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Colombia Compra Eficiente Concepto

Título de idoneidad: la inscripción como abogado se realiza ante el Consejo Superior de la Judicatura

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-12-31
Número
C-1787 de 2025

Síntesis del concepto

Título de idoneidad: la inscripción como abogado se realiza ante el Consejo Superior de la Judicatura

Regla de decisión

En particular esta norma crea un Examen de Estado cuya aprobación se constituye en un requisito para el ejercicio de la profesión de abogado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Una entidad estatal puede contratar bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales a una persona egresada de Derecho que aún no tenga tarjeta profesional, siempre que esté inscrita como abogada ante el Consejo Superior de la Judicatura. El concepto explica que para ejercer la abogacía no se exige la tarjeta profesional sino la inscripción en el registro nacional a cargo de ese Consejo, y que la tarjeta se expide con posterioridad a la inscripción. El contrato de prestación de servicios, regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, debe responder a actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, ser temporal y no generar relación laboral; si se celebra con una persona natural, los estudios previos deben justificar que esas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieren conocimientos especializados. El texto añade que estos contratos se celebran por contratación directa, sin acto administrativo de justificación, sin inscripción en el RUP y sin garantías. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar la inscripción del abogado en el Consejo Superior de la Judicatura antes de contratarlo, sin exigirle la tarjeta profesional como requisito.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es jurídicamente viable que una Entidad Estatal contrate bajo la modalidad de prestación de servicios, a una persona egresada del programa de Derecho que aún no cuenta con tarjeta profesional, para realizar actividades de tipo jurídico en calidad de abogado?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 32
  • Ley 190 de 1995, art. 26
  • Ley 1150 de 2007, art. 2
Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio de las excepciones establecidas en este Decreto
C-1787 de 2025 · 2025-12-31

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Para dar respuesta a su pregunta, en primer lugar, debe señalarse que, las entidades estatales tienen la obligación de verificar la idoneidad del futuro contratista de prestación de servicios, conforme lo indica el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. Esto con la finalidad de determinar si el f cumple con los requisitos de ley y las competencias necesarias para el servicio específico que se va a prestar.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Acreditación Régimen jurídico Ámbito de aplicación Examen de Estado Idoneidad Ley 1905 de 2018 Régimen Constitucional Tarjeta profesional Tipologías

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Texto del documento 4.142 caracteres
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ─ Régimen jurídico – Tipologías / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – Idoneidad El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico, regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Este es definido como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […] Ahora bien, sus principales características son: i) Solo puede celebrarse para realizar “actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, es decir, que hagan parte de su giro ordinario o quehacer cotidiano. ii) Admite que se suscriba tanto con personas naturales, como con personas jurídicas. Sin embargo, cuando pretenda celebrarse con una persona natural, la entidad estatal debe justificar en los estudios previos que las actividades que buscan encomendarse a aquella “no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. iii) Si bien se celebra para obtener la prestación personal de un servicio, se diferencian del contrato de trabajo en que quien celebra el contrato de prestación de servicios profesionales debe mantener autonomía e independencia en la ejecución de la labor, lo que significa que no puede existir la subordinación y dependencia, que son elementos constitutivos del vínculo laboral. iv) Debe ser temporal. v) Hacen parte del género denominado contratos de prestación de servicios, dentro del cual también se ubican, como especies: los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los contratos de prestación de servicios artísticos. vi) Su celebración debe realizarse a través de la modalidad de contratación directa. vii) Para su celebración no se requiere la expedición del acto administrativo de justificación de la contratación directa. viii) Admite el pacto de cláusulas excepcionales. ix) En él no es obligatoria la liquidación. x) Para su celebración no se requiere inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). xi) En él no son necesarias las garantías. TÍTULO DE IDONEIDAD – Régimen constitucional – Tarjeta profesional / EJERCICIO PROFESIÓN DE ABOGADO – Ley 1905 de 2018 – Ámbito de aplicación – Examen de Estado La inscripción como abogado se realiza ante el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que por expreso mandato legal tiene, entre otras, la función de llevar el registro nacional de abogados. Posterior a la inscripción del abogado se expide la tarjeta profesional. De conformidad con lo anterior, para ejercer la abogacía no se requiere presentar la tarjeta profesional sino la inscripción como abogado en el Consejo Superior de la Judicatura y, por lo tanto, es posible suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con un abogado a pesar de que no tenga tarjeta profesional, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, la Ley 1905 de 2018 estableció nuevas disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. En particular, esta norma crea un Examen de Estado cuya aprobación se constituye en un requisito para el ejercicio de la profesión de abogado. De acuerdo con el segundo inciso del artículo 1, se entenderá aprobado el examen cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. Igualmente, el parágrafo 2 del artículo 1 determina que, la certificación de aprobación será exigida para la expedición de la tarjeta profesional de abogado, estableciendo seguidamente que dicha tarjeta profesional será requisito para representar personas en calidad de abogado, mientras que no será necesaria para desarrollar otras actividades relacionadas con el ejercicio de la abogacía.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1787-de-2025/