Radicado: 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177)
Demandantes: INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVO
HOSPITAL DE BARRANCABERMEJA Y OTROS
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CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
REFERENCIA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
RADICACIÓN: 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177)
DEMANDANTES: INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE
BARRANCABERMEJA Y OTROS
DEMANDADO: HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO E.S.E.
Auto de unificación jurisprudencial
La Sa la Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a
dictar auto de unificación jurisprudencial « respecto de la interpretación y aplica bilidad de
los artículos 203 y 205 del CPACA y en relación con el momento en que se entienden
notificadas las sentencias proferidas bajo la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones
contenidas en la Ley 2080 de 2021».
ANTECEDENTES
Los integrantes del CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE BARRANCABERMEJA, en
ejercicio del medio de control de controversias contractua les, formularon las
siguientes pretensiones:
«PRIMERO.- Se declare que son nulos los actos administrativos Resolución No.
G 080 del 17 de junio de 2011 y la Resolución No. G -099 del 27 de julio de 2011
expedidos por (…) la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MA GDALENA MEDIO
por medio de las cuales se liquidó por parte de la entidad contratante el contrato
de obra No. 01 80-07 del 24 de septiembre de 2007 celebrado entre la entidad
demandada y mi representado y se resolvió el recurso de reposición contra el
primero de ellos.
SEGUNDO.- Se declare que entre la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL
MAGDALENA MEDIO, Empresa Social del Estado del orden Departamental y el
consorcio Nuevo Hospital de Barranca se generó un desequilibrio económico o
rompimiento de la ecuación fina nciera del contrato de obra No. 0180 -07 del 24
de septiembre de 2007 debido a las demoras ajenas al contratista e inherentes a
la entidad contratante E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio y las obras
adicionales ordenadas por esta, que hicieron que la ejecución del contrato de la
referencia a la postre resultara siendo mucho más oneroso de lo inicialmente
previsto.
TERCERO.- Que se declare la existencia de un nexo causal entre las
actuaciones y omisiones de la autoridad administrativa – E.S.E. HOSPITAL
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REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO - y el daño antijurídico experimentado
por el consorcio contratista.
CUARTO.- Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la E.S.E .
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO , Empresa Social del Estado
del orden Depar tamental, al pago a favor del demandante de los perjuicios
materiales o reparación del daño causado – daño emergente y lucro cesante
cuantificados e n la suma aproximada para el año 2008 de OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUIN IENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($879.321.555.oo) de conformidad con lo
que resulte probado en el proceso por los conceptos que se relacionan:
(…)
QUINTO.- Que los valores ordenados a pagar en la sentencia se actualicen de
conformidad con lo estableci do en el artículo 187 del CPACA , y mientras se
genera su pago, los mismos causarán intereses moratorios según lo dispuesto
por el numeral 4 del Art. 195 ibidem.
SEXTO.- Para el cumplimiento de la sentencia, se ordene dar aplicación a los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO.- Condénese a la E.S.E . HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA
MEDIO, Empresa Social del Estado del orden, al pago de las costas y honorarios
profesionales causados en este proceso»
El 28 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de primera instancia, en la que resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones No. 080 del 17 de
junio de 2011 y la Resolución No. G-099 del 27 de julio de 2011, de conformidad
con las razones señaladas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLÁRASE el incumplimiento parcial del contrato de obra No.
0181- 07 del 24 de septiembre de 2007 celebrado entre el Consorcio Nuevo
Hospital de Barranca y la Empresa Social del Estado H ospital Regional del
Magdalena Medio, por el porcentaje equivalente al 4% de la totalidad del
contrato, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: CONDÉNASE a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO al pago de DOSCIENTOS NOVENTA
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS MCTE ($290.901.642) a favor de CONSORCIO NUEVO HOSPITAL
como saldo a favor del contratista, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
La su ma deberá ser actualizada conforme a la fórmula señalada en la parte
motiva de esta decisión y generará intereses moratorios conforme los
lineamientos del inciso final del Núm. 8 del Art. 4 de la Ley 80 de 1993.
QUINTO (sic): DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en el Art. 192 del CPACA.
SÉPTIMO: CONDÉNASE en costas a la parte accionada – ESE HOSPITAL
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO - por ser la parte vencida en el proceso y
a favor del consorcio accionante. Las agencias en derecho se fijarán en auto
separado.»
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El 29 de septiembre de 2021, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Santander envió a las partes del proceso el texto de la sentenci a de primera
instancia, a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales.
El 15 de octubre de 2021, la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia , el cual fue concedido por el a q uo
mediante providencia de 11 de noviembre de 2021.
Por auto de 26 de julio de 2022, la Sala Plena del Consejo de Estado, C.P. doctor
Martín Bermúdez Muñoz, avocó el conocimiento del presente proceso con el
propósito de unificar jurisprudencia «respecto de la interpretación y aplicabilidad de los
artículos 203 y 205 del CPACA y en relación con el momento en que se entienden
notificadas las sentencias proferidas bajo la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones
contenidas en la Ley 2080 de 2021 », con fundamento en las siguientes
consideraciones:
«4.- Existe discordancia entre los diferentes despachos y Secciones que integran
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con
la interpretación de los artículos 203 y 205 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, luego de las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021, en relación con el momento en que se
entiende notificada una sentencia dictada por escrito y por ende desde cuándo
se debe contar el término de ejecutoria de dicho fallo.
5.- No obstante que la decisión sobre la admisión del recurso es de competencia
del ponente, se estima necesario que la Sala Plena avoque de oficio el
conocimiento del proceso para adoptarla. Lo anterior se hace con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 271 del CPACA con el propósito exclusivo de unificar
jurisprudencia respecto de este punto, precisando el alcance y aplicación de las
normas antes citadas, superando las divergencias que pueden surgir de su
interpretación.
6.- El auto de unificación jurisprudencial correspondiente deberá ser dictado por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo debido a que se trata de un
asunto procesal transversal a todas las secciones del Consejo de Estado, puesto
que tiene que ver con la contabilización del término para apelar las sentencias de
primera instancia.»
Derrotada la ponencia presentada por el magistrado sustanciador del proceso en
segunda instancia, el expediente pasó al Despacho el 14 de octubre de 20221.
CONSIDERACIONES
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , en ejercicio
de la facultad consagrada en el artículo 271 del CPACA , procede a dictar auto de
unificación jurisprudencia l «respecto de la interpretación y aplicabilidad d e los artículos
203 y 205 del CPACA y en relación con el momento en que se entienden notificadas las
sentencias proferidas bajo la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones contenidas en la Ley
2080 de 2021».
En este ejercicio de unificación , la tarea de l Con sejo de Estado como máxima
autoridad judicial en materia contencioso administrativa parte de un análisis que tiene
1 Índice 19 de SAMAI
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en cuenta la existencia de un ordenamiento legal estructurado de forma jerárquica, la
función sustancial de la ley2, el objeto de la jurisdicción3, así como la implementación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones
judiciales.
En e
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