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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1343-2025
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
(Aprobado en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veinticinco
(2025).
Procede la Sala, en sede de instancia, a dictar sentencia
sustitutiva dentro del proceso de responsabilidad médica
promovido por Edisnehy Holguín López, Yamileth Lenis
Parrales y Andrés Felipe Holguín Lenis contra Salud Total
S.A. E.P.S., Rodolfo León García Ospina, Osiris Judith
Marenco Guette, la sociedad Nuestra Señora del Rosario
S.A.1 y la llamada en garantía, Liberty Seguros S.A., por
cuanto mediante sentencia SC292-2021 se casó el fallo de
13 de noviembre de 2015, emitido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
ANTECEDENTES
1 Propietaria de la Clínica Nuestra Señora del Rosario.
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1. Pretensiones
Edisnehy Holguín López y Yamileth Lenis Parrales
acudieron en nombre propio y en representación de su hijo
Andrés Felipe Holguín Lenis, en procura de que se declarara a
los demandados civil y solidariamente responsables por los
daños causados con ocasión del inadecuado servicio médico
que se les prestó en la atención del parto de aquella.
En consecuencia, pidieron la condena en perjuicios, en
los siguientes términos: (i) por daño emergente la suma de
$545.526, en razón de los valores pagados por la atención
médica, realización de exámenes y medicamentos; (ii) por lucro
cesante consolidado en favor de Andrés Felipe, la suma de
$6’198.998; y por lucro cesante futuro, $27’128.623,91,
correspondiente a los ingresos dejados de percibir en virtud del
porcentaje de discapacidad dictaminado; (iii) por daño moral,
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante
SMLMV) para cada uno de los demandantes; y (iv) por daño
fisiológico en favor de Andrés Felipe, la suma de 1000 SMLMV,
por las limitaciones físicas que le impedirán llevar una vida y
relaciones interpersonales normales.
2. Fundamento fáctico de la demanda
2.1. Sostienen los actores que, sobre el medio día del 3
de abril de 2005, el señor Edisnehy Holguín López llevó a su
esposa Yamileth Lenis Parrales al servicio de urgencias de la
Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali, para que fuera
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atendida en su trabajo de parto. En esa institución fue recibida
por el médico general Rodolfo León García Ospina, quien le
indicó que debía volver en ocho horas.
2.2. Al regresar al hogar las contracciones se hicieron
cada vez más frecuentes y en una de ellas la señora Lenis
«reventó fuente y comenzó a expulsar un líquido de color extraño, de color
verde oscuro», motivo por el cual se dirigieron nuevamente a la
Clínica, donde arribaron a las 4:47 p.m. La paciente fue
recibida por el mismo médico García Ospina, quien al observar
la expulsión del líquido sostuvo que «venía meconiado», por lo que
pidió la segunda opinión de la médica Osiris Judith Marenco
Guette –ya que en ese momento no había especialista en
ginecobstetricia en la IPS–, quien compartió la observación de
hacer monitoreo y canalizar la vena con medicamento.
2.3. Luego de exigir el copago, la médica Marenco
Guette ingresó a la señora Lenis a su consultorio, y,
transcurrido «más tiempo del que ya se había perdido», la trasladaron
al cuarto piso para hacer un monitoreo, donde las
contracciones se tornaron más fuertes y seguidas. Finalizado
el examen, los señores Holguín y Lenis quedaron solos en el
sitio, donde ella comenzó a «tener su bebé», por lo que aquel tuvo
que pedir auxilio a gritos, pues «en esos momentos no había nadie
de la clínica en la habitación».
2.4. Ante el pedido de ayuda, las auxiliares de
enfermería acudieron para avisar a la médica Marenco Guette,
quien al ingresar al recinto vio que el niño venía podálico, lo
que evidenció el diagnóstico errado de los médicos, pues «se
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había afirmado momentos antes del procedimiento que el producto venía
de cabeza»–. La doctora Marenco optó por ampliar la dilatación
de manera forzada, con lo que se ocasionó un desgarro vaginal
a la gestante. El niño, por su parte, nació «flácido, morado,
ahogado, hipotónico, cianótico, arefléxico», por lo que tuvieron que
hacerle masajes para reanimarlo, además, se observó
dificultad respiratoria con síntoma visible de asfixia.
2.5. Ocurrido el nacimiento a las 7:10 p.m. y por fuera
de la sala de parto, la médica Marenco Guette indicó que había
que remitir al niño a un hospital de mayor complejidad «porque
se presentaron problemas de respiración», pese a lo cual el pediatra
Ricardo Martínez, en valoración de las 8:43 p.m., en vez de
remitir al bebé a una incubadora o a una UCI pediátrica,
ordenó que se pasara para lactancia con la progenitora.
2.6. En ese contexto, en vista de la preocupación de
los padres porque el recién nacido estaba «morado y frío», la
doctora Marenco dispuso remitirlo a un hospital de mayor
nivel, gestión que, por las vicisitudes que se dieron para el
traslado, se concretó hasta la 1:09 a.m. del día siguiente,
cuando el niño ingresó a la UCI pediátrica de la Clínica
Nuestra Señora de los Remedios. Allí, la pediatra Ángeli Ramos
consignó como diagnosticó «disfunción miocárdica por la depresión
sufrida por la demora del parto, (…) laringo-malasia y una asfixia
perinatal». La hospitalización fue de 11 días, durante los cuales
se atendieron los padecimientos del bebé.
2.7. Finalizada la atención hospitalaria, el neonato fue
valorado por el neurólogo Jaime Quevedo del hospital Infantil
Club Noel, quien determinó el «retardo psicomotor por asfixia
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perinatal», por lo que, en ese orden, se hacía necesario el
tratamiento neurológico; además, el Instituto de Ciegos y
Sordos de Cali le diagnosticó hipoacusia severa para
frecuencias agudas en el oído izquierdo.
2.8. Con base en los mencionados diagnósticos, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle determinó
que Andrés Felipe Holguín Lenis presentaba una disminución
de sus capacidades en un 21.20%, de la siguiente manera: (i)
deficiencia, 10%; (ii) discapacidad, 0.70%; y (iii) minusvalía,
10,50%.
2.9. En compendio, a juicio de los demandantes, las
fallas en la atención médica indicativas de la responsabilidad
civil se presentaron:
2.9.1. En el primer ingreso de la madre gestante al
servicio de urgencias, ante la sintomatología y conforme se
evidenciaba en los controles prenatales, el médico general
García Ospina debió utilizar ayudas diagnósticas, consultar al
especialista en ginecobstetricia o dejar a la paciente en
observación, lo que le permitió decir sin sustento científico que
aún no estaba en trabajo de parto.
2.9.2. En el segundo ingreso, porque estando la
paciente en plena labor de parto, los médicos no brindaron la
atención inmediata requerida, no hicieron el examen físico
para confirmar la presentación del feto y determinar si era de
alto riesgo, además de dejar a la pareja sola en una sala, sin
apoyo profesional, en la que finalmente se produjo el parto.
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2.9.3. En la ausencia de médicos ginecobstetra y
pediatra en la Clínica Nuestra Señora del Rosario que
hubiesen estado presentes para asistir a la paciente, así como
la carencia de los equipos necesarios para valorar el real
estado de salud del bebé y la omisión de exámenes necesarios
para tomar oportunamente la decisión más acertada, «por
ejemplo la realización urgente de una cesárea», lo que, sumado a la
falta de monitoreo del feto para conocer el estado del trabajo
de parto, constituye la causa eficiente del daño.
3. Actuación procesal
3.1. Rodolfo León García Ospina se opuso a la
prosperidad del petitum y formuló la excepción de «Cumplimiento
del deber conforme a los protocolos y ética médica», afirmando que el
daño no le es atribuible en la medida en que su conducta se
ajustó a las condiciones de la paciente documentadas en la
historia clínica. Resaltó que el feto puede cambiar de
presentación «en un instante en forma dinámica», que en la primera
atención no había criterios de hospitalización y que, como en
la segunda consulta si se cumplía con tales parámetros,
ingresó a la paciente y entregó su turno a la doctora Marenco.
3.2. Osiris Judith Marenco Guette y la sociedad Nuestra
Señora del Rosario S.A. también resistieron las pretensiones,
proponiendo las defensas de «Ausencia de culpa y causa extraña»;
«Inexistencia de responsabilidad de acuerdo con la ley»; «Exoneración por
cumplimiento de la obligación de medio»; «Exoneración por estar probado
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que el equipo médico empleó la debida diligencia y cuidado»; «Inexistencia
de la obligación de indemnizar por ausencia de los elementos estructurales
de la responsabilidad»; «Caso fortuito»; y «Solicitud exagerada de
pretensiones». Sostuvieron que la distocia de parto se presentó
como una situación imprevisible e irresistible por la que no
puede responderse en la medida en que las obligaciones
contraídas son de medio y no de resultado, y la atención
médica se ajustó a la lex artis. Además, la «distocia del parto con
hipoxia perinatal» superó el manejo médico implementado de
acuerdo con el estado de la ciencia, pues constituyó una
«patología de cuadro súbito y agresivo que no fue posible diagnosticar en
forma oportuna».
3.3. Salud Total S.A. E.P.S. también se opuso a las
pretensiones, para lo cual formuló como medios exceptivos los
de «Inexistencia de responsabilidad de la Entidad Promotora de Salud»;
«Exoneración por cumplimiento de la obligación de medios brindada tanto
por el equipo de profesionales de la salud como de Salud Total EPS»;
«Exoneración por estar probado que el equipo médico empleó la debida
diligencia y cuidado»; y «Solicitud exagerada de pretensiones».
Adujo que, conforme a sus obligaciones contractuales,
su responsabilidad sólo se compromete cuando niega la
prestación del servicio de salud, sin que los actos médicos
demandados tengan relación directa con su función de
aseguramiento. Sin embargo, la atención brindada fue
adecuada y el parto fue anormal porque la presentación
podálica «sobrevino como un caso fortuito que escapó a toda voluntad
humana», circunstancia que solo fue evidente para la doctora
Marenco «en el mismo momento en que asume la atención médica».
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3.4. Liberty Seguros S.A., llamada en garantía por la
sociedad Nuestra Señora del Rosario S.A., se opuso a las
pretensiones de la demanda y a las del escrito que propició su
citación. Frente a la primera, excepcionó: «Inexistencia de la
obligación»; «Inexistencia de responsabilidad» y «Obligaciones de medio y
de resultado en medicina». Respecto del llamamiento, se defendió
aduciendo «Inexistencia de siniestro»; «Enriquecimiento sin justa
causa»; «Límite máximo de indemnización», «Condiciones, amparos,
límites y exclusiones de la póliza» e «Inexistencia de la obligación de
indemnizar intereses o sanciones moratorias».
4. Fallo de primera instancia
Mediante sentencia de 28 de enero de 2015, el Juzgado
Trece Civil del Circuito de Cali tuvo por no probadas las
excepciones propuestas, declaró a los demandados y a la
llamada en garantía civilmente responsables de los perjuicios
causados, con sustento en los siguientes argumentos:
4.1. Las pruebas del proceso acreditaron que los médicos
García Ospina y Marenco Guette actuaron «con falta de diligencia
y cuidado», por cuanto a pesar de que el embarazo fue calificado
como normal, «ante el posible advenimiento de un parto de bajo riesgo
abandonan a su suerte a la señora Yamileth Lenis Parrales al punto [de]
que el alumbramiento se produjo en el pasillo en una de las camillas de
aquel centro hospitalario y solo el personal médico y paramédico se pone
en actividad cuando el esposo de la parturienta da las voces de alarma
ante la inminencia del parto». Además, pese a que el bebé debía ser
trasladado a otro centro médico debido a su estado de salud,
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no se dio la orientación adecuada y la ambulancia que fue a
recogerlo llegó «sin el instrumental que el caso ameritaba y [tuvo] que
regresarse a aquel centro médico [Clínica de los Remedios] y equipar el
rodante para poder trasladar al infante en condiciones de seguridad».
4.2. En ese contexto, sostuvo que la señora Lenis fue
atendida por la médica Marenco Guette a partir de las 7:00
p.m., de cuyo interrogatorio se infiere una «atención tardía y
extremo descuido» de la paciente, pues no tuvo una atención
«pronta y adecuada» que impidiera los resultados finales tanto
para la madre como para el neonato. Por ello, con base en la
literatura científica sostuvo que «un embarazo que indica una
presentación podálica del feto en cualquier momento puede cambiar su
presentación podálica de bajo riesgo en uno de alto riesgo», lo que exige
una constante vigilancia de la evolución de la paciente y «no
solo asistirla al momento de estar ya expulsando el [bebé]».
4.3. Por esa vía, señaló que en el sub-lite está demostrada
la negligencia de los médicos, así como su relación de
causalidad con el hecho dañoso y las secuelas padecidas por
el entonces menor de edad: discapacidad funcional de un
21.20% por retardo en el desarrollo psicomotor por hipoxia
perinatal.
4.4. Agregó que Salud Total S.A. E.P.S. y la sociedad
N.S.D.R. S.A. son las llamadas a responder porque los médicos
Marenco y García son profesionales adscritos a la Clínica
Nuestra Señora del Rosario, institución de salud que, para la
época de los hechos, tenía suscrito contrato de prestación de
servicios médicos asistenciales y de especialistas para los
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pacientes afiliados y beneficiarios de la EPS mencionada. Por
lo tanto, esas instituciones están obligadas «a hacer cumplir el
manual de garantía de la calidad por medio de sus auditores».
4.5. De otra parte, apuntó que la aseguradora llamada
en garantía, con base en la póliza n.º 80.277 –con vigencia
hasta el 30 de diciembre de 2005–, debe amparar la
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por
daños personales durante su vigencia, como consecuencia del
ejercicio de su actividad, ya que se demostró que la clínica
«cumplió defectuosamente» con la atención de la señora Lenis.
