Síntesis del concepto
Incompatibilidad: en primer lugar debe advertirse que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se constituye como un conjunto
Regla de decisión
En primer lugar debe advertirse que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se constituye como un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La incompatibilidad del literal b del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se refiere al parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con servidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o con miembros de la junta o consejo directivo y con quienes ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante. Según el texto, esa causal debe aplicarse de manera taxativa y restrictiva, por lo que no puede extenderse por analogía a grados de parentesco distintos de los que la norma enumera. En consecuencia, el parentesco en cuarto grado de consanguinidad no encuadra, por sí solo, en las causales de los literales b, c y d del numeral 2 del artículo 8. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar si el vínculo corresponde a alguno de los grados y relaciones enumerados por la norma, sin presumir una incompatibilidad a partir de un parentesco más lejano.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Existe alguna inhabilidad que limite la capacidad para celebrar contratos estatales cuando se constata un parentesco en cuarto grado de consanguinidad entre las partes?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 8
- Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.2.5
- Ley 1437 de 2011, art. 3 núm. 5
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
En respuesta al problema antes planteado esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe advertirse que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se constituye como un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado. Sobre el particular, el artículo 8 de la ley 80 de 1993, determina de manera expresa las inhabilidades para participar en los procesos de contratación o para suscribir contratos con las Entidades Estatales.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Restrictores
Artículo 8, numeral 2, literal b), c) y d)
Concepto
Interpretación restrictiva
Ley 80 de 1993
Límites a la capacidad
Régimen
Relaciones de parentesco
Texto del documento 3.897 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Límites a la capacidad ― Régimen
[…] es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Constitucional explica que: “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las Entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Concepto
[…] las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o en la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Interpretación restrictiva ― Principio pro libertate
[..] las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.
[…] el principio pro libertate es el que debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo la interpretación extensiva de estas, debiendo preferirse aquella que menos limita el derecho de las personas, salvaguardando el interés general en la contratación pública de manera que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad.
INCOMPATIBILIDAD – Ley 80 de 1993 – Artículo 8, numeral 2, literal b)– Relaciones de parentesco
(…) En relación con el supuesto de hecho materia de consulta resulta relevante analizar si se configura la incompatibilidad establecida en los literales b, c y d del numeral 2 artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en virtud de la cual no pueden celebrar contratos estatales “(…) b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante,
c) El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.
d)
Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ello, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.
(…)”.