prescrita para esa demandada.
Para explicar la trascendencia del error, la Sala debe
anticipar las conclusiones a las que llegaría situada en sede
de instancia, pues no de otra manera se evidenciaría la
especial situación que encierra este caso. Veamos:
4.4.2. Ciertamente, la
terminación del contrato
de
distribución y la consecuente salida de Ludesa del mercado
fue señalada como el punto cumbre de la estrategia desleal
que fundamenta la reclamación de la convocante, y el
momento en el que se reveló para la actora el supuesto
complot en su contra. En ese sentido, el recto entendimiento
de la demanda no permitía considerar que el «hecho final»
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denunciado fuera «la última prolongación del contrato», cuando
lo que a lo largo del escrito se alegó como punto culminante
de dicha estratagema fue el finiquito del pacto.
En tal virtud, le correspondía al juzgador identificar el
momento en que la actora tuvo conocimiento de la
estrategia denunciada y de la persona infractora, pues esa
era su labor al analizar la excepción de prescripción
propuesta por las demandadas, fundada en el término
subjetivo de dos años consagrado en la Ley 256 de 1996.
Vale resaltar que la alegada por las convocadas fue
precisamente la prescripción subjetiva, fundada en el
conocimiento de Ludesa del acto desleal denunciado, pues
en excepciones de mérito de idéntico tenor Primax y Terpel
propusieron la defensa de prescripción, señalando que
los derechos que LUDESA reclama están prescritos porque
transcurrieron más de dos años desde que esta tuvo
conocimiento de la ocurrencia de las supuestas conductas
desleales y la presentación de la demanda. (…) La jurisprudencia
reciente y la doctrina han señalado que, en competencia desleal,
el cómputo del término de prescripción de dos (2) años corre
a partir del conocimiento del acto desleal, sin importar si se
trata de un acto continuado o instantáneo. Así pues, para que
prospere la excepción de prescripción, basta con que se pruebe que
las acciones (…) fueron iniciadas con posterioridad al vencimiento
de los dos años contados desde que el demandante tuvo
conocimiento de dichas conductas13.
13 Cfr. Contestación de la demanda reformada presentada por Primax Colombia, contenida en el archivo
“CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA (PRIMAX).pdf, contenido en la carpeta “080-
CONTESTACIÓN REFORMA A LA DEMANDA (PRIMAX) del Cuaderno de Primera Instancia del
expediente digital., así como la contestación presentada por la Organización Terpel, contenida en el
archivo “CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA (TERPEL).pdf, contenido en la carpeta
“078- CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA (TERPEL ) del Cuaderno de Primera Instancia
del expediente digital
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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4.4.3. Pues bien, vistos los medios de convicción,
encuentra la Sala que el conocimiento real y efectivo de la
terminación del contrato
no se obtuvo cuando se firmó la
última prórroga -1° de junio de 2017-, pues no existe prueba
que demuestre que para ese entonces Ludesa supiera que no
vendría una nueva renovación; pero tampoco el 30 de
noviembre siguiente, cuando efectivamente terminó el
contrato.
El conocimiento de la no renovación del negocio jurídico
se dio el día 25 de octubre de 2017, cuando Ludesa recibió
la comunicación remitida por ExxonMobil en la que
informaba claramente que el contrato terminaría al expirar
el plazo pactado en el último otrosí14:
Bogotá, 20 de octubre de 2017
Señor
MAURICIO OCAMPO SIERRA
Representante Legal
LUDESA DE COLOMBIA S.A.S.
(…)
Ref: Notificación de Vencimiento del Contrato de Distribución de
Lubricantes suscrito entre EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. y
LUDESA DE COLOMBIA S.A.S.
Respetados señores.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 1.4. del contrato de
distribución de lubricantes suscrito entre EXXONMOBIL DE
COLOMBIA S.A. y LUDESA DE COLOMBIA S.A.S., la vigencia del
mismo vence el próximo 30 de noviembre de 2017.
