Síntesis del concepto
Liquidación del contrato: la entidad debe requerir esa ampliación cuando resulte legal y contractualmente procedente y documentar sus actuaciones
Relevancia
Reitera la jurisprudencia.
Regla de decisión
La entidad debe requerir esa ampliación cuando resulte legal y contractualmente procedente y documentar sus actuaciones, de modo que no es exacto afirmar, en abstracto, que la ampliación nunca constituye una exigencia legal.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista debe mantener vigente la garantía de cumplimiento hasta la liquidación del contrato, según establece el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, lo que implica que la vigencia de los amparos debe extenderse hasta el cierre integral de la relación contractual, independientemente de que el objeto se haya ejecutado en su totalidad. La administración debe considerar la naturaleza específica del riesgo y la duración temporal del mismo para determinar la vigencia de los amparos, y no puede aplicar plazos uniformes no previstos en la ley. La falta de ampliación de la vigencia de las pólizas no constituye un impedimento legal para suscribir la liquidación bilateral o unilateral, siempre y cuando la administración declare la suficiencia de la garantía y no haya riesgos de incumplimiento. Esta regla reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la competencia de la administración durante la etapa de liquidación, y permite a la entidad estatal cerrar financieramente el expediente contractual sin incurrir en la caducidad de la facultad liquidadora.
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Pregunta que resuelve
¿La exigencia de mantener o ampliar la vigencia de las garantías constituye un requisito para suscribir la liquidación de los convenios y contratos estatales —incluidos los interadministrativos— cuyo objeto se ejecutó en su totalidad, y ii) qué amparos deben permanecer vigentes durante la etapa de liquidación conforme al régimen del Decreto 1082 de 2015 y a los términos legales para liquidar?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 41 y 60
- Ley 489 de 1998, art. 95
- Ley 1150 de 2007, arts. 7 y 11
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En resumen
I. La terminación de la ejecución física y financiera no extingue, por sí sola, las obligaciones de garantía ni las demás obligaciones del contrato. Para determinar si procede exigir la ampliación de un amparo, la entidad debe identificar la naturaleza y el régimen del negocio —distinguiendo el contrato interadministrativo, de obligaciones recíprocas y sujeto al Estatuto General de Contratación, del convenio de cooperación del artículo 95 de la Ley 489 de 1998—, las garantías efectivamente exigidas, las obligaciones pendientes y la vigencia propia de cada amparo.
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Texto del documento 4.869 caracteres
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Concepto – Naturaleza jurídica – Finalidad
[…] la liquidación del contrato estatal es el ajuste de cuentas en el cual se realiza un balance económico, técnico y jurídico del negocio. Así lo manifestó el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de octubre de 2014 (Sección Tercera, Exp. 27.777), en la que consideró, por un lado, que liquidar supone un ajuste en relación con las cuentas y el estado de cumplimiento del contrato estatal y, por otro, que la liquidación debe incluir el análisis de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, así como el balance económico y el comportamiento financiero del negocio.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Tipos de liquidación – Bilateral, unilateral y liquidación judicial
En suma, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, existen tres (3) tipos de liquidación: i) bilateral, ii) unilateral y iii) judicial. En términos generales, la primera, que puede ser total o parcial, debe hacerse en el término que estipulen las partes o, en su defecto, dentro del término supletivo de cuatro (4) meses. La segunda se debe practicar dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término que acuerden las partes, o ante el silencio de estas, luego de los cuatro (4) meses para realizar la liquidación bilateral, sin que esta se efectúe. Finalmente, la tercera la realiza la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o un tribunal de arbitramento dentro de un proceso judicial de controversias contractuales, y puede darse con ocasión de una demanda del interesado solicitando dicha liquidación. Para ello, existe un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de los dos meses establecidos en la Ley para realizar la liquidación unilateral, de conformidad con el citado auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado.
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – Amparos – Definición – Coberturas – Vigencia mínima
Ahora bien, la suficiencia de la garantía de cumplimiento, sobre la que se consulta, debe entenderse a la luz de este marco temporal. El artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 establece que el amparo de cumplimiento “deberá tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato”. Conforme la norma citada, el amparo cubre tanto el plazo de ejecución como el plazo de vigencia del contrato. Al respecto, la jurisprudencia define el plazo de ejecución como el establecido para la realización de las prestaciones contractuales y, de igual forma, considera que el plazo de vigencia de este no ha finalizado mientras subsista la obligación para las partes de liquidar el contrato.
DECRETO 1082 DE 2015 – Régimen de garantías – Definición de amparos – Reglas sobre suficiencia y vigencia
En ese orden, no existe una regla legal que imponga, para los amparos de calidad del servicio o de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, un plazo uniforme equivalente al período de ejecución más treinta meses. Ese plazo solo sería admisible si corresponde a una determinación contractual soportada en un estudio de riesgos que así lo justifique. Tampoco existe fundamento legal para aplicar de manera general la regla utilizada en algunos Acuerdos Marco de “plazo de la orden más seis meses”, pues esa fórmula corresponde exclusivamente a las decisiones regulatorias para ese instrumento contractual y no se proyecta automáticamente sobre los procesos de selección ordinarios. Los amparos deben responder a la naturaleza específica del riesgo y a la duración temporal del mismo.
En consecuencia, al integrar las reglas legales sobre la liquidación de los contratos estatales, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado sobre la competencia de la administración durante dicha etapa, y el contenido de los artículos 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, se evidencia que la determinación de la vigencia de los amparos de la garantía única de cumplimiento no puede desvincularse del período en que el contrato permanece jurídicamente abierto, ni de la duración real de los riesgos que cada amparo está llamado a cubrir. La vigencia de los amparos debe extenderse, como mínimo, hasta el cierre integral de la relación contractual, el cual solo se consolida con la liquidación en cualquiera de sus modalidades. Y en el caso de los amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, la extensión adicional de su vigencia debe corresponder al análisis técnico del riesgo y no a la aplicación automática de plazos uniformes no previstos en la ley. Toda determinación que restrinja la vigencia a la mera ejecución, o que establezca un término fijo sin justificación en el estudio de riesgos, desconocería la competencia de la administración para declarar incumplimientos durante la liquidación y comprometería la suficiencia de la garantía.