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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC1627-2025
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
(Aprobado en sesión de cuatro de junio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinticinco
(2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Moisés Persyko Watnik frente a la sentencia de 15 de
septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
dentro del proceso verbal que el recurrente instauró en
contra de Álvaro Gutiérrez Plaza y Édgar Gutiérrez
Valderrama.
EL LITIGIO
A. La pretensión
En la demanda que dio paso al proceso, Moisés Persyko
Watnik solicitó declarar que es el legítimo propietario del bien
inmueble «Lote denominado "Lote 1" ubicado en la vereda El
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Michu, municipio de Fusagasugá -Cundinamarca- identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria número 157-97120 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá».
Reclamó, asimismo, declarar que los convocados son
poseedores de mala fe y, en consecuencia, condenarlos a
restituir la posesión del predio y los frutos civiles con sus
rendimientos desde 1° de diciembre de 2004 hasta el 31 de
mayo de 2017, estimados en $972.926.115 por concepto de
rentas dejadas de percibir y $357.366.517.00 a título de
«rendimientos que las rentas han dejado de generar
calculados a la tasa DTF+ 3 puntos» [Fls. 202 a 214, archivo
Reivindicatorio, cuaderno 1B, carpeta PrimeraInstancia].
B. Los hechos
En respaldo de sus reclamaciones narró, en síntesis, los
hechos que admiten el siguiente compendio:
1.- Mediante escritura pública No. 6243 de 3 de
noviembre de 2004, otorgada ante la Notaría Sexta del
Círculo Notarial de Bogotá e inscrita en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente, el demandante adquirió el
dominio del bien raíz aludido como consecuencia de la dación
en pago realizada por Gladys Leonor García Sayer.
2.- Aunque el fundo fue traditado por parte de la
contratante, no fue entregado materialmente debido a que en
éste se encontraban los aquí demandados, quienes han
alegado tener posesión sobre la heredad, razón por la cual
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Edgar Gutiérrez, promovió en el año 2002 un proceso de
pertenencia en contra de la señora García Sayer, el cual fue
decidido adversamente al gestor en sentencia de 31 de enero
de 2011, proferida por el Juzgado Primero Civil de Circuito
de Fusagasugá, posteriormente confirmada por el superior
en fallo de 30 de marzo de 2012.
3.- A pesar de la ejecutoria del anterior veredicto, los
señores Álvaro Gutiérrez Plaza y Édgar Gutiérrez
Valderrama, no han restituido el inmueble de propiedad del
demandante, manteniendo la mala fe en su posesión.
C. El trámite de las instancias
1.- El libelo fue admitido por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Fusagasugá, el 11 de octubre de 2017, que
ordenó la notificación de los convocados y darles traslado del
pliego inaugural [Fl. 216, Ibídem].
2.- Enterados, los señores Gutiérrez Plaza y Gutiérrez
Valderrama se opusieron a las pretensiones y formularon las
excepciones de mérito que titularon: «ausencia de los
elementos propios para la prosperidad de la acción
reivindicatoria», «objeción de los frutos civiles, junto con los
rendimientos que ellos causen reclamados en la demanda»,
«reconocimiento de mejoras a favor del demandado Edgar
Gutiérrez Valderrama» y «prescripción adquisitiva
extraordinaria de dominio del predio objeto de reivindicación
por parte del señor Edgar Gutiérrez Valderrama» [Fls. 327-336,
idem].
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3.- La primera instancia se dirimió con sentencia de 17
de febrero de 2020, en la que se denegó el petitum de la
demanda; se dispuso el levantamiento de la medida cautelar
decretada y se condenó en costas al convocante.
4.- En fallo de 15 de septiembre de 2020, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió
modificar el numeral 1° de la parte resolutiva del veredicto
apelado en el sentido de «[d]enegar las pretensiones de la
demanda reivindicatoria (…) y declarar probada la excepción
de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del
predio objeto de reivindicación, formulada por el demandado
Edgar Gutiérrez Valderrama». En lo demás, confirmó la
decisión [Fls. 50-66, carpeta SegundaInstancia, ib.].
LA SENTENCIA IMPUGNADA
En aras de dilucidar si asistía razón al recurrente,
analizó la cadena de títulos vinculada con el predio objeto del
litigio, a efectos de constatar si la aducida por el demandante
desde aquellos que ostentaban sus predecesores,
justificaban en él un mejor derecho a la posesión material del
bien opuesta por sus adversarios, por «tener una existencia
precedente» al aludido ejercicio posesorio.
Así pues, tras valorar los certificados de ambas
heredades, consideró que se demostró una «cadena
permanente de títulos vigentes remontada a época anterior en
la que aparentemente empezó la posesión de la pasiva,
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atendiendo a que dicho eslabonamiento escritural fue
comprobado desde 1962 y que ese señorío presuntamente
principió en 1979, confluye que esa actividad posesoria no
alcanza a anticiparse a los títulos del demandante», por lo que
descontado el cumplimiento de los restantes requisitos de la
acción dominical, procedería resolverla favorablemente si
resultaran frustráneas las otras defensas invocadas por los
enjuiciados.
Y dado que la defensa relativa a que el ejercicio
posesorio del extremo pasivo antecedía a la cadena de títulos
de dominio aducidos por el demandante no tendría buen
suceso, pasó a estudiar las demás excepciones perentorias.
En primer lugar, sobre aquella referente a la
prescripción adquisitiva de dominio formulada por el
convocado Edgar Gutiérrez Valderrama, memoró que su
contraparte le opuso el fenómeno de la cosa juzgada derivada
de la sentencia de segunda instancia que «desató
adversamente el proceso de pertenencia 2002-00112-00 que
aquel encausado promovió», la cual cobija a los hechos
posesorios anteriores a ese veredicto, razón por la cual,
adujo, «no pueden ser materia de prueba en el presente
proceso».
Sobre lo anterior, después de reseñar el precedente de
esta Sala, destacó que «el resultado adverso de un litigio de
usucapión anterior per-se, no impone siempre la confluencia de la cosa
juzgada, toda vez que para ello es necesario que en ese debate se
hubiese ordenado entregar el inmueble contendido al titular del dominio
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y/o se hubiere desconocido “tajantemente” el señorío del prescribiente,
de donde un prescribiente bien puede iniciar un segundo juicio de
pertenencia para certificar de mejor modo su actividad posesoria,
siempre y cuando en la controversia precedente no se le hubiese
desconocido su status señorial, calificándolo como un simple tenedor».
Con soporte en la precisión que antecede, sostuvo que
el veredicto de segunda instancia proferido el 30 de marzo de
2012 dentro del juicio de pertenencia previo, «no tiene la
virtualidad de imponer la cosa juzgada sobre los hechos posesorios
averiguados en su transcurso, toda vez que resultó desestimatorio, en
razón de que (i) no dispuso la entrega del fundo implicado a su
propietario inscrito (por la senda de la reivindicación) y en virtud de que
(ii) no desconoció de forma radical el ánimo de señor y dueño de los aquí
convocados, si en la cuenta se tiene que aquella tramitación fue
denegada por debilidades probatorias en relación con la fecha de inicio
de la posesión alegada, de donde se sigue que sus probanzas no
desmintieron la condición posesoria de los accionados».
Y -agregó- el aludido proceso no interrumpió la posesión
alegada por el señor Gutiérrez Valderrama, porque la
inferencia del sentenciador de segundo grado de entonces
sobre que la adjudicación del bien a usucapir a Gladys
Leonor García Sayer, antes propietaria inscrita, ponía en «tela
de juicio» la calidad de poseedor continuo e ininterrumpido
del prescribiente hasta el año 2001, carecía elementos
circunstanciales que permitieran arribar a esa conclusión.
Enseguida, y en punto de la acreditación de los actos
posesorios que alegaron los demandados, concluyó, con
apoyo en las declaraciones de los señores Ayala Guzmán,
Cortés Pinzón, Ayala Mateus y Mateus Ayala, que «la actividad
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señorial investigada encuentra crédito con las versiones de los testigos,
cuyas declaraciones permiten inferir que el señor Gutiérrez Plaza empezó
a comportarse como propietario del bien desde el año 1984, atendiendo
a que en esa fecha la mayoría de los declarantes indicaron que él era
quien mandaba en la heredad y que empezó a edificarla y mejorarla,
quienes, se advierte, no reconocieron a otra persona con mejor derecho
que aquél salvo a su hijo Edgar Gutiérrez Valderrama, toda vez que
relacionaron a éste como actual poseedor y artífice de algunos de los
incrementos acometidos, cuyo ingreso en tal inmueble y condición de
señor y dueño», deducción que respalda la allegada escritura
pública No. 2006, otorgada el 21 de noviembre de 2001 ante
la Notaría Segunda del Círculo de Fusagasugá, mediante la
cual Álvaro Gutiérrez Plaza -padre- enajenó el predio (Lote
No. 1) a su hijo Edgar Gutiérrez Valderrama, siendo este,
según el colegiado un «documento apto para eslabonar la suma de
posesiones invocada por cuanto refiere sobre su trasferencia con las
formalidades necesarias».
A lo precedente se aúna que la posesión fue admitida en
la primera instancia por el gestor de la acción reivindicatoria,
«toda vez que él reconoció expresamente a los enjuiciados como
poseedores de la heredad en conflicto aproximadamente desde el 3 de
noviembre de 2004; son así las cosas porque aquél en esa calenda
manifestó que adquirió la titularidad de ese feudo, empero, que aún lo
ha podido ocupar debido a que “en el predio se encontraban” los
demandados, quienes, aseguró, se niegan a restituirlo por cuanto
mantienen “de mala fe la posesión del inmueble”; inferencias con las
cuales el demandante (propietario inscrito), a no dudarlo, reconoció el
señorío inquirido desde aquella calenda (03/11/2004)».
Señaló que desde esa data hasta el día de radicación del
pliego con el petitum dominical (9 de abril de 2017)
«transcurrió con creces la década prescriptiva conjurada por el
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demandado Edgar, quien de acuerdo con lo dicho en la
demanda y en las declaraciones descritas es el único y actual
poseedor de la finca afectada», lo que conduciría a su
prosperidad, a la excepción de prescripción adquisitiva
extraordinaria planteada en favor de Edgar Gutiérrez
Valderrama, cuyos efectos no se desvanecen por la mala fe
en la posesión que a él y a Álvaro Gutiérrez Plaza les atribuye
el demandante, porque aquella no requiere «un dominio
cualificado (…) tanto menos cuando en ese tipo prescriptivo
siempre se presume la buena fe del poseedor por mandato
expreso del numeral 2° del artículo 2531 del Código Civil» y la
mala fe se emana de un título de mera tenencia (núm. 3
ibidem), «documento que ni siquiera fue mencionado por el
apelante».
Pese a lo anterior, esto es, a que el inmueble en disputa
es un bien prescriptible y ha estado en posesión del
demandado Edgar Gutiérrez Valderrama por tiempo superior
a diez años, no procede declarar que aquel adquirió la
propiedad el dominio del inmueble, «atendiendo a que no
aparecen cumplidos los numerales 6° y 7° del artículo 375 del CGP, toda
vez que no se emplazó a las personas indeterminadas con derecho a
intervenir, no se instaló en esa finca la valla referida en esos apartados
y en razón de que tampoco se informó acerca de la existencia de este
certamen a las entidades descritas en el numeral 6° ibid; actuaciones
que se debieron realizar al haberse alegado por vía de excepción la
prescripción adquisitiva de dominio del inmueble, cuyo incumplimiento
impide decretar mediante sentencia “la pertenencia”», como así lo
previene el parágrafo 1° del canon 375 del estatuto adjetivo.
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En consecuencia, sólo se accedería a declarar probada
la excepción de mérito «sin proceder a reconocer al prescribiente
Gutiérrez Valderrama como nuevo propietario, habida consideración de
que la inobservancia de las mentadas cargas frustra que ese
pronunciamiento pueda acometerse en esta providencia», sin que ello
signifique el desconocimiento del derecho de dominio que se
consolidó a favor del prescribiente, pues retomando un
pronunciamiento de esta Corporación, estimó que «"quien
ostente por el tiempo legal una posesión material idónea para la
prescripción adquisitiva de dominio, se hace dueño del bien, per-se y con
independencia del pronunciamiento judicial, porque la sentencia que en
estos casos se profiere es meramente declarativa, pues ella se limita a
verificar y declarar la existencia de la determinada situación jurídica
atributiva del derecho de dominio, como hecho consumado, radicando
ahí la justificación de la procedencia de la prescripción extintiva como
excepción, porque si el demandante no es dueño, entonces carece de la
acción reivindicatoria que hubo de proponer"» (CSJ, SC 6 abr. 1999).
Al cabo de discernir de tal modo, concluyó que la acción
reivindicatoria se había extinguido por efecto de la
consolidación del derecho de dominio en favor del poseedor,
comoquiera que en tanto el inicial propietario detente la
titularidad de esa prerrogativa, tendrá la facultad de
perseguir el bien en poder de quien se encuentre, pero una
vez desaparecida aquella titularidad, «quien fue propietario
pero ya no lo es, carece ahora y desde que dejó de serlo, de
legitimación en causa para ejercer la acción reivindicatoria
respecto de ese bien».
Al cierre indicó que, en razón de la prosperidad del
medio exceptivo de prescripción adquisitiva del dominio con
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la consecuencial improcedencia de ordenar la restitución del
inmueble al demandante en su condición de titular inscrito,
no hay lugar a proveer sobre las restituciones mutuas
reclamadas en el pliego inaugural del juicio.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
La acusación se erigió sobre cinco cargos, de los cuales
el segundo y el tercero fueron inadmitidos por la Sala en el
proveído AC5028-2022. En consecuencia, el análisis de la
Corporación, en esta oportunidad, se ceñirá a los embates
primero, cuarto y quinto.
Inicialmente se abordarán los dos últimos, en el orden
propuesto, por versar sobre errores in procedendo. Luego se
estudiará el primero, que el censor formuló bajo el amparo
de la causal segunda del remedio extraordinario.
CARGO CUARTO
Recriminó, por vía de la causal cuarta, haber incurrido
el veredicto de segundo grado en el yerro de contener
decisiones que tornan más gravosa la situación del apelante
único.
En sustento del reproche, explicó que el ad quem
declaró probada la excepción de prescripción adquisitiva
extraordinaria formulada por Edgar Gutiérrez Valderrama,
soslayando que, en el fallo de primera instancia, no existió
pronunciamiento en torno a la aludida defensa y este
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únicamente fue recurrido por el demandante, de donde se
infiere que los convocados asintieron la determinación del
juzgador de no acoger el medio enervante, lo que, sostuvo
«equivale implícitamente a su renuncia, sin que le sea dable al
juez de segunda instancia pronunciarse de oficio frente a ella».
