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Título: Guía de Compras Públicas Sostenibles y Socialmente Responsables
Corporación: Colombia Compra Eficiente
Descriptores: Guías y Manuales CCE, Guía de Compras Públicas Sostenibles y Socialmente Responsables, Manuales y Guías
Guía de Contratación Pública Sostenible Y Socialmente Responsable
01. INTRODUCCIÓN 02. OBJETIVOS 03. ALCANCE 04. PRINCIPIOS RECTORES DE LA COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE 4.1. Valor por Dinero 4.2. Análisis del ciclo de vida 4.3. Consumo sostenible 4.4. Economía circular 4.5. Crecimiento verde e inclusivo 4.6. Responsabilidad social 05. LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 5.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 5.2. ETAPA PRECONTRACTUAL 5.2.1. Identificación de la necesidad 5.2.2. Determinación del objeto del contrato 5.2.3. Consulta del mercado 5.2.4. Realización del ejercicio de priorización 5.2.5. Determinación de las especificaciones técnicas mínimas 5.2.6. Determinación de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para ejecutar el contrato 5.2.7. Consulta de comunidades 5.2.8. Selección del contratista 5.2.9. Incorporación de criterios ambientales y sociales materia de evaluación 5.3. ETAPA CONTRACTUAL 5.4. ETAPA POSCONTRACTUAL 06. SEGUIMIENTO A CRITERIOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES A TRAVÉS SECOP 07. GLOSARIO Tabla de Contenido
01. Ilustración 1 - Ciclo de vida de un producto 02. Ilustración 2 - Etapas del proceso de contratación 12 18 01. Tabla Nro 1. Criterios Ambientales. 02. Tabla Nro 2. Criterios Sociales. 03. Tabla Nro 3. Indicadores de gestión (Entidades Públicas) Ejemplo indicador No.1: 04. Tabla Nro 4.Indicadores de gestión (Entidades Públicas) Ejemplo indicador No.2: 05. Tabla Nro 5.Indicadores de gestión (Entidades Públicas) Ejemplo indicador No.3: 06. Tabla Nro 6. Indicadores de impacto (Sector Privado) Ejemplo indicador No.1:
07. Tabla Nro 7. Indicadores de impacto (Sector Privado) Ejemplo indicador No.2: 08. Tabla Nro 8. Indicadores de impacto (Sector Privado) Ejemplo indicador No.3:
09. Tabla Nro 9. Herramientas de Sostenibilidad. 52 65 71 71 71 72 72 72 73 Índice de Gráficas Índice de Tablas
Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable Introducción 5 En el marco de la Agenda 2030 1 para el Desarrollo Sostenible2 de la Organización de Naciones Unidas –en adelante ONU– se ha reconocido la importancia del mercado público para alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible –en adelante ODS– como la reducción de la pobreza (ODS 1), poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria (ODS 2), la igualdad de género (ODS 5), el crecimiento económico (ODS 8), la reducción de la desigualdad (ODS 10), garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, a través del uso eficiente de los recursos naturales (ODS 12) y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16). Particularmente, la meta número 7 del Objetivo 123 hace un llamado al sector público de cada nación a actuar como un consumidor responsable y como promotor de prácticas de contratación pública en las que se fomente el Desarrollo Sostenible, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales4. Lo anterior, considerando que las Compras Públicas5 y la Contratación Estatal juegan un rol clave en la economía del país, al ser un canal a través del cual se ejecutan diversas políticas públicas. Es por esto por lo que el Sistema de Compras y Contratación Pública transciende de la función de aprovisionamiento, para convertirse en un instrumento para fomentar objetivos de carácter ambiental y social. En razón a ello, actualmente, la contratación es un mecanismo para orientar el comportamiento de los agentes económicos en la senda del consumo sostenible y la responsabilidad social. Esto supone un cambio de paradigma que implica adecuaciones institucionales y organizacionales que permitan que las adquisiciones públicas incorporen criterios dirigidos a contrarrestar los impactos nocivos de los procesos productivos en el medio ambiente y en la sociedad. Para lograr dichos objetivos, es importante que todos los actores del Sistema de Compra y Contratación Pública entiendan que, garantizar la sostenibilidad en los Procesos de Contratación, más que un objetivo de política pública es un imperativo que deviene de la propia Constitución Política de 1991. La Carta no solo incorporó en su artículo 8 6 la obligación de todas personas de proteger la naturaleza, sino que también constituyó al Desarrollo Sostenible como un mandato que debe seguir el Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la ejecución de recursos públicos, como se desprende de los artículos 80 7 y 267 8. Asimismo, los artículos 13 9 y 36610 obligan al Estado a adelantar acciones afirmativas con el objeto de garantizar la igualdad material, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 01 Introducción 1En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conformada por diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible y ciento sesenta y nueve (169) metas específicas. La Agenda establece una visión transformadora hacía la sostenibilidad económica, social y ambiental, además de ser agenda civilizadora que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro, propiciando un paradigma orientado al desarrollo sostenible, inclusivo y con visión a largo plazo. 2El Desarrollo Sostenible se entiende como aquel “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (1987), Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 3Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, meta número 7: “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”. 4Red Interamericana de Compras Gubernamentales – RICG. Directiva Modelo para la Promociones de Compras Públicas Sostenibles. 2021. Página 4. 5Para el año 2022, las compras públicas representaron un diez coma ocho por ciento (10,8%) del Producto Interno Bruto colombiano y, para el año 2023, representaron el nueve coma cuarenta por ciento (9,40%), de acuerdo con el registro del SECOP I, SECOP II y la TVEC. 6Constitución Política de Colombia. Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 7Constitución Política de Colombia. Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados […]”. 8Constitución Política de Colombia. Artículo 267. “[…] La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley”. 9Constitución Política de Colombia. Artículo 13. “[…] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 10Constitución Política de Colombia. Artículo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. 6 Con el propósito de fomentar la sostenibilidad, se han desarrollado diversos instrumentos que reconocen el rol dinamizador que tiene el sector público en la promoción de un consumo responsable y sostenible, estableciendo diferentes acciones de política pública11. Recientemente, el Documento Conpes 4129 de 2023 presentó la Política Nacional de Reindustrialización, entendida como el proceso de transformación que debe surtir el sector productivo en Colombia, tanto de bienes como de servicios, con el fin de enfrentar los retos del cambio climático, el acelerado cambio tecnológico y el entorno geopolítico cambiante 12. Dentro de la línea de acción 5.5, relacionada con el aumento de la participación de las unidades productivas en las Compras y Contratación Pública, surge la necesidad de adoptar el presente instrumento, el cual pretende orientar a todos los actores la contratación estatal sobre la implementación y la participación en procesos de Compra Pública Sostenible. Asimismo, debido a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, también resulta importante fomentar conductas responsables en las compras públicas. Ello se refiere a la implementación de criterios sociales, que garantizan la adquisición de bienes, obras y servicios por parte de Entidades Estatales y proveedores basándose en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Este enfoque implica acciones concretas, como garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las interacciones de compra pública y promover la igualdad de oportunidades para grupos vulnerables, como mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas, víctimas del conflicto armado, entre otros. En esta perspectiva, la ISO 13 26000 ha sido la norma internacional orientadora acerca de diversos aspectos de la responsabilidad social y la salvaguarda de los derechos humanos en el comportamiento empresarial. Su finalidad es la promoción del Desarrollo Sostenible, a través de la implementación de la responsabilidad social en las empresas, identificadas como actores primordiales en el desarrollo económico, cultural y ambiental de una comunidad. Los pilares esenciales de esta norma internacional son la procura por un ecosistema saludable, la equidad social y el buen gobierno de las empresas y entidades. En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– presentan la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, documento que surge del trabajo conjunto de ambas instituciones en función de fortalecer las capacidades de los servidores públicos para planear, desarrollar y hacer seguimiento a criterios de sostenibilidad, de manera que los recursos destinados a la contratación pública se ejecuten siguiendo el principio constitucional del Desarrollo Sostenible. 11Entre dichos instrumentos se resalta la Política de Crecimiento Verde, contenida en el Documento Conpes 3934 de 2018. Puede consultarse en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/ Econ%C3%B3micos/3934.pdf. Así mismo, se resalta la Política de Producción y Consumo Sostenible. Puede consultarse en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/polit_ nal_produccion_consumo_sostenible.pdf 12Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 4129 de 2023. Política Nacional de Reindustrialización. “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Puede consultarse en: https:// colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4129.pdf 13ISO – por sus siglas en ingles International Organization for Standarization – es la Organización Internacional de Normalización que funciona como una federación que agrupa los organismos nacionales de normalización de los diferentes países que la conforman. Tomado de: Uribe M. Mario Enrique. Estándares Internacionales de RSE. En: Responsabilidad Empresarial. Página 12. 7 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su calidad de ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, y la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, en su calidad de órgano rector en materia de Compras y Contratación Pública, adoptan conjuntamente la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, con el propósito de: • Brindar a los partícipes del Sistema de Compra Pública directrices para la implementación de cláusulas ambientales y sociales en su gestión contractual. • Definir el tratamiento, ofrecer información y hacer recomendaciones sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y de la economía en los Procesos de Compra y Contratación Pública. • Fortalecer la aplicación del principio de Valor por Dinero en el Sistema de Compras y Contratación Pública, mediante la integración de criterios ambientales y sociales a lo largo de las distintas etapas del Proceso de Contratación, fomentando la toma de decisiones bajo un enfoque basado en el análisis de ciclo de vida, la consideración de la cadena de valor y el impacto en el ambiente y en la sociedad de los bienes, obras y servicios que se contratan. Objetivos 8 La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –con fundamento en el artículo 3° del Decreto Ley 4170 de 2011 y en ejercicio de su función de desarrollar, implementar y difundir políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten la contratación pública– y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto de 3570 de 2011, como ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el Desarrollo Sostenible– ponen a disposición de los partícipes del Sistema de Compras y Contratación pública la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable. Los lineamientos expedidos en la presente Guía constituyen un instrumento de buenas prácticas para garantizar la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la contratación estatal, mediante la implementación de criterios y obligaciones ambientales y sociales en todas las etapas del Proceso de Contratación. De esta manera, los lineamientos expedidos en la presente Guía abarcan toda la gestión contractual, armonizando la satisfacción de las necesidades inmersas en ella con la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su dimensión ambiental y social. Con la expedición de esta Guía también se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del parágrafo del artículo 4 del Decreto 142 del 2023, que modificó el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015 , el cual encargó a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– la tarea de adoptar instrumentos dirigidos a orientar a las Entidades Estatales en la aplicación de criterios ambientales y sociales. Las expresiones utilizadas con mayúscula inicial en el presente documento deben entenderse con el significado que se indica en el Capítulo 7 – Glosario y con lo que establece el Decreto 1082 de 2015 14 y se emplean en singular o plural según lo exija el contexto. Los términos no definidos se comprenderán de acuerdo con su significado natural y obvio. Alcance 14Decreto 142 de 2023. “Artículo 4°. Modificación del artículo 2.2.1.1.2.2.2 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.2.2.2. de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, el cual quedará así: […] En el marco de las competencias atribuidas por el Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente adoptará instrumentos dirigidos a orientar a las Entidades Estatales en la aplicación de estos criterios sociales y ambientales”.