4.6. En cuanto a los perjuicios solicitados, el juzgador de
primer grado reconoció en favor de los padres la suma de 100
SMLMV para cada uno por concepto de daños morales, y de
150 SMLMV por el daño a la vida de relación, esto en ejercicio
del arbitrio judicial. En cuanto a Andrés Felipe Holguín Lenis,
cuantificó el lucro cesante en $33’327.621 y los perjuicios
morales en 500 SMMLV, en atención a la pérdida de capacidad
funcional del 21.20%.
5. La sentencia del Tribunal
Inconformes con lo decidido por el a quo, los demandados
y la llamada en garantía interpusieron el recurso de alzada. El
ad quem revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar
las pretensiones; lo anterior tras concluir que la cronología de
los actos médicos consignados en la historia clínica muestra
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que «no hay prueba de la demora en la prestación del servicio» y, por
ende, de la responsabilidad de los convocados.
La parte actora recurrió en sede extraordinaria al
amparo de un único cargo fincado en la causal primera del
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por la violación
indirecta de los artículos 2341, 2342, 2343 y 2344 del Código
Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación
de las pruebas. Únicamente se admitió el recurso de casación
de Andrés Felipe Holguín Lenis, porque era quien tenía el
interés para recurrir.
6. La Sentencia CSJ, SC292-2021
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural consideró que
«la exhaustiva relación de las pruebas atinentes a los actos médicos
efectuados el 3 de abril de 2005 en la Clínica Nuestra Señora del Rosario
a la paciente Yamileth Lenis Parrales, sí permite advertir la comisión
de errores de hecho en las apreciaciones probatorias del
Tribunal, cuando descartó culpa o negligencia de la parte
demandada, y por ende la responsabilidad civil invocada, al
señalar que no hay prueba (i) de la demora de la atención, (ii) de un
actuar omisivo de los médicos, y (iii) del abandono de la paciente».
Después de analizar en conjunto las pruebas sobre las
que recaía el error de hecho denunciado por los
casacionistas, encontró la Corte que, a diferencia de lo
concluido por el Tribunal, «las pruebas demostraban
inequívocamente el incumplimiento del débito médico», motivo por el
cual casó la sentencia de segundo grado.
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Antes de dictar el fallo de reemplazo, oficiosamente se
decretó la práctica de dos informes técnicos, cuya
elaboración se encargó a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y al Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. El primero, para obtener
información sobre el diagnóstico del «retardo en el desarrollo
psicomotor» y el eventual grado de probabilidad que hubiesen
podido tener las condiciones del nacimiento de Andrés Felipe
Holguín Lenis; y el segundo, para indagar sobre la «asfixia
perinatal» y si pudo ser consecuencia de lo ocurrido en el parto2.
Recibidos los referidos informes y habiendo surtido su
debida contradicción3, es procedente la emisión de sentencia
sustitutiva, conforme lo dispone el artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil.
CONSIDERACIONES
1. Régimen del recurso extraordinario
Cabe advertir que el recurso de casación en estudio se
interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, de
manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por
esa normativa.
2. Control de legalidad
2 La naturaleza de las pruebas que se decretaron oficiosamente en sede de casación quedó zanjada en
CSJ SC292-2021 y AC796-2022.
3 Al respecto ver los autos CSJ AC550-2023, AC849-2023, AC1975-2023, AC5274-2024 y AC6329-
2024.
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Se encuentran reunidos los presupuestos procesales de
la acción, así como los presupuestos materiales para la
sentencia de fondo. Adicionalmente, no se advierten
irregularidades que comprometan la validez de lo actuado,
razón por la cual se decidirá de fondo el presente asunto.
3. Alcance del fallo sustitutivo
De acuerdo con la parte resolutiva del fallo CSJ, SC292-
2021, el quiebre de la sentencia del Tribunal fue total en
virtud de la acreditación del error de hecho en la apreciación
de las pruebas obrantes en el expediente, motivo por el cual,
ubicada la Corte en sede de instancia, deberá emitir una
sentencia que reemplace íntegramente la decisión de
segundo grado, lo que significa que su competencia se limita
al conjunto de cuestionamientos planteados en los recursos
de apelación contra la sentencia del a quo.
Por esa razón, en esta oportunidad no se ahondará en
el análisis de otros elementos que quedan por fuera del
escrutinio de la Sala, como sería, por ejemplo, el análisis de
la procedencia del derecho del consumo en materia de
servicios de salud, como se esbozó en sentencia CSJ,
SC2122-2024.
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4. Los recursos de apelación
4.1. Motivos de inconformidad de los demandados
Judith Osiris Marenco, sociedad Nuestra Señora del
Rosario S.A. y Salud Total S.A. E.P.S.
El apoderado de estas convocadas denunció sendos
errores en la motivación de la sentencia, entre los que destacó
la cita «lejana» de la sentencia del 24 de octubre de 1990 del
Consejo de Estado, la «descontextualizada y anacrónica» alusión al
artículo 2356 del Código Civil, la tasación de los perjuicios
materiales sin mediar en su cálculo un criterio definido y la
desatención de los parámetros de esta Corporación en lo que
atañe a los extrapatrimoniales.
Igualmente, acusó al juzgador de no realizar un análisis
crítico de los medios de convicción, pues, de haberlo hecho,
hubiera determinado que no se podía probar la culpa. El a quo
no tuvo en cuenta las pruebas practicadas, en especial, el
contenido objetivo de la historia clínica, los interrogatorios de
los médicos demandados ni los testimonios especializados de
los médicos ginecobstetras Jorge Hernán Urrego Grueso y
Fernando Ángel Pabón, en cuyas declaraciones «se logra
encontrar una explicación con fundamento científico a la tan compleja
circunstancia a que se vieron abocados los médicos que tuvieron que
atender el parto».
Sostuvo que no se reparó en que los síntomas de la
gestante durante el trabajo de parto evidenciaban un
embarazo de bajo riesgo en el que la conducta tomada –
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inducción del trabajo de parto- fue la adecuada; ni en que no
existía la obligación de que hubiera un especialista en
ginecobstetricia en la Clínica dado el nivel de complejidad, en
el que los médicos generales podían atender un parto de bajo
riesgo. Tampoco vio el juzgador que en este caso se dio un
parto anormal o distócico debido a que el feto cambió su
presentación de cefálica a podálica, ni reparó en que se dio un
parto precipitado, situación imprevisible para los médicos.
Señaló igualmente que el desgarro del canal es altamente
frecuente en cualquier tipo de parto, que la asfixia perinatal es
un riesgo inherente de los partos distócicos y que, además, el
bebé presentó una enfermedad congénita denominada
laringomalasia, que pudo incidir en las condiciones de salud
que exigieron las maniobras de reanimación, pruebas todas
omitidas por el a quo quien, con todo, desconoció el precedente
de esta Corporación en lo que atañe a la culpa probada y a los
límites del arbitrium judice.
4.2. Reparos del doctor Rodolfo León García Ospina
El apoderado del médico García Ospina sostuvo que el a
quo no tuvo en cuenta la historia clínica, que demostraba que
el daño sufrido por la señora Lenis y su bebé se produjo en el
momento exacto del parto, no antes ni después, y mucho
menos es causado por la presencia de meconio en la placenta,
el cual no se relaciona con las complicaciones presentadas.
Sostuvo que, al ofrecer el servicio de sala de partos, la Clínica
Nuestra Señora del Rosario debió tener un ginecobstetra de
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forma presencial para atender a las pacientes; además, «por
norma la atención del lactante debe ser pediátrica, la clínica tampoco
cuenta con ese recurso».
El doctor García Ospino finalizó su turno a las 5:20 p.m.
del 3 de abril de 2005, momento en el cual entregó la paciente
y se retiró de la institución, en virtud de lo cual aquella quedó
a cargo de la doctora Osiris Marenco, quien comentó el caso
con el ginecólogo «no presencial», ordenando este último la
hospitalización, la inducción del trabajo de parto y la monitoria
fetal, de donde se desprende que el convocado cumplió con su
labor en forma diligente y «lo que se quiere endilgar, fue, ha sido y
será responsabilidad de otras personas (que actuaron en forma no
presencial) y en especial de la Clínica Nuestra Señora del Rosario», lo
anterior debido a que «la paciente nunca fue valorada por esta
especialidad [ginecobstetricia]. Si lo hubiese sido (…) la paciente no se
hubiera complicado».
4.3. Apelación de Liberty Seguros S.A.
La aseguradora llamada en garantía indicó que la
sentencia recurrida no contiene una decisión expresa y clara
sobre cada una de las excepciones formuladas por las partes,
en especial, las de ella como llamada en garantía, ni se realizó
un examen crítico de los medios de prueba, que demostraban
un embarazo de bajo riesgo en el que la conducta indicada era
el parto vaginal, lo que evidencia la adecuada atención médica
cuando ingresó en trabajo de parto.
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Indicó que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de
los médicos, cuya valoración en conjunto acreditaba que el
tratamiento dado a la señora Lenis era el que en ese momento
se ajustaba a los protocolos, por lo que deben prosperar las
excepciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones de medios y la ausencia de responsabilidad.
4.4. Réplica de los demandantes
La parte actora se pronunció sobre cada uno de los
recursos de apelación de los demandados, solicitando que se
dejara incólume lo resuelto en primera instancia.
5. Los elementos de la responsabilidad civil y su
acreditación en el caso concreto
5.1. El daño
En los procesos de responsabilidad civil, el estudio de
los elementos que la estructuran debe partir del daño, el cual
se erige como causa de la reparación y ante cuya ausencia el
análisis de los demás requisitos se torna inocuo, pues sin
daño no hay responsabilidad. De antaño la Corte ha
sostenido que «es el daño un elemento primordial y el único común a
todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí
que no se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de
partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica,
sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya
falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria» (CSJ, SC 4
abr. 1968, GJ CXXIV 2297 a 2299, pág. 58 a 65).
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En este caso se encuentra acreditado el daño sufrido
por el entonces menor de edad Andrés Felipe Holguín Lenis
durante la atención del parto, ocurrido el 3 de abril de 2005
en la Clínica Nuestra Señora del Rosario. Consta en la
historia clínica que el niño nació cianótico, hipotónico y con
signos de dificultad respiratoria4, y que ante una inadecuada
evolución se dispuso su traslado a la Clínica de los Remedios,
de mayor nivel de complejidad, donde ingresó el 4 de abril de
2005 a la 1:09 a.m., con diagnóstico de «asfixia perinatal»5.
En valoración realizada el 25 de mayo de 2005 en el
Instituto para Niños Ciegos y Sordos dio cuenta de una
hipoacusia severa para frecuencias agudas en el oído
derecho 6 , y en consulta de neurología del 14 de junio
siguiente7, se diagnosticó «lesión cerebral perinatal» y «anoxia fetal
severa».
Por su parte, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Valle del Cauca emitió dictamen de fecha 5 de
agosto del mismo año, en el que determinó la pérdida de la
capacidad laboral de Andrés Felipe, con fecha de
estructuración el día de su nacimiento, en los siguientes
porcentajes: (i) deficiencia en un 10%; (ii) discapacidad en un
4 Cfr. HC Clínica Nuestra Señora del Rosario, nota de atención de las 8:46 p.m. del 3 de abril de 2005,
fl 39 C1 (corresponde al folio 58 digital).
5 Cfr. HC Clínica Nuestra Señora de los Remedios, nota de ingreso de fecha 4 de abril de 2005, fl 47 C1
(corresponde al folio 67 digital).
6 Cfr. Evaluación obrante a fl. 66 C1 (corresponde al folio 97 digital).
7 Cfr. HC Club Noel Hospital Infantil, valoración del 14 de junio de 2005, fl. 61 C1 (corresponde al folio
92 digital).
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0.70%; y (iii) minusvalía en un 10,50%, para un total de
21,20%8.
Sostienen los convocantes que esta circunstancia ha
afectado la esfera patrimonial y extrapatrimonial del núcleo
familiar, debido a que los progenitores debieron realizar
sendas erogaciones de cara a la realización de exámenes y
valoraciones médicas, y a que el porcentaje de discapacidad
afectará la vida futura de Andrés Felipe y sus capacidades
laborales. Así mismo, dan cuenta de la afectación emocional
sufrida y de la previsible alteración de las condiciones de
existencia del entonces menor de edad, lo que exige la
reparación de los daños materiales en sus modalidades de
daño emergente y lucro cesante, así como la compensación
de los daños morales y «fisiológicos» sufridos.
Pues bien, para que el daño sea indemnizable, es
indispensable analizar los otros elementos de la
responsabilidad civil, sin cuya demostración la pretensión
resarcitoria no puede salir adelante. En tal virtud, procede la
Sala a analizar el factor de imputación, que tratándose del
régimen subjetivo en el que se enmarca la responsabilidad
médica es la culpa, así como la indispensable relación de
causalidad entre el hecho dañoso y el menoscabo sufrido por
los reclamantes.
5.2. La culpa
8 Cfr. Dictamen obrante a fl. 72 C1 (corresponde al folio 103 digital).
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
20
La culpa, entendida como aquel error de conducta en el
que no habría incurrido un profesional prudente y diligente
situado en las mismas circunstancias de tiempo, modo y
lugar que los demandados, resulta comprometida cuando la
atención en salud se aleja de los parámetros de la lex artis,
que determina la práctica adecuada conforme al estado de la
ciencia. En estos casos, la culpa puede estar determinada
por la imprudencia, la negligencia, la impericia o la violación
de los protocolos y reglamentos, que alejan la conducta del
profesional de ese estándar de corrección del acto médico.
5.2.1. Debe recordarse que en sentencia de casación
CSJ, SC292-2021, esta Corporación estudió la censura de
los recurrentes y encontró que, a diferencia de lo concluido
por el Tribunal, las pruebas obrantes en el expediente
demostraban plenamente la culpa de los demandados. Con
base en el análisis conjunto de la historia clínica y de las
declaraciones recibidas en el proceso, concluyó la Sala:
(i) Que cuando la paciente ingresó a la Clínica el 3 de
abril de 2005 a las 5:08 p.m. con ruptura de membranas y
líquido amniótico meconiado, presentaba una situación
potencialmente riesgosa 9 , sin embargo, el médico García
Ospina no entabló comunicación inmediata con el
especialista en ginecobstetricia para determinar la conducta
a seguir, perdiendo valioso tiempo en la atención.