Significa lo anterior que el Tribunal, al declararlo
probado, hizo más desventajosa la situación del actor en su
condición de apelante único, pues «si antes este último podía
intentar de nuevo la acción reivindicatoria, por no habérsele reconocido
la posesión material a los Demandados hasta el año 2012 sino sólo a
partir de dicha fecha, en virtud de la sentencia acusada en casación,
tienen ahora los Demandados reconocida una posesión desde el año
1984 y subsidiariamente desde el año 2004, haciendo nugatoria la
posibilidad de impetrar una posterior demanda reivindicatoria por parte
del Demandante».
Estimó que esta actuación del colegiado «constituye una
flagrante rebeldía contra los límites que le impone a su competencia las
precitadas normas, vicia la actuación procesal, la torna espuria y
violenta en forma clara de cara al debido proceso, contraviniendo la
garantía que establece el artículo 29 de la Constitución Nacional»,
concluyendo que con la declaratoria de la defensa de
prescripción adquisitiva del dominio «se le suprime la calidad de
propietario al Demandante y se consolida la situación en cabeza del
señor Edgar Gutiérrez».
CONSIDERACIONES
1. El principio de «non reformatio in pejus», reforma en
peor o en perjuicio, en el ordenamiento jurídico colombiano,
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se erige en una garantía constitucional y procesal a favor de
quien ha recurrido una providencia, la cual obra como una
barrera de contención en las facultades del juzgador
superior. En ese sentido, puede aseverarse que su contenido
es negativo, en tanto se materializa a través de una
prohibición para el sentenciador de segundo grado (G.J.T.
CLXVI, p. 412).
En virtud de este postulado prohibitivo, al dirimir el
asunto, al ad quem no le está permitido generar un
empeoramiento o agravación de la situación del sujeto que
impugnó, si es que lo ha hecho en solitario, es decir, el
postulado se aplica siempre que el adversario procesal del
recurrente no haya también enfrentado la decisión proferida
por el a quo.
Luego, la regla es que no podrá reformarse lo decidido
en la primera instancia en detrimento del único apelante, y
su razón de ser estriba en que se considera que el opugnador
acude ante el segundo grado de conocimiento del pleito con
el lógico propósito de mejorar su situación y no de
deteriorarla, en pro de lo cual critica la determinación
apelada en lo que le resulta desfavorable, respondiendo a
otros conocidos axiomas, como lo son el referente a que «el
agravio es la medida de la apelación»1 y el de «tantum
devolutum quantum appelatum (tanto se apela, tanto se
devuelve; lo que no ha sido impugnado, no puede ser fallado
de nuevo) (CSJ, SC, 25 en. 2008, rad. 2002-00373-01; citada en CSJ,
1 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,
Ediciones Depalma, 1977, p. 368.
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SC12024-2015).
1.1. De la consagración de este postulado da cuenta el
artículo 32 de la Constitución Política, a cuyo tenor «[t]oda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único» (se destaca).
Ya en el plano adjetivo, el artículo 328 del Código
General del Proceso, al explicitar los limites de la
competencia del juez superior, resalta que «[e]l juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella» (inciso cuarto).
1.2. No se trata de que cualquier enmienda a lo decidido
se halle proscrita, sino que únicamente lo están las
innovaciones que desmejoren la situación del recurrente
señero, tornando esta más gravosa que aquella generada por
la resolución del fallador inferior, desmejora que al
inconforme debe suponerle un perjuicio, en tanto a su
contraparte otorgarle una ventaja, pese a que ella había
aceptado el contenido de la providencia impugnada.
En palabras de esta Corte, es un «derecho adquirido que
tienen los litigantes a que no se modifiquen las situaciones jurídicas
favorables para ellos creadas por las providencias judiciales, es
decir que no se cambien ‘… en perjuicio de quien apeló de ellas
para mejorar, o en beneficio de quien no ha ejercitado el derecho de
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impugnación …’ (…)» (CSJ, SC 8 oct. 1993, rad. 3416, citada en CSJ,
SC1731-2021).
1.3. Sin embargo, tal como ocurre con los demás
principios y también en relación con los derechos subjetivos,
su operatividad no es absoluta, tal como lo evidencia la
directriz consagrada en el compendio instrumental (inc. 4,
art. 328), donde el legislador ha admitido la posibilidad de
realizar modificaciones aún en detrimento de los intereses del
apelante único.
Huelga anotar, de manera excepcional, el sentenciador
de segundo grado podrá reformar la parte de la decisión que
el impugnante no atacó, cuando en virtud de la prosperidad
de la alzada, devenga necesaria la modificación de otros
aspectos o tópicos íntimamente relacionados con esa
variación inducida por el recurso, o como lo explicaba el
maestro Devis Echandía, «cuando es preciso hacerle modificaciones
a la providencia en puntos desfavorables al apelante, pero íntimamente
relacionados con lo favorable al mismo y que no pueden coexistir, está
facultado el superior para reformar ambos aspectos; porque, de lo
contrario, se incurriría en contradicción en la decisión, lo que siempre
debe evitarse».2
1.4. Se excluye la aplicación de este principio en los
casos de apelación adhesiva (parágrafo art. 322 ejusdem);
interposición de la alzada por ambas partes (inc. 2, art. 328),
y en aquellos donde sea requerido un pronunciamiento
sobres aspectos para los cuales el sentenciador está
2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General,
Tomo IV De los Actos Procesales (parte segunda), Bogotá, Edit. Temis, 1964, p. 52.
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facultado para proveer ex officio como, por ejemplo,
tratándose de temas que deben ser examinados previamente
por el fallador como la satisfacción de los presupuestos
procesales, alguno de los cuales puede encontrarse
incumplido, evento en el que la declaración de tal
circunstancia no se considera reforma en perjuicio aún si
apeló solo una de las partes; o en la observancia de normas
en que se encuentre involucrado el orden público; y también,
cuando deben ordenarse restituciones mutuas a favor y a
cargo de los contendientes en la litis, o deba procederse a la
corrección monetaria de la condena impuesta en primera
instancia.
2. Retomando las anteriores premisas, el precedente de
esta Corporación tiene suficientemente decantados los
presupuestos cuya presencia debe constatarse para que
halle configuración el yerro in procedendo:
a) que se trate de una sentencia de segundo grado; b) que haya un
apelante único; c) que se le haga a éste, en las decisiones que se
adoptan en la parte resolutiva, condenas o que se le incluyan
cargas que, aún de manera parcial, hagan más desfavorable su
situación antes de impugnar la providencia; d) que no exista la
facultad excepcional para proceder en contrario por el carácter
indispensable e inseparable de la decisión que deba adoptarse y,
e) que no se trate de revocatoria de sentencia inhibitoria (CSJ, SC
28 jun. 2000, rad. 5348; reiterada en CSJ, SC17723-2016).
Amén de lo anterior, memórese que, como lo ha
precisado esta Sala, «es en la parte resolutiva de la sentencia,
por ser la que está revestida de poder vinculante, donde debe
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buscarse el desbordamiento de la limitación que impide al
juzgador hacer más gravosa la condición del único apelante, y
no en su parte expositiva» (CSJ, SC 4 may. 2005, rad. 2000-
00052-01). Y es que, es en el apartado del decisum, «donde
finalmente se desatan las pretensiones enarboladas, así como
las excepciones planteadas o que oficiosamente deban
reconocerse» (CSJ, SC3259-2021).
3. De ahí que a efectos de elucidar si existió la reforma
peyorativa, corresponde al casacionista efectuar un cotejo
entre lo resuelto por el iudex de conocimiento inicial y lo
decidido por el ad quem, ejercicio del cual, para la
bienandanza del embate, debe emerger que el último alteró
la situación del impugnante, siendo este extremo el único que
discrepó del fallo de primer nivel, además de lo cual debe
precisar el perjuicio que le produjo el veredicto confutado,
esto es, la manera en que esa decisión lesionó su interés
jurídico en el proceso y concretamente cuál fue el
«desmejoramiento de la situación procesal que ya había
logrado la parte apelante de la primera instancia» (G. J., t.
CCXII, pag. 92) (CSJ, SC 7 sep. 2006, rad. 1997-00491-1),
pues ese resultado no ha de modificarse no sólo en respeto
de los derechos al debido proceso y defensa del inconforme,
sino en atención al principio de confianza legítima,
comoquiera que la falta de impugnación por la contraparte
«equivale al sometimiento de ésta a lo decidido (CSJ,
SC14427-2016; CSJ, SC3259-2021).
4. En el sub lite, ningún desconocimiento de la regla en
comentario se produjo con ocasión del fallo proferido por el
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Tribunal, circunstancia que conduce al fracaso a la crítica
enaborlada bajo la égida de la causal cuarta del remedio
extraordinario.
4.1. Recuérdese que el censor hace radicar la presunta
reforma peyorativa en la decisión del ad quem de modificar el
numeral 1° del acápite resolutivo de la sentencia de primer
grado para declarar probada la defensa perentoria de
«prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del predio
objeto de reivindicación», planteada por el convocado Edgar
Gutiérrez Valderrama, pues con tal determinación, sostuvo,
hizo más desventajosa la situación de la parte demandante,
al frustrar de manera anticipada cualquier futuro intento de
una nueva acción reivindicatoria, porque en lugar de tener
reconocida la posesión los demandados a partir del año 2012
como ocurría con el fallo apelado, gracias al veredicto de
segunda instancia, a los enjuiciados se les reconoció «una
posesión desde el año 1984 y subsidiariamente desde el año
2004».
4.2. Ahora, los llamados al juicio propusieron sendos
medios enervantes de las pretensiones de la demanda, entre
ellos el anunciado3; sin embargo, el juez cognoscente resolvió
declarar acreditada otra defensa, consistente en que «la
propiedad del demandante (…) es posterior a la posesión de
los demandados».4
3 Folios 641 a 643, con. principal.
4 Minuto 17:40, audiencia del art. 373 C.G.P.
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4.3. Si bien únicamente la parte actora recurrió en
apelación el veredicto y es cierto que dicha providencia nada
decidió sobre el medio exceptivo que luego vino a declarar el
Tribunal, esa omisión de pronunciamiento por parte del a
quo no equivale a denegación de esa defensa, sino simple y
llanamente a que no fue decidida, pues no puede perderse de
vista que el canon 282 del ordenamiento procesal impone al
iudex abstenerse de estudiar las restantes excepciones,
cuando encuentre demostrada alguna que «conduzca a
rechazar todas las pretensiones de la demanda», previsión
que explica porque el a quo no analizó la excepción a que
alude el casacionista, como tampoco lo hizo frente a las otras
planteadas, pues la ley le instruye no hacerlo.
Esta misma regla adjetiva determina que, en el evento
recién mencionado, si el juzgador de superior nivel considera
que no debió salir avante la aludida excepción, tendrá que
resolver sobre las otras «aunque quien la alegó no haya
apelado de la sentencia».
4.4. Ciertamente eso fue lo que ocurrió en el presente
asunto, porque para el Tribunal la cadena de títulos de
dominio acreditada por el demandante se remontaba al año
1962, en tanto la actividad posesoria sobre el inmueble,
atendida la invocada por los demandados suma de
posesiones, presuntamente databa de 1979, razón por la
cual no podía abrirse paso el medio defensivo cuyo buen
suceso declaró el juzgador inicial, y en esas condiciones, lo
procedente, estimó, era «evaluar las demás excepciones
promovidas por los encausados, aun con presindencia (sic) de
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19
que ellos no amonestaron la providencia recurrida, pues así lo
dispone el artículo inciso 3º (sic) del artículo 282 del Código
General del Proceso»5.
4.5. Aplicado al estudio de la exceptiva de prescripción
adquisitiva extraordinaria del dominio sobre el predio en
favor del encartado Edgar Gutiérrez Valderrama, después de
descartar que el proceso anterior de pertenencia por él
adelantado hubiera producido el efecto de cosa juzgada sobre
«los hechos posesorios averiguados en su transcurso» y de
adverar que tampoco «interrumpió el señorío investigado», el
Tribunal, con base en las pruebas recaudadas, concluyó que
el bien raíz objeto de la controversia había estado «en
posesión del demandado por un espacio superior a 10 años»6,
razonamiento que lo llevó a declarar probado el señalado
medio de defensa.
4.6. Luego, se descarta que el ad quem hubiese
incurrido en el vicio in procedendo que le achacó la censura,
porque la modificación de lo resuelto en la primera instancia,
aún si significó una desventaja para el recurrente quien era
el único apelante, corresponde a un proceder plenamente
avalado por el legislador en la medida en que no se
transgrede el principio de non reformatio in pejus, cuando la
variación de lo favorable al inconforme deriva del
cumplimiento de un deber legal, como lo es el de proveer
sobre las restantes defensas formuladas por los
5 Archivo ApelacionSentencia17Febrero2020.
6 Ibidem.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
20
reconvenidos, si se estima que naufraga aquella que
fructificó en la primera instancia.
Aunado a lo precedente, atiéndase que, en torno a las
excepciones aducidas oportunamente que no fueron objeto
de decisión en el fallo de primer grado, existe «la facultad
excepcional» del juzgador para resolverlas, por ostentar un
«carácter indispensable e inseparable de la decisión que deba
adoptarse» (CSJ, SC17723-2016; CSJ, SC3259-2021), de ahí que
la reforma de lo decidido previamente no sólo no estaba
prohibida para el caso, sino que es la conducta que se espera
del sentenciador ante la situación descrita.
Luego, el ad quem contaba con habilitación para
resolver sobre la defensa de prescripción adquisitiva
extraordinaria del dominio a favor del enjuiciado Edgar
Gutiérrez, y no concurría circunstancia legal alguna que lo
impidiera.
5. La secuela de lo discurrido es que decae el cargo
auscultado.
CARGO QUINTO
Resguardado en el tercer motivo de casación dispuesto
en el artículo 336 del Código General del Proceso, imputó al
juzgador ad quem haber incurrido en el vicio de
incongruencia.
