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Colombia Compra Eficiente Concepto

Privacidad de la información: su incumplimiento parcial no impide la participación del proponente en el proceso de contratación

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-08-28
Número
C-1115 de 2026

Síntesis del concepto

Privacidad de la información: su incumplimiento parcial no impide la participación del proponente en el proceso de contratación

Regla de decisión

Ahora, el proponente podrá obtener el puntaje si, con las PcD debidamente acreditadas, alcanza el número mínimo previsto en la tabla contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4, que ya incorpora los mínimos de la Ley 2466 de 2025; de lo contrario participará en el proceso sin acceder al puntaje correspondiente.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe aportar certificados individuales de aportes a seguridad social de las personas con discapacidad vinculadas en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta para obtener el puntaje adicional del 2% en la contratación pública, sin que exista mecanismo alternativo que supla este requisito, aunque su incumplimiento parcial no impide la participación en el proceso. La regla reitera la necesidad de cumplir con los documentos específicos para acreditar la condición de empleador de personas con discapacidad, diferenciándolos de los requerimientos para ser emprendimiento o empresa de personas con discapacidad. Además, la entidad estatal debe armonizar la protección de datos sensibles con el principio de divulgación parcial, garantizando la publicidad del proceso mientras se anonimaniza o suprime la información sensible, como los certificados de discapacidad, para proteger la privacidad de los datos personales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Para obtener el puntaje por vinculación de personas con discapacidad es obligatorio aportar los certificados individuales de discapacidad o basta con el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo y; ii) ¿Cómo debe armonizarse esta exigencia con la protección de datos sensibles y los principios de racionalización de trámites y economía administrativa?

Fundamentos

  • Ley 22 de 1967
  • Ley 80 de 1993, art. 25
  • Ley 82 de 1988

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En atención a los problemas jurídicos planteados, es necesario precisar que el Decreto 0287 de 2026 reglamentó los numerales 1, 7 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y estableció un Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad (en adelante, PcD), dentro del cual se encuentra el puntaje adicional del dos por ciento (2%) previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015 (modificado).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Acreditación simultánea de condiciones  Antecedentes normativos Contratación pública inclusiva Datos sensibles sometidos al principio de acceso y circulación restringida de la Ley 1581 de 2012 Decreto 392 de 2018 Definición y diferenciación Empleadores de personas con discapacidad Emprendimientos y empresas de personas con discapacidad Modalidades de selección aplicables No acumulabilidad Omisiones reglamentarias Período de tres meses Personas con discapacidad Planillas de seguridad social Principio de divulgación parcial previsto en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 Puntaje adicional del 2% Sentencia de acción de cumplimiento Sistema Integral de Preferencias Sujetos del sistema Vinculación de personas con discapacidad Vinculaciones recientes

