Síntesis del concepto
Inhabilidades e incompatibilidades: no es el resultado de un negocio jurídico
Regla de decisión
No es el resultado de un negocio jurídico que surja de un acuerdo de voluntades en el que las partes cedan libremente el terreno; la cesión no corresponde entonces a la celebración de un contrato estatal a la cual le sean aplicables las inhabilidades o incompatibilidades.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado no es aplicable a las cesiones obligatorias que se realizan en el marco de proyectos urbanísticos. El concepto explica que las inhabilidades son prohibiciones de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, que se derivan de comportamientos reprochables, de vínculos personales o de actividades desempeñadas en el pasado, y que no pueden extenderse por analogía a supuestos que la ley no contempla. Las cesiones obligatorias son gratuitas y las determinan los reglamentos distritales o municipales, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público. Según el texto, la cesión corresponde al cumplimiento de una obligación que surge a cargo del propietario con ocasión del desarrollo del proyecto de urbanización y se materializa con el registro de la escritura respectiva, de modo que no constituye una relación contractual con la entidad estatal que active el régimen. La consecuencia práctica es que la entidad no debe aplicar ese régimen de inhabilidades al propietario que cede áreas en un proyecto urbanístico.
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Pregunta que resuelve
¿El régimen de inhabilidades en materia de contratación estatal es aplicable a las cesiones obligatorias que se realizan en el marco de proyectos urbanísticos?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 8
- Ley 9 de 1989, art. 7
- Ley 388 de 1997, arts. 37 y 117
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En resumen
No. El marco jurídico establecido en el Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 evidencia que el área otorgada en virtud de cesión gratuita a los municipios o distritos obedece a la contraprestación del urbanizador por la construcción del proyecto, de modo que constituye una carga obligatoria establecida por la ley, conforme al proceso de urbanización, construcción y/o edificación que se llevó a cabo.
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Texto del documento 4.159 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto
Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se derivan i) de la existencia de comportamientos reprochables o de sanciones anteriormente impuestas, ii) de vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) de una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la presencia de una calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del Estado.
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública responde a la tendencia de asegurar que la provisión de los bienes y servicios por parte de las entidades estatales se efectúe cumpliendo con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, especialmente con probidad y transparencia. Es por eso que, como lo ha destacado la doctrina, las inhabilidades e incompatibilidades son herramientas en la lucha contra la corrupción, adoptando paulatinamente un carácter sancionatorio o “neopunitivo”. Si bien no todas las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son consecuencia de una medida de reproche ni de una sanción previa, como ya se explicó, es indiscutible que en los años más recientes los lamentables hechos de corrupción han generado, como respuesta del legislador, un incremento de las restricciones a la capacidad contractual, dirigidas a prevenir este tipo de situaciones o a sancionar tales conductas.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Régimen – Interpretación restrictiva
Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser
restrictiva
. En efecto, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
LEY 388 DE 1997 – Cesión Obligatoria – Definición
[…] el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 establece que los reglamentos distritales o municipales tienen la facultad de determinar las cesiones gratuitas que deben hacer los propietarios cuando adelanten las diferentes actuaciones urbanísticas. Estas cesiones se harán con destino a vías locales, equipamientos colectivos y el espacio público, en general. Adicionalmente, la normativa señalará el término de permisos y licencias a los cuales se someten las cesiones gratuitas, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la obligación de cesión.
CESIÓN OBLIGATORIA – Régimen de inhabilidades – Inaplicabilidad
En efecto, la cesión corresponde al cumplimiento de una obligación que surge en cabeza del propietario con ocasión al desarrollo del proyecto de urbanización y se materializa con el solo registro de la escritura respectiva en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De esta forma, no es el resultado de un negocio jurídico que surja de un acuerdo de voluntades en el que las partes cedan libremente el terreno; la cesión no corresponde entonces a la celebración de un contrato estatal a la cual le sean aplicables las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En ese orden, no resulta de recibo que el propietario alegue la existencia de una inhabilidad para celebrar contratos estatales como justificación para el incumplimiento de la obligación que le impone la normativa de realizar la cesión gratuita a favor del ente territorial.