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Colombia Compra Eficiente Concepto

Marcas: el ordenamiento jurídico vigente no establece una prohibición general para que las Entidades Estatales exijan marcas específicas

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-07-10
Número
C-884 del 2026

Síntesis del concepto

Marcas: el ordenamiento jurídico vigente no establece una prohibición general para que las Entidades Estatales exijan marcas específicas

Regla de decisión

El ordenamiento jurídico vigente no establece una prohibición general para que las Entidades Estatales exijan marcas específicas en los procesos de selección.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no prohíbe exigir marcas en los pliegos, y de la interpretación integral de sus artículos 13, 32 y 40 se deduce que las entidades pueden contratar como en el derecho privado, salvo norma en contrario. Sin embargo, algunos tratados de libre comercio suscritos por Colombia prohíben esa exigencia. Bajo esos tratados, la entidad debe precisar la especificación técnica en términos de desempeño y requisitos funcionales, y basar las condiciones del producto en estándares internacionales cuando existan y sean aplicables. Las marcas o nombres comerciales solo se admiten si no existe otra forma de precisar el bien requerido, y deben describirse acompañados de la expresión o equivalente. Tampoco es admisible el asesoramiento para determinar las especificaciones técnicas cuando quien lo presta tiene interés comercial en participar. Según el concepto, la sola exigencia de una marca no implica en abstracto la violación de los principios de selección objetiva y libre concurrencia, pues esa situación debe comprobarse en cada caso. Por lo tanto, la entidad debe revisar la fuente normativa aplicable al proceso antes de incluir una marca en el pliego.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es jurídicamente posible exigir marcas específicas en los procesos de selección adelantados por las Entidades Estatales?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13, 27 y 32
  • Ley 1150 de 2007, art. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario precisar que el ordenamiento jurídico vigente no establece una prohibición general para que las Entidades Estatales exijan marcas específicas en los procesos de selección. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad debe armonizarse con las restricciones previstas en los acuerdos comerciales que resulten aplicables y con los principios que orientan la contratación estatal.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Estatuto general de contratación de la administración pública Excepción tratados de libre comercio Exigencias Tesis positiva Tratados de Libre Comercio

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Texto del documento 6.017 caracteres
MARCAS – Exigencias – Tratados de Libre Comercio […] Si bien ni el EGCAP ni sus normas reglamentarias prohíben la exigencia de marcas en los procesos de contratación, en algunos tratados de libre comercio suscritos por Colombia se establece la prohibición de su exigencia. A modo de ejemplo, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos establece que la entidad está obligada a no establecer condiciones técnicas que afecten la participación de los futuros proponentes. De este modo, la entidad debe: i) precisar la especificación técnica, en términos de desempeño y requisitos funcionales; y ii) basar las condiciones del producto en estándares internacionales, cuando existan y sean aplicables a la entidad, excepto el uso de un estándar internacional que no cumpla con los requerimientos del programa de la entidad o imponga una carga mayor que el empleo de un estándar nacional reconocido. Por tanto, se prohíben las marcas o nombres comerciales, salvo que no exista otra forma de precisar el bien requerido, pero con la condición de que se describa acompañado de la expresión “o equivalente”. Así mismo, no es posible un asesoramiento para la determinación de las especificaciones técnicas, si hay un interés comercial para participar en el proceso de contratación. En otros tratados de libre comercio suscritos con Colombia se aplican estas mismas reglas de restricción de la exigencia de marcas. En principio, se niega la posibilidad de que en determinadas circunstancias las entidades destinatarias de los acuerdos comerciales puedan adquirir productos de determinadas marcas, bajo la justificación de las calidades técnicas que esta posea. Lo que busca garantizarse es el principio de transparencia y de igualdad, a pesar de que la marca que establezca la entidad en el Proceso de Contratación sea la más acorde para el cumplimiento del objeto contractual. […] MARCAS – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Tesis positiva […] existen al menos tres (3) razones por las cuales es posible que en los contratos estatales las entidades puedan exigir marcas de bienes o productos en los pliegos de condiciones. La primera razón , porque ni la Ley 80 de 1993 o la Ley 1150 de 2007 ni otra norma de rango legal –o reglamentario– prohíbe que las entidades soliciten marcas. Por el contrario, de una interpretación integral de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 se deduce que las entidades estatales pueden contratar como se hace en el derecho privado, salvo norma en contrario. […] La segunda razón es que no puede pensarse que la exigencia de una marca específica beneficie per se al productor de esta. Dicho análisis no puede hacerse en abstracto, pues en muchos casos no se relacionan con los fabricantes –usualmente multinacionales– con quienes comercializan o distribuyen sus productos en el país. […] De este modo, no se niega que mediante la exigencia de una marca puedan direccionarse los Pliegos de Condiciones a ciertos oferentes, o que se restrinja la libre concurrencia, situación que no se avala. Sin embargo, la sola exigencia de la marca no implica en abstracto la violación de los principios de selección objetiva y libre concurrencia, pues esta situación deberá comprobarse en cada caso. […] La tercera razón que se esgrime en favor de la posibilidad que tiene la Administración de exigir marcas es la condición técnica y de calidad ínsita a ellas y que son aspectos propios del mercado. La lógica de mercado necesariamente estratifica todos los productos que se comercian, a partir de una multiplicidad de factores que tienen que ver con la calidad, el precio, la durabilidad, entre muchos otros. Estos son los factores que tiene en cuenta todo comprador al decidir qué producto comprar de la variedad que ofrece el mercado. Además, en algunos casos, la solicitud de una marca podría, inclusive, representar no incurrir en mayores costos de mantenimiento, por tratarse de productos que ya tiene. […] MARCAS – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Tesis positiva – Excepción – Tratados de libre comercio […] En suma, la exigencia de marcas en los procesos de contratación estatal se permitirá solo en aquellos procedimientos que no estén sujetos a tratados de libre comercio que las prohíban, de acuerdo con el ámbito de aplicación, valor del contrato y tipo de bien o servicio. Por tanto, en cumplimiento de los acuerdos comerciales, las entidades estatales deben revisar si su proceso de contratación se somete al tratado, para definir la exigencia o no de marcas dentro del pliego de condiciones. Ahora bien, es importante resaltar que la exigencia de marcas no implica que se autorice o convalide la desviación de poder, la cual, para que se configure, debe probarse en cada caso. En otras palabras, la tesis prohijada en el presente oficio no promueve la violación de los principios de libre concurrencia y de selección objetiva, pues no se menoscaban por el solo hecho de que la entidad solicite una marca en particular, sino con la demostración efectiva de que, en el proceso de selección particular, la entidad incurrió en desviación de poder a través de esa decisión, con el fin de direccionar la selección de un contratista. Las Entidades Estatales, en su discrecionalidad, podrán exigir marcas si no están prohibidas en acuerdos y tratados comerciales en las que sean destinatarios, pero garantizando el principio de proporcionalidad, que exige que dichos requisitos o condiciones sean razonables, es decir, que guarden congruencia con el objeto, necesidad de la contratación, alcance, valor, plazo del contrato, entre otros aspectos, que sean necesarios y no restrinjan injustificadamente la libre concurrencia y pluralidad de oferentes. En este sentido, la discrecionalidad del ordenador del gasto o el delegado en contratación de cada entidad está condicionada a la proporcionalidad de las decisiones que toma en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva […]

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-884-del-2026/