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Colombia Compra Eficiente Concepto

Seguridad social: debe señalarse que las disposiciones mencionadas no establecen una distinción entre contratantes públicos y privados

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-07-02
Número
C-871 de 2026

Síntesis del concepto

Seguridad social: debe señalarse que las disposiciones mencionadas no establecen una distinción entre contratantes públicos y privados

Regla de decisión

Debe señalarse que las disposiciones mencionadas no establecen una distinción entre contratantes públicos y privados, sino que utilizan una fórmula general que comprende a todo “contratante de prestación de servicios”.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista independiente persona natural debe recibir del contratante el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, pero la obligación del contratante de efectuar estos pagos directamente se encuentra suspendida hasta que la Corte Constitucional defina la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, por lo que actualmente no es aplicable a entidades públicas del orden territorial, incluyendo alcaldías municipales de sexta categoría, ni a cualquier otro contratante, salvo que dichas entidades decidan adoptar la obligación en cada caso concreto en el procedimiento contractual específico.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Las obligaciones establecidas en la Ley 2381 de 2024, relacionadas con el pago directo por parte del contratante de los aportes al Sistema General de Seguridad Social de los contratistas independientes personas naturales, son aplicables a las entidades públicas del orden territorial, incluyendo las alcaldías municipales de sexta categoría, o su ámbito de aplicación se encuentra restringido exclusivamente a los contratantes del sector privado?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 32 y 41
  • Ley 789 de 2002, art. 50
  • Ley 2381 de 2024, arts. 7 y 21

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia tiene como finalidad garantizar la protección frente a contingencias como la vejez, la invalidez, la enfermedad y los riesgos laborales, y su financiación se estructura a partir de la obligación de efectuar cotizaciones periódicas a cargo de los afiliados y, en determinados eventos, de los empleadores o contratantes. En el marco de la contratación estatal, este sistema adquiere especial relevancia, en la medida en que el legislador ha impuesto a las entidades públicas el deber de verificar el cumplimiento de las obligaciones de aportes como requisito para la participación en los procesos de selección, la ejecución de los contratos, la realización de pagos y su liquidación, conforme a lo previsto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Contratación estatal Empleados Obligaciones Persona jurídica Persona natural Prohibición de exigir planillas Verificación

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Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
Texto del documento 3.216 caracteres
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – Obligaciones – Contratación Estatal Por su parte, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 dispuso como obligación de quien quiere celebrar, renovar o liquidar contratos de cualquier naturaleza con entidades estatales, cumplir con las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, faculta a la entidad estatal, al momento de liquidar los contratos, para verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debió cotizar. SEGURIDAD SOCIAL – Verificación – Persona natural – Persona jurídica […] Se concluye de lo anterior que los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas, como las sociedades colombianas o las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, únicamente deberán acreditar el pago de los aportes de sus representantes legales cuando éstos cumplan con la condición de ser empleados , tal como lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En concordancia, no deberán acreditar dichos pagos con respecto a los representantes legales que cuenten con un tipo de vinculación distinta al contrato laboral, como es el caso de aquellos contratados mediante prestación de servicios. […] Finalmente, con respecto a los proponentes plurales, se resalta que la obligación establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 se refiere indistintamente a todo particular que pretenda la celebración, renovación o liquidación de contratos con entidades del sector público. De esta manera, en el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros deberá acreditar que se encuentra afiliado y al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales. Así, el cumplimiento de la obligación se acreditará dependiendo de la naturaleza jurídica de los integrantes, es decir, de si el miembro de la estructura plural es una persona natural o una persona jurídica. En éste último supuesto, será procedente la regla antes expuesta frente a la acreditación de los pagos de los representantes legales que cumplan con la condición de “empleados” de la persona jurídica. SEGURIDAD SOCIAL – Verificación – Persona jurídica – Empleados – Prohibición de exigir planillas En esta medida, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 dispone que las personas jurídicas deben acreditar el pago de los aportes de sus empleados , con lo que se refiere a aquellas personas que cuenten con una relación laboral en los términos de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Teniendo en cuenta que el artículo 84 de la Constitución Política dispone que “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”, es posible señalar que la ley no exigió que las personas jurídicas acrediten el pago de los aportes de sus contratistas, ni aporten las planillas de pago.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-871-de-2026/