Contratación estatal: S 09 12 1999
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Contratación estatal: S 09 12 1999
Lo que dijo la Sala
De otro lado, igualmente pasó por encima de los argumentos propiamente jurídicos, esto es, que con ocasión del art. 431 del C. de P. Civil, no era aplicable el art. 338, relacionado con la oposición a la entrega y que quien en calidad de adquirente solicita la entrega, no está obligado a manifestar que el bien de cuya entrega se trata está “sometido a arrendamiento ni la clase de actividad que allí se desarrollaba”. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de mayo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en este proceso ordinario promovido por GERARDO DE JESUS RUIZ RIVERA contra JUANILLO & JUANILLO Y CIA. Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.
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Síntesis síntesis automática
El adquirente de un bien inmueble que promueve el proceso de entrega judicial del tradente al adquirente no está obligado a manifestar en la demanda inicial si el bien se encuentra sometido a arrendamiento ni la clase de actividad comercial que allí se desarrollaba, por cuanto la permanencia y protección del arrendatario están garantizadas directamente por la ley procesal civil, siempre que se pruebe sumariamente dicha calidad derivada de un contrato celebrado con anterioridad a la tradición. Quien detenta la tenencia en virtud de un vínculo arrendaticio no puede invocar de manera ambigua o simultánea la calidad de poseedor material para obstaculizar la entrega legítima al nuevo propietario, ni alegar mala fe o maniobras fraudulentas del adquirente cuando este ejerce las acciones legales previstas para obtener la restitución material del bien raíz adquirido.
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Fundamentos
- Decreto 2282 de 1989
También resuelve
- Corte suprema de justicia jfrg. exp. 5161 6 corte suprema de justicia sala de casacion civil y agraria magistrado ponente: dr. jose fernando ramirez gomez santafé de bogotá, d.c., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) referencia: expediente no. 5161 se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante, señor gerardo de jesús ruiz rivera, contra la sentencia del 12 de mayo de 1994, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de santa marta, en este proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido contra juanillo y juanillo cia. limitada y juan ruiz obiol. antecedentes 1. mediante escrito presentado el 21 de junio de 1990 (fls. 52 al 66, c. 1), por reparto asignado al juzgado tercero civil del circuito de santa marta, gerardo de jesus ruiz rivera, por intermedio de apoderado judicial demandó a los antes mencionados, para que previos los trámites de un proceso ordinario, fueran condenados solidariamente, previa declaración de responsabilidad, a indemnizarle los perjuicios irrogados con ocasión de “la privación de la tenencia del inmueble en donde están levantadas las mejoras de su propiedad, y el desconocimiento del derecho que tenía sobre éstas, en virtud del contrato de arrendamiento de fecha primero (1o.) de febrero del año de mil novecientos ochenta (1980) suscrito con la firma ‘uribe pelaez y cia.’, por intermedio de su gerente, señor mario londoño mejia, sobre el inmueble ubicado en la carrera 2a. # 8-50 de el rodadero y comprendido dentro de los siguientes linderos...”. igualmente, impetró que los demandados fueran condenados a pagarle “los daños ocasionados por la no explotación de su actividad mercantil en virtud del desconocimiento de su derecho”. 2. como fundamento de las pretensiones se expusieron los siguientes hechos: 2.1. gerardo de jesús ruiz rivera adquirió la tenencia del inmueble indicado, en virtud de contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad “uribe pelaez y cia.”, el 1o. de febrero de 1980. 2.2. a la fecha de presentación de la demanda el contrato en mención tenía plena vigencia, ya que había sido prorrogado. 2.3. durante el desarrollo de dicho contrato, el demandante, previamente autorizado por el arrendador realizó las mejoras necesarias para poner en funcionamiento un restaurante, tal como consta en un escrito que el 17 de marzo de 1980 dirigió mario londoño mejía, en su condición de arrendador, a las autoridades competentes de planeación municipal de la ciudad de santa marta. 