Fundó la acusación, en lo esencial, en el hecho de que
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el Tribunal declaró probada la exceptiva comentada en el
anterior embate, esto es, la de prescripción adquisitiva del
derecho de dominio, sin reparar en que no se propuso
válidamente, comoquiera que el libelo inaugural no fue objeto
de contestación, «en la medida que no se adjuntó el respectivo
poder otorgado en debida forma al abogado para dar
respuesta a la misma y proponer excepciones».7
Lo anterior, por cuanto el mandato conferido al
profesional del derecho que representaba a los convocados
«carecía del sello de presentación personal del mismo; es decir,
no se acreditó que los poderdantes hubiesen presentado dicho
poder por sí mismos y en forma oportuna».8
Bajo ese razonamiento, señaló que, al no formularse
oportunamente la excepción, no era susceptible de acogerse
de manera oficiosa, razón por la cual, al declarar próspera,
el colegiado incurrió en vicio de incongruencia por
transgresión del precepto 281 del Código General del
Proceso, conforme al cual el fallo debe hallarse en
consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, y
también con las excepciones «que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
Adicional a lo anterior, el mismo defecto dimana de la
consideración del Tribunal sobre que el demandante, en el
pliego con que dio inicio a la acción, habría reconocido los
hechos posesorios de los demandados, cuando de los
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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22
supuestos fácticos relatados en ese libelo no se extrae el
pretendido reconocimiento.
Como apoyo de tal aserto, procedió el opugnador a
cotejar lo consignado en los supuestos fácticos enlistados
como tercero y quinto en el pliego incoativo, con las
inferencias exteriorizadas por el sentenciador ad quem, y a
partir de esa comparación, puntualizó que la aseveración del
iudex «según la cual durante la primera instancia del proceso
reivindicatorio se confesó por la parte Demandante la calidad
de poseedores de los Demandados»,9 implica un absoluto
desconocimiento del contenido objetivo de los indicados
hechos de la demanda, de cuya lectura se extrae que «se hace
referencia a la posesión como un derecho “alegado” por los señores
Álvaro y Edgar Gutiérrez y que si bien estos últimos han “mantenido de
mala fe la posesión del inmueble”, esto debe entenderse solo a partir del
momento en que quedó ejecutoriada la sentencia que decidió el Proceso
de Pertenencia, esto es desde el año 2012»10, razón por la cual en
caso de haber ocurrido la interversión del título, tal mutación
sólo podría pregonarse desde la ejecutoria de la sentencia
proferida en el proceso de pertenencia.
Añadió que tanto la posesión de los demandados en la
acción dominical, como la excepción de mérito de
prescripción adquisitiva extraordinaria, requieren probarse a
través de los medios suasorios idóneos, de ahí que para ese
cometido no preste ninguna utilidad «lo narrado en los hechos
de la demanda» ni en la contestación del contendor.
9 Folio 34, ibidem.
10 Ibidem.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
23
Colofón de lo anotado, el juzgador incurrió en la
desviación que se le reprocha al tener por fundada una
defensa perentoria que no se planteó en oportunidad, y con
base en unos supuestos fácticos que el precursor de la acción
no afirmó en la demanda.
CONSIDERACIONES
1. Los hechos y las pretensiones de la demanda, a la vez
que las excepciones del demandado delinean los linderos
dentro de los cuales debe proveer el juzgador sobre los
derechos subjetivos involucrados en la lid procesal y la
relación jurídica sustancial y adjetiva que allí se entreteje, de
allí que el desbordamiento de esos límites conduzca al
fallador a incurrir en una desviación de las formas esenciales
del juicio, que es conocida como incongruencia.
Y es que una vez constituida esa relación jurídico –
procesal en el litigio contenida en las posiciones que las
partes manifiestan en su demanda, contestación y defensas
perentorias, a ella se encuentran vinculados tanto los sujetos
procesales como el iudex mientras esta perviva, y en torno
suyo queda acotado el ámbito en que se desenvolverá el
litigio, delimitando así el campo decisorio del enjuiciador, que
no podrá rebasar, entonces, los contornos demarcados por
los litigantes en la discusión procesal.
2. La facultad jurisdiccional del sentenciador al
momento de proferir el fallo se encuentra disciplinada, entre
otras disposiciones, por los artículos 281 y 282 del
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
24
ordenamiento adjetivo. El primero de esos preceptos señala:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente
a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo
o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio (…).
En tanto que el artículo 282 ejusdem consagra:
En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los
hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla
oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la
contestación de la demanda (…).
2.1. Los mandatos que vienen de citarse establecen los
límites dentro de los cuales debe desenvolverse el juez al
momento de dirimir la controversia sometida a su escrutinio,
por lo que el rebosamiento u omisión dentro de ese marco de
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
25
actuación puede calificarse como un «exceso de poder» en el
proferimiento del veredicto, por cuanto el operador judicial
carece «del poder de pronunciar más allá de los límites dentro
de los cuales está contenido el tema de la controversia».11
Sobre esta delimitación ha precisado la Sala que:
(…) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes
delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en
cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la
labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el
desconocimiento del querer explicitado se constituye en una
irregularidad en la producción del fallo, ya sea por referirse a
puntos no sometidos a discusión, acceder a menos de lo pedido o
desbordando los alcances esbozados (…) Al respecto la Sala en SC
de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precisó que (…)
validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su
admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos
contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa
por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al
hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de éstas,
al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver
puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando
procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas
conferidas por la ley (…) Y en ese mismo pronunciamiento recordó
cómo (…) La Corporación tiene dicho al respecto que ‘[e]l principio
dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición
de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que
éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su
pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de
hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones
que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen
acreditadas en el proceso’ (CSJ SC8410-2014, reiterada en CSJ,
SC575-2022 y CSJ, SC1413-2022).
11 CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial
Bibliográfica Argentina, 1945, p. 266.
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26
2.2. De contera, si el fallador concede más de lo pedido
por los extremos procesales; decide sobre pretensiones no
aducidas por ellos, o desdeña la resolución que corresponda
sobre alguna de las pretensiones formuladas, o no se
pronuncia sobre alguna de las excepciones de mérito, cuando
es del caso hacerlo, incursionará en el terreno de la
inconsonancia, yerro que atenta contra las formas esenciales
del procedimiento, cuya génesis se encuentra en el quebranto
de las pautas atrás comentadas, las cuales propenden por
preservar la simetría que debe existir entre lo decidido en la
sentencia y lo solicitado por los enfrentados en el proceso.
Sin embargo, existen circunstancias y disposiciones
que habilitan un proceder diferente, como ocurre cuando el
juez halla acreditada la existencia de alguna excepción de
mérito que puede ser declarada de oficio, o bien en asuntos
de familia, en los cuales «el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a
la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad
mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma
índole». Potestad que, igualmente, se extiende a los asuntos
agrarios en los precisos términos que indica el precepto 281
mencionado.
3. Ahora bien, son variadas las manifestaciones del vicio
de incongruencia denunciables a través del remedio
extraordinario. En ese orden,
(…) puede ser «fáctica» si el fallador incide en una «sustitución
arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de
sus aspiraciones», en otras palabras, altera la causa petendi;
u «objetiva», si al acoger las súplicas «peca por exceso o por
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27
defecto (extra, ultra o mínima petita)», lo que puede darse
cuando «…se pronuncia sobre objeto distinto del pretendido…., o
desborda las fronteras cuantitativas de lo que fue suplicado…, o
deja de resolver aspectos que le fueron demandados…»,
respectivamente (CSJ SC 4 sept. 2000, reiterada en SC 27 sept.
2013, exp. 2005 00488 01).
Otra modalidad puede configurarse cuando en la segunda
instancia el superior no se pronuncia sobre todos los
reparos debidamente sustentados del apelante o, sin tener
[la] obligación de hacerlo oficiosamente, aborda tópicos que
este no cuestionó, en tanto se revela contra el principio tantum
devolutum quantum appellatum.
Todo ello porque de conformidad con el estatuto ritual la
formulación de la alzada no lo habilita para resolver de manera
panorámica, excepto si ambas partes la proponen, sino que lo
limita a «…pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley» (num. 1, art. 328
ídem).
Al respecto, en SC14427-2016 la Sala señaló que «…la
incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia
entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza
con lo pedido en la sustentación del recurso que, indudablemente,
corresponde a una pretensión del derecho sustancial
controvertido» - se destacó- (CSJ, SC4126-2021, reiterada en
CSJ, SC068-2025).
En punto de las decisiones «extra petita», recuérdese que
son aquellas donde se «decide el [juicio] por fuera de las
pretensiones o excepciones probadas en el caso»; las «ultra
petita» adoptan resoluciones «más allá de lo pedido» y en las
«citra petita», el iudex «no resuelve sobre todas las pretensiones que
se le presentaron en la demanda o no se pronuncia sobre las excepciones
que encontró probadas y fueron formuladas por el demandado o debió
declarar de oficio» (CSJ, SC 24 jun. 2013, rad. 2003-00284-01 y CSJ,
SC1413-2022).
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
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3.1. Teniendo en mente las pautas relacionadas, la
cabal sustentación de un ataque fundado en este motivo de
casación exige demostrar la ocurrencia del desprecio
ostensible al marco definitorio que le fue trazado al
sentenciador en las oportunidades de ley, que brote palmario
de la simple confrontación entre lo consignado en la
sentencia y la causa para pedir y petitum del pliego
inaugural; o entre aquella y las defensas formuladas; o entre
el veredicto de segundo grado y los reparos sustentados por
el apelante.
Al respecto ha precisado la Sala:
En lo esencial, la cumplida sustentación del embiste exige que
haya una verdadera contrastación entre los asuntos introducidos
por el recurrente y los que finalmente terminaron enjuiciados, con
la explicación de las razones por las cuales la decisión judicial es
desatinada -por exceso o por defecto-, así como los raciocinios que
permitan excluir que estas materias carecen de una íntima
conexión con las debatidas o que su estudio no podía acometerse
oficiosamente.
Total, «la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor
comparativa entre el contenido de lo expuesto en… [las] piezas del
proceso -demanda, contestación o sustentación de la apelación- y
las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo
305 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 281 del Código
General del Proceso]; de ese modo se podrá establecer si en verdad
el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas
pautas» (AC2745, 29 jun. 2018, rad. n.° 2012-00136-01).
En función de lo planteado, «para establecer la presencia de esta
irregularidad [se refiere a la incongruencia], se hace necesario el
cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento fáctico
de las súplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las
que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso,
por una parte, y el contenido concreto de la decisión del juzgador,
por la otra» (CSJ, SC3627-2021).
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29
3.2. La incongruencia que denuncia el embate guarda
relación con dos aspectos puntuales: i) la excepción de mérito
de «prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del
predio objeto de reivindicación, formulada por el demandado
Edgar Gutiérrez Valderrama», que el Tribunal declaró
acreditada, por cuanto dicho instrumento defensivo no se
propuso válidamente; y ii) la consideración del ad quem
vertida en el fallo sobre que el actor, en los hechos de la
demanda, reconoció la posesión de sus contradictores,
cuando tal inferencia no puede extraerse del contenido de
dicho libelo.
3.2.1. El casacionista señaló que la falta de
planteamiento tempestivo y en debida forma de la aludida
excepción, obedeció a que el poder con que actuó el
mandatario judicial de los convocados, carece de sello de
presentación personal por sus poderdantes, ocasionando que
no se acreditara que los últimos hubiesen presentado el
mandato por sí mismos y en oportunidad, de lo cual deriva
que dicho extremo no dio contestación a la demanda ni
planteó medios exceptivos, particularmente el mencionado,
el cual, adicionalmente, no podía ser declarado de oficio.
3.2.2. En tanto, frente al segundo punto, consideró el
casacionista que erró el enjuiciador al derivar una prueba de
confesión de lo consignado en el acápite de supuestos
fácticos del escrito genitor, porque de aquél no deriva ningún
reconocimiento de la actividad posesoria de su contraparte;
en cambio afirmó que, de haber ocurrido una interversión del
título de tenedores de aquellos, esta sería posterior a la
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30
ejecutoria del pronunciamiento que resolvió la acción de
pertenencia incoada previamente.
3.3. Precisado lo anterior, se advierte el fracaso del
cargo, porque además de contener una falencia técnica, no
puede salir avante en tanto la desviación que la censura
endilga al juez colegiado no ocurrió.
3.3.1. En efecto, de la sustentación que efectuó el
casacionista, emerge que a pesar de invocar una causal
concebida por el legislador para enmendar un yerro in
procedendo, como lo es la inconsonancia de la sentencia con
las pretensiones de la demanda o con las excepciones, el
ataque se desarrolló recriminando un error in judicando,
pasible de alegarse por la senda de la causal segunda.
La razón de esta aseveración radica en que, al criticar
que el juzgador plural soslayó la carencia de sello personal
en el poder otorgado por los convocados para procurar su
representación en la contienda litigiosa, y que derivó una
confesión de los hechos relatados en el libelo incoativo,
cuando de la lectura de dicho escrito no se desprende ese
reconocimiento desfavorable a los intereses del gestor de la
acción, el casacionista pone de presente yerros valorativos
que son propios de la violación indirecta de normas
sustanciales y no típicos de un fallo incongruente.
3.3.2. Lo anterior se acentúa en relación con la censura
frente a la consideración del ad quem sobre el reconocimiento
que hizo derivar de la narración contenida en los hechos de
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la demanda acerca de la posesión de los demandados, porque
allí el censor, después de trasuntar los enumerados como
tercero y quinto de ese pliego, señaló: «De la lectura de los hechos
citados se desprende con claridad que se hace referencia a la posesión
como un derecho “alegado” por los señores Álvaro y Edgar Gutiérrez y
que si bien estos últimos han “mantenido de mala fe la posesión del
inmueble”, esto debe entenderse solo a partir del momento en que quedó
ejecutoriada la sentencia que decidió el Proceso de Pertenencia, esto es
desde el año 2012».
Luego, al referir el cuestionamiento a la defectuosa
interpretación prodigada por el juzgador al escrito de
demanda, lo idóneo era direccionar la acusación por la senda
de la transgresión indirecta de preceptos materiales,
consagrada en la causal segunda de casación, bajo la
modalidad de error de hecho.
3.3.3. La descrita forma de sustentar la reprensión
comporta un hibridismo que es inadmisible en la
impugnación extraordinaria, por hallarse en conflicto con un
elemental postulado de la técnica casacional, cual es el de la
autonomía e individualidad atribuida por la ley a cada uno
de los motivos que la habilitan, cuyo desconocimiento basta
para desestimar el cargo.
En esa dirección se ha decantado el precedente de la
Corporación, al destacar que resulta inadmisible
entremezclar en un cargo reproches correspondientes a
distintas causales del remedio excepcional, porque «las
razones o circunstancias que en cada una se consagran como suficientes
para impugnar la sentencia gozan de autonomía e individualidad propia,
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y, en consecuencia, no es posible configurar dos o más de ellas en la
misma censura (…) Ha dicho sobre el punto la Corte: ‘la técnica del
recurso de casación exige que los cargos se formulen en forma correcta
y completa, sin ser posible la integración de unos con otros, en virtud de
los principios de autonomía e independencia que gobiernan el recurso».
(CSJ, SC085-1998; CSJ, AC 6 jul. 2009, rad. 2000-00341-01; CSJ,
SC775-2021).