Por medio de la presente notificamos que EXXONMOBIL DE
COLOMBIA S.A. no prorrogará la vigencia del contrato al
14 Esta comunicación obra a folio 484 digital del archivo pdf “19263458—0000000001.pdf”, contenido
en la carpeta “001 – DEMANDA” del Cuaderno de Primera Instancia del expediente digital.
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vencimiento del mismo y por lo tanto el contrato terminará el día
30 de noviembre de 2017.
Agradecemos por toda la atención prestada durante la vigencia del
contrato.
Atentamente,
CARLOS A. NOACK DURÁN
Representante Legal
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
Aunque dicha comunicación está fechada el 20 de
octubre de 2017, la promotora confesó haberla recibido el día
25 de octubre siguiente, y se trata de un documento que
evidencia el momento en que Ludesa tuvo conocimiento de
la realización del acto que, a su juicio, causó su salida del
mercado y que le reveló la existencia del supuesto ardid en
su contra, esto es, la
terminación del contrato
de
distribución, misma que confirmaba, en su criterio, la
existencia de una supuesta estrategia desleal para sacarla
del mercado.
Sin embargo, como se explicó en precedencia, no basta
con establecer el momento en que el demandante supo de la
comisión del acto, sino que el término subjetivo de
prescripción exige la determinación del momento en el que
aquél «tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de
competencia desleal», es decir, del momento en que identificó al
agente infractor, que puede ser concomitante o posterior al
conocimiento de la realización de la conducta desleal.
Pues bien, la prueba fehaciente de esa plena
identificación se encuentra en la comunicación de fecha 8 de
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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noviembre de 201715, a través de la cual Ludesa dio
respuesta a la notificación de ExxonMobil, denunciando la
terminación del contrato
como un acto desleal atribuido
tanto a ExxonMobil como a COPEC (empresa matriz de
Terpel):
Rechazamos de plano la posición asumida por EXXONMOBIL, en
abierta deslealtad contra uno de sus mayores aliados
estratégicos, la cual devela un inexcusable y arrogante
vulneración al régimen de insolvencia colombiano, la libre
competencia, la buena fe contractual y un menosprecio de las
instituciones reguladoras del mercado y de las sociedades.
Conductas que evidencian el aprovechamiento ilícito de nuestra
operación empresarial, y del capital humano, económico y social
puesto al servicio de EXXONMOBIL a través de nuestra gestión.
Lo anterior genera serias preocupaciones sobre la buena fe
contractual y el respeto por las buenas prácticas en la libre
competencia, especialmente en el contexto de los procesos de
integración pendientes de aprobación entre EXXONMOBIL y
COPEC, como ha sido informado a los entes reguladores
colombianos (…).
Es importante resaltar que incluso la comunicación de
fecha 16 de noviembre de 201716, denunciada por la censora
como omitida, da cuenta de ese conocimiento previo,
comoquiera que dicho documento recoge lo expuesto en una
reunión celebrada el 10 de noviembre anterior, a la que
acudió Ludesa y en la que se expusieron los pasos a seguir
de cara a la efectiva
terminación del contrato
.
15 Esta comunicación obra a folio 539 digital del archivo pdf “19263458—0000000001.pdf”, contenido
en la carpeta “001 – DEMANDA” del Cuaderno de Primera Instancia del expediente digital.
16 Se trata de una carta dirigida por ExxonMobil al Gerente General de Ludesa, fechada el 16 de
noviembre de 2017 y en la que se recogen las conclusiones de una reunión previa, llevada a cabo el 10
de noviembre anterior. Obra en el expediente a folio 372 digital del archivo pdf “034- Anexos A22-
C30.pdf”, contenido en la carpeta “001 – DEMANDA” del Cuaderno de Primera Instancia del expediente
digital.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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4.4.4. En virtud de lo expuesto, situada la Corte en sede
de instancia tendría que reconocer que para el día 8 de
noviembre de 2017 ya Ludesa sabía con certeza que el
contrato de distribución no sería renovado y que, debido a
ello, en sus palabras, la expulsarían deslealmente del
mercado de distribución de lubricantes Mobil, siendo esa
fecha el dies a quo del término prescriptivo.