2.4. la sociedad que dio en arrendamiento el inmueble inició en contra del aquí accionante proceso de lanzamiento, el cual le fue fallado desfavorablemente en segunda instancia a dicha sociedad, mediante sentencia del 14 de febrero de 1986, proferida por el juzgado segundo civil del circuito de la ciudad antes señalada. 2.5. gerardo de jesús ruiz rivera hizo declaración de mejoras mediante escritura pública, registrada el 21 de julio de 1986 en la oficina de registro, bajo la radicación no. 2948. tales mejoras, para la fecha de la inscripción tenían un valor de $6.000.000.oo. 2.6. estando vigente el contrato de arrendamiento , el arrendador “uribe pelaez y cia.” enajenó el inmueble a la sociedad “juanillo y juanillo cia. ltda”, de lo cual fue enterado el demandante mediante comunicación que le dirigiera juan ruiz obiol, en su condición de gerente de la sociedad compradora el 29 de agosto de 1986. 2.7. pese a no haberse cedido el contrato de arrendamiento , por carta del 28 de junio de 1989, juan ruiz obiol, como representante de juanillo, y jorge saldarriaga, como representante de “predinal s.a.”, aduciendo ser esta última titular de los derechos del arrendador, solicitaron al arrendatario la restitución del inmueble. desde luego que esta restitución no tuvo ocurrencia. 2.8. el adquirente del inmueble conversó en varias ocasiones con el arrendatario, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre el valor y pago de las mejoras, lo cual no se logró, habida cuenta que el primero ofrecía una suma irrisoria por las mismas. 2.9. posteriormente, juan ruiz obiol inició ante el juzgado cuarto civil del circuito de medellín un proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente, siendo demandada como tradente “predinal s.a.”. proceso este en el que se dispuso la entrega del inmueble al demandante, para lo cual se comisionó al comisario de el rodadero, quien procedió a cumplir la comisión “en una actuación totalmente irregular al margen de la ley”, la cual concreta en los siguientes términos: “adelantado que fue el proceso abreviado de entrega del bien del tradente al adquirente, acción que inicia el adquirente ‘juanillo & juanillo y cia ltda’, por medio de su representante legal señor juan ruiz objol, contra ‘predinal s.a.’, quien no tiene tal calidad de tradente, pues quien hace la venta es ‘uribe pelaez y cia’, tal cual consta en el certificado de tradición del inmueble dado en arrendamiento a mi mandante. y además, ocultándose la existencia o vigencia de un contrato de arrendamiento , por ende la posesión de un tercero con justo título y explotación de actividad económica, obtiene la sociedad demandada en este asunto (juanillo y juanillo & cia ltda), la entrega del bien inmueble dado en arriendo a mi representado, y por ende el desalojo del mismo y el cierre definitivo y arbitrario del establecimiento de comercio, lo cual se hace con la complacencia irregular del señor sub-comisionado, el comisario de el rodadero, produciéndose de esa manera, la privación de la tenencia del inmueble, la destrucción de un establecimiento de comercio, el despojo de sus mejoras y los consiguientes daños materiales y morales que hubo de padecer y está padeciendo gerardo de jesús ruíz rivera, por tan irregular conducta y mala fe esgrimida por los demandados”. 2.10. por el cierre del establecimiento comercial quedaron cesantes 17 trabajadores, sin que el demandante haya podido cumplir con el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos derivados de la relación laboral, los cuales ascienden a la suma de tres millones trescientos ochenta y seis mil quinientos pesos ($ 3’386.500.oo). 2.11. en la diligencia de entrega desaparecieron bienes fungibles por un valor de un millón quinientos cuarenta mil setecientos veinte pesos ($1.540.720.oo), pérdida a la cual se auna la de las ganancias que se hubieran obtenido, con ocasión de una adecuada explotación. además, al demandante tampoco le fueron entregados los bienes muebles, cuyo valor para la época de la diligencia era de trece millones doscientos treinta mil setecientos cincuenta pesos ($13’230.750.oo). estos bienes quedaron en poder de los demandados. 