3.4. No obstante, al margen de esa falencia formal, lo
cierto es que la crítica tampoco encuentra eco en la
configuración de alguna deficiencia de pronunciamiento,
como sería la de haber proveído el sentenciador de segundo
grado sobre una excepción de mérito no propuesta.
Sobre el particular, debe repararse en que los
convocados presentaron su contestación a la demanda
dentro de la oportunidad legal12, y si bien el poder que
otorgaron para su representación en el juicio, carece de sello
de presentación personal13, como lo advirtió la parte
demandante al descorrer el traslado de las excepciones14 y al
recurrir el auto de 20 de junio de 2018 por medio del cual se
les tuvo como notificados15, en la audiencia inicial celebrada
el 30 de octubre de la misma anualidad, el juez a quo
procedió a resolver la inconformidad, para lo cual requirió a
los prohijados «para que manifiesten si se ratifican en el poder
conferido con anterioridad al apoderado de la parte demandada, a lo
cual, los demandados ÁLVARO GUTIÉRREZ PLAZA y EDGAR
GUTIÉRREZ VALDERRAMA, si se ratifican en el poder conferido con
12 Folios 567 a 645, cno. principal.
13 Folios 567 a 568, ibidem.
14 Folio 653, ib.
15 Folios 659 a 660, ib.
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anterioridad al Dr. FRANCISCO ANTONIO GUZMÁN RAMÍREZ»16, ante
lo cual el iudex estimó que «ha quedado subsanado el
mentado error de forma» y no es necesario adoptar medida de
saneamiento alguna «por no estar configurada ninguna causal
de nulidad ni de sentencia inhibitoria».17
Subsanada en el curso de la primera instancia, la
falencia que se reseña, no procede su alegación en el recurso
ante esta sede, lo que es suficiente para desechar este
argumento del embiste. En todo caso, atiéndase que la
ratificación del mandato efectuada ante el juzgador de primer
nivel tiene un efecto homólogo al de la presentación personal
echada de menos por el recurrente.
Por consiguiente, no hay lugar a desconocer que los
llamados al juicio contestaron la demanda y formularon
excepciones de mérito, entre ellas la de prescripción
adquisitiva del dominio, que resultó exitosa en la segunda
instancia, de ahí que el Tribunal no incurrió en el defecto de
procedimiento que le atribuyó el censor.
3.5. Y ocurre lo propio respecto de la disonancia que se
acusa entre los hechos de la demanda y lo resuelto por el ad
quem, aún si se restringe la discusión al ámbito de la causal
tercera de casación.
3.5.1. Como se anunció en esta motiva, una de las
modalidades de incongruencia es precisamente la «fáctica»,
16 Folios 670 y 671, ib.
17 Ibidem.
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que se configura cuando el juez desatiende el marco decisorio
que le platean los hechos de la demanda y las excepciones
propuestas, y resuelve la litis completamente distanciado de
la verdadera causa en que el gestor de la acción afincó sus
pedimentos o la parte demandada apoyó las defensas que
formuló.
Sobre esta manera de conculcar la consonancia debida
del fallo, ha explicado la Sala que se materializa cuando:
(…) el juzgador se separa del sustrato ontológico que fue
anunciado en el escrito inaugural o en cualquiera de las
intervenciones en que los sujetos procesales pueden precisar su
alcance -vr. gr. traslado de las excepciones o fijación del objeto del
litigio-, para sustituirlo por una invención judicial, por la
proveniente de otro litigio o por el conocimiento privado del juez.
El alejamiento debe ser diametral, en esta última hipótesis, pues
el legislador exigió que la incongruencia se refiera a los hechos,
vistos con unidad de sentido y de forma holística, lo que excluye
que simples imprecisiones u omisiones puedan dar lugar a
disonancia; la jurisprudencia tiene dicho que debe darse «una
separación evidente de la plataforma fáctica esgrimida en la
demanda y su contestación», para reemplazarla «por unos hechos
inconexos y distantes a la controversia, como si se tratara de otro
caso, perdiéndose toda la sincronía entre las consideraciones, lo
decidido y la realidad material del litigio» (SC16785, 17 oct. 2017,
rad. n.° 2008-00009-01) (CSJ, SC292-2021, reiterada en CSJ,
SC4116-2021; CSJ, SC068-2025).
3.5.2. Con miras a dilucidar si el ad quem incurrió en la
deformación que viene de comentarse, es preciso confrontar
el contenido de los hechos que el censor afirma ignorados por
el sentenciador y lo resuelto por aquél, para establecer si
existió ese alejamiento de la plataforma fáctica aducida en la
demanda que da fisonomía al vicio de «incongruencia fáctica».
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En ese orden, destáquese que, en los supuestos fácticos
mencionados por el impugnante, esto es, el tercero y el quinto
del pliego inaugural, el actor señaló lo siguiente:
TERCERO: El “LOTE 1” aunque fue traditado por parte de la
señora GARCÍA SAYER, no fue entregado materialmente a su
nuevo propietario, debido a que en el predio se encontraban los
señores ÁLVARO GUTIÉRREZ Y EDGAR GUTIÉRREZ, quienes
han alegado tener posesión del inmueble».18
QUINTO: Desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que decidió
el proceso de pertenencia incoado por el señor EDGAR
GUTIÉRREZ, los señores GUTIÉRREZ no han restituido el bien
inmueble de propiedad del señor MOISES PERSYKO,
manteniendo de mala fe la posesión del inmueble».19
3.5.3. Al contestar la demanda, los convocados
aceptaron como cierto el hecho tercero y en relación con el
quinto señalaron que «la sentencia NO dispuso, ni ordenó a mis
patrocinados hacer entrega del inmueble y por ello la posesión que ejerce
EDGAR GUTIÉRREZ continuó; tampoco el hoy demandante y su
antecesora en curso del proceso reclamaron dicha posesión».20
En la fijación del litigio dentro de la audiencia inicial, el
juzgador a quo tuvo por cierto el hecho tercero de la
demanda, y en cuanto a los demás sostuvo que serían objeto
del «debate probatorio».21
18 Folio 543, ib.
19 Ibidem.
20 Folio 636, ib.
21 Folio 670, ib.
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36
Al cerrar la instancia, el juez denegó el petitum
planteado por el actor al encontrar que el tiempo de posesión
de los demandados se remontaba a época anterior al dominio
aducido por aquél. Sin embargo, al resolver la alzada, el
Tribunal encontró que la cadena de títulos de propiedad
antecedía a la actividad posesoria alegada por los señores
Gutiérrez y por tal razón no prosperaba la defensa que
declaró probada el a quo, pero sí la de prescripción
adquisitiva del dominio formulada por Edgar Gutiérrez
Valderrama, al estructurarse los requisitos del modo de la
usucapión.
El sentenciador ad quem señaló en su pronunciamiento
que la sentencia de segundo grado proferida dentro del
proceso de pertenencia que antecedió al actual, no generó
cosa juzgada sobre los hechos posesorios averiguados,
porque no desestimó de manera tajante la calidad de
poseedor del allí demandante Edgar Gutiérrez Valderrama, y
tampoco tuvo el efecto de interrumpir la posesión que alegó,
la cual halló admitida en la demanda reivindicatoria «toda vez
que él reconoció expresamente a los enjuiciados como poseedores de la
heredad en conflicto aproximadamente desde el 3 de noviembre de 2004;
son así las cosas porque aquél en esa calenda manifestó que adquirió la
titularidad de ese feudo, empero, que aún [no] lo ha podido ocupar debido
a que “en el predio se encontraban” los demandados, quienes, aseguró,
se niegan a restituirlo por cuanto mantienen “de mala fe la posesión del
inmueble”»22.
22 Folio 34, cno. Tribunal.
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37
Significa lo precedente que el Tribunal, a partir de la
valoración que efectuó de las pruebas, entre ellas el veredicto
de segunda instancia emitido en el juicio de pertenencia, y
de la apreciación del libelo incoativo de la acción dominical,
estableció que, desde el 3 de noviembre de 2004, calenda en
que Moisés Pérsiko Watnik se hizo a la propiedad del
inmueble23, no ha detentado la posesión material del mismo.
3.6. Ergo, la providencia impugnada si se pronunció
sobre los hechos alusivos a la posesión de los demandados
y, en el ejercicio de valoración de los elementos de cognición,
que no es posible enfrentar a través de la causal de casación
aquí en estudio, estableció una fecha a partir de la cual
consideró que el titular inscrito del derecho de dominio
reconoció como inicio de la posesión ejercida por su
contraparte.
Puestas las cosas de ese modo, no es que el fracaso de
las súplicas de la demanda y la prosperidad de la excepción
de prescripción adquisitiva del dominio fueran producto de
que el juzgador acusado hubiese sustituido los hechos de la
demanda reivindicatoria por otro conjunto fáctico disímil de
la causa petendi exteriorizada al incoar el mecanismo
judicial, soportándose la decisión en hechos completamente
ajenos a la controversia; por el contrario, el Tribunal juzgó
con base en los supuestos de facto aducidos en la demanda
y las excepciones que le opusieron los convocados, con lo
cual su labor se ciñó a los confines demarcados por las
23 Folio 542, cno. Principal.
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38
partes, de ahí que las fronteras de la disputa no fueron
trastocadas por el sentenciador.
3.7. Cosa distinta es que el casacionista estime que el
ad quem cometió yerro de hecho manifiesto y trascendente
en la apreciación de la demanda, acusación cuya senda
correcta es la violación indirecta de normas sustanciales,
bajo el resguardo del segundo motivo que autoriza la
casación.
4. Corolario de lo discurrido, el ataque no prospera.
CARGO PRIMERO
Con apoyo en el segundo motivo de casación, denunció
la violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos
665, 669, 740, 745, 762 al 792, 946, 950, 952 y 981 de la
codificación civil, y el quebranto mediato, por aplicación
indebida, de los preceptos 2518, 2529, 2531 y 2532 de la
misma obra, como consecuencia de yerros fácticos que
habría cometido el Tribunal en la apreciación de los medios
probatorios, en concreto, de documentos allegados al proceso
y de los testimonios recaudados.
En primer lugar, criticó, por error de hecho manifiesto,
la valoración del fallo de segunda instancia proferido el 30 de
marzo de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del
proceso de pertenencia que promovió Édgar Gutiérrez
Valderrama, pues el ad quem desconoció que, en ese
pronunciamiento, se estableció que a la fecha de su emisión,
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
39
«no existía prueba de la posesión material de los señores
Álvaro y Edgar Gutiérrez»; y soslayó, igualmente, que la
indicada determinación se encuentra en firme e hizo tránsito
a cosa juzgada, «reafirmando con ello el derecho de propiedad
pleno que recaía para esa fecha y aun hoy en día en cabeza
del Demandante, señor Moisés Persyko y que el señor Edgar
Gutiérrez, no cumplía con los presupuestos para haber
adquirido por prescripción adquisitiva».
Resaltó, entonces, que carece de veracidad la
afirmación del juzgador de segundo grado en la providencia
impugnada, relativa a que la sentencia dictada en el decurso
antecesor, no desconoció la calidad de poseedores de los
convocados a este segundo pleito, porque de esa prueba
documental se extrae que «fue precisamente la ausencia de la
calidad de poseedores lo que sirvió de fundamento al juzgador
en segunda instancia del Proceso de Pertenencia para
desestimar las pretensiones incoadas en tal demanda».
De allí que desatendió el ad quem que la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, valorada como prueba,
desconoció la calidad de poseedor del señor Edgar Gutiérrez
Valderrrama, resultando imposible en razón de esto,
reconocer la figura de la suma de posesiones.
A lo antelado se aúna que, en el juicio de usucapión, se
consideró que Édgar Gutiérrez perdió la posesión, pese a lo
cual el colegiado, en la providencia confutada ante esta sede,
estimó que en el anterior juicio se presentaron «debilidades
probatorias en relación con la fecha de inicio de la posesión»,
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
40
las cuales no desmentían la condición posesoria de los
encausados en la acción dominical.
Lo ocurrido, de acuerdo con las probanzas que se
recaudaron, es que Álvaro Gutiérrez ingresó a la heredad con
expresa autorización de su hermano Fernando, es decir, en
calidad de mero tenedor -como comodatario-, como así lo
expuso la testigo Gladys García Sayer.
De otra parte, desacertó el colegiado al exigir que el
desconocimiento de la calidad de poseedor en el proceso de
pertenencia, necesariamente debía ser radical, a efectos de
generar cosa juzgada.
Luego, erró el colegiado al «asegurar que no desconocer de
forma radical, tajante o categórica el ánimo de señor y dueño no
desmiente la condición posesoria y, por ende, habilita al demandante en
pertenencia para probar dicha calidad en un proceso posterior, en el caso
de marras, vía excepción dentro del proceso reivindicatorio, aun cuando
la pretensión de prescripción adquisitiva extraordinaria fue denegada
por el Tribunal Superior de Bogotá».
Y es que el fallador de la segunda instancia en ese juicio
primigenio, denegó el reclamo de usucapión «con base en
“debilidades probatorias en relación con la fecha de inicio de la posesión
alegada” y en que “la demandante no probó fehacientemente uno de los
presupuestos para la acogencia de sus pretensiones, el cual era la
posesión”», de ahí que es notorio el dislate del Tribunal en la
decisión impugnada «al pretender exigir de la sentencia traída como
prueba documental, unos calificativos para desvirtuar la posesión que
no son necesarios para controvertir su real alcance».
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
41
Derivación de lo argüido, estimó el censor que de haber
apreciado en su real y verdadero alcance el fallo aportado al
dossier como prueba documental, el Tribunal habría llegado
a la conclusión de que los demandados «no tenían la calidad de
poseedores al 30 de marzo de 2012, cuestión que estaba ya definida y
no debía revalorarse de manera diferente en este proceso».
En segundo término, achacó al sentenciador plural una
desacertada interpretación de la demanda de reivindicación,
confiriéndole un alcance que la misma no tiene, comoquiera
que de dicho libelo dedujo una confesión del convocante
sobre la calidad de poseedores de sus contradictores, cuando
de la lectura de los hechos primero, tercero y quinto del
aludido pliego se desprende, con claridad, que «se hace
referencia a la posesión como un derecho “alegado” por los señores
Álvaro y Edgar Gutiérrez y que, si bien estos últimos han “mantenido de
mala fe la posesión del inmueble”, esto debe entenderse sólo a partir del
momento en que quedó ejecutoriada la sentencia que decidió el Proceso
de Pertenencia, esto es desde el año 2012».