En ese sentido, actuando la Corte como tribunal de
instancia tendría que reconocer, necesariamente, que la
acción de competencia desleal prescribió el día 8 de
noviembre de 2019.
Sin embargo, ese término se consolidó únicamente
frente a Primax de Colombia, debido a que ésta convocada no
fue llamada a audiencia de conciliación prejudicial y en ese
sentido, no se presentó ninguna circunstancia que diera pie
a la suspensión del término prescriptivo, motivo por el cual,
para el 12 de noviembre de 2019, fecha en que se presentó
la demanda de Ludesa, la acción ya se encontraba
prescrita frente a Primax de Colombia S.A.
No ocurre lo mismo frente a la Organización Terpel, que
sí fue convocada a conciliación prejudicial ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Está probado que el 16 de septiembre de 2019, Ludesa elevó
la respectiva solicitud y que, ante el fracaso de la audiencia,
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
36
el 7 de octubre de 2019 se expidió la respectiva constancia
de imposibilidad de acuerdo17.
En este caso es aplicable el artículo 21 de la Ley 640 de
2001, entonces vigente, cuyo tenor establecía:
Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o
de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado
en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la
presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a
que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
Teniendo en cuenta la fecha en que se elevó la solicitud
de conciliación y la fecha en que se expidió la constancia de
no acuerdo, se impone afirmar que, conforme a lo dispuesto
por la norma citada, el término estuvo suspendido entre el
16 de septiembre y el 7 de octubre de 2019, esto es, durante
veintidós días.
Entonces, si el término de prescripción de la acción de
competencia desleal vencía el día 8 de noviembre de 2019, y
el mismo estuvo suspendido durante veintidós días, la
demanda contra Terpel podía ser presentada hasta el día 30
de noviembre de 2019. Como la demanda fue presentada el
12 de noviembre de ese año, la acción de competencia desleal
17 Cfr. Constancia de no acuerdo obrante a folio 159 digital del archivo pdf “19263458—
0000000001.pdf”, contenido en la carpeta “001 – DEMANDA” del Cuaderno de Primera Instancia del
expediente digital.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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no estaba prescrita en lo que atañe a la demandada
Organización Terpel S.A.
4.4.5. Lo expuesto pone de presente cómo en este caso
el alcance de la casación es parcial, puesto que, si bien se
demostró la existencia de un error de hecho en la apreciación
de la demanda, esa equivocación sólo es trascendente frente
a lo decidido respecto de una de las demandadas, esto en la
medida en que, respecto de la otra, la decisión de la Corte en
sede de instancia coincidiría con la del Tribunal en cuanto a
la prosperidad de la excepción de prescripción de la acción –
aunque con las claridades de rigor en cuanto a la
determinación del dies a quo–, motivo por el cual la decisión
frente a Primax de Colombia S.A. quedaría incólume.
4.5. Procedencia de la sentencia anticipada parcial
El artículo 278 del Código General del Proceso establece
que «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia
anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: (…) 1. Cuando
las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por
iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere pruebas
por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la
transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de
legitimación en la causa».
El tenor de la norma evidencia que el legislador de 2012
prohijó la posibilidad de dictar sentencia anticipada parcial
en aquellos casos en los que, por diversas circunstancias,
resultara inocuo continuar con la actuación judicial, como
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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podría ser el caso en el que, tempranamente, se encontrara
plena prueba de la prescripción extintiva. Por economía
procesal, por celeridad y en cumplimiento del imperativo
ético de entregar a los ciudadanos una resolución judicial
pronta ante sus conflictos, el estatuto adjetivo impuso al
juzgador el deber de dictar fallo anticipado en los casos
establecidos en el referido canon.
En ese contexto, es comprensible que el legislador
habilitara la posibilidad de dictar una sentencia anticipada
parcial cuando las particularidades del proceso así lo
permitan y lo requieran, por ejemplo, cuando existe demanda
de reconvención, cuando existe acumulación de pretensiones
o de procesos, o cuando se está en presencia de un
litisconsorcio facultativo, como ocurre en este caso.
