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Colombia Compra Eficiente Concepto

Multas y cláusula penal: la entidad debe conservar simultáneamente la competencia contractual

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-10-06
Número
C-1332 de 2026

Síntesis del concepto

Multas y cláusula penal: la entidad debe conservar simultáneamente la competencia contractual

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Regla de decisión

La entidad debe conservar simultáneamente la competencia contractual para adoptar la medida y encontrarse dentro del término general de caducidad de la facultad sancionatoria, cuando este resulte aplicable.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ser sancionado unilateralmente con multas una vez se ha extinguido el plazo de ejecución del contrato, ya que estas tienen una naturaleza conminatoria y su finalidad es esencialmente correctiva y preventiva. Sin embargo, la cláusula penal pecuniaria puede hacerse efectiva incluso después de la terminación del contrato, siempre y cuando se haya pactado en el instrumento contractual y la entidad estatal conserve la competencia para liquidar el contrato. La entidad estatal puede declarar el incumplimiento y cuantificar los perjuicios hasta la liquidación del contrato, pero si esta oportunidad ha vencido, la entidad debe perseguir el resarcimiento ante el juez del contrato. Este concepto reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo límites claros para la imposición de multas y cláusulas penales en función de la naturaleza jurídica de cada medida y el estado del contrato, lo que tiene implicaciones significativas para la práctica contractual y la administración de sanciones por incumplimiento.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el límite temporal para que una entidad estatal ejerza las facultades previstas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 frente a un incumplimiento contractual, y qué relación existe entre dicho límite y el término de caducidad de la facultad sancionatoria previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 60
  • Ley 1150 de 2007, art. 2
  • Ley 1437 de 2011, art. 52

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Para abordar el problema jurídico planteado, es necesario precisar que: Respecto de la imposición de multas y sanciones se señala que la autonomía de la voluntad, consagrada en el artículo 1602 del Código Civil, habilita a las partes para pactar cláusulas de apremio o multas y cláusula penal destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Autonomía de la voluntad Cláusula penal Competencia temporal Imposición unilateral Incumplimiento Multas Oportunidad para su imposición Procedimiento aplicable

Guías del tema

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Texto del documento 5.217 caracteres
MULTAS Y CLÁUSULA PENAL – Autonomía de la voluntad – Imposición unilateral – Competencia temporal Por lo tanto, en virtud de la autonomía de la voluntad –artículo 1602 Código Civil–, las partes de un contrato, para procurar el cumplimiento de las obligaciones a su favor, pueden pactar las cláusulas contractuales de apremio y la pena adjudicable a la parte incumplida. Su naturaleza es punitiva y se causan en los eventos en los que se configure un incumplimiento contractual del deudor. De esta manera, tanto la imposición unilateral de las multas pactadas, como la reclamación de la cláusula penal, ocurre como manifestación de las prerrogativas de control, dirección y coerción que ejerce el Estado ante un incumplimiento por parte de sus contratistas. En cuanto a la competencia temporal para la imposición de sanciones por incumplimientos contractuales, esta no se determina por la denominación de la medida, sino por su naturaleza jurídica y por la función que cumple dentro de la relación contractual. En este sentido, la multa debe imponerse durante la ejecución del contrato, en tanto constituye un mecanismo de coerción orientado a conminar al cooperante al cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Su finalidad es esencialmente preventiva y correctiva, por lo que solo resulta procedente mientras el contrato se encuentra vigente y en curso de ejecución. Por su parte, la cláusula penal pecuniaria, dada su naturaleza sancionatoria y/o indemnizatoria, puede hacerse efectiva incluso una vez finalizada la relación contractual. Esta facultad se extiende hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato, etapa en la cual la entidad puede determinar y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento, siempre que así se haya estipulado en el instrumento contractual. En tal sentido, se retoma lo expuesto en el Concepto C-939 del 24 de julio de 2026, que adoptó el criterio según el cual el límite temporal se determina por la naturaleza de la medida y por el término de que dispone la administración para liquidar el negocio jurídico. Como lo ha expresado el Consejo de Estado con respecto a estas cláusulas, resulta pertinente precisar que la potestad sancionatoria debe ejercerse de acuerdo con el tipo de medida a imponer, a la culminación de la relación negocial o la fecha prevista para la liquidación del negocio jurídico. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL – Oportunidad para su imposición El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 condiciona expresamente la imposición unilateral de multas a que se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, en coherencia con su naturaleza conminatoria: extinguido el plazo de ejecución, el apremio carece de objeto. La cláusula penal pecuniaria, en cambio, opera como tasación anticipada de perjuicios frente a un incumplimiento definitivo, por lo que su imposición unilateral procede mientras la entidad conserve competencia sobre la relación contractual, esto es, hasta la liquidación del contrato; vencida esa oportunidad, la entidad no pierde el derecho al resarcimiento, pero deberá perseguirlo ante el juez del contrato. En consecuencia, mientras el contrato se encuentra en ejecución y la conminación al cumplimiento conserva utilidad, el mecanismo procedente es la multa; configurado el incumplimiento definitivo, procede la cláusula penal pecuniaria, reducida en la proporción que corresponda conforme a lo expuesto. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Incumplimiento – Procedimiento Aplicable. Al respecto, el inciso primero del mencionado artículo dispone: “Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal […]”. En tal sentido, este es el procedimiento establecido para hacer efectivas las sanciones contractuales, como es la caducidad del contrato y la imposición unilateral de multas y cláusula penal contractual que se derivan del incumplimiento contractual. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Multas – Cláusula penal – Imposición unilateral El último grupo de potestades excepcionales – imposición unilateral de la multa o la cláusula penal–, por el contrario, cuentan con una particular combinación entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad, de tal suerte que si bien el legislador autorizó a las entidades para declarar el incumplimiento con la intención de multar al contratista para conminarlo al cumplimiento o para hacer efectiva la cláusula penal, es indispensable que uno u otro caso se hayan pactado en el contrato. No obstante, cumplido el requisito del pacto en el contrato, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus modificaciones, en adelante EGCAP–, por ministerio de la ley –artículo 17 de la Ley 1150 de 2007–, se entienden investidas de la prerrogativa de imposición unilateral. Se reitera que la exorbitancia de las dos cláusulas transcritas –cláusula penal y multas– se refiere a su imposición unilateral; no a su pacto, que es posible en virtud de las normas civiles y comerciales.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1332-de-2026/