En consecuencia, el fallador al razonar que «durante la
primera instancia del proceso reivindicatorio se confesó por la parte
Demandante la calidad de poseedores de los Demandados», ignoró el
contenido de los hechos tercero y quinto del escrito con que
se dio apertura al juicio de dominio, «de cuya lectura se desprende
que, de haber ocurrido la interversión del título, esto solo podía
predicarse a partir de la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá».
Esa presunta confesión, además, no se realizó tampoco
en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, de
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
42
donde surge que la colegiatura incurrió en un ostensible
error al suponer esa prueba.
Enseguida, el casacionista alegó la falta de valoración
del testimonio de la señora Gladys García Sayer, prueba que,
sostuvo, demuestra la falta de ánimo de señor y dueño de los
convocados, es decir, la ausencia de la calidad de poseedores
de estos, pues luego de citar algunos apartes de los
interrogantes formulados a la deponente y las respuestas por
ella suministradas, aseveró que puede concluirse que «el señor
Álvaro Gutiérrez entró a ocupar el Inmueble con ocasión del mal estado
de sus negocios, a ciencia y paciencia del entonces propietario, quien le
permitió el ingreso. Esto, muy lejos de indicar posesión, lo que en
realidad indica es la mera tenencia de los Demandados y el Tribunal
Superior de Cundinamarca hace caso omiso de ello».
Por último, acusó de indebidamente apreciados los
testimonios de Celestino Ayala Pinzón, Luis Carlos Cortés
Pinzón, Nicolás Ayala Mateus y Ruby Helena Mateus, porque
el fallador de segundo grado procedió a su valoración, pese a
que referían a «un periodo sobre el cual existía un claro
pronunciamiento judicial que no los encontró como poseedores, error que
conllevó a la decisión equivocada tomada en la sentencia atacada».
Las referidas declaraciones debían limitarse a
demostrar hechos acaecidos con posterioridad a la ejecutoria
de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2012 dentro del
proceso de pertenencia promovido por Edgar Gutiérrez, en la
cual se determinó que él no probó uno de los presupuestos
para que fueran acogidas sus pretensiones, cual era su
posesión.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
43
Lo anterior, por cuanto los «hechos anteriores
relacionados con la posesión aducida fueron objeto de
juzgamiento» en el aludido litigio.
CONSIDERACIONES
1. La resolución de los conflictos y la decisión de las
controversias surgidas entre los particulares o entre estos y
la administración pública, es uno de los fines esenciales del
Estado, pues habiéndose despojado a los individuos de la
facultad de hacer justicia por su propia mano, se ha radicado
en ellos el derecho de acudir a mecanismos jurídicos que les
permitan ejercer y hacer valer sus derechos, asignando al
Estado, a la vez, el deber de proveer el marco normativo a
través del ordenamiento jurídico y de dirimir las
controversias mediante la actividad de la administración de
justicia.
De ahí que es la voluntad del Estado y más
precisamente de la ley, la que se materializa en las decisiones
de los órganos jurisdiccionales. La sentencia, según explica
Chiovenda, es la afirmación o la negación de la voluntad del
Estado que garantiza a alguien un bien de la vida.24
Y dado que la sentencia, como acto jurisdiccional,
traduce la voluntad del ordenamiento jurídico para el caso
concreto, conviene reparar en los múltiples efectos que de
ella dimanan.
24 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, T. I, pág. 406.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
44
1.1. La primera de tales repercusiones es la extinción
de la jurisdicción. En efecto, el pronunciamiento de un fallo
que ponga fin a un litigio, finiquita, en principio, el
conocimiento de ella por la administración de justicia, y no
le está permitido al juez que lo profirió, revocarlo o
reformarlo, aunque si podrá emitir una aclaración, adición o
enmienda, bien sea de oficio o a solicitud de parte, pero
acatando las estrictas hipótesis habilitantes que para ese
cometido han sido delineados por el legislador,
El segundo efecto es la obtención de una declaración de
certeza por parte del iudex sobre la relación jurídica
sustancial que se debatió en el proceso y su incidencia en los
derechos subjetivos de que son titulares los sujetos
intervinientes en la contienda, aspecto que refiere al
contenido material de la decisión y al reconocimiento o
negación de prerrogativas a los sujetos procesales, así como
a la eventual imposición de condenas.
Y, por último, el efecto que ha sido calificado como el
más importante y significativo que deriva de la sentencia es
el de la cosa juzgada25, que se relaciona con la
irreversibilidad de la decisión judicial, en mérito de la cual la
determinación adoptada en ella se torna definitiva,
obligatoria e inmutable.
25 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires:
Ediciones Depalma, 1977, pág. 327; ALSINA, Hugo. Tratado Teórico – Práctico de
Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo II. Buenos Aires: Compañía Argentina de
Editores, 1982, pág. 576.
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45
Esta definición viene, desde luego, del derecho romano,
pues la finalidad del proceso no era otra que la de hacer
actuar la voluntad de la ley en el caso26, lo que se
materializaba a través de la sentencia, de ahí la locución
latina «res iudicata pro veritate habetur», esto es, que la cosa
juzgada se tiene por verdad, pues lo que debía tenerse como
verdadero era lo que el juez decidía en ese acto jurisdiccional,
siendo la cosa juzgada el efecto de obligatoriedad e
intangibilidad que la ley le adscribe al fallo que ultima un
litigio, en tanto para los romanos el fundamento de la cosa
juzgada radicaba en «una presunción de verdad juris et de
jure, que venía a darle inmutabilidad a la decisión, ya que
descartaba todo nuevo examen de la cuestión en proceso
posterior».27
1.2. Desde esa teoría explicativa de la naturaleza de la
cosa juzgada como presunción de verdad para los romanos,
han surgido otras que pretenden dar cuenta del fundamento
de la institución, considerándola una «ficción de verdad»28; un
contrato o cuasicontrato; un hecho jurídico material y no
procesal, la «procesalista» que le reconoce efectos únicamente
procesales29, la escuela italiana de autores como Rocco30,
26 CARNELUTTI, Fancesco. Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo I. México: Unión
Tipográfica Editorial Hispano americana, 1944, Vol. 2, pág. 96.
27 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Bogotá:
Editorial ABC, 1978, pág. 439.
28 SAVINGY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual, Tomo V, pág.
166, citado en ALSINA, Hugo. Tratado Teórico – Práctico de Derecho Procesal Civil y
Comercial. Tomo II. Buenos Aires: Compañía Argentina de Editores, 1982, pág. 576.
29 ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires: E.J.E.A.,
1955, T. I.
30 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. 2. Parte General, Buenos
Aires: Editorial Depalma, 1976, pág. 313 y ss.
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Calamandrei, Chiovenda, Carnelutti31 y Redenti32 que le
atribuye amén de efectos procesales, un influjo en las
relaciones jurídico sustanciales y aquellas teorías que la
conciben como la calidad de inmutable y definitiva que la ley
otorga a la sentencia, siendo el efecto directo y procesal la
«inmutabilidad de la decisión» e indirecto y sustancial la
«definitividad de la certeza jurídica del derecho sustancial
declarado o de su rechazo o negación».33
1.3. Ahora bien, definida la jurisdicción como la función
pública realizada por órganos competentes del Estado «en
virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de
las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y
controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con
autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de
ejecución» -negrilla añadida-34, la cosa juzgada ocupa un rol
preponderante, tanto así que el procesalista Eduardo
Couture no dudaba en catalogarla como «la piedra de toque
del acto jurisdiccional», fin último del proceso y atributo
propio de la jurisdicción, pues señalaba que ninguna otra
actividad del orden jurídico tiene la virtud de reunir los
caracteres de «la irreversibilidad, la inmutabilidad y la
coercibilidad».35
1.4. La institución de la res iudicata responde,
entonces, a la finalidad querida por el legislador de alcanzar
31 CARNELUTTI, Fancesco. Op. Cit., núm. 97, pág. 280.
32 REDENTI, Enrico. Derecho Procesal Civil, Tomo I. Buenos Aires: Ediciones
Jurídicas Europa – América, pág. 118.
33 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op.Cit., pág. 444.
34 COUTURE, Eduardo. Op. Cit., pág. 40.
35 COUTURE, Eduardo. Op. Cit., págs. 43 y 412.
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la certidumbre en el resultado de los litigios e impedir que las
controversias ya definidas se replanteen indefinidamente en
detrimento de la seguridad jurídica, el orden social y los
derechos de las personas.
Se persigue evitar así que entre las mismas partes
(sujetos procesales), por igual causa (hechos) y sobre el
mismo objeto (pretensiones), se pueda instaurar un nuevo
proceso, para lo cual se dota de imperatividad e
inmutabilidad a la decisión que resolvió la relación jurídica
sustancial en el primer juicio, de ahí que el juzgador de la
nueva lid deba abstenerse de fallar en el fondo la
controversia, si constata que existe identidad entre lo
pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en ese primer
fallo.
1.5. De la cosa juzgada dimana la eficacia obligatoria
que tendrá la providencia de cara al quid decisum de la
sentencia en un proceso ulterior, pues impide que se
replique.
Quiere decir lo anterior que luego de agotados y
resueltos los recursos procedentes en contra de la sentencia,
o si el interesado no los interpuso, o si el veredicto carece de
aquellos, la decisión adoptada por el juzgador, adquiere un
carácter definitivo e inalterable, por lo que es irreversible en
otro procedimiento judicial posterior, con básicamente dos
repercusiones: una negativa que supone la imposibilidad de
que la cuestión decidida se discuta nuevamente; y una
positiva que garantiza al litigante vencedor en sus
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pretensiones que pueda prevalerse de la sentencia obtenida,
sin que ningún juez pueda, en otro juicio, declinar la
observancia y acatamiento de lo resuelto.
En aplicación del rol negativo de la cosa juzgada -ha
asentado esta Corporación- se excluye no sólo una decisión
contraria a la precedente, sino «simplemente toda nueva
decisión sobre lo que ya ha sido juzgado, meta que el demandado
en el segundo proceso alcanza con la exceptio rei judicatae», en
tanto, en virtud del rol positivo, «se vincula o se constriñe al juez
a reconocer y acatar el juzgamiento anterior» (CSJ SC, 24 Abr. 1984,
G.J. T. CLXXVI, No. 2415, p. 152).
1.6. Ahora bien, se ha distinguido entre la cosa juzgada
formal y la cosa juzgada material, entendiendo que la
sentencia hace tránsito a «cosa juzgada formal» cuando no
proceden recursos, o siendo procedentes, vencen los
términos para su interposición sin que se hayan formulado,
o se plantearon y fueron resueltos, lo cual genera «la
imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso (…)
pero sin que obste a su revisión en un juicio posterior»; en
cambio, la «cosa juzgada material» se origina cuando «a la
irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad de
la decisión», que, en caso de un nuevo proceso, es protegida
por la exceptio rei iudicata.36
Distinción que no ha estado exenta de críticas como la
del profesor Devis Echandía, para quien cuando se habla de
36 ALSINA, Hugo. Procedimientos Civiles. Tomo I. Juicio Ordinario, México: Editorial
Jurídica Universitaria, pág. 269.
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cosa juzgada formal para referir a la firmeza del fallo, pero
que puede ser revisado en un proceso ulterior, «en este caso
no existe en realidad cosa juzgada, y se trata de la simple
ejecutoria», en tanto la calidad que hace inalterable e
irreversible la decisión judicial en otro proceso «hace
referencia a la eficacia procesal de la cosa juzgada».37
En ese mismo sentido, el artículo 304 del Código
General del Proceso -antes 333 del C.P.C.- refiere a las
«sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada» en lugar de
aludir a los veredictos pasados en autoridad de cosa juzgada
formal.
Las dimensiones formal y material de la cosa juzgada
que aun se mantienen en la teoría procesal halla su razón de
preservación en la existencia de sentencias que, a pesar de
su ejecutoria y de la imposibilidad de modificación, no
contienen una decisión definitiva, como ocurre con los
veredictos inhibitorios, en los cuales el juzgador se abstiene
de fallar sobre la existencia de la relación jurídico –
sustancial debatida38 y con los fallos que declaran fundada
una excepción de carácter temporal, la cual no impide
promover otro juicio una vez se suprima la causa que dio
lugar a reconocerla.39
1.7. El acceso a la administración de justicia, la tutela
jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la garantía
constitucional de impedir el doble juzgamiento por los
37 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op. Cit., pág. 446.
38 Prevista en el numeral 4° del artículo 333 del C.P.C.
39 Numeral 3 del artículo 304 del C.G.P.
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mismos hechos -non bis in idem- y la seguridad jurídica son
derechos, principios y valores que se encuentran
comprometidos en el respeto de la cosa juzgada, porque las
sentencias deben constituir la culminación de los litigios,
(…) de forma que, luego de que adquieran firmeza, ninguno de los
interesados, mucho menos aquél a quien no favoreció el respectivo
fallo o que albergue inconformidad con algunas de las
determinaciones adoptadas, pueda proponer nuevamente el
mismo conflicto, buscando con tal proceder una decisión contraria,
en todo o en parte, a la inicialmente emitida».
(…) Si lo anterior no fuere así, como en efecto no lo es, nada
impediría a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de
manera indefinida -y sistemática- la cuestión o asunto sometido a
composición judicial, hasta que su pretensión o excepción,
finalmente, encontrara eco en una determinada providencia
(espiral de libelos), dando lugar a la floración de fallos
contradictorios en el universo judicial. Por lo demás, no se
justificaría -ni se justifica-, el palmario e inconsulto derroche
jurisdiccional, que implicaría examinar, una y otra vez, una
materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y
definitivo (anterius), con sujeción al cual, es la regla, debe tenerse
como clausurado el debate y, por ende, sellada la suerte de la
controversia sometida a composición (agotamiento procesal)’ (CSJ,
SC, 12 ag. 2003, rad. 7325; CSJ SC, 18 dic. 2009, rad. 2005-
00058-01; CSJ SC, 7 nov. 2013, rad. 2002-00364-01).
2. Sin embargo, la operatividad de la cosa juzgada se
halla supeditada a que la nueva acción sea la misma que
aquella que motivó el pronunciamiento judicial precedente.
Así lo ratifica el artículo 303 del estatuto adjetivo -antes 332
del C.P.C.- conforme al cual «[l]a sentencia ejecutoriada
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proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada,
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y
se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes».
