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Ley de garantías electorales: el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 establece de manera expresa las excepciones con fundamento

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-06-18
Número
C-732 de 2026

Síntesis del concepto

Ley de garantías electorales: el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 establece de manera expresa las excepciones con fundamento

Regla de decisión

El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 establece de manera expresa las excepciones con fundamento en las cuales las entidades podrán adelantar procedimientos de selección directa en los cuatro meses previos a la contienda electoral por la Presidencia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Durante el periodo de la Ley de Garantías Electorales, la prohibición de contratación directa del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se aplica a cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes. Esta postura se fundamenta en tres razones. Primera, la norma busca evitar ventajas injustificadas y el uso irregular de recursos públicos en la contienda electoral, por lo que sus prohibiciones se interpretan restrictivamente. Segunda, el ámbito material de la prohibición está delimitado por la expresión contratación directa, y no las demás modalidades de la Ley 1150 de 2007. Tercera, el destinatario de la restricción son todos los entes del Estado, expresión que, según el Consejo de Estado, comprende a la totalidad de entidades sin distinción de régimen jurídico, forma de organización o naturaleza. Si la convocatoria se limita a inscritos en listas de precalificados, lo determinante es que la inscripción previa sea pública y permita la participación de una pluralidad de oferentes. Esta exigencia no se extiende a la contratación directa de algunos regímenes especiales con listas de precalificados, pues la selección debe darse en términos de competencia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuáles son las restricciones y excepciones contractuales durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 41 y 42
  • Ley 1150 de 2007, art. 2 núm. 4
  • Ley 996 de 2005, art. 33

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

De manera preliminar, se debe precisar que las restricciones contractuales de la Ley de Garantías Electorales – Ley 996 de 2005 – se dirigen a dos (2) tipos de campañas electorales diferenciadas: i) la del artículo 33 que aplica solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda proscrita la contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las excepciones aplicables. Sin embargo, si ningún candidato obtiene la mitad mas uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos, se celebrará en nueva votación que tendrá lugar tres (3) semanas mas tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las votaciones mas altas, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Ámbito material Artículo 33 Destinatarios Excepciones Ley de Garantías Electorales Parágrafo del artículo 38 Prohibiciones Propósito Restricciones

Guías del tema

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Las excepciones contempladas frente a la restricción de contratación directa no puede extenderse a la restricción de celebrar convenios interadministrativos previo a las elecciones.
Texto del documento 6.389 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Propósito […] la Ley 996 de 2005 […] tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las entidades estatales. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibiciones – Restricciones la Ley de Garantías Electorales fijó una serie de regulaciones y prohibiciones dirigidas a los servidores públicos. Así, con la finalidad de preservar la igualdad entre los candidatos en las elecciones, aumentó las garantías en materia de contratación, de forma que no exista siquiera sospecha de que, por ese medio, en los periodos previos a la contienda electoral, se altere las condiciones de igualdad entre los candidatos. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Artículo 33 – Ámbito material El ámbito material de la prohibición contenida en el artículo 33 de la ley 996 de 2005 está delimitado por la expresión “ queda prohibida la contratación directa ”. […] De acuerdo con el citado concepto, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007. […] En efecto, vale la pena mencionar que, en algunos sistemas de contratación, utilizados por entidades públicas con regímenes especiales, o sujetas al derecho privado, la convocatoria o invitación para contratar puede limitarse a aquellas personas que previamente se hayan inscrito en una lista de precalificados o de simples interesados, o en un determinado registro o banco de datos de proveedores. En estos casos, lo determinante para considerar que dicho sistema no constituye “contratación directa”, es que la convocatoria para inscribirse en forma previa se haga de manera pública, y que se permita la participación de una pluralidad de oferentes. […] Lo anterior supone que, en aquellos procedimientos que contemplen convocatorias o invitaciones para contratar que se limiten a aquellas personas que previamente se hayan inscrito en una lista de precalificados o de interesados, lo determinante para considerar que dicho sistema no constituye “contratación directa”, es que la convocatoria para inscribirse en forma previa se haga de manera pública, y que se permita la participación de una pluralidad de oferentes. Esta circunstancia no se extiende a la contratación directa aplicable en algunos regímenes especiales con listas de precalificados, ya que a efecto de que no se configure la contratación directa, la selección del futuro contratista debe darse en términos de competencia. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Destinatarios Ahora bien, en relación con los destinatarios de las restricciones, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 los señala expresamente, en el sentido de que son “todos los entes del Estado”, expresión que contempla a los diferentes organismos o entidades autorizadas por la ley para suscribir contratos. En efecto, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el vocablo” todos” utilizado por el legislador comprende a la totalidad de los entes del Estado, sin distinción del régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, su pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, e incluso si las entidades estatales tienen régimen especial de contratación y están exceptuadas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones Ahora bien, las entidades públicas, de acuerdo con el inciso final del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 –Ley de Garantías Electorales–, y previo análisis de la naturaleza de las actividades que adelantan, podrán realizar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, cuando el contrato a celebrar se enmarquen dentro de algunas de las excepciones consagradas en dicha disposición, esto es: i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. En todo caso, se aclara que, la planeación, los estudios técnicos, jurídicos y económicos, que debe preceder la celebración de cada contrato, y que determinan su viabilidad desde tales perspectivas, son asuntos que competen a las entidades estatales que adelantan los procesos de contratación respectivos, con el apoyo de sus funcionarios y órganos asesores. […] Por tanto, las excepciones a la prohibición contenida en el inciso segundo de artículo 33 de la ley de garantías electorales tienen por finalidad garantizar la prestación ininterrumpida de algunos servicios públicos que, dada su importancia en el orden interno, se verían irrazonablemente afectados por la restricción explicada. Lo anterior implica que las excepciones al artículo 33 en comento deben interpretarse y aplicarse de manera restrictiva. En otras palabras, que no sería factible hacer interpretaciones extensivas para incluir otros supuestos de hecho similares a las circunstancias previstas en dicho artículo, pues el carácter taxativo implica que solo en los eventos consagrados expresamente en la norma permiten que ciertas entidades estatales se vean exceptuadas de la prohibición. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Parágrafo del artículo 38 – Alcance […] respecto del alcance del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, esta prohibición dispone en primera medida que: “[l]os Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ”.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-732-de-2026/