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Colombia Compra Eficiente Concepto

Ley de garantías electorales: la limitación prevista en la Ley 996 debe interpretarse de manera estricta

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-12-30
Número
C-1728 de 2025

Síntesis del concepto

Ley de garantías electorales: la limitación prevista en la Ley 996 debe interpretarse de manera estricta

Regla de decisión

La limitación prevista en la Ley 996 debe interpretarse de manera estricta y no puede extenderse a modalidades que no encajan en el concepto de contratación directa.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no está sometido a las restricciones de contratación directa previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 cuando realice adquisiciones a través de la Bolsa de Productos, ya que dicha modalidad no implica una contratación directa en el sentido estricto del término, sino que se ajusta a otras modalidades de contratación estatal como la licitación pública o la selección abreviada. Esta posición se sustenta en la interpretación restrictiva de la norma electoral y en la posterior reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, que establece diversas modalidades de contratación que no están sujetas a dicha prohibición. Esto implica que las entidades estatales pueden utilizar la Bolsa de Productos para adquirir bienes y servicios sin incurrir en la prohibición de contratación directa durante los períodos electorales, siempre y cuando se ajusten a las modalidades de contratación previstas en la ley.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las entidades estatales a través de la Bolsa de Productos se encuentran sometidas a las restricciones de contratación directa previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 39 y 41
  • Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
  • Ley 1150 de 2007, art. 2

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, se señala que la adquisición de estos bienes mediante la bolsa de productos, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015 en lo pertinente, se rigen principalmente por el Decreto 2555 de 2010 y los reglamentos internos de las bolsas de productos en las que se lleven a cabo las operaciones. Al Decreto 2555 de 2010, mediante el artículo 2.11.1.1.5, habilita a las bolsas de productos para expedir sus reglamentos, estableciendo que estos deberán regular la organización, administración, funcionamiento, así como las operaciones y actividades que se realicen por conducto de los mercados que administre la correspondiente bolsa.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Ámbito temporal Artículo 33 Bolsa de productos Características Celebración Contratación directa Contrato de Comisión Destinatarios Excepciones Finalidad Límite No restricción Procedimiento competitivo Prohibición artículo 33 Tipo de restricciones

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El referido artículo indica expresamente cuáles son los aspectos mínimos que debe incluir la Entidad Estatal en el estudio, análisis e identificación de las ventajas que supone realizar una adquisición mediante bolsa de productos.
Texto del documento 9.358 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad En este contexto, la Ley de Garantías Electorales establece el marco jurídico para el desarrollo de las elecciones, procurando condiciones de igualdad y transparencia para los aspirantes. Paralelamente, se incluyen restricciones en las actuaciones de los servidores públicos, evitando interferencias en la contienda electoral, así como la posible desviación de recursos públicos en aspiraciones electorales. Por ello, varias de las disposiciones de la Ley 996 de 2005, al contener normas prohibitivas, no admiten una interpretación amplia, sino que deben interpretarse restrictivamente. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Tipos de restricciones ‒ Ámbito temporal – celebración- límite Por un lado, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”. Por otro lado, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”. En efecto, el concepto de celebración en el marco de la contratación estatal se relaciona con el perfeccionamiento, es decir, con los requisitos para que exista un contrato estatal. Al respecto, se destaca que en entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública la existencia de los contratos estatales, es decir, la producción de efectos jurídicos en los términos del artículo 1501 ibídem , depende de la regulación del inciso primero de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Por un lado, “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad”. Por otra parte, “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición artículo 33 – Contratación directa – Alcance De acuerdo con el citado concepto, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa, además lo es con la posterior creación de la modalidad de mínima cuantía establecida actualmente en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las modificaciones realizadas por leyes posteriores. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones De otro lado, las excepciones a la restricción prevista en la Ley de Garantías, con fundamento en las cuales podrán las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, se encuentran consagradas expresamente en el inciso final del citado artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en lo referente a i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Es responsabilidad del respectivo ente del Estado, examinar en cada caso la naturaleza de las actividades que adelanta y determinar si las mismas se enmarcan en alguna de las mencionadas excepciones, de manera que se le permita realizar la contratación que necesite en forma directa. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 – Destinatarios De acuerdo con estos pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la prohibición de la contratación directa también aplica frente a las entidades exceptuadas de la aplicación del EGCAP y que se rigen en materia contractual por el derecho privado. Sin embargo, señaló que algunas de estas entidades, como sucede con las empresas de servicios públicos domiciliarios, los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las entidades aseguradoras no pueden adquirir los suministros de bienes y servicios necesarios para la realización de su actividad por contratación directa, sino por mecanismos competitivos que impliquen convocatoria pública y la posibilidad de la existencia de pluralidad de oferentes, pero indicó que en estos casos “las empresas no pueden dejar de entregar los servicios públicos a su cargo a nuevas personas, ni dejar de renovar los contratos existentes, pues significaría la parálisis de una actividad propia de la administración, que incluso podría desconocer los derechos fundamentales”. BOLSA DE PRODUCTOS – Características – Contrato de Comisión La adquisición de bienes mediante el mecanismo de bolsa de productos está regulada por el Decreto 2555 de 2010 y los artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015. Esta hace posible que vendedores y compradores concurran en un mercado organizado donde se negocian de forma dinámica bienes y servicios, a través de procesos de subasta pública, a viva voz o en línea, en un ambiente transparente y altamente competitivo. Los productos se negocian con base en una descripción detallada de los mismos, de acuerdo con una reglamentación que permite que los participantes estén en igualdad de oportunidades y que el precio de los productos sea resultado de la competencia entre los ofrecimientos De acuerdo con lo anterior, la negociación por parte de la entidad se da a través de un comisionista, el cual debe ser contratado por la entidad de conformidad con el procedimiento y reglas de la respectiva bolsa de productos, esto es, mediante un procedimiento competitivo. Ahora bien, para celebrar el contrato de comisión, la Entidad debe acreditar que cuenta con la disponibilidad presupuestal para el contrato de comisión, para la operación que por cuenta suya adelanta el comisionista en la bolsa de productos, para las garantías y los demás pagos que deba realizar como consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de conformidad con el reglamento de la bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la negociación. La calidad de los productos negociados y la liquidación de las operaciones celebradas debe estar respaldada por garantías. Igualmente, este proceso se encuentra respaldado por el marco regulatorio en la optimización de los procedimientos de compra en el ámbito público, asegurando eficiencia y equidad en las transacciones. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Bolsa de Productos – Procedimiento Competitivo -No restricción – Artículo 33. En virtud de lo expuesto, la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes mediante la bolsa de productos, se adelanta mediante un procedimiento competitivo que no está restringido por la prohibición establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 que aplica a todas las entidades del Estado dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios presidenciales. En tal sentido, la Ley 996 de 2005 establece restricciones específicas para la contratación directa, pero, las operaciones realizadas a través de la Bolsa de Productos no constituyen contratación directa en los términos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, sino un mecanismo de selección con reglas propias, basado en la intermediación de comisionistas, la formación pública de precios y la regulación especial del mercado de bienes y productos. Por ello, la limitación prevista en la Ley 996 debe interpretarse de manera estricta y no puede extenderse a modalidades que no encajan en el concepto de contratación directa.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1728-de-2025/