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Colombia Compra Eficiente Concepto

Ley de garantías electorales: es responsabilidad del respectivo ente del Estado

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-09-07
Número
C-1224 de 2026

Síntesis del concepto

Ley de garantías electorales: es responsabilidad del respectivo ente del Estado

Regla de decisión

Corresponde a cada entidad pública verificar y justificar, que la contratación directa que pretende adelantar se encuentra efectivamente comprendida dentro de alguna de las cinco hipótesis previstas por el legislador.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede realizar contratación directa durante el período de la Ley de Garantías Electorales, salvo en cinco casos específicos: contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, contratos necesarios para atender emergencias educativas, sanitarias y desastres, contratos para reconstruir infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor, y contratos que deban realizar entidades sanitarias y hospitalarias. Estas excepciones son interpretadas restrictivamente, por lo que la entidad estatal debe verificar que la contratación directa que adelanta se ajusta a alguna de estas circunstancias. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la interpretación del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, proporcionando una guía clara para las entidades estatales sobre cómo aplicar las restricciones de contratación directa durante el período electoral.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuáles son las excepciones a la prohibición de contratación directa establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 durante el período de aplicación de la Ley de Garantías Electorales?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 32 y 39
  • Ley 338 de 1997, art. 58
  • Ley 996 de 2005, art. 33

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, ha de entenderse que, para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Contratación directa Excepciones Prohibición artículo 33

Guías del tema

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Texto del documento 3.261 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición artículo 33 – Contratación directa – Alcance De acuerdo con el citado concepto, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa, además lo es con la posterior creación de la modalidad de mínima cuantía establecida actualmente en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las modificaciones realizadas por leyes posteriores. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones De otro lado, las excepciones a la restricción prevista en la Ley de Garantías, con fundamento en las cuales podrán las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, se encuentran consagradas expresamente en el inciso final del citado artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en lo referente a i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Es responsabilidad del respectivo ente del Estado, examinar en cada caso la naturaleza de las actividades que adelanta y determinar si las mismas se enmarcan en alguna de las mencionadas excepciones, de manera que se le permita realizar la contratación que necesite en forma directa. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 De acuerdo con estos pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la prohibición de la contratación directa también aplica frente a las entidades exceptuadas de la aplicación del EGCAP y que se rigen en materia contractual por el derecho privado. Sin embargo, señaló que algunas de estas entidades, como sucede con las empresas de servicios públicos domiciliarios, los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las entidades aseguradoras no pueden adquirir los suministros de bienes y servicios necesarios para la realización de su actividad por contratación directa, sino por mecanismos competitivos que impliquen convocatoria pública y la posibilidad de la existencia de pluralidad de oferentes, pero indicó que en estos casos “las empresas no pueden dejar de entregar los servicios públicos a su cargo a nuevas personas, ni dejar de renovar los contratos existentes, pues significaría la parálisis de una actividad propia de la administración, que incluso podría desconocer los derechos fundamentales”

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1224-de-2026/