9 Cita propia de la sentencia de casación: «En este sentido, se recordará que los médicos y especialistas
que rindieron declaración expusieron que por sí solo el meconio no es un signo de alarma o de
sufrimiento fetal, pero que es indispensable descartarlo a través de la práctica de una monitoria fetal».
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
21
(ii) Que, aunque a las 5:08 p.m. el doctor García ordenó
una monitoria –indispensable para determinar el bienestar
fetal-, su resultado sólo se reportó a las 6:46 p.m., sin que
obre en la historia clínica copia de ese examen que permita
corroborar la hora de su toma, los parámetros que arrojó y el
resultado registrado.
(iii) Que sobre las 7:00 p.m. la doctora Marenco Guette
entró a la sala de maternas y encontró a Yamileth ya en fase
de expulsivo, de donde se desprende el retardo injustificado
de la atención, pues «estando prevenidos todos, incluida ella, de una
condición clínica que ameritaba vigilancia permanente (…) ese parámetro
o regla de comportamiento no se satisfizo, ya que el expulsivo principió sin
la presencia de la médica de turno».
(iv) Que, en su declaración de parte, la aludida
profesional sólo se refirió a dos atenciones a la paciente, una
al ingreso por urgencias a las 5:08 y otra la de las 7:00 p.m.,
obviando por completo la atención de las 5:40 y las 6:46 p.m.,
esta última trascendental porque fue cuando supuestamente
recibió el resultado de la monitoria fetal y es la que antecede
en pocos minutos al nacimiento; sin que tampoco diera
cuenta de su conversación telefónica con el especialista en
ginecobstetricia, lo que genera «un evidente manto de duda sobre
algunas de las anotaciones insertadas en la historia clínica, en especial
las de las 5:40 y 6:46 de la tarde, lo que necesariamente llevaba a
descartar una atención tempestiva del parto».
(v) Que el actuar omisivo de los convocados se prueba
también con el tardío reporte de la monitoria fetal y la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
22
mediata comunicación con el médico especialista, quien
supuso la presentación cefálica del bebé «sin constatar o verificar
con la médica que lo llamó, si esa certeza se soportaba en la realización
efectiva de un examen ginecológico (tacto vaginal) o de una ecografía, y
a partir de ahí determinó (se reitera, sin corroborarlo), que se estaba en
presencia de un embarazo de bajo riesgo, y que la conducta a seguir era
el monitoreo estricto y provocar el parto natural, con el suministro de
oxitocina».
(vi) Que el especialista de turno no podía agotar su labor
con la simple emisión de recomendaciones telefónicas sin
indagar con rigor científico sobre la condición física de una
paciente que presentaba ruptura de membranas con
meconio, dando por sentada la buena presentación del feto
por «una simple afirmación de su interlocutor (…); sin la respectiva
indagación de examen o técnicas que se aplicaron para determinarlo».
(vii) Que ese descuido se tornó aún más relevante si se
tiene en cuenta que en la declaración de parte del doctor
García Ospina, quien atendió a la paciente en las dos
primeras oportunidades, manifestó bajo juramento que
«cuando la paciente ingresó a las dos consultas que realizó, encuentro
que la presentación del feto es indeterminada, porque los cambios
cervicales son muy leves y es imposible palpar las partes fetales en ese
momento».
(viii) En ese sentido, concluyó la Sala en sede de
casación:
(…) con la historia clínica y la declaración de Jorge Hernán Urrego
Grueso, según quedó visto, no era viable deducir el cabal
cumplimiento en los mandatos de la lex artix ad-hoc, ya que si la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
23
“Norma Técnica para la Atención del Parto” del Ministerio de Salud
indica que el líquido amniótico meconiado es un factor de riesgo
biológico en el parto, y que “la presencia de factores de riesgo
condicionarán la necesidad de una remisión a un centro de mayor
complejidad, si el momento del trabajo de parto lo permite”, a la
luz de esas reglas o directrices, lo que se esperaba del especialista
de turno, y que no hizo, era advertir del riesgo en el parto, indagar
con especial celo las condiciones físicas de la paciente, realizar
seguimiento de sus recomendaciones, hacer presencia física en la
clínica, y evaluar la posibilidad de remitir a la embarazada a una
institución hospitalaria de mayor nivel, puesto que la Clínica
Nuestra Señora del Rosario era de segundo nivel, y tenía
habilitados los servicios de ginecobstetricia para partos de “bajo
riesgo”.
5.2.2. Ahora bien, situada la Corte en sede de instancia
y tras analizar la totalidad de los motivos de apelación de los
demandados –más allá de los estrictos contornos del cargo
propuesto en casación, que delimitó la competencia de la
Sala en sede extraordinaria-, se encuentra que la valoración
conjunta del acervo probatorio pone en evidencia otras
circunstancias que comprometen la culpa de los
demandados, como se pasa a explicar.
• La falta de verificación de la presentación fetal
Sea lo primero resaltar que fue el doctor Rodolfo León
García Ospina quien atendió a la paciente en su primer
ingreso a urgencias cuando todavía no había iniciado el
trabajo de parto (12:37 p.m.), y en su segundo ingreso,
cuando éste ya había empezado y debió ser hospitalizada en
la Clínica para su correspondiente atención (5:08 p.m.).
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
24
Si bien en la nota de historia clínica de las 12:37 del
mediodía el doctor García Ospina registró las siglas «fuvc»,
que significan «feto único vivo cefálico», ello entra en abierta
contradicción con lo que él mismo manifestó ante el a quo en
su declaración bajo juramento, al afirmar que «cuando la
paciente ingresó a las dos consultas que realizó, encuentro que la
presentación del feto es indeterminada, porque los cambios
cervicales son muy leves y es imposible palpar las partes fetales en ese
momento» 10 , de donde se evidencia que el doctor Ospina
consignó en la historia clínica que el bebé venía en cefálica
sin tener certeza de ello.
De lo anterior se colige que el convocado registró en la
historia clínica la presentación cefálica del feto («fuvc») sin
verificar que ello fuera efectivamente así, pues el mismo
profesional confesó que en ese momento aquella era
indeterminada. Ante la evidente contradicción entre lo
consignado en el registro con lo declarado por el médico, debe
darse credibilidad a lo afirmado bajo juramento puesto que,
visto el resultado del parto, el niño no se encontraba en la
presentación cefálica indebidamente reportada en la historia
clínica.
En la segunda anotación a cargo del doctor García (5:08
p.m.), no se incluyó ninguna anotación respecto a la
presentación del feto, y en el informe técnico rendido por el
Instituto Nacional de Medicina Legal se hizo énfasis en que
10 Cfr. Declaración obrante a folio 14 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandante” –
expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
25
en el expediente no obran ecografías obstétricas «para
confirmar la presentación del feto en el tercer trimestre»11.
Llama la atención de la Sala que, ante la presentación
indeterminada del feto, el médico no haya tomado ninguna
medida para constatarla, más aún si, como afirman los
demandados, el cambio de posición en el útero puede darse
en forma espontánea y dinámica a lo largo del embarazo. Si
ello es así, con mayor razón estaban obligados a tomar las
medidas necesarias para determinar la presentación del
nonato, puesto que, si se encontraba en podálica, se imponía
la adopción de una conducta totalmente diferente a la
asumida.
Recuérdese que en el informe técnico del Instituto
Nacional de Medicina Legal se resaltó que la conducta
adoptada (inducción del parto vaginal a cargo de médicos
generales) se dispuso creyendo que el niño venía en cefálica,
y que, por el contrario, la presentación podálica exigía la
remisión a un mayor nivel de complejidad o la atención por
parte de un ginecobstetra con disponibilidad para realización
de cesárea en caso de requerirse12.
Véase cómo, a pesar de haber encontrado que la
presentación del feto era indeterminada, el doctor García
Ospina no desplegó ninguna conducta encaminada a
verificarla, tampoco contactó de forma inmediata al
especialista ni alertó a la doctora Marenco sobre ese hecho
11 Cfr. Informe Técnico obrante a consecutivo 58 del expediente digital.
12 Cfr. Informe Técnico obrante a consecutivo 58 del expediente digital.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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cuando finalizó su turno, circunstancias que alejan su
conducta de la lex artis, incurriendo en culpa profesional. Y
es que si recibió a una paciente con ruptura de membranas
y con líquido amniótico meconiado -situación potencialmente
riesgosa que exigía seguimiento estricto-, con presentación
indeterminada del feto, la diligencia debida exigía al doctor
García tomar las medidas necesarias para constatarla,
realizando la palpación abdominal a través de las
denominadas «maniobras de Leopold»13 o incluso una ecografía,
exámenes que, según indicó el especialista Fernando Ángel
Pabón, permiten determinar la presentación fetal14.
Si bien los demandados han sostenido que, ante la
ruptura de membranas, los tactos vaginales debían
espaciarse y que por esa razón no se reevaluó la presentación
del feto, lo cierto es que ese ni siquiera era el examen más
apropiado para ese fin, ni el único que permitía obtener la
certeza deseada. Sobre el particular, recuérdese que ante la
pregunta de cómo se determina la presentación fetal cuando
se han roto membranas y es conveniente espaciar los tactos,
indicó el referido testigo, especialista en ginecobstetricia:
Para determinar la presentación y posición de un feto se recurre a
cuatro maniobras que se le realizan a la paciente embarazada
durante el examen físico, estas maniobras se realizan por
palpación a través del abdomen y no requieren de tacto vaginal
para su realización, estas cuatro maniobras se llaman las
13 En el Informe Técnico de Medicina Legal explica que la manera de identificar la presentación fetal
«es por dos vías: la primera por evaluación clínica, con examen físico (maniobras de Leopold) con las
cuales se identifican cuál es el polo del feto hacia la pelvis materna (cabeza -nalga), las cuales son
maniobras subjetivas. La segunda: por ecografía obstétrica en donde se permite evidenciar de manera
objetiva y con certeza la presentación fetal».
14 Cfr. Declaración de Fernando Ángel Pabón, obrante a folio 10 del Cuaderno denominado “Pruebas
parte demandada” –expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
27
maniobras de Leopold donde a través de ella, vía abdominal, nos
damos cuenta cuál es la parte fetal que ocupa la porción superior
del útero, nos damos cuenta hacia qué lado está el dorso o espalda
del feto, nos damos cuenta cual es la porción o presentación del
feto que está en la parte inferior de la pelvis que ésta es la que
determina la presentación definitiva en la cual el feto en el
momento del examen presenta y nos damos cuenta del grado en
que la presentación se ha metido o encajado en la pelvis materna,
ya el tacto vaginal nos sirve más que todo para valorar si
la pelvis de la madre es amplia o estrecha, si el cuello está
abierto o cerrado, si las membranas están íntegras o rotas
y nos sirve para evaluar la progresión de un trabajo de
parto, pero la presentación la podemos determinar por las
maniobras antes descritas15.
Lo expuesto permite concluir la falta de diligencia y
cuidado del doctor Rodolfo León García Ospina al consignar
en la historia clínica la presentación cefálica del feto a pesar
de que para ese momento aquella era indeterminada, al no
desplegar ninguna conducta encaminada a verificarla y a
entregar la paciente a la médica que le recibió el turno sin
alertarla sobre dicha circunstancia. Esto sumado a la falta
de comunicación inmediata con el especialista ante una
situación potencialmente riesgosa –la presencia de meconio
en el líquido amniótico-, compromete la culpa del doctor
García y aleja su conducta de la lex artis.
El mismo reproche cabe frente a la conducta de la
doctora Osiris Judith Marenco Guette, puesto que a pesar de
haber realizado dos anotaciones en la historia clínica en las
que reportó la presentación cefálica (notas de las 5:40 y 6:46
p.m.), lo cierto es que sobre ellas recae el manto de duda
15 Cfr. Declaración obrante a folio 10 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandada” –
expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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evidenciado por la Corte en sede de casación, pues bajo
juramento manifestó haber brindado a la paciente dos
atenciones, la primera en urgencias a las 5:08 p.m., y la final
de las 7:00 p.m., cuando encontró a la paciente en expulsivo:
PREGUNTA CUATRO: Aclárele a este despacho si usted recibió a
esta paciente de manos del doctor Rodolfo León García Ospina o
la encontró ya en trabajo de parto como lo acaba de expresar.
CONTESTÓ: La primera vez se me solicitó un concepto acerca de
la paciente y en la posterior atención de cenizo la paciente la
encuentro en trabajo de parto en expulsivo y me dirijo asistir el
parto16.
Teniendo en cuenta que a las 5:08 p.m. no se registró
en la historia clínica cual era la presentación del feto, y que
para ese momento aquella era, a decir del doctor García
Ospina, indeterminada, no se entiende cómo la doctora
Marenco Guette, quien fue llamada para apoyar esa
específica atención y, por ende, estaba al tanto de la
situación, informó al especialista Jorge Hernán Urrego -en
llamada telefónica- que el nonato venía en cefálica.
Mayor reproche cabe si, como lo manifestó en su
declaración jurada, la doctora Marenco no tuvo en cuenta
ecografías previas para determinar la presentación del feto,
pues se limitó a revisar la historia clínica de urgencias:
«PREGUNTA CINCO: Indíquele al despacho si usted antes de atender el
parto de la señora Lenis Parrales observó leyó algunos documentos sobre
16 Cfr. Declaración obrante a folio 9 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandante” –
expediente físico.
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los controles prenatales o la historia clínica de la paciente. CONTESTÓ:
sobre la historia clínica concerniente a la atención de urgencias»17.