2.12. el restaurante le producía al demandante en temporadas bajas una ganancia diaria libre de ciento cincuenta mil pesos ($150.000.oo), y en las altas de quinientos mil pesos diarios ($500.000.oo). de manera, afirma el actor, que a los perjuicios debe imputarse la suma de veinticinco millones de pesos ($25’000.000.oo), como daños sufridos por la pérdida del establecimiento comercial y de la enseña, marca comercial y good will, dado el acreditamiento por una explotación de ocho años continuos. también son incalculables, dice, los daños morales, que pide tasar conforme a la ley. 3. al contestar la demanda los demandados se opusieron a las pretensiones, luego de aceptar unos hechos y negar los basilares para la reclamación. 4. puso fin a la primera instancia la sentencia del 2 de diciembre de 1992, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda (fls.167 al 173 ib.). 5. en virtud de la apelación interpuesta por el demandante, la anterior decisión fue confirmada por el tribunal superior del distrito judicial de santa marta, mediante sentencia del 12 de mayo de 1994,(fls. 20 al 32, c. tribunal). la sentencia del tribunal el ad-quem luego de resumir el litigio, el fallo de primera instancia, los argumentos del recurrente y las tesis de los demandados, inicia las consideraciones precisando que se ocuparía: “ ... de la queja presentada por el apelante contra la sentencia impugnada, en el sentido de que los perjuicios que se reclaman tuvieron ocurrencia no por la diligencia de entrega, considerada en sí misma, sino que fueron generados por la conducta dolosa, maliciosa y defraudadora de los demandados en este proceso, al presentar una demanda de entrega del tradente al adquirente, sin advertir expresamente que el bien inmueble estaba en arrendamiento y que allí funcionaba un establecimiento de comercio”. procedió así el tribunal a analizar el artículo 431 del c. de p. civil, por ser la norma que regía para la época en que se promovió el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente. para tal efecto, comenzó por referirse al contenido de la disposición, para después afirmar que dentro del trámite del mencionado artículo 431, no era aplicable el 338 de la misma obra, en cuanto regulaba la oposición que podía hacerse en la diligencia de entrega. luego del anterior análisis, concluyó el fallador: “sobre la base de esa normatividad, considera esta corporación que quien en calidad de adquirente solicitaba la entrega material que debía hacerle el tradente, no estaba en manera alguna obligado a manifestar que el bien estaba sometido a arrendamiento ni la clase de actividad que allí se desarrollaba”. a continuación expresó, que no obstante no indicarse en la demanda tales circunstancias, la permanencia del arrendatario estaba garantizada por la ley, en tanto probara siquiera sumariamente su calidad, emanada de un contrato celebrado con el tradente con anterioridad a la tradición del bien al adquirente. seguidamente sostuvo el fallador frente al caso concreto: “pero no fue eso lo que hizo quien promovió este proceso, sino que formuló oposición en calidad de tercero, mezclando de una manera confusa y peligrosa para los intereses del adquirente del bien, las calidades de poseedor y arrendatario. “el material documental que obra en el plenario da cuenta de algunas circunstancias que permiten inferir que gerardo ruiz rivera al mismo tiempo que arrendatario se consideraba o pretendía ser poseedor. “en efecto, hizo declaración de mejoras edificadas en suelo ajeno: continúa el Tribunal- y le fue rechazada su inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos por cuanto el bien ya figuraba registrado a nombre de JUANILLO Y JUNILLO (sic) CIA LTDA, por lo que tuvo que aclarar la escritura para señalar a esta sociedad como dueña del inmueble; no obstante ello, cuando la citada compañía le solicita la entrega del bien, por razón de la próxima terminación del plazo, le contesta (fs. 7 del C. Ppal) que no tiene ningún vinculo contractual con aquella y que es la primera noticia que tiene de su calidad de dueño o adquirente. “Cuando se realiza la diligencia de entrega se opone a ella alegando su carácter de tenedor pero usando ambiguamente el título de poseedor, según se transcribe..”