Síntesis del concepto
Precios unitarios: no existen a priori tipologías contractuales
Regla de decisión
El resultado de la multiplicación anterior determina el valor unitario que deberá cancelar la entidad estatal.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede estructurar el presupuesto oficial y el precio de un contrato cuyo objeto sea el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de áreas de reserva natural bajo el esquema de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), ya que ni el sistema de precios unitarios ni el concepto de AIU están regulados en la normativa contractual del Estado, permitiendo a las entidades y empresas industriales y comerciales del Estado configurar el precio y el sistema de pago de acuerdo con sus necesidades, siempre que respeten los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. La entidad puede desagregar parcialmente los componentes del AIU, discriminando únicamente un porcentaje de Administración para cubrir costos indirectos de gestión y supervisión, sin que esto implique la desaparición de los conceptos no discriminados, ya que el beneficio económico del contratista y las contingencias propias del riesgo quedan incorporados en los precios ofertados.
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Pregunta que resuelve
¿Es jurídicamente viable que una entidad estatal estructure el presupuesto oficial y el precio de un contrato cuyo objeto sea el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de áreas de reserva natural bajo el esquema de Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU–?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 3, 13 y 23
- Ley 489 de 1998, arts. 85 y 93
- Ley 1150 de 2007, arts. 4, 13 y 14
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En resumen
El AIU es una metodología de estipulación del precio de origen consuetudinario que no cuenta con regulación en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ni en sus decretos reglamentarios. Por ello, no existen a priori tipologías contractuales en las que la ley o el reglamento impongan su utilización, ni tampoco tipologías en las que se prohíba emplearlo. En consecuencia, resulta jurídicamente viable que el presupuesto de un proceso cuyo objeto sea el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de áreas de reserva natural se estructure bajo el esquema de AIU, siempre que dicha decisión sea el resultado de los estudios previos y, en especial, del análisis del sector, en cumplimiento del principio de planeación.
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Texto del documento 4.356 caracteres
PRECIOS UNITARIOS – APU – AIU
[…] en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha hecho parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en su propuesta los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto–, de los costos indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la ejecución de las actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su ganancia–. En tal sentido, mientras que los costos directos se evidencian en el análisis de precios unitarios –APU–, como la sumatoria de los valores de los ítems según su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–.
AIU – Tipología contractual – Mantenimiento de bienes inmuebles – Viabilidad
Ni el sistema de precios unitarios –como metodología de estipulación del valor contractual–, ni el concepto de AIU, ni mucho menos la forma de calcularlo –es decir, su porcentaje–, son aspectos regulados en el conjunto de las disposiciones legales y reglamentarias que integran la normativa contractual del Estado. Por consiguiente, no hay a priori tipologías contractuales en las que la ley o el reglamento establezcan que se debe utilizar el AIU, ni tampoco tipologías en las que se prohíba hacerlo. De ahí que resulte jurídicamente viable estructurar bajo este esquema el presupuesto de contratos cuyo objeto consista en el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de áreas de reserva natural –que, para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, corresponden al contrato de obra en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en cuanto suponen la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles–, siempre que tal decisión sea el resultado de los estudios previos y, en especial, del análisis del sector, en cumplimiento del principio de planeación.
AIU – Régimen especial – Autonomía – Discrecionalidad
Tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como las excluidas de este –es decir, las que tienen un régimen especial, entre ellas las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades en competencia o en mercados regulados– gozan de autonomía para configurar el precio y para establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, respetando los límites previstos en el ordenamiento. En tal perspectiva, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU; modelo que es más pertinente para los contratos de tracto sucesivo. Lo anterior sin perjuicio del deber de acatar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
AIU – Componentes – Determinación – Desagregación parcial
Teniendo en cuenta que ni el concepto de AIU ni la forma de calcularlo son aspectos que cuenten con una regulación normativa en materia contractual del Estado, la determinación de los componentes del AIU dependerá del análisis particular que realice la entidad en relación con el presupuesto estimado del valor de la ejecución del contrato que, a su vez, sirve de guía para que los proponentes formulen sus ofertas. En consecuencia, no existe norma que imponga desagregar simultáneamente los tres componentes, de modo que la entidad puede discriminar únicamente un porcentaje de Administración destinado a cubrir costos indirectos de gestión y supervisión. Con todo, la ausencia de desagregación no implica la desaparición de los conceptos no discriminados: como el contrato estatal es oneroso y conmutativo, y en tanto los particulares que colaboran con las entidades estatales tienen derecho a obtener utilidades en los términos del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el beneficio económico del contratista y las contingencias propias del área normal quedan incorporados en los precios ofertados.