Esta conducta se aleja de los parámetros de corrección
establecidos en la lex artis, pues en estos casos, «es importante
tener conocimiento de antecedentes ginecobstétricos y patológicos de la
paciente, así como del curso del embarazo, con sus controles prenatales,
ecografías, paraclínicos y monitorias fetales realizadas durante cada
trimestre, así mismo se requiere realizar un examen físico materno – fetal
detallado, con lo cual se pueden identificar posibles riesgos obstétricos,
prever posibles complicaciones, identificar fase de trabajo del parto,
predecir si tiene alto riesgo de complicaciones y si el parto puede ser
atendido en dicho nivel de atención y con esto poder determinar la mejor
calidad de la atención y finalización del embarazo»18.
Tampoco se entiende cómo, si la doctora Marenco
afirmó bajo juramento que atendió a Yamileth a las 5:08 y a
las 7:00 p.m., aparecen en la historia clínica otras dos
anotaciones suyas (5:40 y 6:46 p.m.), en las que, sin
explicitar cómo obtuvo ese diagnóstico, reportó la
presentación cefálica del feto, situación evidenciada por la
Corte en sede de casación y que genera serias dudas sobre lo
ocurrido en la atención brindada a la paciente.
Estas inconsistencias, sumadas a la presentación
podálica en la que realmente se encontraba el feto, permiten
colegir que aquella no fue corroborada por la médica
demandada, lo que impidió alertar al especialista de turno y
disponer lo necesario para la atención de un parto distócico,
17 Cfr. Declaración obrante a folio 9 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandante” –
expediente físico.
18 Cfr. Informe Técnico de Medicina Legal, consecutivo 58 del expediente digital.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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bien sea en una institución de mayor complejidad o por un
profesional más capacitado, como el especialista en
ginecobstetricia, lo que evidencia sin duda la falta de
diligencia y cuidado en su conducta.
En este punto, la culpa recae también sobre la Clínica,
pues como lo analizó la Corte in extenso en sede de casación,
el ginecobstetra contratado para cubrir el turno por llamado
o disponibilidad, doctor Jorge Hernán Urrego, supuso la
presentación cefálica del feto por el simple dicho de la médica
general Marenco Guette, sin verificar si lo informado se
soportaba en la realización efectiva de una exploración
abdominal, un examen ginecológico o de una ecografía,
dando recomendaciones propias de un embarazo de bajo
riesgo y estableciendo como conducta el parto vaginal
normal, diagnóstico al que llegó sin rigor científico en la
medida en que no constató la genuina condición física de la
paciente y la presentación del nasciturus.
• La inducción del trabajo de parto sin cumplimiento
de las indicaciones del especialista
Por otra parte, debe resaltarse que, según lo consignado
en la historia clínica, a las 5:40 p.m. la doctora Osiris
Marenco comentó telefónicamente el caso con el
ginecobstetra Jorge Hernán Urrego, especialista en turno de
disponibilidad o llamado al servicio de la Clínica Nuestra
Señora de Rosario. Aunque en la escueta nota de la médica
general se dice que el especialista «ordena hospitalizar, da
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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indicaciones de inducción y monitoreo fetal», en declaración jurada
el doctor Urrego informó con detalle cuál fue su instrucción
al ser consultado, aclarando que consideró el caso como de
bajo riesgo, ordenó monitoria fetal y dio la indicación de
inducir el trabajo de parto siempre y cuando el resultado de
dicho examen fuera normal.
Sobre la indicación de iniciar la inducción del trabajo
de parto, sostuvo el ginecobstetra:
PREGUNTA. Indíquele al despacho si fue cierto que usted ordenó
vía telefónica, inducir con medicamento el parto, de ser cierta su
afirmación dirá a este despacho qué medicamento ordenó aplicar
a la paciente. CONTESTÓ: Ordené verificación del estado de
bienestar fetal con monitoria fetal y solo si la monitoria fetal
era normal, proceder con la conducción del parto con el
medicamento denominado oxitocina exclusivamente bajo la
supervisión del médico de la sala de partos19.
De esa declaración se colige que el especialista
efectivamente dio la indicación de inducir el trabajo de parto,
pero bajo la condición de que se corroborara previamente el
bienestar fetal a través de la correspondiente monitoria, que
también ordenó. Sin embargo, según lo consignado en la
historia clínica, la doctora Osiris Marenco inició la inducción
del trabajo de parto antes de tener el resultado de la
monitoria fetal, del cual dependía la indicación del
especialista: véase cómo en la nota de historia clínica de las
8:46 p.m., ella consignó «gestante a término en trabajo de parto
inducido desde las 6 PM»; y antes, en la nota de las 6:46, había
19 Cfr. Declaración obrante a folio 2 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandada” –
expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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registrado que en ese momento llegaba el reporte de la
monitoria, al mismo tiempo que ordenaba disminuir el goteo
de oxitocina: «llega serología no reactiva, monitoreo fetal reactivo, fcf
156 xm, Plan: considero conveniente disminuir goteo».
De lo anterior se desprende que a las 6:46 de la tarde,
cuando llegó el resultado del examen que habría de mostrar
el bienestar fetal y del cual dependía la inducción del parto
vaginal, ya se había iniciado el suministro del medicamento
para tal fin, en evidente contravía con la indicación del
especialista.
Además, el suministro de oxitocina se realizó sin la
supervisión estricta y constante de la médica, como estaba
indicado, pues no de otra forma se explica que, estando la
paciente en plena recepción del medicamento, haya iniciado
su expulsivo estando ella sola en la camilla, sin presencia de
ningún miembro del equipo de salud. Recuérdese que la
doctora Marenco declaró que ella encontró a la paciente ya
en el expulsivo y por eso, procedió a asistir su parto20, lo que
confirma la versión de los actores en el sentido de que aquél
inició sin vigilancia ni acompañamiento del personal de la
Clínica.
El testigo Fernando Ángel Pabón, ginecobstetra, afirmó
que en este caso se requería vigilancia estricta «con mayor
razón por tener una paciente con membranas rotas y líquido reteñido de
meconio»; y también sostuvo que antes de suministrar el
20 Cfr. Declaración obrante a folio 9 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandada” –
expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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medicamento (oxitocina) «necesitamos evidenciar de que el feto por
monitoria no presente signos de sufrimiento fetal puesto que en caso de
encontrarse una monitoria alterada la conducta no sería inducción del
parto sino cesárea».
Así las cosas, está probado que, de manera imprudente,
la doctora Marenco Guette inició la inducción del trabajo de
parto de la paciente con oxitocina antes de obtener los
resultados de la monitoria que daría cuenta del bienestar
fetal y sin vigilar estrictamente el suministro del
medicamento, contrariando las órdenes del especialista y los
mandatos mismos de la lex artis ad hoc.
Ahora bien, en este caso está demostrado que la
paciente presentó un expulsivo precipitado 21 , que pudo
haber sido consecuencia de la oxitocina suministrada para
inducir el parto vaginal. Recuérdese que el testigo Fernando
Ángel Pabón informó que el parto precipitado «se presentó
después de la oxitocina», y el ginecólogo Jorge Hernán Urrego
aceptó que dicho suministro era una causa probable de lo
ocurrido, cuando afirmó:
PREGUNTA. Con fundamento en su respuesta anterior diga al
despacho si la fuerza o rapidez con que se produjo el parto fue la
consecuencia del medicamento inductor que usted ordenó
aplicaran a la paciente. CONTESTÓ: Probablemente sí, la
oxitocina es utilizada en la conducción del trabajo de parto para
aumentar la frecuencia e intensidad de las contracciones y por eso
21 Sobre el particular declaró el testigo Jorge Hernán Urrego: «El trabajo de parto se desarrolló de
manera anormal y en tiempo extraordinariamente rápido pues la paciente progresó rápidamente de una
fase inicial de trabajo de parto de manera vertiginosa y anormal pues lo hizo en menos de dos horas, lo
cual constituye un trabajo de parto precipitado y no dio, al parecer, tiempo a una revaloración para
verificar la posición cefálico lo cual se puede corroborar con mayor certeza con estados más avanzados
de dilatación y descenso de la presentación fetal en el trabajo de parto». Declaración obrante a folio 2
del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandada” –expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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debe aplicarse bajo estricta vigilancia médica. Yo no ordené
la oxitocina, yo recomendé su uso en caso de que se confirmara el
bienestar fetal, no hay notas médicas en la historia clínica en las
cuales yo ordeno el medicamento22.
En este punto, sale a la luz otra inconsistencia en
cuanto a la atención médica brindada a Yamileth Lenis, y es
que no hay registro de la dosis de oxitocina ordenada y
aplicada a la paciente, ya que la historia clínica que obra en
el expediente está incompleta, pues no contiene el registro de
las órdenes médicas ni de las notas de enfermería,
circunstancia que impide corroborar si las dosis del
medicamento fueron las correctas. Por esa senda, surge la
duda de si, además de la deficiente atención médica inicial -
acreditada y explicada en precedencia-, la aplicación del
medicamento fue la que generó el parto precipitado, que los
demandados exponen como una situación imprevisible a la
que no pudieron sobreponerse.
La irregularidad evidenciada cobra mayor relevancia si
se tiene en cuenta que en la nota de 6:46 p.m., la doctora
Marenco consignó: «considero conveniente disminuir goteo», sin
mayor análisis ni justificación, a pesar de que para ese
momento se consignó que la paciente tenía la misma
dinámica uterina 2x10 que en las valoraciones de las 5:08 y
5:40 p.m. (es decir, dos contracciones en diez minutos),
difiriendo sólo en la duración de los segundos (45 vs. 20)23.
22 Cfr. Declaración obrante a folio 2 del Cuaderno denominado “Pruebas parte demandada” –
expediente físico.
23 Cfr. HC Clínica Nuestra Señora del Rosario, notas de atención de las 5:40 y las 6:46 p.m. del 3 de
abril de 2005, fl 39 C1 (corresponde al folio 58 digital).
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De lo anterior se colige que en la valoración de las 6:46
p.m. no se evidenciaban cambios en la actividad uterina, lo
que torna inexplicable la orden de disminución del goteo de
oxitocina por parte de la doctora Marenco. Si a ello se suman
las contradicciones entre sus anotaciones en la historia
clínica y lo declarado ante el a quo, la falta de verificación de
la presentación del feto, el inicio de la inducción del parto
antes de tener certeza del bienestar fetal y la falta de
vigilancia estricta de la paciente, comprometen seriamente
su responsabilidad, puesto que su conducta se alejó por
completo del patrón de corrección de la lex artis.
• Inconsistencias e incompletitud de la historia
clínica
Es de suma relevancia anotar que, pese a que el a quo
ordenó a la Clínica Nuestra Señora del Rosario allegar la
historia clínica con los resultados de exámenes y notas de
enfermería24, no consta en el expediente que la IPS haya dado
cumplimiento a la orden judicial, allegando el documento
completo. Por esa razón, lo que obra en el proceso es la
epicrisis o resumen de atención entregado a los demandantes
y la historia aportada por la EPS, sin que los anexos y
registros ordenados por el juzgado y que se encuentran bajo
custodia de la IPS hayan sido aportados a la causa.
Además, la Sala ha evidenciado las graves
inconsistencias en los registros médicos, que entran en
24 Al respecto véase el auto de pruebas de 27 de julio de 2009, específicamente en las pruebas solicitadas
por la Dra. Marenco Guette y decretadas por el despacho, obrante a folio 367 del Cuaderno 2 –
expediente físico.
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contradicción con lo declarado por los profesionales y que,
por lo tanto, generan serias dudas sobre lo ocurrido durante
el proceso de atención del parto de la señora Yamileth Lenis.
En la historia clínica no obra registro de las órdenes médicas,
que permitirían verificar, por ejemplo, las dosis de oxitocina
ordenadas, ni las notas de enfermería que darían cuenta del
seguimiento de la paciente o de las cantidades efectivamente
suministradas del medicamento inductor; no obra el reporte
de la monitoria fetal, que habría permitido constatar su
resultado y la hora en que fue ordenada y practicada;
tampoco reposa el partograma -obligatorio según las normas
técnicas de atención-, ni hay reporte de bienestar fetal entre
las 5:40 y las 7:10 p.m25.
Lo anterior permite concluir que el registro histórico
obligatorio de la atención en salud no se diligenció con el
rigor exigido en las normas técnicas (Resoluciones 1995 de
1999 y 2546 de 1998) y, pese a mediar orden judicial, la
Clínica no aportó el documento completo con los registros
que eran indispensables para reconstruir lo ocurrido con la
paciente, situación que, como ha sostenido la Corte en otras
oportunidades, generan un indicio grave en contra de los
demandados.
Sobre el particular, ha dicho la Sala que «si bien la historia
clínica es estelar en la definición de los procesos de responsabilidad
médica, su ausencia o defectuoso diligenciamiento no pasa de ser, de
acuerdo a la jurisprudencia reiterada, un indicio grave en contra de quien
tiene el deber de llevarla» (CSJ, SC3253-2021), además, no se
25 Omisiones además evidenciadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal en su Informe Técnico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
37
trata de una prueba tasada, sino que debe valorarse
conforme a las reglas de la sana crítica y en conjunto con las
demás probanzas, pues a pesar de que es un medio de
convicción sumamente relevante, su contenido es discutible
«en casos de tachaduras, omisiones, inexactitudes o falsedades» (CSJ,
SC3847-2020).
En tal virtud, la valoración conjunta de la historia
clínica y de las declaraciones de los profesionales muestran
que en ella se consignó información no corroborada, a saber,
la presentación cefálica del feto, que su diligenciamiento fue
deficiente y que no se aportó al proceso de manera completa,
lo que constituye un indicio grave en contra de los
demandados que, sumado a la plena acreditación de su
conducta culposa en la atención del parto de Yamileth Lenis
Parrales, comprometen su responsabilidad.