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La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente.
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El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento, sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta.
Texto del documento 8.374 caracteres
DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Sistema Integral de Preferencias ‒ Contratación pública inclusiva ‒ Personas con discapacidad (…) Respecto al alcance del Decreto 0287 de 2026, es necesario indicar que este reglamenta los numerales 1, 7 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, acción que fue ordenada por el Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de acción de cumplimiento del 12 de diciembre de 2024, radicación N.° 05001-23-33-000-2024-00847-01, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, y establece un Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad en la contratación pública, entendido como el conjunto estructurado de medidas afirmativas, de naturaleza jurídica, técnica y procedimental, que las entidades estatales deben adoptar en todas las fases del proceso contractual: planeación, selección, adjudicación y ejecución. Este sistema está compuesto por cinco medidas: herramientas de planeación para procesos inclusivos, criterios habilitantes diferenciales, puntaje adicional del 2%, condiciones especiales de ejecución e inclusión de personas con discapacidad (en adelante, PcD) en contratos de prestación de servicios. A estas medidas se suma, de manera transversal e independiente de las anteriores, la obligación de compras públicas accesibles, cuya aplicación recae sobre todos los entes del Estado con independencia de su régimen de contratación y en todas las modalidades de selección, incluida la contratación directa, irradiando la fase de planeación ya que es allí donde la compra debe plantearse con criterios de accesibilidad. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Antecedentes normativos ‒ Decreto 392 de 2018 ‒ Omisiones reglamentarias ‒ Sentencia de acción de cumplimiento La insuficiencia del Decreto 392 de 2018 fue constatada judicialmente. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de acción de cumplimiento del 12 de diciembre de 2024, radicación n.° 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, declaró el incumplimiento del Gobierno Nacional del artículo 62 de la Ley 1996 de 2019, que ordenaba reglamentar las medidas del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, y ordenó expedir los decretos reglamentarios faltantes en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia. La Sala calificó la obligación como imperativa, expresa e inobjetable, señalando que el Gobierno Nacional no contaba con margen de discrecionalidad para decidir si reglamentaba o no el sistema de preferencias. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Sujetos del sistema ‒ Emprendimientos y empresas de personas con discapacidad ‒ Empleadores de personas con discapacidad ‒ Definición y diferenciación El sistema beneficia a dos sujetos diferenciados cuyas medidas no son idénticas ni intercambiables. El primer sujeto son los emprendimientos y empresas de PcD, definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (modificado) según cuatro categorías: personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal; personas naturales con discapacidad que realicen actividades comerciales a través de establecimiento de comercio con al menos un año de antigüedad; personas jurídicas en las que más del 50% de las acciones o cuotas pertenezcan a PcD por al menos un año; y personas jurídicas con al menos una PcD vinculada laboralmente en un cargo de nivel directivo por al menos un año. El segundo sujeto son los empleadores de PcD, esto es, cualquier empresa que tenga en su planta de personal trabajadores con discapacidad contratados laboralmente con dedicación exclusiva, superando los mínimos que exige la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral). Confundir los dos sujetos genera aplicaciones incorrectas del sistema, razón por la cual resulta esencial que las entidades contratantes identifiquen en cada caso qué sujeto está acreditando el proponente y qué documentación y medidas corresponden a ese sujeto específico. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Puntaje adicional del 2% ‒ No acumulabilidad ‒ Acreditación simultánea de condiciones ‒ Modalidades de selección aplicables El artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 0287 de 2026 es explícito al disponer que, aunque el proponente acredite simultáneamente ser emprendimiento o empresa de PcD y ser empleador de PcD, el puntaje máximo a otorgar por este criterio es siempre el 2% del total de los puntos del pliego, sin que las condiciones acreditadas sean sumables para efectos de la evaluación de la oferta, y tampoco es posible disminuir ese porcentaje de puntos ya que siempre será el 2% como lo establece el decreto. Este puntaje aplica únicamente en entidades regidas por el Estatuto General de Contratación Pública, en las modalidades de licitación pública y concurso de méritos; no aplica en régimen especial, ni en selección abreviada, mínima cuantía ni contratación directa. DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Puntaje adicional del 2% ‒ Vinculación de personas con discapacidad ‒ Planillas de seguridad social ‒ Período de tres meses ‒ Vinculaciones recientes Ahora bien, la documentación para la acreditación de las condiciones bajo las cuales se otorga el puntaje depende del sujeto de que se trate, en la condición de empleador de PcD, los documentos están dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4, el cual exige, entre otros documentos, los certificados de aportes a seguridad social de los tres (3) meses anteriores a la presentación de la oferta respecto de cada PcD incluida en el cómputo, sin distinción entre vinculaciones iniciales e incrementos posteriores. No existe mecanismo alternativo que permita suplir este requisito. No obstante, su incumplimiento parcial no impide la participación del proponente en el proceso de contratación; simplemente limita el acceso al puntaje adicional respecto de las PcD cuyas planillas no alcancen ese período, pudiendo el proponente acreditar el puntaje con base en las PcD que sí cumplen el requisito temporal y participar en el proceso sin el puntaje en caso de no alcanzar ninguna. El término de tres (3) meses aquí mencionado es diferente al término de un (1) año mencionado en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 respecto de los emprendimientos y empresas de PcD. Para efectos de determinar el número mínimo de PcD que el proponente debe tener vinculadas en su planta de personal para acceder al puntaje, el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 0287 de 2026 establece una tabla, que ya incorpora los mínimos exigidos por la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), de modo que el puntaje solo se otorga a quien cumpla lo indicado en la tabla. La vinculación de PcD a las plantas de personal de posibles proveedores, debe ser a través de contrato laboral con dedicación exclusiva, cuya definición le corresponde al Ministerio del Trabajo. Por otra parte, los documentos para acreditar la otra condición que es ser emprendimiento o empresa de PcD son los indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 y no los del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – Datos sensibles sometidos al principio de acceso y circulación restringida de la Ley 1581 de 2012 – Principio de divulgación parcial previsto en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 La armonización entre el deber de publicidad y la protección del dato sensible se logra mediante el principio de divulgación parcial previsto en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, conforme al cual, cuando parte de la información contenida en un documento esté sometida a reserva o clasificación, debe divulgarse la demás información no exceptuada. En consecuencia, la reserva recae sobre el dato sensible y no sobre el documento en su integridad: la entidad debe publicar los documentos del proceso y garantizar que la evaluación sea verificable y oponible, adoptando medidas como la anonimización, el testado o la supresión de los datos sensibles en las versiones publicadas, por ejemplo, los certificados de discapacidad, los diagnósticos y demás datos de salud, así mismo el suministro de la información completa únicamente a quienes tengan derecho a acceder a ella, en condiciones que preserven su confidencialidad. De este modo se garantizan simultáneamente los principios de transparencia y publicidad del proceso contractual, el derecho de contradicción de los demás proponentes y los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data de las personas con discapacidad.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1115-de-2026/