A diferencia del necesario -en el que subyace una
relación sustancial que exige la resolución uniforme del
litigio-, el litisconsorcio facultativo es voluntario y en él los
litigantes actúan con independencia en la suerte procesal, al
punto que la ausencia de alguno no es impedimento para que
se dicte sentencia de fondo. Como se trata de auténticos
litigantes separados, no es extraño pensar que las
circunstancias que la norma consagra como criterios de
procedencia de la sentencia anticipada se den respecto de
uno de ellos, motivo por el cual el aludido precepto permite
la adopción de determinaciones diversas frente a uno y otro
que puedan conllevar la existencia de dos decisiones en el
proceso: una sentencia anticipada parcial, y una sentencia
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de fondo que resuelva sobre los aspectos que no fueron objeto
de decisión de forma temprana.
En el caso bajo estudio, Primax Colombia (antes
ExxonMobil) y Organización Terpel son litisconsortes
facultativos, pues entre ellos no existe una relación jurídica
sustancial que exija la presencia de uno y otro para resolver
de manera uniforme el asunto, sino que, por el contrario, su
vinculación se debe a la voluntad de Ludesa, quien decidió
atribuir a las dos convocadas la comisión de los actos
supuestamente desleales, cuya indemnización persigue.
En tal virtud, siendo como son litigantes separados, la
declaratoria de la prescripción de la acción puede favorecer a
solo uno de ellos, y en atención de la pauta procesal en
comento, es posible dictar sentencia anticipada respecto de
uno de los convocados, siguiendo el proceso adelante con
aquel frente a quien la acción no se encontraba prescrita.
4.6. Recapitulación
Dado que el error demostrado en esta sede solo es
trascendente en cuanto a la Organización Terpel, se impone
el quiebre parcial de la sentencia impugnada frente a lo
decidido respecto de esa demandada, toda vez que el ataque
extraordinario no alcanzó a derruir las conclusiones del
colegiado en cuanto al efectivo acaecimiento de la
prescripción extintiva frente a Primax de Colombia, siendo
procedente emitir sentencia sustitutiva que desate la
apelación de la actora, solo en cuanto a su desacuerdo con
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
40
la declaratoria de prescripción de la acción de competencia
desleal promovida contra Organización Terpel, pues en todo
lo demás la sentencia impugnada queda incólume.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Delimitación del asunto a resolver
Aunque la Sala encontró procedente casar la sentencia
del Tribunal, lo cierto es que los efectos de esa determinación
son parciales, pues solo implican el quiebre de la disposición
conforme a la cual se declaró la prescripción extintiva de la
acción de competencia desleal promovida en contra de
Organización Terpel S.A. En contraposición, la declaración
de prescripción de la acción instaurada contra Primax de
Colombia se tornó inmodificable, pues no prosperaron las
alegaciones dirigidas a la casación total del fallo impugnado.
2. La sentencia del a quo
Consideró el juzgador de primer grado que el auto que
admitió a Ludesa al proceso de reorganización empresarial
daba cuenta de las situaciones expuestas por la convocante
ante la Superintendencia de Sociedades el 28 de febrero de
2017, cuando relató algunos de los hechos que ahora
denuncia como integrantes de una estrategia desleal
tendiente a la finalización del vínculo contractual y a su
consecuente salida del mercado. A su juicio, «la misma
demandante es clara en afirmar que los actos se cometieron desde el año
2015, los cuales fueron continuados hasta la última renovación del
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
41
contrato, lo que la llevó a iniciar un proceso de reorganización ante la
Superintendencia de Sociedades, cuyo fundamento corresponde a las
renovaciones contractuales por un término inferior al acostumbrado y el
cual es la base de la presente demanda».
En ese sentido, encontró que, para esa fecha, la
convocante ya conocía «las circunstancias que rodean cada uno de
los actos desleales alegados en su escrito de demanda, pues desde
tiempo atrás no solo conoció sobre la integración empresarial entre las
demandadas, sino que, adicionalmente, era siempre clara la fecha en la
que el contrato se terminaría».