• Las deficiencias en la atención evidenciadas por el
Instituto Nacional de Medicina Legal
A modo de colofón, resulta pertinente traer a colación
las conclusiones del informe técnico 26 que, en sede de
instancia, la Sala encargó a Medicina Legal, en el cual se
evidencian las deficiencias en el proceso de atención en salud
brindado a la señora Yamileth Lenis el 3 de abril de 2005 en
la Clínica Nuestra Señora del Rosario, muchas de ellas
previamente identificadas por la Corte en sede de casación.
26 Cfr. Informe Técnico obrante a folio 58 del expediente digital.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
38
Después de analizar el expediente completo, los
expertos legistas concluyeron que en este caso no se
allegaron ecografías del último trimestre que confirmaran la
presentación del feto y que se asumió la cefálica «por clínica»,
por lo que «probablemente fue comentada como tal» con el
ginecobstetra, vía telefónica, de modo que se indicó
inducción de parto vaginal «suponiendo presentación cefálica del
feto», sin que exista registro de tal presentación en el primer
ingreso a urgencias. Dice el Informe:
La presentación fetal, descrita como la manera en que está
posicionado el bebé para salir por el canal del parto, puede ser
Cefálica (feto de cabeza), Podálica (de nalgas – completa- o de pies
–incompleta-) o Transversa, la manera de identificar esta
presentación es por dos vías: la primera por evaluación clínica, con
examen físico (maniobras de Leopold) con las cuales se identifican
cual es el polo del feto hacia la pelvis materna (cabeza – nalga),
las cuales son maniobras subjetivas. La segunda: por ecografía
obstétrica en donde se permite evidenciar de manera objetiva y
con certeza la presentación fetal. En este caso, por vía clínica
previamente en sus controles prenatales del tercer trimestre, había
sido evaluada por ginecobstetra quienes en la información
aportada, no detallaron la presentación ni describieron si
contaba o no con ecografía obstétrica del tercer trimestre y
el día que consultó por urgencias, en la valoración realizada
por médico general describen que el feto se encontraba en
presentación cefálica. En los registros de historia clínica
aportada, no contamos con ecografías que pudieran
confirmar la presentación.
Además, indica que la conducta a seguir durante la
inducción del trabajo de parto incluye la vigilancia de la
actividad uterina y el bienestar fetal, el seguimiento óptimo
de los signos vitales y, además, las alteraciones en la
dinámica pueden identificarse en el partograma. Sin
embargo, en este caso no se dejó ese registro, se desconoce
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
39
la dosis de oxitocina usada para la inducción, no se aportó el
registro de la monitoria fetal ni hay datos de bienestar fetal
«entre las 05:40 pm que se encontraba en 2 cm de dilatación y las 07:10
pm cuando nace el bebé».
Respecto a la atención del parto cuando el feto viene en
presentación podálica, indica el informe:
En un feto en presentación de nalgas en expulsivo, es decir, en 10
cm de dilatación, es recomendable: evaluar el bienestar fetal
(monitoreo o fetocardia) y definir la vía del parto, bien sea la
cesárea (por disponibilidad INMEDIATA de cirujano, anestesiólogo
y quirófano) o por vía vaginal (en casos específicos: pelvis materna
adecuada o probada por un parto vaginal previo, presentación de
nalgas completa –no palpar ninguna extremidad en canal vaginal–
o no disponibilidad inmediata de cesárea).
(…)
Para este caso, frente a una presentación podálica, la atención del
parto debe ser realizada por el médico más experto en dicha
distocia de la institución, que para un segundo nivel debió ser
un ginecobstetra; y se debió contar cuanto antes con la
asistencia de especialista en pediatría para la adaptación
neonatal en un feto deprimido. En este caso puntual fue
atendido por médico general y no se describe en la historia clínica
las maniobras detalladas utilizadas para la atención del parto ni
en qué momento se le informó al especialista en ginecología que se
trataba de un parto en podálica.
Así mismo, el informe de clínica forense puso de
presente la indebida atención al niño Andrés Felipe Holguín,
quien, a pesar de las condiciones críticas de nacimiento, no
fue atendido conforme lo exigía su condición:
Cuando se encuentra un neonato deprimido, que precisa
reanimación, y que es atendido en un hospital de segundo nivel se
recomienda la atención por parte de Pediatría de manera
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
40
inmediata, con el fin de brindar una atención especializada
oportuna a las complicaciones presentadas durante esa
etapa y la conducción de la adaptación neonatal adecuada.
Se desconoce la causa de por qué el neonato que nace con apgar
de 2 al minuto y 5 a los 5 minutos, fue evaluado por Pediatría
a la hora y 20 minutos de haber nacido.
En ese sentido, se afirma que el parto debió ser atendido
por ginecobstetra y la adaptación neonatal debió ser
inmediata y conducida por un pediatra, motivo por el cual
«la atención en salud brindada a la señora Yamileth Lenis Parrales y al
Recién Nacido el día 03/04/2005 en la Clínica Nuestra Señora del
Rosario, no se ajusta a la norma de atención para el caso
específico».
Así las cosas, el resultado del informe técnico elaborado
por el Instituto Nacional de Medicina Legal refuerza las
conclusiones probatorias de la Corte, que dan cuenta de la
conducta culposa de los demandados por el incumplimiento
de la lex artis en la atención del parto de la paciente y la
atención inicial de su menor hijo, con lo que el factor
subjetivo de atribución de la responsabilidad civil se
encuentra plenamente acreditado.
5.3. El nexo causal
El nexo causal es la imprescindible relación de causa a
efecto que debe existir entre la conducta culposa de los
demandados y el daño padecido por los actores. Conforme lo
tiene establecido el precedente de la Sala, el análisis de la
causalidad debe darse en dos etapas, la primera, tendiente a
identificar si, en sentido material, una conducta es una
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
41
condición necesaria para la producción del daño (causalidad
fáctica); la segunda permite establecer si esa condición
necesaria puede ser considerada como causa desde el punto
de vista jurídico (causalidad jurídica) y, en consecuencia,
permite imputar a su autor la obligación de resarcir los daños
sufridos por la víctima (CSJ, SC4425-2021).
5.3.1. En lo que atañe a la causalidad fáctica, cabe
resaltar que, en este primer paso, se busca encontrar
aquellos antecedentes del hecho dañoso que cumplan con
parámetros de suficiencia y necesidad respecto de la
realización del daño, lo que permitirá que, en un segundo
momento, puedan ser seleccionados como causa jurídica de
aquél. Sobre este ejercicio, ha dicho la Corte:
la incidencia en el resultado dañoso de una conducta o actividad
debe establecerse a través de juicios contrafácticos (o
contrafactuales), que obligan a «plantear y responder una pregunta
hipotética (...), la cual consiste en determinar si una condición que
de hecho ocurrió no hubiera ocurrido, el resultado habría sido así
y de esta forma». En ese sentido, ilustra muy bien el concepto la
expresión anglosajona but-for (equivalente a la locución latina
conditio sine qua non), que puede traducirse cómo “si no hubiera
sido por...”. Ello significa que una conducta o actividad podrá ser
considerada como condición necesaria de un hecho dañoso
siempre que la falta de aquella conducta o actividad hubiera
conllevado que el hecho dañoso no acaeciera. El mismo raciocinio
puede replicarse en tratándose de conductas omisivas, solo que,
en estos casos, el examen contrafáctico consistirá en elucidar si la
participación (exigible, o lícitamente esperable) del demandado en
el curso de los acontecimientos, habría impedido que ocurriera el
daño (CSJ, SC4425-2021).
5.3.2. Por otro lado, en lo que respecta a la causalidad
jurídica, debe recordarse que en nuestro ordenamiento se ha
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
42
aceptado la teoría de la causalidad adecuada como la que
mejor responde al interrogante que debe abordarse en esta
segunda fase del análisis, que permite determinar cuál de
esas condiciones relevantes en el acontecer de los hechos
tiene la entidad suficiente para ser considerada como la
causa desde el punto de vista jurídico.
Ella permite seleccionar de entre las condiciones
antecedentes relevantes, cuál tuvo la virtualidad de
transformar el curso normal de los acontecimientos, siendo
aquella la más idónea para producir el resultado, es decir, «el
agente debe ser considerado responsable «solo del daño que resulta
regularmente y de acuerdo con el curso normal de las cosas de la
conducta o actividad desplegada», teniendo en cuenta variables como la
previsibilidad, la cercanía temporal entre la conducta y el daño, o la
entidad de este en relación con las secuelas de aquella, entre otras»
(CSJ, SC4425-2021).
5.3.3. Por esa senda, al abordar el estudio de la
causalidad en sus dos fases se impone recordar que, en este
caso, la conducta omisiva de los médicos derivó en (i) la
ausencia de verificación de la presentación fetal, suponiendo
la cefálica y estableciendo un plan de manejo conforme a ella,
(ii) la inducción del parto vaginal, que al venir el feto en
posición podálica, incrementaba considerablemente el riesgo
de asfixia; y (iii) la falta de adaptación inmediata del neonato
deprimido, conducida por especialista en pediatría.
Sobre lo primero, vale reiterar que la conducta asumida
por los demandados, es decir, la inducción para parto vaginal
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
43
a cargo de médico general no era procedente ante la
presentación podálica en la que realmente se encontraba el
feto27, pues lo que se exigía en ese caso era disponer la
atención del parto por médico especialista en
ginecobstetricia, o incluso la remisión a un mayor nivel de
complejidad, debido a la previsible dificultad de este tipo de
partos y el riesgo de asfixia perinatal que conllevan.
Recuérdese como el especialista Fernando Ángel Pabón
explicó que la presentación podálica determinaba un parto
distócico o anormal, que debía ser atendido por especialista:
«el término de parto distócico se refiere a partos difíciles o dificultosos,
contrario al parto normal o eutócico y una de las presentaciones que es
causa de parto distócico es la presentación de nalgas o presentación
podálica, ya que en su mecanismo de parto lo normal es que primero
salga la cabeza, luego el tronco y después las nalgas, en el caso de la
presentación podálica este mecanismo se invierte, lo que hace que
predisponga partos difíciles».
Esta omisión se constituye en la causa adecuada del
daño, puesto que, si los convocados hubiesen verificado la
presentación del feto, hubieran constatado la podálica y
habrían ajustado la conducta garantizando la atención
presencial del ginecobstetra. Al no hacerlo así, se siguió
adelante con un parto distócico con alto riesgo de asfixia,
sin garantizar la disponibilidad inmediata de quirófano ante
una eventual cesárea y de recursos humanos y físicos para
la adaptación neonatal también inmediata; y sin haber
27 Sobre el particular, véase la literatura científica aportada por el testigo Fernando Ángel Pabón
(Inducción y conducción del trabajo de parto. WILLIAMS, Obstetricia), en la que se indica que las
distocias en la presentación son una contraindicación a la inducción de trabajo de parto, Cfr. Fl 24
Cuaderno “Pruebas parte demandada” – expediente físico.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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podido disponer la remisión a una institución de mayor nivel
de complejidad, todo lo cual era posible en la fase inicial del
trabajo de parto en que llegó la paciente.
Nótese que Medicina Legal sostuvo en su informe que,
según estudios científicos, el parto vaginal para fetos en
podálica sólo se aconseja en caso de que se cuente con
«posibilidad de monitoreo electrónico fetal, presencia de personal
experimentado, instalaciones disponibles para cesárea emergente y un
adecuado servicio neonatal». Además, frente a la presentación
podálica, señaló que «la atención del parto debe ser realizada por el
médico más experto en dicha distocia de la institución, que para un
segundo nivel debió ser un ginecobstetra; y se debió contar cuanto antes
con la asistencia de especialista en pediatría para la adaptación
neonatal en un feto deprimido».
La falta de vigilancia estricta del parto por parte de la
médica general –quien dispuso el inicio de la inducción sin
verificar el bienestar fetal ni la presentación del feto- conllevó
a que la señora Lenis Parrales iniciara su expulsivo sin el
acompañamiento de ningún miembro del equipo de salud,
cuando la presencia de meconio y el suministro de oxitocina
son dos circunstancias que exigen la vigilancia estricta de la
paciente, lo que a su vez produjo que el parto haya iniciado
sin presencia de la médica, siendo ésta indispensable para
minimizar los riesgos derivados de un parto distócico en el
que se invierte el orden de salida de los órganos del cuerpo
del bebé, incrementando el riesgo de hipoxia.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
45
Finalmente, la falta de atención inmediata por parte del
pediatra impidió que la adaptación neonatal de Andrés Felipe
se diera nada más nacer, ya que fue atendido pasadas 1:20
horas después del nacimiento. La disponibilidad inmediata
de personal especializado en pediatría es indispensable en
partos distócicos en la medida en que con su pronta
intervención se puede minimizar el riesgo de secuelas
derivadas de la hipoxia perinatal: «el objetivo de la reanimación
neonatal no solo es evitar la muerte del recién nacido, sino también evitar
las secuelas neurológicas secundarias a la asfixia al momento del
nacimiento»28.
5.3.4. De lo anterior se colige que los resultados lesivos
sufridos por Andrés Felipe Holguín Lenis en su nacimiento
estuvieron determinados por la conducta culposa de los
demandados, quienes dispusieron la inducción de un trabajo
de parto normal sin verificar la presentación fetal, lo que
incrementó en gran medida el riesgo de lesiones a la
integridad del feto.
Así lo concluyó también el Instituto Nacional de
Medicina Legal, en cuyo informe técnico afirmó: «se determina
que hubo relación de causalidad médica, entre la atención
prestada el 03/04/2005 en la Clínica Nuestra Señora Del Rosario
y la Asfixia Perinatal del recién nacido hijo de Yamileth Lenis
Parrales».
