Síntesis de la providencia
Contratación estatal: Auto interlocutorio
Lo que dijo la Sala
Si bien las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, su decreto procederá -únicamente- en los eventos que prevé el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, cuando: i) las partes las pidan de común acuerdo; ii) fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; iii) versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte y; v) con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4.
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Síntesis síntesis automática
El contratista puede solicitar el decreto de pruebas en segunda instancia siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021, que permiten su admisión en casos como cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, se trate de hechos ocurridos después de la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, o cuando las pruebas no pudieron solicitarse por fuerza mayor o caso fortuito. En el caso concreto, el tribunal considera procedente el decreto de pruebas documentales que contienen la liquidación judicial del contrato y su comprobante de pago, ya que estos documentos tienen relación directa con el objeto del litigio y son conducentes para determinar el monto de la liquidación judicial. Sin embargo, se rechaza la solicitud de pruebas relacionadas con el índice de inflación, dado que estos datos son considerados hechos notorios y no son necesarios para el pronunciamiento judicial. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para el decreto de pruebas en segunda instancia y subraya la pertinencia y conducción de las pruebas solicitadas en relación con el objeto del litigio.
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Problema jurídico
¿Se cumplen los requisitos para que proceda el decreto de la prueba en segunda instancia?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 212, 212 núm. 3 y 212 núm. 4
- Ley 1564 de 2012, art. 180
- Ley 2080 de 2021, art. 53
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Titulación de la relatoría 4.117 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DE HECHO NOTORIO
Problema jurídico:
¿Se cumplen los requisitos para que proceda el decreto de la prueba en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, su decreto procederá -únicamente- en los eventos que prevé el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, cuando: i) las partes las pidan de común acuerdo; ii) fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; iii) versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte y; v) con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4. De cara al caso concreto, si bien la parte actora no expuso en cuál supuesto del artículo citado se enmarca su solicitud, el Despacho encuentra que el decreto de pruebas resulta procedente, toda vez que la situación descrita por el recurrente encuadra en el tercer supuesto de la norma (…). [C]omoquiera que la liquidación judicial del contrato de interventoría (…) y su correspondiente comprobante de pago, ocurrieron con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia y, a su vez, el Despacho observa que eventualmente podría tener incidencia en el monto de la liquidación judicial del convenio 1590 de 2010, que es una de pretensiones del objeto del litigio, tales pruebas documentales -la providencia que contiene la liquidación judicial y su comprobante de pago- son susceptibles de ser valorados en el trámite de segunda instancia (...). [L]os medios de prueba señalados -la providencia que contiene la liquidación judicial y su comprobante de pago- resultan pertinentes al tener relación directa con el asunto debatido en el proceso, ya que las pretensiones planteadas en el presente litigio están encaminadas a que se efectúe la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 1590 del año 2010, suscrito entre el INVIAS y la Universidad del Cauca y, a su vez, se ordene a la mencionada institución universitaria reintegrar la suma de (...) derivados del supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Conducentes, en tanto los elementos de convicción son idóneos legalmente para demostrar la ocurrencia de los hechos que se debaten en el sub lite. Asimismo, son útiles, toda vez que tienen como propósito que el juez cuente con la información necesaria para determinar el monto de la liquidación judicial, esto es, los valores y sumas que efectivamente se ejecutaron y aquellas que eventualmente se deben reintegrar; situación que no se encuentra suficientemente acreditada con otra prueba que ya obre en el proceso. Asunto distinto es lo relacionado con el link que contiene las cifras del valor histórico del IPC, toda vez que esta información es impertinente, no en sí misma, sino con relación a la idoneidad para el litigio, puesto que los mencionados datos no son susceptibles de probar ningún hecho del proceso y, en ese sentido, no son necesarios para el pronunciamiento judicial. En efecto, tal y como lo establece el artículo 180 del CGP, todos los indicadores nacionales se consideran hechos notorios, de ahí que, no se accederá a su decreto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 180, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 53