En tal virtud, estableció como hito inicial del cómputo
del término prescriptivo el día 28 de febrero de 2017, motivo
por el cual el plazo para presentar la demanda fenecía el 28
de febrero de 2019. Luego, como la demanda fue presentada
el 12 de noviembre de 2019, consideró que la acción de
competencia desleal se encontraba prescrita y así lo declaró,
denegando las pretensiones de la demanda.
3. El recurso de apelación
Al exponer los reparos concretos contra la sentencia de
primera instancia, la demandante sostuvo que la
determinación del dies a quo fue equivocada, puesto que no
se demandó un hecho puntual e individualmente
considerado, sino el diseño y ejecución de una estrategia
constituida por un conjunto de actos progresivos en el
tiempo, que «solo puede ser demandada cuando queda completada».
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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En ese sentido, resaltó que la razón de la reclamación
radica en «la concurrencia de varios actos y elementos que evidencian
el desarrollo de la referida estrategia de sacarla del mercado, progresiva
y gradualmente», por eso, lo que se demanda no son los
primeros pasos de esa aparente estratagema, pues «ninguna
de las circunstancias acontecidas en los referidos años, resultaban
suficientes para que LUDESA pudiera conocer de la configuración de los
actos desleales, y como quiera que la prescripción extintiva que se
encontró probada fue la subjetiva (…), es claro que la declaración de la
extinción de la acción no luce razonable por cuanto ninguno de los
sucesos de los años 2015 y 2016 denotan la ejecución de la estrategia
desleal demandada».
Afirma que la información sobre la prórroga del contrato
por seis meses tampoco puede dar inicio al conteo, porque en
septiembre de 2017, durante la vigencia de aquella, las
partes exploraron la posibilidad de celebrar un nuevo
contrato, al punto que hicieron reuniones y se suscribieron
contratos de comodato con terceros para vender el lubricante
bajo el nuevo esquema que se estaba negociando. Tampoco
puede tenerse como fecha de enteramiento el 27 de diciembre
de 2016, cuando las demandadas informaron a la
Superintendencia de Industria y Comercio su intención de
integrarse, porque ese hecho «tampoco evidenciaba la planeación
y posterior ejecución de los actos demandados», siendo la operación
de concentración solo un paso en el inicio de la estrategia.
Además, la demanda da cuenta de actos deshonestos
ocurridos con posterioridad al 28 de febrero de 2017, como
la inhabilitación del código de distribuidor, la exigencia de la
reducción de la deuda y de nuevas capitalizaciones, el pago
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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de obligaciones pese a la existencia del proceso de
reorganización o la reducción del cupo de crédito. En ese
sentido, el a quo declaró la prescripción de forma ligera, sin
que el conocimiento exigido estuviera demostrado y dejando
de lado una parte fundamental de las conductas
reprochadas.
4. Análisis de los reparos concretos
Los motivos de apelación de la inconforme radican en
que, lejos de demandar la declaratoria de deslealtad de actos
individualmente considerados, lo que se busca es el
reconocimiento de una serie de conductas progresivas y
sistemáticas desarrolladas en el tiempo, que quedaron en
evidencia y sólo adquirieron identidad cuando Ludesa, según
lo manifiesta la demandante, fue marginada del mercado, lo
que ocurrió, de acuerdo con su planteamiento, a raíz de la
terminación del contrato
que la unía a ExxonMobil.
Ciertamente, vista la demanda reformada se encuentra
que la exposición de sus fundamentos fácticos está precedida
de una aclaración conforme a la cual se indica que aquellos
«comprenden varios hitos y conductas específicas que integradas y luego
de completarse y acontecer sucesivamente, dieron lugar a los actos
desleales demandados». En ese acápite se alude una y otra vez
a la ejecución de una estrategia desleal, indicando varios
sucesos que, según se dijo, no eran percibidos por la
convocante como desleales, pues no supo que hacían parte
de la denunciada estratagema sino hasta que esta culminó
con éxito para las demandadas.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
44
En armonía con lo anterior, debe resaltarse que,
aunque la demanda hace un extenso recuento desde los
albores de la relación comercial que existió entre las partes,
lo cierto es que expone una serie de actos ocurridos a partir
del año 2015 y que, individualmente considerados, no fueron
vistos como desleales, pero que analizados en conjunto y una
vez tomada la decisión de
terminación del contrato
, llevaron
a Ludesa a considerar la existencia de una estrategia
torticera encaminada a expulsarla del mercado.