10 Teniendo en cuenta el rol dinamizador que tiene el sector público y reconociendo que las decisiones de compra de las Entidades Estatales no sólo afectan a la propia organización, sino que inciden en la esfera económica, ambiental y social 15 del país, las Compras Públicas Sostenibles se entienden como aquel enfoque de la contratación estatal que promueve la sostenibilidad 16. Esto mediante la integración de las esferas anteriormente mencionadas en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, con el propósito de contribuir a la promoción de la protección ambiental y el desarrollo social equitativo, especialmente de los sectores más vulnerables de la población 17. El significado más común de Contratación Pública Sostenible proviene del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –en adelante PNUMA–, quien la define como “un proceso mediante el cual las organizaciones del sector público satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios públicos de una manera que logra una buena relación calidad- precio durante toda la vida en términos de generar beneficios no sólo a la organización, sino también a la sociedad y la economía, minimizando y, si es posible, evitando, el daño al medio ambiente” 18. De acuerdo con la norma ISO 20400, “Una compra sostenible es aquella que tiene el mayor impacto positivo ambiental, social y económico posible durante todo el ciclo de vida y que busca minimizar los impactos adversos”. Por otro lado, la ONU señala que las Compras Públicas Sostenibles involucran el poder de compra del gobierno para que, a través del gasto público, pueda estimularse un mejor desempeño ambiental y social del sector privado 19. Por esto las Compras Públicas Sostenibles abarcan un proceso por el cual las Entidades Estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios al tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un Proceso de Compra Pública. Estas comprenden desde la identificación de las necesidades hasta el vencimiento del plazo contractual y su liquidación o el final de la vida útil de los bienes, incluida su reincorporación al ciclo de vida o su disposición final, según lo que proceda. La incorporación del enfoque de Compras Públicas Sostenibles promueve la consolidación progresiva de las dimensiones económicas, ambientales y sociales, mediante herramientas y mecanismos en cada una de las etapas del Proceso de Contratación –lo cual implica la planeación contractual, la estructuración del proceso, la adjudicación del contrato, su ejecución y la etapa poscontractual – buscando maximizar el principio de Valor por Dinero y garantizar una mayor satisfacción ciudadana junto a un progreso hacia el bienestar ambiental y social. Esto además permite ejecutar políticas de gestión gubernamental eficientes, como una forma de participar en el desarrollo de sectores económicos que utilizan la fuerza del mercado para enfrentar los actuales desafíos ambientales y sociales, alineando su propósito con el bien público. 04 Principios Rectores de la Compra Pública Sostenible 15Icontec. Norma GTC ISO 20400 – Evaluación de Compras Sostenibles. 16La sostenibilidad entendida esta como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. 17Red Interamericana de Compras Gubernamentales – RICG. Directiva Modelo para la Promociones de Compras Públicas Sostenibles. 2021. Página 8. 18Open Contracting Partnership. ¿Qué es la Contratación Pública Sostenible y Abierta? Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org 19Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 4129 de 2023. Política Nacional de Reindustrialización. “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Página 144. Puede consultarse en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4129.pdf 11 4.1. Valor por Dinero Las Entidades Estatales encargadas de las adquisiciones deben contratar bienes, obras y servicios que optimicen el valor de los recursos y satisfagan de forma más conveniente las necesidades, no sólo en beneficio de la propia Entidad que contrata, sino también para la economía en general, el ambiente y la sociedad. En este sentido, las adquisiciones deben regirse por el principio de “Valor por Dinero”, en virtud del cual debe promoverse el uso íntegro, efectivo, eficiente y económico de los recursos destinados a las contrataciones. La materialización de este principio requiere de la evaluación de distintos aspectos de las propuestas realizadas por parte de los proveedores 20, como la consideración de costos indirectos, valorando en los precios ofertados las externalidades positivas o negativas generadas por la producción del bien, obra o servicio requerido. Esto necesariamente deber ser ponderado con los factores de calidad dirigidos a garantizar que las adquisiciones que se realizan cumplan con las especificaciones adecuadas para satisfacer las necesidades que motivan la contratación, generando beneficios sociales y ambientales asociados al ámbito de ejecución del contrato. 20Red Interamericana de Compras Gubernamentales – RICG. Directiva Modelo para la Promociones de Compras Públicas Sostenibles. 2021. Página 5. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES, LAS ENTIDADES ESTATALES DEBEN INCORPORAR EN SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CRITERIOS Y MECANISMOS EN SUS PROMUEVAN LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS QUE DEVIENEN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: 12 21Ibidem. 4.2. Análisis del Ciclo de vida Uso adecuado RRNN Producción Limpia Planes de manejo ambiental Compras Sostenibles Disposición adecuada residuos Reciclar Reutilizar Remanufacturar ◦ Afectación de biodiversidad. ◦ Uso de residuos naturales. ◦ Erosión de suelos. ◦ Vertimientos. ◦ Generación de ruido. ◦ Cambio Climático. ◦ Contaminación suelo, agua, aire. ◦ Generación de residuos. ◦ Degradación ambiental EXTRACCIÓN DE MATERIA PRIMA MANUFACTURA EMPAQUE Y TRANSPORTE USO DISPOSICIÓN FINAL. FIN DE VIDA · CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL · COMERCIO JUSTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL · REDUCCIÓN DE COSTOS◦ Residuos sólidos. ◦ Uso de agua. ◦ Uso de energía. ◦ Consumo de combustible ◦ Generación de emisiones Fuente: Elaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciclo de vida de un producto El análisis del ciclo de vida de un bien, obra o servicio comprende todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso, la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos. Todo ello hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización 21. Lo anterior incluye también la etapa de conocimiento enfocada al aprendizaje continuo y experiencias que fortalezcan próximos procesos contractuales. 13 TODAS LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN BIEN, OBRA O SERVICIO TIENEN UN COSTO ECONÓMICO ASOCIADO. TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN ANTERIOR, DENTRO DEL CICLO DE VIDA SE ENCUENTRAN ASPECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES CÓMO: LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES, EL ALMACENAMIENTO, EL TRANSPORTE, LA PRODUCCIÓN, LAS GARANTÍAS, EL MANTENIMIENTO, EL COSTO DEL INVENTARIO, EL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y LAS CONDICIONES DE PAGO. Por lo anterior, todas las etapas del ciclo de vida de un bien, obra o servicio tienen un costo económico directo asociado y un costo indirecto o externalidad negativa derivado de los posibles impactos ambientales vinculados. Adicionalmente, dependiendo del bien o servicio particular, cada etapa del ciclo de vida consume diversos recursos naturales y puede tener impactos ambientales específicos en los ecosistemas y la biodiversidad, y entornos urbanos. Los recursos comúnmente utilizados son el agua, la energía, el suelo y otros elementos de biodiversidad. Los impactos ambientales, por su parte, pueden ser la generación de emisiones, la generación de residuos, la contaminación, la degradación del suelo, entre otros. El análisis del ciclo de vida involucra el estudio de los impactos ambientales de un producto o servicio, desde su concepción hasta su disposición final. En el contexto de las Compras Públicas Sostenibles, este principio es fundamental, ya que permite evaluar no solo el costo inicial de adquisición, sino también los costos ambientales y sociales asociados a todo su ciclo de vida. Adoptar este enfoque promueve que las decisiones de compra contribuyan a un futuro más sostenible, minimizando los daños al medio ambiente, o evitándolos lo máximo posible, y promoviendo la equidad. Además, el principio de precaución, que insta a actuar ante posibles riesgos ambientales, refuerza la necesidad de incorporar el ciclo de vida en las Compras Públicas, evitando así externalidades negativas y asegurando un desarrollo más sostenible. En virtud del principio de análisis del ciclo de vida, la Entidad Estatal que pretenda desarrollar Compras Públicas Sostenibles debe tener en cuenta el valor total asociado al ciclo de vida de los bienes o servicios que desea adquirir. Por tanto, el costo en que se incurre no es únicamente el asociado a la adquisición, sino que además deberá tener en cuenta los recursos naturales y los impactos ambientales y sociales que se generan para la producción de estos bienes o servicios. También es importante señalar que, dentro del análisis de ciclo de vida se pueden contemplar las entradas y salidas del sistema. Esto puede incluir el consumo de recursos, emisiones de gases de efecto invernadero, desechos generados y otros impactos ambientales. Así mismo, deben considerarse los proyectos que tras su cierre tienen impactos ambientales y sociales posteriores al desarrollo del contrato.
14 En virtud de este principio, las Entidades Estatales deben propender por que el aprovisionamiento de bienes, obras o servicios responda a los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 22, a la vez que minimiza el uso de los recursos naturales, la generación de residuos y la emisión de contaminantes durante el ciclo de vida del bien, obra o servicio, con el objetivo de evitar riesgos para la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 4.3. Consumo Sostenible 4.4. Economía Circular 22Ley 80 de 1993. Artículo 3. “De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 23Tomado de la Estrategia Nacional de Economía Circular, 2020. La economía circular hace referencia a los sistemas de producción y consumo que promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales a través la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores, y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible 23. En virtud de este principio las Entidades Estatales deben propender por la adquisición de bienes y servicios que cuenten con características que aporten a la economía circular, es decir, considerando que cuenten con materiales biodegradables, eco-diseño, eco- innovación, tecnologías de producción más limpia, recirculación de agua en los procesos productivos, distritos térmicos, reciclaje, reaprovechamiento, gestión integral de residuos, entre otras prácticas que permitan el cierre de ciclo de materiales y, por tanto, un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Esto además implica realizar un especial análisis de necesidades, ya que es posible que los recursos con los que cuenta la entidad se puedan reutilizar y/o reparar y no se requiera adquirir nuevos productos, de tal manera que, se fomente la circularidad de los procesos productivos, la minimización de residuos y la protección de los recursos naturales.
15 24La Política de Crecimiento Verde, consagrada en el Documento CONPES 3934, representa para el país la hoja de ruta que promueve el desarrollo económico y el bienestar social, a la par que se conserva el capital natural y se disminuye la vulnerabilidad frente al cambio climático. Esta política promueve las oportunidades económicas en donde Colombia tiene potencial y es competitiva, además, que identifica los criterios por los cuales el desarrollo es más productivo en términos de la optimización o uso eficiente del agua, el suelo, los materiales y la energía. Así mismo, la política fomenta la inclusión social, el desarrollo de capital humano y la generación de empleos verdes y hace del bienestar social una dimensión indispensable e insustituible del crecimiento verde. 25Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 4129 de 2023. Política Nacional de Reindustrialización. “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Página 144 y 145. Puede consultarse en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4129.pdf 4.5. Crecimiento Verde e Inclusivo El crecimiento verde e inclusivo 24 en las Compras Públicas implica que las Entidades Estatales promuevan el desarrollo económico y el bienestar social, a la par que propenden por conservar el capital natural. Esto último tiene el propósito no sólo de preservar los ecosistemas, sino de reducir los impactos ambientales generados, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reconocer y valorar el capital natural por los bienes y servicios ecosistémicos que intrínsicamente el entorno provee para la pervivencia. Además, en virtud del principio de crecimiento verde e inclusivo, tanto entidades como proveedores velaran por adaptarse y/o mitigar los efectos del cambio climático mientras se producen bienes y servicios esenciales para el bienestar social 25. Por otro lado, las Entidades Públicas velarán por que sus compras estén alineadas con la optimización o uso eficiente del agua, el suelo, los materiales y la energía, además de la protección o regeneración de la biodiversidad. Igualmente, como desarrollo de este principio, se debe fomentar la inclusión social, el desarrollo de capital humano, la generación de empleos verdes y el bienestar social, como dimensiones indispensables e insustituibles del crecimiento verde. 16 4.6. Responsabilidad Social La responsabilidad social, en el marco de la Compra Pública Sostenible, implica que las Entidades Estatales y los proveedores garanticen que cada una de las acciones desarrolladas en la gestión contractual propendan por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Por un lado, las Entidades Estatales deben proteger a los individuos y comunidades de la violación de derechos humanos cometidas por proveedores nacionales o extranjeros. Para ello, deben adoptar en la estructuración de los procesos de Compra Pública medidas apropiadas para prevenir esos abusos. Por otro lado, las empresas también deben integrar la sostenibilidad en la actividad principal de su negocio, lo cual incluye la oferta de productos y servicios, segmentos de mercado, cadena de suministro, materias primas, redes de transporte y distribución y fin de vida útil del producto. La responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica a todos los proveedores independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. En consecuencia, los proveedores deben generar mecanismos propios para evaluar el impacto que tienen sus intervenciones en la protección de los derechos humanos de diversos grupos de interés.
18 Las Entidades Estatales deben realizar los Procesos de Contratación necesarios para desarrollar las funciones y prestar los servicios públicos a su cargo, con el propósito de cumplir con los fines del Estado. En virtud de los mandatos constitucionales 26 y del compromiso con la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, las Entidades Estatales tomarán medidas para promover la sostenibilidad a través del Sistema de Compra y Contratación Pública, incorporando progresivamente las dimensiones económica, ambiental y social en la compra de bienes, obras y servicios. Para el logro de estos objetivos, pueden usarse diferentes herramientas, mecanismos y/o criterios en las distintas etapas del Proceso de Contratación, que maximicen la eficiencia de la contratación, al tiempo que se promueve la preservación ambiental y el bienestar social. 05 Las compras públicas sostenibles y socialmente responsables en las etapas del proceso de contratación 26La Constitución Política de Colombia en su artículo 80 incorpora la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su Desarrollo Sostenible, su conservación, restauración o sustitución. De igual forma, el artículo 366 constitucional señala que son finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida la población. Así las cosas, se denota que el texto constitucional le otorga al Estado el deber de promover el Desarrollo Sostenible en materia ambiental y social, lo cual irradia diferentes áreas de la Administración. Etapas del Proceso de Contratación Fuente: Elaboración de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Algunas de estas herramientas, mecanismos y/o criterios se explican en el presente capítulo, haciendo un recorrido por las diferentes etapas de la gestión contractual: Establecimiento de lineamientos internos de Compras Públicas Sostenibles. Elaboración de estudios y documentos previos integrando criterios ambientales y sociales. Incorporación de cláusulas contractuales. Verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales pactadas. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA PRECONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL ETAPA POSCONTRACTUAL 19 La implementación exitosa de procesos de Compra Pública Sostenible requiere de compromiso institucional por parte de las Entidades Estatales, el cual se debe reflejar en adecuaciones de sus procedimientos internos para implementar principios de Compra Pública Sostenible a través de las diferentes etapas de los Procesos de Contratación que adelantan. Esto requiere de una planificación estratégica: 5.1. Planeación Estratégica de los Objetivos de Sostenibilidad 27Para más información sobre los instrumentos de planificación mencionados puede dirigirse al Capítulo 7 - Glosario de esta Guía, en el cual se precisan las definiciones y el marco legal que los rige. • Adoptar políticas, planes o programas de Compra Pública Sostenible en los que se incorporen los principios de Valor por Dinero, Análisis de Ciclo de Vida, Consumo Responsable, Responsabilidad Social, Crecimiento Verde e Inclusivo, entre otros. Estos objetivos de Compras Públicas Sostenibles se pueden incluir en documentos estratégicos ya existentes al interior de las Entidades.
• Diseñar planes de acción de implementación progresiva, en los que se definan roles, responsabilidades, indicadores, metas y plazos, de manera que se consoliden herramientas para hacer el seguimiento a la implementación de los procesos de Compra Pública Sostenible. • Sintonizar las políticas institucionales con los objetivos, metas y programas establecidos en instrumentos como los Planes Nacionales de Desarrollo, Planes Territoriales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas Hidrográficas, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales, Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial 27 y los demás instrumentos de planificación ambiental que resulten relevantes dentro del ámbito de ejecución del contrato a celebrar. • Fortalecer los equipos de trabajo con personal idóneo y reforzar las capacidades de los colaboradores en conocimientos relacionados con temas ambientales y sociales. • Adoptar prácticas de adquisición que fomenten el desarrollo de modelos de producción y consumo sostenible, participando en el fortalecimiento de sectores económicos que desde el mercado brinden soluciones a los problemas ambientales y/o sociales. Para lograr esto se recomienda incorporar en los manuales de contratación pautas acerca de la incorporación de criterios ambientales y sociales en los Procesos de Contratación. • Generar estrategias para la caracterización de proveedores de bienes, obras y servicios sostenibles y modelos de ponderación y de verificación de requisitos de sostenibilidad económica, ambiental y social. 20 5.2. Etapa Precontractual La planeación contractual es una herramienta de gerencia pública que implica estructurar un proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios y documentos previos que apunten a desarrollar los elementos necesarios para que las adquisiciones satisfagan las necesidades de la Entidad Estatal, incorporando criterios de sostenibilidad que propendan por la generación de Valor por Dinero. Debido a lo anterior, la etapa de planeación contractual es considerada la más importante para poder incorporar criterios ambientales y sociales. Para desarrollar este proceso se recomienda desarrollar las siguientes fases: i) Identificar la necesidad; ii) Determinar el objeto del contrato; iii) Consultar el mercado; iv) Realizar ejercicio de priorización; v) Determinar las especificaciones técnicas; vi) Determinar las licencias, permisos y autorizaciones requeridos para ejecutar el contrato; vii) Consultar con las comunidades virtualmente afectadas por la ejecución del contrato y; viii) Seleccionar al contratista. • La naturaleza y la extensión de las necesidades que pretenden satisfacerse mediante el contrato que se proyecta celebrar, de manera que permita concretar la necesidad real de la demanda. • La forma en la que puede llevarse a cabo la satisfacción de la necesidad, según el tipo de contrato, obteniendo la máxima rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto es, teniendo en consideración todos los costos directos e indirectos durante la vida útil del bien, obra o servicio (por ejemplo, precio de compra, gastos de funcionamiento, consumos de energía, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, desmantelamiento y eliminación), valorando la posibilidad de llevarla a cabo mediante acciones circulares (reducción, reutilización, reciclaje y recuperación) 28. • El estudio del posible impacto ambiental de los materiales utilizados, como por ejemplo: la eficiencia energética (cantidad de energía/agua necesaria, contaminación), reutilización de bienes, reciclado, etc. • Conocida y delimitada la necesidad a cubrir mediante el futuro contrato, la Entidad Estatal podrá evaluar si se trata de una 5.2.1. Identificación de la necesidad necesidad puntual o permanente, la elección del tipo de procedimiento, si es viable la división en lotes del contrato, la selección de las cláusulas ambientales y sociales a incorporar en los Documentos del Proceso, los criterios de adjudicación que van a determinar la elección de la mejor oferta, entre otros aspectos. • La Entidad Estatal encargada de realizar el Proceso de Contratación deberá asegurar que la contratación que pretende realizar contribuya al objetivo de resolver su necesidad, así como analizar si existen mejores alternativas que promuevan la sostenibilidad y la innovación. • Una vez que se han identificado las necesidades, la Entidad Estatal podrá considerar alternativas de contratación y evaluar diferentes opciones de contratación pública para encontrar una que satisfaga las necesidades de la manera más sostenible posible. Por ejemplo: Reutilizar, reparar o actualizar los recursos existentes. Las Entidades Públicas deben evaluar si en lugar de comprar nuevos productos, los recursos con los que cuentan son susceptibles de reutilizarse para satisfacer las necesidades identificadas. Otra opción puede ser adelantar un Proceso de Contratación para 28Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manual para la Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. 2023. Página 23. La Entidad Estatal que adelanta el Proceso de Contratación debe llevar a cabo una evaluación de la necesidad concreta del bien, obra o servicio a contratar. La evaluación inicial de la necesidad deberá comprender: 21 22 la reparación y mejora de los recursos actuales, fomentando el uso circular y minimizando los residuos. Para identificar los recursos disponibles que se pueden reutilizar, reparar o actualizar, también puede ser útil establecer un canal en línea para intercambiar productos y servicios entre autoridades. • La Entidad Estatal no sólo debe considerar cómo seleccionará la opción más sostenible, sino también asegurarse de que existe una necesidad real de los bienes, servicios u obras que va a comprar. A veces, puede encontrarse que la opción más sostenible es evitar comprar cualquier cosa. Para evitar compras innecesarias y asegurarse de 29Open Contracting Partnership. Contratación Pública Abierta y Sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org
30Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manual para la Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. 2023. Página 23. 31Open Contracting Partnership. Contratación Pública Abierta y Sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org 5.2.2. Determinación del objeto del contrato • El objeto del contrato se refiere al producto, obra o servicio que se quiere contratar. Al definirlo, la Entidad Estatal deberá asegurarse de que esté alineado con las necesidades identificadas previamente31. • Uno de los escenarios en los cuales pueden integrarse aspectos ambientales y sociales en un contrato público se presenta en el momento de la elección del objeto del contrato, en la medida que, las Entidades Estatales gozan de una amplia discrecionalidad técnica para elegir lo que precisan atendiendo a las necesidades públicas que han de cubrir. • Las prestaciones objeto de contrato deben ser las oportunas para la adecuada satisfacción de las necesidades públicas a cubrir. Lo anterior, les otorga un amplio margen de maniobra para incluir consideraciones ambientales y sociales. Esto siempre que adquirir lo correcto, es fundamental realizar una evaluación de las necesidades antes de iniciar el Proceso de Contratación29. • De todo lo anterior, la Entidad Estatal dejará la debida constancia en los Documentos del Proceso30 propendiendo por el uso de expedientes electrónicos, conforme a la política de archivo y gestión documental. con ello no se distorsione el mercado, es decir, que no se limite u obstaculice el acceso al mismo, pudiendo especificar niveles de comportamiento medioambiental de materiales o servicios y/o métodos de producción concretos con el menor impacto ambiental posible. • El objeto del contrato se recomienda que se configure de modo que los actores del mercado puedan identificar cuáles son las necesidades ambientales y sociales que guardan relación con el objeto del contrato. IMPORTANTE: En la identificación de los criterios de sostenibilidad aplicables a la adquisición del bien o servicio no pueden omitirse los criterios de aplicación obligatoria de acuerdo con la normatividad vigente. IMPORTANTE: La definición del objeto es un paso esencial al implementar las Compras Públicas Sostenibles, dado que la consideración de criterios de sostenibilidad se permite siempre que sean relevantes para el objeto del contrato en cuestión. Esto significa que los criterios deben relacionarse con los bienes, obras o servicios a ser provistos, y no con las características de los proveedores individualmente considerados. 23 • El alcance del análisis del sector será proporcional al valor y a la complejidad del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos. • El análisis de las diferentes opciones que pueden encontrarse en el mercado para satisfacer una necesidad es una de las medidas que va a facilitar a las Entidades Estatales la posibilidad de determinar las políticas y criterios ambientales y sociales, ya que va a permitirle conocer las mejores técnicas y recursos ambientales disponibles en el mercado, así como las posibilidades de impactar positivamente a la sociedad. • Una vez obtenida una idea general del mercado, la Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales 5.2.3. Consulta del mercado 32Para identificar los potenciales proveedores es recomendable utilizar varios enfoques según la metodología definida en el Análisis de la Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico para que puedan explorar la capacidad de los proveedores y cumplir con las condiciones ambientales y sociales que se pretenden fijar en los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes. En particular, las de perfilamiento, segmentación, análisis y consulta de mercado. Para más información en el desarrollo de Análisis de Demanda, remitirse a https://www.colombiacompra.gov.co/colombia- compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 33Open Contracting Partnership. Contratación Pública Abierta y Sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org 34La Guía de Elaboración de Estudios del Sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente puede consultarse en: https://www.colombiacompra.gov.co/ sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf Corresponde a la investigación de la demanda de bienes, obras y servicios que se pretende satisfacer consultando al mercado los precios, valores, calidades, entre otros aspectos que servirán para estructurar el Proceso de Contratación. Para un correcto análisis del sector del mercado, deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción, declaración del desempeño ambiental o atributos ambientales y comportamiento financiero 32. Este proceso permite desarrollar el conocimiento suficiente sobre los mismos, de manera que puedan definirse estrategias de Compra Pública Sostenible, estableciendo la calidad y condiciones iniciales que deben cumplir los futuros proveedores. • Las Entidades Estatales deberán hacer una evaluación de la capacidad del mercado para cumplir con los criterios y/o obligaciones de sostenibilidad que se pretenden incorporar. Una evaluación exitosa de la capacidad del mercado garantizará que un proceso de compra constituya una oportunidad para aprovechar el trabajo de sostenibilidad que llevan a cabo los proveedores locales. Así mismo, puede convertirse en una herramienta para promover la innovación y desarrollar progresivamente la capacidad del mercado 33. • Conforme se señala en la “Guía de Elaboración de Estudios del Sector” 34 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, las Entidades Estatales podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas preliminares a los actores económicos que pertenecen al sector de la
24 necesidad, con el fin de identificar acciones que permitan mejorar el impacto ambiental de los bienes, las obras, y los servicios a adquirir, así como las alternativas de generar efectos sociales positivos en la ejecución del contrato 35. El análisis del mercado también se puede realizar con base en datos históricos sobre compras o contratos adjudicados en el pasado. • También es importante identificar si se aplican regulaciones distintas para ciertos sectores o Entidades Públicas, con el fin de decidir cómo y dónde introducir prácticas de Compras Públicas Sostenibles. En algunos casos, puede haber sectores donde la regulación sea menos estricta, lo que contribuye a facilitar la implementación de criterios ambientales y sociales en los Procesos de Contratación36. • Las Entidades Estatales también pueden realizar acciones de investigación relacionadas con cualquier fase del ciclo de vida, que contribuyan a elaborar un correcto aprovechamiento de los recursos, como: i) consultar los materiales disponibles en el mercado que sean sostenibles con el medio ambiente o elaborados a partir de materias primas recicladas de origen natural o biobasadas37 o; ii) la gestión de residuos o; iii) medidas que reduzcan el consumo de agua, energía o materiales, plásticos de un solo uso o la aplicación de tecnologías para la eficiencia del uso de recursos (por ejemplo, como el alumbrado mediante sensores). • Las condiciones del mercado para la incorporación de criterios ambientales y sociales deben quedar debidamente documentadas por parte de la Entidad en armonía con los principios de transparencia y selección objetiva propios de los Procesos de Contratación. • En el marco de la consulta del mercado resulta esencial que las Entidades Estatales informen sobre sus decisiones relativas a los criterios de sostenibilidad que se pretenden incluir en el Proceso de Contratación o las obligaciones en materia ambiental y social que se incorporaran en el contrato. Esto ayudará a garantizar que muchos proveedores puedan cumplir los criterios, promoviéndose así la pluralidad de oferentes y permitiendo además que la Entidad Estatal obtenga información de mayor calidad sobre los costos reales de los bienes, obras o servicios que requiere. IMPORTANTE: Las Entidades Estatales deben asegurarse que los requisitos habilitantes, así como los criterios ambientales y sociales que incluyan en sus Procesos de Contratación no se conviertan en una barrera para la participación o un mecanismo para el fomento de prácticas anticompetitivas. La recopilación de comentarios de los proveedores puede ayudar a corregir esto, asegurando que los Procesos de Contratación se planifiquen de tal manera que se maximicen las posibilidades de seleccionar la mejor solución disponible 38. 35Para estos efectos, las Entidades Estatales pueden buscar fuentes de información como cámaras de comercio, celebrar mesas de trabajo con el sector privado y realizar encuestas. Además, las Entidades Estatales pueden consultar en la base de datos abiertos del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Esta base cuenta con información de actividad económica, identificación de la empresa, y la cámara de comercio en la que está registrada una persona natural, jurídica o entidades sin ánimo de lucro. 36Open Contracting Partnership. Contratación Pública Abierta y Sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org 37El término biobasado se encuentra descrito en la Ley 2232 de 2022 38Open Contracting Partnership. Contratación Pública Abierta y Sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org
25 • Determinar los bienes, obras y servicios que tienen un mayor impacto ambiental y/o social. Para este efecto, es necesario que las entidades conozcan qué es lo que se va a comprar y cuál es su impacto.
• Identificar aquellos bienes, obras o servicios que generan un mayor gasto según el análisis de costos del ciclo de vida. • Considerar la frecuencia de contratos, es decir, la cantidad de contratos relacionados con un bien, obra o servicio que se realizan en un periodo determinado. Así mismo, se recomienda escoger aquellos bienes y servicios donde hay un mayor gasto o inversión, para luego determinar si es posible la inclusión de criterios de sostenibilidad, teniendo en cuenta las características de dichos bienes (aspectos de comercialización, importación, especificidad, etc). • Considerar la facilidad de implementación de criterios de sostenibilidad ambiental y social frente a un determinado bien, obra o servicio. 5.2.4. Realización del ejercicio de priorización 39CASIER Liesbeth, HUIZENGA Richard, PERERA Oshani, RUETE Marina y Turl Laura. Manual para Agentes de Compras Públicas de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe. International Institute for Sustainable Development (IISD) 2015. Puede consultarse en: https://www.iisd.org/system/ files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf La implementación de un programa de Compras Públicas Sostenibles requiere una transformación gradual en los Procesos de Contratación de la Entidad Estatal. Para lograr este fin, las Entidades Estatales deberán realizar un ejercicio de priorización teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • Como insumo para el ejercicio de priorización la Entidad Estatal puede utilizar las fichas técnicas con criterios de sostenibilidad elaboradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas fichas incluyen bienes y servicios en las categorías de obras civiles, insumos de oficina, servicios generales y equipos eléctricos. Puede acceder a estas fichas y a otras herramientas se recomienda consultar el Anexo III – Herramientas de Sostenibilidad de esta Guía. • El impacto que ciertos bienes o servicios causan en el ambiente puede ser uno de los factores para tener en cuenta al momento de realizar el ejercicio de priorización. Al respecto se recomienda tener en consideración que, principalmente, las siguientes categorías engloban bienes y servicios con niveles significativos de impacto ambiental en el sector público 39: i) palería; ii) equipos de oficina; iii) vehículos; iv) iluminación exterior e interior; v) aires acondicionados; y vi) muebles.
26 Las especificaciones técnicas constituyen requisitos mínimos que se les exigirán a los contratistas. A diferencia de los criterios de selección, estos deben estar relacionados con las características específicas del bien, obra o servicio que se comprará, no con las características del proveedor. 5.2.5. Determinación de las especificaciones técnicas mínimas • La introducción de criterios de sostenibilidad como especificaciones técnicas es la forma más eficaz de garantizar que los proveedores cumplirán con dichos criterios. • La incorporación de especificaciones técnicas de tipo ambiental y social deberán proporcionar a los proveedores acceso en condiciones de igualdad al Procedimiento de Contratación. • Las Entidades Estatales deben asegurarse de que la mayoría de los potenciales proveedores puedan cumplir las especificaciones técnicas incluidas, con el fin de que reciban suficientes ofertas y no comprometer la selección de la oferta que represente la mejor relación calidad- precio, de acuerdo con sus características y desempeño ambiental. • Las Entidades Estatales deben revisar que la inclusión de las especificaciones técnicas no cree obstáculos injustificados a la participación de los actores del mercado global en los Procesos de Contratación o limite la selección objetiva. • Las Entidades Estatales no deben olvidar que la inclusión de estas condiciones de sostenibilidad ambiental y social no implican que se puedan desatender las obligaciones impuestas por la normativa de alcance general que están obligadas a cumplir los contratistas en el desarrollo de la actividad económica. LÍMITES A LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • No harán referencia a una fabricación, a una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice los productos o servicios ofrecidos por un único empresario o a una marca patente o tipo, con el fin de favorecer o descartar a ciertas empresas o productos. • No podrán ser discriminatorias, por lo que deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad, no creando obstáculos a la competencia de modo que deberá admitir la equivalencia del suministro o la prestación formulada. 27 • Una especificación técnica diferencial es aquella pauta técnica que define la realización de la prestación concretando sus calidades, elementos y condiciones con el menor impacto ambiental posible 40. Las especificaciones técnicas de tipo ambiental podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de los bienes, obras y servicios o a un proceso específico de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de los bienes, obras y servicios siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este. • Como especificaciones técnicas de tipo ambiental podrán incluirse restricciones relativas a la utilización de ciertos productos, como puede ser la prohibición o reducción de utilización de sustancias o productos peligrosos o incluso exigir que los materiales utilizados sean obtenidos de manera sostenible o con características de trazabilidad. • Para efectos de identificar aquellos requisitos que pueden ser objeto de exigibilidad en los procesos de selección, puede realizarse un análisis del ciclo de vida de los bienes, obras o servicios que se van a contratar. • La identificación de las características técnicas en el proceso de selección deberá ser acorde con el análisis de condiciones del mercado, de tal forma que asegure la pluralidad de oferentes y la satisfacción de la necesidad del bien, obra o servicio. • De igual forma, la Entidad Estatal deberá identificar los riesgos asociados al criterio de sostenibilidad ambiental desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo contractual, la liquidación del contrato o el vencimiento de las pólizas. A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIFERENCIALES 40Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manual para la Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. 2023. Página 39. 41Sobre este punto, no debe perderse de vista que el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. • Finalmente, es importante destacar que todas las especificaciones técnicas deben guardar relación con el objeto del contrato, por lo que solo se podrán incluir requisitos que tengan conexión con la producción del bien, obra o servicio que se vaya a contratar, en lugar de requisitos relativos a las prácticas o políticas generales del operador41. Ejemplos de Especificaciones Técnicas: Exigir que el producto esté hecho de un material específico o que contenga un porcentaje de elementos reciclados o reutilizados, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro energético, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, o incluso medidas respecto a la gestión de residuos o circularidad de agua. 28 Una especificación técnica ambiental no puede reproducir una obligación ambiental preexistente, es decir, que ya esté prevista en la legislación ambiental. La especificación técnica establece una obligación. El estándar ambiental para el respectivo contrato no tiene por finalidad recordar una obligación ambiental que está recogida en la legislación. Durante esta etapa, podrán aplicarse las Fichas Técnicas elaboradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales se encuentran en el Anexo III de esta Guía. Un modo de formular las especificaciones técnicas ambientales es atendiendo a términos de rendimiento o de exigencias funcionales ambientales. Esto significa que las prescripciones técnicas definen lo que los bienes o servicios deben realizar, el resultado o tarea ambiental que han de cumplir o el propósito en términos de eficiencia, capacidad o desempeño ambiental del bien o servicio. Es una descripción más abierta para que el oferente analice las distintas opciones y ofrezca la que mejor cumpla con el objetivo ambiental y pueda optar entre diversas opciones y ofertar aquella que considere que cumplan con dicho objetivo ambiental. ¿Cómo se formula una especificación técnica diferencial? ¿Cómo no se formula una especificación técnica diferencial? 29 El principio de planeación ordena la obtención de todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarias, pues estas inciden decisivamente en la debida ejecución del objeto. La finalidad de las licencias es garantizar la adecuación de la actividad a desarrollar a las exigencias el interés genera42. Las licencias y permisos son muy variados, por ejemplo, pueden ser para proteger o garantizar el medio ambiente, para garantizar la adecuada gestión urbana y los usos del suelo, permisos y autorizaciones de utilización de bienes públicos, entre otras. En materia medioambiental se pueden contar una amplia gama de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, cuya finalidad, en la mayoría de los casos, es directa o indirectamente la protección de intereses ligados a la protección del medio ambiente43. Respecto de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales debe tenerse en cuenta44: 5.2.6. Determinación de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para ejecutar el contrato • Las licencias ambientales constituyen un prerrequisito para la ejecución de aquellos proyectos que se requieran, en la medida que la actividad contractual se encuentra sometida al interés general de protección al medio ambiente. • Una correcta planeación del proyecto implica que la Entidad Estatal encomiende al contratista la consecución de las licencias, los permisos y autorizaciones que se requieran para la ejecución del proyecto45. • Aun en caso de que no exista una obligación legal de obtener licencias ambientales, otro tipo de actividades de menor impacto pueden requerir la realización de planes de manejo ambiental, con el fin de garantizar el menor impacto negativo posible en el medio ambiente. • El marco normativo que rige las licencias ambientales es posible consultarlo en el Decreto 1076 de 2015. Por otro lado, las licencias de construcción se encuentran reguladas en el Decreto 1077 de 2015. 42PIMIENTO Echeverri, Julián A. Licenciamiento y contratación estatal. En Contratos Públicos: Problemas, perspectivas y prospectivas, XVIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (Editores). Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2017. Página 118. 43Ibidem. Página 138. 44Para conocer más acerca de las licencias, los permisos y trámites ambientales, puede consultar la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA: https://www.anla.gov.co/01_ anla/tramites-y-servicios/permisos-y-tramites/permisos-y-autorizaciones y https://www.anla.gov.co/01_anla/tramites-y-servicios/servicios/abc-del-licenciamiento-ambiental 45Al respecto, es Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el principio de planeación en punto a las licencias. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subseccion A. Sentencia del 14 de marzo de 2013. Expediente 20524.
30 5.2.7. Determinación de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para ejecutar el contrato 46DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Tercera Edición Legis Editores S.A. Colombia. 2016. Página 301. Las consultas con comunidades es otro trámite que deberá tenerse en cuenta en la etapa de planeación del Proceso de Contratación en aquellos proyectos en los cuales se verifique la presencia de grupos étnicos en la zona en la cual se va a desarrollar. La consulta con comunidades se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a la tierra que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural46. En consecuencia, las Entidades Estatales al estructurar su Proceso de Contratación deberán verificar si en el área de influencia del proyecto hay presencia de grupos étnicos. En caso de certificarse la presencia de grupos étnicos, se deberá solicitar el inicio de la consulta previa con el Ministerio del Interior. No obstante, es importante aclarar que, debido a su naturaleza, no todas las actividades, productos, obras o servicios requieren el desarrollo de la Consulta Previa. Para determinar la procedencia de la consulta previa respecto de algún proyecto en específico las Entidades Estatales pueden acudir a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 31 El principio de selección objetiva que rige en material de contratación estatal se encuentra ligada al “ofrecimiento más favorable de la entidad”47. En ese contexto, los criterios de adjudicación son los parámetros que se emplean para comparar las ofertas presentadas por los proponentes y determinar cuál es la más ventajosa para la Entidad Estatal, entre aquellas que cumplen con los requisitos habilitantes48. La identificación de la oferta más favorable puede hacerse de diferentes formas establecidas en el ordenamiento jurídico, aplicables a cada modalidad de selección del contratista 49. 5.2.8. Selección del contratista 47El artículo 5 de la Ley 1150 de 2011 señala que: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 48Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manual para la Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. 2023. Página 60. 49El artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista; y agrega que en la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la oferta más favorable se debe determinar teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Precisando que, los criterios de calidad para evaluar la mejor relación calidad precio podrán incluir criterios ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. A. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA Con el fin de maximizar el Valor por Dinero en las adquisiciones que realizan las Entidades Estatales están llamadas a incorporar criterios ambientales y sociales dentro de los factores de evaluación de oferta. Sin perjuicio de los que determine la Entidad Estatal, de acuerdo con las particularidades de cada organización y de los bienes, obras y servicios objeto de contratación, se entenderá por estos criterios los siguientes: • Criterios Ambientales: Son aquellos que procuran la contratación de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de producción. Los criterios ambientales de adjudicación pueden ser de naturaleza cualitativa, es decir, criterios relacionados con la calidad de Conforme a lo anterior, en los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes debe estar delimitado de forma clara y precisa los criterios de evaluación y factores de calificación de las propuestas para seleccionar el adjudicatorio del contrato. Conforme a lo anterior, en los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes debe estar delimitado de forma clara y precisa los criterios de evaluación y factores de calificación de las propuestas para seleccionar el adjudicatorio del contrato. la prestación y no con el precio o los costos. Por ejemplo, contar con un plan de gestión y reutilización de los residuos generados durante la ejecución del contrato. También los criterios pueden tener naturaleza cuantitativa, en el sentido de estar relacionados con los costos, calidad o precio. Por ejemplo, cuando se establezca un criterio basado en los ahorros propuesto en el uso del recurso hídrico o la disminución del uso de energía proveniente de combustibles fósiles. Los criterios cuantitativos sólo son susceptibles de valoración mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas que el Pliego de Condiciones o documento equivalente establezca y, por tanto, son siempre objetivos o automáticos. A continuación, se abordarán aspectos relacionados con la incorporación de criterios de sostenibilidad en la evaluación de la oferta: 32 50Open Contracting Partnership. Contratación pública abierta y sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org
51Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que la no discriminación es una subregla aplicable a los principios de libre concurrencia, libre concurrencia y libertad económica, según la cual “La libre competencia implica un mandato de abstención de discriminación en el acceso y la participación dentro del proceso de selección. Además, posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación”. Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 2023. • El presupuesto de proporcionalidad significa que las exigencias que se incorporen mediante las consideraciones ambientales y/o sociales deben ser adecuadas y proporcionales para alcanzar el objetivo ambiental o social que se persigue. • La no discriminación trae consigo una prohibición de que las consideraciones ambientales y sociales impliquen directa o indirectamente una preferencia o un trato desigual hacía unos operadores económicos por sobre otros. Este principio comporta un deber de transparencia, según el cual los criterios y requisitos que se impongan deben ser indicados con la antelación suficiente para que puedan ser conocidas por los actores del mercado, favoreciendo la libre concurrencia 51. Así mismo, implica el deber de diseñar las consideraciones ambientales y sociales de manera que no creen barreras de acceso o la creación de obstáculos injustificados, lo que implica implementar criterios de sostenibilidad en función de la capacidad del mercado local. • Es importante que la incorporación de criterios ambientales y sociales vaya acompañada de una justificación adecuada y suficiente en los Documentos del Proceso. Si la necesidad que se busca satisfacer con el contrato a celebrar se encuentra integrada dentro de los objetivos y metas ambientales comprometidos en los planes ambientales de la Administración contratante, dicha vinculación ha de figurar suficientemente explicada dentro de los Documentos del Proceso, específicamente, en la justificación de la necesidad del contrato. • Criterios Sociales: Son aquellos que buscan reducir las desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, así como promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesión a normativa y buenas prácticas internacionales de seguridad social, salud e higiene en el ámbito laboral. El Anexo I de la presente Guía contiene a modo ilustrativo una serie de criterios ambientales y sociales que las Entidades Estatales podrán incluir en sus Procesos de Contratación. Se recomienda que la incorporación de estos criterios se haga de manera progresiva, respetando los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y el marco regulatorio aplicable 50, evitando establecer barreras para la libre competencia. Estos criterios deben plantearse de manera objetiva, clara, oportuna y verificable. La incorporación de criterios ambientales y sociales en los Procesos de Contratación debe cumplir con los presupuestos de vinculación con el objeto del contrato, proporcionalidad y no discriminación. • La vinculación al objeto del contrato exige que exista relación entre la consideración de tipo ambiental y/o social que se quiera incorporar y el objeto del contrato. En atención a esto, los criterios deben ser planteados como mecanismos para reducir los impactos nocivos que se producen a lo largo del ciclo de vida de los bienes, obras o servicios que se contratan, así como de los materiales usados para su desarrollo. ERRORES COMUNES • Un criterio de adjudicación ambiental y social no puede reiterar o duplicar una determinación ya establecida como especificación técnica o como condición especial de ejecución. En ese caso, lo que se puede hacer es fijar una puntuación o valoración mayor para aquellos proponentes que ofrezcan un mayor rendimiento ambiental o un cumplimiento del objetivo social superior. • Confundir los requisitos habilitantes (que sirven para establecer si el proponente cumple o no con los requisitos mínimos de capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia para ejecutar adecuadamente el contrato) con un criterio de adjudicación (cuya función es la de comparar objetivamente unas ofertas con otras para determinar cuál de ellas es la más ventajosa). 33 52Ley 1150 de 2007. Artículo 5. “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: […] La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad”. La implementación de criterios sociales y ambientales como factores de evaluación debe hacerse con sujeción al deber de selección objetiva regulado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Esto implica que su aplicación debe hacerse en atención a la regulación aplicable a cada una de las modalidades de selección contempladas en el artículo citado, teniendo en cuenta que, si bien existen algunas en las que se permite la aplicación de este tipo de criterios, hay otras en las que el precio es único factor de evaluación. I) LICITACIÓN PÚBLICA Y SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA En las modalidades de selección de licitación pública y selección abreviada de menor cuantía –artículo 2, numerales 1 y 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007–, la selección de la oferta más favorable debe realizarse aplicando alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el Pliego de Condiciones; o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 52 Esto según lo establecido en el artículo 5, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, indica que las Entidades Estatales podrán emplear criterios ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato para ponderar la mejor relación calidad-precio. De esta manera, la calidad como un elemento esencial para la ponderación de las ofertas, comprende los aspectos ambientales y sociales dado que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio. B. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
34 En el marco de la primera alternativa, la implementación de criterios ambientales y sociales implica que la Entidad Estatal establezca dentro del capítulo de factores de evaluación del Pliego de Condiciones los criterios ambientales y sociales asociados al ciclo de vida de los bienes, obras y servicios que comprende el objeto contractual, a partir de los cuales se pretende generar Valor por Dinero. Para estos efectos, la Entidad Estatal además debe establecer un margen de puntaje aplicable para los proponentes que opten por ofertar los criterios ambientales o sociales, así como una fórmula a partir de la cual se ponderen estos criterios con los factores técnicos y económicos de la oferta económica. También deberá establecer los medios de acreditación de los criterios de sostenibilidad incluidos. Para aplicar la segunda alternativa, la Entidad Estatal debe ponderar: i) las condiciones técnicas y económicas mínimas; ii) las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento; iii) las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia; y iv) el valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional. Para aplicar criterios ambientales y sociales en el marco de esta modalidad, las entidades deben enmarcarlos dentro de las condiciones técnicas y económicas adicionales, realizando una monetización de estos que permita realizar la comparación de ofertas. En cuanto a los criterios ambientales, el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 142 de 2023, establece de manera enunciativa que estos podrán estar asociados a variables como: la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato. En cuanto a criterios sociales la norma hace referencia a cuestiones como: fomento de la integración social de personas con discapacidad; la inclusión de personas pertenecientes a grupos vulnerables en la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social y la eliminación de criterios sospechosos de discriminación; el fomento de la contratación femenina o población LGTBIQ+; madres cabeza de hogar; personas que no cuenten con cualificaciones educativas de formación secundaria o profesional superior; víctimas del conflicto armado; criterios referidos al suministro, entre otras.
35 II) SUBASTA INVERSA Y BOLSA DE PRODUCTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN Los mecanismos de Subasta Inversa y Bolsa de Productos son aplicables para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes o de Común Utilización, es decir, que contienen las mismas especificaciones técnicas, por lo tanto, todos los proponentes ofrecen el producto con las mismas características. Debido a esto, el artículo 5, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 establece que el único factor de evaluación es el menor precio. Lo anterior significa que, en estas modalidades de selección no se encuentra permitido aplicar criterios ambientales o sociales como factores de evaluación. Esto implica que, para propender por la sostenibilidad en el marco de estas modalidades de selección, las Entidades Estatales están llamadas a establecer especificaciones técnicas que se inclinen porque los bienes o servicios materia de contratación cumplan con unos parámetros que permitan que a través de la contratación se reduzcan impactos nocivos en materia ambiental o social, los cuales debe cumplir cada uno de los participantes en el Proceso de Contratación, so pena del rechazo de la oferta. III) ACUERDO MARCO DE PRECIOS Y MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA Al igual que la Subasta Inversa y la Bolsa de Productos, los Acuerdos Marco de Precios y los Mecanismos de Agregación de Demanda están dirigidos a la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y no Uniformes o de Común Utilización. Sin embargo, a diferencia de aquellos, estos parten de la agregación de la demanda de las Entidades Estatales para unificar la posición negociadora del Estado y estandarizar las condiciones de adquisición, incorporando condiciones generales que se replicarán en todas las adquisiciones que se realicen a su amparo. El funcionamiento de estos mecanismos se desarrolla típicamente en dos (2) etapas, la operación principal y la operación secundaria. En la primera etapa, la Agencia Nacional de Contratación Pública–Colombia Compra Eficiente– construye un catálogo de bienes o servicios a partir de un proceso de selección o de la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para que un proveedor pueda vender dichos bienes o servicios a las Entidades Estatales. Es en esta etapa, en la cual se incluyen los criterios, disposiciones y/o prácticas de sostenibilidad ambiental y social. 36 • Inclusión de criterios de sostenibilidad en el Mecanismo de Agregación de Demanda: Las Entidades Estatales interesadas en proponer un criterio de sostenibilidad deben solicitarlo a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- durante la etapa de estructuración de los documentos del proceso de selección de proveedores para el mecanismo, o dentro de las etapas que así lo permiten en el proceso de selección. De no hacerlo, la aplicación de cualquier criterio adicional estará sujeta a lo que las especificaciones técnicas permitan. • Gestión de los criterios de sostenibilidad en la operación secundaria: La Entidad Estatal compradora debe asegurar que el proveedor cumpla con las disposiciones en materia de sostenibilidad que se La inclusión de estos criterios puede construirse únicamente dentro de la etapa precontractual del Mecanismo de Agregación de Demanda, de modo que en la gestión de criterios de sostenibilidad existen dos momentos: incluyan en el contrato, así como con las condiciones de operación o entrega de bienes y servicios que se deriven de las condiciones por las que recibió puntaje técnico en la operación principal. Colombia Compra Eficiente incluye la información correspondiente a estos elementos en las guías correspondientes a cada mecanismo de agregación de demanda, sin embargo, cada supervisor tiene el deber de conocer íntegramente los documentos del proceso. En todo caso, dado que en la operación secundaria las órdenes de compra se adjudican por menor precio, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la operación primaria, las entidades compradoras no pueden incorporar criterios o especificaciones distintas a los incorporadas en la operación primaria.
37 IV) CONCURSO DE MÉRITOS El concurso de méritos es un procedimiento de selección que deben realizar las Entidades Estatales para escoger consultores e interventores, es decir, para celebrar contratos de consultoría o interventoría. Los concursos de méritos son procesos de selección de contratistas basados en la evaluación de competencias, habilidades y experiencia de los candidatos y buscan garantizar la transparencia, igualdad de oportunidades y meritocracia en la contratación en Entidades Públicas y privadas. Si bien, para este proceso se tienen en cuenta factores de selección bastante específicos, esto no limita a que las entidades puedan implementar criterios de sostenibilidad para la selección del contratista. V) CONTRATACIÓN DIRECTA En esta modalidad de selección no es viable establecer puntajes para ponderar las ofertas, porque se presenta una sola, que corresponde a quien la Entidad invitó y seleccionó de 53Ley 80 de 1993. Artículo 25. “12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. forma directa. No obstante, debe tenerse en cuenta que la planeación contractual es una herramienta de gerencia pública, exigible en la estructuración de todos los procesos contractuales. En este contexto, las Entidades están llamadas a realizar estudios previos antes de la firma del contrato, incluso en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa 53. La exigencia de contar con los estudios previos en esta modalidad de selección, no solo servirán para fijar criterios de justificación del contratista, sino también para determinar qué criterios ambientales y sociales están asociados al objeto del contrato y con ello estructurar cláusulas de ejecución que se ocupen de regular las condiciones bajo las cuales se van a realizar las prestaciones a cargo de las partes. En síntesis, en las cláusulas del contrato, las Entidades podrán incluir las consideraciones de carácter ambiental y social que se encuentren asociadas al objeto del contrato e incluso a la satisfacción de estrategias y políticas públicas. 38 VI) MÍNIMA CUANTÍA La mínima cuantía es una modalidad de selección en virtud de la cual la Entidad Estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes, obras o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de su menor cuantía. El elemento central de esta modalidad de selección se encuentra exclusivamente en la cuantía, de manera que independientemente del objeto del contrato siempre que su valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad, se podrá acudir a esta modalidad de selección. En estos procesos de selección el precio es el único factor de selección de la oferta. Esto quiere decir que, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al proponente que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso y que ofrezca el mejor valor por el dinero de la oferta económica. Teniendo en cuenta lo anterior, las Entidades Estatales, podrán incluir dentro en las especificaciones técnicas exigidas para estos procesos de selección, aspectos ambientales y sociales vinculados al objeto del contrato, garantizando no solo la selección de la oferta económica de menor valor, sino también que esta cumpla con los criterios ambientales y sociales establecidos en los estudios previos y en la invitación pública. VII) DOCUMENTOS TIPO Todas las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se encuentran obligadas a emplear en sus Procesos de Contratación los Documentos Tipo adoptados la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 7° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 2022 de 202054. 54Ley 1150 de 2007. Artículo 2. Parágrafo 7º. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública […]”. La obligatoriedad de estos documentos implica que los requisitos habilitantes y factores de ponderación incluidos en los mismos sean inalterables para las Entidades Estatales que los aplican. Debido a esto, las Entidades Estatales deben limitarse a aplicar los criterios ambientales y sociales incluidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en dichos documentos, siguiendo las instrucciones que estos establecen. VIII) RÉGIMEN ESPECIAL Por regla general todas las Entidades Estatales deben aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, no obstante, la ley excluye de su aplicación a algunas de ellas. Estas Entidades excluidas cuentan con un régimen especial y están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas de contratación. Estas reglas se encuentran contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratación, sin perjuicio del deber de observación de los principios constitucionales que rigen la función administrativa y aplicar las inhabilidades e incompatibilidades del régimen general de la contratación estatal. Para efectos de determinar los criterios de evaluación y desempate de las ofertas las Entidades Estatales que tienen un régimen especial de contratación están facultadas para adoptar e incorporar en sus manuales criterios ambientales y sociales que podrán establecerse en los términos de referencia, esto permitirá seleccionar la oferta que se ajuste a la satisfacción de la necesidad y adicional a ello que cuente con aspectos de carácter ambiental y social. Los criterios ambientales y sociales incorporados por la Entidad Estatal como criterios de evaluación devienen en obligaciones para los contratistas a quienes se les adjudica el contrato en consideración al ofrecimiento de tales factores. Para estos efectos, no solo resulta indispensable que el alcance de tales compromisos se precise en los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes, sino que también es importante que se reflejen en la minuta del contrato, de manera que puedan ser materia de seguimiento y de la aplicación de sanciones por incumplimiento contractual como la imposición de multas y cláusulas penales. Frente al seguimiento, las Entidades deberán determinar medios verificación del cumplimiento acorde a las obligaciones pactadas teniendo especial detalle sobre las que contienen criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, si los criterios técnicos o de adjudicación establecían que el proyecto no superaría un objetivo específico de emisiones de CO2, o que se compraría una cantidad específica de productos ecoetiquetados, esto debería reflejarse claramente en el contrato. 5.2.9. Incorporación de criterios ambientales y sociales materia de evaluación 39 40 Las cláusulas de los contratos que surgen de Procesos de Compra Pública Sostenible requieren de unas especiales características, en orden de satisfacer los fines que persiguen. Al respecto se ofrecen las siguientes recomendaciones: 5.2.10. Recomendaciones para la estructuración de las cláusulas del contrato 55Ibidem 56Open Contracting Partnership. Contratación Pública abierta y sostenible. Puede consultarse en: https://sostenibilidad.open-contracting.org • La Entidad Estatal debe velar por el establecimiento de requisitos específicos y con un gran detalle para describir las expectativas de sostenibilidad establecidas en el contratista. Si los requisitos son demasiado genéricos, esto socavará la eficacia y fuerza vinculante de la cláusula del contrato55 • La Entidad Estatal debe asegurarse de que los requisitos sean verificables. Una cláusula de contrato eficaz también debe enmarcar los requisitos de sostenibilidad como “obligaciones a evaluar”, para dejar claramente espacio para actividades destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos. Esto incluye considerar factores como la frecuencia de las actividades de monitoreo, si serán realizadas por el contratista o por un tercero, y quién es responsable de cubrir los costos. • Las cláusulas del contrato deben determinar consecuencias específicas en caso de incumplimiento. La mejor práctica es establecer las consecuencias progresivas de los incumplimientos de las cláusulas. El desarrollo de un plan correctivo puede ser el primer paso después de un incumplimiento, seguido, si es necesario, por la imposición de sanciones como multas, cláusulas penales y de ser necesario la terminación del contrato.
• La Entidad Estatal debe adaptar los requisitos de sostenibilidad a su contexto, ya que a menudo se usan de manera estandarizada y no se adaptan al objeto del contrato, el contexto local o la capacidad del proveedor. Por ejemplo, es posible que algunas MIPYME no tengan los recursos para realizar ciertas actividades de monitoreo. Las cláusulas contractuales descontextualizadas pueden dar lugar a una limitación excesiva de los proponentes, dejando fuera a las empresas más pequeñas y creando dificultades para hacer cumplir las obligaciones. • Para lograr cláusulas contractuales más efectivas es recomendable realizar diálogos con los oferentes para discutir el alcance de las obligaciones de sostenibilidad, ya sea en la etapa de observaciones o en audiencias de aclaraciones. Esto puede servir para garantizar que el contrato sea fácil de usar y que todas las partes interesadas comprendan las responsabilidades 56. 41 5.3. ETAPA CONTRACTUAL Para que la Compra Pública Sostenible y Socialmente Responsable logre cumplir sus cometidos, resulta indispensable que durante la etapa de celebración y ejecución del contrato se materialicen todos los compromisos que surgen de la etapa precontractual en materia de sostenibilidad, lo que depende en gran medida del establecimiento de cláusulas precisas y de una supervisión diligente. Esto depende de la aplicación de mecanismos efectivos por la Entidad Estatal para realizar el seguimiento a la implementación de los criterios de sostenibilidad durante la ejecución del contrato. El seguimiento de la ejecución del contrato para la dirección, control y vigilancia de su correcto cumplimiento es un deber legal que permite a las Entidades Estatales tomar medidas orientadas a la satisfacción de los fines de la contratación. Para una correcta vigilancia del contrato, las Entidades Estatales están llamadas a realizar, a través de la supervisión y/o interventoría, un seguimiento al cumplimiento de los aspectos técnicos incluidos los criterios ambientales y sociales establecidos en el Pliego de Condiciones, administrativos, financieros, contables y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del contrato y en cualquier otro momento en el cual la vigilancia sea necesaria. 42 • Insertar mecanismos, indicadores y unidades de medidas que garanticen el monitoreo constante sobre los criterios ambientales y sociales por parte del supervisor e interventor establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Al respecto se recomienda revisar el Anexo II – Indicadores. • Garantizar que los funcionarios encargados de supervisar la ejecución de los contratos conozcan los requisitos ambientales y sociales establecidos y reciban capacitación para monitorearlos, así como en temas asociados a políticas de anticorrupción y/o código de integridad. • En caso de no contar con profesionales o técnicos que garanticen el correcto seguimiento de las especificaciones técnicas de carácter ambiental y social, se recomienda a las Entidades Estatales celebrar contratos de apoyo a la supervisión con personal especializado a efectos de garantizar el debido cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. • Solicitar documentos, certificaciones, informes y pruebas que se consideren pertinentes para la verificación del cumplimiento de los criterios ambientales y sociales pactados, estos deben reposar en el expediente de la actividad contractual que de preferencia deberá ser electrónico o digital. Dentro de estos, se podrá solicitar al contratista el reporte de avance contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos. Lo anterior deberá realizarse con apego a las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación En este sentido, y como buenas prácticas para garantizar que, durante las diferentes fases del contrato, se cumplan con las obligaciones de carácter ambiental y social, y en general de todas aquellas que hacen parte integral del objeto contractual, se podrán adoptar las siguientes: • Requerir al proveedor o contratista para que acredite durante toda la ejecución del contrato la vinculación del personal asociado al cumplimiento de los criterios sociales. • Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto y omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes y activar de manera inmediata los protocolos con los que cuente la Entidad para mitigar el impacto asociado.
• Fuera de las obligaciones contenidas en la minuta del contrato y el Pliego de Condiciones, a los supervisores y/o interventores les corresponde, en el marco del seguimiento jurídico a la ejecución del contrato, verificar que los contratistas cumplan las obligaciones que en materia ambiental derivan de las licencias, permisos o autorizaciones requeridas para ejecutar el contrato. • El seguimiento a la ejecución del contrato también implica que los supervisores hagan seguimiento al respeto de los derechos humanos de las personas que pudieran ser afectados por la ejecución del contrato. • En el seguimiento a la ejecución del contrato se podrá definir un plan de contingencia que contenga los pasos a seguir y ajustes a que haya lugar, en el evento en que se evidencie un posible incumplimiento frente a las metas de sostenibilidad establecidas, lo anterior deberá guardar relación con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones y/o documento equivalente. 43 Concluida la etapa de ejecución del contrato, las Entidades Estatales deben realizar el balance final del cumplimiento del contrato, incluyendo lo relativo al cumplimiento de los criterios ambientales y sociales. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y, en virtud de este, las Entidades Estatales deberán verificar si se satisfizo la necesidad y en qué medida. Ahora, en lo que respecta a los criterios ambientales y sociales, de conformidad con el informe final de contrato, las Entidades podrán identificar el ciclo de vida del proyecto, su funcionamiento 5.4. ETAPA POSCONTRACTUAL 57Gobierno de Republica Dominicana. Dirección General de Contrataciones Públicas. Pautas sobre el criterio “Valor por Dinero” en la Contratación Pública. 2023. Página 43. y si la inclusión de los criterios sociales y ambientales generó el valor esperado. En relación con las dificultades u oportunidades de mejora identificadas se dejarán las observaciones en el acta de liquidación, todo debidamente documentado, ya que la información procesada será un insumo vital para que la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones pueda mejorar la estrategia y optimizar el Valor por Dinero de una futura adquisición del mismo tipo de bien, obra o servicio 57. 44 B. ¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales? C. ¿Existen obligaciones contractuales o poscontractuales asociadas a nivel ambiental? D. ¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir? A modo ilustrativo, a continuación, se reproduce la forma en la cual están dispuestos los anteriores marcadores en la plataforma: En complemento con lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, el 25 de julio del 2023, implementó el campo de sostenibilidad en SECOP I. Los datos abiertos y de alta calidad resultan importantes para impulsar la implementación de las Compras Públicas Sostenibles y medir sus resultados. Así, y con el propósito de ejercer el correcto monitoreo, evaluación y desempeño de las contrataciones realizadas bajo el enfoque Compras Públicas Sostenibles, las Entidades Públicas deberán diligenciar de forma correcta los marcadores dispuestos en el SECOP para identificar los contratos en los cuales fueron incluidos obligaciones ambientales y a su vez facilitar la transparencia y control en la ejecución. Sobre los marcadores implementados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe precisarse que, desde el 13 de agosto del 2022, entró en funcionamiento el campo de liquidación, obligaciones ambientales, obligaciones post consumo y Reversión, en la plataforma SECOP II. Si se confirma la selección en el campo de “Obligaciones ambientales” las Entidades deberán diligenciar tanto, las fechas de inicio y fin como, el campo denominado “Incluye criterios de sostenibilidad ambiental”. Si, a su vez, confirma esta selección, deberá diligenciar obligatoriamente los campos de: A. ¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales? 06 SEGUIMIENTO A CRITERIOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DEL SECOP Liquidación Obligaciones Ambientales Obligaciones pos consumo Reversión Si Si Si Si No No No No 45 07 GLOSARIO • Acciones Afirmativas: Las acciones afirmativas como género y las medidas de discriminación positiva o inversa como especie, están dirigidas a remover diferencias fácticas que si bien son reales no deben continuar en un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una sociedad más equitativa y justa58. • Análisis Costo-Beneficio (ACB): Metodología utilizada para evaluar y comparar los costos y beneficios esperados de una decisión, política o proyecto, expresados en términos cuantificables. Su objetivo es proporcionar una base racional para la toma de decisiones al identificar la opción con mayor rentabilidad neta o impacto positivo, mediante la cuantificación y valoración de los impactos económicos, sociales y ambientales59. • Análisis del Ciclo de Vida -ACV-: Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida. • Análisis del Inventario de Ciclo de Vida -ICV-: Fase del análisis del ciclo de vida que implica la recopilación y la cuantificación de entradas y salidas para un sistema del producto a través de su ciclo de vida. • Ciclo de Vida: Se entenderán comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización60. • Compras Circulares: Se conoce como una forma de adquirir bienes y servicios que promueve la consideración de todo el ciclo de vida de los productos a lo largo de su cadena de suministro. Centrarse en el uso y los servicios prestados por un producto en lugar de en su propiedad cataliza el desarrollo de nuevos modelos empresariales, que se prevén necesarios para promover una economía circular. Experimentando con modelos empresariales no convencionales, centrándose en la calidad de los productos y servicios y creando bucles de recursos, la contratación circular pretende liderar el camino hacia una economía circular. • Compras Públicas Sostenibles: Proceso mediante el cual las Entidades Estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios públicos, de tal forma que generan Valor por Dinero con base en un análisis de todo el ciclo de vida, generando beneficios no sólo para la Entidad, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reducen al mínimo los daños al medio ambiente61. De acuerdo con la ISO 204000 de 2017 sobre Compras Sostenibles, una compra sostenible es una compra que tiene mayor impacto positivo posible a nivel ambiental, social y económico durante todo su ciclo de vida. • Compras Verdes: Adquisición de bienes, obras y servicios en los cuales se consideran tanto criterios técnicos como el comportamiento ambiental de los mismos, 58Acciones afirmativas para una igualdad material. Corte Constitucional Puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/publicaciones/Igualaci%C3%B3n%20material%20 v2%2071020.pdf 59Banco Mundial. (2010). Cost-Benefit Analysis in World Bank Projects. The World Bank. Puede consultarse en: https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/ documentdetail/216151468335940108/cost-benefit-analysis-in-world-bank-projects 60Directiva Modelo para la Promoción de Compras Públicas Sostenibles. Publicado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. 09 de diciembre del 2021. 61Casier L (2015) Manual para agentes de compras públicas sostenibles en América Latina y el Caribe. Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe. 2023. Puede consultarse en: https://www.iisd.org/system/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf 46 minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente, en comparación con otros con los que compiten y que cumplen la misma función, ya sea por el modelo productivo de su bien, obra o servicio que complementan las buenas prácticas ambientales que se realizan en virtud de un requisito de ley62. Las compras verdes se definen como las adquisiciones de bienes, obras o servicios con resultados lo más inocuos posibles para el medio ambiente, la salud y seguridad humana, en comparación con otros con los que compiten y que cumplen la misma función, o incluso que puedan generar impactos positivos sobre el medioambiente63. Al contrario de lo que generalmente se cree, comprar verde no implica necesariamente un costo mayor, sino que implica un cambio de perspectiva, en donde una inversión puede ser más eficiente en un mediano plazo, generando una oportunidad de ganar-ganar para los países. • Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratación de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de producción64. • Criterios de Sostenibilidad Económica: Criterios que permiten la incorporación de condiciones que consigan satisfacer de forma más conveniente la necesidad solicitada y que ayuden a determinar la oferta económicamente más ventajosa, considerando costos asociados y costos externos de un requerimiento. Además, estos criterios permiten obtener una mejor relación calidad-precio de la oferta a partir de la identificación de buenas prácticas de gestión empresarial y gestión financiera por parte del proveedor 65. • Criterios de Sostenibilidad Social: Criterios que buscan reducir las desigualdades sociales, así como promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesión a normativa y buenas prácticas internacionales de salud e higiene en el ámbito laboral66. • Debida Diligencia: Proceso mediante el cual las organizaciones identifican, evalúan, previenen, mitigan y dan cuenta proactivamente de la forma en que abordan sus impactos adversos reales y potenciales como una parte integral de la toma de decisiones y de la gestión de riesgos 67. • Economía Circular: Economía restauradora y regenerativa en su diseño, que tiene como objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su máxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biológicos68. • Empresa Ancla de Negocios Verdes y Sostenibles: Son entidades de origen privado, público y/o mixto, del orden jurídico, que generan fortalecimiento y encadenamiento de los procesos productivos de las cadenas de valor de los negocios verdes y sostenibles, para: 1. Cerrar las brechas de los negocios verdes en lo: ambiental, social, empresarial, técnico y tecnológico; 2. Potenciar los criterios de sostenibilidad de negocios verdes; y 3. Incrementar el valor agregado.69 • Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida -EICV-: Fase del análisis del ciclo de vida dirigida a conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de todo el ciclo de vida del producto. • Interpretación del ciclo de vida: Fase del análisis del ciclo de vida en la que los hallazgos del análisis del inventario o de 62Salazar. A. Comprando Verde ¿Cómo fomentar las compras verdes en los proyectos financiados por el BID?. Puede consultarse en:https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/ Comprando-verde-%C2%BFC%C3%B3mo-fomentar-las-compras-verdes-en-los-proyectos-financiados-por-el-BID.pdf 63Salazar. A. Comprando Verde ¿Cómo fomentar las compras verdes en los proyectos financiados por el BID?. Puede consultarse en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/ Comprando-verde-%C2%BFC%C3%B3mo-fomentar-las-compras-verdes-en-los-proyectos-financiados-por-el-BID.pdf 64-65-66 Ibidem 67Iso 24000 68Icontec. Protocolo buenas prácticas de ECONOMÍA CIRCULAR. Página 4. Puede consultarse en: https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2023/07/E-PS-173-Protocolo-Buenas-practicas-EC- Vr-0.pdf 69Ibidem 47 la evaluación del impacto, o de ambos, se evalúan en relación con el objetivo y el alcance definidos, para llegar a conclusiones y recomendaciones. • Negocio Verde y Sostenible: Contempla las actividades económicas que ofrecen bienes y servicios con enfoque ecosistémico y de ciclo de vida, generando impactos sociales y ambientales positivos, incorporando prácticas sostenibles, aportando al desarrollo bajo en carbono y resiliencia climática, a partir del uso, transformación, valorización y conservación de los recursos para contribuir al desarrollo de los territorios.70 • Obligaciones Pos Consumo: Medidas tendientes a garantizar la gestión y manejo integral de los residuos generados con la ejecución del contrato. Con estas obligaciones se busca que el contratista garantice el debido tratamiento, aprovechamiento, valorización o disposición final de los residuos 71. Sobre el particular se encuentra asociada la Responsabilidad extendida del productor (REP) y los programas de consumo nacional como lo son: Acumulares y baterías, Residuos electrónicos, Envases de pesticidas, entre otros. • Plan Anual de Adquisiciones – PAA: El Plan Anual de Adquisiciones –en adelante PAA–72 es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, toda vez que se trata de una herramienta para facilitar a las entidades identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado. Es decir, a través de él se programan y registran los requerimientos de adquisición de obras, bienes y servicios, de conformidad con los requerimientos efectuados por los responsables de cada una de las dependencias de la entidad 73. En ese contexto, el PAA constituye una herramienta para que las Entidades planeen sus compras y contrataciones con criterios de sostenibilidad ambiental y social, en la medida que en el PPA está contenida la información de las adquisiciones que la Entidad Estatal hará durante todo el año. • Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS: El Plan de Gestión Integral de Residuos –en adelante PGIRS– constituye una herramienta fundamental dentro del establecimiento de un esquema de prestación del servicio de aseo, en la medida que es la hoja de ruta que define el modo y la forma de la prestación del servicio, independientemente del esquema que se adopte. El PGIRS es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente territorial para el manejo de los residuos sólidos. Le corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS 74. Así, el PGIRS constituye otro instrumento que deberán observar las Entidades Estatales al fijarse metas de sostenibilidad en sus adquisiciones y al momento de estructurar sus Procesos de Contratación en los que se requiera un manejo de residuos. • Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales – PIGCS: Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales -en adelante PIGCCS- son los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible identifica, evalúa y orienta la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al Cambio Climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector. Los PIGCCS son instrumentos de planeación de largo plazo, definido en los planes de 70Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia (2022). Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Biointropic y Corporación Biocomercio Sostenible. Disponible para consulta en el enlace: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Actualizacion-Plan-Nacional-Negocios-verdes-2022-2030-VF2-2.pdf 71Ministerio de Ambiente. Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana. Programas Pos-Consumo. Puede consultarse en: https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/ programas-pos-consumos/ 72Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. Puede consultarse en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_ public/files/cce_documentos/cce_guia_plan_anual_adquisiciones.pdf 73Departamento Nacional de Función Pública. Plan Anual de Adquisiciones. Puede consultarse en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo4/tema-1/4-plan-anual.html 74Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.2.1.1: “32. Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cuál se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS”. 48 gobierno, para contar con una guía estratégica de las carteras de gobierno vinculadas a los compromisos y las metas que el país ha asumido frente al Cambio Climático en los diferentes escenarios mundiales, en especial en la Conferencia de París en 2015 – Acuerdo de París y la Agenda 2030 que define los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En consecuencia, estos planes constituyen un gran instrumento para incorporar criterios de sostenibilidad en las Compras Públicas, los cuales pueden ser consultados por las Entidades Estatales para adelantar su gestión contractual, dependiendo en sector al cual pertenezcan, pues serán una guía para fijar sus propios objetivos, incorporar criterios de sostenibilidad en sus Procesos de Contratación y obligaciones ambientales y sociales en los contratos que suscriba 75. • Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial – PIGCCT: Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales76 -en adelante PIGCCT- son los instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados. Estos instrumentos de planeación han tomado especial relevancia puesto que resultan ser el medio a través de los cuales se decanta la Política Nacional de Cambio Climático y se alinean los esfuerzos que en torno a la gestión del cambio climático se dan desde los territorios, con las apuestas a nivel país. De allí que resulten ser mecanismos que favorecen la implementación de medidas de mayor impacto que se materialicen en iniciativas, propuestas, proyectos y programas de cambio climático que contribuyan a la consolidación de territorios más resiliente, con un desarrollo rural y urbano bajo en carbono 77. Este instrumento se puede formular e impulsar en el marco de los demás instrumentos de planeación que tengan incidencia en el territorio, como son los planes de Compras Públicas Sostenibles de cada territorio. • Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas Hidrográficas – POMCA: Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas Hidrográficas –en adelante POMCA– son el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. El POMCA contiene medidas y acciones para el manejo y administración de los recursos naturales renovables, así como la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos. También contiene medidas para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo en la cuenca. En atención a las medidas que contiene, cada Entidad Estatal debe consultar el POMCA de su territorio, con miras a respetar las acciones planteadas en el mismo en relación con los recursos naturales al momento de estructurar un Proceso de Contratación. • Planes de Ordenamiento Territorial – POT: Instrumento de planificación a través del cual los municipios y distritos del país planifican el ordenamiento del territorio. El POT contiene un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo. Teniendo en cuenta que a través del POT se ordena el territorio urbano y rural y se establecen objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, este instrumento resulta ser eficaz para la inclusión de políticas medioambientales que guíen la gestión de las Entidades Públicas a las cuales cobija. 75Para más información sobre los PIGCS es posible consultar: https://accionclimatica.minambiente.gov.co/pigcc-sectorial/#:~:text=Los%20Planes%20Integrales%20de%20Gesti%C3%B3n,y%20 regulaciones%20del%20respectivo%20sector 76Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales se encuentran regulados en la Ley 1931 de 2018. 77Para más información sobre los PIGCCT es posible consultar: https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/planes-integrales-de-gestion-del-cambio-climatico-territorial/ 49 • Tecnología sostenible: La tecnología sostenible describe la tecnología creada o aplicada teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y económicos. El objetivo de la tecnología sostenible es doble: producir nuevas tecnologías utilizando procesos y materiales sostenibles, y utilizar tecnologías para abordar los problemas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologías sostenibles pueden ir desde tecnologías físicas como paneles solares, hasta software de generación de informes ESG y gestión del rendimiento ESG.78 • Valor por Dinero: Expresión usada de diferentes formas para comunicar el uso eficiente, efectivo y económico de los recursos. En el contexto de la contratación pública, puede definirse como la combinación más ventajosa de costos, calidad y sostenibilidad para alcanzar los requisitos definidos. Costo implica considerar los costes y riesgos del ciclo completo de vida; calidad significa cumplir con una especificación que es adecuada en cuanto a su propósito y suficiente para satisfacer los requisitos, y sostenibilidad comprende los beneficios económicos, sociales y ambientales79. El concepto de “Valor por Dinero” en la contratación pública se refiere a obtener el máximo beneficio posible para la sociedad con los recursos disponibles. No se trata simplemente de seleccionar la oferta de menor precio, sino de evaluar de manera integral las diferentes propuestas en función de su calidad, costo, durabilidad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. En efecto, implica considerar diversos aspectos, como la calidad del producto o servicio, la idoneidad del proveedor, la transparencia del proceso, la gestión de riesgos, la eficiencia en la ejecución del contrato y el impacto social y ambiental de la adquisición que garanticen que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima, atendiendo las necesidades que impone el interés general y evitando cualquier forma de corrupción o malversación de fondos80. 78Tom Krantz, Alexandra Jonker. ¿Qué es la tecnología sostenible?. Disponible para consulta en el siguiente enlace: https://www.ibm.com/es-es/topics/sustainable-technology 79Ibidem 80Dirección General de Contrataciones Públicas PAUTAS SOBRE EL CRITERIO VALOR POR DINERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Santo Domingo, República Dominicana. 2023. Página 7
50 A. PAUTAS PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 1. Modalidad de Selección La aplicación de las condiciones técnicas, de evaluación y de ejecución señaladas dependerá de la modalidad de contratación específica utilizada. Así, en las modalidades que otorgan puntaje, como la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía y el concurso de méritos, la entidad revisará si estas pautas se pueden establecer como criterios técnicos o como condición de calificación, de modo que los proponentes puedan ser evaluados en función de su compromiso con la sostenibilidad. En las modalidades de contratación que no incluyen la evaluación por puntaje, como la mínima cuantía y la selección abreviada por subasta inversa, estas condiciones pueden ser incorporadas en las especificaciones técnicas como requisitos habilitantes y/o de ejecución. En todo caso, para su establecimiento como requisitos habilitantes o de calificación, las entidades deberán analizar su procedencia de acuerdo al objeto contractual, valor, plazo y demás condiciones de ejecución, de tal forma que sean proporcionales y adecuadas al proceso de contratación que se desarrollará. Además, al tratarse de condiciones que reúnen aspectos ambientales y sociales generales, la entidad pública ajustará la forma en la que se incorporará al Proceso de Contratación y su medio de verificación. ANEXO I CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES Para la aplicación de los contenidos establecidos en la “Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable”, a continuación de relacionan, a modo enunciativo, una serie de criterios ambientales y sociales, que pueden ser incorporados como factores de evaluación o especificaciones técnicas. Para estos efectos a continuación se establece lo siguiente: 2. Margen adecuado de puntaje Para establecer alguna de las condiciones señaladas del Anexo I como requisito que otorgue puntaje en un proceso contractual, es fundamental que la Entidad Pública realice una revisión detallada de la vinculación entre dicho criterio y el objeto contractual. Esto implica analizar si las condiciones ambientales y sociales enunciadas contribuye de manera directa o indirecta a los objetivos del contrato, asegurando que no se trate de una exigencia ajena al alcance del acuerdo. En este sentido, el puntaje que se le otorgue al criterio de calificación ambiental o social que se defina deberá ser adecuado y proporcional y reflejar con precisión el impacto de dicho criterio dentro del contexto evaluado. De esta manera, se recomienda evitar la inclusión de un puntaje muy elevado de estos aspectos que pueda distorsionar la evaluación equilibrada de otros aspectos relevantes y afectar la selección objetiva. Un enfoque excesivo en estos criterios podría desviar la atención de factores igualmente importantes, como la oferta económica y los demás aspectos de calidad del producto o servicio. Por tanto, es esencial asegurar que todos los criterios de evaluación se consideren en su justa proporción.
51 3. No restricción de participación de oferentes La definición e inclusión de las condiciones ambientales y sociales en un Proceso de Contratación debe ser realizada de manera que no restrinja la competencia ni favorezca indebidamente a ningún oferente. Por ello, es deber de la Entidad Pública analizar que los criterios que se incluyan como requisitos habilitantes o de calificación en el proceso de Contratación no generen barreras innecesarias que impidan la participación de oferentes capaces de cumplir la ejecución del contrato. Por tanto, la incorporación de alguna o varias de las condiciones enunciadas en la tabla del Anexo I, deberá estar precedida de un análisis por parte de la Entidad que revise su impacto en el Proceso de Contratación específico, de manera que no se convierta en un obstáculo que impida la pluralidad de oferentes. 4. Ecoetiquetados Los Ecoetiquetados pueden ser considerados como un criterio ambiental relevante dentro de los procesos de selección y evaluación de productos o servicios, ya que reflejan el cumplimiento con ciertos estándares medioambientales. Sin embargo, la recomendación es incluirlos como requisito de calificación lo que permitiría incentivar una competencia más efectiva y orientada hacia la mejora continua de los proveedores en el mercado, promoviendo un cambio hacia prácticas más ecológicas. Asimismo, se recomienda que dentro de estos criterios de calificación se incluyan especificaciones técnicas establecidas en las etiquetas, de manera que el puntaje estará determinado por el cumplimiento de las especificaciones que se identifiquen y que sean adecuadas al Proceso de Contratación que se desarrollará. 5. Condiciones Especiales de Ejecución Los criterios ambientales y sociales enunciadas podrán ser incorporadas en los proyectos de obra, bienes o servicios, como una condición especial del contrato para asegurar que durante su ejecución no se cause un impacto negativo en el entorno. Para tales efectos, es fundamental que se identifiquen y analicen los posibles efectos que la ejecución de contrato pueda generar en el medio ambiente y con base en dicho impacto definir cuales condiciones pueden ser establecidas para mitigar el riesgo ambiental asociado. De este modo, el análisis que realice la Entidad de los posibles impactos en el ambiente servirá de base para determinar cuáles de las condiciones ambientales enunciadas pueden ser incorporadas como condición especial de ejecución. 6. Disposiciones legales y obligatorias Las condiciones ambientales y sociales que se enuncian en el Anexo I se establecerán conforme a las pautas señaladas, sin perjuicio de las disposiciones que deban aplicarse por obligación legal, constitucional o por incentivos en la contratación. En este sentido, en caso de que existan normativa específica que impongan requisitos obligatorios, estas deberán ser cumplidas de acuerdo con su naturaleza y alcance. 52 B. CRITERIOS AMBIENTALES Dadas las consideraciones realizadas en el Capítulo 5, a continuación, se brindan orientaciones, para la definición e inclusión de criterios ambientales en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, teniendo en cuenta los principales aspectos en los Procesos de Contratación, conforme al análisis del sector, a la consulta del mercado, a la necesidad identificada, a las especificaciones técnicas, al análisis del ciclo de vida y demás aspectos necesarios para su estructuración: 53
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C. CRITERIOS SOCIALES Dadas las consideraciones realizadas en el Capítulo 5, a continuación, se brindan orientaciones, para la definición e inclusión de criterios sociales en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, teniendo en cuenta los principales aspectos en los Procesos de Contratación, conforme al análisis del sector, a la consulta del mercado, a la necesidad identificada, a las especificaciones técnicas, al análisis del ciclo de vida y demás aspectos necesarios para su estructuración: 65
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69 Cada Entidad Estatal será responsable de definir metas periódicas sobre las Compras Públicas Sostenibles, las cuales, serán el punto de partida para el diseño e implementación de un mecanismo de seguimiento, evaluación y monitoreo con el propósito de recopilar y analizar datos acerca del impacto de la incorporación de los criterios ambientales y sociales en los procesos de adquisición de la entidad. De esta manera, este mecanismo permitirá obtener resultados cualitativos y cuantitativos sobre los avances hacia el logro de las metas establecidas, lo cual aportará a: i) Identificar desafíos y oportunidades para la mejora continua ; ii) Establecer prioridades en función de las necesidades y los recursos disponibles; iii) Enfocar los esfuerzos en áreas que generen el mayor impacto en las Compras Públicas Sostenibles; iv) Promover la transparencia de la entidad al establecer metas públicas y así mismo, reportar los resultados alcanzados. Adicionalmente, la recopilación y análisis de datos sobre los avances en la implementación de las Compras Públicas Sostenibles en las Entidades Estatales, permitirá al Gobierno Nacional la identificación de las oportunidades de mejora para la eficiencia en el uso de los recursos públicos, a través de la adquisición de bienes y servicios con características de sostenibilidad; y a su vez, proporciona información útil para realizar evaluaciones en las políticas de compras públicas, con el fin de mejorar su impacto en términos de sostenibilidad. Dadas las consideraciones anteriores, a continuación, se brindan orientaciones, para el diseño de indicadores, en el marco de un mecanismo seguimiento, evaluación y monitoreo de compras públicas sostenibles: ANEXO I I INDICADORES 1. ¿Qué se debe tener en cuenta para el diseño de los indicadores? Para el diseño de indicadores de Compras Públicas Sostenibles se deben tener en cuenta, entre otros aspectos por mencionar: i) la identificación de las herramientas de levantamiento de información en la entidad; ii) la definición del alcance de lo que se desea medir en el marco de las Compras Públicas Sostenibles; iii) el establecimiento de variables claras y con disponibilidad de información confiable en la entidad; iv) la verificación de que el indicador a diseñar permita la medición, operación y monitoreo; v) la definición de la periodicidad de tiempo con la cual se medirá el indicador; vi) la posibilidad de interrelación entre indicadores para obtener resultados integrales; vii) el establecimiento de indicadores que permitan medir aspectos clave para el logro de una meta u objetivo establecido previamente; viii) la formulación de indicadores que permitan obtener datos asociados al reporte nacional de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12.7.1 “Número de países que aplican políticas y planes de acción de contratación pública sostenible”; ix) Definición de responsables para el reporte y análisis de los datos e información de soporte. 2. ¿Cómo analizar los resultados de los indicadores? Con el propósito de recopilar, procesar y realizar un análisis completo de los resultados obtenidos de los indicadores, se debe establecer una metodología de seguimiento y monitoreo, en la cual se deben considerar algunos elementos, por mencionar, entre otros: i) la delegación de responsables para el manejo de la información; ii) el desarrollo de mecanismos de recolección de los datos obtenidos basados en el cálculo de los indicadores previamente diseñados; 70 iii) la evaluación y análisis de los indicadores consolidados y comparados, de ser posible; iv) la consolidación de los resultados obtenidos del análisis de indicadores, mediante formatos claros y accesibles; v) la presentación de los resultados estadísticos utilizando gráficos, tablas y otros recursos visuales , de tal manera, que facilite la comprensión de la información; vi) la generación de un análisis acerca de las tendencias de los datos a lo largo del tiempo, con el propósito de identificar la variabilidad en el desempeño de las compras públicas sostenibles. 3. ¿Cuáles son los resultados esperados? En este sentido, mediante el procesamiento y análisis de la información de los indicadores de Compras Públicas Sostenibles, se busca que los resultados obtenidos permitan: i) evaluar en qué medida se han cumplido con los objetivos y metas establecidos en materia de las Compras Públicas Sostenibles; (ii) analizar la eficiencia y efectividad en la implementación del programa Compras Públicas Sostenibles; iii) identificar los retos y oportunidades en pro de la mejora continua de la implementación del programa; (iv) evaluar el impacto ambiental, social y económico obtenido en la entidad con la adquisición de bienes y servicios con características de sostenibilidad; (v) comparar los resultados obtenidos en diferentes períodos de tiempo para establecer la tendencia en los avances de las Compras Públicas Sostenibles; vi) identificar las lecciones aprendidas en la implementación de las Compras Públicas Sostenibles; vii) obtener datos asociados al reporte de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12.7.1. 4. Comunicación de los resultados Sin duda alguna, vale la pena comunicar con los actores involucrados e interesados, los resultados obtenidos tras los esfuerzos de cada entidad para la implementación del programa de Compras Públicas Sostenibles, en el marco, de su aporte a la transición de patrones de producción y consumo hacia unos más sostenibles. Para lo cual, a nivel interno, se recomienda desarrollar sesiones de capacitación sobre la importancia del seguimiento, evaluación y monitoreo de los avances en la implementación del programa de Compras Públicas Sostenibles, así como, socializar los documentos estratégicos en los cuales se establecen lineamientos para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de adquisición, con el propósito de sensibilizar al personal respecto a que la suma de esfuerzos de las diferentes dependencias permite obtener logros en materia de Compras Públicas Sostenibles. Bajo esta misma línea y en busca de visibilizar los resultados obtenidos con todo el personal de la entidad, se sugiere realizarlo mediante los canales institucionales de comunicación, como lo son, correos electrónicos, pancartas, infografías, informes de gestión; jornadas de sensibilización, entre otros. Ahora bien, como parte de la estrategia de comunicación externa con los actores involucrados e interesados, se recomienda socializar y divulgar los avances en la implementación de las Compras Públicas Sostenibles, mediante diferentes medios de comunicación, por mencionar entre otros: i) la publicación de los resultados del seguimiento y monitoreo de las Compras Públicas Sostenibles de la entidad en portales de datos abiertos; ii) la socialización de los resultados en espacios de rendición de cuentas; iii) la publicación de resultados en la página web de la entidad; iv) la publicación de los logros obtenidos con la implementación de las Compras Públicas Sostenibles en la redes sociales de la entidad; v) las jornadas de capacitación y sensibilización para proveedores y otras partes interesadas. 5. Ejemplos de indicadores Finalmente, con el propósito de brindar orientaciones a las Entidades Públicas y al sector privado acerca de los indicadores que pueden incluirse en el marco de la medición y seguimiento de las Compras Públicas Sostenibles, a continuación, se brindan algunos ejemplos de indicadores de gestión para las entidades e indicadores de impacto para el sector privado. 71 5.1. Indicadores de gestión (Entidades Públicas) Para el caso de las Entidades Públicas se presentan ejemplos sobre indicadores de gestión en el marco de la implementación de las Compras Públicas Sostenibles, relacionados con el valor de los contratos, número de contratos con criterios de sostenibilidad, etiquetas ambientales, entre otros, los cuales se detallan enseguida:
72 5.2. Indicadores de impacto (Sector privado) En lo que respecta a aquellas empresas con interés de ser proveedoras del Estado y los proveedores, a continuación, se brindan ejemplos sobre indicadores de impacto, relacionados con las acciones implementadas en el marco de la producción sostenible. Lo anterior, teniendo en cuenta que, pueden ser útiles para presentar los resultados como documentos soporte del cumplimiento de criterios de sostenibilidad solicitados desde las Entidades Estatales. Así mismo, permitirá identificar los avances de la empresa en términos de mejora de aspectos ambientales, sociales y económicos.
73 Con el fin de apoyar la implementación de las Compras Públicas Sostenibles, se pueden consultar las siguientes herramientas: ANEXO I I I HERRAMIENTAS DE SOSTENIBILIDAD
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El presente documento ha sido elaborado y expedido de manera conjunta por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) , en el marco de la implementación de la Política Pública de Reindustrialización incorporada en el documento Conpes 4129 de 2023. Con su implementación de apunta a promover la participación de las unidades productivas en procesos de Compra Pública sostenible. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Cristobal Padilla Tejeda Director General Ana María Tolosa Rico Secretaría General Guillermo Buenaventura Cruz Subdirector de Negocios Carolina Quintero Gacharná Subdirectora de Gestión Contractual Richard Ariel Bedoya De Moya Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico Larry Sadit Álvarez Morales Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (E) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible María Susana Muhamad González Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Mauricio Cabrera Leal Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental Sandra Patricia Montoya Villarreal Directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Coordinador del proyecto: Alejandro R. Sarmiento Cantillo Equipo Estructurador: Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– Ana Maria Ortiz Ballesteros Diana Lucia Saavedra Castañeda Tatiana Baquero Iguaran Equipo de Revisión y Apoyo: Cielo Victoria Gonzalez Meza Juan David Montoya Penagos La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) Andrea Acosta Giraldo Carlos Alonso Rodríguez Pardo -TUVI+ consultoría para GIZ Beatriz Elena Ortíz Gutierrez -TUVI+ consultoría para GIZ Karol Asprilla Cordoba -TUVI+ consultoría para GIZ Yohana Patricia Montañez Quevedo -TUVI+ consultoría para GIZ Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Angie Katherine Roncancio Sánchez Luis Fernando Ospina Reyes Alejandro Bañol Salazar José Manuel Perea Garcés Directivos