Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
← Volver a conceptos
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: las demás entidades estatales también deben verificar las situaciones de control de los proponentes en sus procesos

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-01-27
Número
C-1849 de 2025

Síntesis del concepto

Contratación estatal: las demás entidades estatales también deben verificar las situaciones de control de los proponentes en sus procesos

Regla de decisión

Las demás entidades estatales también deben verificar las situaciones de control de los proponentes en sus procesos de contratación, en la medida en que esta información es necesaria para prevenir inhabilidades y conflictos de interés.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva deben verificar la existencia de situaciones de control que afecten a los oferentes personas jurídicas y a los proponentes plurales. Según el concepto, esta obligación se impone por el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 1600 de 2024, que exige examinar esas situaciones en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la información sobre situaciones de control sirve para prever las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y, por tanto, para verificar la capacidad jurídica. Segunda, la verificación puede apoyarse en la información de los oferentes y en la que reposa en los expedientes registrados ante las cámaras de comercio. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta deben cumplir estas obligaciones en los aspectos en que apliquen el régimen general de contratación. La consecuencia práctica es que la entidad debe incluir la verificación de situaciones de control en el proceso de selección, apoyándose en la información del oferente y en el registro mercantil.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es obligatorio que las Entidades Estatales requieran a la acreditación de la existencia o no de situaciones de control?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 8, 9 y 24
  • Ley 489 de 1998, art. 3
  • Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Las disposiciones contenidas en el capítulo 3 del Decreto 1600 de 2024 son de aplicación obligatoria para las entidades estatales del Estado del orden nacional que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, así como para las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades sujetas a regímenes especiales de contratación de este nivel. Dicho decreto no aplica de manera obligatoria a las entidades territoriales ni a sus entidades descentralizadas; sin embargo, estas deberán incorporar sus lineamientos en planes y políticas, en ejercicio de su autonomía, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 200 de la Ley 2294 de 2023.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Acreditación Capacidad Capítulo Tercero Definición Entidades obligadas a su aplicación Existencia Finalidad Limitación capacidad contractual Marco jurídico Plazo Plena prueba Registro Único de Proponentes Situaciones de control Validez contratos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Inhabilidades e incompatibilidades para contratar Requisitos habilitantes, experiencia y RUP

