Síntesis del concepto
Requisitos habilitantes: las Entidades Estatales tienen autonomía para estructurar los requisitos habilitantes en los procesos
Regla de decisión
Las Entidades Estatales tienen autonomía para estructurar los requisitos habilitantes en los procesos que adelantan, pero tal facultad no puede ejercerse de forma arbitraria, caprichosa y, mucho menos, con el ánimo de direccionar el proceso de contratación o favorecer a alguno de los proponentes.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La postura es que los requisitos habilitantes son exigencias mínimas de participación que no se valoran con puntaje y cuyo incumplimiento impide continuar en el procedimiento, sin perjuicio del derecho de subsanar sus defectos según el artículo 5, parágrafos 1 a 4, de la Ley 1150 de 2007. El concepto sostiene que la selección es objetiva cuando se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que busca, sin factores de afecto o de interés, y que los factores de escogencia y los criterios habilitantes deben establecerse en los pliegos con base en esos criterios. La entidad debe definirlos de manera adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor, de modo que sirvan para determinar la idoneidad o capacidad del proponente para cumplir el objeto. Las condiciones que no sean adecuadas o que resulten desproporcionadas frente al objeto son contrarias al deber de selección objetiva. El texto también recuerda que la selección objetiva excluye los motivos subjetivos en la escogencia. La consecuencia práctica es que la entidad debe justificar en su planeación cada requisito habilitante frente a la naturaleza y el valor del contrato.
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Pregunta que resuelve
¿Qué aspectos deben considerar las entidades estatales al definir los requisitos habilitantes en sus procesos de selección?
Fundamentos
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6
- Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.6.2
- Constitución Política
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
I. Para dar respuesta a su consulta, es necesario precisar que los requisitos habilitantes se entienden como aquellas exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidas en disposiciones normativas de carácter legal o reglamentario, o contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria —esto es, en el pliego de condiciones o en el documento que haga sus veces—, mediante las cuales se evalúa la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación.
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Texto del documento 4.570 caracteres
REQUISITOS HABILITANTES ‒ Concepto – Finalidad
Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidas en disposiciones normativas de carácter legal o reglamentario, o contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los
criterios de evaluación
–también conocidos como
criterios de calificación
– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora.
Los requisitos habilitantes constituyen los requisitos mínimos con los que deben cumplir los proponentes para poder participar en el procedimiento de selección, razón por la que los mismos no se valoran con un puntaje tendiente a determinar el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previos a la evaluación en sentido estricto. De esta manera, quienes no los reúnan no pueden continuar en el procedimiento de selección, es decir, incurren en causal de rechazo. Esto, sin perjuicio del derecho que tienen los oferentes de subsanar los defectos que se presenten en la prueba de tales requisitos, de conformidad con el artículo 5, parágrafos 1º al 4º, de la Ley 1150 de 2007.
El mencionado artículo dispone que se considera objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva
.
En ese contexto, los factores de escogencia y calificación que establezcan las Entidades en los pliegos de condiciones o en sus documentos equivalentes deberán tener en cuenta, entre otras cuestiones, los criterios establecidos en dicha disposición.
SOCIEDADES NUEVAS ‒ Experiencia ‒ Inferior a tres a
ñ
os ‒ Requisitos habilitantes
Por ello, el interesado debe indicar en cada certificado, o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios, en el tercer nivel. Sin embargo, es menester destacar que la parte final del numeral 2.5 del referido artículo indica que “[s]i la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”.
De este modo, se evidencia que la parte final del numeral 2.5 del artículo citado incluye una medida diferenciada para las personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres (3) años al momento del registro. Esta prerrogativa, que puede entenderse como una medida de fomento a la participación de pequeños oferentes en la contratación estatal, permite que las sociedades relativamente nuevas –con menos de tres (3) años de constitución– puedan acreditar como experiencia en el RUP la de sus accionistas, socios o constituyentes. Pese a que la experiencia es inherente a la persona que la ha obtenido, razón por la cual es, en principio, intransferible en virtud de su carácter personalísimo, por disposición legal o reglamentaria, en casos excepcionales, como el descrito en el artículo mencionado, se aplica de otra manera.
La finalidad de esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan con la experiencia suficiente para contratar con el Estado puedan apoyarse en la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes con el fin de incentivar la competencia en la contratación estatal. Así las cosas, el socio transfiere la experiencia adquirida directamente a la sociedad de la que es parte, para que esta, como persona jurídica independiente, pueda cumplir con los requisitos habilitantes o puntuables que establezcan las Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación, y de esta forma promover el desarrollo de la empresa y la pluralidad de oferentes en la contratación pública.
Ahora bien, en línea con lo anterior, el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 consagra una prerrogativa para las sociedades nuevas, que busca fomentar su competencia en el campo de la contratación estatal, sin establecer limitantes en relación con las entidades o Procesos de Contratación en los que las personas jurídicas con menos de tres (3) años de constitución pueden acreditar la experiencia transferida por sus socios en virtud de la referida prerrogativa.