Es por eso que erró el juzgador al analizar esos actos
uno a uno, sin tener en cuenta que tanto en el petitum como
en la causa petendi se expuso con claridad que el principal
acto desleal denunciado fue la ejecución de una estrategia
tendiente a la sacar a Ludesa del mercado, suceso que la
demanda vincula en forma contundente a un hecho que
considera definitivo, esto es, la
terminación del contrato
de
distribución, que presenta como «el punto cumbre de la estrategia
planeada por ambas demandadas en el presente asunto para sacar,
sistemática y progresivamente del mercado a Ludesa».
Esa indisoluble relación de causa efecto fue expuesta en
la pretensión 2.6 de la demanda, cuando se pidió la
declaratoria del acto desleal consagrado en la cláusula
general de prohibición, «por cuenta de terminar de mala fe el
contrato de distribución que lo ligaba a mi poderdante, el cual decantó
en la pérdida de LUDESA como unidad de negocio dedicada a la
comercialización de lubricantes con más de 50 años de presencia en el
mercado».
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45
En tal virtud, aunque ciertamente la actora pidió la
declaratoria de deslealtad de conductas individualmente
consideradas –lo cual se evidencia con la simple lectura de
las pretensiones-, no puede perderse de vista que un
adecuado entendimiento de la demanda impone concluir
que, en lo que interesa al derecho de la competencia, tales
conductas solo adquirieron sentido cuando, al ser analizadas
en conjunto con otras y ante la evidente salida del mercado,
brotaron ante la demandante como los «pasos» de lo que ella
considera fue una estrategia desleal urdida en su contra.
En ese sentido, no obra prueba en el expediente que
permita sostener que, para el 28 de febrero de 2017, fecha
en la que se elevó la solicitud de reorganización empresarial,
la actora supiera que las distintas vicisitudes contractuales
que en ese momento expuso hicieran parte de una
estratagema tendiente a sacarla del mercado. Al menos, ello
no puede concluirse con certeza en una etapa tan temprana
del proceso, donde la única prueba en la que pudo fundarse
el a quo fue la documental, lo que impidió explorar a través
de otras probanzas si el indispensable conocimiento de la
conducta desleal fue efectivamente adquirido en ese
entonces.
Ahora bien, de los hechos de la demanda y de las
documentales existentes si es posible inferir que el
conocimiento de la conducta reprochada se tuvo en el
momento en que la actora fue informada de la terminación
del contrato de distribución, circunstancia a la que vincula,
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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en forma categórica, su salida del mercado. Así mismo, tales
medios de convicción muestran con claridad que, para el 8
de noviembre de 2017, Ludesa había identificado, además, a
quienes considera como agentes infractores.
Como se explicó en el supra 4.4.3., ese conocimiento
luce irrefutable para el 8 de noviembre de 2017, fecha en la
que Ludesa dio su airada respuesta ante la comunicación de
terminación del contrato
, y en la que expresamente tildó la
conducta como desleal y la atribuyó a ExxonMobil y a
COPEC, empresa matriz de Organización Terpel, motivo por
el cual el conocimiento del acto que en sede judicial se
denuncia como desleal y de la persona que lo ejecutó se
obtuvo en esa data, como sin lugar a duda muestran los
medios de prueba analizados en sede de casación.
En ese sentido, el análisis del juzgador de primer grado
luce incompleto, porque, por un lado, no tuvo en cuenta que,
efectivamente, la actora denunció la comisión de actos
deshonestos ocurridos después del 28 de febrero de 2017, y
por el otro, no vio que la identificación de los actos
individuales como parte de una estrategia calificada como
desleal por la actora sólo tuvo lugar una vez fue informada
de la
terminación del contrato
con su consecuente salida del
mercado de distribución de lubricantes Mobil.