El citado precepto plasma la teoría de las tres
identidades o de los límites de la res iudicata. Según este
planteamiento, anota Guasp, para que un fallo goce de la
autoridad de cosa juzgada en un proceso posterior «es preciso
que entre el primer pronunciamiento y el nuevo litigio se dé perfecta
concurrencia de tres elementos comunes: los sujetos (eadem
personae), el objeto (edaem res) y la causa o razón de pedir (eadem
causa petendi), existiendo en consecuencia tres clases de límites
de la cosa juzgada: límites subjetivos, límites objetivos y límites
causales».40
Sobre esa triple identidad que impide la reiteración de
juicios sobre el mismo asunto, esta Corporación explicó:
Sucede empero, que como la autoridad de la cosa juzgada no se
produce, sino en relación con una sentencia determinada, las
denominadas identidades procesales constituyen el elemento de
contraste para precisar si existe o no; y respecto de esa cuestión
completa se habla de los llamados límites de la cosa juzgada; es
decir, que así como la sentencia sólo puede afectar a los sujetos
contendientes y generalmente a nadie más que a ellos, así también
ha de versar sobre el objeto a que el proceso alude, y ha de
pronunciarse únicamente por la causa que se alegó para deducir
la pretensión o la excepción. Solamente cuando el proceso futuro
es idéntico, en razón de estos tres elementos, la sentencia dictada
40 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Madrid: Instituto de
Estudios Políticos, 1968, p. 559.
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en el anterior produce cosa, juzgada material (CSJ SC, 24 abr.
1984, reiterada en CSJ, SC280-2001).
La teoría de las tres identidades ha sido considerada
insuficiente, porque deja de lado varias circunstancias que
se impone atender, de ahí que, para llegar a una definición
más comprensiva de los contornos de la cosa juzgada, se ha
planteado la existencia de «límites» del instituto: objetivo y
subjetivo.41
En torno al precedente planteamiento, algunos autores
radican el límite subjetivo en la identidad de sujetos, es decir,
«que sean los mismos los que figuraron en el litigio en que el fallo se
produce y en el nuevo y ulterior proceso»; y en el límite objetivo,
sitúan a la identidad de «objeto procesal», que lo constituye la
«pretensión de parte sobre la que recaen las actividades de los diversos
sujetos del litigio», pero aclarando que esa pretensión procesal
comprende tres elementos: «los sujetos, el objeto y el título o petición
fundada que acota la pretensión», fórmula en donde los sujetos
ratifican el límite subjetivo, el objeto es «el bien de la vida sobre
el que la pretensión recae» que puede ser corporal o incorporal y
el título consiste en «la invocación de ciertos acaecimientos que
delimitan la petición del actor, acaecimientos puramente de hecho».42
Sobre lo anterior, esta Corporación precisó:
El límite subjetivo se refiere a la identidad jurídica de los sujetos
involucrados y su fundamento racional se encuentra en el principio
41 COUTURE, Eduardo. Op. Cit., pág. 426 y ss. En el mismo sentido DEVIS
ECHANDÍA, Hernando. Op. Cit., pág.448 y ss.; GUASP, Jaime. Op. Cit. 559 y ss.
Propone un tercer límite denominado “de actividad”.
42 GUASP, Jaime. Op. Cit., pág. 561.
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de la relatividad de las sentencias. El límite objetivo lo conforman
las otras dos identidades, consistiendo el objeto en ‘el bien corporal
o incorporal que se reclama, o sea, las pretensiones o
declaraciones que se piden de la justicia’ (CLXXII-21), o en ‘el
objeto de la pretensión’ (sentencia No. 200 de 30 de octubre de
2002), y la causa, ‘en el motivo o fundamento del cual una parte
deriva su pretensión deducida en el proceso’ (sentencia No. 139 de
24 de julio de 2001, reiterando doctrina anterior)’ (Cas. Civ.,
sentencia del 5 de julio de 2005, expediente No.
1100131030011999-01493; (…)» (CSJ SC, 18 dic. 2009, rad.
2005-00058-01).
2.1. El primero de los límites impuestos a la eficacia de
la cosa juzgada es la «identidad de partes» o “eadem conditio
personarum”, la cual corresponde a la «identidad jurídica de las
partes en los dos procesos, y cuyo fundamento racional está en el
principio de la relatividad de las sentencias (art. 17 C. C.), según el cual
por regla general la fuerza obligatoria de un fallo judicial se limita a las
personas que han intervenido como partes en el proceso en que se
profiere. Por lo consiguiente, en principio quienes no han sido partes en
éste no son afectados por la sentencia, y pueden proclamarse ajenos a
ésta según la máxima latina res inter alios iudicata, aliis neque prodesse
neque nocere potest» (CSJ SC, 24 abr. 1984, G.J. T. CLXXVI, No. 2415,
p. 152).
De acuerdo con el estatuto procesal, la cosa juzgada se
extiende a quienes intervinieron en el primer trámite, a sus
sucesores mortis causa y a sus causahabientes por acto entre
vivos que se haya celebrado de manera posterior al registro
de la demanda si se hallan involucrados derechos sujetos a
éste, y al secuestro en los demás casos.
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Se ha diferenciado la identidad física de la identidad
jurídica, de modo que puede cumplirse la segunda sin
encontrarse presente la primera, lo que ocurre cuando
«quienes sin haber litigado materialmente en el proceso anterior, estén
vinculados a tales litigantes por una participación: solidaridad o
indivisibilidad, o por una transmisión: causahabientes a título universal
o singular, de las correspondientes situaciones jurídicas».43
Ergo, el aludido concepto atañe, en palabras de esta
Sala, a «la posición o situación jurídica de la parte, rectius, titular del
interés asignado por el derecho, ab origine o ab posteriore,
comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa,
traslaticia o constitutiva y presupone la concurrencia al proceso del
titular del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para
deducir una pretensión frente a alguien, contemplándose los extremos
de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte activa o
demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es
igual, la coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y
procesal debatida en juicio (LVI, 307, CLI, 42) (CSJ SC, 19 sep. 2009,
rad. 2003-00318-01; reiterada en CSJ, SC665-2019).
2.2. El concepto de la «eadem res», que corresponde a
una de las facetas del límite objetivo de la cosa juzgada,
refiere en un sentido sustancial «a lo que ha sido
verdaderamente materia del litigio»44, lo que la doctrina ha
identificado como «un bien de la vida»45 que puede consistir
en «una cosa, en un hecho, en una abstención o en una
declaración»46 y para precisar esta noción, la Corte acudió a
su interpretación originaria con apoyo en la doctrina
43 GUASP, Jaime. Op. Cit., p. 560.
44 COUTURE, Eduardo. Op. Cit., pág. 426.
45 CHIOVENDA, Op. Cit., pág. 406.
46 ALSINA, Hugo. Op. Cit., pág. 589.
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italiana47, destacando que para los romanos la locución
eadem res no se refería a la identidad del objeto material,
«sino que tenía el significado que nosotros expresamos con las
palabras relación jurídica: la res de qua agitur es la
controversia tomada en su complejidad y en su totalidad, la
questio intus et facti» (CSJ, SC 26 nov. 1943, G.J. núm. 2001, PÁG.
306).
Su verificación reclama encontrar en la sentencia
pasada, «las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia del
fallo, pues en ellas se centra su fuerza vinculante. Pero como en
ocasiones en el examen de tales elementos se presentan situaciones
oscuras, la Corte desde antaño tiene explicado que siempre que por
razón de la diferencia de magnitud entre el objeto juzgado y el nuevo
pleito se haga oscura la identidad de ambos, ésta se averigua por medio
del siguiente análisis: ‘si el juez al estudiar sobre el objeto de la
demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho
negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente,
se realiza la identidad de objetos. No así en el caso contrario, o sea
cuando el resultado del análisis dicho es negativo’ (sentencia de 27 de
octubre de1938, XLVII-330) (CSJ, SC154-2005).
2.3. La identidad de causa o eadem causa petendi se
concreta en el motivo o fundamento inmediato del cual una
parte deriva la pretensión que se deduce en el proceso, es
decir, «el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la
acción y no se debe confundir con el hecho constitutivo del
derecho o con la norma abstracta de la ley»48, atendiéndose
que como se trata de un conjunto de hechos que se alegan
como fundamento de las pretensiones, la aducción de nuevos
47 Citó al profesor Prieto Cogliolo (Scripti varri di Diritto Privato, pág. 90 y ss).
48 ALSINA, Hugo. Op. Cit., pág. 590.
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supuestos fácticos que correspondan a «circunstancias que no
alteren la esencia de la razón de hecho discutida en el proceso
anterior, no constituye una causa petendi distinta», de allí la
importancia de distinguir entre hechos esenciales y hechos
circunstanciales, porque mientras los primeros determinan
la causa petendi, los segundos son detalles de los
anteriores.49
Dada la vinculación entre el objeto y la causa petendi
del proceso, la Sala ha estimado conveniente un estudio
conjunto de tales elementos para determinar si la sentencia
anterior tiene influjo en el nuevo pronunciamiento. En ese
sentido precisó:
En cuanto a la separación entre el objeto y la causa para pedir,
‘como se trata en rigor jurídico de dos aspectos íntimamente
relacionados, las más de las veces será prudente examinarlos
como si se tratara de una unidad, para determinar en todo el
conjunto de la res in judicium deductae tanto la identidad de objeto
como la identidad de causa. Así podrá saberse que el
planteamiento nuevo de determinadas cuestiones, y las futuras
decisiones acerca de estos puntos, solamente estarán excluidas en
cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de
cualquier manera el bien jurídico reconocido en la sentencia
precedente’ (CSJ, SC 24 en. 1983, CLXXII-21, citada en CSJ 154-
2005.
Y aunque, en principio, se ha estimado que la cosa
juzgada brota del acápite resolutivo del fallo, pues allí se
consignan las determinaciones que adopta la autoridad
49 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op. Cit., pág. 451.
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judicial, en múltiples casos es necesario acudir a la parte
motiva de la providencia con el propósito de establecer las
materias cuya intangibilidad deberá predicarse para juicios
futuros.
Sobre el particular, memórese la explicación de esta
Colegiatura:
La tarea de verificación que entraña la cosa juzgada, exige hallar
en la sentencia pasada las cuestiones que ciertamente
constituyeron la materia del fallo, pues en ellas se centra su fuerza
vinculante. Como recientemente lo señaló la Corte (sentencia de 25
de agosto de 2000), aunque técnicamente y de conformidad con lo
previsto en el artículo 304, inciso 2º del Código de Procedimiento
Civil, esas cuestiones serían las que formalmente conforman la
parte dispositiva de la sentencia, nada obsta para que se integren
o se ubiquen en otro sector del contenido material del acto
jurisdiccional, porque si éste es un todo constituido por la parte
motiva y la resolutiva, las cuales conforman una unidad
inescindible, la ratio decidendi y por ende la fuerza vinculante de
la misma, debe verificarse en lo que lógicamente, no formalmente,
se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y
alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte
motiva o considerativa (…) (sentencia de 15 de junio de 2000) -e
subrayó- CSJ, SC, 26 feb. 2001; CSJ, SC2833-2022).
3. Ahora bien, la cosa juzgada revierte un especial matiz
cuando se trata de la acción dominical, pues el límite
objetivo, esto es, la identidad de objeto y la identidad de
causa petendi deben examinarse atendiendo no sólo si entre
las mismas partes cursó previamente un juicio
reivindicatorio, sino también si lo fue uno de pertenencia,
caso en el cual si el veredicto antecedente «estableció que el
detentador del bien era un mero tenedor, por fuerza de la cosa juzgada,
esta calificación no puede ser reexaminada en una sentencia posterior»,
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lo que se justifica porque de arribar a una conclusión
opuesta, «se socavaría la integridad del primer veredicto, pues al
cambiarse la condición de tenedor a poseedor, se descubre que en aquél
debió accederse a la usucapión -de cumplirse los demás requisitos
legales de esta pretensión- o, ante el fracaso de ésta, la reivindicación -
de haberse propuesto-» (CSJ, SC2833-2022).
Y es que, tal como se explicó en el citado
pronunciamiento, siendo la posesión el sustrato de las
acciones de pertenencia, su carácter dinámico dota de
específicos caracteres la materialidad de las identidades
causal y de objeto, y ello incide necesariamente en la acción
futura, sea esta igualmente de pertenencia o la
reivindicatoria.
3.1. Se da por descontado que el fallo declarativo de la
prescripción adquisitiva del dominio tiene efectos de cosa
juzgada que se producen erga omnes, clara excepción al
principio general de relatividad de las sentencias, que hace
que la decisión en cuanto a la adquisición de la propiedad y
la consiguiente extinción de esta en manos de quien antes la
ostentaba, sea oponible frente a todas las personas, dictum
que no podrá discutirse en adelante por nadie una vez la
providencia adquiere ejecutoria (CSJ SC, 1 sep. 1995, rad.
4219).
No obstante, no ocurre lo mismo con los veredictos que
niegan las pretensiones de la acción, pues en estos el alcance
de la cosa juzgada tiene ciertas peculiaridades que han dado
lugar al desarrollo por parte de la Corporación, de una línea
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jurisprudencial, donde se precisan las subreglas que
delimitan su alcance, ejercicio se recoge en los
pronunciamientos CSJ, SC5239-2019, CSJ, SC430-2020 y
CSJ, SC2833-2022.
3.2. Una de las subreglas que se condensaron en las
providencias mencionadas es la que se describió en líneas
anteriores, consistente en que «la tenencia reconocida en una
sentencia y que sirvió para denegar una reclamación de
pertenencia, no podrá ser controvertida en un proceso
posterior, ni siquiera con base en nuevas probanzas» (CSJ,
SC5231-2019).
De contera, si la negativa de la usucapión obedeció a
que el demandante no ostenta la calidad de poseedor, ello
acarrea dos consecuencias igual de relevantes: i) el fallo es
generador de cosa juzgada y, ii) en el nuevo pleito, los hechos
que quedaron juzgados en el primero no podrán valorarse
para extraer una conclusión contraria a la ya impuesta, es
decir, a quien en ese entonces fue calificado como mero
tenedor, no se le puede considerar que para el periodo de
cobertura del litigio primigenio, ejercía posesión sobre el bien
involucrado.
3.3. Como complementaria, otra de las subreglas
asentadas estriba en que negada la acción de pertenencia no
por la ausencia de posesión, sino porque esta no cumple el
tiempo establecido por el legislador para hacerse al dominio
del bien, tanto la posesión que ya fue objeto de
reconocimiento como el tiempo de duración de la misma que
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se tuvo en cuenta en el proceso inicial, se podrá invocar en
el litigio ulterior, a condición de que el usucapiente «conserve
la detentación y pretenda conjuntarla con un nuevo término»
(CSJ, SC430-2020).
Ergo, la decisión contenida en el primer fallo de negar
la pertenencia no se torna definitiva; por el contrario, le es
posible al poseedor intentar una nueva acción donde será
considerado el tiempo de posesión cubierto por el anterior
juicio y el nuevo que pretenda hacer valer.
