Síntesis del concepto
Requisitos habilitantes: la capacidad jurídica constituye un requisito habilitante que se predica de la aptitud legal para obligarse válidamente
Regla de decisión
La capacidad jurídica constituye un requisito habilitante que se predica de la aptitud legal para obligarse válidamente, se concreta en ser mayor de edad, no estar limitado por decisión judicial y no encontrarse incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista debe acreditar su capacidad jurídica para participar en procesos de contratación estatal, la cual se determina por su capacidad de ejercicio y la ausencia de inhabilidades legales, independientemente de que la actividad económica reportada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) o los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) no estén recogidos en la clasificación, ya que estos códigos tienen efectos declarativos y no constitutivos. En el caso analizado, la entidad estatal consultó sobre la validez de los códigos CIIU para acreditar la capacidad jurídica de las personas naturales en los procesos de contratación estatal, y se concluyó que dicha capacidad se mantiene aunque la actividad económica no se haya recogido en la clasificación, siempre y cuando la persona natural cumpla con los requisitos de edad y no esté inhabilitada por la ley. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de la capacidad jurídica en contratación estatal, permitiendo a los contratistas acreditar su capacidad de acuerdo con la ley y no necesariamente con la clasificación económica reportada.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Cuál es el alcance de los códigos CIIU frente a la capacidad jurídica de las personas naturales en los procesos de contratación estatal?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 6
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6
- Constitución Política
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Conforme a la interpretación de las normas generales del sistema de compras públicas, los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) no determinan ni limitan la capacidad jurídica de las personas naturales en los procesos de contratación estatal. En efecto, la capacidad jurídica constituye un requisito habilitante que se predica de la aptitud legal para obligarse válidamente, la cual, tratándose de personas naturales, se concreta en ser mayor de edad, no estar limitado por decisión judicial y no encontrarse incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Texto del documento 4.583 caracteres
REQUISITOS HABILITANTES – Noción
Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidos en disposiciones normativas, de carácter legal o reglamentario, o las contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los criterios de evaluación –también conocidos como criterios de calificación– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora.
A partir de lo dicho se deduce que los requisitos habilitantes, si bien constituyen obligaciones que los proponentes deben cumplir y acreditar para participar en el procedimiento de selección, no se valoran con un puntaje que determine el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previos a la evaluación en sentido estricto, de manera que quienes no los reúnan no pueden continuar en el procedimiento de selección, o sea, incurren en causal de rechazo. Esto sin perjuicio del derecho que tienen los oferentes de subsanar los defectos que se presenten en la prueba de tales requisitos, de conformidad con el artículo 5, parágrafos 1º al 4º, de la Ley 1150 de 2007.
CAPACIDAD JURÍDICA – Personas naturales – Objeto social
Para el Consejo de Estado “la capacidad jurídica en la contratación estatal se integra no solamente por la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio del proponente sino también por la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades de su parte. En otros términos, en la actividad negocial de la administración tiene capacidad jurídica el proponente que existe, que tiene plena capacidad de ejercicio o de obrar y que no tiene inhabilidad o impedimento alguno para intervenir en el iter contractual”. Si bien las inhabilidades y las incompatibilidades guardan relación con las incapacidades particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos, para efectos de la capacidad de ejercicio, es necesario estarse a lo dispuesto en inciso 1 del artículo 34 del Código Civil.
Se concluye que, las personas naturales que tienen capacidad jurídica para contratar son los mayores de edad, salvo que por disposición expresa se encuentren limitados por decisión judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones derivadas de la ley.
PERSONAS NATURALES – Capacidad – Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Efectos declarativos
Por otra parte, en el Registro Único Empresarial y Social –en adelante RUES–, administrado por las Cámaras de Comercio, se encuentra el listado de las actividades económicas que desarrolla cada empresa, según los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU–, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 590 de 2000 y el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012.
Los CIIU corresponde a un sistema estandarizado desarrollado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas en distintos sectores. Como explica el DANE, su objetivo es facilitar la recopilación, análisis y comparación de datos estadísticos a nivel nacional e internacional “La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades económicas que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. Por consiguiente, la CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de actividades de tal modo que las entidades puedan clasificarse según la actividad económica que realizan. Las categorías de la CIIU se han definido vinculándolas, en la medida de lo posible, con la forma en que el proceso económico está estructurado en diferentes tipos de unidades estadísticas y la manera como se describe ese proceso en las estadísticas económicas”.
De esta manera, los códigos del CIIU tienen efectos declarativos, no constitutivos. Por ello, respecto de la persona natural existe capacidad jurídica cuando son mayores de edad, salvo que por disposición expresa se encuentren limitados por decisión judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones derivadas de la ley y aquella se mantiene aunque la actividad económica no se haya recogido en la clasificación.