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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: el Decreto 0997 de 2026 no pretende imponer el ACV como requisito universal a todos los procesos de contratación

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-09-18
Número
C-1147 de 2026

Síntesis del concepto

Contratación estatal: el Decreto 0997 de 2026 no pretende imponer el ACV como requisito universal a todos los procesos de contratación

Regla de decisión

En desarrollo de esa misma finalidad, exige que las Entidades Estatales analicen “los impactos económicos, sociales y ambientales directos e indirectos identificados en las etapas del Ciclo de Vida del bien obra o servicio a contratar”.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe considerar que el "Ciclo de Vida" del Decreto 0997 de 2026 abarca todas las etapas del proceso de un bien, obra o servicio, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final o reutilización, permitiendo a las entidades estatales evaluar integralmente los impactos económicos, sociales y ambientales a lo largo de toda la vida del objeto contractual. Esta definición amplia no requiere la aplicación del procedimiento normalizado de las series ISO 14040/14044 ni la adopción del formalismo metodológico propio del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), estableciendo un marco jurídico flexible y proporcional que permite a las entidades realizar un análisis del ciclo de vida en función de la naturaleza, complejidad y valor de cada proceso, sin imponer requisitos desproporcionados o restrictivos que puedan afectar la participación de los oferentes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el alcance que deben dar las entidades estatales a la expresión “Ciclo de Vida” del Decreto 0997 de 2026?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 3
  • Ley 617 de 2000
  • Ley 1150 de 2007, art. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Lo anterior supone que el uso de la expresión “Ciclo de Vida” tiene el alcance previsto en dicha definición, de modo que no se refiere ni se limita al procedimiento específico denominado Análisis de Ciclo de Vida (ACV). De esta forma, el "Ciclo de Vida" tal como lo define el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 es un marco conceptual de referencia para que las Entidades Estatales identifiquen y valoren los impactos económicos, sociales y ambientales asociados a las distintas etapas del objeto contractual, que no exige la aplicación del procedimiento normalizado ISO 14040/14044 ni la adopción del formalismo metodológico propio del ACV. El decreto introduce un esquema de implementación gradual para varias de sus disposiciones, diferenciando los plazos según el nivel y la categoría de las entidades estatales, con el fin de asegurar una transición ordenada y proporcional a sus capacidades administrativas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) Ciclo de Vida Compras Públicas Sostenibles Definición Disposiciones Distinción

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Adicionalmente, establece que la incorporación de criterios ambientales y sociales debe realizarse bajo parámetros de objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y vinculación con el objeto contractual, con base en el análisis del sector y las condiciones del mercado, evitando la imposición de requisitos desproporcionados o restrictivos que puedan afectar la participación de los oferentes. En esa línea, la adición del artículo 2.2.1.1.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 incorpora la planeación estratégica como criterio rector del Plan Anual de Adquisiciones, desarrollando el deber de planeación derivado de los artículos 209 de la Constitución Política y 74 de la Ley 1474 de 2011. […] Por su parte, la definición de “Ciclo de Vida” incorporada en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 desarrolla los principios de economía, eficiencia y sostenibilidad previstos en los artículos 209 y 267 superiores, así como el criterio de selección objetiva contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. […] En desarrollo de esa misma finalidad, la modificación del artículo 2.2.1.1.1.6.1, relativa al deber de análisis del sector, exige que las Entidades Estatales analicen “ los impactos económicos, sociales y ambientales directos e indirectos identificados en las etapas del Ciclo de Vida del bien obra o servicio a contratar” . […] A su turno, la modificación del artículo 2.2.1.1.1.6.2 sobre requisitos habilitantes desarrolla el mandato legal de selección objetiva y precisa las condiciones bajo las cuales las entidades estatales pueden incorporar criterios ambientales y sociales como condiciones técnicas vinculadas al objeto contractual. […] La modificación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 sobre estudios y documentos previos concreta reglamentariamente el deber de planeación contractual, al exigir que las entidades consideren los impactos en materia de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y alternativas de innovación asociados a la contratación. 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Esta definición tiene una vocación integral y comprensiva, orientada a que las Entidades Estatales evalúen los impactos económicos, sociales y ambientales a lo largo de toda la vida del objeto contractual. En ese sentido, el «Ciclo de Vida» constituye un marco conceptual de referencia para identificar y valorar dichos impactos en las distintas etapas del objeto contractual, y no exige la aplicación del procedimiento normalizado de las series ISO 14040/14044 ni la adopción del formalismo metodológico propio del ACV. Por consiguiente, el Decreto 0997 de 2026 no establece el ACV como requisito universal aplicable a todos los Procesos de Contratación, sino que instaura un marco jurídico de carácter flexible y proporcional, a la luz del cual las Entidades Estatales deben realizar un análisis a lo largo del Ciclo de Vida con sujeción a la naturaleza, complejidad y valor de cada proceso.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1147-de-2026/