Así lo expuso la determinación recién citada:
[N]o queda duda de que la determinación en firme donde sale
avante la prescripción adquisitiva no solo surte efecto de cosa
juzgada, sino que el mismo es erga omnes, como producto del
‘emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre
el respectivo bien’ y su representación por curador ad litem, que es
obligatorio en dicha clase de trámites.
Sin embargo, a pesar de esa citación de alcance general, no puede
predicarse igual consecuencia frente a los fallos desestimatorios
por falta de demostración del señorío durante el lapso de rigor,
puesto que tal resultado a pesar de lo adverso conserva la
situación preexistente, esto es, permite que se mantenga la
condición del vencido en el pleito respecto de la cosa, salvo que
tajantemente se le desconozca ánimo de señor y dueño o que de
manera complementaria se disponga la devolución del bien al
propietario inscrito porque se esté debatiendo a la par la
reivindicación.
De ahí que si la discusión solo gira en torno a la declaración de
pertenencia, que decae por la prontitud con que el poseedor acude
a la misma, pero con posterioridad se completa el tiempo necesario
para usucapir ante la pasividad del propietario inscrito, nada
impide que aquel acuda nuevamente ante la administración de
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justicia para su reconocimiento en vista del cambio en la trama
planteada.
4. Vienen al caso las anteriores premisas en torno de la
cosa juzgada, sus lineamientos generales y su alcance en los
procesos reivindicatorios y de pertenencia, porque el embate
critica la falta de reconocimiento de ese efecto a la sentencia
de 30 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá, dentro del proceso de pertenencia previamente
adelantado por Edgar Gutiérrez Valderrama.
Alegó el recurrente que el fallador ad quem de la
presente controversia cometió error de hecho en la valoración
del aludido veredicto al desconocer que hizo tránsito a cosa
juzgada, con lo cual se reafirmó el derecho de dominio del
vindicante en la litis actual y que el demandado Edgar
Gutiérrez, no cumplía los requisitos para la usucapión, pues
en ese fallo se definió que, a la fecha de su emisión, no se
hallaba demostrada la posesión material del fundo por parte
de Álvaro y Edgar Gutiérrez.
Luego, en su criterio, el Tribunal se equivocó al estimar
que la sentencia dictada en el proceso antecedente negó la
pertenencia en razón de debilidades probatorias sobre la
fecha de inicio de la posesión, las cuales no desvirtuaban la
condición de poseedores de los ahora enjuiciados en la acción
dominical, cuando fue precisamente la ausencia de prueba
de la posesión, lo que condujo al naufragio del petitum de ese
libelo, de allí que habiéndose concluido en el primer decurso
que los ahora demandados, al 30 de marzo de 2012, no eran
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poseedores del predio objeto de la vindicación, no podía, por
efecto de la cosa juzgada, apreciarse de distinta manera esa
misma circunstancia.
4.1. La simple confrontación de lo afirmado por el
juzgador de segundo grado en la sentencia impugnada con el
contenido literal de la prueba aludida, deja al descubierto la
presencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en
su valoración, porque, como pasará a verse enseguida, el
iudex plural vio en el pronunciamiento que finiquitó el pleito
de pertenencia, algo contrario a lo que expresamente allí se
dijo y, en consecuencia, realizó una deducción que en nada
se aviene con los motivos que condujeron a negar la
prescripción adquisitiva.
Como consecuencia de ese dislate desconoció el efecto
de cosa juzgada que dimanaba de la providencia antecesora
y tuvo por probados hechos sobre los cuales no cabía un
nuevo juzgamiento.
4.1.1. El juzgador de segunda instancia aseveró que:
El anterior juicio de usucapión no tiene la virtualidad de imponer
la cosa juzgada sobre los hechos posesorios averiguados en su
transcurso, toda vez que resultó desestimatorio en razón de que (i)
no dispuso la entrega del fundo implicado a su propietario inscrito
(por la senda de la reivindicación) y en virtud de que (ii) no
desconoció de forma radical el ánimo de señor y dueño de los aquí
convocados, si en la cuenta se tiene que aquella tramitación fue
denegada por debilidades probatorias en relación con la fecha de
inicio de la posesión alegada, de donde se sigue que sus
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probanzas no desmintieron la condición posesoria de los
accionados.50
No obstante, la debilidad probatoria en la
determinación de la data inicial de los actos posesorios
invocados, o lo que es lo mismo, la falta de tiempo de ejercicio
de la posesión no fue lo que condujo a denegar el petitum. El
motivo cardinal expuesto en la sentencia de 30 de marzo de
2012 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que selló
la controversia giró en torno a que el demandante Edgar
Gutiérrez no acreditó el ánimo de señor y dueño de la
heredad.
En efecto, así se extrae de la afirmación expresa del
colegiado: «la demandante [Edgar Gutiérrez Valderrama] no
probó fehacientemente uno de los presupuestos para la
acogencia de sus pretensiones, el cual era la posesión»51,
atestación que aparece respaldada por otras de similar
talante, como las siguientes:
Si en gracia de discusión se tuviera por cierta y eficaz, la calidad
de poseedor del predio ejercida por el padre del querellante, sería
del caso a ahondar en la posición del actor a partir de la fecha de
cesión de la posesión, aspecto que de igual forma luce huérfana
(sic) probatoriamente por la falta de medios que traigan plena
convicción sobre dicha calidad, ya que no aparece acreditado
ese animo (sic) de señor y dueño, contiguo e ininterrumpido
que afirma tener a la de su antecesor.
50 Folios 32 reverso y 33, cno. Tribunal.
51 Folio 260, cno. 1 A.
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Lo dicho en procedencia puede soportarse en la misma declaración
de parte rendida por el actor, quien a pesar de indicar haber dado
mantenimiento general al predio, cancelar recibos de servicios
públicos domiciliarios, afirmó no vivir en la finca, destacando que:
“… lo recibí e inmediatamente lo encargue (sic) a él de que lo
administrara. Yo tomé posesión del predio y viaje (sic) a Costa
Rica, yo lo dejé encargado y él está pendiente de pagar los recibos
y los cuidanderos, de estar pendiente de la finca…”, afirmaciones
que solo reflejan que el actor si bien adquirió
documentalmente la posesión supuestamente ejercida por
su padre con la suscripción de la escritural contentiva del
traslado de la posesión, no traen convicción de que él la
hubiera tomado (…) real y materialmente y que coexistiere
un acuerdo de administración sobre el bien por el año que
aseguró poseer el bien pretendido, situación que de contera
da al traste con los actos de señorío que dice haber ejercido
el actor (…). -énfasis añadido-.52
También consideró el enjuiciador de la pertenencia que
en lo que atañe a la suma de posesiones invocada por el
demandante,
(…) solo resta por decir, que del análisis integral del acervo
probatorio incorporado al expediente no puede predicarse su plena
demostración en esta (sic) asunto, pues ya que (sic) se dijo que
con las testimoniales y las declaraciones extrajudiciales no
alcanzan a determinar la época exacta en que empezó a fungir
como tal, y al no haber certeza sobre tal extremo temporal no es
posible contabilizar una eventual posesión para que casualmente
(sic) se pudiese adicionar a la del actor, la que tampoco se
encontró acreditada como era el deber del querellante si en
52 Folios 257 y 258, ibidem.
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realidad pretendía el buen futuro de las reclamaciones elevadas
en el escrito genitor –negrilla no es del texto citado-.
4.1.2. La reseña que antecede del contenido objetivo del
fallo que se allegó a este asunto como prueba trasladada
basta para concluir que el ad quem, en la providencia
impugnada, distorsionó el contenido objetivo de ese medio
suasorio, pues contrario a lo expuesto por el juzgador, en el
veredicto auscultado se concluyó que el demandante Edgar
Gutiérrez no demostró la realización de actos de señor y
dueño sobre el inmueble, esto es, no acreditó haber ejercido
la posesión.
La consideración del Tribunal Superior de
Cundinamarca atinente a la ausencia de certidumbre sobre
la fecha en que comenzó a comportarse como poseedor,
refería a la posición del señor Álvaro Gutiérrez Plaza, padre
del reclamante de la usucapión.
Entonces, el enjuiciador acusado extrajo inferencias
que resultan contraevidentes, con lo cual ciertamente
incurrió en el error de apreciación que se le endilgó en el
cargo.
4.2. Si el sentenciador de segunda instancia en este
juicio no hubiese tergiversado el contenido de la decisión
judicial proferida en el proceso de pertenencia, habría
colegido que al no encontrarse probada la posesión que alegó
el demandante Edgar Gutiérrez Valderrama, dicha sentencia
sí podía generar el efecto de cosa juzgada conforme a la
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primera de las subreglas decantadas por la jurisprudencia
que se citó, esto es, la de que al haberse establecido que «el
detentador del bien era un mero tenedor, por fuerza de la cosa
juzgada, esta calificación no puede ser reexaminada en una
sentencia posterior», ni siquiera con auxilio de nuevas
probanzas (CSJ, SC5231-2019).
Huelga acotar, en el proceso actual no era posible variar
la situación del aquí demandado Edgar Gutiérrez
Valderrama, la cual adquirió efecto de cosa juzgada con el
fallo de 30 de marzo de 2012, esto es, que no acreditó la
calidad de poseedor durante el periodo objeto de juzgamiento
en el proceso de pertenencia. Por tal motivo, el sentenciador
ad quem de la acción dominical, no podía tomar en
consideración los actos que fueron alegados como de
posesión por el excepcionante, anteriores al indicado
interregno.
4.3. Desde luego es necesario señalar que se
encuentran satisfechos los límites objetivo y subjetivo de la
cosa juzgada.
El primero, en observancia de lo que acaba de afirmarse
y porque el objeto de ambas acciones está vinculado a
pretensiones relativas al derecho de dominio sobre un predio,
porque en el primer juicio el convocante reclamó que se
declarara haber ganado esa prerrogativa por el modo de
prescripción adquisitiva y en el segundo, el actual propietario
persigue el restablecimiento de los atributos del derecho real
de los cuales está privado, pues a pesar de ser el titular de
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dominio, no detenta la posesión del bien.
Lo que si se debe precisar es que el «Lote No. 1» de
11.600m2 que se localiza en «la Vereda El Michu, del municipio
de Fusagasugá, Cundimarca», identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 157-97120, sobre el cual se formulan las
pretensiones en el decurso actual, es apenas una fracción del
fundo que Edgar Gutiérrez reclamó haber adquirido por
usucapión, el cual corresponde al denominado «Tereslandia»
«con una extensión aproximada de tres (3) fanegadas (…)»,
registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 157-
8142253. Por consiguiente, la cosa juzgada solo puede
predicarse respecto de las pretensiones asociadas a la
porción de terreno que es coincidente en ambos los dos
pleitos.
Para la verificación del límite subjetivo, atiéndase que
según da cuenta la prueba trasladada, en el proceso de
pertenencia con radicado 25290310300120020011200, el
promotor fue el aquí convocado Edgar Gutiérrez Valderrama,
quien pretendió sumar a su presunta posesión la de su padre
Álvaro Gutiérrez Plaza por habérsela éste cedido en el año
2001 (E.P. 2006 de 21 de noviembre); la acción se dirigió
contra Gladys García Sayer y personas indeterminadas,
siendo vinculado posteriormente, en calidad de litisconsorte
necesario, el señor Moisés Persiko Watnik, aquí demandante.
53 Folio 245, cuaderno 1 A.
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Hasta aquí, no emerge duda sobre el cumplimiento del
requisito de identidad jurídica de las partes, porque se trata
de los mismos contendientes, aunque en posiciones opuestas
a las que ocuparon en el anterior juicio.
Lo antedicho porque, en la acción de prescripción
adquisitiva, el demandante fue Edgar Gutiérrez, quien aquí
es encartado; la demandada determinada allí fue Gladys
García Sayer, y si bien ella no es la promotora de la actual
acción dominical, lo es su causahabiente a título singular
Moisés Persiko Watnik, quien, además, fue reconocido como
litisconsorte necesario en el primer litigio, en virtud de la
dación en pago del inmueble realizada a su favor por la
señora García con posterioridad al registro de la demanda de
pertenencia (E.P. 6243 de 3 de noviembre de 2004), y téngase
en cuenta que los causahabientes de las partes a título
singular o universal están obligados por la sentencia de la
misma manera que éstas.
La satisfacción de este presupuesto en relación con los
sujetos mencionados no se ve opacada por la situación de
Álvaro Gutiérrez Plaza, quien no fue parte en la lid primigenia
pero si lo es en esta, porque tal como lo ha apuntado la
doctrina, «[p]uede suceder que la identidad se refiera a una o varias de
las personas que forman las partes demandante y demandada y que en
ellas concurran otras distintas, y entonces, como sucede con la
litispendentia en estos casos (…) opera la cosa juzgada respecto de las
primeras y no de las últimas, siempre que no sean estas causahabientes
de las primeras ni litisconsorcios necesarios (…)».54
54 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op. Cit., pág. 453.
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4.4. El error fáctico que se deja descrito acarreó el
desconocimiento de la existencia de la cosa juzgada, tal como
se anunció, pues como lo recordara el proveído CSJ, SC2833-
2022, «cuando en el juicio anterior por prescripción ordinaria se desdice
de la posesión, al encontrar que el demandante era mero tenedor, esta
conclusión resulta vinculante en cualquier otro trámite de pertenencia,
pues sostenerse lo contrario en una causa posterior significaría modificar
la primera y, por esta senda, afectar el derecho de dominio del vencedor
que, al abrigo de la primera declaración, tiene la confianza de que no
hubo posesión en el tiempo objeto de decisión judicial».
En otras palabras, dado que la sentencia de 30 de
marzo de 2012 negó la prosperidad del reclamo de
pertenencia porque el demandante Edgar Gutiérrez
Valderrama no demostró la calidad de poseedor, en el juicio
que ahora se conoce, donde aquél planteó la excepción de
«prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio del
predio» frente al petitum vindicativo formulado por Moisés
Persiko Watnik, tal deducción debía preservarse, en
aplicación de la cosa juzgada que manó de la inicial
resolución, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 303
del Código General del Proceso.
4.4.1. En este punto del análisis conviene dilucidar cuál
es el interregno cubierto por la cosa juzgada que dimana de
la sentencia proferida en el litigio primigenio e irradia su
fuerza y eficacia en el pleito actual.
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La doctrina de la Corte sobre este tópico se extrae de lo
expuesto en las providencias CSJ, SC5231-2019 y CSJ,
SC2833-2022.