. Por lo anterior, estimó el Tribunal que se debía aceptar la tesis del apoderado judicial de los demandados, según la cual, ante esa oposición material el funcionario que practicaba la entrega no tenía otro camino que proceder al desalojo del bien, pues en el evento que hubiese aceptado la oposición se hubieran desconocido flagrantemente los derechos que tiene el comprador para ser puesto en posesión material de la cosa adquirida, ya que al quedar ejecutoriada tal decisión, se hubiera presentado la intangibilidad de la misma, lo cual le hubiera impedido al comprador exigir la entrega material del inmueble en virtud del fenómeno de la cosa juzgada. Finalmente manifestó el ad quem, que no encontraba mala fé, dolo o maniobras fraudulentas ejercidas por los demandados al promover el proceso de entrega a que se ha hecho referencia, razón por la cual no había nexo de causalidad entre su comportamiento y los presuntos perjuicios irrogados al demandante con ocasión de la diligencia mencionada. Así, entonces, procedió a confirmar la sentencia del a quo. LA DEMANDA DE CASACION Con apoyo en la causal 1a. del artículo 368 del C. de P.C. un solo cargo propone el demandante contra la sentencia antes resumida (fls.6 al 13, c. Corte), acusándola de ser violatoria, como consecuencia de error de hecho, de las siguientes normas de derecho sustancial: “ Los artículos 2341, 2343, 2344 por falta de aplicación en armonía con los artículos 1571, 740, 756, 762, 775, 786, 1494, 1495, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1616, 1873, 1976 del Código Civil, 1, 515, 518, 520, 522 (entonces vigente) del Código de Procedimiento Civil por error evidente de hecho derivado de la apreciación errónea de unas pruebas”. En el desarrollo del cargo afirma el censor que el Tribunal incurrió en error de hecho consistente en: “ no dar por demostrado estándolo que Juanillo y Juanillo & Cía. Ltda. acudió a un proceso abreviado de entrega del la cosa del tradente al adquirente con el propósito de privar de la legítima tenencia del local comercial a Gerardo de Jesús Ruiz, circunstancia que se deriva a su turno de los siguientes yerros fácticos: “a)En no dar por demostrado estándolo que Juanillo & Juanillo y Cia Ltda y su gerente, Juan Ruíz Obiol, conocían el contrato de arrendamiento celebrado el 14 de febrero de 1980 entre Gerardo de Jesús Ruíz y Uribe Peláez y Cía Ltda, antes de la iniciación del proceso de entrega de la cosa promovido contra Predinal S.A.; “b) En no dar por demostrado estándolo que Juanillo & Juanillo y Cía Ltda y su gerente Juan Ruiz Obiol, el 29 de agosto de 1986 en su condición de adquirente del dominio del inmueble de la carrera 2a. #8-50, solicitaron a Gerardo Ruíz ‘se sirvan entregar al suscrito, el inmueble que ustedes ocupan en calidad de arrendamiento ’; “c) En no dar por demostrado estándolo que el 28 de junio de 1989, antes de la iniciación del proceso de entrega del adquirente Juanillo & Juanillo y Cía Ltda contra la tradente Predios e Inversiones Nacionales S. A. (Predinal, en liquidación), ambas sociedades solicitaron de Gerardo de J. Ruíz ‘restituir dicho inmueble a la fecha de vencimiento de la prórroga actual del contrato de arrendamiento ’ de conformidad con los artículos 518 y 520 del C. de Co. “d) En no dar por demostrado, estándolo, que en la diligencia de entrega de la cosa, expresamente Gerardo de Jesús Ruíz, expuso y probó su calidad de arrendatario con título anterior emanado del tradente y conocido por el adquirente”. Según el censor el error “evidente, ostensible y manifiesto en los autos provino de la errónea apreciación” de los siguientes medios probatorios: 1, un documento privado que data del 29 de agosto de 1986, visible a folio 6 del cuaderno principal, conforme al cual, el representante legal de juanillo & juanillo y cía. ltda. solicitó al demandante la entrega del inmueble por éste ocupado en calidad de arrendatario. 2, otro documento privado de junio 28 de 1989, visible a folios 8 y 9 id., por el que predinal s.a. y juanillo & juanillo cía. ltda., solicitaban al demandante la restitución del inmueble a la fecha de vencimiento de la prórroga vigente para esa época, la cual expiraba el 1o. de febrero de 1990, aduciendo que la sociedad propietaria del local necesitaba ocuparlo para establecer un negocio sustancialmente distinto del que allí funcionaba y que para tal efecto requería la construcción de una obra. 3, la demanda de entrega presentada el 7 de junio de 1989, con fecha posterior a las anteriores comunicaciones, “ donde juanillo & juanillo y cía. ltda., expresó que conocía la calidad de arrendatario de gerardo ruíz y del título de arrendamiento .(co. 1 -sic-, fl. 186 a 188). 4
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Decisión
SENTENCIA