Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: su convocatoria puede derivar de diferentes situaciones como la muerte del gobernador o el alcalde
Regla de decisión
Su convocatoria puede derivar de diferentes situaciones como la muerte del gobernador o el alcalde, la interdicción judicial, la destitución, la revocatoria del mandato y la incapacidad por enfermedad superior a ciento ochenta días.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Un municipio no puede celebrar convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos con entidades del orden nacional dentro de los cuatro meses anteriores a una jornada electoral, conforme al parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que se aplica a cualquier tipo de contienda electoral. La restricción del artículo 33 de la misma ley, que prohíbe la contratación directa, opera únicamente respecto de las elecciones presidenciales y se extiende hasta la segunda vuelta si la hubiere. Según el texto, la prohibición del artículo 38 comprende los convenios que disponen la ejecución de recursos públicos, y no todos los actos que una entidad celebre, con el fin de evitar que el erario se comprometa con propósitos políticos o partidistas. En el artículo 33, el destinatario es «todos los entes del Estado», y la excepción para entidades sanitarias y hospitalarias se limita a aquellas que prestan directamente esos servicios. La consecuencia práctica es que, durante el calendario electoral, la entidad territorial debe confirmar la fecha de la votación y si el convenio implica recursos públicos antes de suscribirlo.
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Pregunta que resuelve
¿Pueden un municipio suscribir convenios con entidades del orden nacional durante el calendario electoral vigente por las elecciones atípicas?
Fundamentos
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38 par.
- Ley 136 de 1994, art. 98
- Decreto 1082 de 2015
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
La Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) establece restricciones en la contratación pública con el fin de asegurar la transparencia y la equidad del proceso electoral, evitando el uso indebido de los recursos públicos para fines proselitistas. Estas restricciones se aplican de manera distinta según el tipo de elecciones y las fechas en las que se desarrollen.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Texto del documento 4.310 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒
Definición – Finalidad
[…] la Ley 996 de 2005 establece dos (2) tipos de restricciones en materia de contratación, las cuales coinciden parcialmente. En primer lugar, la del artículo 33 que opera solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda proscrita la contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las citadas excepciones. Sin embargo, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las votaciones más altas, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. Para estos efectos, la restricción se extenderá hasta la fecha en la que se realice la segunda vuelta. En segundo lugar, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, el cual debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒
Prohibición del artículo 33
‒ Destinatarios ‒ Excepciones
[…] El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 señala expresamente a los destinatarios de la prohibición, en el sentido de que son «todos los entes del Estado», expresión que contempla a los diferentes organismos o entidades autorizadas por la ley para suscribir contratos. En efecto, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el vocablo «todos» utilizado por el legislador comprende a la totalidad de los entes del Estado, sin distinción del régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, su pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, e incluso si las entidades estatales tienen régimen especial de contratación y están exceptuadas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Para efectos de la consulta es relevante el quinto evento exceptuado de la prohibición, relacionado con la contratación por parte de las entidades sanitarias y hospitalarias. La aplicación de esta excepción a la restricción impuesta como regla general por el primer inciso del artículo 33, permite que las entidades sanitarias y hospitalarias, ante la importancia de los servicios que prestan para el grueso de la ciudadanía, puedan seguir realizando las compras y adquisiciones que requieren para prestarlos, incluso de manera directa, durante los periodos prelectorales, con lo que se busca garantizar que el interés público no se vea afectado por el rigor de la regla general.
El alcance de esta excepción está determinado por la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios, por lo que son las entidades públicas directamente encargadas de prestar estos servicios quienes estarían cobijadas por la excepción.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Prohibición por elección de cargos populares – Convenios y contratos interadministrativos – Definición – Criterio orgánico
Los convenios o contratos interadministrativos que se restringen en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, son únicamente aquellos en que se dispone la ejecución de recursos públicos, para evitar que mediante la suscripción de estos se comprometa el erario con fines políticos o partidistas.
[…] para determinar el alcance de la prohibición consagrada por la Ley de Garantías Electorales, conviene precisar la tipología de convenios o contratos interadministrativos. Aunque la ley no la definió ni desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 califica a los convenios o contratos interadministrativos como aquella contratación entre entidades estatales. De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales.