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Programa basura cero: de acuerdo con la norma tiene el propósito de articular las instancias del Gobierno nacional

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-11-17
Número
C-1617 de 2026

Síntesis del concepto

Programa basura cero: de acuerdo con la norma tiene el propósito de articular las instancias del Gobierno nacional

En resumen

En desarrollo de este mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 670 del 17 de junio de 2025, mediante el cual adicionó el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, reglamentando la implementación del Programa Basura Cero. Así las cosas, se consideró por parte de la Corte Constitucional que el artículo acusado desconoce, por una parte, las normas constitucionales que consagran la reserva legal en materia de contratación estatal y, por otra, aquellas que fijan límites a la potestad reglamentaria. De lo anterior, se advierte que el artículo 227 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 670 de 2025 establecen instrumentos de articulación, financiación y ejecución para materializar los objetivos del Programa Basura Cero, e incorporan algunas previsiones específicas sobre la participación de las organizaciones de recicladores de oficio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista, en el marco del Programa Basura Cero, debe celebrar convenios solidarios u otras formas de contratación pública con organizaciones de recicladores de oficio para el desarrollo de actividades de aprovechamiento de residuos, en cumplimiento del Decreto 670 de 2025. Esta disposición busca garantizar la inclusión socioeconómica de la población recicladora y su participación en la prestación del servicio público de aseo. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles las disposiciones que regulaban las asociaciones público-populares y las asociaciones de iniciativa público-popular, limitando la contratación bajo estas figuras. Esto implica que las entidades estatales deben buscar alternativas legales para materializar la participación de las organizaciones de recicladores en la implementación del programa, asegurando que estas asociaciones se ajusten a las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Fundamentos

  • Ley 2294 de 2023, art. 227
  • Ley 1150 de 2007, arts. 20 y 2
  • Ley 1508 de 2012

Puntos que trata

  • Programa basura cero: marco normativo y reglamentario, convenios solidarios y mecanismos de contratación, fuentes de financiación y participación privada

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

convenios solidarios y mecanismos de contratacion fuentes de financiacion y participacion privada marco normativo y reglamentario
Texto del documento 7.108 caracteres
PROGRAMA BASURA CERO – Marco normativo y reglamentario El artículo 227 de la Ley 2294 de 2023, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, creó el Programa Basura Cero en los siguientes términos: “Artículo 227. Programa Basura Cero. Créese el Programa Basura Cero, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un término máximo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el cual articulará las instancias de Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil; garantizará la participación de la población recicladora y sus organizaciones, impulsando su inclusión e inserción socioeconómica; determinará los aspectos regulatorios, de supervisión y control, y las inversiones requeridas para avanzar en la eliminación del enterramiento hacia la implementación de parques tecnológicos y ambientales, de tratamiento y valorización de residuos, promoción del desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y mitigación del cambio climático; definirá un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto y las celdas transitorias, promoviendo soluciones que prioricen el tratamiento y aprovechamiento de residuos; e impulsará la economía circular”. De acuerdo con la norma, el programa, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene el propósito de articular las instancias del Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil, para avanzar hacia la eliminación del enterramiento de residuos mediante la implementación de parques tecnológicos y ambientales, de tratamiento y valorización de residuos, con promoción del desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y mitigación del cambio climático, así como impulsar la economía circular. Asimismo, la disposición estableció la obligación de garantizar la participación de la población recicladora y sus organizaciones, mediante acciones orientadas a su inclusión e inserción socioeconómica. (…) En desarrollo de este mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 670 del 17 de junio de 2025, mediante el cual adicionó el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, reglamentando la implementación del Programa Basura Cero. Esta regulación desarrolla los objetivos del programa, sus estrategias, mecanismos de gobernanza, responsabilidades institucionales, instrumentos de planeación y fuentes de financiación. PROGRAMA BASURA CERO – Convenios solidarios y mecanismos de contratación En materia de contratación, el decreto en comento contempla algunas disposiciones que deben destacarse: en primer lugar, el literal c) del objetivo 3 del artículo 2.3.2.8.2.2 promueve la celebración de asociaciones público-populares, asociaciones de iniciativa público-popular, convenios solidarios u otras formas de contratación pública con las organizaciones de recicladores de oficio, para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento, de conformidad con la reglamentación que se expida sobre la materia. Esta previsión busca materializar la participación e inclusión socioeconómica de dicha población en la prestación del servicio público de aseo y debe interpretarse en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las respectivas figuras asociativas y contractuales. Sobre el particular, debe advertirse que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-033 del 25 de febrero de 2026, declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, que regulaban las asociaciones público-populares y las asociaciones de iniciativa público-popular por considerar que vulneran la reserva de ley prevista en la Constitución —artículo 150, inciso final— para la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los límites de la potestad reglamentaria establecidos en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política . En efecto, señaló que tales infracciones al principio de legalidad se evidencian en la medida en que el artículo 100, atendiendo al factor subjetivo, incorpora un nuevo supuesto de contratación directa sin definir de manera concreta los sujetos destinatarios de la norma. Respecto del artículo 101 demandado, la Corte concluyó que este precepto consagra una excepción a la aplicación del Estatuto General de Contratación para un instrumento denominado Asociación de iniciativa público popular, cuya regulación se remite a lo previsto en dicha disposición y a su reglamentación. Así las cosas, se consideró por parte de la Corte Constitucional que el artículo acusado desconoce, por una parte, las normas constitucionales que consagran la reserva legal en materia de contratación estatal y, por otra, aquellas que fijan límites a la potestad reglamentaria. Ello debido a la indeterminación tanto del sujeto estatal como del sujeto particular destinatarios de la disposición, lo que implica que el reglamento deba precisar elementos propios del régimen legal de contratación pública. En consecuencia, se precisa que estas dos figuras ya no hacen parte del ordenamiento y la remisión que señala el Decreto 670 de 2025 carece hoy de soporte legal. PROGRAMA BASURA CERO – Fuentes de financiación y participación privada El decreto prevé mecanismos de asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos para la estructuración de proyectos y la gestión de fuentes de financiación nacionales e internacionales. En particular, los artículos 2.3.2.8.4.1 y 2.3.2.8.4.2 contemplan diferentes fuentes para financiar el programa, entre ellas recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, aportes de las entidades territoriales, tarifas del servicio público de aseo, financiación privada, mercados de carbono, cooperación internacional, banca multilateral y bonos verdes. A su vez, el parágrafo 2 del artículo 2.3.2.8.3.2 promueve la participación de las entidades territoriales en nuevos negocios relacionados con los subproductos de los residuos y el impulso del desarrollo público de los parques tecnológicos y ambientales, participación que deberá ejercerse dentro de las competencias y autorizaciones legales de cada entidad. De lo anterior, se advierte que el artículo 227 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 670 de 2025 establecen instrumentos de articulación, financiación y ejecución para materializar los objetivos del Programa Basura Cero, e incorporan algunas previsiones específicas sobre la participación de las organizaciones de recicladores de oficio. No obstante, estas disposiciones no establecen un régimen contractual especial o autónomo para el desarrollo de los proyectos del programa, ni consagran una excepción general a los procedimientos de selección previstos en el EGCAP. La referencia a convenios solidarios corresponde a instrumentos cuya procedencia está delimitada por sus respectivas normas y, particularmente, a mecanismos de vinculación de las organizaciones de recicladores.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1617-de-2026/