La conducta culposa de los galenos impidió verificar la
presentación fetal y prever las dificultades y posibles
28 Cfr. Informe Técnico de Medicina Legal, consecutivo 58 del expediente digital.
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complicaciones del parto distócico y el riesgo de asfixia que
aquél conlleva, así como la asunción de las medidas que la
situación exigía, se insiste: la atención por parte del
especialista en ginecobstetricia y la disponibilidad inmediata
de pediatra para realizar la adaptación neonatal de un bebé
que, efectivamente, nació deprimido, situación altamente
previsible ante la atención de un parto distócico en el que se
incrementó el riesgo de asfixia, que efectivamente se concretó
en este caso.
Además, en caso de que la Clínica Nuestra Señora del
Rosario no contara con la disponibilidad de personal,
infraestructura y equipos para practicar una cesárea en caso
de que se requiriera, habrían debido remitir a la madre a una
institución de mayor nivel de complejidad, situación
completamente posible ante la ausencia de cambios
cervicales reportados en las dos primeras atenciones.
Para la Corte es claro que estas situaciones son
totalmente previsibles para los médicos y se encuentran
dentro de su esfera de control, pues la lex artis no solo exige
verificar la presentación fetal antes de determinar cómo se
dará el trabajo de parto, sino que permite anticipar las
complicaciones de uno distócico determinado por la
presentación podálica, pues aquellas han sido reportadas y
descritas en la literatura científica. Un profesional de la
medicina prudente y diligente, situado en las circunstancias
en las que se encontraban los hoy demandados y teniendo la
información objetiva con que ellos contaban, habría tomado
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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la conducta necesaria para determinar la presentación fetal,
y no habría inducido el parto vaginal sin la seguridad de que
era lo indicado para ese caso concreto, pues de no serlo,
vendría un incremento de las previsibles complicaciones que
a la postre podrían afectar la integridad física o incluso la
vida de madre e hijo, y que en este caso, se concretaron en la
asfixia perinatal sufrida por Andrés Felipe Holguín al
momento de nacer.
Y es que, en este caso, es de suma importancia resaltar
la previsibilidad del resultado. Según el informe técnico de
Medicina Legal, el 85% de los eventos de hipoxia se presentan
durante el trabajo de parto, porcentaje que aleja por completo
la situación de lo fortuito. El especialista Ángel Pabón dio
cuenta del riesgo de asfixia en casos como este, al señalar
que «los partos distócicos o dificultosos tienen este riesgo y el
parto en podálica por ser una presentación anormal en su mecanismo
hace que la última parte del bebe en salir, sea la cabeza y la demora en
la expulsión de la cabeza en los partos podálica es lo que hace que
muchos bebés nazcan deprimidos, algunas veces son en forma leve,
otras veces en presión moderadas, dependiendo el grado de dificultad e
que haya salido la cabeza del bebé».
Respecto al pronóstico, Medicina Legal indicó que la
asfixia perinatal «es considerada una causa importante de parálisis
cerebral y otras discapacidades en el niño y es una de las
discapacidades neurológicas más costosas debido a su frecuencia y a
su cronicidad durante la vida».
Por lo anterior, la asfixia perinatal sufrida por el niño es
una complicación previsible en partos distócicos o anormales
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determinados por la presentación podálica, por lo que a los
médicos demandados les era exigible una conducta prudente
y diligente en la que debieron verificar la presentación del feto
y tomar los recaudos necesarios para la adecuada atención
del parto. Como no lo hicieron, adoptaron una conducta
basada en la suposición de la presentación cefálica.
Vale resaltar que la asfixia perinatal supone la falta de
oxígeno del feto durante el nacimiento, condición que puede
generar secuelas como la parálisis cerebral infantil,
problemas de aprendizaje y problemas de desarrollo físico y
mental, entre otros29. En este caso particular, está probado
que Andrés Felipe Holguín Lenis sufrió asfixia durante su
nacimiento, pues de ello se dejó constancia en la historia
clínica: en la de la Clínica Nuestra Señora del Rosario se
consignó que nació cianótico, hipotónico y con signos de
dificultad respiratoria30, y en la de la Clínica de los Remedios
–a donde fue remitido por su inadecuada evolución-, fue
recibido con diagnóstico de «asfixia perinatal»31. En el mismo
sentido, las consultas posteriores de neurología dan cuenta
de los diagnósticos de «lesión cerebral perinatal» y «anoxia fetal
severa»32.
Esa condición generó como secuela la incapacidad
funcional parcial de Andrés Felipe, pues según dictamen de
29 Cfr. Informe Técnico de Medicina Legal.
30 Cfr. HC Clínica Nuestra Señora del Rosario, nota de atención de las 8:46 p.m. del 3 de abril de 2005,
fl 39 C1 (corresponde al folio 58 digital).
31 Cfr. HC Clínica Nuestra Señora de los Remedios, nota de ingreso de fecha 4 de abril de 2005, fl 47
C1 (corresponde al folio 67 digital).
32 Cfr. HC Club Noel Hospital Infantil, valoración del 14 de junio de 2005, fl. 61 C1 (corresponde al
folio 92 digital).
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la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del
Cauca, con base en el diagnóstico de «retardo en desarrollo
psicomotor en estudio por hipoxia perinatal», se determinó la
pérdida de su capacidad laboral con fecha de estructuración
el día de su nacimiento, en un porcentaje total de 21,20%33.
Así las cosas, como la asfixia perinatal ocurrida al
momento del parto estuvo determinada por la atención
inadecuada del parto distócico debido a la falta de verificación
de la presentación fetal, se impone colegir que la conducta
omisiva de los médicos se constituye no solo en una
condición relevante, sino en la verdadera causa jurídica del
daño sufrido por el Andrés Felipe Holguín Lenis.
6. Análisis de los reparos concretos
6.1. Más allá de los errores formales denunciados por el
apoderado de las instituciones demandadas y de la doctora
Marenco Guette34 , la sentencia de primer grado acierta al
ubicar la responsabilidad civil médica en el régimen subjetivo,
en el cual es indispensable acreditar la culpa o el dolo como
factor de atribución de la obligación de reparar.
Por esa senda, el a quo señaló que, en estos casos, deben
demostrarse tanto el hecho dañoso imputable a título de culpa,
el daño y la relación de causalidad entre uno y otro, y resaltó
33 Cfr. Dictamen obrante a fl. 72 C1 (corresponde al folio 103 digital).
34 Y más allá de referencias ciertamente desacertadas, como la mención del artículo 2356 del Código
Civil –que en modo alguno regula la responsabilidad profesional en salud- y dichos al pasar que no se
acompasan al régimen aplicable a la responsabilidad civil médica, como la alusión a la responsabilidad
objetiva ante el incumplimiento de obligaciones de resultado.
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que la obligación que adquieren los profesionales de la salud
consiste en poner a disposición del paciente todo su
conocimiento, prudencia y diligencia, sin que pueda garantizar
un resultado determinado, esto en virtud del alea inherente al
acto médico.
Aunque ciertamente le asiste razón a los inconformes
cuando advierten que el juzgador de primer grado no aludió a
los medios de convicción en los que basaba sus conclusiones
ni hizo explícito su ejercicio de valoración probatoria, realizada
esa labor por la Corte en sede de instancia se encuentra que
los elementos de la responsabilidad están demostrados en el
caso concreto, lo que impide revocar lo decidido por el a quo en
cuanto a la declaratoria de responsabilidad de los convocados,
sin embargo, se hará por las razones expuestas por esta
Corporación.
El análisis de los elementos de la responsabilidad y su
configuración en el caso concreto bastan para despachar
desfavorablemente los argumentos presentados por los
convocados con el ánimo de defender la adecuación,
oportunidad y calidad de la prestación del servicio de salud
brindado a los demandantes, motivo por el cual y en aras de la
brevedad, a ellas se remite la Corte para dar respuesta a los
argumentos de alzada relacionados con la adecuada práctica
médica en el caso bajo estudio.
6.2. En cuanto a lo alegado en sede de apelación por el
doctor García Ospina, recuérdese que el convocado fue enfático
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al señalar que la causa del daño está atada a la falta de
atención por parte del ginecobstetra, pues, en su decir, si dicho
especialista hubiese valorado personalmente a la paciente, no
se habrían presentado las complicaciones ocurridas. Si bien le
asiste razón al demandado, esa circunstancia en modo alguno
lo exonera de responsabilidad, pues, se itera, lo ocurrido al
momento del parto estuvo determinado por la falta de
verificación de la presentación fetal, omisión en la que su
conducta tuvo altísima incidencia en la medida en que fue él
quien consignó en la historia clínica que el feto venía cefálico,
cuando lo cierto es que, como lo manifestó bajo juramento, en
las dos primeras atenciones a su cargo la presentación era
indeterminada, como se explicó en detalle en el acápite
anterior.
6.3. Por otra parte, el apoderado de la doctora Osiris
Judith Marenco Guette y de las personas jurídicas convocadas
esgrimió en su apelación que el desgarro vaginal es un riesgo
altamente frecuente en cualquier tipo de parto y no
compromete la responsabilidad de sus prohijados. Sobre el
particular debe decirse que, conforme a las pruebas
aportadas, ciertamente el desgarro es un riesgo inherente al
parto vaginal, sin embargo, debe tenerse en cuenta que
ninguna de las condenas contenidas en la sentencia de primer
grado corresponde a la indemnización de un eventual perjuicio
derivado de dicho evento, por lo que no hay lugar a revocar
ninguna determinación en ese sentido.
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6.4. Respecto a la presencia de una enfermedad
congénita denominara laringomalasia, el mismo apoderado
alega que el a quo no tuvo en cuenta que aquella pudo incidir
en las condiciones de salud en las que nació Andrés Felipe y
que exigieron las maniobras de reanimación, para lo cual se
apoya en el testimonio del especialista Fernando Ángel Pabón,
quien al ser indagado sobre dicha condición afirmó que en su
opinión, cualquier malformación congénita en la vía aérea
puede dificultar el proceso de reanimación de un bebé
deprimido. Sin embargo, vista la declaración del especialista,
encuentra la Sala que, advirtiendo que no era experto en el
tema por el que se le preguntaba, opinó sobre una situación
general y no sobre la condición específica de Andrés Felipe al
momento de su nacimiento.
En tal virtud, de lo dicho no puede colegirse que
efectivamente el niño haya presentado dicha malformación
(véase que la nota de pediatría del día de su nacimiento indica
que debe descartarse tal condición) y aún si así hubiera sido,
las convocadas no demostraron que esa condición
efectivamente haya incidido en las secuelas de Andrés Felipe
ni en qué grado, lo que impide considerar la laringomalasia
como causa del daño.
Lo expuesto en precedencia permite tener por resueltos
los motivos de inconformidad de los apelantes respecto de la
sentencia de primer grado, en lo que atañe a la adecuada
prestación del servicio de salud, el cumplimiento de sus
obligaciones y la ausencia de responsabilidad.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
53
6.5. Otro de los motivos de inconformidad de los
convocados alude a la falta de pronunciamiento expreso del
juzgador frente a cada una las excepciones formuladas. Si bien
es cierto que el a quo no aludió en forma individual a cada
medio exceptivo, también lo es que, después de exponer sus
consideraciones y encontrar demostrada la responsabilidad
civil de los convocados, concluyó que «las excepciones propuestas
no han de prosperar», y así lo declaró en la parte resolutiva del
fallo, de modo tal que, aunque panorámico, la sentencia
impugnada si se contiene un pronunciamiento frente a las
excepciones propuestas.
6.5.1. De cualquier manera, el análisis expuesto en el
acápite anterior permite colegir la improcedencia de las
excepciones de «cumplimiento del deber conforme a los protocolos y ética
médica», propuesta por el doctor García Ospina, «ausencia de
culpa y causa extraña»; «inexistencia de responsabilidad de acuerdo con
la ley»; «exoneración por estar probado que el equipo médico empleó la
debida diligencia y cuidado» e «inexistencia de la obligación de indemnizar
por ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad»;
alegadas por la doctora Marenco Guette y la sociedad Nuestra
Señora del Rosario S.A.; «exoneración por estar probado que el equipo
médico empleó la debida diligencia y cuidado», expuesta por la E.P.S.;
y las de «inexistencia de la obligación», «inexistencia de siniestro» e
«inexistencia de responsabilidad», formuladas por la aseguradora.
6.5.2. Respecto a la excepción de «exoneración por
cumplimiento de la obligación de medio», baste decir que la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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obligación de medios que ciertamente adquieren los
profesionales de la salud35 fue a todas luces incumplida, pues
lejos de poner en favor de su paciente toda su prudencia,
diligencia y cuidado, los médicos a cargo de su atención
actuaron de manera imprudente y negligente, incumpliendo la
lex artis e incurriendo en una conducta culposa que causó a
Andrés Felipe el daño alegado. Nótese que ni el a quo ni la
Corte en sede de instancia reprochan a la pasiva por la no
obtención de un resultado específico, sino por la infracción de
su deber de diligencia y cuidado.
6.5.3. Sobre el medio exceptivo de «caso fortuito» vale
resaltar que los demandados no probaron en modo alguno la
situación imprevisible e irresistible consistente en el cambio
súbito de la presentación fetal después de iniciado el trabajo
de parto, puesto que no demostraron un presupuesto
indispensable de su hipótesis, a saber, que al ingreso de la
paciente el feto estuviera efectivamente en posición cefálica,
tal como se analizó a profundidad en el supra 5.2.2. Al no estar
probada la presentación cefálica inicial del feto, no puede
tenerse por cierto un repentino cambio de presentación en las
dos horas transcurridas, cuando, al haber iniciado el trabajo
de parto, el feto ya se encontraba encajado en la pelvis
materna.
