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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-11-09
Número
C-1526 de 2026

Síntesis del concepto

Contratación estatal: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Regla de decisión

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, establece que en contratos plurales se considera únicamente la planta de personal del integrante con mayor porcentaje de participación para asignar el puntaje adicional por vinculación laboral de personas con discapacidad. La norma no regula explícitamente el caso en que dos o más integrantes tengan el mismo porcentaje máximo, pero una interpretación sistemática y finalista permite considerar que cualquiera de estos integrantes puede acreditar las condiciones para obtener el puntaje adicional, siempre que la verificación se realice exclusivamente respecto a uno de ellos. Esta interpretación reitera y matiza la regla anterior, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación de la norma en casos de empate porcentual entre integrantes del proponente plural.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cómo debe aplicarse la regla prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, respecto de la acreditación de la planta de personal de los proponentes plurales, cuando dos o más de sus integrantes tienen el mismo porcentaje máximo de participación?

Fundamentos

  • Ley 1618 de 2013
  • Decreto 287 de 2026, art. 1
  • Decreto 0287 de 2026

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

El artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, establece que, tratándose de proponentes plurales, para efectos de la asignación del puntaje adicional por la vinculación laboral de personas con discapacidad, se tendrá en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. En consecuencia, la disposición establece un criterio objetivo para determinar cuál de los integrantes del consorcio o unión temporal debe acreditar las condiciones de vinculación laboral exigidas, sin que resulte procedente sumar o acumular las plantas de personal de los diferentes miembros del proponente plural para efectos de obtener dicho puntaje.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Acreditación Antecedentes normativos Contratación pública inclusiva Decreto 392 de 2018 Documentos Personas con discapacidad Puntaje adicional del 2% Sistema Integral de Preferencias

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Texto del documento 3.721 caracteres
DECRETO 287 DE 2026 ‒ Antecedentes normativos ‒ Decreto 392 de 2018 En cumplimiento parcial de los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, se expidió el Decreto 392 de 2018. Sin embargo, como se reconoce en los considerandos del Decreto 0287 de 2026, dicha regulación presentó omisiones estructurales que frustraron la finalidad de la ley estatutaria, pues solo contempló el 1% de puntaje para empleadores de PcD, sin incluir a las empresas de PcD, redujo el «sistema de preferencias» a un único criterio de desempate y no previó medidas en planeación, criterios habilitantes diferenciales, condiciones especiales de ejecución ni abordó la contratación directa como escenario de inclusión. En consecuencia, desde el punto de vista sustantivo, el Decreto 392 de 2018 reglamentó el numeral 1 de manera parcial y el numeral 7, dejando sin reglamentación material el numeral 8, que era precisamente el que ordenaba el sistema de preferencias en favor de las propias PcD como contratistas. Lo anterior fue ratificado por el Consejo de Estado que mediante una acción de cumplimiento, declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad, sus emprendimientos y empresas que las contratan. La Sala calificó la obligación como imperativa, expresa e inobjetable, señalando que el Gobierno Nacional no contaba con margen de discrecionalidad para decidir si reglamentaba o no el sistema de preferencias. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Sistema Integral de Preferencias ‒ Contratación pública inclusiva ‒ Personas con discapacidad En cumplimiento de esa decisión fue expedido el Decreto 0287 de 2026, el cual establece un Sistema Integral de Preferencias compuesto por cinco medidas afirmativas que actúan en todas las fases del proceso contractual, planeación, selección, adjudicación y ejecución, y que benefician a dos sujetos diferenciados: los emprendimientos y empresas de PcD y los empleadores de PcD. Mediante la expedición del mencionado decreto, en aplicación directa de la Constitución Política y para que exista una igualdad material para las personas con discapacidad, se pretende subsanar la falta de acciones afirmativas del Decreto 392 de 2018, modificando los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Puntaje adicional del 2% ‒ Documentos ‒ Acreditación Para efectos de la acreditación de la situación señalada en el numeral 2 del artículo 2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 287 de 2026 referente al empleador de PcD, el proponente deberá presentar: i) la certificación suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal que deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Dicho documento además debe relacionar los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Y ii) el certificado que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo, cuya vigencia deberá ser verificada por la entidad estatal, conforme a la normativa aplicable.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1526-de-2026/