Vale resaltar que la fecha de ocurrencia de cada una de
las conductas individualmente consideradas es relevante
cuando se analiza la prescripción objetiva, esto es, la que
establece como término de prescripción el de tres años
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47
contados desde el momento de realización del acto desleal,
no así cuando se trata de la subjetiva, que fue la alegada por
las demandadas y que exige un análisis profundo y cauteloso
de cara a desentrañar una circunstancia íntima y personal
del demandante, como es su efectivo conocimiento respecto
de la conducta y del agente infractor, como se explicó en sede
de casación.
Ahora bien, no es de recibo el argumento de las
demandadas en el sentido de que para el 1° de junio de 2017,
cuando se firmó la última prórroga del contrato, ya Ludesa
sabía que el mismo finalizaría seis meses después y, por
ende, en esa fecha debía fijarse el dies a quo del término
prescriptivo. A juicio de la Sala, el mismo contrato de
distribución ya había tenido tres prórrogas anteriores: (i) la
primera por un mes, que extendió su vigencia hasta el 30 de
noviembre de 2016; (ii) la segunda por seis meses, que amplió
su duración hasta el 31 de mayo de 2017; y (iii) una tercera,
firmada el 1° de junio siguiente, por seis meses más.
Esa circunstancia podía hacer pensar legítimamente a
Ludesa que el contrato iba a tener una nueva prórroga o que
se celebraría uno nuevo, esto debido a las conversaciones
exploratorias sostenidas con ExxonMobil en septiembre de
2017, donde se consideró la posibilidad de celebrar un nuevo
acuerdo de distribución de combustible a granel en la ciudad
de Bucaramanga que tendría efectos en el año 2018. En ese
sentido, no luce plausible considerar que para el momento
en que se firmó una nueva prórroga ya la actora sabía que el
pacto no sería renovado, cuando se habían dado prórrogas
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
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sucesivas y se exploraba la posibilidad de ampliar la
distribución para el año siguiente.
Recuérdese que en este caso se estaba analizando la
prescripción subjetiva, lo que imponía al juzgador la
obligación de auscultar cuándo Ludesa había tenido
conocimiento de que los distintos actos, vistos en conjunto,
hacían parte de la estrategia desleal. Una recta apreciación
de la demanda muestra que eso sólo ocurrió cuando se
informó sobre la terminación efectiva del contrato de
distribución, momento a partir del cual la actora tuvo la
convicción de que se había ejecutado una estrategia desleal
en su contra, y halló sentido a las distintas situaciones que,
desde 2015, venían aconteciendo en la relación contractual.
Lógicamente, nos referimos aquí a esa situación
subjetiva e interna del demandante que determina el
conocimiento de la conducta desleal y del infractor y con ello
el dies a quo del término prescriptivo de dos años establecido
en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, ello con total
independencia de que lo demandado corresponda realmente
–o no- a un ilícito concurrencial, alegación que sólo podría
ser dilucidada a través de una decisión de fondo que en este
caso no se dio, debido a la expedición del fallo anticipado.
En virtud de lo anterior, la decisión de la
Superintendencia de Industria y Comercio respecto a la
prescripción de la acción de competencia desleal promovida
contra Organización Terpel no se encuentra ajustada a
derecho y, por ende, será revocada.
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49
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CASAR PARCIALMENTE la sentencia
de 21 de julio de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso
declarativo de competencia desleal promovido por Ludesa de
Colombia S.A.S. – en reorganización contra Primax Colombia
S.A. y Organización Terpel S.A., lo anterior únicamente en
cuanto dispuso declarar fundada la excepción de
prescripción de la acción de competencia desleal promovida
en contra de Organización Terpel S.A.
Sin costas en casación, dada la prosperidad del recurso.
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la
sentencia anticipada de 21 de junio de 2022, proferida por la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
50
la prescripción de la acción de competencia desleal dirigida
en contra de Organización Terpel S.A.
SEGUNDO. ORDENAR a la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio continuar con el trámite normal del
proceso frente a la demandada Organización Terpel S.A.