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Colombia Compra Eficiente 2026-10-27
El artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015 establece que los organismos, entidades y empresas del Estado del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público deben verificar la existencia de situaciones de control que afecten a las personas jurídicas oferentes y a los integrantes de proponentes plurales.
Colombia Compra Eficiente 2026-08-31
El artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015 establece que los organismos, entidades y empresas del Estado del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público deben verificar la existencia de situaciones de control que afecten a las personas jurídicas oferentes y a los integrantes de proponentes plurales.
Colombia Compra Eficiente 2026-05-25
La información relacionada con situaciones de control constituye un insumo fundamental para verificar la capacidad jurídica de los proponentes dentro del proceso de contratación.
Colombia Compra Eficiente 2026-03-11
Las entidades pueden exigir una declaración juramentada sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades para participar en los procesos de selección.
Colombia Compra Eficiente 2025-10-02
Es así como el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite que la Entidad Estatal a través del ordenador del gasto se separare del concepto emitido por el comité evaluador y no acoja sus recomendaciones, en cuyo caso deberá justificar completa y correctamente su decisión.
Colombia Compra Eficiente 2025-07-31
No es necesario un nuevo requerimiento, pues con la entregada inicialmente la entidad puede verificar la existencia o no grupo empresarial en la que existan relaciones de subordinación conforme a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
Texto del documento 8.858 caracteres
DECRETO 1600 DE 2024 – Capítulo Tercero – Entidades obligadas a su aplicación El Capítulo 3°, Sección 1°, Título 4°, Parte 1°, Libro 2° del Decreto 1081 de 2015, que fue modificado por el Decreto 1600 de 2024, tiene como objeto: “[…] establecer los lineamientos, mecanismos y directrices necesarios para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, con el fin de fortalecer las instituciones democráticas, la confianza ciudadana y el Estado social de derecho, garantizar la protección de los derechos humanos relativos a la protección de los recursos públicos, generar condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico y protección del medio ambiente. Asimismo, procura fomentar una cultura de revalorización y cuidado de lo público, a través de herramientas de transparencia, fortalecimiento de la veeduría ciudadana, acceso efectivo a la información, participación ciudadana y debida diligencia en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción” -artículo 2.1.4.3.1.1-. Ahora bien, el ámbito o campo de aplicación de este capítulo, al cual se hace referencia en su consulta, está regulado en el artículo 2.1.4.3.1.2. que señala que sus reglas están dirigidas a las entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público. Así mismo, dispone que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y todas las demás instituciones sometidas a regímenes especiales de contratación deben cumplir las obligaciones del presente Capítulo en aquellos aspectos en los que deban aplicar el régimen general de contratación pública. DECRETO 1600 DE 2024 – Situaciones de control – Acreditación El literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1600 de 2024, dispone que los organismos, entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público deben verificar la existencia de situaciones de control que, conforme artículos 260 y 261 del Código de Comercio, afecten tanto a las personas jurídicas oferentes como a los proponentes plurales. De acuerdo con la norma citada, “Las entidades contratantes examinarán la existencia de las circunstancias antes descritas, con base en la información proporcionada por los oferentes y en la que reposa en los expedientes públicos registrados ante las Cámaras de Comercio, con el fin de prever la configuración de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993”. Luego, la información sobre situaciones de control es un punto de referencia para verificar la capacidad jurídica en el proceso de contratación. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – Definición – Marco jurídico El Registro Único de Proponentes es el documento donde consta la información relacionada con las personas naturales y jurídicas, que tiene por objeto consolidar los datos relacionados con la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de los posibles proponentes, con el fin que participen en los procedimientos de selección realizados por las entidades estatales, facilitando la revisión de los datos contenidos en el registro El artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007, al determinar las características aplicables al RUP, cualifica la información plasmada en él, al establecer que constituye plena prueba de lo que contiene. A su vez, el numeral 1 del artículo 5 de la misma ley, al establecer los criterios que deben tenerse en cuenta por las entidades estatales para garantizar la selección objetiva, determina que las Cámaras de Comercio realizarán la verificación de la información suministrada por las personas naturales o jurídicas para su inscripción en el Registro Único de Proponentes, ya que esta será tenida en cuenta por las entidades estales en los procedimientos de selección en los que es exigible el RUP. REQUISITOS HABILITANTES – Registro Único de Proponentes – Plena prueba […] la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes deberán verificarse exclusivamente con el Registro Único de Proponentes, pues, de acuerdo con lo expuesto, este instrumento es plena prueba de la información contenida en él. GRUPO EMPRESARIAL – Existencia – Acreditación – Plazo Por regla general, además de lo manifestado por los interesados, las entidades podrán verificar situaciones de control a través del RUP. En caso de que el registro no sea obligatorio, el pliego de condiciones debe establecer el mecanismo de validación correspondiente. Lo usual es que todos los documentos de la oferta se entreguen antes de cierre del proceso. Sin embargo, el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1600 de 2024, dispone que “[…] en el término máximo de tres (3) días después del momento en que se cierre definitivamente la presentación de ofertas, deberán poner de presente la existencia o no de situaciones de control de las que participen […]”. Por tanto, si se entregó la información antes del cierre, la Agencia estima que no es necesario un nuevo requerimiento, pues con la entregada inicialmente la entidad puede verificar la existencia o no grupo empresarial en la que existan relaciones de subordinación conforme a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. INHABILIDADES – Definición – Finalidad – Limitación capacidad contractual Las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general. El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. En esta medida, la Corte Constitucional explica que “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”. La consagración limitaciones que afectan la capacidad jurídica para contratar desarrolla los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, con especial énfasis el de moralidad. CONTRATACIÓN ESTATAL – Capacidad – Validez contratos […] en la contratación estatal, la capacidad también es un requisito de validez de los contratos, tanto en el régimen de las entidades sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como en el de las entidades exceptuadas de aquel. Si bien la regulación de la capacidad se integra por varias disposiciones y exigencias especiales –como el requisito de inscribirse, por regla general, en el Registro Único de Proponentes (RUP), establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012 –, se destaca el régimen de inhabilidades e incompatibilidades como un conjunto de normas que imponen restricciones para los sujetos que, eventualmente, pretendan participar en los procedimientos de selección o celebrar contratos con las entidades estatales. Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se derivan: i) de la existencia de comportamientos reprochables o de sanciones anteriormente impuestas, ii) de vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) de una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades, según un sector de la doctrina, son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la presencia de una calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del Estado. En todo caso, a pesar de la existencia de distintos criterios para diferenciar las inhabilidades de las incompatibilidades, de la presencia de ellas se derivan las mismas consecuencias jurídicas, esto es, la limitación de la capacidad contractual, de manera que la presencia de ellas impide que se puedan celebrar contratos con el Estado o participar en procedimientos de selección de las entidades estatales, por lo que de cualquiera de ellas se derivan los mismos efectos jurídicos.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1849-de-2025/