6.5.4. Respecto a la excepción de «inexistencia de
responsabilidad de la Entidad Promotora de Salud», baste señalar que,
35 Así lo ha considerado la Corte en forma invariable desde la sentencia de 5 de marzo de 1940, con
ponencia del magistrado Liborio Escallón, publicada en Gaceta Judicial Tomo XLIX n°. 1953-1954,
pág 115-122.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
55
como lo tiene establecido el precedente de la Corte, las
Entidades Promotoras de Salud tienen el deber legal de
garantizar la calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios
de salud, motivo por el cual están llamadas a responder por
los daños causados a sus afiliados en virtud de la atención
médica dispensada. Sobre el particular tiene dicho la Sala que
tales entidades tienen la calidad de garantes del sistema de
salud, motivo por el cual:
Según el juicio de imputación que corresponde hacer en este caso,
los artículos 177, 178, 179 y 180 de la Ley 100 de 1993 imponen
a las empresas promotoras de salud la obligación de «organizar y
garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de
salud obligatorio a los afiliados». De igual modo, las EPS tienen el
deber jurídico de garantizar la prestación integral, oportuna,
eficiente y de calidad del servicio de salud a sus afiliados.
Por esa posición de garante que les otorga la ley, las entidades
promotoras asumen “como suyos” y están civilmente llamadas a
indemnizar los daños que sufren sus afiliados siempre y cuando
éstos puedan correlacionarse con la conducta omisiva o negligente
del personal médico, asistencial o administrativo de la
organización.
Esa correlación de imputación puede establecerse en términos de
probabilidad lógica:
Si la entidad demandada tiene el deber legal de brindar un
servicio de salud de calidad porque de lo contrario podría afectarse
o ponerse en riesgo la integridad psicofísica de los pacientes,
entonces hay razones para suponer que los eventos adversos que
sufrió la paciente estuvieron relacionados con el incumplimiento de
ese deber jurídico al estar probada la deficiente prestación del
servicio (CSJ, SC562-2020).
De lo anterior se colige que la responsabilidad de las
E.P.S. deviene de su posición como garante del sistema de
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
56
salud, motivo por el cual tienen el deber legal de «garantizar la
calidad y eficiencia de los servicios de salud, los cuales pueden prestar
de manera directa o mediante contratos con las Instituciones
Prestadoras de Salud –IPS- y/o con los profesionales respectivos, tal y
como lo autoriza el artículo 179 de la misma normatividad» (CSJ,
SC456-2024).
En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, el
núcleo familiar Holguín Lenis estaba afiliado a Salud Total
E.P.S., siendo Yamileth beneficiaria de Edisnhey en el
régimen contributivo de salud; del mismo modo, está
probado que para la fecha de los hechos la E.P.S. tenía
convenio con la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Cali y
que la atención del trabajo de parto de Yamileth fue cubierta
con cargo a dicha entidad aseguradora, motivo por el cual el
vínculo existente entre la E.P.S. y la I.P.S. da origen a la
responsabilidad declarada por el a quo.
6.5.5. Finalmente, frente al llamamiento en garantía,
vale recordar que la aseguradora excepcionó -además de la
inexistencia del siniestro y el enriquecimiento sin causa-, las
defensas de «límite máximo de indemnización», «condiciones, amparos,
límites y exclusiones de la póliza» e «inexistencia de la obligación de
indemnizar intereses o sanciones moratorias». Si bien en sede de
apelación alegó que el a quo no se había pronunciado
expresamente frente a sus excepciones, lo cierto es que,
aunque el juez de primera instancia no se manifestó
específicamente frente a esos medios de defensa, sí tuvo en
cuenta la póliza n.° 80277 expedida por Liberty Seguros con
vigencia hasta el 30 de diciembre de 2005, y conforme a ella
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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encontró probada su obligación de responder por los daños
causados por la asegurada en ejercicio de su actividad
asistencial.
En ese sentido, al tener por demostrado que la atención
brindada a la señora Yamileth Lenis Parrales en la Clínica
Nuestra Señora del Rosario –establecimiento de comercio
propiedad de la asegurada- el 3 de abril de 2005 fue
inadecuada y defectuosa, condenó a la aseguradora a
responder por los daños causados, «en el porcentaje establecido en
la póliza de responsabilidad civil profesional para clínicas y hospitales,
donde aparece como asegurado la Sociedad N.S.D.R. S.A.», por lo que
la condena se ajusta a los porcentajes o límites de
indemnización establecidos en la póliza sin que se haya
impuesto condena al pago de interés de ninguna clase, lo que
permite concluir que las defensas de la llamada en garantía
relacionadas con la observancia de las cláusulas contractuales
fueron atendidas por el juzgador.
En este punto es necesario resaltar que la apelación de
la aseguradora se centró en la defensa de los actos médicos
asistenciales, sin que hubiese elevado ningún motivo de
inconformidad relacionado con el desconocimiento de la
póliza, el reconocimiento de exclusiones o la condena en
intereses, motivo por el cual, en lo que atañe al llamamiento
en garantía, la sentencia impugnada deberá ser confirmada.
6.6. Finalmente, frente a la tasación de los perjuicios,
debe recordarse que al esgrimir su defensa de «Solicitud
exagerada de pretensiones», la doctora Marenco y las personas
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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jurídicas convocadas alegaron que (i) el daño moral debe
tasarse conforme a los criterios jurisprudenciales de esta
Corporación; (ii) que Andrés Felipe Holguín Lenis no
desarrollaba ninguna actividad de carácter productivo que
permitiera indemnizar el lucro cesante, y (iii) que el «daño
fisiológico» solicitado por los actores no ha sido reconocido por
esta Corte.
La llamada en garantía, por su parte, excepcionó
«enriquecimiento sin justa causa», afirmando que la indemnización
reconocida debe corresponder al daño efectivamente causado,
pues la responsabilidad civil no puede ser fuente de
enriquecimiento y, en este caso, se piden «sumas colosales» por
concepto de daño moral y se reclama el lucro cesante para una
persona improductiva, como el menor de edad.
Pese a lo anterior, en sede de apelación tales convocadas
centraron sus motivos de inconformidad en que la
cuantificación de los perjuicios se hizo sin tener en cuenta un
criterio técnico y en desatención del precedente, motivo por el
cual discuten, por una parte, la procedencia del lucro cesante
reconocido en favor de Andrés Felipe Holguín, y por la otra, el
monto de los daños extrapatrimoniales concedidos, no así su
existencia ni su procedencia en el caso concreto.
En lo que atañe al lucro cesante, aducen que el daño
debe ser cierto para que sea indemnizable, y en este caso, se
concedió ese rubro sin que se hubiese acreditado el ingreso
económico de la víctima al momento de producirse el hecho
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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dañoso. En lo que respecta a los daños extrapatrimoniales,
alegan que los concedidos no fueron tasados conforme al
arbitrium judice, sino en franco desconocimiento del
precedente de esta Corporación, rayando incluso «con la cruda e
injusta arbitrariedad».
Pues bien, pese a la desestimación de los argumentos
expuestos en sede de alzada tendientes a defender la
conducta de los demandados y la ausencia del nexo causal,
lo cierto es que les asiste razón a los apelantes en cuando a
la indebida tasación de perjuicios por parte del a quo, como
se pasa a explicar.
6.7. La tasación de los perjuicios patrimoniales
6.7.1. Frente a los daños materiales, debe recordarse que
los demandantes pidieron el reconocimiento y pago de los
siguientes rubros indemnizatorios: (i) por daño emergente la
suma de $545.526, correspondiente a los valores pagados por
la atención médica, realización de exámenes y medicamentos;
y (ii) por lucro cesante en favor de Andrés Felipe Holguín, la
suma de $6’198.998, por el consolidado; y $27’128.623,91, por
el futuro, en razón de los ingresos dejados de percibir en virtud
del porcentaje de discapacidad dictaminado.
Lo primero que debe decirse es que, al no haber hecho
el a quo ninguna referencia al daño emergente solicitado,
debe entenderse que no fue reconocido. Sin embargo, esta
circunstancia no fue apelada por los demandantes y, por
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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ende, escapa de la órbita de competencia de la Corte en sede
de instancia. Recuérdese que, en este proceso, regido aún por
las reglas del Código de Procedimiento Civil, se debe observar
el artículo 357 de dicho estatuto, a cuyo tenor:
COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que
no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes
hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones (…) (resaltado fuera del
texto).
Lo anterior significa que al superior le está vedado
modificar la providencia en aquellos aspectos que no fueron
objeto del recurso de alzada, como ocurre con la falta de
reconocimiento del daño emergente solicitado.
6.7.2. Ahora bien, frente al lucro cesante, se encuentra
que, ciertamente, el juzgador de primer grado reconoció el
monto pedido en la demanda sin tener en cuenta los criterios
técnicos establecidos para la determinación de este rubro,
perdiendo de vista la diferencia entre el lucro cesante
consolidado y el futuro y sin analizar el requisito de certeza
exigido para el reconocimiento y tasación de uno y otro.
Recuérdese que el lucro cesante es la ganancia dejada de
percibir como consecuencia del hecho dañoso, que en casos
de pérdida de la capacidad laboral, está determinada por la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
61
disminución o la imposibilidad 36 de obtener ingresos en
actividades laborales o productivas como consecuencia de la
lesión sufrida. Se trata de ese bien económico que en el
transcurso normal de los acontecimientos debía ingresar al
haber de la víctima, pero que no entró ni entrará en virtud del
daño.
Dicho esto, al momento de reconocer este rubro, el
juzgador debe tener especial cuidado al diferenciar el lucro
cesante pasado o consolidado, que es aquél que comprende el
lapso transcurrido entre la fecha en que se causó el daño y la
fecha de la sentencia; y el lucro cesante futuro, que comprende
el periodo que va desde el día siguiente a la emisión del fallo y
hasta el momento en que cese el derecho de la víctima a recibir
dicho estipendio37.
En cualquier caso, el reconocimiento de este perjuicio
debe estar precedido por la demostración de la certeza de su
ocurrencia, requisito indispensable para que el daño sea
indemnizable. Por esa senda, cuando se está ante una
probada disminución de la capacidad laboral de un menor de
edad, se plantean dos escenarios: lo que ocurre con la
posibilidad de percibir ingresos antes de los 18 años y lo que
se espera después de adquirida la mayoría de edad.
36 Esto dependiendo de si la pérdida de la capacidad laboral es parcial o total, y de si es permanente o
transitoria.
37 Por ejemplo, hasta los 25 años en caso de muerte de los padres, cuando se entiende que el hijo que
dependía de ellos se independiza, o hasta la fecha de vida probable, cuando la lesionada es la propia
víctima. Al respecto, Cfr. CSJ SC072-2025.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
62
Por esa senda, el reconocimiento del lucro cesante antes
de la mayoría de edad es improcedente, toda vez que, por regla
general, los niños, niñas y adolescentes no tienen actividades
redituables durante los primeros 18 años de vida, cuando
desarrollan actividades educativas, recreativas y de formación,
siendo sus padres o acudientes los llamados por la ley a
garantizar los recursos económicos que les permitan vivir una
vida digna y en condiciones de bienestar y plena garantía de
derechos.
Sobre la imposibilidad de reconocer el lucro cesante
durante la minoría de edad de la víctima, recientemente dijo la
Corte:
No se tendrá en cuenta, entonces, para el cálculo del lucro cesante
pasado, el interregno comprendido entre el 9 de agosto de 2001 y el
7 de agosto de 2016, por cuanto Valentina Morales era menor de
edad, prohibiéndosele que pudiera trabajar según Convenio 182 de
1999 de la Organización Internacional del Trabajo, en vigor en
nuestro país desde el 28 de enero de 2005. Y, si bien en nuestro
país es posible autorizar el trabajo desde los 15 años, conforme al
[art.] 35 del Código de Infancia y la Adolescencia, esta es una
situación excepcional, sometida a varias autorizaciones, de allí que
sólo pueda ser indemnizada en caso de que estén probados con
claridad todos los supuestos sobre su procedencia, lo que no sucede
en el sub examine (CSJ, SC072-2025).
Cosa distinta ocurre una vez cumplida la mayoría de
edad, pues a partir de ese momento se presume la capacidad
productiva de la víctima, al punto que, de no existir prueba
sobre los efectivos ingresos, la tasación del perjuicio se hace
con base en el salario mínimo, pues «una vez demostrada la
afectación negativa del ejercicio de una actividad productiva, debe
procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual
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basta la prueba de su aptitud laboral y, para fines de cuantificación, la
remuneración percibida, sin perjuicio de esta sea suplida por el salario
mínimo legal mensual vigente» (CSJ, SC4703-2021).
En estos eventos es posible constatar que el menoscabo
sufrido por la víctima va a extenderse hacia el futuro, pues la
situación que se prevé no es otra cosa que la prolongación
cierta y directa de la situación actual de pérdida de la
capacidad productiva, por lo que en estos casos el daño es
futuro pero cierto y, por ende, resarcible.
6.7.3. En tal virtud, como, por regla general, sólo a partir
de la mayoría de edad puede considerarse que la persona
podrá ejercer actividades productivas, la capacidad laboral y
productiva de Andrés Felipe Holguín Lenis se presume sólo a
partir del día 3 de abril de 2023, fecha en la que cumplió 18
años, motivo por el cual, al no haberse acreditado que antes
durante su minoría de edad hubiera ejercido actividades
redituables, el reconocimiento del lucro cesante durante ese
lapso era improcedente y en eso erró el a quo.
Pues bien, en este caso el juzgador concedió una cifra
global por concepto de lucro cesante ($33’327.621),
atendiendo el valor contenido en las pretensiones de la
demanda que hacían referencia tanto al consolidado -
calculado entre la fecha de nacimiento y la que según los
actores era la fecha probable de la sentencia-; como el futuro
-calculado con base en la expectativa de vida del entonces
menor de edad-, pero sin tener en cuenta las distinciones
antes anotadas.
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6.7.4. En el sub examine, está acreditado que Andrés
Felipe Holguín sufrió una pérdida de su capacidad laboral del
21.20%38, y no obra ninguna prueba que demuestre que dicho
porcentaje haya disminuido, o incluso, que haya sobrevenido
una recuperación total en sus capacidades, por lo que deberá
tomarse tal porcentaje para el cálculo indemnizatorio.