En la primera de ellas, se casó un fallo que desconoció
el efecto de cosa juzgada a una sentencia de pertenencia
proferida en juicio anterior que había denegado el petitum de
la demanda al constatarse que el demandante no era
poseedor sino apenas un mero tenedor. Como la demanda de
la primera causa judicial se presentó en la anualidad 1994,
se estableció que:
(…) como quiera que «al juez le está vedado pronunciarse sobre los
aspectos materia de debate en el juicio precedente –primus- y que
han sido auscultados y desarrollados en el juicio anterior» [CSJ, C
12 ag. 2003, rad. 7325], en este nuevo juicio no podía volverse
sobre aspectos tales como la tenencia o posesión del actor
sobre el mismo predio durante el periodo comprendido entre
los años 1963 y 1994, pues los mismos fueron objeto de
discusión y resolución en el proceso anterior, en el que, se reitera,
se concluyó que en dicho lapso Guillermo Segundo Monroy
Corredor no fue poseedor, y tal tema allí quedó agotado -negrilla
para destacar-.
Y en el pronunciamiento CSJ, SC2833-2022, esta Sala
estudió un embate que cuestionó el reconocimiento de cosa
juzgada a la sentencia proferida en un proceso reivindicatorio
adelantado contra una persona que formuló demanda de
pertenencia en vía de reconvención y al resultarle adversa la
resolución de este pedimento, algunos años después
promovió acción de prescripción adquisitiva.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
71
Al resolver el ataque, la Sala consideró que la
providencia primigenia efectivamente tenía influjo en la
pendencia iniciada con posterioridad, destacando que tales
repercusiones se reflejaban en el interregno transcurrido
entre el recibo de los bienes por el promotor de la acción y «el
21 de octubre de 2010 (presentación de la demanda en el
proceso con rad. n.° 11001-31-03-007-2010-00582-00»,
radicación correspondiente al juicio primigenio.
4.4.2. Como es fácil apreciar, en los fallos que se
reseñan, el hito que tuvo en cuenta la Corporación como
límite temporal de los actos que quedaban cobijados por el
veredicto pronunciado en el proceso antecesor fue el de la
presentación de la demanda en el primer asunto, no otro
distinto como podría ser la intimación del contradictor, o la
fecha de la sentencia, dies a quo que propuso el casacionista.
En ese orden de ideas, en este juicio reivindicatorio, el
ad quem no podía variar la calificación que el fallo de segunda
instancia proferido en la acción de pertenencia les dio a los
hechos anteriores al 22 de julio de 2002, data en que se
presentó el pliego inaugural de la causa impulsada por Edgar
Gutiérrez Valderrama55, comoquiera que ya fueron objeto de
discusión y resolución en el juicio antecedente, en el cual se
concluyó -se reitera- que aquél no acreditó ser el poseedor
del inmueble.
55 Folio 367, cno. 1 A.
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
72
4.5. Lo anterior conlleva que el Tribunal también haya
cometido el error de hecho denunciado en la censura frente
a la valoración de los testimonios de Celestino Ayala Pinzón,
Nicolás Ayala Mateus y Ruby Helena Mateus Ayala, porque
de ellos extrajo la prueba de actos posesorios de los aquí
demandados, los cuales habrían tenido lugar en época
anterior a la presentación de la demanda de pertenencia,
pues estos se juzgaron y decidieron en el referido proceso.
De las referidas declaraciones sólo podía extraer lo
atinente a los hechos acaecidos desde el 23 de julio de 2002,
data en que cesó el efecto de cosa juzgada que derivó del fallo
de segundo grado en el trámite de pertenencia, por lo que
sólo a partir de aquel momento a Edgar Gutiérrez Valderrama
podía reconocérsele posesión sobre el predio. De ninguna
manera con antelación a esa fecha.
4.5.1. En relación con el testimonio de Luis Carlos
Cortés Pinzón, no era admisible derivar la demostración de
presuntos actos posesorios, porque aquél afirmó que ingresó
a laborar en el predio en el año 1980 y allí estuvo hasta la
anualidad 2001, lapso que, como se indicó, se excluye del
que puede auscultarse en la acción reivindicatoria.
Asimismo, es inane cualquier pronunciamiento sobre la
censura de preterición del testimonio rendido por Gladys
García Sayer sobre la forma en que Álvaro Gutiérrez Plaza
entró a ocupar el inmueble, ya que los hechos relatados por
la deponente anteceden a la presentación de la demanda de
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pertenencia y lo relativo a estos, se itera, excede del análisis
en el proceso actual.
5. Así las cosas, es evidente que el Tribunal incurrió en
los yerros fácticos que le achacó en el embiste al alterar el
contenido del elemento de convicción consistente en la
sentencia de 30 de marzo de 2012 y también en la
apreciación de los testimonios que se mencionaron, en tanto
los actos que se invocaron como constitutivos de posesión,
no podían ser reexaminados y menos aún era viable
modificar las conclusiones a que llegó el juez colegiado en la
indicada providencia, desacierto que, atendida su
notoriedad, tendría, en principio, aptitud para generar el
quiebre total de la sentencia impugnada.
Sin embargo, memórese que, la anotada secuela,
reclama no sólo la presencia de un paladino vicio de
juzgamiento, sino que es presupuesto adicional la
trascendencia de ese manifiesto dislate en el sentido de la
determinación que deba imponerse en el asunto, y lo cierto
es que los dislates que aquí se dejaron en evidencia, no
inciden en la forma en que debía zanjarse el conflicto.
Así lo ha explicado la Sala:
[La] trascendencia en el fallo [es] requisito ‘sine qua non’ para que
se pueda desvirtuar la presunción de acierto que cobija a la
sentencia impugnada y, por ende, quebrar la decisión objeto del
recurso extraordinario de casación, como en efecto lo dijo esta
Corporación cuando expresó que “el recurrente que acusa por error
en la apreciación de la prueba y que, aun demostrándolo, no pasa
adelante, se queda, por decirlo así, en el umbral, sin traspasar la
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puerta de entrada al recurso mismo, la que con esa demostración
apenas ha abierto (...). El recurso, cuando el punto de partida es
el referido error, es una cadena formada por estos eslabones, a) el
error y su demostración; b) la consiguiente violación de la ley
sustantiva (...); y c) la incidencia del cargo sobre la parte
resolutiva de la sentencia” (G.J., XLVI, pag. 205; LX pag. 705 y
LXXVIII pags. 566 y 690)» (CSJ SC, 9 dic 1999, rad. 5378; CSJ,
SC2587-2024).
5.1. En esta pendencia no se encuentra en duda el
señorío en cabeza de Edgar Gutiérrez Valderrama sobre el
inmueble objeto de la reivindicación, contado éste a partir del
23 de julio de 200256, pues el demandante Moisés Persiko
Watnik lo reconoció expresamente al promover esta clase de
acción en su contra, esto es, la vindicativa del derecho de
propiedad y no simplemente un proceso de restitución de
tenencia, mecanismo que es propio adelantar cuando se
estima que el contradictor ejerce la tenencia del fundo, más
no su posesión.
Luego, de la naturaleza de la acción entablada emana
la aceptación de la calidad de poseedor que ostenta sobre el
predio el señor Gutiérrez Valderrama, condición que alegó al
plantear su defensa perentoria de «prescripción adquisitiva
del derecho de dominio sobre el bien objeto de reivindicación»,
la cual aparece, además, acreditada con otros medios de
convicción como los testimonios recaudados, de los cuales se
desprende que el excepcionante ha realizado actos posesorios
con posterioridad a la data señalada -22 de julio de 2002-.
56 Por efecto de la cosa juzgada que se reconoció a la sentencia de 30 de marzo de
2012, producida en el proceso de pertenencia.
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5.2. Así las cosas, al haber transcurrido más de una
década entre el 23 de julio de 2002, día siguiente a la
presentación de la demanda de pertenencia y la radicación
del libelo inaugural de la acción dominical -4 de septiembre
de 2017-57, se cumplieron los requisitos para la prosperidad
de la excepción de «prescripción adquisitiva del derecho de
dominio» formulada por Edgar Gutiérrez Valderrama y como
consecuencia de la consolidación de la propiedad en cabeza
del poseedor, decae la acción reivindicatoria, pues el derecho
de dominio del anterior propietario se extinguió al haber
detentado el opositor el fundo, durante el tiempo y en las
condiciones exigidas por la ley para que radicara en su
cabeza la propiedad del mismo.
Esta Sala ha adoctrinado que la acción reivindicatoria
no es susceptible de extinguirse por caducidad o por
prescripción, por ser ingénito al dominio; por tal razón, este
mecanismo pervive mientras subsista ese derecho, y la
pérdida de la potestad dominical «sólo puede tener ocurrencia si
una persona distinta al dueño ha ganado el respectivo bien por
usucapión, al haberlo poseído por el tiempo y en las condiciones
previstas en la ley. (…). Es decir, mientras el propietario mantenga
su condición de tal, lo que depende, se reitera, de que otra persona
no se haya hecho al dominio en la forma indicada, aquel está
asistido de la facultad de perseguir el bien del que es dueño y de
recuperarlo en manos de quien lo tenga, para lo cual cuenta
siempre con la acción reivindicatoria, prerrogativa que, por ende,
no se extingue por el simple hecho de no haberse ejercitado tal
potestad en cierto período de tiempo, sino solamente como
57 Folio 548, cno. 1 A.
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consecuencia de la pérdida del derecho de propiedad, porque otro
lo haya ganado por virtud de la usucapión” (CSJ, SC del 22 de julio
de 2010, Rad. n.° 2000-00855-01; se subraya) (CSJ, SC2122-2021).
5.3. Significa lo anterior que, a pesar de hallarse
acreditados los manifiestos yerros fácticos que se explicaron
en esta motiva, situada en sede de instancia, la Corte tendría
que desestimar de nuevo las pretensiones del pliego de
reivindicación y declarar probado el medio exceptivo que se
comentó, tal como lo hizo el Tribunal en la sentencia
confutada.
5.4. Por lo discurrido, el cargo no prospera.
6. Ante el fracaso de la súplica extraordinaria, en
aplicación del inciso final del artículo 349 del Código General
del Proceso, se impondrá condena en costas en contra del
recurrente, y en favor de los demandados. Las agencias en
derecho se tasarán por la magistrada ponente, con sujeción
al numeral 3° del artículo 366 ídem y las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se
tendrá en cuenta que los opositores presentaron escrito de
réplica.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
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RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 15 de septiembre
de 2020 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del
asunto referenciado.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casación al
recurrente. Practíquese su liquidación en los términos del
canon 366 ibídem, incluyendo por concepto de agencias en
derecho la cantidad de diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, por concepto de agencias en derecho en favor
de los opositores.
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita
el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
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SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n° 25290-31-03-002-2017-00346-01
Con el debido respeto, me permito presentar
salvamento de voto, en los siguientes términos:
1. En el fallo objeto del recurso extraordinario el
Tribunal declaró la prosperidad de la excepción de
prescripción adquisitiva a favor del demandado. Lo anterior,
debido a que fallo que puso fin al juicio de pertenencia
anterior -del 30 de marzo de 2012- entre las mismas partes
y sobre el mismo inmueble, no hizo tránsito a cosa juzgada
debido a que no desconoció de manera contundente la
calidad de poseedor del ahora demandado. Asimismo,
sostuvo que de los testimonios, la documental y la propia
confesión del demandante -quien manifestó en el escrito
inicial que el demandado era poseedor desde el año 2002- se
desprendía esa conclusión.
2. Al estudiar el recurso de casación, esta Sala, en
decisión mayoritaria, estimó que el sentenciador de segundo
grado incurrió en yerro fáctico al valorar la sentencia del
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proceso de pertenencia anterior; a la cual debió haber
respetado los efectos de la cosa juzgada. Pero que, no
obstante, el yerro carecía de trascendencia, por cuanto había
otros medios de prueba -entre ellos la confesión del
demandante y algunos testimonios- que permitían colegir
que la posesión del demandado se inició en el año 2002. Por
estas razones, no casó el fallo impugnado.
3. Respetuosamente me permito disentir de esa
decisión. En efecto, el yerro en que incurrió el Tribunal al
desconocer los efectos de la cosa juzgada del juicio anterior
de pertenencia no sólo fue manifiesto, sino trascendente.
Y es que, al reconocer que el fallo había hecho tránsito
a cosa juzgada, le estaba vedado auscultar el plenario en
relación con los actos posesorios de los demandados en
fechas anteriores a las estudiadas en la sentencia del 30 de
marzo de 2012.
4. En la medida en que los hechos anteriores a esta
data -30 de marzo de 2012- estaban cobijados por la cosa
juzgada, el Tribunal también erró al valorar la supuesta
confesión de la posesión.
5. En efecto, este razonamiento estuvo precedido del
estudio de la demanda.
Recuérdese que en el hecho tercero del escrito, el
demandante afirmó que el inmueble «no fue entregado
materialmente a su nuevo propietario, debido a que en el
Radicación n.° 25290-31-03-002-2017-00346-01
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predio se encontraban los señores ÁLVARO GUTIÉRREZ Y
EDGAR GUTIÉRREZ, quienes han alegado tener posesión del
inmueble».
Y en el quinto señaló que, «desde la fecha de ejecutoria
de la sentencia que decidió el proceso de pertenencia (…) los
señores GUTIÉRREZ no han restituido el bien inmueble de
propiedad del señor MOISES PERSYKO, manteniendo de
mala fe la posesión del inmueble». En su contestación, la
parte demandada aceptó como cierto el hecho tercero.
Al respecto, el Tribunal precisó que el demandante
«reconoció expresamente a los enjuiciados como poseedores
de la heredad en conflicto aproximadamente desde el 3 de
noviembre de 2004» . No obstante, el estudio de los actos de
tenencia anteriores a los que fueron objeto del fallo del 30 de
marzo de 2012 le estaba proscrito al Colegiado, en virtud de
la institución de la cosa juzgada.
En una palabra, esta supuesta confesión no era tal.
Y, adicionalmente, el ad quem incurrió en yerro al
darles valor a los testimonios de Celestino Ayala Pinzón, Luis
Carlos Cortés Pinzón, Nicolás Ayala Mateus y Ruby Helena
Mateus; para acreditar hechos de posesión en fechas
relativas a los hechos objeto de la litis en el fallo del 30 de
marzo de 2012.
6. De modo que en el proyecto objeto de este disenso,
esta Sala reconoció sólo formalmente los efectos de la
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institución de la res iudicata. Así y todo, en la práctica sí
acabó admitiendo la pertinencia e idoneidad de medios
suasorios -la confesión y los testimonios- para acreditar
hechos posesorios anteriores a la data de la sentencia que
hizo tránsito a cosa juzgada -30 de marzo de 2012-.
7. En conclusión, esta decisión permitió reabrir el
debate probatorio sobre un asunto cobijado por la cosa
juzgada: en caro detrimento de los principios de seguridad
jurídica y certeza de las decisiones judiciales.
8. En estos términos, salvo mi voto.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Salvamento de voto
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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