Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: se confirmará el auto del 7 de marzo de 2025
Lo que dijo la Sala
Ab initio, estima la Sala que las mismas razones que se exponen en el recurso, no por estar acompañadas por las manifestaciones de “evidente” y “manifiesta” contradicción con normas superiores de derecho y aspectos propios que atañen al contrato y su régimen legal, confirman el acierto del Tribunal en el sentido de que los análisis que se proponen en la petición de cautela, solo podrán develar un actuar contrario a derecho -tal como se sostiene en la demanda- después de agotar las fases introductoria, probatoria y de alegaciones finales del proceso.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no obtiene la medida cautelar de suspensión provisional si no acredita los requisitos legales necesarios para su procedencia, como la evidencia clara de un actuar contrario a derecho por parte de la entidad estatal y la urgencia de evitar un perjuicio irreparable. En este caso, la Sala confirmó el auto que negó la medida cautelar solicitada por la parte actora, al no acreditar que las resoluciones 544 y 609 de 2021 de la ADRES violaran disposiciones legales o pactos contratuales, y al no demostrar la urgencia de suspender sus efectos. La Sala sostuvo que para determinar si dichas resoluciones violan las normas invocadas o los contenidos prestacionales pactados, es necesario realizar un estudio de fondo e integral de las pretensiones y los medios de defensa, lo cual supera la etapa procesal actual. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para obtener una medida cautelar en procesos contractuales, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas y argumentos claros para acreditar la procedencia de la medida.
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Problema jurídico
¿Se debe confirmar el auto que negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora , referente a la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 544 y 609 de 2021 expedidas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-, por falta de acreditación de los requisitos para su procedencia?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 1082 de 2015
- Ley 1474 de 2011, art. 86
- Ley 80 de 1993
También resuelve
- ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
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Titulación de la relatoría 6.497 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS PARA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / CONFIRMACIÓN DEL AUTO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
Problema jurídico:
¿Se debe confirmar el auto que negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora , referente a la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 544 y 609 de 2021 expedidas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-, por falta de acreditación de los requisitos para su procedencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ab initio, estima la Sala que las mismas razones que se exponen en el recurso, no por estar acompañadas por las manifestaciones de “evidente” y “manifiesta” contradicción con normas superiores de derecho y aspectos propios que atañen al contrato y su régimen legal, confirman el acierto del Tribunal en el sentido de que los análisis que se proponen en la petición de cautela, solo podrán develar un actuar contrario a derecho -tal como se sostiene en la demanda- después de agotar las fases introductoria, probatoria y de alegaciones finales del proceso. De esta manera, se confirmará el auto del 7 de marzo de 2025, en tanto no se cumplen los supuestos para la imposición de la cautela (...) Al evaluar la Resolución 544 del 4 de mayo de 2021, “por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Encargo Fiduciario 467 de 2011”, y la Resolución 609 de 2021, que desestimó el recurso de reposición contra el primer acto administrativo, la Sala no evidencia en este momento procesal que hubieran tenido la finalidad declarar el incumplimiento del contrato, cuantificar los perjuicios del mismo, imponer multas, sanciones o hacer efectiva la cláusula penal, sino una actuación dirigida a efectuar un ajuste o rendición final de cuentas para establecer quién le debía a quién y cuánto. En ese sentido, para determinar si en efecto era procedente o no la aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, es necesario valorar el régimen legal aplicable, el contrato, los informes y, en general, efectuar una amplia y precisa valoración de las pruebas obrantes en el proceso. De otra parte, la demandante alega que la ADRES no hizo efectiva la garantía constituida a su favor, por lo que infringió las normas imperativas contenidas en la Ley 80 de 1993, la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, especialmente en el artículo 2.2.1.2.3.1.19, el artículo 1757 del Código Civil y los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio. Dichas normas se relacionan con supuestos diferentes al acto que liquida unilateralmente el contrato; por ello, como se indicó con anterioridad, se requiere de un análisis de fondo para determinar si la Resolución 544 de 2021 impuso una multa, declaró un incumplimiento o la ocurrencia de un siniestro, todo ello a la luz del régimen legal aplicable, aspecto que solo podrá ser dilucidado en la sentencia que defina el proceso, todo esto sin considerar que el análisis sobre si la demandada omitió un deber como el que indican los demandados, realmente aconteció y si tiene proyección para presentarse como elemento causal de las varias pretensiones de la demanda. Respecto del tiempo con el que contaba la ADRES para liquidar unilateralmente el contrato, se requiere de un análisis fáctico, probatorio y normativo, y de interpretación del contrato, su régimen legal y el acontecer contractual; solo así se podrá determinar desde qué momento corrían los términos acordados y si las partes obraron con corrección o no y los efectos que de ello se derivarían, a la luz de lo pretendido en el proceso. Las razones antes indicadas relevan a la Sala de estudiar el segundo supuesto de la medida cautelar, referente a la prueba sumaria de los perjuicios que normativamente corresponde a una exigencia acumulativa a aquellas que no se encuentran acreditadas. En consecuencia, se confirmará el auto del 7 de marzo de 2025, porque como lo indicó el a quo, para determinar si los actos violan las disposiciones invocadas o los contenidos prestacionales pactados a la luz el régimen legal aplicable, es necesario realizar un estudio de fondo e integral de las pretensiones y los medios de defensa, asunto que supera en sus bases fácticas, probatorias y normativas, la etapa en que actualmente discurre el proceso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación y, además, que cuando el superior confirme la decisión de primera instancia, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia. En ese sentido, se condenará en costas a la parte actora, dado que se resolvió desfavorablemente el recurso y se encuentra acreditado que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuenta con apoderado judicial y se pronunció respecto de la apelación interpuesta . Así, se fijan las agencias en derecho a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la suma equivalente a medio (0,5) SMLMV, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366