TERCERO. COSTAS de segunda instancia a cargo
de Organización Terpel. Liquídense en la forma que prevé el
canon 366 del Código General del Proceso, teniendo en
cuenta como agencias en derecho la suma de $5’000.000.
CUARTO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente, previa notificación de la sentencia -vía
correo electrónico- a la liquidadora de la sociedad
demandante.
Notifíquese y cúmplase.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(con aclaración de voto)
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
51
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
52
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 11001-31-99-001-2019-63458-01
Con el acostumbrado respeto por la posición
mayoritaria, manifiesto que, aunque comparto la decisión de
casar parcialmente el fallo recurrido y, en sede de instancia,
revocar la sentencia anticipada proferida por el juzgado de
primera instancia, en cuanto declaró la prescripción de la
acción de competencia desleal, discrepo de la forma en que
se computó dicho término extintivo.
En el fallo se precisó que la consolidación de la
prescripción subjetiva, consagrada en el artículo 23 de la Ley
256 de 1996, exige establecer el momento en que el «legitimado
tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia
desleal», sobre el cual no existe duda. Sin embargo, dicho
enteramiento se tuvo por demostrado con la comunicación
fechada el 8 de noviembre de 2017, mediante la cual LUDESA
constató la notificación de terminación contractual enviada
por ExxonMobil, acto que calificó como desleal.
Ahora bien, en la sentencia también se afirmó que el
conocimiento de la no renovación del contrato de marras se
produjo el 25 de octubre de 2017, día en en la cual LUDESA
-según su confesión- recibió la comunicación del 20 de
octubre anterior, en la que ExxonMobil le indicó la
terminación del negocio jurídico, al vencimiento del plazo
convenido en el último otrosí.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
53
Encuentro que esa fecha -25 de octubre de 2017-, tiene
sustento probatorio en la respuesta del 8 de noviembre de
esa anualidad, que dio Ludesa a la comunicación de
terminación del contrato
, como pasa a explicarse:
i) Tal comunicación la dirigió Carlos A. Noack Durán,
representante legal de ExxonMobil de Colombia SA;
ii) En la respuesta a esa comunicación efectuada por
LUDESA, con destino a Carlos A. Noack Durán,
representante legal de ExxonMobil de Colombia S.A.,
expresamente se dijo:
a) «Referencia: su comunicación del 25 de octubre de 2017»;
b) «Nos referimos a su comunicación fechada el 25 de
octubre de 2017, y atendiendo a las implicaciones legales y
comerciales derivadas de las decisiones unilaterales que se
adoptaron por medio de la misma (…)» (Negrillas fuera de texto).
c) «1. Rechazamos la comunicación y no la damos por recibida,
dada su inhabilidad jurídica y ética. 2. Manifestamos recibir con
total extrañeza y descontento la terminación unilateral de
nuestra relación comercial, la cual consideramos improcedente e
inoportuna, tanto a nivel jurídico, ético y económico».
Entonces, en la misiva del 8 de noviembre de 2017, es
claro que Ludesa manifestó que, con la comunicación del 25
de octubre de esa anualidad, dirigida por el representante
legal de ExxonMobil, tuvo conocimiento de la realización de
la conducta tildada de desleal y de su autor. Luego, se reitera
que esta fecha debe contarse como el punto de partida para
el cómputo del término de prescripción.
Radicación n.º 11001-31-99-001-2019-63458-01
54
Considerar otro momento implicaría que, pese a estar
informada la parte afectada con ese fenómeno extintivo
convenientemente llegare a prosperar su respuesta, de
manera tal que el término de los dos años de que trata el
artículo 23 de la Ley 256 de 1996 pudiera correr a voluntad
del interesado.
Finalmente, como quiera que la demanda se radicó el
12 de noviembre de 2019, al descontar los 22 días de
suspensión con ocasión de la conciliación prejudicial18, no se
configuró el fenómeno de la prescripción.
En estos términos, dejo expresada mi aclaración de
voto.
Fecha ut supra.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
18 Artículo 21 de la Ley 640 de 2001.
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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