En ese sentido, el lucro cesante mensual que debe
tenerse en cuenta para el cálculo de este rubro corresponde
al 21.20% del salario mínimo, que para el año 2025 asciende
a la suma de $1’423.500, cifra a la que, conforme el
precedente, se le incrementa un 25% por concepto de
prestaciones sociales, lo que arroja como resultado
$1´779.375. Aplicado el porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral a ese valor, se tiene como lucro cesante
mensual la suma de $377.227,5.
Así mismo, el reconocimiento del lucro cesante de Andrés
Felipe a partir de su mayoría de edad se extiende por su tiempo
de vida probable, que conforme a las tablas de supervivencia
de la Superintendencia Financiera (Resolución 1555 de 2010),
asciende a 61,9 años, es decir, 742.8 meses.
En ese sentido, para calcular el lucro cesante
consolidado, correspondiente al lapso transcurrido entre la
fecha en que adquirió la mayoría de edad (3 de abril de 2023)
y el día 30 de abril de 2025, esto es, el mes anterior al de la
38 Determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y con fecha de
estructuración el día de su nacimiento.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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emisión de esta providencia (25 meses), se debe aplicar la
fórmula actuarial adoptada por el precedente inalterado de la
Sala:
𝑉. 𝐴. = 𝐿. 𝐶. 𝐼. 𝑥 𝑆𝑛
Donde L.C.I. corresponde al lucro cesante mensual
($377.227,5), y donde, para encontrar el valor acumulado de
la renta periódica («Sn»), se utiliza la siguiente fórmula:
𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖
Correspondiendo i al interés civil del 6% anual expresado
en términos financieros (CSJ. SC072-2025) y n al número de
meses transcurridos en este lapso. Luego, en este caso
tenemos:
𝑆𝑛 =
(1 + 0.004867)25 − 1
0.004867
𝑆𝑛 = 25.516
Por tanto,
𝑉. 𝐴. = $377.227,5 𝑥 25,516
𝑉. 𝐴. = $𝟗. 𝟔𝟐𝟓. 𝟑𝟑𝟔, 𝟖𝟗
De igual manera, para calcular el lucro cesante futuro,
se debe tener en cuenta el tiempo que transcurrirá entre el
mes en que se emite la sentencia y la fecha en que la persona
perdería el derecho, que, en caso de lesiones, corresponde al
hito final del cómputo es su vida probable, que en este caso
asciende a 742.8 meses. Descontando las 25 mensualidades
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
66
ya reconocidas al calcular el lucro cesante pasado, tenemos
un total de 717.8 meses a indemnizar.
Para el cálculo de la renta futura, se acude a la siguiente
fórmula:
𝑆𝑛. =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
Donde i corresponde al interés legal y n al número de
meses existente entre la fecha de emisión de la sentencia y el
tiempo de vida probable, de donde tenemos:
𝑆𝑛. =
(1 + 0.004867) 717,8 − 1
0.004867 ∗ (1 + 0.004867) 717,8
𝑆𝑛 = 198,7411095
Por tanto,
𝑉. 𝐴. = $377.227,5 𝑥 198,7411095
𝑉. 𝐴. = $𝟕𝟒. 𝟗𝟕𝟎. 𝟔𝟏𝟏
6.7.5. Este ejercicio de liquidación muestra cómo el valor
del lucro cesante al que efectivamente tendría derecho Andrés
Felipe Holguín Lenis a causa de la disminución de capacidad
laboral ascendería a la suma de $9´625.336,89 por el
consolidado y $74´970.611 por el futuro, para un total de
$84’595.947,89 por concepto de lucro cesante.
Si bien dicha suma, resultante de calcular el daño con
base en los criterios y técnicas actuariales aplicadas por esta
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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Corporación, excede con creces el valor concedido por el a quo
($33’327.621), lo cierto es que la misma no puede reconocerse
en esta sede porque, por un lado, los demandantes no
apelaron la sentencia de primer grado pidiendo el mayor valor
de la condena por este concepto, y por el otro, modificar para
aumentar el valor concedido en primera instancia haría más
gravosa la situación de los apelantes, en evidente contravía de
la prohibición de la reformatio in pejus.
De esta manera, si bien se hace necesario ofrecer las
anteriores consideraciones para resolver los motivos de
inconformidad de los apelantes, el monto concedido no se verá
modificado, bajo el entendido que corresponde al lucro cesante
al que tiene derecho Andrés Felipe Holguín a partir de la fecha
en que cumplió la mayoría de edad, con el límite cuantitativo
impuesto por la falta de apelación de dicho demandante
respecto al valor de la condena por este concepto.
Lo anterior no impide que dicha suma sea actualizada al
valor presente al momento del pago, toda vez que con esta
sentencia sustitutiva se confirma la condena que, por ese
concepto, se hiciera en sentencia de 28 de enero de 2015, lo
que impone la actualización monetaria de la suma concedida,
como pacíficamente lo ha establecido esta Corporación39.
Así, por ejemplo, realizada la indexación de la suma
reconocida en primera instancia hasta el mes anterior a aquel
en que se emite la sentencia, tenemos:
39 Cfr. CSJ SC4703-2021, SC13925-2016, entre otras.
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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𝑉𝑃 = 𝑉𝐻
𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑉𝑃 = $33′327.621
𝐼𝑃𝐶 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2025
𝐼𝑃𝐶 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2015
𝑉𝑃 = $33′327.621
149,66
83 ,00
𝑉𝑃 = $60′094.117
6.8. La tasación de los perjuicios extrapatrimoniales
6.8.1. Los demandados cuestionaron la sentencia del a
quo por desconocer los parámetros establecidos por la Corte
para la tasación de los daños extrapatrimoniales. No
controvirtieron, en modo alguno, la existencia de estos
perjuicios ni la procedencia de su reconocimiento en la forma
en que lo hizo el juzgador de primer grado. En ese sentido, la
inconformidad de los apelantes se circunscribe a la cuantía
establecida como compensación de los daños inmateriales
sufridos por los convocantes.
Sobre el particular debe recordarse que en reciente
pronunciamiento (CSJ, SC072-2025), la Sala realizó un
ejercicio de actualización de los montos establecidos como
parámetros o criterios orientadores para los jueces de
instancia, quienes deciden a su prudente arbitrio la cuantía
de los perjuicios extrapatrimoniales, con los que se busca
compensar las afectaciones emocionales de la víctima y sus
familiares ante la ocurrencia del hecho dañoso:
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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En lo que hace a la cuantificación del daño moral, esta Corporación,
en cumplimiento de su misión unificadora de la
jurisprudencia, ha fijado unos montos que reajusta
periódicamente en sus pronunciamientos, los cuales amén de
concretar, en sede extraordinaria, las condenas donde procede la
indemnización de esa ofensa, satisfacen la finalidad de servir
de derrotero para las autoridades judiciales de grado
inferior, en la fijación de los importes cuyo pago deban ordenar por
este concepto, en las controversias sometidas a su conocimiento…
La debida observancia de los valores máximos fijados por la
Sala de Casación se extiende al justiprecio de otros perjuicios
de orden extrapatrimonial como el daño a la vida de relación,
donde los falladores deben atender la orientación proporcionada en
los precedentes sobre la materia, en tanto su cuantificación también
se encuentra deferida al arbitrium iudicis (negrilla fuera de texto,
SC3728-2021) (CSJ, SC072-2025).
Por esa vía, vale resaltar que como los daños
extrapatrimoniales no son mensurables ni cuantificables en
dinero, es la discrecionalidad del juez la que, teniendo en
cuenta las circunstancias que rodean el caso concreto,
determina un monto compensatorio que permita paliar en
alguna medida el padecimiento íntimo, sentimental, psíquico
e incluso social de los afectados. Ahora bien, el arbitrio judicis
no supone en modo alguno arbitrariedad, motivo por el cual la
decisión del juzgador debe resultar ponderada, acorde con la
magnitud del daño, con su extensión y con la equidad, sin
perder de vista que la responsabilidad civil no es una
herramienta de enriquecimiento, sino de reparación.
En ese sentido, los criterios orientadores señalados por
la Sala en su función de unificar la jurisprudencia son
insumos para los jueces de instancia mas no una cortapisa a
su discrecionalidad, siendo la debida motivación de la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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sentencia en lo que respecta a la tasación del daño
extrapatrimonial una garantía en contra de la arbitrariedad.
6.8.2. En lo que atañe al daño moral, la referida
providencia actualizó los criterios orientadores para su
tasación, fijándolos en salarios mínimos y estableciendo los
porcentajes indicativos empleados en comparación con el
máximo parámetro indemnizatorio. En lo que interesa a este
asunto, la Corte estableció la suma de 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes como parámetro en aquellos casos
en los que el hecho originador del daño moral es una lesión
corporal o mental grave, con un reconocimiento de hasta el
100% para la persona afectada y para cada uno de sus padres.
En tal virtud, el monto del daño moral concedido a los
señores Edisnehy Holguín y Yamileth Lenis se ajusta a los
parámetros indicativos, sin que encuentre la Sala en las
razones esbozadas en la apelación motivo suficiente para
modificar dicha condena, basada, se insiste, en el arbitrium
judici. Cosa distinta ocurre en el caso de Andrés Felipe Holguín
Lenis, a quien el a quo concedió 500 salarios mínimos por
daño moral, sin que explicara en modo alguno las razones por
las cuales las circunstancias de este caso ameritaban una
condena que supera con creces los criterios orientadores.
Y es que, si el juzgador hubiese argumentado en alguna
medida su decisión, si hubiese indicado en qué pruebas se
basaba para concluir, por ejemplo, que la extensión del daño
fue mayor a la esperada, o que su magnitud superó la
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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normalidad; la discrecionalidad del juez se fundaría en
razones serias y objetivas, lo que en este caso brilla por su
ausencia.
Visto el expediente, la Sala no encuentra prueba alguna
que evidencie que en este caso la afectación ha sido superior
a la esperable respecto del demandante Andrés Felipe Holguín
Lenis a causa del lamentable daño sufrido, motivo por el cual
se disminuirá el monto concedido por daño moral a la suma
de 100 salarios mínimos, en atención a los actuales
parámetros jurisprudenciales.
6.8.3. Finalmente, frente al daño a la vida de relación, en
la reciente actualización de los criterios orientadores la Sala
estableció la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales
vigentes como monto superior en los casos de afectaciones
graves que impiden la realización de actividades esenciales de
la vida, con un reconocimiento de hasta el 100% para la
persona afectada en su salud en casos graves, como la
cuadriplejia o la parálisis cerebral.
Llama la atención de la Corte que el juzgador de primer
grado no haya concedido el daño a la vida de relación a Andrés
Felipe, afectado directo con el retraso en su desarrollo
psicomotor y las previsibles limitaciones físicas y de
interacción social que eso conlleva. Sin embargo, este punto
tampoco fue objeto de apelación por parte de los demandantes,
motivo por el cual no puede ser abordado por la Sala en
Radicación n.º 76001-31-03-013-2006-00294-01
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atención a lo establecido en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil.
Sin embargo, este perjuicio si fue concedido a los padres
en una cuantía de 150 salarios mínimos para cada uno de
ellos, sin que el a quo explicara de qué manera encontró
probada la alteración de las condiciones de existencia ante el
padecimiento de su hijo, o la imposibilidad de realizar
actividades laborales, recreativas o sociales a causa del
diagnóstico de Andrés Felipe.
Y aunque ese tipo de afectación puede suponerse por la
cercanía con la víctima, en este caso no se desplegó actividad
probatoria alguna tendiente a demostrar las circunstancias
constitutivas del daño a la vida de relación de Edisnehy y
Yamileth. A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que
la inconformidad de los apelantes no radica en el
reconocimiento de este rubro para los padres sino en su
cuantificación, motivo por el cual la Sala encuentra
procedente acompasar la condena a los valores que en otros
casos se han otorgado en favor de padres de las víctimas
lesionadas, por lo que se ajustará el monto del perjuicio
reconocido y concedido por el a quo a la suma de 50 salarios
mínimos para cada uno de los progenitores (Cfr. CSJ, SC072-
2025).
6.8.4. Así las cosas, debiéndose confirmar la declaratoria
de responsabilidad civil de los demandados, se hace necesario
ajustar las condenas de los daños extrapatrimoniales para
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atender los criterios orientadores establecidos por esta misma
Sala, esto en la medida en que en este caso no existe prueba
que dé cuenta de afectaciones emocionales superiores a las
previsibles, ni de alteración de las condiciones de existencia de
los convocantes de mayor magnitud a la esperada ante una
afectación como la sufrida por Andrés Felipe Holguín Lenis y
su núcleo familiar.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 28 de
enero de 2015, proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Cali, en cuanto tuvo por no probadas las excepciones
propuestas y declaró civilmente responsables a los convocados
y a la llamada en garantía de los perjuicios causados a los
demandantes, por las razones expuestas.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la
referida sentencia en cuanto al valor de las condenas
impuestas a los demandados Salud Total S.A. E.P.S., Rodolfo
León García Ospina, Osiris Judith Marenco Guette, la
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sociedad Nuestra Señora del Rosario S.A. y la llamada en
garantía, Liberty Seguros S.A., las cuales quedarán así:
(i) A Yamileth Lenis Parrales, las sumas de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de daño moral y cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de
daño a la vida de relación.
(ii) A Edisnehy Holguín López, las sumas de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de daño moral y cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de
daño a la vida de relación.
(iii) A Andrés Felipe Holguín Lenis, la suma de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de daño moral y treinta y tres millones
trescientos veintisiete mil seiscientos veintiún pesos
($33’327.621) por concepto de daños materiales, suma
que, indexada a la fecha de emisión de la sentencia de
segundo grado, asciende a la suma de sesenta millones
noventa y cuatro mil ciento diecisiete pesos
($60’094.117).
TERCERO. COSTAS en segunda instancia a cargo
de las demandadas. Por agencias en derecho se fija la suma
de $10´000.000.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente
al despacho judicial de origen.
Notifíquese y cúmplase,
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(comisión de servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma en comisión de servicios
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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