Síntesis del concepto
Procesos de selección: las entidades estatales tienen la facultad de configurar las reglas y exigencias de los pliegos de condiciones de manera libre
Regla de decisión
Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede incluir el transporte de materiales como obligación contractual en un contrato de obra pública, siempre y cuando esta actividad se realice sobre bienes inmuebles y no altere la naturaleza del contrato, ya que el pliego de condiciones permite establecer reglas y exigencias que garanticen la selección objetiva y la transparencia del proceso, en conformidad con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Esta regla reitera la autonomía de la voluntad de las entidades estatales para configurar las condiciones del contrato, siempre que estas no violen principios constitucionales y legales, y permite una mayor flexibilidad en la definición de los alcances del contrato de obra pública.
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Pregunta que resuelve
¿Resulta jurídicamente viable incluir el transporte de materiales como obligación contractual en un contrato de obra pública?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 2, 32 y 77 y 2
- Ley 1150 de 2007, art. 2
- Ley 1474 de 2011
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe señalarse que la modalidad de selección más adecuada para la contratación del transporte de materiales dependerá del análisis que realice la Entidad Estatal, conforme a las características específicas del proceso. Respecto al contrato de obra, es preciso advertir que el servicio de transporte de materiales no encuadra dentro de esta tipología contractual, definida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el legislador limitó la naturaleza de estos contratos a la ejecución de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, sin importar su modalidad de ejecución o pago.
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Texto del documento 5.345 caracteres
PROCESOS DE SELECCIÓN – Licitación pública – Regla general
[…] el parágrafo 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 la define la licitación como “[…] el procedimiento mediante el cual la entidad estatal
formula públicamente una convocatoria
para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable” (Énfasis fuera de texto). La convocatoria pública realizada a través de la licitación desarrolla al grado máximo los principios de transparencia, economía y responsabilidad de que tratan los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los demás principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 constitucional.
Aunque el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 regula otros procedimientos con pluralidad de oferentes como el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, es necesario tener en cuenta que la licitación constituye un procedimiento general mientras que lo demás tienen carácter especial. A ello se refiere numeral uno, inciso primero, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 cuando dispone que “La escogencia del contratista se efectuará por
regla general
a través de licitación pública, con las
excepciones
que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo” (Énfasis fuera de texto), norma que sustituye el derogado numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de transparencia. En este contexto, salvo norma especial que ordene la celebración del negocio jurídico por otra modalidad de selección, debe aplicarse la regla general de licitación pública.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – Concepto – Sentido restringido
En
sentido amplio
, dado que la “obra” es un bien que crea la actividad humana, el hecho de que sea “pública” significa que es todo trabajo material en cuya creación o realización interviene el Estado. No obstante, el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 opta por un
sentido restringido
, al disponer que “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”, de manera que este tipo de contrato no aplica a los trabajos materiales realizados sobre bienes muebles.
Por lo anterior, el legislador adoptó el criterio de la tipificación del contrato de obra pública a actividades realizadas sobre bienes inmuebles, admitiendo, de forma muy amplia, la ejecución de todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles, lo cual incluye trabajos de construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de esos mismos.
PLIEGOS DE CONDICIONES
– Concepto – Acto jurídico Mixto – Carácter Vinculante – Regla del proceso
El pliego de condiciones es la hoja de ruta o plan sobre el cual se diseña, estructura y concreta el procedimiento de selección de contratistas. El mismo ha sido definido como un “acto jurídico mixto, que nace como un acto administrativo de contenido general y que, con la adjudicación y suscripción del contrato estatal, algunos de sus contenidos se transforman para incorporarse al texto del negocio jurídico y, por consiguiente, se convierten en cláusulas vinculantes del mismo”. En este sentido, en el marco de su discrecionalidad, cada entidad debe establecer la forma cómo se estructura el pliego de condiciones, el cual está condicionado a la proporcionalidad de las decisiones que toma en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.
[…]
De este modo, el pliego de condiciones es un instrumento en el cual se materializa el principio de transparencia, pues en ese documento se fijan las reglas de escogencia del contratista del Estado, para la selección objetiva de la mejor oferta, la adjudicación y la posterior celebración y ejecución del contrato, lo cual lo convierte en una reglamentación de todo el
iter
contractual. Su contenido está previsto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece algunas directrices que se deben tenerse en cuenta en su elaboración.
PLIEGOS DE CONDICIONES – Selección Objetiva
De conformidad con lo anterior, resulta claro que las entidades estatales, en virtud de la autonomía de la voluntad y de la amplia discrecionalidad que se les reconoce, tienen la facultad de configurar las reglas y exigencias de los pliegos de condiciones de manera libre, dentro de los parámetros y límites establecidos por el ordenamiento jurídico, con fundamento en los estudios realizados en la fase de planeación. Además, tienen la carga de elaborarlos de manera idónea, objetiva, clara, precisa y completa, tal como se deduce de la disposición citada.
Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado, frente a la selección objetiva, que las entidades estatales no pueden establecer reglas subjetivas, sino que deben adoptar criterios razonables y objetivos, de acuerdo con las normas que rigen la actividad contractual. En otro pronunciamiento, el Consejo de Estado precisó que la autonomía que tienen las entidades frente a la configuración de los pliegos de condiciones y los criterios de selección de los procedimientos de contratación no es absoluta.