Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección de 2007 la licitación pública
Regla de decisión
El pago de tasas, impuestos o tarifas fijadas por la ley o mediante actos administrativos de carácter general no constituye una actuación contractual ni implica la celebración de un contrato estatal.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no está sujeto a la restricción de contratación directa prevista en la Ley 996 de 2005 durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales para el pago de tasas al ICA derivadas de obligaciones legales y no contractuales, ya que dicha restricción se aplica específicamente a contrataciones directas y no a pagos por servicios o tasas legales. Esta interpretación se basa en que la prohibición de contratación directa durante el período electoral no incluye la celebración de convenios interadministrativos ni la ejecución de recursos públicos para cubrir obligaciones legales preexistentes, lo que permite a las entidades estatales cumplir con sus obligaciones legales sin violar la Ley de Garantías Electorales. Esto reitera la posición de que la restricción se refiere exclusivamente a la celebración de nuevos contratos directos y no afecta el cumplimiento de obligaciones legales y tributarias existentes.
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Pregunta que resuelve
¿La restricción prevista en la Ley de Garantías aplica al pago de tasas al ICA derivadas de obligaciones legales y no de relaciones contractuales?
Fundamentos
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
- Ley 1150 de 2007, art. 2
- Constitución Política
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
En el marco del análisis del régimen general de compras y contratación pública, y sin desconocer que corresponde a cada entidad evaluar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los contratos que se pretendan celebrar, es posible sostener que la Ley 996 de 2005 establece restricciones a la contratación estatal.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Texto del documento 4.493 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Finalidad
En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje constitucional y legal que busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Restricciones ‒ Contratación ‒ Tipos de elección
[…] De conformidad con lo anterior, la Ley 996 de 2005 establece dos (2) tipos de restricciones en materia de contratación, las cuales coinciden parcialmente.
En primer lugar
, la del artículo 33 que aplica solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda proscrita la contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las citadas excepciones. Sin embargo, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres (3) semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las votaciones más altas, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. Para estos efectos, la restricción se extenderá hasta la fecha en la que se realice la segunda vuelta.
En segundo lugar
, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, el cual debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones. […]
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 33
El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 38 ‒ Parágrafo
Por otro lado, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ─ Prohibición ‒ Contratación directa ‒ Alcance
[…] ha de entenderse que, para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar cualquier contrato de forma directa, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos y la selección abreviada, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.