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Colombia Compra Eficiente Concepto

Ley de garantías electorales: las empresas industriales y comerciales del Estado no podrán celebrar contratos mediante la modalidad

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-07-10
Número
C-882 de 2026

Síntesis del concepto

Ley de garantías electorales: las empresas industriales y comerciales del Estado no podrán celebrar contratos mediante la modalidad

Regla de decisión

Las empresas industriales y comerciales del Estado no podrán celebrar contratos mediante la modalidad de contratación directa, debiendo acudir a mecanismos competitivos que impliquen convocatoria pública y la posibilidad de concurrencia de una pluralidad de oferentes.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La prohibición de contratación directa del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 cobija a todos los entes del Estado sin distinción de su régimen jurídico, de modo que las entidades con régimen de derecho privado deben observarla aunque su contratación se rija por esa normativa. La restricción busca evitar que la contratación directa rompa el equilibrio entre los candidatos durante las elecciones presidenciales. El concepto de contratación directa en ese artículo no equivale a cualquier procedimiento distinto de la licitación pública, sino a cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes. Por esa razón, la prohibición excluye las demás modalidades previstas en la Ley 1150 de 2007, como la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía, que sí incluyen convocatoria pública y pluralidad de oferentes. Esta lectura se ajusta a la evolución de la normativa de contratación, que sistematizó las causales de contratación directa. En consecuencia, antes de acudir a un mecanismo durante el período restringido, la entidad debe verificar si implica convocatoria pública y pluralidad de oferentes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cómo procede la Ley 996 de 2005 – Ley de Garantías Electorales para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 32 y 39
  • Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
  • Ley 1150 de 2007, arts. 1 y 2

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Dentro de la estructura de la Administración Pública se encuentran las entidades descentralizadas por servicios. A esta categoría pertenecen las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las cuales –sin perjuicio del control de tutela– tienen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Estas entidades, como su nombre lo indica, se caracterizan por desarrollar actividades de carácter industrial o comercial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Contratación directa Destinatarios Finalidad Prohibición del artículo 33 de la ley de garantías

Guías del tema

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Ley de garantías electorales

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Las excepciones contempladas frente a la restricción de contratación directa no puede extenderse a la restricción de celebrar convenios interadministrativos previo a las elecciones.
Texto del documento 5.196 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad El ordenamiento jurídico colombiano contempla previsiones claras para evitar la obtención de beneficios personales en asuntos propios de la administración pública . Por ejemplo, el artículo 127 de la Constitución Política establece una prohibición contractual a los servidores públicos y, en cuanto a aspectos políticos, establece restricciones a ciertos empleados del Estado, incluso en época no electoral. En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje de orden constitucional y legal que se ha ocupado de evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 – Destinatarios […] en primer lugar, debe señalarse que, conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 – Ley de Garantías Electorales – cobija a todos los entes del Estado sin distinción del régimen jurídico, que pueda mediante la contratación directa romper el equilibrio entre los candidatos en desarrollo de las elecciones presidenciales. En ese sentido, independientemente de que el régimen contractual sea el derecho privado les aplicará la restricción de que trata el citado artículo. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 – Contratación directo – Concepto […] la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa, además lo es con la posterior creación de la modalidad de mínima cuantía establecida actualmente en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las modificaciones realizadas por leyes posteriores. De esta forma, con fundamento en la evolución de la normativa sobre la contratación pública, se ha depurado la noción de “contratación directa”, precisando el Consejo de Estado –en el concepto citado– que, “aun cuando no coincide única y exactamente con la regulación que de dicho sistema de selección hace el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, tampoco puede afirmarse que sea cualquier procedimiento de contratación distinto de la licitación pública, pues esto sería tanto como desconocer que el legislador, no solo en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sino también en leyes especiales e, incluso, en el derecho privado, han establecido sistemas de contratación que implican convocatoria pública y participación de varios oferentes”. En efecto, vale la pena mencionar que, en algunos sistemas de contratación, utilizados por entidades públicas con regímenes especiales, o sujetas al derecho privado, la convocatoria o invitación para contratar puede limitarse a aquellas personas que previamente se hayan inscrito en una lista de precalificados o de simples interesados, o en un determinado registro o banco de datos de proveedores. En estos casos, lo determinante para considerar que dicho sistema no constituye “contratación directa”, es que la convocatoria para inscribirse en forma previa se haga de manera pública, y que se permita la participación de una pluralidad de oferentes. Como se advierte de lo anterior, el Consejo de Estado realiza una interpretación amplia de la contratación directa, para efectos de aplicar las restricciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales, al señalar que no solo aplica frente a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino también frente a las entidades que tengan un régimen especial de contratación. No obstante, también se observa que luego de la expedición de Ley 1150 de 2007, el Consejo de Estado comenzó a delimitar con mayor precisión el término de “contratación directa”. Así las cosas, ha de entenderse que, para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-882-de-2026/